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En la actualidad, de acuerdo al reporte de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, existen más de 80 conflictos sociales en torno a la minería, sea por que las comunidades y poblaciones exigen mayores recursos a las empresas mineras y al Estado para el beneficio de sus pueblos; porque las empresas mineras no se hacen responsables de la contaminación ambiental y a la salud que han generado en el pasado y en la actualidad; y porque hay comunidades y poblaciones que viven de la agricultura y otras actividades económicas locales que rechazan la imposición de proyectos mineros en sus territorios.

Para responder a la pregunta sobre la viabilidad y eficacia de las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori para resolver la problemática minera en el Perú, conversamos con dos especialistas: Epifanio Baca, economista del Grupo Propuesta Ciudadana; y Roxana Barrantes, economista y presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible.

Castillo ha señalado que el “70 % de utilidades se tiene que quedar para el país y que las empresas mineras se lleven el 30%. ¿Es viable esa propuesta?

Epifanio Baca:  Suponiendo que Castillo se refiere al porcentaje del Estado que recibe del impuesto a la renta. No es claro en eso. Actualmente el impuesto a la renta es casi el 30% sobre las utilidades de las empresas. Él está planteando llevarlo al 70% y que las empresas se queden con el 30%. Es un planteamiento inviable. Piensa que las empresas tienen contratos con el Estado y ahí está establecido ese pago. Las empresas mineras, como todas las empresas, pagan el impuesto a la renta que está asociado por ley y eso se da para todos los sectores. Y quien define eso es el Congreso no el Ejecutivo. Hay diferentes tipos de impuestos, por ejemplo, los que pagan las personas naturales y otros impuestos.

Roxana Barrantes: Cualquier cambio con cuanto se queda el Estado sobre el aprovechamiento de recursos mineros tiene que tomar en cuenta a nuestros vecinos  de Colombia y Chile y en qué posición nos dejaría en la atracción de inversión respecto a ellos. La información que manejo, es que la posición del Perú, respecto a lo que se queda el Estado sobre el aprovechamiento minero, es similar a la de Colombia y Chile. Ese no es un factor diferenciador para atraer inversiones en el sector. Si eso se quiere cambiar para aumentar la recaudación del Estado, creo que vamos a perder competitividad y a mediano plazo empobrecernos.

En la actualidad se está dando un alza en el precio de los minerales.

E. Baca: Está empezando un contexto favorable del alza de precios desde fines del año pasado. Eso se va a traducir para una mejora económica del sector y también para los ingresos fiscales que produce para el Estado.

Los impuestos que paga el sector minero en el primer trimestre de este año comparado con los últimos 15 años, está en el pico más alto. Ha superado en el monto del 2011-2012 que eran las cifras récord. Es una señal que con el cobre alrededor de 4 dólares la libra, que es un precio extraordinario y si se mantiene durante varios años, eso va a mejorar las utilidades de las empresas y conceptos que ellos pagan: impuesto a la renta, impuesto especial a la minería y las regalías que pagan.

R. Barrantes: Con el alza de minerales lo que tenemos que hacer es vender. Aumentar niveles de producción con los protocolos sanitarios respectivo y vender lo más que podamos.

¿Y qué propone Keiko Fujimori sobre la recaudación de ingresos en el sector minero?

E. Baca: El planteamiento del fujimorismo es dar facilidades para la inversión. No tiene una propuesta para recaudar más ingresos a través de impuestos. Es lo mismo que la Confiep, «bajemos la tramitología, facilitemos la inversión». Mano dura y cumplimiento de la ley en aquellas zonas donde se bloque la carretera. Llevarán supongo al ejército para que continúen los proyectos mineros.

R. Barrantes: El fujimorismo no tiene metas en minería muy claras al respecto. No tiene nada, solo está pensando en la simplificación administrativa y aumentar el personal para los ministerios del Ambiente y Energía y Minas.

Es importante tener personal capacitado, que trabaje con liderazgo claro, que pueda avanzar en el MINAM y el MINEM y todos los organismos relevantes, pero esa no es la única solución para sacar adelante más proyectos y beneficiarlos de la demanda de recursos mineros que permitan además hacer inversiones en otros sectores de la actividad económica, aumentar la productividad y el desarrollo de la ciencia y tecnología.

Necesitamos un liderazgo claro del Estado para sacar adelante los proyectos. No el Estado que recibe los pedidos administrativos,  sino el Estado que tiene que liderar el desarrollo territorial en las regiones.

¿A qué se debe el alza de los precios en los minerales?

E. Baca: El alza se debe a un factor estructural que tiene que ver con la transición energética a nivel mundial. Esta en marcha el reemplazo de energías fósiles por otras energías y específicamente el cambio más grande es la electro movilidad en los países desarrollados como la China. Significa que están reemplazando los carros que funcionan con gasolina, petróleo, a electricidad. Ese cambio genera una demanda de nuevos minerales como el cobre, litio y piedras raras para las baterías y otros insumos.

El otro factor, más coyuntural, es que la economía china va a crecer este año al 9%, después que su crecimiento cayó a 1-2%, pero no a cifras negativas como en todo el mundo. En una economía como la China, este crecimiento genera una demanda de minerales fuerte.

¿Nuestro país podrá aprovechar esta demanda?

E. Baca: El PBI del sector minero cayó 14% y la producción en términos físicos disminuyó por la pandemia. Han sido afectados en su producción. ¿Este año como será? Dependerá como estará la pandemia. Si el Estado puede controlar la pandemia, ayudará; pero en el Perú no tenemos grandes minas nuevas, tenemos ampliaciones, pequeñas minas como el proyecto Toromocho y mina Justa. No va a haber en estos tres años un aumento significativo como hubo en el 2016 con proyectos mineros como Las Bambas, Ampliación Cerro Verde y junto a ellos Hudbay, Constancia, y Antapaccay en Cusco.

