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Foro Panamazónico 2017 incorpora mundo andino al formar parte de la agenda de pueblos indígenas

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El comité nacional de la VIII edición del Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se realizará los días 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2017, en la ciudad de Tarapoto (San Martín, Perú), decidieron incorporar al mundo andino dentro de sus ejes temáticos, ya que también formar parte de la agenda pendiente de los pueblos indígenas.

Al formar parte de las 14 instituciones que llevan a cabo el FOSPA, RED MUQUI, impulsó la presencia de lo andino en este gran evento, que busca abordar propuestas e incidir en los gobiernos (de países amazónicos) acerca del respeto de los derechos de los pueblos indígenas, así como de la protección de sus territorios, tanto en la Amazonía, como en la zona andina. Esta decisión, se tomó bajo la concepción de que la Amazonía genera sus principales ríos en los Andes.

Ismael Vega, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) también recordó que el Perú fue designado sede del VIII FOSPA en Macapá, Brasil, en la última versión, por las luchas en defensa de sus derechos en la Amazonía y zona andina, como Bagua y Conga. Es un reconocimiento a la resistencia que han generado los pueblos frente a la imposición.

Por su parte, Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria (CNA), indicó que la problemática que mantiene la inversión privada, es el beneficio de unos pocos, y a ciertos intereses particulares y económicos, pero no a las comunidades campesinas y nativas que son afectadas por estas actividades extractivas.

“Buscamos abordar el incremento de las industrias extractivas que afectan nuestras actividades económicas. Nuestros derechos no se negocian, más bien deben ser tomados en cuenta respetando el Convenio 169, la ley de comunidades campesinas y nativas, al igual que la ley de consulta previa que, hoy en día, es manipulada para facilitar la entrega de nuestros recursos naturales a otros intereses”, aseveró.

A su turno, Jorge Prado, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), dijo que era necesario  relanzar la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas en la vida del país.

“Si se van a entregar derechos sobre agua y tierras, que los pueblos participen de las decisiones y de las riquezas que se generan. Que el Estado priorice inversiones en los pueblos, no solo programas de asistencia”, remarcó.

Presentación oficial

Este miércoles 31 de agosto, representantes de organizaciones indígenas, sociedad civil, movimientos sociales, grupos ambientalistas, ciudadanos, entre otros, presentaron oficialmente el FOSPA 2017, en conferencia de prensa, tanto en Lima como en Tarapoto, sede oficial de esta octava edición.

Es así que en el sitio web del VIII FOSPA (www.forosocialpanamazonico.com) ya se encuentran disponibles los formularios para inscribirse y llenar sus datos, en los idiomas español y portugués.

Se espera que el próximo año se congreguen poco más de 1,500 personas en la Universidad de San Martín (sede oficila del FOSPA), para analizar, debatir y plantear salidas a los graves problemas que afronta la Panamazonía debido al modelo de desarrollo que impera en gran parte del mundo.

El FOSPA 2017 responde al llamado de los pueblos en resistencia ante el avance del actual modelo que prioriza la actividad extractiva en menoscabo de los derechos de la naturaleza y de los hombres y mujeres que habitan la Amazonía. Se trata de un espacio para la elaboración de propuestas y visiones alternativas para sobreponerse al proceso de destrucción de la selva y construir una Panamazonía que promueva la vida.

EL VIII FOSPA, que tiene por lema “vamos al llamado del bosque”, constituye un evento internacional espera recibir a más de 1500 personas de los nueve países de la región amazónica. El objetivo es abordar diversos ejes de su problemática actual como territorio, cambio climático, participación de las mujeres, uso de los bienes de la naturaleza y procesos de resistencia.

DATO:

  • Los FOSPA (que forman parte de la estructura del Foro Social Mundial) se vienen realizando desde el año 2002 en Brasil, Bolivia y Venezuela.
  • Como antesala, este 28 y 29 de octubre se realizará en Tarapoto un preforo nacional de Perú, como evento preparativo para el VIII FOSPA. Otros países del área amazónica harán lo propio el mismo mes y en noviembre.

Fotos: CAAAP.org

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GPI podrá ejercer control político sobre entidades encargadas de Pueblos Indígenas

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TRAS REACTIVACIÓN EN EL CONGRESO

  • Grupo multipartidario será presidido por la congresista del FA, Tania Pariona
  • Grupo promoverá espacios de diálogo con organizaciones indígenas
  • Trabajo será coodinado con la Comisión de Pueblos, presidida por María Elena Foronda del FA

Esta semana se instaló nuevamente el Grupo Parlamentario Indígena (GPI), para el periodo legislativo 2016-2021 del Congreso de la República, a fin de retomar el trabajo iniciado en el año 2007, y tener un espacio con capacidad de ejercer control político frente a instancias del Estado cuyas decisiones y políticas públicas afecten a los pueblos indígenas.

Al ser de carácter especial, este será un espacio multipartidario de diálogo, concertación y construcción de consensos que promueva iniciativas legislativas, emita opinión, y sobre todo, contribuya a la labor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, así como a las comisiones que trabajen temas que involucren transversalmente a los pueblos indígenas.

Asimismo, el GPI promoverá un diálogo permanente con las organizaciones indígenas e instituciones que trabajan por los derechos de estas poblaciones, al ser quienes manejan a fondo las demandas más urgentes.

En la sesión de instalación, se presentaron los congresistas Alberto de Belaunde (Peruanos por el Kambio – PPK), Jorge Meléndez (PPK), César Villanueva (Alianza Para el Progreso), Nelly Cuadros (Fuerza Popular), Oracio Pacori (Frente Amplio – FA) y Richard Arce (FA), quienes por unanimidad, eligieron a la congresista Tania Pariona Tarqui (FA) como coordinadora del GPI.

Cabe recordar que el pasado martes 9 de agosto, día en que se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la congresista por la región Ayacucho, Tania Pariona presentó en el Congreso su agenda legislativa para el periodo 2016 -2021 en materia de Pueblos Indígenas (PPII).

