El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, remitió una carta al Presidente de la República, Ollanta Humala, exhortándole a atender oportunamente la agenda pendiente con los pueblos indígenas y así consolidar la implementación del derecho a la consulta previa, el cual representa un importante mecanismo de diálogo para atender, recoger y canalizar las expectativas e iniciativas de dichos pueblos.

Si bien se han logrado importantes acuerdos en 10 procesos de consulta previa desde la aprobación de la Ley N° 29785, hace 3 años -€”dijo el funcionario-€” se advierte una demora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado. «€œEn ninguno de los casos se ha emitido, hasta el momento, la correspondiente medida administrativa que permita cumplir con los compromisos asumidos», lamentó.

Asimismo, Vega manifestó su preocupación por el desconcierto y malestar de las comunidades a raíz del anuncio del proceso de licitación del lote 192, en Loreto, para el próximo 15 de julio. «€œEs necesario que el Estado garantice un adecuado proceso de consulta previa y asegure que los acuerdos que se alcancen con los pueblos indígenas sean incorporados y cumplidos en el desarrollo de la operación petrolera», puntualizó.

Otro tema pendiente es que, transcurridos 20 años de vigencia del Convenio 169, aún no se ha realizado ningún proceso de consulta previa en el sector minero. «€œEsto sumado al hecho de que aún no se completa la publicación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, provoca que los pueblos indígenas andinos de habla quechua vean dificultado el ejercicio de su derecho a la consulta previa», señaló.

Finalmente, Vega afirmó que está en manos de las instancias del Poder Ejecutivo, aportar todos los recursos necesarios para cumplir con esta agenda pendiente en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas indígenas. «€œConfiamos en que se tomen las decisiones que permitan que las obligaciones asumidas con los pueblos indígenas sean atendidas lo más pronto posible», concluyó.

Lima, 21 de mayo de 2015.

 

Defensoria del Pueblo

 

Of 248-2015 a Presidencia República – Consulta Previa

La Ley 30327 denominada “Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social”, que fuera presentada como proyecto de ley 3941 al Congreso el 05 de noviembre del 2014, y que finalmente fuera publicada este 21 de mayo del 2015. como Ley, consideramos mantiene, entre otros los siguientes cuestionamientos, pese a que se les hizo saber los riesgos a las instancias competentes en el Congreso de la República, los cuales desde el Equipo Técnico de la Red Muqui detallamos en el siguiente documento:

Descargue aquí el documento –> Link

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Alcances de la Ley 30327 (ProyLey 3941) by prensamuqui

En conferencia de prensa, los ronderos de las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas, rechazaron tener alguna responsabilidad en la desaparición y muerte de los 3 trabajadores de la empresa minera Río Blanco.

El ex presidente de la comunidad campesina de Yanta, Magdiel Carrión, señaló que los comuneros han dado las facilidades para que la Fiscalía y la Policía Nacional lleguen al lugar para ubicar a los trabajadores que están desaparecidos.

Sin embargo, el dirigente ronderil lamentó que hayan sido dejados de lado, pese a que los ronderos participaron en la búsqueda y hallazgo de Manuel Herrera, único trabajador sobreviviente de la empresa minera Río Blanco.

Sobre los cuerpos de los tres trabajadores de la minera que se hallan muertos, Magdiel Carrión hizo un llamado a sus familiares para que exijan a la empresa minera su pronta entrega.

Sin embargo, al dirigente le parece extraño que la Río Blanco haya anunciado que ya ubicó  los cuerpos de los trabajadores sin que hasta el momento no presenten las evidencias de que ya los encontraron.

Magdiel Carrión aseguró que si la policía de Ayabaca hubiera permitido la ayuda de los comuneros, se hubieran encontrado los cuerpos de los trabajadores de la empresa minera.

Precisó que los efectivos de la Policía Nacional los hicieron a un lado porque había especialistas en alta montaña para este rescate que hasta hoy no muestra resultados.

Por ello, Magdiel Carrión ofreció, a través de Cutivalú, ayudar a los familiares de los trabajadores desaparecidos en la búsqueda y rescate de sus cuerpos.

“Les pedimos que se comuniquen con nosotros para darles una alternativa de solución, sin ningún interés de por medio”, sostuvo el ex presidente de la comunidad de Yanta, Magdiel Carrión, quien no descartó la posibilidad de ayudar a rescatar los cuerpos.