Volviendo a las propuestas de Castillo, ¿es posible la nacionalización del sector minero?

E. Baca: Esas propuestas en el campo minero son difíciles de implementar. Si las empresas no aceptan la renegociación, nacionalizamos señala Castillo, pero eso no tiene pies ni cabezas. El Estado no tiene capacidad de hacer minería actualmente.

El equipo de Castillo lo que quiere es que la minería deje más plata. No tanto están con los temas ambientales, sociales de derechos humanos. Critican fuertemente a las ONGs, las acusan de estar ligadas al imperialismo yanqui.

¿Pero es imposible que el Estado administre empresas mineras?

E. Baca: El Estado actualmente no tiene capacidad para hacer vacunas,  ni para hacer plantas de oxígeno. Tenemos antecedentes en los 70s y 80s en que el Estado administró empresas mineras. Tintaya fue administrada por el gobierno regional de Cusco. En el 87-88, Patria Roja tenia la gobernación y fue un desastre económicamente. Te llevan la eficiencia al piso. No somos Chile. En Chile tienen un consenso de 40 años y la gestión es privada y funciona. Acá no se está planteando esto. Tenemos una institucionalidad débil. Las empresas publicas han sido usadas en el Perú como botines. Por ello, es bien complicado.

Una opción para futuros proyectos mineros, sería que el Estado, que tiene algunas concesiones mineras, señale a las empresas mineras: «yo te voy a concesionar esto pero quiero ser socio». Tendríamos una empresa mixta, donde el Estado es accionista, por ejemplo en un 30%, y de esa manera participa de la renta.

¿Y sobre aumentar la recaudación de impuestos?

E. Baca: No creo que sea posible aumentar la tasa del impuesto del 30%. Si se puede cambiar las regalías, como hizo Humala, que en vez de que este calculado se de sobre la base operativa, sea sobre las rentas. Como actualmente pasa con el proyecto minero Las Bambas, y en otras tres empresas más. La otra manera es el control de elusión fiscal de las empresas mineras a través de la SUNAT, que sea más rigurosa en el control para que las empresas no usen practicas elusivas para declarar menos utilidades.

Sobre las exoneraciones tributarias no son muchas, pero sí hay que retirar de la Constitución de 1993 el anclaje constitucional de los contratos ley de las empresas mineras. No puede estar protegida por la Constitución. Los contratos ley protegían todo antes. Solo deberían proteger ahora el impuesto general a la renta porque cualquier inversionista necesita seguridad a largo plazo para invertir. En el pasado incluía otros beneficios paras las empresas mineras.

¿Y sobre la protección ambiental, el fujimorismo qué plantea?

E. Baca: No van a mejorar el desempeño ambiental del Estado. Mano dura significa eso, mantener las cosas.

R. Barrantes: Keiko dice vamos a articular y hacer una convivencia armónica con la agricultura, pero no dice cómo. Y sobre la criminalización de la protesta no dicen nada. Me cuesta dar información donde no dicen nada.

Pero el fujimorismo señala que aumentarán el personal de calidad para el Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas.

E. Baca: Conocemos al fujimorismo en el sector. Dará facilidades de apoyo al sector. Si para eso hay que bajar leyes ambientales, lo harán. Habrán mayores conflictos y aplicará la represión seguramente. El fujimorismo tiene capacidad operativa para hacer eso. Tiene gente, especialistas para hacer eso.

R. Barrantes: Están pensando que por tener más personal en el MINEM y el MINAM la convivencia va a ser más armónica.

¿Y Castillo y sus propuestas?

E. Baca: Castillo es recontra precario. Esta diciendo que va a suspender todo: Ositrán, la Defensoría del Pueblo, ATU, etc. Pero que tenga capacidad e gobierno para hacer eso , no la tiene. Para hacer eso necesitas aparato político, el ejército a tu lado, y mayoría en el Congreso. Si llegase al gobierno tiene pocas capacidades de hacer las cosas que está planteando.

R. Barrantes: En los planes de gobierno sobre el tema ambiental, Castillo no dice nada.

 

Por: Juan Aste Daffós, economista y analista

Las elecciones del 11 de abril 2021 en el Perú han mostrado casi un 50% de ausentismo y de votos en blanco y viciado que sumaron 10 millones de personas de casi 24 millones de electores hábiles, pasando a la segunda vuelta Pedro Castillo (Perú Libre) de izquierda con 19.1%, y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) de derecha con 13.4% de los votos válidos. En el congreso, la derecha supera el 70% de los escaños.

Inmediatamente a la primera vuelta, la realidad nos golpea oficialmente con más de 400 muertos promedio diarios por los efectos de la covid 19, que alcanzó un máximo de 433 fallecidos diarios el 17 de abril, 6 días después de las elecciones, a lo que se suma una vacunación de a pocos a la población más vulnerable, unido a los efectos de una economía semiparalizada que han llevado a una mayor pobreza y desigualdad y a la ampliación de las ollas comunes, mientras se han hecho más visibles los problemas en la educación por el limitado acceso a internet de la población escolar.

La encuesta de Ipsos del 15 y 16 de abril para la segunda vuelta, muestra a Pedro Castillo liderando la intención de voto a nivel nacional con un 42% sobre 31% de Keiko Fujimori, que solo supera a Castillo en Lima con 43% frente a 26%. Los estratos socioeconómicos más pobres (D y E) respaldan a Castillo por un amplio margen de 32 y 25 puntos porcentuales sobre Keiko, respectivamente, mientras en los estratos C y B gana Keiko por un margen de 8 y 9 puntos, y en el A de altos ingresos gana Keiko por 35 puntos.

