En el país se han identificado un total de 4,353 pasivos ambientales de alto riesgo, producto de actividades mineras e hidrocarburíferas, cuya remediación exige una atención prioritaria por parte del Estado ya que vienen poniendo en riesgo al ambiente, la vida y la salud de las personas, advirtió hoy el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Durante la presentación del Informe Defensorial Nº 171 denominado “¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”, el funcionario detalló que 4,281 pasivos de alto riesgo son producto de la actividad minera, mientras que 72 son generados por el sector hidrocarburos.

Asimismo, informó que el número total de pasivos ambientales registrados en el sector minero es de 8,616. En el sector hidrocarburos, se tienen registrados 156 pasivos ambientales; no obstante que, en el año 2002, Perupetro informó que existirían más de 6 mil pozos mal abandonados.

En cuanto a las responsabilidades señaló que, en el sector minero, 7,531 casos carecen de responsables y estudios ambientales; mientras que en el sector de hidrocarburos no se ha identificado responsabilidad alguna. Incluso, manifestó que existen 61 pasivos ambientales mineros cuyos responsables mantienen la titularidad de la concesión en donde estos fueron generados. “Los responsables que no remedian los daños que generaron no deben mantener concesiones vigentes, ni mucho menos tener nuevas concesiones”, enfatizó el funcionario.

Añadió que, al cierre de este informe, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas no había aprobado la lista de impedidos de efectuar petitorios mineros o explorar alguna unidad minera como concesionario.

En cuanto al sector de hidrocarburos, durante la investigación realizada, se detectó un retraso de más de cinco años en el inicio de las acciones destinadas a la remediación, pese a que la Ley que regula a este tipo de pasivos se aprobó en el año 2007. Dicha situación se generó por la demora en la reglamentación de la Ley, así como por la paralización por casi dos años de la identificación de los pasivos en dicho rubro. Producto de dicho retraso, no se han identificado responsables, ni se ha remediado ningún pasivo ambiental en este sector.

Por ello, recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros disponer y coordinar con las entidades competentes la atención prioritaria de dicha problemática. Además, solicitó al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector, a intensificar su intervención hasta lograr la remediación de los pasivos ambientales, impulsando y liderando las acciones destinadas a su adecuada gestión.

Exhortó también tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la República a garantizar que en el Presupuesto de la República se asignen los recursos económicos que permitan cumplir con la inmediata remediación de los pasivos ambientales considerados de alto riesgo, sin que para ello sea necesario contar previamente con un responsable determinado.

Finalmente, solicitó al Parlamento derogar el artículo 19 de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, el mismo que contempla la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la reducción del importe de las multas impuestas.

Lima, 15 de julio del 2015.

Oficina de Prensa e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1400?1401?1403 – 1406?1407
www.defensoria.gob.pe

Quienes suscribimos, consideramos, que no importa quién sea o donde viva, toda persona tiene derecho a la salud; por eso, la salud y el desarrollo tienen una relación directa, reconocida por la Constitución del Estado que afirma que toda persona tiene derecho “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”(articulo 2), y también la Ley General de Salud que dice: “La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”

Por tal motivo, todos los esfuerzos para avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, deben coincidir primero en el objetivo de mejorar las condiciones en que vive la persona humana.

Sin embargo, existen procesos intensivos de la actividad humana que pueden menoscabar gravemente la salud, alterando las condiciones tanto ambientales como socioeconómicas que afectan a la población. Así podemos mencionar la contaminación industrial en La Oroya, que se extiende hasta el agotamiento de recursos naturales, el colapso de los sistemas rurales de subsistencia y la presión hacia las condiciones de hacinamiento urbano con altos riesgos ambientales que inciden sobre la salud.

Para poder hacer frente a los problemas que acarrea este tipo de industrias, resulta indispensable estar conscientes de la jerarquía relativa de los problemas de salud ambiental predominantes en La Oroya y la Región Junín. Numerosos estudios nos inducen con insistencia al perfil epidemiológico de la población, los que deben servirnos de base para definir prioridades en la materia y saber que la salud no es una mercancía y el Estado peruano debe protegerla.

