Ante la expansión minera: las comunidades responden con sus formas de vida ancestrales practicadas durante siglos de resistencia

Tras más de 30 años de intensa actividad extractiva en los territorios del Perú, los megaproyectos que se presentaron como una oportunidad de desarrollo económico y progreso, hoy son fuente de conflictos, desigualdad, vulneración de los derechos humanos y daños al ambiente y a la salud.

Por ello, es necesario analizar sus impactos y buscar alternativas más sostenibles, reales e interculturales que promuevan los buenos vivires de todas y todos.

La minería a gran escala en este nuevo ciclo de expansión, en su afán por explotar los últimos bienes naturales, tiene un impacto devastador en los ecosistemas, que se comprueba en la creciente deforestación, contaminación del agua y del aire, degradación de suelos y pérdida de la biodiversidad.

Asimismo, las comunidades cercanas a los proyectos mineros están expuestas a diversos riesgos para su salud, como la contaminación por metales pesados que, a la fecha, suma más de 10 millones de personas expuestas, según el Ministerio de Salud, en especial mujeres, niñas, niños y jóvenes. También la contaminación del agua con productos químicos y metales tóxicos puede resultar en enfermedades muy graves.

En ese sentido, las promesas incumplidas y las malas prácticas en las relaciones comunitarias entre empresas y comunidades han llevado al aumento de la conflictividad socioambiental y la violación de los derechos humanos. El derecho a la consulta previa y a la participación en decisiones que afectan sus territorios a menudo es ignorado, dejándolas sin voz ni capacidad para influir en el destino de sus tierras. El desplazamiento forzado y el despojo de tierras también son recurrentes en muchos territorios donde se asientan los proyectos mineros, que llegan a afectar la vida y la cultura de las comunidades.

Frente a estos desafíos, cada vez más comunidades y población organizada son conscientes que sus formas de vida basadas en el concepto de los buenos vivires practicadas durante siglos de resistencia frente al colonialismo son alternativas probadas frente al publicitado y nunca alcanzado “desarrollo” que proponen los proyectos extractivos.

Por ello, muchas comunidades locales impulsan iniciativas para reducir su dependencia de combustibles fósiles y la explotación de recursos naturales a través de emprendimientos a escala comunitaria. Además, aplican y preservan prácticas ancestrales de agroecología, proyectos de ecoturismo, entre otros que generen ingresos económicos sin dañar el medio ambiente.

La búsqueda de alternativas al extractivismo es un desafío que evidencia la necesidad de repensar el modelo de desarrollo basado en el consumismo y priorizar el respeto por la naturaleza, la salud, la vida y los derechos de las personas. Solo a través de un enfoque integral y participativo podremos construir un futuro sostenible y en armonía con nuestro planeta.

Por lo expuesto, consideramos que es hora de revelar los mitos mineros y caminar hacia una sociedad más justa, solidaria, equitativa y sostenible, que privilegie lo colectivo y la protección de la Pachamama, un mundo donde quepan todos los mundos.

La campaña de los defensores y defensoras visibiliza a nivel local, regional y nacional la situación de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales que son constantemente criminalizadas, violentadas e incluso asesinadas. Asimismo, la campaña busca generar presión social al Estado peruano en sus diferentes sectores y niveles, para que se implementen mecanismos de protección, denuncia y reparación en favor de las personas defensoras del Perú.

¿Cúales son las demandas de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales? Debido a que las personas defensoras de las diferentes regiones viven en diferentes contextos sociales, económicos, entre otros, muchas de sus demandas son diferentes, pero a continuación, se señalan las demandas comunes que existen:

• Que el Estado y las empresas extractivas respeten sus derechos, así como los del medioambiente
• Que se deje de criminalizar la protesta, así como hostigarles y violentarles por defender sus derechos que son afectados por la actividad minera.
• Que se implementen medidas de protección como muestra del respeto a su labor de defensa de derechos. Así como la implementación de mecanismos de reparación a las personas afectadas por la contaminación y que han sufrido por la defensa de sus derechos.

¿Cuáles son los logros hasta ahora?

1. El MINJUS se comprometió a dotar de presupuesto al Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores de DDHH; se solicitó la presentación del Acuerdo Plenario en temas de criminalización a la Corte Suprema de Justicia (este acuerdo aún no se presenta).
2. Se comprometió a evaluar la entrega de una indemnización a los deudos de personas fallecidas o que hayan sufrido mutilaciones, debido a su labor en defensa de sus recursos naturales.
3. Se logró realizar una reunión entre el viceministro Guillermo Vargas y los voceros/as de las personas defensoras de derechos humanos de diferentes provincias del país. La reunión tuvo como objetivo dialogar sobre la importancia de garantizar el derecho a la protesta y el acceso a la justicia.
4. También se logró la reunión con el Grupo de Trabajo de Defensores de la Comisión Justicia y DDHH de Congreso para que se impulse la derogación de la “Ley de Gatillo Fácil”, la cual permite que la policía pueda reprimir con armas letales logrando impunidad.

