• Pobladores anuncian paro interprovincial para este 25 de setiembre
  • Planta de filtros y almacén de concentrados amenazan medio ambiente y la salud en zona de influencia del proyecto

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau (región Apurímac) anunció un Paro Interprovincial para este 25 de setiembre, ante la inminente amenaza la salud y el medio ambiente, que significa la presencia de una planta de filtros que ha sido instalada irregularmente como parte del proyecto minero Las Bambas.

La empresa minera de capitales chinos, Minmetal Group Limited (MMG), colocó una planta de Filtros y Molibdeno, y un almacén de concentrados de alto potencial contaminante, gracias a las modificaciones irregulares que el Estado peruano hizo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Los dirigentes refieren que estos cambios en el EIA se realizaron sin aplicar la consulta previa a las comunidades que se son afectadas directamente por esta planta. El paro interprovincial será acatado por el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia Cotabambas y Grau, Frente de Defensa del distrito de Tambobamba, Haquira, Mara, Ccoyllurqui, Cotambambas, Comunidades Campesinas y organizaciones sociales de base.

Una de las demandas principales es que desconozca la modificación del EIA de Las Bambas, la demolición inmediata de esta planta de filtros, así como el retiro de los funcionarios de este proyecto minero quienes han promovido este cambio irregular en el EIA que da luz verde a la ejecución del proyecto. Otro de los reclamos es la renegociación de tierras comunales de la zona de influencia minera en Cotabambas y Grau.

Uno de los reclamos sociales, es el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa que les corresponde por ser pueblos indígenas los afectados por la minera, además de un plan de explotación minera que no contemple el uso de cabeceras de cuenca de los ríos.

El malestar que se vive en esta parte de la sierra central se origina en el incumplimiento de los acuerdos tomados con la anterior operadora, Xstrata, compañía suiza que el año pasado se fusionó con Glencore y posteriormente vendió a Minmetals. A raíz de la compra que se concretó el año pasado, ya se hablaba de algunas modificaciones a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Otras protestas

Las organizaciones campesinas y barriales del distrito de Challhuahuacho también realizaron un paro de 72 horas para exigir al gobierno central, la ejecución de la obra integral de agua y desagüe para resolver el problema de contaminación ambiental en las zonas de influencia del proyecto minero.

Foto: Agencia Andina

Foto: Captura YouTube

DESDE HACE 3 AÑOS

• Estado decretó Emergencia Ambiental con acciones que aún no se cumplen

• Iniciarán marcha desde Pasco hasta Lima para pedir aplicación de plan ambiental

Las autoridades de la municipalidad distrital de Simón Bolívar (provincia y región Pasco), esperan que el Estado cumpla con la ejecución del plan de acción inmediato que se fijó en el 2012 para atender la Emergencia Ambiental en varios centros poblados que presentan cientos de casos de personas que viven metales pesados en sus organismos.

Los regidores del distrito, Hugo Rojas y Jaime Silva indicaron que un total de 2,070 niños menores de 12 años son los más vulnerables y representan poco más del 14% de la población en Simón Bolivar.
Desde hace casi 20 años, los problemas de salud pública se han agudizado en el distrito debido a la presencia de metales pesados en el agua, el aire y el suelo, lo cual ha perjudicado a más de 14 mil personas de comunidades, anexos y asentamientos humanos.

Entre los años 2007 y 2012, los pobladores ha sido evaluados a través de tres estudios, el último de ellos fue realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección regional de Salud Pasco. El resultado de la “Determinación de Plomo en sangre en niños y mujeres gestantes de las poblaciones de Pasco”, concluyó en que casi el 60% de niños evaluados presentan más de 10 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre (límite establecido por la OMS).

Tras la presentación de este estudio, y de los realizados por el Centro de control y prevención de enfermedades de Atlanta (2007) y la Universidad italiana de Pisa (2009), el Estado peruano declaró en emergencia ambiental en cuatro localidades de Simón Bolivar en mayo de 2012 (R.M. N° 117-2012). En ese mismo año, se aprobó un Plan de Acción inmediato y de corto plazo (90 días) con 32 acciones que no se han llevado a cabo hasta la fecha.
“Desde hace más de tres años, el Estado declaró una emergencia ambiental por salud pública en todo el distrito. En todo ese tiempo las autoridades locales y dirigentes de comunidades, hemos sostenido más de 20 reuniones con Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, no hemos obtenido una solución concreta”, reclamó Silva.

