INDECOPI DEFINIRÁ SUERTE DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS:
POSIBLE ELIMINACIÓN DE APORTE POR REGULACIÓN AFECTARÍA AL OEFA

El próximo 14 de abril, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) realizará la audiencia del informe oral para adoptar una decisión final sobre la denuncia de cuatro (4) empresas mineras[1] en contra del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para no pagar el Aporte por Regulación (APR) que financia la fiscalización ambiental a cargo del OEFA[2], y con ello afectar gravemente la institucionalidad ambiental.

Actualmente, la fiscalización ambiental del país depende en un 80% del llamado Aporte por Regulación. La no aplicación del mismo significaría la inoperancia de la OEFA para poder seguir fortaleciéndose y continuar implementando las actividades de supervisión, monitoreo y fiscalización que se realiza como garantía al derecho a un ambiente sano y equilibrado de todos los peruanos.

Por ello nos preocupa que según el OEFA, esté en juego la ejecución de diversas  actividades previstas para el presente año en el sector minería: 730 supervisiones, implementación de 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos participativos, entre otras acciones de fiscalización ambiental a los que el Estado se ha comprometido (caso Espinar y cuatro cuencas en la región Loreto).

Esto ocasionaría un mayor debilitamiento de la fiscalización ambiental y podría generar conflictos socio-ambientales en los proyectos, pues es algo reclamado por los pueblos: mayor seguimiento al cumplimiento las obligaciones socio-ambientales de las mineras por parte del Estado.

Frente a esta situación, es un gran riesgo que INDECOPI, desconociendo los fallos del Poder Judicial que validaron la constitucionalidad de este aporte por regulación y la Ley N° 30282, y negándose a internalizar los costos de una actividad riesgosa como la minera,  pueda paralizar la fiscalización ambiental sin considerar los grandes impactos socio-ambientales que esto puede generar, lo cual no debe ser permitido por el Estado.

En ese sentido, siendo que el debilitamiento de esta institución significaría el aumento de los conflictos socio-ambientales, las organizaciones abajo firmantes solicitamos lo siguiente:

1. Que se fortalezca la institucionalidad de la OEFA reconociéndose así el importante rol que cumple en favor de los pueblos del Perú, y no se sigan promoviendo procesos para debilitarla, como ya ocurrió con la Ley N° 30230, al limitar drásticamente su capacidad sancionadora por los próximos tres años.

2. Que se tome en cuenta los conflictos socio-ambientales que pueden generarse si se deja de apoyar la importante gestión de la OEFA, lo cual pondría en riesgo derechos fundamentales y constitucionales a la vida, salud y a un ambiente sano y adecuado.

3. Que INDECOPI suspenda el procedimiento administrativo que busca desconocer el APR del OEFA y reconozca las sentencias que el Poder Judicial ha emitido en los procesos de acción popular, que terminó reconociendo la legalidad y constitucionalidad del APR que percibe el OEFA, habiendo declarado infundada la demanda de acción popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Minera Colibrí S.A.C.

4. Que INDECOPI reconozca la Ley N° 30282 – Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de diciembre de 2014 que establece de forma expresa que el OEFA es acreedor tributario del APR.

Finalmente, las instituciones abajo firmamos manifestamos nuestro apoyo al fortalecimiento del  OEFA para el mejoramiento de sus procesos de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.

 

1. Alternativa – Centro de investigación social y educación popular
2. Asociación Arariwa
3. Asociación Marianista de Acción Social (AMAS)
4. Asociación Nacional de Centros (ANC)
5. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
6. Asociación Proyecto Amigo
7. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
8. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
9. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
10. Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH)
11. Comité de Gestión del Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (CGBU)
12. Confederación Nacional Agraria (CNA)
13. Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)
14. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
15. CooperAcción
16. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
18. Desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
19. Environmental Investigation Agency (EIA)
20. Fórum Solidaridad Perú (FSP)
21. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
22. Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
23. Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)
24. Grupo Propuesta Ciudadana
25. Instituto de Defensa Legal (IDL)
26. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
27. Instituto del Bien Común (IBC)
28. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
29. OXFAM Perú
30. RED MUQUI – Red de propuesta y acción
31. Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD)
32. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)
33. Verónika Mendoza (Congresista de la República)

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[1] Cía. Minera Pampa de Cobre S.A., Cía. Minera Vichaycocha S.A.C., Sociedad Minera Corona S.A.C. y Cía. Minera Caudalosa S.A.