Por tanto, frente a la inminente venta y reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que es la industria que contaminó severamente por muchos años y contribuyó a dejar pasivos ambientales, sin solución a la fecha; expresamos nuestra posición en los siguientes términos:

  • Demandamos al Ministerio de Energía y Minas – MINEM y al Ministerio del Ambiente- MINAM, no flexibilicen más los estándares ambientales vigentes, manteniendo el Estándar de Calidad Ambiental de aire para el dióxido de azufre en un valor diario de 80 ug/m3. Es conocido que, la exposición a niveles menores a 20mg/m3 de dióxido de azufre en el aire pueden provocar efectos negativos en la salud de las personas por ser irritante y corrosivo en el ambiente (Organización Mundial de la Salud).
  • Solicitamos, el establecimiento de una plataforma virtual de información accesible a la sociedad civil organizada y población en general, que publique los resultados de la calidad ambiental recogidos mediante prácticas de monitoreo participativos.
  • Demandamos, que los diferentes sectores del gobierno vinculados a la actividad minero metalúrgico y la salud, mantengan información pública accesible de los reportes diarios y mensuales de los registros de PLOMO, ARSENICO, MERCURIO, CADMIO, PM10, PM 2.5 y SO2 emitidos en la ciudad de La Oroya.
  • Insistimos en la implementación de sistemas de alerta temprana efectivos para prevenir riesgos y salvaguardar la salud de los residentes de la ciudad de La Oroya y la Región Junín.
  • Invocamos por el establecimiento de una instancia del Gobierno Regional de Junín para la coordinación intersectorial en materia de salud, ambiente y desarrollo, buscando diagnosticar y monitorear los problemas sanitarios relacionados con la contaminación ambiental, planear y ejecutar acciones y programas para resolverlos.

Esperamos que en esta oportunidad el Estado peruano, asuma una posición de defensa de la vida digna y la salud para todos los peruanos y peruanas.

Huancayo, 06 de julio del 2015

MESA TECNICA DE LA OROYA, MOVIMIENTO POR LA SALUD DE LA OROYA, RED UNIENDO MANOS PERU, ORGANIZACIONES ZONALES DE ATENCION EN ALIMENTACION Y SALUD LA OROYA, RED DE PROMOTORES Y PROMOTORAS ECOLOGICOS DE LA REGION JUNIN EL MANTARO REVIVE, PASTORAL SOCIAL DE DIGNIDAD HUMANA-COMISION DE ECOLOGIA, ARZOBISPADO DE HUANCAYO- PASTORAL DE SALUD, VICARÍA I – HUANCAYO, VICARÍA III – CONCEPCIÓN, MESA DE DIALOGO AMBIENTAL PROVINCIA YAULI-LA OROYA, MESA DE DIALOGO AMBIENTAL DE LA REGION JUNIN, CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER Y MESA DE DIALOGO DE LA MUJER HUANCAYO, CARITAS ARQUIDIOCESANA DE HUANCAYO, MESA DE DIALOGO AMBIENTAL PROVINCIA JUNIN, CPDR EL DIA DEL PUEBLO, RED MUQUI PERÚ, RED MUQUI CENTRO.

En mayo de 2012 en la Provincia de Espinar tras el conflicto socio ambiental, se suscitaron graves hechos de violencia y criminalización de líderes y dirigentes. Hecho que género indignación de la población, debido a la prepotencia con la que actuaron la empresa minera Xstrata Tintaya y la Policía Nacional de parte del Estado.

El caso de Espinar continua vigente con los juicios seguidos a Oscar Mollohuanca, ex alcalde de la provincia de Espinar, Herbert Huamán presidente de la FUDIE – Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar y Sergio Huamani, integrante de la FUDIE y la FUCAE – Federación Única de Campesinos de Espinar. Los procesos judiciales evidencian la persecución a líderes sociales por parte del Estado y la criminalización de la protesta en especial en casos relacionados con la defensa del medio ambiente; Por otro lado se evidencio la relación de la policía con la empresa minera Xstrata Tintaya.

Respecto a esto último, se sabe que El ministerio público habría suscrito una serie de convenios entre la Policía Nacional del Perú  y el proyecto minero Xstrata Tintaya, información que ha sido reiteradamente solicitada por la defensa colegiada de los dirigentes actualmente enjuiciados, información que la Región Policial Sur Oriente hasta el momento se ha negado entregar.

En ese sentido, Derechos Humanos Sin Fronteras, institución que trabaja en torno al tema de la criminalización de la protesta y el cuidado y defensa del medio ambiente, entre otros temas, en amparo del Derecho a la Información Pública, ha presentado una Demanda de Habeas Data reiterando el pedido de los convenio suscritos o lo que hubieren entre las empresas Mineras y la Policía Nacional del Perú, entre los años 2010 – 2013 en la región Cusco al jefe de la Región Policial – Sur Oriente.

La audiencia de dicho pedido tendrá lugar el día miércoles 22 de abril en el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq al promediar las 12:30 pm, en la que se presentaran las motivaciones de la Demanda de Amparo y en la que además se deberá hacer presente los representantes legales de ambas partes implicadas, en este caso, Derechos Humanos sin Fronteras y La Región Policial Sur Oriente.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

Son más de 550 millones los agricultores familiares en el mundo. Están presentes en los cinco continentes, y en todos ellos conforman la más numerosa y principal fuente provisora de alimentos. Va creciendo un consenso global acerca de que, en un futuro lleno de incertidumbres, la agricultura familiar (AF) está del lado de las soluciones.