Comisión PPII

A la par, se instaló la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que a partir de ahora será presidida por la congresista María Elena Foronda Farro (FA), exdirectora del Instituto Natura de Chimbote, institución miembro de la RED MUQUI.

Durante su presentación, la legisladora manifestó que los pueblos del interior han sido marginados durante décadas, pese a ser motores principales de la economía nacional en los diferentes campos del territorio nacional, principalmente en la sierra y selva. Además sostuvo que asumirá el reto de impulsar leyes inclusivas a favor de las poblaciones indígenas, tanto campesinas, como nativas.

“Miles de pobladores indígenas del país están a la espera que legislemos leyes que propongan su inclusión en la toma de decisiones para el bienestar del futuro del Perú”, señaló al instalarse el grupo de trabajo parlamentario.

Agregó que es necesario que los miembros de la comisión sean conscientes de que tienen la obligación de defender los recursos ambientales de las regiones y también los derechos humanos de los pueblos indígenas.

“El desafío es grande, porque el recurso económico no se puede someter al factor ambiental, que debemos protegerlo”, subrayó.

Como vicepresidente de la comisión fue elegido el congresista Wilmer Aguilar (FP) y como secretaria, Tamar Arimborgo (FP).

Fuente / Fotos: Despacho congresista Pariona / Andina

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Ante declaraciones del virtual ministro de Economía sobre la ‘individualización’ de predios de los pueblos indígenas

Las instituciones y organizaciones indígenas, agrarias, de mujeres y de la sociedad civil que conformamos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú*, nos dirigimos a la ciudadanía para manifestar nuestra profunda preocupación por lo siguiente:

1. El día lunes 13 de junio, el diario Gestión (página 6) recoge las declaraciones que realizó el virtual ministro de Economía y Finanzas del gobierno electo de Peruanos por el Kambio, Alfredo Thorne, en Radio Capital el día viernes 10 del mismo mes, quien habría señalado que es necesario que “… las tierras donde se ubican las minas, que hoy son de propiedad comunal, sean individualizadas, de manera que cada dueño individual de esos predios los pueda vender a los mineros o a los agricultores” y que “Hay que empezar a hacer un mapa de propiedades, con lo que se puede y, simplemente, intercambiar los títulos comunales por títulos

2. Con estas expresiones, el señor Thorne evidencia su desconocimiento respecto al marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas; banalizando la importancia y el sentido de los derechos colectivos que tienen las comunidades del Perú sobre sus tierras y que la propia Constitución garantiza y expresa cuando señala su respeto a la propiedad comunal (art. 88°).

3. Las comunidades campesinas y nativas son la expresión concreta y jurídica de los pueblos indígenas u originarios del Perú y, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDDHH, “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras” (Caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay – párrafo

4. Actualmente existe una gran demanda insatisfecha por la seguridad jurídica de las tierras de comunales y, principalmente, por la titulación colectiva. Si se concretase la propuesta de Thorne, significaría un atropello y vulneración a los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Asimismo estas declaraciones solo pueden generar un clima de desconfianza, al manifestar una posición abiertamente a favor de la minería en perjuicio de los derechos de las comunidades del país.

Frente a estos hechos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y originarios del Perú y, en ese sentido, exige al gobierno electo del señor Pedro Pablo Kuczynski:

1. Honre su compromiso, firmado el 20 de mayo último con representantes de los Pueblos Indígenas durante su campaña electoral, donde señala en el segundo punto: “Concretar la titulación de los territorios de los pueblos originarios de manera colectiva”. Del mismo modo, respetar su plan de gobierno, donde menciona como uno de sus objetivos en el lineamiento estratégico 3, que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas.

2. Respete, garantice y proteja las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios del Perú, concluyendo con la titulación colectiva pendiente de 4023 comunidades campesinas y nativas.

3. Continúe con las iniciativas de titulación en proceso a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego y los gobiernos regionales, y se coordine de manea intersectorial y multinivel (gobierno nacional, regional y local) con proyectos que tengan componente de titulación cofinanciados con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos de otros países.

4. Fortalezca la institucionalidad para el saneamiento y la titulación rural, a su ente rector: el Ministerio de Agricultura y Riego.

Lima, 15 de junio de 2016

 

(*) A la que pertenece RED MUQUI

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Titulación individual pone en riesgo existencia de comunidades y aumentaría conflictos sociales

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COMO PROPONE ALFREDO THORNE

  • RED MUQUI advierte estarían desconociendo derechos contemplados en la Constitución y el Convenio Internacional 169 de la OIT
  • Miembro del equipo de PPK indica que propiedad comunal de tierras trae problemas para la explotación

El voceado ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, propuso individualizar la propiedad comunal de los pueblos indígenas en el Perú, a fin de que las decisiones colectivas de una comunidad –nativa o campesina– no afecten las actividades extractivas, y que a través de una titulación individual se facilite la venta de terrenos y se favorezca la explotación minera.

“Hoy en día gran parte de la propiedad donde están las minas, es propiedad comunal, y esa propiedad hay que individualizarla. Al individualizarla, el individuo va a poder utilizar su tierra, o se la va a poder vender al minero, o se la va a poder vender al agricultor. (…) eso va a demorar muchos años (porque) hoy en día no existe un mapa de propiedad del territorio, entonces hay que empezar a hacerlo por donde se puede, y simplemente intercambiar los títulos comunales por títulos individuales”, propuso Thorne en una entrevista con Capital TV (10 de junio).

Ante ello, RED MUQUI, respondió que medidas impositivas de este tipo afectarían sus derechos colectivos al no involucrar procesos de consulta previa y diálogo intercultural, y lo único que se lograría es avivar aun más la conflictividad social en el país.