“Es posible (rescatar los cuerpos) si nos dejan actuar, en conjunto con ellos y con un fiscal, podemos llegar, así sea 3 o 4 días, podemos llegar”, aseguró el dirigente ronderil.

RESPONSABILIZA A RÍO BLANCO

El ex presidente de la comunidad de Yanta, Magdiel Carrión sostuvo que la única responsable en este caso es la empresa minera Río Blanco por enviar a sus trabajadores a territorios comunales sin tener licencia social, como lo exige la ley.

El dirigente manifestó que fue muy irresponsable la empresa minera Río Blanco al enviar a esos trabajadores a tierras comunales, sabiendo la existencia de un conflicto social en la zona, además del mal tiempo por esta temporada del año.

Al recordar las declaraciones que Manuel Herrera brindó a la policía cuando fue encontrado, el rondero señaló que el joven muchacho reconoció que se encontraba en la zona porque la empresa minera les había enviado para realizar estudios topográficos que les permita ejecutar nuevos accesos en la comunidad.

Magdiel Carrión dejó en claro que los comuneros de Yanta y Segunda y Cajas están unidos y que nunca darán permiso para que la empresa minera Río Blanco realice trabajos en su zona.

DENUNCIARÁN A MINERA

En ese sentido, el Frente de Desarrollo Sostenible de Ayabaca y Huancabamba denunciará a la empresa minera Río Blanco por ingresar a territorios comunales sin tener licencia social, aseguró Magdiel Carrión, a través de Cutivalú.

El dirigente señaló que el Ministerio de Energía y Minas debería informar por qué la empresa Río Blanco se encontraba en ese lugar.

Asimismo, Magdiel Carrión también cuestionó la presencia de militares en la zona de la comunidad de Yanta. Dijo que hasta el momento no se les informa sobre su presencia en áreas comunales.

Frente a este panorama, el dirigente aseguró que los comuneros entregarán cartas y pronunciamientos al gobierno central para dar a conocer esta situación.

Cabe indicar que junto al ex presidente de la comunidad campesina de Yanta, Magdiel Carrión, estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de las rondas campesinas de Ayabaca, Rubén Jimenez Carrión; el presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Samuel Labán; el presidente de la  Central Única Provincial de las rondas campesinas de Huancabamba, Juan Renteria Rivera; y el presidente del Comité de Vigilancia y Fiscalización de la Comunidad de Segunda y Cajas, Servando Aponte Guerrero.

 

Fuente: Radio Cutivalu

Cuando hablamos de extractivismo en América Latina y específicamente en  nuestro país, saltan a la vista las diversas posturas  en cuanto a la percepción del desarrollo, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué hay más allá del desarrollo? ¿Por qué se piensa que está ligado necesariamente al crecimiento económico? Y ¿cuánto se sacrifica para conseguir cifras económicas favorables?

A través de los años se evidencian la postura parcializadas de los gobernantes de turno que se traducen en políticas de gobierno empeñadas en mantener un modelo económico basado en una dependencia directa de la extracción de recursos naturales y la vulnerabilidad que implica depender únicamente de la demanda externa. Alberto Costa, menciona que las consecuencias del extractivismo comenzaron en la conquista y continúan de forma perversa pues continúa siendo sinónimo de saqueo, destrucción, pérdida de identidad, subdesarrollo, dependencia y miseria. Asimismo, plantea que es necesario desmercantilizar la naturaleza pues ni los gobiernos progresistas ni los gobiernos neoliberales cuestiona el extractivismo y paradójicamente plantean como solución al extractivismo, más extractivismo. Del mismo modo,  Humberto Campodónico habla de la “maldición de los recursos naturales” que consiste en que aquellos países que los explotan tienen más beneficios que aquellos que los poseen, una realidad que se ve reflejada en la época perdida del boom extractivista pues no hubo grandes cambios en las políticas públicas, ni mejoras en las zonas aledañas a los proyectos.

Asimismo, Eduardo Gudynas, menciona que el extractivismo influye a varios sectores produciendo derrames más allá del impacto local, en el ámbito ambiental, territorial, cultural, social económico, derechos humanos, justicia, estado, democracia etc. Poniendo como ejemplo la flexibilización que debilita las normativas ambientales  y la “extrahección” que significa arrancar con violencia, entendida como la violación de los derechos humanos y de la naturaleza con el propósito de crear condiciones necesarias para llevar a cabo proyectos extractivos.