En el Perú, la AF predomina sobre las otras formas de agricultura: agrupa alrededor del 97 % de las 2 213 000 unidades agropecuarias (UA) registradas por el último Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro). Cerca de los dos tercios están en la sierra, pero su número es también muy importante en las otras dos regiones (ver tabla 1)

Su presencia es tan abrumadora, que no puede concebirse el desarrollo rural —la manera más eficaz para combatir la pobreza en el campo— sin que ella desempeñe un papel central. Además, dado el peso de lo rural en la mayor parte de las regiones, el fomento y el progreso de la agricultura familiar serían un impulso importante para el desarrollo descentralizado del país y de cada una de las regiones.

¿Qué es la agricultura familiar?

Aunque hay matices en su definición, hay consenso internacional en cuanto a que una definición operativa de la AF debe contener, al menos, tres elementos comunes: i) la conducción directa del predio y el uso preponderante de la fuerza de trabajo familiar; ii) el acceso limitado a los recursos, sobre todo, tierra y capital; y iii) la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples (por tener recursos limitados, las familias requieren diversificar sus fuentes de ingresos con actividades económicas extraprediales).

Aun participando de estos elementos comunes, el universo de la AF es muy heterogéneo. Reconocer esta heterogeneidad es muy importante, pues, cuando se trata de definir políticas, estas tienen que adecuarse a los diferentes tipos de AF; sería un error pensar que una política puede ser común a todos ellos. A esta tipología se dedica lo que sigue de este artículo.

La heterogeneidad de la agricultura familiar

Para dar cuenta de la heterogeneidad de la AF y elaborar los tipos de AF existentes, utilizamos la información de la base de datos del IV Cenagro y tomamos en consideración dos variables: i) el tamaño de la UA en hectáreas, adoptando como extensión máxima 10 hectáreas estandarizadas (2); y ii) el nivel tecnológico de la UA: la ausencia o presencia de riego y el uso de semillas certificadas (3). Excluimos como parte de la AF a toda UA que emplea asalariados permanentes.

La tipología resultante es la siguiente:

– Agricultura familiar de subsistencia (AFS). Incluye aquellas UA menores de 2 hectáreas estandarizadas y que pueden, o no, hacer uso de ambas tecnologías (riego o semillas certificadas). Aun contando con un nivel tecnológico adecuado, su aprovechamiento enfrenta severas restricciones debido al limitado acceso a la tierra. Tomando en cuenta la variable de control tecnológica, este tipo puede subdividirse en dos grupos:

o  Agricultura familiar de subsistencia crítica. Está conformada por aquellas UA que cuentan con menos de 2 hectáreas estandarizadas, pero no tienen riego y no hacen uso de semillas certificadas. Se consideran en estado crítico, puesto que poseen escasas tierras y su nivel tecnológico —en términos de los dos indicadores estudiados— es nulo.

o  Agricultura familiar de subsistencia no crítica. Está compuesta por UA con extensión menor de 2 hectáreas estandarizadas y que hacen uso de por lo menos una de las dos tecnologías analizadas. Si bien algunas pueden tener un nivel tecnológico adecuado, su limitada extensión restringe las posibilidades de expansión de la producción, lo que hace extremadamente difícil un nivel de capitalización que supere la sola reproducción familiar.

– Agricultura familiar intermedia (AFI). Comprende a todas las unidades agropecuarias de 2 a 5 hectáreas estandarizadas y que pueden, o no, hacer uso de ambas tecnologías. Al igual que en el caso anterior, podemos subdividirla a partir de la variable de control tecnológica:

o  Agricultura familiar intermedia con menor potencial. Reúne a aquellas UA de entre 2 y 5 hectáreas estandarizadas4 que no tienen acceso al riego y no usan semilla certificada; es decir, tienen escaso potencial tecnológico.

o  Agricultura familiar intermedia con mayor potencial. A diferencia de la anterior, aquí las UA usan al menos una de las dos tecnologías (riego y semillas certificadas). La combinación entre mayores recursos naturales (tierra) y tecnológicos abre la posibilidad de superar los requerimientos de la reproducción familiar, aunque, dada la escasa dotación de tierras, con dificultades.

– Agricultura familiar consolidada (AFC). Comprende las UA con extensiones de 5 a 10 hectáreas estandarizadas5. Todas estas UA utilizan al menos una tecnología considerada, aunque con frecuencia las dos. Estas condiciones necesarias son coherentes con la mayor estabilidad de las UA pertenecientes a este segmento y que poseen un mayor grado de capitalización y de acceso a recursos.