Asimismo, el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, lamentó el desconocimiento del señor Thorne, respecto a los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas y originarios, que están reconocidos en: la Constitución Política, la Ley de Comunidades Campesinas, la Ley N° 26505 (denominada “Ley de Tierras”), y en el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Perú, y que se está en obligación de cumplir.

“Este tipo de propuestas demuestra el desconocimiento absoluto de los derechos de las comunidades –campesinas y nativas–, así como de las normas nacionales e internacionales que las amparan y garantizan los derechos de propiedad y posesión de las comunidades, en otras palabras “su derecho a la propiedad comunal”, donde la propiedad es de la comunidad en pleno y los comuneros son posesionarios.

Es necesario resaltar que las decisiones sobre la disposición de la tierra se acuerdan en Asamblea Comunal, que es el principal órgano de la comunidad (Ley N° 24656 y N° 26505).

Para el jefe del plan económico de Pedro Pablo Kuczynski, el canon –producto de las actividades extractivas– debe extenderse a las comunidades; sin embargo, esto no debe significar que debe ser necesariamente un canon comunal, sino prácticamente individual, es decir, para cada miembro de la comunidad, tras una titulación de tierras por propietario, y no colectiva.

“Hoy en día son propiedades comunales, y muchos de los mineros han hecho un acuerdo con la comunidad, no con los individuos de la comunidad. Entonces eso ha generado problemas para el manejo de la tierra y para la explotación de esa tierra”.

Jahncke cuestionó que Thorne considere que la principal solución a los conflictos sociales es solo económica, cuando el verdadero trasfondo son las demandas históricas de los pueblos, en base al reconocimiento y respeto de sus derechos; lo cual debe ser parte de un diálogo abierto y sincero, previo a cualquier decisión sobre cualquier proyecto de inversión pública o privada.

Plan de gobierno dice lo contrario

Por su parte el Colectivo de Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, al que pertenece RED MUQUI, le recordó a Thorne que en el plan de gobierno del presidente electo Kuczynski, se menciona claramente que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas (Objetivos en el lineamiento estratégico 3 del este documento).

Es así que el colectivo le recordó a Thorne que la fecha existe alrededor de 4,023 comunidades campesinas y nativas que esperan titulación colectiva, siendo esta una forma de respetar y proteger sus tierras y territorios. Asimismo, se le pidió al próximo titular del MEF, que honre el compromiso que firmó con representantes de los Pueblos Indígenas el último 20 de mayo.

Precisiones

  • Nuestras comunidades, reconocidas como pueblos indígenas por el Estado Peruano,  tienen reconocida su autonomía en el artículo 89 de nuestra Constitución para el “uso y libre disposición de sus tierras”.
  • Ley de Comunidades Campesinas – Ley N° 24656 (artículo 7): las tierras comunales “por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad”. Dicho acuerdo debe fundarse en el interés de la Comunidad.
  • Ley N° 26505 (artículo 11): “para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”.
  • El Convenio 169 de la OIT (artículo 14): “Deberá reconocerse a los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (los pueblos indígenas)”. Añade en su numeral 2 que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

Foto: Captura Capital TV

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Carta a Keiko Fujimori y PPK sobre situación de los pueblos indígenas

Estimada,

Señora Keiko Fujimori Higuchi

Candidata presidencial por “Fuerza Popular”

Estimado,

Señor Pedro Pablo Kuczynski

Candidato presidencial por “Peruanos Por el Kambio”

De nuestra más alta consideración,

Estamos a puertas de una segunda vuelta que elegirá a quien ocupará la presidencia del Perú por el periodo 2016-2021. Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (en adelante GTPICNDDHH) vemos de suma importancia  detenernos en las propuestas mencionadas en las últimas semanas,  particularmente en  aquellas  que afectan a los pueblos indígenas: consulta previa, territorio, minería ilegal y medio ambiente.

Nos complace que en los últimos debates el tema de la consulta previa haya sido considerado, aunque lamentablemente solo parece ser una formalidad. La consulta previa debió aplicarse desde que el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigencia en el Perú, en febrero de 1995; sin embargo, años después, desde el 2012, con la actual administración de Ollanta Humala se ha venido aplicando contando con 22 procesos de consulta terminados a mayo de 2016. Este es un punto de partida, la cual no debe retroceder, por el contrario,  debe significar el compromiso de la siguiente gestión de implementar y profundizar este derecho en las diferentes actividades productivas, con mayor  énfasis en la minería (donde solo existen tres proyecto sometidos a consulta previa, y en los que no se registró etapa de diálogo en ninguno de ellos), así como atender procesos de consulta en las medidas legislativas (en el Congreso) que atañen a los derechos de los pueblos indígenas.

Los órganos de supervisión de la OIT han indicado de manera reiterada que “la consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio 169 y la base de todas sus disposiciones”(1). Además contamos con varias sentencias a nivel internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y nacional (Tribunal Constitucional) en las cuales se pone de relevancia la obligatoriedad de ejecutar la consulta previa y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por lo señalado, confiamos en que el señor Pedro Pablo Kuczynski haya entendido el fin y objetivo de la consulta y ya no la considere como un “obstáculo”, como lo señaló en el año 2011(2),  sino como una obligación ética y jurídica que tiene el Perú para asegurar un diálogo horizontal con los pueblos indígenas. En el caso de la candidatura de Keiko Fujimori, uno de sus vicepresidentes, el señor Vladimiro Huaroc dijo durante el debate técnico del domingo 15 de mayo que de la ley de consulta y su reglamentación iban a necesitar reformar “algunos aspectos” pero tampoco se han referido a cuáles. Esperamos se haya aprendido de los problemas ocurridos durante la aprobación de la ley y el reglamento de consulta(3) y garanticen una real participación de todos los pueblos indígenas del país en cualquier reforma que quieran llevar a cabo.