Actividades realizadas: 

El 26 de octubre se realizó el "Encuentro de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales", con 17 defensore/as de los territorios, afectados por metales pesados, criminalizados y amenazados, de distintas partes del país. Ellos llegaron a Lima para exigir la implementación del nuevo protocolo de defensores.

El 27 de octubre se realizó el Plantón frente a la sede del MINJUS con el objetivo de exigir al gobierno protección efectiva de defensores y defensoras frente a los asesinatos, amenazas y criminalización que sufren.

Derechos Humanos Sin Fronteras realizó un el taller de vocerías comunitarias dirigido a defensoras y defensores para la exigencia y defensa de los derechos en los espacios públicos de Espinar y Chumbivilcas, en Cusco.

Grufides organizó un encuentro en el valle de Condebamba, Cajamarca, con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y se conversó sobre el derecho a la protesta, la defensa de las personas defensoras criminalizadas y la protección del valle.

Red Muqui realizó un encuentro con defensores y defensoras de Valle de Tambo, Arequipa, con el objetivo de generar un espacio de diálogo con los líderes/as y dirigentes/as sobre mecanismos de protección para personas defensoras de DDHH e identificar otros mecanismos que las organizaciones y comunidades vienen implementando, además, para contribuir a que los dirigentes/as y líderes/as se auto identifiquen y reconozcan como defensor/a de derechos.

APRODEH organizó la “Escuela comunal de mujeres de comunidades campesinas en el distrito de Uranmarca, Chincheros". En este taller, las mujeres participantes, mostraron su apoyo a defensores y defensoras.

Red Muqui Norte realizó el 3er Taller de la Escuela de Defensores y Defensoras del Norte -en el marco de la Escuela Rosa Quedena-, en el cual los defensores coincidieron en sostener que su labor se centra en denunciar la contaminación de los recursos naturales.

Si bien se han conseguido varios logros, aún falta conseguir que el Estado apruebe el presupuesto respectivo para aplicar el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de DDHH, el cual les brindará seguridad y acceso a la justicia. Además, se trabajará para impulsar la creación de una red nacional de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales, lo cual se estará trabajando a lo largo del año 2022. Finalmente, se integrará como un objetivo la exigencia al Estado de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

El Gobierno y las Empresas Mineras priorizan la explotación de los recursos naturales sin importar si sus impactos afectan el territorio, el medio ambiente, la biodiversidad, la cultura y la salud de nuestras comunidades y nuestra población.

Los conflictos socio ambientales mineros NO se van a solucionar si…

• Gobierno y/o Empresas están Amarrados a la corrupción.
• El negocio minero solamente es entre Gobierno y Empresa
• Autoridades y poblaciones no tienen participación en la toma de decisiones.
• Las normas están hechas sólo para facilitar el negocio minero, sin respetar derechos.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

1. No hay una política preventiva de diálogo frente a los conflictos sociales. No se puede decir que “con la plata por delante” (adelanto social) se acaban los conflictos. Si no se “escucha y comprende” antes a las comunidades y poblaciones, y sus perspectivas de vida, los conflictos solo se incuban para explotar más adelante, porque no se tratan los temas de fondo que los generan.
2. El diálogo no está institucionalizado, no cuenta con una normativa que le dé un marco general, ni está considerado de manera transversal antes de cualquier decisión o norma.
3. Las comunidades y poblaciones no cuentan con la información necesaria y oportuna, ni tienen el asesoramiento y acompañamiento técnico que les ayude a entender las normas o proyectos para tomar una decisión adecuada.
4. El Estado no asume un rol garante de derechos de las comunidades y poblaciones en los conflictos, sino que comúnmente favorece a los intereses económicos.
5. No se cumplen los acuerdos suscritos, ni existen en los procesos de diálogo garantes que den seguimiento y fe de su cumplimiento.
6. Las consultas previas en minería, sólo se han desarrollado en proyectos con acuerdos previos con las comunidades, ninguna en casos de conflictividad.
7. Todas las consultas previas se han aplicado luego de otorgar los derechos a las empresas mineras, y luego de la aprobación de los estudios ambientales y demás autorizaciones, es decir, sobre decisiones intrascendentes para la realización del proyecto minero o la normativa en discusión. Se convierte en un mero trámite a cumplir, y deja de ser un derecho que se debe respetar.
8. El Estado ha dejado de priorizar su rol garante de derechos (Art. 1 de la Constitución), en los espacios de diálogo, convirtiéndolos en procesos de negociación donde media entre empresas y comunidades o poblaciones, privilegiando la realización de los negocios antes de hacer respetar los derecho.

LOS CASOS

PIURA

AYABACA Y HUANCABAMBA – MINERA RÍO BLANCO COPPER S.A.
El conflicto se originó porque se pretendía imponer el proyecto minero Río Blanco, antes de la empresa Majaz y ahora de propiedad del Consorcio Chino Zijin, en ecosistemas de páramo y bosque de neblinas que captan la humedad del ambiente y almacenan agua. Así se generan las nacientes de los principales ríos de la región Piura. En el año 2007 se realizaron tres consultas vecinales donde el 95% de la población votó por un desarrollo a base a la agricultura, agro exportación y turismo y en rechazo a la actividad minera.