La encuesta de Datum, realizada entre el 16 y 20 abril, amplía la ventaja de Castillo a 15 puntos porcentuales (41 vs 26%), y gana en todas las regiones y en los estratos medio bajo C y pobres D y E, y Keiko gana en los estratos de mayor ingreso A y B. Por edades, Castillo tiene una diferencia a favor de 16-18 puntos en los jóvenes entre 18 y 34 años y también en los mayores de 55 años, aunque en las otras edades también gana el profesor por un margen 10-11 puntos.

La encuesta del IEP (17 al 21 de abril), muestra que la diferencia a favor de Castillo es ahora de 20 puntos porcentuales (41.5 a 21.5%), casi el doble sobre Keiko, ganando en todas las macro regiones, incluida la norte, y solo en Lima hay empate técnico, y se consolida en los estratos C,D y E. Lo más interesante de la encuesta del IEP es que el 62,3% de quienes apoyan a Castillo se consideran de izquierda y el 35,5% de centro mientras que los que votarán por Keiko un 39,5% se identificó con la ideología de derecha y solo un 16.8% de centro.

¿Qué nos dice el resultado electoral del 11 abril 2021?

El resultado expresa un bajo nivel de legitimidad y una polarización de votantes donde pasaron a la segunda vuelta los candidatos de posturas más radicales; de izquierda, Pedro Castillo de Perú Libre; y de derecha, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, con una diferencia de casi 6 puntos porcentuales a favor del primero, pero juntos no alcanzan la tercera parte de los votos válidos (13.8 millones) ni a la quinta parte de los electores hábiles (23.8 millones). Luego están 3 candidatos de derecha entre 9 y 11.6%, la candidata Verónika Mendoza de izquierda con 7.8%, y finalmente hay 10 candidatos desde 6% hacia abajo.

El candidato Castillo logró una votación con mayor concentración en todos los departamentos de la sierra y en particular en el centro y sur del país; incluye a las principales zonas mineras y agropecuarias. Mientras Keiko Fujimori tuvo un mayor respaldo electoral en las zonas más cercanas a la costa, y en particular en el área urbana y en las capitales de los departamentos de la costa norte. En la amazonia, Castillo ganó en Amazonas y Madre de Dios y Keiko en Loreto y Ucayali

A su vez, el Congreso de la República tendrá mayoría de los representantes de los partidos Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular, bajo la influencia del fujimorismo, con lo cual el referéndum y las leyes vinculadas a las propuestas de la izquierda (PL y JP) podrían ser bloqueadas.  En cualquier caso, el respaldo a un probable gobierno de Castillo estará en la movilización social, y en la capacidad de incidencia de los actores sociales.

La población que votó por Pedro Castillo Terrones, profesor y dirigente sindical, rondero del distrito Tacabamba, nacido en el centro poblado de Puña, Chota (Cajamarca), encontró a un candidato que lo identificaban como uno de ellos, de los que cuestionan la situación de abandono en que el Estado ha dejado la atención de la salud, la educación, el apoyo a la agricultura familiar abastecedora de alimentos a las ciudades, y rechazan a los gobernantes corruptos y a los partidos políticos que solo los buscan en campañas electorales para pedirles el voto, y después pasan a ser los “nadie” de siempre.

La votación por Castillo no solo expresa el rechazo de una población a la situación existente, sino que este se ha encarnado en una persona a quien reconocen como un igual o uno de ellos mismos, mostrando que esta actitud colectiva ha llegado para quedarse.

El apoyo a Keiko viene de los estratos de medios y altos ingresos que no quieren que la situación económica cambie, por quiénes se beneficiaron de las ventajas otorgadas en los 90s por la dictadura de Fujimori, y por las donaciones y obras en apoyo a los sectores populares del país, en el marco de un manejo sin control y corrupto de los recursos del Estado.

Ahora, en medio de la pandemia y una semi parálisis económica, el apoyo a Keiko no solo se lo da la gente que se benefició en los 90s y ha sido influenciada 30 años por el neoliberalismo, sino también por comerciantes y trabajadores informales que creen o han asumido que un gobierno de izquierda significaría la caída total de la economía, afectándolos a ellos y a la clase media, que suponen se quedarían sin trabajo e ingresos.

Lo cierto es que, a más mercado, individualismo, desigualdad, discriminación, corrupción y menos democracia, el voto ha sido por Keiko, y donde hay menos mercado, más economía comunal, interés colectivo, reciprocidad, menos corrupción y más democracia, el voto ha sido para Castillo. Sin embargo, en ambos casos, prima el conservadurismo respecto a los derechos civiles y un sentido autoritario de orden y mano dura.

¿Cuál es el escenario electoral para la Segunda Vuelta?

Las encuestas muestran que Castillo ha seguido ampliando su ventaja a casi el doble que Keiko en intención de voto en todos los departamentos del país y también por edades, y por estratos socioeconómicos. La intención de voto para Castillo está consolidada en las poblaciones de ingresos medios y bajos C, D y E y Keiko solo gana en los estratos de mayores ingresos A y B. “Los de abajo” que votan clamando cambios están con Castillo y “los de arriba”, que quieren que no cambie ni el modelo ni la constitución están con Keiko. La izquierda ha recuperado legitimidad y un espacio político con posibilidades que dependerá de la participación de la población y las organizaciones sociales en las decisiones desde sus territorios y en los diferentes niveles del Estado.

La estrategia de Castillo es presentarse como la única voz autorizada, descartando la voz de Cerrón (secretario general de Perú Libre), y ser un candidato dialogante que buscará consensos con las organizaciones y movimientos sociales y políticos e incluso con organizaciones empresariales, para salir de la crítica situación de la salud y la economía, luchar contra la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, el poder judicial y empresas como Odebrecht y su círculo de beneficiadas. Para ello, ha moderado sus propuestas, comprometiéndose en respetar los cauces institucionales en el marco de la constitución actual hasta que sea cambiada por una asamblea constituyente.