Por otro lado, resultan preocupantes las declaraciones realizadas por la candidata Keiko Fujimori respecto al papel que jugará el señor Hernando de Soto en dicho proceso. Es conocido públicamente el rechazo que en varias oportunidades han expresado gran parte de estos pueblos a la figura e ideas que representa el señor De Soto(4) que ha descrito a los pueblos indígenas como “poblaciones que se automarginan”(5), manteniendo un enfoque que busca revertir de modernidad pragmática pero que se ajusta más al ya criticado y defenestrado enfoque del asimilacionismo (planteado en los años 50) que a los estándares internacionales actuales que buscan el respeto al derecho a la diferencia y a la libre determinación de estos pueblos.

En referencia al territorio, debemos señalar que del total de la superficie del Perú, el cual suma 128.5 millones de hectáreas, el 49.1 % (aproximadamente 63 millones de hectáreas) es propiedad o posesión de las comunidades campesinas y nativas, cuyos miembros representan a más del 35 % de la población nacional. Sin embargo la deuda histórica que tiene el Estado peruano no ha sido saldada, aproximadamente el 20.9 % del territorio nacional que se encuentra en posesión de las comunidades nativas y campesinas carece de un título de propiedad. A marzo de 2016, el Perú alberga a un total de 10,529 comunidades rurales, de las cuales falta titular 4,023(6). Debemos señalar que en el Perú los pueblos indígenas están organizados en comunidades campesinas, nativas y de ronderos.

El Estado no ha desarrollado una estrategia adecuada para titular a las comunidades e incluso la política de titulación ha pasado por múltiples instituciones en los últimos años (PETT, COFOPRI, Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura). Por otro lado, existe una oportunidad para mejorar la titulación porque se están canalizando recursos económicos a través de los fondos para el Cambio Climático, sin embargo no hay coordinación intergubernamental entre el gobierno central y regional, ni siquiera hay coordinación intersectorial entre el sector de agricultura, ambiente y cultura.

La posición de ambos candidatos era muy parecida en un inicio. Ambos desconocen la problemática de las comunidades campesinas y nativas, y no tienen propuestas claras respecto a la titulación y desarrollo de comunidades y sus tierras comunales. Ninguna de las dos agrupaciones a lo largo de la campaña ha tenido la iniciativa e interés para entablar un diálogo intercultural con representes de organizaciones de pueblos indígenas. Sin embargo, recientemente ante la reñida disputa de votos, ambos partidos han salido en busca de líderes y organizaciones indígenas que les dieran respaldo. El caso de Peruanos por el Kambio ha sido el más notorio, ya que ha dado más muestras de interés al estar presente en eventos donde se buscó promover el diálogo intercultural con líderes indígenas y sociedad civil; en el caso de Fuerza Popular, simplemente no asistió (lo cual ha sido una constante en los diferentes eventos realizados acerca de pueblos indígenas y medio ambiente).

En medio de ello, cabe destacar que en la última etapa de la campaña Peruanos por el Kambio convocó a algunos líderes y organizaciones indígenas para suscribir un acuerdo con 9 compromisos, dos de ellos a destacar son la creación de un Viceministerio de Pueblos Indígenas y el compromiso de titular las tierras comunales aun restantes. El comportamiento en la campaña electoral por parte de Fuerza Popular ha sido preocupante respecto al tema de políticas públicas para los pueblos indígenas y específicamente respecto a la titulación de tierras comunales, esto se ha agravado más aún con la incorporación del economista Hernando de Soto, para quien la titulación comunal no es importante más bien es un promotor de la titulación individual de las comunidades y bajo esa política la posible extinción de los pueblos indígenas.

Independiente del compromiso en proteger derechos colectivos de los pueblos indígenas como consulta previa y territorio, el partido que llegue a ser gobierno en el periodo 2016-2021 tiene la obligación de tratar con el delicado tema de la minería ilegal e informal. Esta problemática hasta el momento no tiene visos de solución. Y es que no hay una visión integral del problema que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural.

Son muchas las causas de la proliferación de minería ilegal e informal. De esta forma, encontramos la desatención del Estado al sector agropecuario, que es uno de los sectores que emplea a un importante porcentaje de la PEA especialmente en las zonas donde se realiza dicha actividad, y el mantenimiento de cerca de un 30% de la población aún en situación de pobreza y pobreza extrema, genera que sectores de la población busquen diversas actividades para su supervivencia, como en el caso de la minería informal e ilegal, la que reviste interés por los precios internacionales de los metales como el oro. Gran parte de las personas que se dedican a dicha actividad, en realidad no son poblaciones locales, sino que migran de sus zonas de origen hacia las zonas en que se realiza dicha actividad ilegal, generando conflictos locales.

Las débiles capacidades y escasos recursos de los Gobiernos Regionales y las DREM no les permiten tener una acción decidida frente a esta actividad, lo que constituye una  responsabilidad de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Lamentablemente hay una débil institucionalidad pública, especialmente ambiental, una mala gobernanza de los recursos naturales, y subsiste una corrupción institucionalizada en diferentes niveles de gobierno que permite que el statu quo se mantenga. Asimismo, no hay una Ley de Ordenamiento Territorial y políticas públicas que establezcan criterios que determinen si una zona está o no prohibida para la realización de actividades extractivas, en especial en zonas de ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos; la aprobación de una ley de Ordenamiento Territorial es realmente urgente.

Debido a esto es que se requiere tomar una serie de medidas urgentes para combatir este tipo de minería: culminar los procesos de Zonificación Económica Ecológica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT) a nivel nacional, implementar procesos de consulta previa a comunidades campesinas y nativas respecto de su desarrollo y la realización de actividades extractivas en su territorio, prohibir el otorgamiento de concesiones mineras fuera de las zonas permitidas en la ZEE y OT, y de las zonas de amortiguamiento de ANP, ecosistemas frágiles, zonas de producción de agua y de importancia agrícola, potenciar el desarrollo local sostenible para que sus economías no dependan del canon y regalías mineras, promover inversiones en desarrollo económico y productivo dirigidas a los pequeños productores y comunidades campesinas que cada vez más se ven empujadas a realizar actividades de minería informal, fortalecer la institucionalidad pública en la gestión ambiental, el rol de las CAR y CAM, mejorar los mecanismos de participación ciudadana, fortalecer el rol de la OEFA y las capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales, en especial de las DREM, como autoridad ambiental regional respecto de la pequeña minería y minería artesanal.