Por otro lado, Epifanio Baca, habla del fin del boom extractivo y su impacto económico en el Perú desde la desaceleración económica en el año 2012 por la caída de las exportaciones mineras. En efecto, el año pasado, cayeron en 10,6% y este año se estima que las inversiones mineras disminuyan cerca del 14% y la renta captada actualmente por el estado es la misma  antes del boom  minero. Del mismo modo, Carlos Monge señala que los países especializados en la minería son los que más han crecido por el boom pero esta realidad no puede mantenerse en el tiempo. Asimismo, indica que no existe relación directa entre la actividad extractiva y el mayor crecimiento o el bienestar en territorios con recursos no renovables y aquellos que no los tienen. Uno de los problemas sobre la gobernanza del sector extractivo  es que se quiere mantener el modelo de los 90’s en donde el gobierno central y el MINEM  eran los únicos que decidían y el conflicto ocurre cuando estos se niegan a aceptar los nuevos actores, como el MINAM, MINCU, OEA, SENASE, los gobiernos regionales y locales, siendo necesaria la implementación de reformas institucionales.

Finalmente, Mark Hufty, analiza la extracción del litio mediante la perspectiva de una economía verde como alternativa a la utilización del petróleo. Haciendo énfasis en que el extractivismo ideal respeta el medio ambiente, considera la justicia social e internaliza el costo – beneficio, integrando dentro del costo de los minerales el costo ambiental y humano.

En el año 2007 se empezó a elaborar la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de Cajamarca, como paso previo a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Han pasado ocho años y el ente rector nacional sigue dando prioridad exclusiva a las ZEE de los departamentos o a sus Estudios Especializados. El Plan de OT parece estar cada vez más lejano.

Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, comentó un artículo publicado en Noticias SER en el mes abril[1], básicamente expresando la total disposición que tendría el MINAM a coordinar con las regiones que trabajan sus procesos de gestión del territorio. Además, ofreció la “expertise y capacidad de gestión (del MINAM) para conducir y orientar los procesos”.

Pues bien, partiendo de la experiencia de Cajamarca, es necesario seguir incidiendo en aquellos aspectos que puedan estar débiles en el ente rector, pues lo concreto es que localmente nos queda la sensación de que hubiera un retroceso en cuanto a las expectativas que se tenían al inicio de este gobierno para contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Con esta mirada se empezó el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), pero pasados ocho años, no resulta fácil hacer una proyección para culminar siquiera los Estudios Especializados (EE), ni mucho menos para completar el Diagnóstico Integral del Territorio (DIT) y o el POT. Veamos por qué.

La ansiada opinión favorable

En el comentario que aludimos, el ministro señalaba: “Se han aprobado un conjunto de instrumentos técnico normativos donde se ha definido claramente el proceso metodológico del ordenamiento territorial, así como el conjunto de instrumentos mínimos necesarios para elaborar un plan de ordenamiento territorial”. Llama la atención esta frase, pues hasta la fecha de redacción de este texto, se acaban de publicar las guías metodológicas para sólo dos de los siete EE, pese a que la Resolución Ministerial que autorizaba su elaboración fue publicada en el mes de mayo del 2013; hace dos años.

En este periodo y producto de las observaciones del MINAM, en Cajamarca se han elaborado hasta tres versiones de los seis EE aplicados a la realidad regional, las mismas que han sido enviadas al ministerio para su opinión favorable. A decir de quienes participan en el proceso, la entidad no muestra mayor celeridad en la revisión de los documentos ni para brindar asistencia técnica al equipo responsable, de modo que el acompañamiento pueda ser de calidad, sobre todo considerando que no se contaba con una propuesta metodológica para direccionar la elaboración de los estudios.

No obstante, en estos dos años, Cajamarca, sin contar con una guía metodológica para el diseño de los EE, una vez más ha demostrado que está un paso adelante en su proceso, pues ha completado la tarea valiéndose de la experiencia acumulada desde el 2007. Sin embargo, la reciente publicación de las guías significa que los procesos deberán adecuarse a ellas y, por lo tanto, ser sometidos nuevamente a revisión, para buscar la tan ansiada opinión favorable. A esta dilatación del tiempo se le agrega el que habrá que esperar hasta que el resto de guías metodológicas sean publicadas y los EE nuevamente sean adecuados a sus indicaciones.