La estrategia de Keiko es promover que un gobierno de la “izquierda comunista” llevará a la confrontación y la pobreza, desapareciendo a la clase media y a los pobres informales que subsisten con lo que ganan a diario, siguiendo el camino del “Socialismo de Venezuela”, pero también se ha preocupado por declaraciones de Evo Morales por “interferir en las elecciones en el Perú” apoyando a Pedro Castillo, mostrando su preocupación que la gente mire con optimismo el camino de Bolivia.

A raíz de la mayor distancia obtenida por Castillo según todas las encuestas, el conjunto de medios vinculados al grupo El Comercio y otros de la derecha más conservadora están en una campaña abierta contra el candidato Castillo, complementada con paneles publicitarios mostrando que el peligro del comunismo nos llevaría a la pobreza y a seguir el camino de Venezuela. Pero esta campaña está siendo una especie de bumerang. Lo único que evidencia esta campaña es desesperación frente a la subida sostenida de Castillo en las encuestas.

Las propuestas centrales de Pedro Castillo son:

Castillo ha asumido autonomía en la presentación de las propuestas, las que ha moderado, mostrando independencia de Cerrón y Perú Libre, para facilitar el diálogo más amplio con las fuerzas políticas y sociales.

Por la urgencia para afrontar la pandemia, ha propuesto incrementar al 10% el presupuesto de salud al igual que al sector educación, y resulta evidente que la primera medida que implementará será proponer que el Congreso apruebe la realización de un referéndum para el cambio o no de la constitución a través de una asamblea constituyente, que sea integrada por representantes del pueblo y también de los empresarios.

En el marco de una “Economía Popular con Mercado”, propone la nacionalización del gas, petróleo, minería, hidroenergía, y comunicaciones, aunque se ha centrado en la renegociación de contratos como el del gas de Camisea, en el marco de un Estado soberano que fortalezca la economía interna. Sin embargo, ha señalado que los proyectos mineros Conga y Tía María no van y que “habrá minería allí donde la naturaleza y la población lo permitan”. Luego se ha comprometido a llevar adelante una segunda reforma agraria otorgando un mayor presupuesto para el sector.

Asimismo, Castillo propone incorporar las rondas campesinas al sistema nacional de seguridad, articulando esfuerzos con la PNP y las municipalidades; eliminar el sistema de las AFP; establecer un sistema nacional de pensiones, y crear un nuevo banco estatal. Establecer un nuevo sistema de elección del Tribunal Constitucional con participación popular. Sin embargo, presenta un vacío importante en la política y la gestión ambiental y una visión conservadora en cuanto a los derechos civiles, en particular en lo referente a los derechos de la mujer.

Las propuestas de Keiko son:

Generar riqueza, no pobreza y promover la micro, pequeña y gran empresa, sin expropiación ni estatización, en el marco de una economía social de mercado. “No marxismo ni comunismo”. Propone “que el Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte”; sin embargo, el Perú ha sido llevado “al otro mundo”, producto de las enormes desigualdades y pobreza que la pandemia ha desnudado.

Argumentando que la responsabilidad de la crítica situación económica y social para las mayorías del país es de los gobiernos anteriores y no el de su padre, Keiko propone no hacer cambios en la política económica ni en las prioridades del modelo económico sostenido en la exportación minera y la agroexportación, complementados por los sectores de la construcción, bancos, y comercio y servicios vinculados a las importaciones, que han desplazado producción y empleo peruanos, creciendo la informalidad, la economía ilegal y con ellas la inseguridad. Por ello, se ratifica en la Constitución de 1993 impulsada por A Fujimori.

Como puede verse, las propuestas de Castillo tienen que ver más con la realidad del país y las demandas de la gente, mientras las propuestas de Keiko, salvo el apoyo general a la micro, pequeña y gran empresa, el resto son deseos o principios para identificar o etiquetar a Castillo como “comunista” a fin de verlo como un peligro para el país.

¿Qué propuestas emergen en esta mirada?

La decisión del pueblo de llevar al profesor Castillo al gobierno demanda que el movimiento social y político y las mayorías del país que lo respaldan, no lo dejen solo con su equipo en las decisiones que tomen hasta las elecciones del 06 de junio y luego de estas, sino que el propio Castillo y las organizaciones sociales tienen que exigir la participación popular ahora, y si llega al gobierno, debe hacer lo propio en las decisiones y acciones que lleve adelante desde el Estado. El reto es que las organizaciones sociales asuman protagonismo en la solución de los problemas y la construcción de alternativas, decididas autónoma y democráticamente desde sus territorios e incidan sobre el Estado

En la agenda hoy, la prioridad es salvar las vidas de los peruanos demandando que primero está la salud y la subsistencia de la gente, y no poner por delante la “economía del país” y dejar morir masivamente a la población sin oxígeno ni camas UCI. Para ello, se requiere la participación del Estado y las organizaciones sociales desde sus territorios o barrios, para asumir el trabajo preventivo en salud y la solidaridad con las familias en desgracia, el apoyo a las ollas comunes, y medidas y acciones que garanticen agua, medicinas, atención médica, energía e internet. Esta última, para evitar una mayor pérdida de clases a los escolares.

La lucha contra la corrupción desde los territorios y barrios y en los diferentes niveles del Estado, debe darse demandando transparencia e identificación del corruptor y el corrupto, a fin de mejorar la gestión en las organizaciones sociales y en el Estado, y disponer de más recursos para salud, educación y la vida de las personas. Se debe respaldar la labor de Domingo Pérez y Rafael Vela.