JUNÍN

MOROCOCHA – MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
El reasentamiento de la población del distrito de Morococha para posibilitar la ampliación del proyecto minero Toromocho , donde opera la empresa china Chinalco, provocó tensión entre la población, la empresa minera y el Estado peruano. La empresa había prometido dar trabajo a la población, generar desarrollo económico en el distrito y respetar el medio ambiente. Sin embargo, no se cumplió. Desde que se constituyó la mesa de diálogo (2008) hasta la fecha, no se ha logrado la firma de un convenio marco que sea respetuoso de los derechos de la población ya reasentada, ni de quienes aún viven en la antigua ciudad. Por ejemplo, la población de Carhuacoto, la nueva ciudad, convive al lado de una antigua relavera, un riesgo para sus vidas.

CAJAMARCA

Celendín – Minera Yanacocha S.R.Ltda.
La cuestionada aprobación del EIA de Minas Conga fue el detonante del inicio del conflicto en Cajamarca. El proyecto minero Conga afectaría 5 principales cuencas y un conjunto de lagunas, manantiales, riachuelos, ríos, etc. por ello la población de la provincia de Celendín y Bambamarca se movilizó multitudinariamente para hacer una inspección a las lagunas y bofedales. Durante el 2011 y el 2012 estalló un conflicto social en la zona que trajo heridos y muertos. A pesar de las mesas de diálogo y acuerdos, poco se pudo hacer para prevenir el conflicto. Después de la respuesta social, se tuvo que paralizar el Proyecto Conga.

CONSULTAS PREVIAS A COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

Según el MINEM hay 11 procesos de consulta previa culminados y 2 en proceso. Todos se han aplicado en comunidades donde ya había acuerdos previos, sin conflictos sociales. Si bien contaron con intérpretes quechuas, no contaron con asesoramiento técnico que permita entender la información técnica alcanzada por la empresa minera y el Estado, y tomar una decisión debidamente informada.

La Defensoría del Pueblo ha informado, que sólo el año 2014, se aprobaron 16 proyectos mineros sin que se haya realizado la consulta previa, a pesar que se constataron en todos ellos que se trataba de comunidades campesinas, incluso de habla quechua.

NUESTRAS PROPUESTAS

Cómo podemos hacer que funcionen los mecanismos de diálogo:

• Crear un Sistema nacional de prevención y atención de conflictos sociales a nivel local, regional y nacional donde el primer estadio de atención sea la municipalidad distrital, que debe contar con una instancia de prevención y atención de conflictos sociales, con funciones claras y definidas, con profesionales capacitados y que cuente con el presupuesto necesario para dicha labor.
• Que las instituciones del Estado asuman como prioridad impulsar los procesos de diálogo de manera transversal, como política de Estado aplicable a toda decisión o normativa, para lo cual debe existir un marco legal que lo respalde. Asimismo se debe asegurar un nivel de institucionalidad que lleve adelante el sistema, con mecanismos administrativos que confluyan y sean parte de un sistema nacional, tal como lo hemos propuesto.
• Que Estado recupere su rol garante de derechos, priorizando su defensa por encima de los intereses económicos, lo que debe ser una premisa que guíe el establecimiento de marcos normativos, políticas públicas y decisiones administrativas.
• Que las entidades del Estado brinden la información necesaria y oportuna, y se otorgue el debido asesoramiento técnico y legal independiente, condiciones mínimas para que las comunidades y poblaciones, puedan tomar decisiones informadas y adecuadas, haciendo respetar sus derechos colectivos e individuales.
• La representación de la población en los procesos de diálogo debe ser equitativa, debiendo garantizarse la presencia de los líderes y lideresas en los espacios de diálogo, así como de sectores invisibilizados como jóvenes, mujeres, y pueblos indígenas.
• El derecho a la consulta previa debe ser entendido como un proceso a través de las diversas etapas del proceso minero, y por ello debe ser aplicado desde incluso el momento en que se solicita el petitorio de una concesión minera, la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA) semi detallado para las actividades de exploración, la aprobación de DIA o EIA semidetallado o detallado para actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, labor general, transporte minero y otras, en la aprobación de actualización de EIA y en el plan de cierre de minas y de pasivos ambientales.
• Se requiere que los procesos de consulta previa de los pueblos indígenas cumplan con una duración adecuada, que permita que las etapas de publicidad, informativa y la de evaluación interna, brinden el tiempo para una debida revisión, y la necesaria asesoría técnica de parte de la población, para que con la información suficiente y comprensible, permita equiparar las asimetrías, con el fin de tomar la decisión más idónea.
• Debe respetarse los espacios de decisión política de las comunidades nativas y campesinas, respetando sus derechos colectivos como se establece en el convenio 169 de la OIT.