¿Dónde están? Distribución de la AF por tipo según regiones

La AF es, como se ha visto, absolutamente mayoritaria en el Perú. La mayor parte —el 88 %— es AF de subsistencia, porcentaje que en su mayor parte está en situación crítica. Apenas el 2.1 % de la AF está consolidada, y el 10 % está en una situación intermedia. Esta distribución varía entre las regiones: en la sierra, el 95 % de las UA son AF de sobrevivencia, y apenas el 1.2 % son consolidadas. En la costa, la importancia de la AFC es mayor, pues representa el 10.4 % de las UA de esa región, pero las de sobrevivencia son casi dos tercios del total regional (tabla 2).

Reflexiones finales

Poca duda cabe acerca de que las necesidades de, por ejemplo, una AFS crítica ubicada en las zonas altas de los Andes son diferentes de las de una AFC localizada en la costa. Mientras que esta última puede aprovechar mejor políticas sectoriales que contribuyan a mejorar su actividad productiva agraria, la primera —dado lo limitado de sus activos— encontrará mejores oportunidades en actividades económicas extraprediales más dinámicas en su distrito o provincia, promovida por los gobiernos regionales o locales y en una perspectiva multisectorial. De ahí la relevancia de tomar en cuenta los tipos de AF: medidas que son apropiadas para un tipo de AF, pueden no serlo para otro tipo. Así, el hecho de que la inmensa mayoría de las unidades agropecuarias familiares son de subsistencia (con escasa tierra y bajos niveles tecnológicos) implica que las políticas orientadas a ellas no pueden limitarse a la actividad agraria: tienen que ser multisectoriales.

Por otro lado, la heterogeneidad de la AF no se limita a las diferencias en el tamaño del predio o en el nivel tecnológico. En el Perú, un porcentaje apreciable de la AF forma parte de comunidades campesinas y nativas. Los diversos entornos institucionales y culturales también deben ser tomados en consideración, pues ellos influyen, por ejemplo, en los comportamientos de las familias, en sus prácticas productivas y en la forma en que usan los recursos. Estas particularidades también tienen que ser consideradas en el momento de diseñarse políticas que pretendan apoyar a la AF, el sector social —con largueza— más importante del campo.

Notas

(1)  Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes / Economista. Investigador del Cepes.

(2)   Puesto que no toda tierra tiene la misma significación económica, para comparar diferentes tipos de tierra es necesario aplicar un coeficiente de estandarización. Este toma en cuenta las diferencias en términos del acceso al riego (distinción entre UA bajo riego y en secano), la localización de las UA (costa, sierra y selva) y el tipo de tierra que compone la UA (tierras con cultivos, pastos naturales, manejados, etc.). Ver José María Caballero y Elena Álvarez, Aspectos cuantitativos de la reforma agraria 1969-1979, apéndice 1, «Metodología para el cálculo de los coeficientes de estandarización de tierras», IEP.

(3)  De una lista extensa de indicadores tecnológicos, se escogieron solo dos: la presencia de riego y el uso de semillas certificadas, pues consideramos que son los principales indicadores del nivel tecnológico de las UA. En el caso del acceso al riego, su importancia es indiscutible en la medida en que es considerado el primer y más importante cambio técnico en la agricultura. En el caso del uso de semilla certificada, lo consideramos un indicador tecnológico clave, puesto que supone el acompañamiento de otras tecnologías (paquete tecnológico), como plaguicidas, insecticidas, fertilizantes, etc.

(4)  En este grupo también están incluidas las UA mayores e iguales a 5 hectáreas estandarizadas que no cuentan con ninguna de las dos tecnologías de estudio. Solo el mayor acceso a la tierra no garantiza que la UA sea categorizada como de agricultura familiar consolidada, pues ese mayor acceso debe ser combinado con un nivel tecnológico adecuado.

(5) Una excepción a esta regla es el caso de las UA que, aun teniendo una extensión mayor o igual a las 10 hectáreas estandarizadas, son consideradas dentro de la AF (consolidada). Este es el caso de las UA, de diez hectáreas a más, cuya fuerza de trabajo no está compuesta por trabajadores remune-rados (eventuales o permanentes), sino solo por mano de obra familiar.

 

Fuente: CEPES

Teniendo como bandera de lucha la defensa de las lagunas de Conga, los llamados guardianes de esos parajes naturales, acordaron acatar un paro el próximo 22 de junio, rechazando la posible aprobación del Nuevo Código Penal, que pretende quitarles la facultad de administrar justicia a las Rondas Campesinas.

Luego, de  una reunión con más de quince bases ronderas del distrito de Huasmín (Celendín) en el caserío Valle Laguna Azul del centro poblado de Vista Alegre (región Cajamarca), programaron una serie de actividades para los próximos días entre los que sobresalen, el participar activamente el día 16 en la reunión de los guardianes de las lagunas en el Centro Poblado El Tambo (Bambamarca).

