Minera Antapacay amenaza derechos humanos de la población a través de la Policía y el Ministerio Público

Familiares de detenidos en Espinar. Foto: DHSF

En estos últimos meses, los derechos de los pobladores de la provincia de Espinar están siendo afectados por una serie de denuncias interpuestas en su contra por la empresa minera Glencore Antapacay y que vienen acompañadas por maltratos y abusos por parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, según indica el último informe de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) en el Cusco.

Muchos de los “denunciados” son pobladores que viven en las cercanías del proyecto minero Antapacay quienes además de ser perjudicados por esta actividad, también lo son debido a los excesos de la intervención policial. En su informe, DHSF expone como es que los efectivos policiales no recurren a medidas persuasivas y más bien utilizan la violencia aduciendo “un supuesto cumplimiento de sus funciones”, claramente a favor de la minera, y no del orden público.

Por el lado del Ministerio Público, Derechos Humanos Sin Fronteras observa como la Fiscalía se presenta de forma “inmediata” frente a presuntos delitos flagrantes que son denunciados por la empresa minera Antapacay. Asimismo, se denuncia como es que algunos fiscales permiten -en su presencia- que se generen maltratos y vulneraciones de derechos fundamentales, que no se soliciten exámenes de médicos legistas y tampoco se investiguen las razones que motivan el uso de libertad de expresión o movilización pacífica, derechos garantizados por nuestra Constitución Política.

En cuanto a las acciones del Poder Judicial, en el informe se cuestiona cómo es que los efectivos policiales no han sido sancionados por maltratos físicos y psicológicos durante la detención; también se señala el mal uso de la prisión preventiva que es una excepcionalidad para restringir la libertad (conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal).

El informe se basa en los casos de la Asociación de Productores Pecuarios de Hunipampa en Espinar (11 de setiembre de 2015), y el de Juan Cancio Cuti, poblador de 68 años que vive en el sector Pacpacco de la comunidad de Alto Huancane (01 de junio de 2014). Es por ello que se señala la preocupación por la conducción de los procesos judiciales en contra de Juan Cancio Cuti (etapa de juicio oral), así como de Carlos Valentin Umasi, Victor Doroteo Sulla y Jackelin Maritza Umasi, quienes estarán privados de su libertad por seis meses.

Derechos Humanos Sin Fronteras forma parte de los 29 miembros de la RED MUQUI en 11 regiones del país.

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