Por su parte, el teniente alcalde y regidor, Hugo Rojas, cuestionó que el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, que estuvo hace poco en el lugar, no haya tomado en cuenta los estudios previos realizados por su mismo sector.

«Lo que (el viceministro) ha hecho es solicitar la reevaluación de nuestros niños, iniciar todo un (nuevo) plan, validarlo, solicitar alguna micropartida (presupuestal) si la hubiera, y ahí recién atender estos casos urgentes de salud», explicó Rojas.

Esta semana ambos regidores estuvieron en Lima junto con dos dirigentes de los poblados afectados. Una vez más sostuvieron una reunión con la PCM, y también lograron reunirse con la comisión de Pueblos Andinos del Congreso y la Defensoría del Pueblo, quienes recién se han enterado de su situación.

“Nosotros acudimos a la sede regional de la Defensoría del Pueblo en Cerro de Pasco, a cargo de Raquel Álvarez, pero hemos visto que la señora no ha informado a Lima sobre nuestra emergencia. Esperamos que ahora la Defensoría se pronuncie”, señaló Hugo Rojas.

No creen en el diálogo
Ambos regidores explicaron que la Comisión de Evaluación de la Emergencia Ambiental del distrito (conformada por pobladores) determinó que, en tres años, este plan multisectorial (R.M. N° 117-2012/MEM), solo se ha cumplido en un 10%, y desmintieron el informe del MINAM que indica un 92% de ejecución.

Mientras tanto, los anexos y poblados del distrito han conformado un comité de emergencia y otro de lucha.

«Se supone que una emergencia quiere decir atención inmediata, y la población así lo ha entendido. (Sin embargo) Ahora le hemos dicho «No» a este diálogo que ha quedado en promesas. Para este mes de setiembre haremos una marcha de sacrificio por la vida y la salud de los niños afectados por metales pesados en la sangre. Llegaremos hasta Lima», sostuvo Hugo Rojas.

Dicho plan que deben ejecutar cinco ministerios, contempla el cierre de pasivos ambientales (relavera de Quiulacocha y desmontadera Excélsior), control de riesgos y remediación ambiental, pavimentación y forestación de vías, sistema de agua potable, planes de nutrición con la población, entre otros.

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“Tajima Pujut” (El Buen Vivir) es el documental que muestra cómo las actividades de exploración minera de la empresa “Águila Dorada”, vienen afectando la salud, la alimentación y el medio ambiente de la comunidad nativa Awajún que habita en las cercanías del río Chirinos ubicado en el distrito de Huarango (provincia de San Ignacio, Cajamarca).

La primera parte de este documental nos adentra a las comunidades nativas Awajún, especialmente a la de Supayaku, quienes a través de sus apus y pobladores explican -en su idioma nativo- como vivían antes de la actividad minera que, hoy en día, contamina las aguas de la cuenca del Chirinos y amenaza todo su modo de vida.

«Ahora con la presencia de la empresa minera que ha venido a sacar oro, y ha entrado en el territorio de nuestros pueblos se está envenenando el agua. Por eso la población no tiene donde ir a pescar. Estamos sufriendo porque no hay comida», indica uno de los apus en lengua awajún.

A mitad del documental, aparecen técnicos de las diferentes organizaciones dando cuenta de la presencia de metales pesados que tienen relación directa con actividades extractivas.

“De acuerdo a las muestras tomadas del río, se comprobaron altos índices de metales pesados como mercurio, arsénico, nitrógeno amoniacal, así como sulfuros y sulfatos”, refiere Manuel Hora de AMAS, miembro de la RED MUQUI.

Gracias a la colaboración de un laboratorio, acreditado por el Indecopi, se realizó un monitoreo independiente del agua del río Chirinos.

“Los resultados determinaron la presencia de nitrógeno amoniacal, fenoles, aceites y grasas, los cuales superaban los estándares de calidad ambiental. Estos compuestos normalmente son de origen industrial y son latamente contaminantes para la vida acuática”, señaló Laura Lucio de Ingeniería sin fronteras.