En tal sentido, que el ministro considere que se ha definido claramente el proceso metodológico puede entenderse como un comentario bastante ligero. Más aún, cuando tampoco se conocen (o no existen) las guías para el DIT y para el POT.

Mellando la participación

La disposición del MINAM, en cuanto a la participación de los diferentes actores en el proceso, tampoco ha estado exenta de críticas; esto a raíz de la publicación de las Resoluciones Ministeriales N°056 y 087–2015-MINAM, que básicamente señalan la conformación que deberían tener las Comisiones Técnicas Regionales (CTR). En Cajamarca, estas disposiciones han sido observadas, debido a que la participación propuesta excluye a representantes de otros sectores que han tenido un involucramiento activo en el proceso regional. Por este motivo, se consideró pertinente invitar a representantes del ministerio a participar en una de las últimas asambleas de CTR, a fin de que escucharan sus fundamentos. Como resultado de este evento, se acordó remitir un documento formal al ministerio, proponiendo la revisión de la citada resolución. El argumento principal es que Cajamarca cuenta, desde el 2007, con una CTR activa, la misma que, con el pasar de los años y debido al requerimiento de mayor inclusión de actores, ha ido integrando a representantes de plataformas de concertación, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, como los Consejo Regionales de la Mujer y de la Juventud, razón por la cual suma alrededor de 60 actores.

Pero a decir del MINAM, no es necesaria la presencia de más actores. Esta postura relegaría a sectores que en Cajamarca han resultado fundamentales, pues han brindado soporte técnico y logístico, en aras de la legitimidad del proceso. Así, por ejemplo, los y las integrantes de la CTR hoy participan en la elaboración de los EE. No se debe obviar tampoco que el proceso de OT tiene un componente político, en el que es importante generar consensos regionales, lo que empieza por incentivar la participación.

Se ha dicho que las normas publicadas garantizan la adecuada participación del conjunto de actores, pero no necesariamente es así, pues las realidades y los requerimientos regionales son distintos. En tal sentido, cada proceso debería tener la libertad de adecuar sus CTR, informando y justificando ante el MINAM los respectivos cambios. De hecho, en el caso de Cajamarca ya se había observado, desde el 2007, el Decreto Supremo N°087 –2004-PCM (que ha servido de base para la resolución del MINAM), porque no consideraba la participación de actores fundamentales.

Se debe señalar, por otro lado, que no se ha escuchado un buen argumento que justifique los límites a la participación, por lo que el ministerio debería recoger la experiencia de regiones como Cajamarca, que ha sido una de las pocas que ha adelantado el trabajo respecto a este tema. Se debería considerar, pues, los aspectos positivos que han permitido este avance y que tienen que ver con el aporte activo de los distintos actores. En una región tan diversa (con una problemática amplia, índices de pobreza alarmantes, sin un espacio para discutir el desarrollo desde las diversas miradas y conflictos sociales pendientes de solución), un proceso de OT inclusivo desde su concepción ha hecho posible que los diferentes sectores interesados puedan aportar. Si el proceso de ZEE – OT de la región es reconocido, se debe, en gran parte, a la participación ciudadana que, a través de la CTR, se sustentó como uno de los pilares fundamentales.

Además de la socialización de las guías metodologías para el resto de EE, y luego para el DIT y el POT, el gobierno nacional tiene varios pendientes al 2016, como el dejar sentadas las bases para contar con una ley de OT y mejorar los procedimientos actuales para la entrega de autorizaciones que tienen que ver con la disponibilidad de los recursos naturales y las concesiones mineras, ya que la forma en que se viene realizando, incentiva la aparición de conflictos y la desconfianza de la población.

Por ahora, en Cajamarca se esperará la respuesta del MINAM a la preocupación de la CTR. No obstante, con este contexto, quedamos convencidos de que será imposible avanzar en la formulación del POT, en lo que queda del gobierno de Humala.

[1]Comentario al artículo: “Ordenamiento Territorial: La prioridad postergada” de Ronald Ordoñez, publicado en Noticias SER, el 15 de abril de 2015. Ver: http://www.noticiasser.pe/15/04/2015/medio-ambiente/ordenamiento-territorial-la-prioridad-postergada

 

Por:

Ronald Ordoñez

Fuente: Noticias SER

Chulucanas. “Desde el 31 de julio hasta la fecha solo hemos recibido contradicciones y mentiras sobre el destino del ingeniero geólogo Orlando Pastrana”, aseguró el abogado de la familia del extinto minero desaparecido en Cerro Negro en la provincia de Ayabaca.