[2] Estas empresas aducen que el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM que fija el APR a favor del OEFA en 0,15% de la facturación anual (del 1% que la legislación fija como valor tope) sería según ellas ilegal, desconociendo la existencia de tres leyes previas que sustentan esta contribución.

El Presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Hugo Gómez, dará a conocer la posición institucional sobre las demandas interpuestas ante Indecopi, por las empresas mineras, a fin de no pagar el Aporte por Regulación. En el caso en que se favorezcan las demandas de estas empresas, se debilitaría la fiscalización ambiental en el Perú, ya que este aporte representa el 80% del presupuesto institucional para el presente año.

Además, participará el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, respaldando la posición institucional del OEFA.

El próximo 20 de marzo se llevará a cabo una audiencia de informe oral en el Indecopi para adoptar una decisión final respecto de la denuncia presentada por Sociedad Minera Corona S.A.C. contra el OEFA a fin de no pagar el Aporte por Regulación (APR). De favorecer a esta empresa, el OEFA tendría serias dificultades para cumplir sus actividades de fiscalización ambiental previstas para el presente año, pues dicha contribución, para el 2015, representa el 80% de su presupuesto institucional.

El 14 de octubre del 2014, en primera instancia, el Indecopi, si bien señaló que las empresas mineras deben pagar el APR, y el OEFA percibirlo, dicha instancia señaló, en nuestra opinión incorrectamente, que el OSINERGMIN debía cobrar el APR y luego transferirlo al OEFA, desconociendo la condición de acreedor tributario del OEFA.

A la fecha, el Poder Judicial ha emitido dos sentencias (procesos de acción popular) que ratifican la constitucionalidad y legalidad del APR que percibe el OEFA y, en consecuencia, ha declarado infundada la demanda de Acción Popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Minera Colibrí S.A.C. Además, a fines de 2014, se emitió la Ley N° 30282 – Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, que ratifica la calidad de acreedor tributario del OEFA con relación al APR.

El OEFA exhorta al Indecopi a que, en la decisión final, respete los pronunciamientos del Poder Judicial y la Ley N° 30282, y desestime la denuncia planteada por la empresa minera. De lo contario, el Indecopi estaría desconociendo la prevalencia de los fallos del Poder Judicial sobre los suyos, que son de carácter administrativo, y las atribuciones que el OEFA tiene asignadas por ley.

El OEFA se encuentra ante la amenaza de no poder realizar las actividades que ha previsto para el presente año en el sector minería: 730 supervisiones, implementación de 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos participativos, entre otras actividades de fiscalización ambiental. Esta situación es grave, pues se paralizaría la fiscalización ambiental en sectores sumamente sensibles por los impactos ambientales que pueden generar.

Por ello, el Presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Hugo Gómez, dará a conocer la posición institucional sobre las demandas interpuestas ante Indecopi, por las empresas mineras, a fin de no pagar el Aporte por Regulación. En el caso en que se favorezcan las demandas de estas empresas, se debilitaría la fiscalización ambiental en el Perú, ya que este aporte representa el 80% del presupuesto institucional para el presente año.

Además, participará el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, respaldando la posición institucional del OEFA.

Ayer, en  la sesión de la Comisión de de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República se debatió el Proyecto de Ley N° 3941 que promueve “las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social”, denominado el cuarto “paquetazo”.

Pese a que el Presidente de la comisión, no considero invitar a los representantes de los pueblos indígenas de sierra y selva, Antolín Huáscar representante del Pacto de Unidad y Presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y Henderson Rengifo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) estuvieron presentes durante la sesión de la comisión, exigiendo no aprobar el proyecto de Ley 3941, gracias a la invitación que le hizo la Congresista Veronika Mendoza para que planteen sus perspectivas ante la norma mencionada.