El presidente de las rondas campesinas de Supayaku, Benito Jempekit, expone el acuerdo con los pobladores y autoridades del lugar, de no dejar entrar a la empresa minera “Águila dorada”. “Nos deben respetar y hacer caso para vivir tranquilos. También el gobiernos nos debe escuchar, lo que queremos es vivir tranquilos (…) en ningún momento hemos dicho que estemos de acuerdo con que la empresa ingrese y siga trabajando”, señaló.

En otra parte del documental, el secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, cuestionó la no aplicación de la consulta previa. “Antes de cualquier resolución, se debió realizar la consulta previa. Hablamos de dos pueblos indígenas: el de Supayacu y el de Naranjo. Este caso demuestra cómo es que los mecanismos del Estado no favorecen a la participación y consulta”, indicó.

Asimismo, “Tajima Pujut” recoge algunos pasajes de lo que fue la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en el marco de la COP20 que se realizó en nuestro país el año pasado. En este evento alternativo a la 20° Conferencia de las Partes de la ONU, las comunidades de Cajamarca tuvieron una fuerte presencia. Entre otros testimonios, el documental muestra el de Lola Tiriwan, lideresa Wampi proveniente del distrito Río Santiago (Condorcanqui, Amazonas) y de Zebelio Kayap, miembro de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC).

Finalmente, la producción termina con una explicación de lo que significa el “Buen Vivir” (nombre en español del documental), a cargo de Albercio Bazan, Presidente Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), quien dirige el mensaje final en español.

“Nosotros no dependemos de los mercados. Todo lo que necesitamos para vivir sale de este río, de las montañas. De ellos salen nuestras medicinas. Este entorno natural se está perdiendo porque las empresas trasnacionales se ubican donde nacen los ríos y así rompen el concepto del Buen Vivir que consiste en tener un respeto y una buena relación con la naturaleza, es decir una forma de vida más sostenible”, agregó.

Esta producción de casi 25 minutos de duración, estuvo a cargo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES, con el apoyo de Ingeniería Sin Fronteras, los miembros de la RED MUQUI Norte, y la realización audiovisual de Apu Media.

Según indicó Laura Lucio de “Ingeniería sin fronteras”, “Tajima Pujut” será presentado próximamente en las provincias de Cajamarca y Jaén, así como en Lima y Barcelona (España).

 

Foto: Captura YouTube Grufides

CONFERENCIA: “¿Se viene la crisis económica al Perú?” En la universidad Ruiz de Montoya. La sociedad civil se prepara sus propuestas para los líderes de la economía mundial.

Desde el 05 al 12 de octubre, Lima será sede de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional: La Junta de Gobernadores. En este importante evento se tomarán decisiones de gran importancia en materia económica nacional y global. Es por esto que, movimientos juveniles se han organizado junto a ONGs, sindicatos, movimientos indígenas, de derechos humanos y colectivos de todo tipo para preparar acciones conjuntas y mostrar sus críticas y propuestas al modelo de desarrollo promovido por estas grandes instituciones financieras internacionales. Estas organizaciones ya anuncian una serie de interesantes eventos preparatorios que cubrirán temas sociales, ambientales, laborales, derechos humanos, inversiones y desarrollo sostenible.

La primera actividad del ya formado Comité Juvenil hacia las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, será una conferencia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con apoyo del Colectivo Amaru integrado por alumnos de esta casa de estudios.

En el evento, que circula ya por las redes sociales, se responderán a las preguntas sobre la importancia para el Perú de las Reuniones Anuales, cuáles son las oportunidades que se nos abren en este contexto y qué relación hay entre estas instituciones y las políticas económicas que derivaron en la famosa “Ley Pulpín”, los paquetazos ambientales y la desaceleración de nuestro crecimiento. Luego de 10 años de aplicación de las políticas del FMI ¿Qué tan cerca estamos de salir del subdesarrollo?

Los ponentes serán, el economista Félix Jiménez, Alexandro Saco, coordinador de ForoSalud y Julio Gamero, abogado laboralista.