El cambio del modelo económico significa colocar la prioridad en la investigación, y la generación de empleo y producción para la salud, la educación, la agroalimentación, vestimenta y calzado para la economía interna, y dejar la prioridad en la minería, mediante el respeto a las decisiones de las poblaciones locales que optan por una vida sin minería y por la conservación y protección de las nacientes de las cuencas hídricas y los ecosistemas, razón por la cual, los proyectos mineros Conga, Tía María, Río Blanco y El Algarrobo (ex Tambogrande) deben cancelarse. Urge frenar la destrucción que están generando la minería informal e ilegal.

Frente al crecimiento del comercio y servicios en la informalidad en base a productos importados que destruyen empleo y producción estimulados por la disponibilidad de dólares por las exportaciones, se hace urgente revisar las importaciones y eliminar aquellos productos de China e India que ingresan a precios prohibitivos sin cláusulas antidumping que han desplazado del mercado a muchos productores y comerciantes de productos peruanos.

Para el cambio del modelo, debe implementarse una reforma tributaria que elimine exoneraciones, y ataque la evasión y la elusión, y se aplique un ordenamiento territorial e hídrico que regule la expansión minera. Esto debe darse con una política y gestión ambiental que proteja los ecosistemas hídricos en las nacientes de las cuencas y que la amazonia sea liberada de la minería y la tala ilegales, así como, de proyectos que agudizan los efectos del cambio climático.

Vale señalar aquí, que la propuesta de entregar la propiedad del suelo y el subsuelo a las comunidades para que vendan sus territorios o se hagan socias del inversionista minero resultan contraproducentes, porque la decisión de una comunidad puede afectar la vida de otras comunidades de la misma cuenca. Peor aún, cuando después de la venta, el dinero cobrado es gastado rápidamente en la ciudad y las familias quedan convertidas en pobres marginales.

En este sentido, la participación de las comunidades y poblaciones locales en la vigilancia y el monitoreo ambiental comunitario y ciudadano, complementario a la gestión ambiental del Estado y la defensa de los derechos humanos, resultan determinantes. Estas medidas y acciones se deben dar conjuntamente con la defensa y protección de los pueblos indígenas y otros defensores ambientales. En este contexto, se debe respetar el derecho a la protesta social, sin ningún tipo de discriminación por ideas, condición social, origen étnico cultural, sexo y orientación sexual que atenten contra la igualdad de todos los peruanos. La garantía de relaciones interculturales es fundamental para un diálogo con respeto y justicia.

En base a estas líneas de acción es que se propone el inicio de un proceso popular constituyente con la participación democrática de la gente, que aborde el conjunto de temas, partiendo de las tareas en los territorios y barrios y las demandas a los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a las prioridades y particularidades de cada lugar. Aquí cobra mayor sentido la demanda por la descentralización de las decisiones del Estado con participación de la población organizada. A diferencia de las decisiones de arriba a abajo instituidas por el Estado Unitario como herencia colonial, debe asumirse que lo democrático es que las decisiones sean de abajo hacia arriba.

Castillo requiere hoy un disponer de un plan de gobierno y un equipo que, de llegar a la presidencia del Perú, de continuidad al diálogo permanente que ha iniciado con su campaña en la dirección de aportar a fortalecer a un movimiento social activo y participativo. Así, si es elegido presidente del Perú, cualquier bloqueo del congreso o intento de vacancia o llamado a los cuarteles estaría enfrentado a un gobierno y un movimiento social y político de respaldo que los partidos de la derecha y el centro deberán evaluar antes de tomar una decisión de tal magnitud.

Tras la sentencia del Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo en noviembre del 2017, que desestimó la denuncia realizada por el ex trabajador minero de Antamina: Saúl Juarez, que se encuentra con cáncer linfoma Hodgkin producto de la contaminación con arsénico y otros metales pesados – de acuerdo a la interpretación médica-, y que exige justicia por daños y perjuicios a través de una reparación económica; la defensa legal presidida por el abogado Mario Ríos apeló a la decisión de la jueza debido a que no tomó en cuenta ninguna prueba presentada por ellos. El día de hoy, martes 3 de noviembre a las 10am, después de un largo tiempo, la Corte Superior escuchará la fundamentación de la defensa legal de Saúl Juarez y de la empresa minera Antamina para posteriormente decidir, en el plazo máximo de un mes, si se reabre el juicio o confirma la sentencia.

Las pruebas no admitidas

“ En la sentencia del 2017 la jueza Rosmery Velásquez Cano no ha determinado si Saúl Juarez está mal. Hemos presentado la historia clínica, pero no le han hecho la evaluación y solamente se ha apegado a una prueba de un centro de salud de Texas (EEUU) del 2016 que señala que no tiene intoxicación, basado en un examen de orina. Este examen fue pagado por la empresa minera”, señala Mario Ríos. Sin embargo, hay otro resultado de una prueba pagada por Antamina, del Centro Toxicológico del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, que realizó un mineralograma a Saúl Juarez, y confirma la presencia de arsénico y otros metales pesados; pero la empresa minera y la jueza lo desconoce, señala Juarez.  Además, la jueza no ha tomado en cuenta los otros resultados de la pruebas del Instituto de Medicina Nuclear, de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que confirma que Saúl Juarez tiene arsénico, plomo y cadmio, agrega el abogado.

Asimismo, el médico cirujano y toxicólogo Ricardo Puell señala en su informe de auditoría médica de mayo del 2014 sobre Saúl Juarez que las pruebas que detectan arsénico en uñas y pelo durante varios meses y años es el mineralograma y no las pruebas de sangre que detectan hasta 3 días después de la exposición a metales pesados y en la orina, hasta 10 días después. Además, la resolución N° 389-2011 MINSA, en la Fisiopatología de la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico: “El tiempo de vida media de arsénico en el ser humano es de 10 horas, se excreta la mayor parte por vía urinaria, heces, sudor y piel”.

El abogado agrega que SUNAFIL sancionó a la empresa minera Antamina por no brindarle los equipos de protección adecuados y otras faltas graves a las normas de seguridad y salud ocupacional.

