Berta Cáceres: a diez años de su asesinato y el riesgo permanente para quienes defienden derechos en el Perú

Hoy se cumplen diez años del asesinato de Berta Cáceres, defensora ambiental hondureña, crimen perpetrado por órdenes del poder económico en complicidad con sectores del Estado de Honduras y con financiamiento vinculado a bancos internacionales de desarrollo. Su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ha vuelto a alzar su voz en esta fecha, recordándonos que su lucha sigue vigente y que la defensa de los derechos humanos continúa enfrentando graves amenazas en toda la región, incluido el Perú.

El asesinato de Berta fue un crimen predecible y prevenible. Durante años denunció amenazas constantes e impunes debido a su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, en Honduras, e impulsado por la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Su caso evidenció cómo operan las alianzas entre intereses empresariales, estructuras estatales y redes de impunidad cuando se trata de imponer proyectos extractivos sin respetar los derechos de los pueblos indígenas.

Las mismas estructuras de poder que pusieron en riesgo a Berta se reproducen en el Perú. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre los años 2000 y 2024 se han registrado 733 casos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y ambientales. El riesgo no se limita al asesinato: quienes defienden territorios, agua y derechos colectivos enfrentan estigmatización, persecución judicial, amenazas y campañas de difamación. Diversos informes internacionales han advertido, además, que el Perú se encuentra entre los países más peligrosos para la defensa ambiental.

Si bien el Estado peruano cuenta con el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (D.S. N.° 004-2021-JUS), su implementación sigue siendo limitada e insuficiente por falta de presupuesto y voluntad política sostenida. Fue creado para prevenir ataques y garantizar protección oportuna, pero en la práctica no ha logrado responder de manera integral frente a un escenario de creciente conflictividad y debilitamiento institucional.

En los últimos años se han reportado asesinatos de líderes indígenas amazónicos que enfrentan economías ilegales como la tala y la minería ilegal, así como el narcotráfico, redes criminales articuladas con altos niveles de impunidad. Estas dinámicas se insertan en un modelo económico extractivista y centralista que prioriza la rentabilidad sobre la vida, profundizando desigualdades y vulnerando derechos humanos y de la naturaleza.

Durante el III Encuentro Nacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales, realizado el año pasado en Lima, organizaciones sociales, comunidades y pueblos indígenas analizaron las graves falencias del marco normativo y las debilidades del aparato estatal.

En distintas regiones del país, como la Amazonía, Cotabambas (Apurímac), Cajamarca, Chaparrí (Lambayeque) y Urinsaya (Cusco), persisten casos emblemáticos de defensa territorial que han sido objeto de denuncias infundadas, criminalización sistemática y amenazas.

A diez años de su asesinato, el legado de Berta Cáceres nos convoca a fortalecer la articulación entre luchas, exigir garantías reales para la labor de defensa y no normalizar la violencia contra quienes protegen la vida y el territorio. Defender derechos no puede seguir siendo una sentencia de riesgo.

Foto: composición/Red Muqui/Manos Unidas