Frente a ello, nos preocupa la postura que ha mostrado la candidata Fujimori en este tema. No solo ha señalado que derogará los decretos legislativos 1100 y 1105 que impulsó la administración de Humala para la formalización minera, sino que ha firmado compromisos con mineros informales e ilegales (viernes 29 de abril de 2016) señalando que busca la “verdadera formalización de la pequeña minería”. En la presentación pública de dicho compromiso señaló que los mineros que no lograron formalizarse serían “perseguidos” e “investigados”(7), victimizando a personas que, como cualquier otra persona que es sospechosa de cometer un delito, debe ser investigada, y si es encontrada culpable, sancionada por el sistema de justicia.

Finalmente, no puede descuidarse el tema de la gestión ambiental, prácticamente obviado por ambos candidatos en sus últimas apariciones públicas y los debates presidenciales. Un primer punto por tratar es el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la gestión ambiental. Así, debería fortalecerse el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) e implementar una estrategia con recursos presupuestales y técnicos para mejorar los procesos de evaluación de impacto ambiental.  Ello supondría fortalecer la intervención en ese proceso del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y el Ministerio de Cultura (MINCU). Asimismo, debe fortalecerse al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), lo que supone la defensa del el aporte por regulación establecido a su favor en la Ley N° 27332, sobre el cual existe una controversia legal con el gremio del sector energía y minas.

Pero además debe revisarse la legislación, dada en este último quinquenio, que sucesivamente bajo el falso argumento de reactivación de la economía ha venido disminuyendo estándares, como los denominados “paquetazos ambientales” los cuales han generado el debilitamiento de la institucionalidad, con los Decretos Supremos 054 y 060-2013-PCM, la Ley N° 30230, la Ley N° 30327 y los nuevos Estándares Nacionales de Calidad de Agua aprobados mediante D.S. N° 015-2015-MINAM, evaluándose el impacto que han tenido sobre la salud de las personas y el ambiente,. Es justamente esta ley Nº 30230 la que genera mayor debilitamiento al sistema de evaluación y fiscalización ambiental.

Por ello, debe derogarse el artículo 19° de la Ley N° 30230 que ha debilitado al OEFA y las normas reglamentarias que facilitan su implementación, impidiendo que este organismo regulador del Estado pueda ejercer una eficiente fiscalización ambiental a las empresas, lo que se refleja en la afectación a la salud y el ambiente; asimismo, debe derogarse el artículo 12 de la Ley N° 30230, el cual impide que las multas administrativas financien la potestad sancionadora del OEFA, es decir la supervisión directa a las empresas y la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes.

En ese sentido, es preocupante el proyecto de Ley N°3601/2013 (presentado en coautoría por Fuerza Popular) que pretende facilitar a los infractores a presentar medidas cautelares judiciales que impidan el procedimiento de ejecución y cobranza coactiva que lleva a cabo el OEFA como parte de un proceso sancionador. Es decir, se está facilitando nuevamente la judicialización de las resoluciones administrativas del OEFA. De igual forma nos preocupa la paralización del Proyecto de Ley de Reconocimiento y Articulación de la Vigilancia Indígena (PL 3937/2014), el cual no encuentra pronunciamiento por parte de la Comisión de Pueblos (presidida por Fuerza Popular).

Es preocupante  el silencio o la poca claridad de los  partidos políticos  sobre los temas anteriormente mencionados. Por ello es que desde el GTPICNDDHH demandamos que el partido político ganador de la contienda electoral tome en cuenta la agenda planteada y construya soluciones participativas, en beneficio de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

Quedamos atentos a su respuesta.

 

Organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

• Asociación Paz y Esperanza

• Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

• Asociación Proyecto Amigo de Huamachuco

• Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

• Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL

• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD

• Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH

• Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

• CooperAcción

• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

• Earth Rights International – ERI

• Fórum Solidaridad Perú – FSP

• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

• Proyecto Amigo

• Instituto de Defensa Legal – IDL

• Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible Perú – IDLADS Perú

• Instituto del Bien Común – IBC

• Red Agua, Desarrollo y Democracia – REDAD Piura

• Red Muqui

• Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

• Servicios en Comunicación Intercultural – SERVINDI

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1. CEACR: Observaciones Generales del Convenio núm.169 de la OIT. 2011.

2. “Esta Ley de Consulta Previa es en realidad un obstáculo a la minería mucho más grande que la sobretasa a las ganancias mineras”. PPK: La Ley de Consulta Previa es un “obstáculo” a la minería:  http://larepublica.pe/30-10-2011/ppk-la-ley-de-consulta-previa-es-un-obstaculo-la-mineria

3. Pronunciamiento del Pacto de Unidad contra el reglamento de la Ley de Consulta Previa: http://www.servindi.org/actualidad/60457

4. Más allá de Hernando de Soto: La lucha de AIDESEP por la Territorialidad Integral: http://www.aidesep.org.pe/mas-alla-de-hernando-de-soto-la-lucha-de-aidesep-por-la-territorialidad-integral/

Comunidades indígenas rechazan visión de De Soto sobre sus territorios: http://www.aidesep.org.pe/mas-alla-de-hernando-de-soto-la-lucha-de-aidesep-por-la-territorialidad-integral/

5. TEDxPuraVida – Hernando de Soto – La Amazonía no es Avatar:  https://www.youtube.com/watch?v=6-08575w72U

6. Ver más en: http://www.ibcperu.org/uncategorized/el-49-del-territorio-peruano-esta-en-manos-de-las-comunidades-rurales/

7. http://larepublica.pe/politica/763857-keiko-fujimori-firma-compromiso-con-mineros-informales-para-captar-votos-video

/por

RED MUQUI participó en diálogo intercultural con Bolivia y Colombia organizado por IDECA

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EN ENCUENTRO INTERNACIONAL

La RED MUQUI y sus miembros, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), Suma Marka, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF Cusco) y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), representaron al Perú en el ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Identidades, descolonización y diálogo intercultural. “Pensar, sentir y hablar el sur desde el Sur”, que se llevó a cabo el pasado 22, 23 y 24 de abril en la ciudad de Chucuito (Puno).