La defensa legal señala que la jueza no argumentó por qué no valoraba las pruebas presentadas por ellos, “simplemente no lo admitió. Eso es vulnerar el debido proceso”. En base a estos cuestionamientos, Saúl Juarez espera que la Corte Superior decida que se reabra el juicio. Saúl se encuentra indignado y terminó afirmando en el enlace telefónico: “Lo único que quiero yo es justicia. Me han destrozado la vida. Yo entre sano y salí enfermo con cáncer tras la evidencia de los metales tóxicos”. Sus dos hijos tienen problemas de sordera, señala que también es producto de la contaminación con arsénico que se traspasa hasta en 5 generaciones.

Saúl era parte del personal encargado de revisar los equipos inmediatamente después de una explosión en la mina, por lo que el contacto con la nube de polvo mineral tóxico era inevitable, señala el médico Ricardo Puell.

De acuerdo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, existe una fuerte asociación entre la exposición crónica al arsénico y los diversos cánceres.

Antecedes

Tras las denuncias públicas de Saúl Juarez,  Antamina sacó un comunicado señalando que su mina es de cobre y no de arsénico y que habían pagado el seguro de Saúl hasta el 2016, varios años después de que dejó de trabajar con ellos. Además, agregan que en el examen que le sacaron – en EEUU a través de prueba de orina-, confirmó que no estaba intoxicado.

Sin embargo, la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico del Ministerio de Salud, en los aspectos epidemiológicos señala: “Según datos del servicio de prospecciones geológicas estadounidense (U,S, Geological Survey) las minas de cobre y plomo contienen aproximadamente 11 millones de toneladas de arsénico, especialmente en Perú y Filipinas, asimismo este metaloide se encuentra asociado con depósitos de cobre en Chile y Canadá. En nuestro país, la exposición crónica por arsénico está ligada principalmente a exposiciones originadas por la actividad minero metalúrgico, existen referencias aisladas respecto a regiones con presencia de arsénico en el medio ambiente”

Además, Saúl Juarez señala que fue despedido cuando empezó a sentirse mal y cubrió sus gastos inicialmente. “Después del 2016 yo estoy haciendo tratamiento alternativo porque no iba a soportar más quimioterapias”.

El 2018, Saúl Juarez llevó su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acompañado por el Instituto Natura de Ancash y Red Muqui, y su caso fue admitido.

 

Resultados del mineralograma de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología y Química Legal

 

 

Por: Jaime Borda, Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel 2003 cuando la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) convocó a diferentes instituciones que acompañaban a comunidades y poblaciones afectadas por la minería en el país. La mayoría de estas organizaciones promueven la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en nuestro país. El nombre de RED MUQUI lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”, personaje mítico que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual había que rendirles ciertos pagos. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” que se agudizó en los años 90, por el elevado precio de los minerales.

Es en este marco que esta semana hemos desarrollado una serie de actividades al que hemos denominado #SemanaMuqui. Una de estas actividades ha sido el que hemos desarrollado el pasado lunes y cuyo nombre fue: “Minería en el Perú: ¿cambios o más de lo mismo?”. El objetivo de este evento es el de colocar nuevamente en la discusión pública el rol de la minería en el país, para ello se invito a una serie de especialistas y personas directamente involucrados en la temática. Entre los varios temas que ha salido en esta discusión, la mayoría coincide en que la forma como está organizado desde el gobierno el sector minero debe cambiar, y mucho más en un escenario de pandemia y de reactivación de la conflictividad social. Estos cambios deben incluir sin lugar a dudas a las poblaciones afectadas por las actividades mineras, así como a los sindicatos de trabajadores mineros. Estos actores hoy en día, por ejemplo, no son tomados en cuenta en las modificaciones normativas en el sector minero; por el contrario, en los últimos meses han salido más normas que flexibilizan más el aspecto socioambiental, priorizando solo las inversiones mineras.

Es innegable el aporte económico del sector minero en nuestro país, pero esto no significa que pueda desarrollarse en cualquier lugar, o inclusive intentar imponerlo como lo han querido hacer en el valle de Tambo en Arequipa o en Tambogrande en Piura, solo por mencionar. Durante la pandemia hemos escuchado varias voces del gobierno y de los gremios empresariales mineros afirmando que solo la actividad minera nos salvaría de esta crisis económica, y que por ello era importante reactivar varios proyectos mineros paralizados. Desde la Red Muqui creemos que ya no se puede seguir gestionando este sector de la misma forma, y mucho menos se puede depender solo de esta actividad; es hora de hablar sobre la diversificación, el ordenamiento territorial y la participación real de la gente en la toma de estas decisiones. El Perú es un país megadiverso y pluricultural, no se puede pretender encasillarlo solo en el sector minero, es hora de abrir el debate de manera más seria sobre el rol que debe cumplir la minería en el país, y hacia ese debate quiere aportar la Red Muqui.

En el marco del inicio de la «#SemanaMuqui: 17 años defendiendo derechos», las y los invitamos a nuestro Foro virtual: Minería en el Perú: ¿Cambios o más de lo mismo?». Un espacio de discusión sobre la situación actual de la minería y los cambios normativos ocurridos a lo largo de la pandemia; la agenda de las comunidades y gremios sindicales afectados por las actividades mineras; y el rol que debe asumir el Estado frente a esta actividad.
Participarán: Roxana Barrantes, ex presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible; Gerardo Damone, investigador de Grade y docente de la PUCP; Juan Aste, investigador y consultor de Red Muqui; Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos; y Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Moderará el Foro, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda.
🗓️ Lunes 19 de Octubre
⏰ 6:00 pm

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) avanza en la protección de DDHH aprobando un importante instrumento de política pública para analizar patrones y tendencias de ataques a personas defensoras. Por otro lado; el Tribunal Constitucional dicta una sentencia incongruente para la protección de personas defensoras y declara constitucional Convenios entre PNP y empresas extractivas.

