La defensa y el cuidado del agua frente a los impactos generados por las mineras, que operan en las cabeceras de cuenca, enfrenta una débil respuesta del Estado peruano y las nulas vías del diálogo para atender estas demandas sociales. Este escenario se repite en varias regiones agrícolas y valles interandinos del país.

Hace semanas, en la provincia de Huanta en Ayacucho, la población se movilizó masivamente para reclamar el retiro de las empresas mineras de sus cabeceras de cuenca, ya que representan un riesgo potencial para el agua que consumen y para la actividad agrícola de las comunidades y poblaciones aledañas.

Este caso no es nuevo, hace más de dos años las autoridades y dirigentes de las provincias del sur de Ayacucho, Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara acordaron formalmente con el gobierno central el cierre de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa propiedad de las empresas Minera Ares S.A.C., Apumayo S.A.C., y South America Mining Investments S.A.C respectivamente. Sin embargo, estos compromisos fueron desconocidos por el Gobierno Nacional, motivado por una campaña de ataques mediáticos de desprestigio en contra de la entonces premier Mirtha Vásquez, auspiciado por los gremios empresariales mineros.

Para las comunidades y pueblos el agua es un bien común, un elemento sagrado que simboliza la vida y espiritualidad. En cambio, para la actividad minera y el Estado el agua es una mercancía. Por ello, el cuidado y preservación cantidad no es prioridad. A la fecha no se ha delimitado ni declarado la intangibilidad de ninguna cabecera de cuenca en el país. El agua continúa en permanente amenaza e incluso es impactada por las actividades extractivas mineras y está en grave riesgo su disponibilidad hídrica, como en el caso del sur de Ayacucho. 

A finales de 2022, el relator de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, instó a las autoridades peruanas a cumplir con las normas para garantizar el derecho al acceso al agua en un contexto de crisis climática: El agua de los ríos y lagunas deben ser protegidas y no se debe permitir actividades mineras en cabeceras de cuenca.

Recordemos que, la Ley N° 30640, Ley de Cabeceras de Cuenca, modificó el artículo 75 de la Ley General de Recursos Hídricos, indica que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en concordancia con la opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar a las cabeceras de cuenca como zonas intangibles. Para cumplir con esta normativa, en el año 2017, se aprobó el marco metodológico de criterios técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuencas hidrográficas; sin embargo, aún no se ha logrado declarar zona intangible ninguna naciente de agua y tampoco este documento recoge los criterios de identificación de la vulnerabilidad ambiental.

Recientemente la Presidencia del Consejo de Ministros ha firmado un acuerdo con las comunidades y la provincia de Huanta en Ayacucho donde se comprometen a proceder con la ANA a identificar y delimitar la protección de la cabecera de cuenca en la zona, algo que todavía no se concreta y difícilmente va a realizar el régimen de Dina Boluarte. 

Actualmente, se otorgan las licencias de uso de agua con base a inventarios hídricos que presentan las empresas mineras, especialmente en lugares pertenecientes a las comunidades campesinas, en un país que no cuenta con un inventario de dicha naturaleza, sin que ningún gobierno de turno lo priorice. Aún así se continúan otorgando licencias a las mineras en cabeceras de cuenca, generando permanentes conflictos socioambientales por el uso del recurso hídrico.

Las cabeceras de cuenca captan el agua de las lluvias, la neblina, los granizos; además, infiltran (el agua) las napas subterráneas y abastecen a los manantiales, acuíferos y ojos de agua. Sin las cabeceras de cuenca que almacenen el agua, no tendríamos disponibilidad hídrica en las ciudades, ni en los territorios comunales. El agua en las comunidades originarias tienen un valor espiritual y cultural, por lo que su defensa también es conservar sus modos y formas de vida. Estas prácticas y saberes en la gestión comunitaria del agua son una forma de relacionarse con el territorio, y no es únicamente un recurso. 

Asimismo, es vital destacar el papel de las mujeres en el cuidado del agua mediante actividades vinculadas al cultivo, a la siembra y cosecha hídrica, a la preparación de alimentos y al cuidado comunitario. A su vez, son afectadas de manera diferenciada por la falta de agua debido a que son las que más demandan de este importante recurso que sostiene la alimentación y la economía de las ciudades y comunidades. 