Este encuentro congregó a diferentes organizaciones de derechos humanos y cuidado del medio ambiental de Perú, Bolivia y Colombia, teniendo como resultado un espacio de reflexión y aprendizaje, en donde los límites territoriales se disiparon para mostrarnos y fortalecernos en base a nuestros puntos en común, pues los tres países comparten la misma historia como pueblos originarios, la cosmovisión, las costumbres y saberes ancestrales que priorizan el respeto a hacia la naturaleza.

Como organizador de este encuentro, IDECA señaló que en la reivindicación de los pueblos originarios se continúa hablando de colonialidad, descolonización e interculturalidad ante las nuevas propuestas políticas en diferentes países de América Latina, las mismas que ponen en peligro el conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas y su modo de vida vinculado a los recursos naturales y el medio ambiente.

En este contexto, surgió este encuentro internacional andino que tiene por objetivo, profundizar el diálogo intercultural junto con la comprensión del agua y género, desde la visión de las culturas andinas-amazónicas, a fin de promover la reflexión crítica y la apertura hacia la descolonización de conocimientos, además de plantear nuevas alternativas de vida que se centren en una convivencia armónica con la naturaleza. En este punto se plantea la filosofía originaria del “buen vivir”.

“En pleno siglo XXI, aun no se han superado los discursos de colonización y se viven escenarios de conflictos culturales, donde las cargas ideológicas de discriminación hacia el otro es pan de cada día”, indicó INDECA.

Para ello, el ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Identidades, descolonización y diálogo intercultural. “Pensar, sentir y hablar el sur desde el Sur” presentó tres ejes temáticos: Cosmovisión e identidades Andinos-Amazónicos, descolonización desde el sur y diálogo intercultural.

Los participantes realizaron conferencias magistrales, ponencias y grupos de trabajo, como resultado de estas actividades, las organizaciones expusieron los resultados de sus reflexiones, así como del intercambio de sus experiencias y conocimientos, todos basados en: Monitoreo de agua, defensa del territorio, y género, agua y territorio. De este trabajo también resultó la conformación de redes y fortalecimiento de vínculos entre las 12 organizaciones participantes.

De manera paralela al evento, las organizaciones tuvieron la oportunidad de presentar un stand informativo para dar a conocer el trabajo de cada una de sus instituciones, materiales y publicaciones del mismo. Asimismo, en la municipalidad de Challacollo se llevó a cabo una tarde cultural de presentaciones artísticas como danzas, música y poesía propia de cada lugar.

DATO:

Por parte de Perú participaron IDECA, CEAS, DHSF, Suma Marka, todos miembros de la RED MUQUI; por Bolivia ACLO Chuquisaca, ACLO Potosí, la Fundación Nuna, CENDA, CIPCA Norte Amazónico y CIPCA Altiplano; de Colombia participó el CODACOP.

VIDEOS:

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Dialogo Intercultural – Fidel Tubino

Un análisis sobre la dimensión intercultural de los conflictos socio ambientales, la internalización de estereotipos,  los estigmas como patología social que no nos permite tener un proyecto conjunto de país y la necesidad de tener un estado multicultural y pluricultural.

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Saberes ancestrales – Porfirio Musaja (Puno)

Musaja nos brinda un emotivo testimonio sobre el respeto hacia la madre tierra, entendida como un ser vivo y por lo tanto debemos percibir las señales sutiles que presenta a través de todos los elementos que la conforman. Haciendo un llamado a la defensa de la naturaleza ante la ambición del ser humano.

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Saberes ancestrales – Rolando Pilco (Puno)

Pilco nos cuenta sobre las costumbres y rituales en torno al cuidado del agua que han pasado de generación en generación y la importancia de preservarlos e incorporarlos a la gestión y vigilancia del agua en la actualidad.

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Lucha y resistencia en Espinar – Elsa Merma (Cusco)

El testimonio de Elsa Merma trata sobre lo que significa vivir con las repercusiones de la actividad extractiva, haciendo un llamado a la resistencia y la lucha como único camino para hacerle frente a los abusos de las empresas transnacionales que parecen ser avalados por un estado ausente.

 

Fotos y videos: Comunicaciones RED MUQUI

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Denunciamos nuevo intento de debilitamiento de la OEFA desprotegiendo a los Pueblos Indígenas y el Ambiente

En vista de las constantes modificaciones a la legislación ambiental nacional para promover las inversiones, debilitando la normativa e institucionalidad ambiental, las organizaciones abajo firmantes, nos pronunciamos para denunciar un nuevo intento de debilitamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), frente a lo cual expresamos lo siguiente:

• Que se archive el Proyecto de Ley N° 3601/2013 que busca dar facilidades a las empresas infractoras para no pagar las multas que le impone el OEFA. Esta norma facilita a los infractores a presentar medidas cautelares judiciales que impidan el procedimiento de ejecución coactiva que lleva a cabo el OEFA como parte de un proceso sancionador. Es decir, se está facilitando nuevamente la judicialización de las resoluciones administrativas del OEFA, aspecto que superado con la Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Este proyecto de Ley ha sido presentado por los congresistas Luis Iberico Nuñez, Martha Chávez Cossío, Juan Carlos Eguren Neuenschwander, Luis Fernando Galarreta Velarde, Alberto Ismael Beingolea Delgado, Richard Frank Acuña Nuñez, Gladys Natalie Condori Jahuira, Maria Soledad Pérez Tello De Rodríguez. Esta propuesta se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República para su discusión y de ser el caso posterior aprobación.