Del mismo modo, estarán presentes en el III Congreso Provincial de Rondas Campesinas de la provincia de Celendín, el 27 de junio del 2015, donde además se llevará la propuesta de lucha contra los intentos de Yanacocha, en  reanudar sus operaciones en el mega proyecto minero Conga.

No obstante que en más de una oportunidad, la minera, ha negado cualquier intento de reanudar los trabajos del proyecto aurífero, incluso, respaldado por las últimas afirmaciones del gerente general, Javier Velarde, en el sentido que Conga se ejecutará siempre y cuando consiga la licencia social, para lo cual primero llevan adelante un trabajo de solidaridad con las comunidades y una intenso  labor de concientización a las comunidades del beneficio que traería la ejecución del proyecto, tanto para Cajamarca, como para el país entero.

 

Fuente: La República

La ingeniera Mary Chávez dio a conocer las conclusiones de las investigaciones recogidas en el libro “Agua, Minería y Cambio Climático” de la Red Muqui.

¿Cuáles son los riesgos de la actividad minera en Piura?
Piura no es como la sierra central en donde el agua proviene de los glaciares, y estamos preocupados porque se derriten en el contexto del cambio climático. Acá el agua proviene de los páramos y los bosques de neblina. Allí corre el riesgo con la actividad minera a tajo abierto. Si se afecta el ciclo hidrológico, si se quita el agua en una cuenca en la parte alta, vas a tener problemas en la parte baja. El cambio climático genera problemas de acceso y disponibilidad del agua. Si rompes ese ciclo hidrobiológico, no vas a tener el agua en los páramos y eso perjudicaría a la agricultura en el mediano y largo plazo. El problema será el acceso al agua en las partes bajas de donde se pretenda instalar la actividad minera.

¿También por la contaminación?
También hay otros riesgos. En Piura sabemos que hay incidencia del fenómeno El Niño, y el cambio climático intensifica esas condiciones. Qué pasaría con un Niño como del año 1998 —no uno como el de ahora, leve o moderado— los riesgos serían muy fuertes, no solo por la disponibilidad del agua sino por la contaminación, porque cuando hay menor cantidad de agua, hay mayor concentración de contaminantes, y ese es otro riesgo, si se intensifica la concentración de los contaminantes, habría menor disponibilidad de agua limpia.

 ¿Pasa lo mismo con la minería informal?
La minera informal y el cambio climático generan problemas, porque cuando  haces cambios en el uso del suelo, ósea donde hay vegetación y la quitas, entonces provocas que en ese sistema no haya reserva de agua, porque el agua es como las venas en nuestras manos, que están por debajo, entonces lo que provocas es que no hayan reservas de agua y eso perjudica la disponibilidad. El cambio de uso del suelo en la minera informal hace eso, pero si la comparamos con lo que es la gran o mediana minería, es mucho menor porque cuando vemos el efecto directo a tajo abierto o la gran minería, hablamos de la emisión de gases del efecto invernadero, y producen un cambio climático local en una microcuenca o cuenca, aparte del cambio climático global que ya vivimos.

 ¿Cuáles son las propuestas ante estos problemas?
Hemos generado cinco lineamientos, el primero es la reducción de los efectos  invernaderos en la actividad minera metalúrgica, allí menciono el ejemplo del tajo abierto porque allí se emiten los gases del efecto invernadero. Pero para eso hay que tener conocimiento de cuánto se está emitiendo de gases donde hay minería en el Perú. El Estado debe hacer un inventario de los gases del efecto invernadero. Actualmente no se sabe la problemática de contaminación por gases que intensifican el cambio climático local. Esto es prevención y mitigación del cambio climático a nivel local.

 ¿Hay lineamientos que se apliquen a Piura?
Sí, uno de ellos es la generación y acceso a la información. En la subcuenca Quiroz no hay mucha información, pero allí se deben levantar líneas, para conocer cómo conjugan la minería con la actividad propia de la región como lo es la agricultura. No hay información de las zonas que pueden ser afectadas por la actividad minera, sobre la protección ambiental de las zonas del agua, donde están las reservas. Se necesitan acciones de mediano, corto y largo plazo, y la gestión integral de las cuencas, si no lo iniciamos hoy, podríamos lamentarlo en cinco o diez años.

¿Quiénes son los responsables?
Hay 159 cuencas en el Perú, pero por ejemplo Catamayo-Chira tiene subcuencas porque es grande, por eso la gestión integral debe ser de subcuencas, o unidades hidrográficas menores, y allí debe trabajarse identificando actores. El trabajo es de todos.