En ese sentido, el cuidado y la vigilancia comunitaria del agua son un eje fundamental en la lucha de las comunidades originarias y la población local frente a los megaproyectos mineros. La vigilancia y monitoreo ambiental del agua en zonas mineras son un ejemplo de estas acciones organizadas que acompaña la Red Muqui desde el Grupo de Vigilantes y Monitores Ambientales. Y por tanto, desde la campaña Vida o Contaminación demandamos declarar zonas intangibles las cabeceras de cuencas. ¡Valles y ríos para la vida, no para la minería!

Invitamos a que se sumen a nuestra campaña, visitando y difundiendo nuestras redes sociales como son: 

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Fecha de publicación: 21 de agosto de 2024

Ante la expansión minera: las comunidades responden con sus formas de vida ancestrales practicadas durante siglos de resistencia

Tras más de 30 años de intensa actividad extractiva en los territorios del Perú, los megaproyectos que se presentaron como una oportunidad de desarrollo económico y progreso, hoy son fuente de conflictos, desigualdad, vulneración de los derechos humanos y daños al ambiente y a la salud.

Por ello, es necesario analizar sus impactos y buscar alternativas más sostenibles, reales e interculturales que promuevan los buenos vivires de todas y todos.

La minería a gran escala en este nuevo ciclo de expansión, en su afán por explotar los últimos bienes naturales, tiene un impacto devastador en los ecosistemas, que se comprueba en la creciente deforestación, contaminación del agua y del aire, degradación de suelos y pérdida de la biodiversidad.

Asimismo, las comunidades cercanas a los proyectos mineros están expuestas a diversos riesgos para su salud, como la contaminación por metales pesados que, a la fecha, suma más de 10 millones de personas expuestas, según el Ministerio de Salud, en especial mujeres, niñas, niños y jóvenes. También la contaminación del agua con productos químicos y metales tóxicos puede resultar en enfermedades muy graves.

En ese sentido, las promesas incumplidas y las malas prácticas en las relaciones comunitarias entre empresas y comunidades han llevado al aumento de la conflictividad socioambiental y la violación de los derechos humanos. El derecho a la consulta previa y a la participación en decisiones que afectan sus territorios a menudo es ignorado, dejándolas sin voz ni capacidad para influir en el destino de sus tierras. El desplazamiento forzado y el despojo de tierras también son recurrentes en muchos territorios donde se asientan los proyectos mineros, que llegan a afectar la vida y la cultura de las comunidades.

Frente a estos desafíos, cada vez más comunidades y población organizada son conscientes que sus formas de vida basadas en el concepto de los buenos vivires practicadas durante siglos de resistencia frente al colonialismo son alternativas probadas frente al publicitado y nunca alcanzado “desarrollo” que proponen los proyectos extractivos.

Por ello, muchas comunidades locales impulsan iniciativas para reducir su dependencia de combustibles fósiles y la explotación de recursos naturales a través de emprendimientos a escala comunitaria. Además, aplican y preservan prácticas ancestrales de agroecología, proyectos de ecoturismo, entre otros que generen ingresos económicos sin dañar el medio ambiente.

La búsqueda de alternativas al extractivismo es un desafío que evidencia la necesidad de repensar el modelo de desarrollo basado en el consumismo y priorizar el respeto por la naturaleza, la salud, la vida y los derechos de las personas. Solo a través de un enfoque integral y participativo podremos construir un futuro sostenible y en armonía con nuestro planeta.

Por lo expuesto, consideramos que es hora de revelar los mitos mineros y caminar hacia una sociedad más justa, solidaria, equitativa y sostenible, que privilegie lo colectivo y la protección de la Pachamama, un mundo donde quepan todos los mundos.

La campaña de los defensores y defensoras visibiliza a nivel local, regional y nacional la situación de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales que son constantemente criminalizadas, violentadas e incluso asesinadas. Asimismo, la campaña busca generar presión social al Estado peruano en sus diferentes sectores y niveles, para que se implementen mecanismos de protección, denuncia y reparación en favor de las personas defensoras del Perú.