Asimismo, llamamos la atención sobre las consecuencias de contar con un marco institucional débil, por ello reiteramos:

• Que se derogue el artículo 19° de la Ley N° 30230 (llamado “Paquetazo Ambiental”) que en pro de la promoción de las inversiones ha debilitado al OEFA, impidiendo que este organismo regulador del Estado pueda ejercer una eficiente fiscalización ambiental a las empresas, lo que se refleja en la afectación a la salud y el ambiente. Lo pernicioso de esta ley se evidencia en los últimos derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía peruana. En este caso, se esparcieron miles de barriles de petróleo sobre el agua (de consumo directo de la población), suelo, flora y fauna, que afectó la salud de más de 200 personas. Se evidencia también en casos de contaminación minera en ambiente y afectación de salud, como en Espinar (Cusco), La Oroya (Junín), Pasco y otros, que han sido declarados en emergencia en su momento. A causa de esta norma son los propios afectados quienes deberán demostrar si hubo daño real y muy grave en su salud para que la OEFA pueda multar a la empresa.

• Que se revise y modifique el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA (aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 016-2015-OEFA/CD, publicado el 28 de marzo del 2015), ya que permite que la Ley N° 30230 sea la regla y no la excepción. De esta manera, se instaura un nuevo enfoque que otorga facilidades a las empresas, a pesar de haber cometido en reiteradas ocasiones faltas ambientales, siendo las multas el último recurso para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y reduciéndolas a la mitad. La multa completa se impondría solamente en caso de comprobarse daño real a la vida y salud de las personas, por ausencia de instrumentos de gestión ambiental al momento de desarrollarse las actividades o por ejecutarse en zonas prohibidas, o por reincidencia de infracciones. Además, las empresas pueden acceder a la subsanación voluntaria para situaciones donde se ha producido daño potencial a la flora y fauna. La multa de ésta manera pierde su carácter disuasivo, de obligar a las empresas a cumplir con las normas ambientales.

• Que se derogue el artículo 12 de la Ley N° 30230, la cual impide que las multas administrativas financien la potestad sancionadora del OEFA, es decir la supervisión directa a las empresas y la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. La labor de supervisión que realiza este organismo regulador permite determinar si las empresas están cumpliendo o no con sus obligaciones ambientales.

• Que no se elimine el aporte por regulación en favor del OEFA, regulado por la Ley N° 27332, que actualmente se encuentra en controversia legal dado que el gremio del sector energía y minas se niega a pagar. El aporte por regulación es una de las principales fuentes de ingreso del OEFA, pues permite financiar su función supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, entre otras importantes funciones que realiza esta institución para hacer cumplir la legislación ambiental en el país.

• Que antes de la aprobación de toda política, norma, plan y programa se cuente con procesos de discusión sobre sus alcances e impactos con diversos actores en el ámbito nacional y regional. Para tal fin es necesario contar con mecanismos de transparencia, acceso a la información, consulta previa a los pueblos indígenas, y participación adecuada a la población y comunidades, en especial, aquella que será impactada por proyectos extractivos y de infraestructura.

Por lo expuesto como sociedad civil expresamos nuestra preocupación ante este proceso de debilitamiento del OEFA y expresamos que seguiremos denunciando estos hechos que vulneran el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado que impacta, sobre todo, en pueblos indígenas.

Asimismo, reiteramos nuestro pedido de contar con una legislación ambiental que realmente prevenga el daño a la salud y vida de las personas, al igual que acciones concretas para prevenir, mitigar y remediar la contaminación ambiental, siguiendo las normas constitucionales y los principios de la Ley General del Ambiente. Así como contar con mecanismos disuasivos que adviertan a las empresas sobre las consecuencias de cometer infracciones ambientales o de reincidir en ellas. El Perú necesita inversiones pero inversiones sostenibles, en los lugares donde se puedan realizar, que respeten los derechos humanos y el ambiente. En ese sentido, el Estado debe seguir fortaleciendo los instrumentos e instituciones ambientales.

Lima, 26 de mayo de 2016.

FIRMANTES:
Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
Asociación Civil Natura
Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo Tipishca (ACODECOSPAT)
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Central Asháninka del Río Ene (CARE)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)
Centro Labor
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico
CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco
Environmental Investigation Agency (EIA)
Foro Ciudades para la Vida
Foro Ecológico del Perú
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS PERÚ)
Instituto del Bien Común (IBC)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)
RED MUQUI Perú
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

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Sociedad Civil y organizaciones sociales a candidatos: No se puede hablar de democracia sin cerrar brechas de desigualdad

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NO HAY DEMOCRACIA SIN IGUALDAD

  • Movimientos sociales de todo el país demandan propuestas concretas que se basen en la democracia y en la lucha contra las desigualdades persistentes.
  • RED MUQUI aportó y suscribió en comunicado público dirigido a candidatos presidenciales

A pocos días de las elecciones presidenciales del 5 de junio, organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas, exigen al candidato de Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, y a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas en plena vigencia de la democracia. Los/as representantes de estos grupos sociales coinciden en que no se puede hablar de democracia sin cerrar las brechas de desigualdad persistentes.

“Oficialmente siete millones de peruanos/as viven en situación de pobreza monetaria, muchos de ellos en zonas rurales. Si vemos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y carencias en el acceso a servicios, el número de peruanos/as pobres es bastante más elevado”, dijo Armando Mendoza, investigador de Oxfam. Mendoza explicó que si bien los programas sociales contribuyeron a reducir la pobreza en los últimos años, no han resuelto las persistentes desigualdades que se expresan en nuestro país en diversas dimensiones como el acceso a servicios básicos y género.