DIA y HORA: Jueves 27 agosto a las 6:30pm

LUGAR: Universidad Antonio Ruiz de Montoya: Av. Paso de los Andes 970, Pueblo Libre

ORGANIZAN: Comité Juvenil hacia las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y El Amaru (Colectivo académico-político de la UARM)

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/827469984027718/
Más información: [email protected]

Ante los últimos acontecimientos suscitados en la ciudad de La Oroya, las instituciones de la región centro del país, integrantes de la Red Muqui, nos dirigimos  a las autoridades, a la opinión pública y a la población de La Oroya y  de la región Junín para manifestar lo siguiente:

La Oroya, creció en población y en su movimiento económico, principalmente gracias al dinamismo de las empresas mineras cercanas y la actividad industrial del Complejo Metalúrgico; sin embargo, ahora después de haber cerrado sus operaciones por más de seis años se enfrenta al reto de su reactivación a través de la modernización de su tecnología y cumplimiento de mejores estándares ambientales; por lo que, existe la necesidad de que Doe Run Perú se muestre en la subasta pública atractivo a los intereses de los inversionistas que buscan rentabilizar su capital.

Ciframos nuestras esperanzas y hacemos votos para que esta iniciativa logre estos objetivos; pero, lo que no podemos aceptar es que se haga afectando los legítimos derechos de los trabajadores, deteriorando o precarizando las condiciones laborales y menos aún, a costa de la salud de las personas o el deterioro de los recursos naturales que son el soporte de las comunidades.

El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC aprobado por el Ministerio de Energía y Minas fue elaborado por la administradora del Complejo Metalúrgico de La Oroya, aceptando una contaminación de hasta 365 µg/m3 de dióxido de azufre (SO2) por el periodo de catorce años más, cuando la recomendación de la OMS es de no más 20 µg /m3 de SO2.

Por lo antedicho, las organizaciones de la Red Muqui, expresamos nuestra profunda preocupación y solicitamos que:

  • Se suspenda inmediatamente todos los actos de violencia y afectación de derechos fundamentales de toda la población local o que se encuentre en tránsito por La Oroya.
  • Cualquier empresa que asuma la administración y el funcionamiento del Complejo Metalúrgico necesariamente, cubra sus costos operativos, sociales y ambientales para garantizar su viabilidad y sostenibilidad.
  • No forzar al funcionamiento de la Planta Metalúrgica sostenido en falsas soluciones. La empresa que la opere debe ser rentable por su propio funcionamiento y respetar la salud y la vida de las personas.
  • La población de La Oroya, autoridades y las fuerzas del orden restablezcan el orden y la paz, a través de un clima de diálogo y respeto

Saludamos la constitución del Comité Técnico de Trabajo destinado a analizar la problemática del Complejo Metalúrgico de La Oroya y Cobriza de manera integral, buscando las distintas alternativas viables mediante el diálogo alturado y pacífico hasta resolver este grave problema social y ambiental.

Manifestamos nuestras condolencias a la familia del señor Edward Soto de la Cruz, fallecido como consecuencia de los actos de violencia.

Lima, 14 de agosto 2015

RED MUQUI CENTRO

Centro Labor-Pasco, Centro de Desarrollo Agropecuario-CEDAP-Ayacucho, Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo, Red Uniendo Manos-Lima

Este 21 de mayo la población de Espinar se movilizó por las principales calles y avenidas de la ciudad, en defensa del medio ambiente y los recursos hídricos; luego de la movilización se concentraron en la Plaza de Armas donde se manifestaron los representantes del: Cañón Apurímac, FUDIE, FUCAE, AUPE, FREDERMICE, SUCME, FUJEK, CENTRAMUN, Fonavistas residentes espinarences en Cusco, Usuarios de Quetara, Seguridad Ciudadana, Representantes de la Cuenca Salado, Cuenca Cañipia, Jóvenes Líderes, Jóvenes estudiantes de la UNSA – Arequipa y ex dirigentes. Quienes manifestaron: “Que Ollanta Humala, Presidente de la Republica, Traicionó a los hermanos Espinarences, prometió agua y al contrario apoya a las empresas transnacionales”, además indicaron “Que el proyecto Majes Siguas II no va”, y se solidarizan con los hermanos arequipeños principalmente con la provincia de Islay,  también se solidarizan con los hermanos caídos en las luchas del 21 de mayo, que siempre serán recordado.