¿Hace falta mejorar el marco normativo?
No hay leyes sobre el cambio climático y menos aún que protejan las reservas de agua como los páramos o glaciares. Hay normativas que ven el tema de la contaminación, pero no el de acceso y disponibilidad del agua. Debe haber cambios  en la evaluación de los impactos ambientales, porque allí no consideran cómo levantar y monitorear la información  en el cambio climático.

Fuente: La República

El GRUPO PERÚ COP considera necesario la existencia de un marco normativo que posibilite y obligue a las entidades del Estado a la realización de acciones para enfrentar el cambio climático. La aprobación en marzo del dictamen de la Ley Marco de Cambio Climático  constituye un paso importante en ese proceso. No obstante, el GRUPO PERÚ COP solicita a los Congresistas de la República que incorporen en el dictamen  artículos que establezcan un marco institucional claro que fortalezca al Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema de Gestión Ambiental y establezca competencias a los demás sectores para realizar acciones en mitigación y adaptación. La ley de cambio climático debe mejorar la asignación de competencias y funciones en los diversos niveles de la administración pública y mejorar la articulación entre las entidades públicas a nivel nacional, regional y local,  asegurando la participación de la sociedad civil.

Asimismo, invoca la incorporación en el dictamen de temas que han sido excluidos. Uno de ellos es el ordenamiento territorial. A pesar de que existieron esfuerzos de la sociedad civil por lograr una política nacional vinculante de ordenamiento territorial, ésta no se concretó. Demandamos que la Ley de Cambio Climático incorpore este elemento, pues como señala el PNUD (2013) en su informe sobre desarrollo humano y cambio climático, “el ordenamiento territorial permitirá un uso más adecuado del suelo y sus capacidades en distintos ámbitos geográficos, y dará pautas para el diseño de respuestas a los efectos del cambio climáticos” . No puede existir adaptación sin ordenamiento territorial.

De otro lado, respecto a las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), saludamos el anuncio realizado por el Director General de Cambio Climático del MINAM  que las INDC serán sometidas a consulta pública en el mes de junio. Instamos a que este proceso sea transparente y participativo,  y  que cuente con metas ambiciosas que busquen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquellos rubros que más emiten en Perú como energía y bosques . Tal Como señala Plan CC, es necesario establecer las “condiciones habilitantes” para que las acciones a largo plazo logren cumplirse, las cuales implican en el rubro forestal mejorar las condiciones de gobernanza e institucionalidad así como los mecanismo financieros que puedan dar soporte a la conservación de bosques. Consideramos como una condición habilitante la titulación de 20 millones de hectáreas para pueblos indígenas de la Amazonía como lo exige AIDESEP. En cuanto al rubro energía, es primordial que se aumente la inversión en infraestructura, interconexiones y principalmente en cambio de tecnologías. Las INDC peruanas deben contemplar como prioridad acciones para la transferencia tecnológica.

Habiendo señalado estas condiciones, el GRUPO PERÚ COP 20 demanda que al año 2030 la matriz energética esté compuesta con por lo menos 25% de energías renovables no convencionales. Nuestro país tiene potencial para estas energías, solo depende de la voluntad política del gobierno para llevarlo a cabo. Asimismo, el rubro transporte al ser uno de los más contaminantes debe ser prioridad en las INDC, para lo cual planteamos el cambio gradual del transporte privado a un transporte público sostenible y promover el transporte no motorizado. En cuanto a bosques, exigimos compromisos reales  contra la deforestación, esto implica lucha contra actividades ilegales como tala, minería ilegal/informal y cultivos de coca; pero también para reducir práctias agrícolas en la Amazonía como palma aceitera. La meta planteada en el año 2010 ante la CMNUCC de cero por ciento de deforestación es viable. Las emisiones netas pueden reducirse con esfuerzo al proteger las áreas de bosques y recuperar los bosques degradados. El GRUPO PERÚ COP exige la conservación de 54 millones de hectáreas de bosques.

Saludamos el anuncio del MINAM de incluir la adaptación dentro de las INDC. Existen diferentes iniciativas desde la sociedad civil que pueden ser tomados en cuenta el diseño de las contribuciones en adaptación, tal como el Programa Nacional de Adaptación Climática  Comunitaria (PRONACC) propuesta por las organizaciones indígenas y campesinas del Pacto de Unidad. Asimismo, consideramos que las contribuciones en adaptación deben buscar proteger a la pequeña agricultura planteando metas cuantificables de reducción de las hectáreas de cultivo afectadas por desastres meteorológicos en los distritos más vulnerables, para lo cual deben realizarse planes de adaptación con participación de la sociedad civil, se debe garantizar el financiamiento y establecer plazos para el avance progresivo .