A pesar de no haber sido invitados oficialmente, Antolín Huáscar y Henderson Rengifo exigieron que se regrese el Proyecto al ejecutivo y que se aplique consulta previa antes de pasar por su aprobación. “Es fácil legislar sin conocer las tierras de los pueblos indígenas”, dijo Rengifo y demandó que debe haber un diálogo transparente que genere un Estado que les incluya y que les informe de que trata esta ley “Nuestros derechos como pueblos indígenas están en peligro, y vamos a resistir y protestar si no se considera un proceso previo de información.” reitero Rengifo ante los miembros de la comisión a pedido de las congresistas.

El congresista oficialista Johnny Cárdenas mencionó: “no podemos poner todo a consulta previa, pues ello no permite gobernar”, demostrando con ello su rechazo a consultar a los Pueblos Indígenas sobre el PL 3941, cuya aprobación afectaría la propiedad comunal. Muy por el contrario Verónika Mendoza replico “Todas las medidas que puedan afectar intereses de los Pueblos Indígenas deben ser materia de consulta, es una obligación del Estado hacerlo”

La congresista Marisol Pérez Tello tuvo frases en contra de la aprobación del Proyecto Ley, tales como: “no ha habido interés en los técnicos de entender donde están las tierras de las comunidades y respetarlas, al otorgar derechos”.

Verónika Mendoza afirmó que la mayor parte de los pueblos indígenas de la Sierra y Amazonía no están titulados ni siquiera ubicados y referenciados. “Los inversionistas no tienen dónde ir para conocer donde hay pueblos indígenas y a quienes podrían afectar sus actividades”. De otro lado lamentó que las “tierras eriazas” que supuestamente pertenecen al Estado, en muchos casos están en posesión o son propiedad de Comunidades Campesinas o Nativas por décadas. “Son cerca de más de 900 comunidades que no están tituladas y registradas sólo en la amazonia y otras tantas en la sierra” aseveró Mendoza.

Es una barbaridad decir que no hay Pueblos Indígenas en costa y sierra, luego de que se apruebe esta norma (Proyecto de Ley 3941) estos pueblos van a exigir titulación de sus tierras en la Corte Interamericana, pues tienen derechos reconocidos a nivel nacional e internacional y ¿Quién va a pagar la defensa del Estado por ello?… todos los peruanos, por ello se deben de exigir procesos de titulación” menciono la Congresista Marisol Perez Tello del PPC.

Respecto a la problemática ambiental referida también en el Proyecto de Ley 3941, la congresista Veronika Mendoza mencionó “La certificación ambiental que estaba en manos de los sectores y ahora pasó al SENACE, hasta ahora no funciona. No se clasifica estudios ni evaluaciones. Es un cascarón”, concluyendo que la normatividad ambiental se ha ido afectada por la modificación normativa realizada a lo largo del año.

El Presidente de la Comisión, Federico Pariona, decidió cerrar el debate, pasando la  sesión para la próxima semana, en la cual nuevamente se verá como punto de agenda el Proyecto de Ley 3941, buscando ser aprobada

El último sábado 14 de marzo, la población de Espinar amaneció con la noticia que confirmaba la visita del Ministro de Salud Aníbal Velásquez, acompañado de una importante comitiva conformada por el Viceministro de Salud Pública Percy Minaya, el Director de Dirección Regional de Salud Cusco, doctor José E. Bernable y el presidente regional del Cusco, Edwin Licona.

Durante las primeras horas de la mañana, las autoridades se dieron cita en una reunión a puertas cerradas en el Hospital de Espinar, para debatir sobre la situación de la población afectada por metales pesados y otras iniciativas a mediano y largo plazo respecto del sector salud. Luego, las autoridades se dirigieron en la Plaza de Armas de la ciudad de Yauri, capital de la provincia, donde la población y sus organizaciones se encontraban reunidas. Este momento fue denominado como el décimo primer Encuentro Descentralizado en Espinar, organizado por el gobierno regional.

¿A qué se debe la visita del ministro de Salud y su comitiva? Todo indica que la visita intenta ser una respuesta frente a la tensión y el malestar que se viene acumulando por las promesas incumplidas del proceso de diálogo y las graves denuncias sobre la presencia de metales pesados en la población, daños en la salud, ocultamiento de información, ausencia de atención a los afectados y la indiferencia de las entidades competentes para actuar frente a esta urgente situación sanitaria.

Días antes de la visita, en Lima se había anunciado la ejecución de los proyectos de inversión comprometidos en la mesa de dialogo de 2013 y que a la fecha no se han implementado.