Así mismo el gobernador de la provincia se comprometió en enviar la plataforma de lucha del pueblo espinaren al presidente de la república y el gobierno regional de Cusco; para que tengan conocimiento de la problemática que se vive en la provincia de Espinar.

Durante el mitin el alcalde provincial Manuel Salinas manifestó: “Majes Siguas II no va”, recalcó al Gobernador que el pasado 27 de marzo también se envió al Presidente de la Republica una plataforma de lucha, que hasta el día de hoy no tiene respuesta. La plataforma pedía la puesta inmediata de salud y el agua para Espinar, finalmente recalco. “Esta marcha emprendida por las organizaciones es pacífica, acá no somos violentistas, acá no somos radicales; pero queremos respeto a la vida, el respeto a nuestra provincia de Espinar, basta ya de engaños de parte del Gobierno Central en complicidad con la empresa privada por lo tanto siempre vamos a estar unidos”.

Finalmente debemos destacar que participaron de la movilización un aproximado de 400 pobladores de Espinar.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

Hace más de dos meses se realizó en Lima la COP 20 donde se produjo el “Llamado de Lima a la Acción Climática” que dejó tareas pendientes que los Estados deben cumplir. Una de esas tareas es la elaboración –y su respectiva comunicación- de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas o también llamadas INDC las cuales deben comunicarse antes de la realización de la COP 21 en París en diciembre de este año. El Grupo Perú COP llama la atención del Gobierno pues aún no se tienen noticias sobre el proceso de la elaboración de las INDC peruanas.

Esperamos que este proceso no se realice a puertas cerradas como en anteriores ocasiones, cuando Perú envió sus compromisos climáticos en el año 2010 sin la participación de la sociedad civil ni de los pueblos indígenas. Por el contrario, exigimos  un proceso abierto que cuente con la participación la sociedad civil y recoja los aportes para la construcción consensuada de las INDC. Debemos seguir el ejemplo de otros países de la región, miembros y afines a AILAC (grupo del que Perú forma parte en las negociaciones de la CMNUCC), como Chile que viene realizando un proceso de discusión pública de sus contribuciones o como México que ya ha convocado a sesiones para realizar este proceso. Somos conscientes que solo se podrá alcanzar el cumplimiento de las INDC que Perú proponga con el consenso de la sociedad en su conjunto. Es así que el Grupo Perú COP demanda mayor transparencia y participación en los procesos de elaboración de las INDC.

Asimismo, la decisión de la COP 20 establece que los Estados pueden incluir adaptación dentro de las INDC, y en el caso de Perú esta debería ser una obligación. Nuestro país al ser uno de los más vulnerables al cambio climático, requiere que la atención no solo se centre en la mitigación, sino en acciones de adaptación que permitan reducir nuestra vulnerabilidad.

Las INDC constituyen un tema de relevancia nacional donde se deben hacer priorizaciones que deben ser discutidas por la sociedad en su conjunto. Esperamos que las políticas de cambio climático no sigan aisladas, sino que tengan un norte claro. Las INDC deberían vincularse con la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, el Acuerdo Perú-Noruega-Alemania, entre otras políticas. El Grupo Perú COP exige un diálogo participativo vinculante, transparencia, coherencia y articulación entre las diversas incitativas que se realizan sobre cambio climático. Asimismo, demanda mayor involucramiento de los diferentes Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipalidades; y mayor coordinación en la elaboración de acciones contra el cambio climático.

Esperamos que en la próxima sesión de la Comisión Nacional de Cambio Climático pueda abordarse esta temática y dar luces sobre los avances de las INDC peruanas e iniciar un proceso transparente, participativo y descentralizado.

Grupo Perú COP

Después de 3 años y 2 meses de investigación el Primer Juzgado Unipersonal de Ica citó a audiencia de inicio de Juicio Oral a ex alcalde y dos ex dirigentes sociales de la provincia de Espinar, producto del conflicto socioambiental ocurrido en mayo del 2012. El Juicio Oral se desarrollará en la ciudad de Ica en el Modulo Penal – Calle Chiclayo N° 243, a las 8.30 a.m. del día miércoles 05 de agosto del presente año.

Debemos destacar que con el Juicio Oral en contra de los líderes de la provincia de Espinar, se demuestra claramente la política de criminalización de la protesta social que se vive en el país en contexto de actividades extractivas.