Las medidas contempladas en las INDC también deben ser evaluadas por sus cobeneficios, por sus efectos positivos, además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de responder a los efectos del cambio climático. El GRUPO PERÚ COP exhorta que las acciones con efectos colaterales dañinos no sean consideradas en las INDC, tal es el caso de las grandes hidroeléctricas que tienen más efectos negativos que positivos.

Finalmente, el Grupo Perú COP expresa su disposición de colaborar en el proceso de discusión de la Ley de Cambio Climático y en la elaboración de las INDC, llamamos a las instituciones del Estado, a las empresas, la prensa y demás organizaciones de la sociedad civil a involucrarse en estos procesos a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, saludó hoy que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, acoja las recomendaciones que formuló con el propósito de contribuir con la mejora del proceso de evaluación ambiental.

No obstante, lamentó que no sucediera lo mismo respecto de las recomendaciones formuladas para proteger los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país.

Estas precisiones fueron formuladas en el marco de un oficio alcanzado a la Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, en relación a la necesidad de realizar precisiones ante el inicio del debate del Proyecto de Ley Nº 3941/2014-PE, para evitar interpretaciones o aplicaciones que pudieran vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, en especial de sus derechos sobre la tierra y el territorio. En atención a ello, se ha recomendado excluir, expresamente, las tierras indígenas del ámbito de aplicación de la referida iniciativa legislativa.

Vega recordó que en el mes de noviembre del año 2014, recomendó incluir una disposición final que señale expresamente que la iniciativa legal no se aplicará a los derechos de los pueblos indígenas, ni a la propiedad comunal de las comunidades campesinas y nativas. Pese a ello, no se incorporó dicha disposición, contemplándose únicamente una exclusión de la aplicación de normas de servidumbre a las zonas de selva, pese a que existen pueblos indígenas en otras zonas del país.

Advirtió que, en dichos términos “la norma podría aplicarse respecto de las tierras y territorios de las comunidades campesinas, así como respecto de las tierras forestales que se encuentran en cesión en uso a favor de los pueblos indígenas, afectando su acceso al aprovechamiento de recursos naturales”.

Añadió que otro tema de especial preocupación es la gran dificultad de las comunidades para la probar la posesión de sus tierras y territorios, por lo que se requiere un procedimiento y plazos razonables. Por tanto, observó que la mencionada situación se agravaría en un procedimiento de otorgamiento de servidumbre, debido a que las autoridades competentes deben pronunciarse sobre la referida solicitud en el plazo de 10 días previsto para la formulación de la opinión técnica y 15 días previstos para la entrega provisional de servidumbre, que además se encuentra sujeta a silencio administrativo positivo.

A continuación destacó los esfuerzos desplegados por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología destinados a la participación de diversos actores en la formulación de aportes. “Es necesario incorporar las recomendaciones destinadas a brindar especial protección a los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, a fin de apuntalar dicho esfuerzo”, señalo Eduardo Vega.

Fuente: Defensoria del Pueblo

 

Defensoria del Pueblo sobre PL Nº 3941/2014-PE by prensamuqui

CONGRESO PONE EN DEBATE PROYECTO DE LEY 3941, QUE AGUDIZA LA AFECTACIÓN DE DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.
PUEBLOS INDÍGENAS EXIGEN SU ARCHIVO DEFINITIVO

El día martes 06 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República ha incluido como punto de agenda la discusión de Proyecto de Ley 3941.

El Pacto de Unidad y AIDESEP, en representación de los pueblos de las zonas andinas y amazónicas del Perú, han expresado mediante una carta dirigida a la Presidenta del Congreso y a los Presidentes de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y a la de Economía del Congreso de la República, que adjuntamos a la presente, su ”profundo rechazo al Proyecto de Ley N° 3941/2014-PE, exigiendo su archivo definitivo del mismo y los dictámenes recaídos, pues lejos de obedecer a su objetivo de coadyuvar al crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social, aumentará los conflictos desincentivando la inversión, ya que profundizará las brechas de exclusión y marginación de los Pueblos Indígenas y tendrá graves e inaceptables efectos perjudiciales hacia los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, al facilitar el despojo de sus territorios a través de la imposición de servidumbres que imposibilitan la titulación futura de las Comunidades, así como evitando el resarcimiento por la compensación por el uso de sus tierras”.

Desde la RED MUQUI, hacemos eco de lo solicitado por las organizaciones nacionales de Pueblos Indígenas, y reiteramos algunos de los riesgos que consideramos que el proyecto de ley 3941 plantea en materia de posesión y propiedad comunal, y en materia ambiental:

1. Si bien se estableció mediante D.S N° 006-2015-MINAM, la aprobación del Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, que estará a cargo de uno de los temas centrales del 3941, la “Certificación Ambiental Global” (iniciando justo con el MINEM el 1° de abril), no se ha establecido fecha para su culminación. En tanto el proceso esté en curso, según la primera disposición complementaria transitoria, serán “las autoridades competentes del sector competente los responsables del proceso. Ello genera que se mantenga la doble instancia de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se tomen.