MÁS COMPROMISOS

Durante la reunión en el hospital, una lideresa de la provincia, la señora Melchora Surco, comunera del sector de Pacpacco (Alto Huancané) uno de los  más afectados, logró acceder a la sesión para interpelar directamente al Ministro: “yo sólo quiero vivir sana como usted” señaló la lideresa, explicando su situación frente al ministro que se ha comprometido personalmente a dar atención a su caso y al del sector de Pacpacco.

Más tarde, ya en la Plaza de Armas, el ministro anunció el inicio de la elaboración de un expediente técnico para la construcción de un moderno hospital en la ciudad de Espinar. Según señaló, la primera piedra sería colocada en el año 2016, incluyéndose en el proyecto de inversión el pago al personal necesario para su funcionamiento.

Los anuncios continuaron ante una población que se mostraba desconfiada, aunque con expectativa. Finalmente, el ministro hizo referencia explícita a la atención de los casos de exposición de metales pesados en la población de diferentes comunidades de la provincia:

“Hemos venido con especialistas médicos que han estado 3 días para poder atender a las personas que viven en zonas donde se les detectó en algún momento metales pesados, ahora se les está dando la atención médica, hemos traído laboratorio, medicamentos y estamos evaluando con ellos las medidas para mejorar su salud (…)

Vamos a volver 9, 10 y 11 de abril… Otra vez vuelven especialistas para hacer atención y seguimiento para las personas que viven en las áreas afectadas de Espinar (…) esto para poder manejar el tema de los metales pesados en Espinar, en un trabajo que estamos coordinando con el Gore Cusco”.

UN CAMINO DIFICIL

Diferentes organizaciones de comuneros afectados y otras organizaciones representativas de la provincia no lograron reunirse con el equipo ministerial para debatir sus casos.

La gran pregunta que queda sin respuesta es sí se harán efectivas las nuevas promesas del Ejecutivo, considerando que no se ha informado sobre fechas, plazos, responsabilidades y procedimientos específicos para la atención de los afectados. Incluso, más allá de señalar el 2016 como una fecha tentativa, no se ha alcanzado ningún cronograma para la construcción del esperado Hospital para la provincia.

La reacción de la población se comienza a sentir. La denuncia sobre la presencia de metales pesados en un número importante de comuneros se va expandiendo en toda la provincia. Se exige un plan integral de salud, que abarque la toma de muestras en un rango más amplio de la población; el diagnóstico de los resultados; el tratamiento necesario y sobre todo, la determinación de responsables. La asociación de los impactos en la salud de la población de Espinar con la actividad minera es inevitable entre los comuneros.

Mientras tanto, la situación de incertidumbre y desconfianza continúa, alimentando la tensión. Por ejemplo, muchos de los pacientes atendidos por la campaña de salud anunciada por el ministro, son personas provenientes de las comunidades campesinas, quechua hablantes y de edad avanzada, que en muchos casos  no cuentan con una cobertura de salud que les permita el acceso a los medicamentos recetados por los médicos visitantes.

Los comuneros afectados, empiezan a recurrir ante distintas instituciones de la provincia buscando respuestas y soluciones. Si bien la atención médica de los últimos días constituye un alivio para muchos, aún no se sabe a ciencia cierta cuál será el plan de acción para la provincia.

Durante la tarde del día sábado 14 de marzo y la mañana del domingo 15, integrantes de CooperAccion recibieron más de 15 casos de comuneros que,  alertados por los anuncios del ministro, se acercaron a nuestras oficinas. Las denuncias son graves. Muchos de ellos recibieron únicamente una hoja de resultados que, en lenguaje técnico, señalaba la presencia de diversos metales en sus organismos. Nunca se les brindó información adecuada, ni se les comunicó la interpretación de los resultados. Sin información sobre los valores que se muestran, la lógica reacción es de un creciente temor en la población, que reclama por atención e indemnización de los daños ocasionados.

Estas hojas de resultados, que fueron entregadas a decenas de comuneros  a mediados del 2014, es una clara evidencia de la manera como se ha informado a los afectados. Peor aún, en algunos casos, estos resultados ni siquiera llegaron a sus titulares, ya que fueron entregados en una asamblea general de comunidad. Los omisos a dichas reuniones, nunca los recibieron.