Antecedentes del caso:

Como se recuerda en el 2012, mediante las Resoluciones Administrativas N° 096-2012 y N° 1343-2012, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, se deriva la competencia de los procesos de Espinar – Cusco a los Juzgados y Fiscalías de Distrito Judicial de Ica.

El ministerio Público de Ica, inició nueve procesos penales en contra de varios dirigentes sociales de la Provincia de Espinar, a quienes se les acusó de diversos delitos contra el orden público y otros, debido al conflicto socio ambiental ocurrido en mayo del 2012, donde los pobladores espinarences acusaban a la empresa Minera Xstrata Tintaya, hoy Glencore Antapaccay, por contaminación ambiental en el entorno del proyecto minero, así mismo se pedía a la empresa un nuevo Convenio Marco, entre otras demandas locales.

Después de más de dos años de investigación, el pasado mes de noviembre del 2014, en uno de los procesos (principal), el Juzgado de Investigaciòn Preparatoria de Ica archivo las investigaciones fiscales a favor del personal de senerazgo de la Municipalidad Provincial de Espinar; Ezequiel Qquehue Choqueccota, Juan Alberto Antonio Huaytapuma, Daniel Alfredo Condori Vilca y Roger Chullo Caballero, por los delitos de Tenencia Ilegal de Materiales Explosivos e Inflamables y Disturbios. Lo mismo ocurrió a favor de Romualdo Ttito Pinto, chofer de la camioneta de la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, a quien se le acuso del Delito de Tenencia Ilegal de Municiones.

Respecto a Oscar Mollohuanca Cruz (ex alcalde de Espinar), Herbert Huaman Llave (ex dirgente del FUDIE) y Sergio Huamani Hilario (FUDIE), se dispuso pasar a la etapa de juicio oral y determinar la responsabilidad o inocencia de los líderes sociales de Espinar.  La Fiscalìa Provincial de Ica, solicita en relación a este caso más 20 años de pena privativa de libertad y 100 mil soles de reparación civil, por los delitos; Atentado Contra la Seguridad Común, Entorpecimiento de los Servicios Públicos y Disturbios.

NOTA:

•    Desde el año 2012 se encuentra pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) por pedido de cambio de competencia para que el proceso judicial se desarrolle en Cusco y no en Ica.

•    Por el contrario las investigaciones sobre las muertes en el conflicto de mayo del 2012 en Espinar se encuentran archivadas.

Derechos Humanos Sin Fronteras.
Agosto del 2015

El ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, emitió el Auto Directoral N°46-2015-MEM/DGAAM, a través del cual concede el recurso de revisión a la resolución que aprobaba la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga. Tal decisión es una respuesta a una iniciativa del gobierno regional de Cajamarca, cuyos representantes solicitaron tal recurso de revisión a la Resolución Directoral 228-2015-MEM, del 29 de mayo de 2015, que aprobaba la segunda modificación del EIA.

Sergio Sánchez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en diálogo con Noticias SER, comentó que el equipo técnico de RENAMA había notado que en el EIA de Conga había observaciones que no habían sido levantadas, pese a que la gerencia, en reiteradas ocasiones, había pedido las respectivas subsanaciones. Ahora, la impugnación deberá hacerse ante el Consejo de Minería. “Vamos por el lado de sustentar técnica y legalmente que el EIA del proyecto Conga presenta muchas deficiencias. Es una forma de buscar su nulidad”, expresó.

Por su parte, Nevenka Caicedo, asesora legal de RENAMA, explicó que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros ha concedido el recurso de revisión para que se deje sin efecto la resolución que aprueba la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga, y que ahora se está en el proceso administrativo, el mismo que reclama la sustentación, ante el Consejo de Minería, de los argumentos de su recurso: “Hemos presentado un cuadro demostrativo y estamos cuestionando, en la vía administrativa, el EIA. Si la respuesta del Consejo de Minería es desfavorable, evaluaremos, como gobierno regional, la posibilidad, pertinencia y necesidad de llevar a la vía judicial esa resolución. Es decir, si esa resolución fuera a una etapa judicial, nosotros podríamos solicitar una medida cautelar para que en tanto no se pueda ejecutar el proyecto”, argumentó.