En el caso de los servicios básicos, solo un 30% de peruanos/as accede a la salud por barreras geográficas, culturales o económicas, señaló, Luis Lazo de Foro Salud. Lazo detalló que las brechas de déficit de infraestructura, equipamientos y recursos humanos, genera un abismo entre la necesidad y demanda de la población, y la capacidad de la oferta del sistema de salud vigente. De otro lado, ocho millones de personas en el país no acceden a agua potable.

Sobre los estándares laborales actuales, tres de cada 10 trabajadores peruanos tienen un empleo decente, mientras que siete de cada 10 trabajan en la informalidad y en empleos precarios. Por ello, se exige la aprobación de la Ley General del Trabajo Justa y Democrática, adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores, así como eliminar los regímenes “especiales” vigentes.

Para fortalecer la gobernanza e institucionalidad ambiental, José De Echave, ex viceministro de Ambiente e investigador de CooperAcción identificó como puntos clave la derogatoria de los paquetazos ambientales, la promulgación de la ley de Ordenamiento Territorial, así como el fortalecimiento de la autoridad ambiental y de sus organismos adscritos.

Atender las demandas de los Pueblos Indígenas, fortaleciendo el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales, es una deuda pendiente del Estado.

La violencia contra la mujer es otra problemática desatendida. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Endes 2014), 72% de las mujeres peruanas declaró haber vivido algún tipo de violencia. De acuerdo con Diana Miloslavich, de Flora Tristán, se requiere continuar con los planes y programas actuales de violencia contra la mujer con mayor presupuesto y voluntad política.

Encarar estás problemáticas es clave para terminar con la desigualdad en nuestro país.

Conoce el comunicado REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales aquí: http://bit.ly/25hwCWC.

Quienes suscriben son: Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, Red Muqui.

DATOS:

  • Actúa.pe es una red de vigilancia de discursos políticos, de información y de propuesta, que impulsa la participación ciudadana electoral bajo un concepto interactivo que conecta a los votantes con los/as candidatos/as.
  • Está formada por diferentes organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, e impulsa un proceso electoral en el cual la lucha contra la desigualdad sea parte fundamental de las propuestas políticas.

 

Fuente / Fotos: Actúa.pe

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Foro Indígena de la ONU debatirá medidas de prevención de conflictos

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DEL 9 AL 20 DE MAYO

  • Presidente de este espacio, Álvaro Pop, señala como principal problema la consulta tras aprobación de proyectos extractivos

Desde este martes 9 de mayo, más de mil indígenas de distintos lugares del mundo se encuentran en la sede de Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para participar en la 15ª edición del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La agenda a desarrollarse hasta el 20 mayo, propone analizar los escenarios de paz y de conflicto en el contexto de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, así como de sus derechos e identidades.

Precisamente, en una reciente visita a Perú, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, declaró que “existe una gran brecha entre la legislación peruana y la protección del territorio indígena”. Asimismo, se sorprendió más cuando se enteró del conjunto de leyes conocidas como el “paquetazo ambiental”, el cual debilitó a instituciones ambientales y flexibilizó la fiscalización ambiental a empresas extractivas.

“Nuestro propósito es que el Foro promueva el diálogo intercultural y el respetuoso encuentro de las culturas. Porque es algo que no tenemos”, remarcó Álvaro Pop, el líder activista maya que es el nuevo presidente de este Foro ONU indígena.

En ese sentido, Pop indicó la importancia de analizar y actuar sobre las condiciones de enfrentamiento y descalificación que viven los pueblos indígenas, las cuales son fuente primaria de los grandes y pequeños conflictos.

De igual modo, el guatemalteco resaltó que la avaricia del sistema económico internacional es uno de los factores que llevan al incumplimiento de compromisos como el llamado consentimiento libre, previo e informado. Es decir, que los pueblos indígenas sean informados y consultados «antes» de tomar medidas administrativas que les puedan afectar.

«Uno de los temas que tendrá mayor resonancia en los próximos tiempos será el aumento de la incomodidad de las comunidades ante el abusivo incremento y despliegue de obras, de instalaciones hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones de recursos en territorios indígenas», aseveró Pop en entrevista con El País de España.

Como una de los temas más recurrente en el estallido de conflictos a nivel mundial, Pop subraya la consulta posterior a la instalación de infraestructuras o la explotación de las tierras, lo cual conlleva a la violencia, problemas y abusos por parte de las empresas y los Estados.

«Los pueblos indígenas tienen mecanismos propios para su toma de decisiones. La legitimidad es lo importante, y en ocasiones surge de la forma ancestral en que la autoridad ha sido delegada. Por eso es recomendable hacer una consulta de la consulta: preguntar a las comunidades sobre cómo quieren ser preguntadas”, agregó a El País.

El Foro Permanente también tratará temas relacionados con los jóvenes indígenas, salud, educación, lenguas, derechos humanos, desarrollo económico y social, medio ambiente y cultura. El presidente entrante de dicho evento, Álvaro Pop, manifestó que se buscará concientizar sobre los problemas particulares que enfrentan las comunidades indígenas en los conflictos, y sobre la importante contribución que sus tradiciones y prácticas pueden hacer a la prevención de enfrentamientos y a la paz. Además, dará seguimiento a la Conferencia Mundial de 2014 sobre los pueblos indígenas. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y su relación con los pueblos indígenas, será otro tema destacado en el evento.

Entre las funciones de este Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es el órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que posee el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.

Entre sus funciones se encuentran:

– Prestar asesoramiento especializado y formulará recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo.

– Difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promoverá su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas.

– Preparar y difundir información sobre las cuestiones indígenas.

DATOS:

  • Se estima que en la actualidad hay cerca de 370 millones de indígenas distribuidos en unos 90 países y, aunque representan menos del 5% de la población mundial, se encuentran entre el 15% de los más pobres.
  • El Foro Permanente se reúne una vez al año durante 10 días hábiles. El primer período de sesiones se realizó en Mayo del 2002 y anualmente las sesiones se las realiza en Nueva York.

 

Fuente: El País / Cooperacción / ONU

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