 

Esperamos que en esta ocasión se cumplan los anuncios del ministro de Salud, se respete a las comunidades y se defina un plan detallado de acción en esta localidad. Es inaceptable que se siga postergando la solución a este grave problema que afecta a la población de Espinar.

 

17 de marzo de 2015

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

COOPERACCION

EN ESPERA EN EL CONGRESO

• Propuesta genera diálogo, ahorro estatal, mitiga impacto ambiental, protección a biodiversidad, salud y tranquilidad de poblaciones rurales e indígenas

Está comprobado que la prevención y la alerta temprana puede minimizar cualquier impacto. En el plano social, la experiencia de vigilancia y monitoreo ambiental por parte de las organizaciones indígenas y la sociedad civil han demostrado que aportan previniendo conflictos, además fortalecen la supervisión ambiental que realizan las entidades del Estado. Por eso, más de 500 organizaciones alto andinas y amazónicas hacen una llamado a los congresistas para que se apruebe el proyecto de Ley 3937 ´Ley de articulación y la vigilancia y monitoreo ambiental y social ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental´, que sería de gran utilidad para apoyar una adecuada gestión ambiental que no afecte las inversiones ni tampoco la salud y tranquilidad de los pueblos.

Lizardo Cauper, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que representa a miles de pobladores de comunidades rurales e indígenas, solicitó a la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República la aprobación del dictamen para que este proyecto sea debatido. Señalo que la propuesta es que las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social (OVMAS) sean reconocidas como instancias autónomas que se integran al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de tal manera que se institucionalice su aporte en la protección del medioambiente y apoyo en la supervisión y fiscalización que realizan las instituciones del Estado, respetando sus formas organizativas tradicionales.

Por su parte Walter Pereda, Director de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) que conjuntamente con las organizaciones de base de las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchéz Carrión de la región La Libertad, vigilan la calidad de fuentes superficiales de agua en zonas de actividad de gran minería desde hace 11 años, señala que es importe empoderar a las OVMAS en el conocimiento y aplicación de los protocolos para el recojo de muestras de agua, en un trabajo participativo con apoyo de los técnicos, y que permite con los resultados de los análisis respectivos, apoyar a las instancias competentes del Estado en su tarea de supervisión y fiscalización de éstas actividades.

Según datos de la Defensoría del Pueblo existen más de 200 conflictos sociales, de los cuales el 75% están relacionados al sector minero, lo que trae paralizaciones en la industria, demandas económicas, retraso económico en la región, pero sobre todo afectan las condiciones de vida de los pobladores rurales y pueblos indígenas. En lo que va del 2005, solo se han solucionado 14 conflictos sociales en el país.

Iris Olivera, especialista en temas indígenas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que el proyecto de ley contempla que los reportes de las OVMAS deberán ser considerados obligatoriamente por los organismos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) para elaborar y evaluar los instrumentos de gestión ambiental, ordenamiento territorial y los términos de referencia para la evaluación de proyectos de inversión, entre otros. También podrán proponer el establecimiento de zonas de emergencia ambiental y de áreas críticas, si el nivel de contaminación afecta la salud de las personas; su rol es básicamente preventivo, pues actuarán antes frente a proyectos de inversión.

Lo que queremos es institucionalizar la vigilancia y monitoreo ambiental, esto no solo generará ahorro en el gasto público al mitigar el impacto ambiental, ahorro de recursos al sector privado, salud de la población involucrada, protección de los ecosistemas y biodiversidad, sino que contribuirá al fortalecimiento del sistema nacional de gestión ambiental actuando con actitud preventiva y canalizando los conflictos socio-ambientales. Contribuiremos con ello a que el diálogo se inicie desde un comienzo, que los derechos ambientales y sociales se manejen en el marco de una buena práctica de la gobernanza, indicó Olivera Gómez.

Finalmente Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, resaltó el reconocimiento de las OVMAS y el carácter preventivo de su accionar frente a situaciones de eventual conflictividad social, pues éstas actúan antes del otorgamiento de cualquier derecho que pueda afectar tierras de poblaciones y comunidades campesinas y nativas, permitiendo con ello su protección y el respeto de derechos fundamentales y colectivos.

FOTO: Gobierno Regional de Lima