¿Cúales son las demandas de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales? Debido a que las personas defensoras de las diferentes regiones viven en diferentes contextos sociales, económicos, entre otros, muchas de sus demandas son diferentes, pero a continuación, se señalan las demandas comunes que existen:

• Que el Estado y las empresas extractivas respeten sus derechos, así como los del medioambiente
• Que se deje de criminalizar la protesta, así como hostigarles y violentarles por defender sus derechos que son afectados por la actividad minera.
• Que se implementen medidas de protección como muestra del respeto a su labor de defensa de derechos. Así como la implementación de mecanismos de reparación a las personas afectadas por la contaminación y que han sufrido por la defensa de sus derechos.

¿Cuáles son los logros hasta ahora?

1. El MINJUS se comprometió a dotar de presupuesto al Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores de DDHH; se solicitó la presentación del Acuerdo Plenario en temas de criminalización a la Corte Suprema de Justicia (este acuerdo aún no se presenta).
2. Se comprometió a evaluar la entrega de una indemnización a los deudos de personas fallecidas o que hayan sufrido mutilaciones, debido a su labor en defensa de sus recursos naturales.
3. Se logró realizar una reunión entre el viceministro Guillermo Vargas y los voceros/as de las personas defensoras de derechos humanos de diferentes provincias del país. La reunión tuvo como objetivo dialogar sobre la importancia de garantizar el derecho a la protesta y el acceso a la justicia.
4. También se logró la reunión con el Grupo de Trabajo de Defensores de la Comisión Justicia y DDHH de Congreso para que se impulse la derogación de la “Ley de Gatillo Fácil”, la cual permite que la policía pueda reprimir con armas letales logrando impunidad.

Actividades realizadas: 

El 26 de octubre se realizó el "Encuentro de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales", con 17 defensore/as de los territorios, afectados por metales pesados, criminalizados y amenazados, de distintas partes del país. Ellos llegaron a Lima para exigir la implementación del nuevo protocolo de defensores.

El 27 de octubre se realizó el Plantón frente a la sede del MINJUS con el objetivo de exigir al gobierno protección efectiva de defensores y defensoras frente a los asesinatos, amenazas y criminalización que sufren.

Derechos Humanos Sin Fronteras realizó un el taller de vocerías comunitarias dirigido a defensoras y defensores para la exigencia y defensa de los derechos en los espacios públicos de Espinar y Chumbivilcas, en Cusco.

Grufides organizó un encuentro en el valle de Condebamba, Cajamarca, con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y se conversó sobre el derecho a la protesta, la defensa de las personas defensoras criminalizadas y la protección del valle.

Red Muqui realizó un encuentro con defensores y defensoras de Valle de Tambo, Arequipa, con el objetivo de generar un espacio de diálogo con los líderes/as y dirigentes/as sobre mecanismos de protección para personas defensoras de DDHH e identificar otros mecanismos que las organizaciones y comunidades vienen implementando, además, para contribuir a que los dirigentes/as y líderes/as se auto identifiquen y reconozcan como defensor/a de derechos.

APRODEH organizó la “Escuela comunal de mujeres de comunidades campesinas en el distrito de Uranmarca, Chincheros". En este taller, las mujeres participantes, mostraron su apoyo a defensores y defensoras.

Red Muqui Norte realizó el 3er Taller de la Escuela de Defensores y Defensoras del Norte -en el marco de la Escuela Rosa Quedena-, en el cual los defensores coincidieron en sostener que su labor se centra en denunciar la contaminación de los recursos naturales.

Si bien se han conseguido varios logros, aún falta conseguir que el Estado apruebe el presupuesto respectivo para aplicar el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de DDHH, el cual les brindará seguridad y acceso a la justicia. Además, se trabajará para impulsar la creación de una red nacional de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales, lo cual se estará trabajando a lo largo del año 2022. Finalmente, se integrará como un objetivo la exigencia al Estado de la ratificación del Acuerdo de Escazú.