En un período en que se viene agravando el ataque a defensores y defensoras ambientales y de DDHH – 5 asesinados y varios heridos en lo que va del 2020-; el primero de octubre se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo”; Mar Pérez, coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Como señala Mar Pérez, la aprobación de este Registro es un avance para obtener una política integral de protección de personas defensoras. Desde la sociedad civil se ha participado activamente desde el 2018 en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en zonas donde se desarrollan actividades extractivas mineras.

La representante de la Coordinadora de DDHH precisa que: “Queda pendiente avanzar hacia un registro más detallado del papel de las empresas en los ataques a personas defensoras, pero esperamos que esto se pueda ajustar en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que se está trabajando actualmente.”

Identificación de tendencias y patrones de ataques hacia las personas defensoras

Una de nuestras principales preocupaciones desde Red Muqui ha sido que se pueda lograr una caracterización adecuada y objetiva de los patrones y tendencias de ataques a defensores que defienden bienes colectivos y comunes como el territorio y los ecosistemas hídricos. Esta caracterización será la base para poder activar mecanismos de protección temprana establecidas en el Protocolo. El registro establece definiciones como “Persona defensora de DDHH”, “situación de riesgo de una Persona Defensora de Derechos Humanos” y “Actos contra una Persona Defensora de Derechos Humanos” , y también establece lineamientos para identificar los riesgos que corren los defensores en los territorios. Sus objetivos específicos son los siguientes:

  • Identificar las zonas de mayor riesgo para las labores que desarrollan las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH) a nivel local, regional y nacional; y los problemas estructurales que generan estas situaciones de riesgo.
  • Determinar aquellos grupos de PDDH que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, en razón de sus labores de defensa de derechos humanos, e identificar y visibilizar los patrones de ataques más frecuentes contra estas personas.
  • Obtener información para el seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones de prevención y protección contenidas en el Protocolo a mediano y largo plazo, para disponer la activación del procedimiento de alerta temprana (en adelante PAT), en caso corresponda.

TC emite sentencia incongruente sobre convenio de la PNP con empresas extractivas

Por otro lado, hace unos días el Tribunal Constitucional del Perú, emitió la sentencia en Expediente N° 00012-2019-131/TC; en ella se ha declarado constitucional los convenios que viene celebrando la PNP con empresas extractivas. Estos convenios han sido seriamente cuestionados por la sociedad civil, ya que, en el marco de las protestas sociales contra proyectos extractivos, se han producidos represiones arbitrarias que conllevaron a la pérdida de la vida y la afectación a la integridad de muchos líderes y representantes de organizaciones sociales -defensores de derechos humanos-.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Esta semana ha debido ser una de las más grises para los gremios empresariales en el Perú y particularmente para las empresas mineras, debido a que el pasado martes 22 de setiembre el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad contra el Decreto Legislativo 1421, que buscaba prescribir más de 9 mil millones de soles en deudas tributarias a la SUNAT, deuda que ahora se mantiene y que deberán pagar un promedio de 158 grandes empresas. Al respecto la presidenta del TC Marienella Ledesma antes de emitir su voto de rechazo a la demanda señaló que: «Las grandes empresas deberán pagar sus impuestos igual que los contribuyentes de este país, sin ninguna distinción» dejando zanjado de esta forma la postura mayoritaria del TC en relación a esta demanda.

 

Al respecto un dato importante sobre este tema es que las grandes empresas mineras concentran el 50% del total de deudas, según el portal Ojo Publico un total de 22 empresas mineras adeudan S/5 mil 76 millones a la SUNAT, dentro de este grupo de empresas mineras tenemos a Las Bambas, Glencore Antapaccay, Cerro Verde, Volcán, Antamina, Buenaventura, entre otros. El caso de la mina Buenaventura debe ser uno de los más escandalosos, debido a que adeuda a la SUNAT más de 2 mil millones de soles y porque uno de sus dueños, Roque Benavides es un activo empresario minero que siempre esta hablando de las bondades de la minería, sin reconocer los impactos ambientales y sociales que genera esta actividad. Curiosamente el día que se pronuncia el TC sobre la improcedencia de la prescripción de las deudas, el empresario Benavides anunciaba que se inscribía en las filas del partido aprista peruano (APRA). Sin duda no fueron buenas noticias para los gremios mineros lo ocurrido esta semana en el TC. Quizá por ello buscan tener un candidato propio a la presidencia de la República, como parece ser la intención del señor Roque Benavides.

 

Finalmente, las deudas de las empresas mineras no solo son económicas, también tienen deudas e infracciones laborales y ambientales, el portal periodístico Convoca.pe “identificó a 10 empresas mineras que se dedican a la exploración y explotación de metales y que adeudan más de 4,707 millones de soles a la SUNAT, también fueron beneficiadas con la reducción y exoneración de multas ambientales y laborales por más de 11 millones 400 mil soles”. Estas empresas son minera Buenaventura, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, Los Quenuales, Volcan, Antamina, Southern, Ares y Titán del Perú. Lamentablemente el gobierno del expresidente Ollanta Humala y el congreso de aquel entonces (2014) promovieron normas como la Ley 30230 (paquetazo ambiental) que exoneraban y reducían multas impuestas por OEFA y SUNAFIL a una decena de empresas mineras. Desde la Red Muqui creemos que los gremios mineros y las empresas mineras le hacen un flaco favor al país tratando de evadir sus responsabilidades, cuando es ahora, en plena crisis sanitaria por la pandemia que se requiere responsabilidad y transparencia, algo que al parecer han olvidado algunas empresas mineras.

Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

Tras décadas de actividad minera en La Libertad, la Asociación Marianistas de Acción Social – Amas Perú presentará su experiencia de monitoreo ambiental con análisis físico químico y biológico con macroinvertebrados en la identificación de la contaminación minera en varias microcuencas de la región entre el 2005-2019, analizando el impacto de la empresa minera Barrick.

– ¿Esta metodología puede ser replicada en todo el país?

– ¿Cómo se puede proteger desde el Estado las cuencas hídricas y de la producción agroalimentaria?

– ¿Cuál es la situación del dictamen sobre vigilancia y monitoreo ambiental comunitario y ciudadano que se encuentra en el Congreso?

Estas son algunas de las preguntas que responderán los panelistas tras la exposición de la experiencia de investigación. Walter Pereda, antropólogo y director de AMAS; Manuel Horna, biólogo y microbiólogo de AMAS; el Dr. César Medina de la Universidad Nacional de Trujillo; y Juan Aste Daffós, economista y especialista en gestión ambiental.

Este foro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 10am y será transmitido vía facebook.com/redmuqui.

 

 

Tras las denuncias realizadas en medios locales el 17 de septiembre en Huamachuco, los dirigentes de la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) del caserío de Shiracmaca, pertenecientes al distrito de Huamachuco, en la sierra de La Libertad, presentaron un oficio el 21 de septiembre al jefe de la Autoridad Local del Agua (ALA Huamachuco) – que no fue recibido, porque tiene que ser vía virtual debido a la pandemia-, precisando que en su caserío vienen sufriendo una serie de daños a la infraestructura hidráulica por parte de la empresa minera Summa Gold Corporation SAC.

Entre los daños generados, señalan que la empresa ha «averiado en reiteradas oportunidades y sin consentimiento y o autorización de nuestra Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASSS), se ha tomado la libertad de cambiar el curso de tendido de nuestra red matriz o red de conducción». Actualmente la empresa minera ha cortado el ducto de agua potable que se usa para el consumo humano, precisan en otra carta enviada al presidente del Frente de Defensa de la provincia de Sánchez Carrión. En comunicación con el dirigente Delmer Alva Ballena de la JASS, también presidente de Gestion de Agua y Alcantarillado de Shiracmaca (COGAASH)  señaló que ya van cinco veces que la empresa minera corta el ducto de agua.

En la carta enviada a la Autoridad Local del Agua, agregan que, producto de las voladuras indiscriminadas para la extracción de mineral, el reservorio de agua ha sufrido roturas y fisuras originando filtraciones de agua. El reservorio de agua se alimentaba de 5 vertientes de agua.

Ahora, precisan que «por efectos de excavaciones y explotación de la minera se ha desaparecido otro manantial denominado Los Alisos que alimentaba a la red matriz de nuestro sistema de agua».

La junta directiva del Caserío de Shiracmaca también denuncian que se ven afectados por la «sectorización de agua una hora cada 4 días», y piden que ello sea constatado por las autoridades ya que no llega la cantidad de agua completa al reservorio. Actualmente solo llega 1 lito y medio por segundo al reservorio, señala Delmer Alva, y no 2 litros por segundo como llegaba con anterioridad. El ducto de agua  pasa por donde la empresa minera realiza sus actividades y temen que la empresa minera esté usando el agua. Esto sumado a las afectaciones que tiene el reservorio y la red matriz de agua.

Producto de estos hechos, la empresa minera ha clausurado y obstruido los caminos de vigilancia de la red de agua, amontonando relaves mineros en un tramo aproximado de 500 metros, para que las personas no puedan acercarse, denuncian en el oficio.

El dirigente Delmer Alva Ballena mostró su preocupación a Red Muqui debido a que hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la denuncia. La Autoridad Local del Agua no les recibió la denuncia física y les indicó que lo hagan vía virtual por la pandemia en la que estamos. Asimismo, les indicaron que la Municipalidad es la encargada de inspeccionar la infraestructura física del agua. La JASS ha enviado un oficio a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y se encuentran preparando un oficio dirigido al Gobierno Regional y el Ministerio de Energía y Minas.

 

Organizaciones del norte se pronuncian

Frente a estos hechos y la denuncia pública en medios de comunicación de que el agua que llega a los reservorios ha cambiado de coloración, pudiendo contener sustancias tóxicas;  la Red Muqui – Norte, la Coordinadora de Derechos Humanos- Macro Norte, Proyecto Amigo-La Libertad, Cañi-Quimit-Sembrando comunidad, el Centro Cultural Sangre de Halcón-Sánchez Carrión-La Libertad, REDAD-Red Regional Agua y Desarrollo-Piura, Comisión de Justicia Social de Chimbote-Ancash, COSDEJ- Lambayeque, la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC)-Cajamarca, SEDYS- Trujillo- La Libertad, GRUFIDES-Cajamarca, Codispas-Ancash; la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y el Consejo de Educación Popular de América Latina-Región Perú, emitieron un pronunciamiento llamando a las autoridades competentes a hacer respetar el derecho a una vida y territorio sanos.

Recursos hídricos deben ser protegidos

«De acuerdo a la ley de los recursos hídricos, el agua de consumo humano tiene prioridad sobre las demás actividades y se debe respetar sin ninguna excepción. En esta situación de emergencia sanitaria dicho recurso se hace aún más necesario, así como su resguardo, por lo que debe corregirse de inmediato», precisan en el comunicado.

Finalmente, las organizaciones se suman las denuncias y pedido de inmediata solución que hacen las organizaciones de la población afectada por la minería en Huamachuco, e instan a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a la DIGESA, la Autoridad Nacional del Agua, la Fiscalía especializada en materia ambiental, el Ministerio de energía y minas y la Defensoría del Pueblo «a tomar en cuenta este problema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que no puede postergarse más».

En el caserío de Shiracmaca viven aproximadamente 2 mil familias y el tener escaso acceso al agua no les permite responder adecuadamente a la pandemia.