La precariedad de nuestra institucionalidad ambiental, venida a menos aún con las normas de los paquetazos normativos, no permite que un mecanismo como la CAG funcione adecuadamente, pues para ello se requiere de un Estado funcional y eficiente, que cuente con procesos unificados y debidamente coordinados entre las instancias competentes, para lo que aún las instancias estatales no están preparadas.

2.Reiteramos que es sumamente riesgoso que se utilice para un proyecto de inversión nuevo, las líneas de base de otros proyectos de inversión que se hayan realizado en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”. Toda línea de base debe ser adecuada para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizada.

3.Respecto a la imposición de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas (Comunidades Campesinas y Nativas), un tema central es que las instancias competentes deben culminar el proceso de actualización de la Base de Datos de los Pueblos Indígenas, que no sólo debe servir para la aplicación o no de la consulta previa, sino para establecer con claridad su ubicación y referenciación, además de dar seguimiento sobre los procesos de titulación de sus tierras.

4.El Estado tiene la obligación de “reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupa” según el art. 14 del Convenio 169 de la OIT y los gobiernos deben “garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” según el art. 15 de la citada norma internacional vigente en el Perú. Por ello es obligación del Estado establecer mecanismos para cumplir con sus obligaciones internacionales, y no faltar a las mismas, afectando derechos fundamentales a nivel colectivo de los pueblos indígenas u originarios.

5.Respecto de las tierras eriazas, al no existir a la fecha una referenciación de las mismas de parte del Estado, no se puede establecer que no están siendo ocupadas y por ello son sólo de propiedad del Estado, sino que pueden ser parte de propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, el hecho que se otorguen e impongan servidumbres a favor proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, podría agudizar aún más los conflictos sociales, especialmente vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura, violentando derechos constitucionales como el de propiedad (art. 70), la autonomía comunal para el uso de la tierra (art. 89), la Ley de Comunidades Campesinas – 24656 (art. 7), la Ley de Tierras (art. 11) además de normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT (arts. 14 y 15).

Lamentablemente hasta el momento, el dictamen en debate no ha recogido los aportes de las organizaciones nacionales de pueblos indígenas ni de las instituciones de sociedad civil que los han hecho llegar.

Desde la RED MUQUI esperamos que ante todo prime el respeto por los derechos fundamentales de las personas y especialmente de los pueblos indígenas, y de las normas nacionales e internacionales que los amparan, a fin de lograr la paz social y evitar posibles conflictos que no conducen a nada.

Lima, 07 de abril del 2015

En Sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República de hoy martes 06 de abril se aprobó de manera arbitraria el Proyecto de Ley 3941 que afecta derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales.

La aprobación del dictamen se ha realizado con un quorum de sólo 6 congresistas de 12 miembros, 3 de los cuáles eran accesitarios.
La Comisión pese ha que hubo acuerdo en anterior sesión de otorgar la palabra a los representantes de las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas, AIDESEP y PACTO DE UNIDAD, les negó ésta vez el derecho de participación, por mayoría.

Ante ello la Congresista Verónica Mendoza pasó a retirarse, procediéndose a la votación, que por unanimidad aprobó el proyecto de ley 3941.
El dictamen final aprobado, no ha tomado en consideración las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ni los aportes que las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas hicieron llegar en una carta remitida a la Comisión el 30 de marzo pasado.

En la citada carta las organizaciones plantean, entre otras preocupaciones, que la norma bloquea definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas, vulnerando sus derechos territoriales a través del otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y localización de área.

La norma también debilita la institucionalidad ambiental a través del otorgamiento de títulos habilitantes de manera irresponsable, las que se entregan a discreción de las autoridades sectoriales, desnaturalizando el rol del SENACE y sus avances.

Para todo el proceso de aprobación del proyecto de ley 3941, en tanto afecta derechos de los pueblos indígenas u originarios, no se ha aplicado el derecho a la consulta previa, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Por todo ello, las organizaciones nacionales de pueblos indígenas u originarios nos sentimos una vez más menospreciadas y maltratadas por la misma Comisión del Congreso que debiera dedicarse a defender nuestros derechos, por lo cual nuestros pueblos indígenas a nivel nacional estaremos alertas, y realizaremos las coordinaciones necesarias para ejercer la defensa de nuestros derechos.

Lima, 07 de abril de 2015

 

Despacho de Congresista Veronika Mendoza
Pacto de Unidad
AIDESEP