Por otro lado, la funcionaria indicó que es importante rescatar el tema, ya que es la primera vez que se concede un recurso de esta naturaleza al gobierno regional, y que, por lo general, se había llegado hasta la etapa en la que sale la resolución que aprueba el EIA y con ello finaliza el proceso: “Es la primera vez que se impugna a nivel administrativo una resolución de esta naturaleza, y eso es gracias a que el equipo técnico ha identificado las debilidades continuas y permanentes del EIA de Conga. Estamos a disposición, listos para asistir, en cuanto nos oficien para presentarnos” refirió.

Fuente: NOTICIAS SER

Miembros del Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar, así como diferentes organizaciones y comunidades afectadas por el proyecto minero de Glencore en Espinar como son: la asociación ADEPAMI, FREDERMICE, Comité de Usuarios de Qetara, Sector Pacpacco de la comunidad  de Alto Huancane y la Comunidad de Huisa presentaron el día de hoy en el  Juzgado Mixto de Espinar una Demanda de Acción de Cumplimiento para que el Gobierno Central establezca políticas públicas en favor de la salud y el medio ambiente para las personas afectadas por metales pesados en su organismo en el área de influencia del proyecto minero de Tintaya – Antapaccay en Espinar.

Como se sabe a raíz del conflicto de mayo del 2012 suscitado  entre la empresa minera Xstrata, hoy Glencore, y la población de Espinar se realizaron varios monitoreos e informes por diferentes entes sectoriales del Estado, uno de estos informes fue realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) que en el 2013 dio como resultado, que de 180 personas que participaron en las muestras, se detecto la presencia de metales pesados como: cadmio, arsénico, mercurio, plomo y talio. Además en este caso se detectaron una serie de irregularidades, ya que  inicialmente solo se informó a la población del análisis de 06 metales pesados, sin embargo a finales del 2014 el CENSOPAS entrego resultados de 11 metales pesados adicionales de los que los afectados no tenían conocimiento.

Por ello los afectados por metales pesados han venido exigiendo la atención a su salud desde hace varios años, ya que el informe de CENSOPAS y de las otras instancias del Estado solo evidenciaba que estas personas conviven con estos metales en su organismo, sabiendo que estos pueden afectar gravemente a su salud, sin presentar ni implementar en su momento desde el MINSA un plan de atención integral para la salud de estas personas.

Frente a esta inacción del Ministerio de Salud y de otros entes sectoriales del gobierno central los afectados se organizaron en un Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar y mediante esta organización vienen demandando al Ministerio del Ambiente, OEFA, al Ministerio de Salud y sus órganos descentralizados (CENSOPAS y DIRESA), al Ministerio de Agricultura y sus órganos descentralizados (SENASA y ANA) así como el Gobierno Regional del Cusco, solicitando expliquen la causa de la presencia de metales pesados e implementen políticas públicas integrales y participativas a favor de las personas afectadas a su salud. De otro lado se solicita al Ministerio del Ambiente (MINAM), para que declare en emergencia sanitaria y ambiental las zonas afectadas, y se ordene la inmediata realización de un examen epidemiológico y toxicológico a las personas afectadas.

Estas acciones constituyen un esfuerzo conjunto de varias organizaciones sociales y comunales que vienen impulsando la demanda, así como con el apoyo de instituciones como el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos sin Fronteras, APORVIDHA, Cooperaccion, Solsticio, IDLAS y el Medico Fernando Osores.

Finalmente todos estos hechos fueron públicamente presentados en una Conferencia de Prensa realizado en la sala de prensa del Gobierno Regional del Cusco el día de hoy martes 12 de mayo del 2015, a partir de las 9:30 de la mañana.

Palabras de los que participan en la conferencia de prensa:

Melchora Surco, afectada por metales pesados de la Comunidad de Alto Huancane en Espinar: “Nosotros venimos a denunciar para que haya justicia, queremos vivir igual que ustedes sanos, yo vivo afectada por esta empresa minera y a mi salud por más de 30 años, ¿Cuándo nos van atender?…”

Abogado Juan Carlos Ruiz del IDL: “En un Estado constitucional, cuando el Gobierno no cumple con proteger los derechos, corresponde a los jueces hacer control al Gobierno para que lo hagan…”