José Panta insiste en la posición de la familia de denunciar a la empresa minera Río Blanco Cooper por haber omitido una serie de prevenciones contempladas en el reglamento de seguridad en la minería, además de negligencia y otras faltas.

Panta exigió a las autoridades poner mayor interés en traer el cadáver de Pastrana hasta Piura, para luego ser trasladado hasta Nazca, donde lo esperan sus hijos, quienes velan solo la ropa del minero.

Las necropsias de ley aplicadas a los cuerpos de la comunicadora social Aleida Dávila, y el cocinero Segundo Tacure, dieron como resultado que su muerte se produjo a causa del frío. La hipotermia acabó con sus vidas, y sus cuerpos ya han podido ser enterrados cristianamente; sin embargo el cadáver de Pastrana continúa en la zona de montaña.

Panta se ampara en el Decreto Supremo 055 del año 2010 que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería para anunciar una denuncia contra Río Blanco. La demanda se basaría en la libertad de trabajo, y se probaría al sustentar la falta de un plan de emergencia y de seguridad durante la expedición.

ÚLTIMO ADIóS.

Con un concurrido cortejo fúnebre se sepultaron ayer los restos del trabajador de la minera Río Blanco, Segundo Tacure Saavedra, fallecido a los 41 años de edad. Él fue encontrado después de más de un mes de estar desaparecido en Cerro Negro, ubicado en la provincia de Ayabaca, junto a la fallecida Aleida Dávila. Con ellos también se extraviaron Orlando Pastrana y Manuel Herrera. Este último fue el único sobreviviente del fatal periplo.

El funeral del cocinero partió de su domicilio en la calle Gabriel Béjar al mediodía, y la multitud a cada momento decía: “Segundo Tacure Saavedra, ¡presente!… Que se haga justicia… Qué se dé con los responsables de la muerte de este joven padre que solo lo llevaron para matarlo en la sierra de Piura”.

El sepelio recorrió las calles de Chulucanas y en la esquina de las calles Ayacucho con Libertad hizo un alto para despedirse del local “El Cajamarquino”, donde su hermano Manuel Tacure le había enseñado a cocinar. Manuel dijo entre sollozos que lo va extrañar porque era su mano derecha en su negocio, y con quien tenía un proyecto de poner una cevichería..

Luego, el cortejo siguió por las calles Libertad y Junín hasta llegar al cementerio Divina Misericordia. En ésta, su última morada, la viuda de Tacure, Elvira Roldán Sánchez, y la hija del occiso, Claudia Tacure (19), evitaron dialogar con la prensa, pero su inconsolable llanto evidenciaba el dramático momento que les ha tocado vivir. Las lágrimas por la muerte del buen esposo y buen padre exigían justicia para castigar a los responsables.

 

Fuente: La Republica

Como se sabe el Primer Juzgado Unipersonal Provincial Penal de Ica programo audiencia de inicio de juicio oral para el caso de los dirigentes de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz (ex alcalde de Espinar), Herberth Huaman Llave y Sergio Huamani Hilario (FUDIE) a quienes el Ministerio Público acusa de varios delitos contra la tranquilidad pública por el conflicto ambiental suscitado en mayo del 2012 en la provincia de Espinar – Cusco, contra la empresa minera Xtrata Tintaya hoy Glencore Antapaccay, solicitando más de 20 años de pena privativa de libertad para los dirigentes sociales.

La audiencia se desarrolló el día de hoy, a las 8.30 am, en las instalaciones del Poder Judicial de Ica, estando a cargo el Juez Darcy Vivanco Bayllon, donde concurrieron solo dos de los acusados, con sus abogados. La ausencia de dirigente del FUDIE Herbert Huaman Llaves,  fue justificada por su abogado, aduciendo que su patrocinado por motivos laborales no pudo desplazarse hasta la ciudad de Ica, acreditando lo dicho con la entrega de un certificado de trabajo, además sostuvo que las distancias geográficas desde Espinar a Cusco impiden que su patrocinado esté presente en el juicio. Estos argumentos no fueron suficientes para revocar la decisión del magistrado, quien decreto el traslado compulsivo de Herbert Huaman Llave, el magistrado sostuvo que ni el trabajo o la distancia geografía de Espinar a Ica justifican válidamente su ausencia, y que solo frustra la instalación de juicio, puesto que existe resoluciones administrativas que obligan a los dirigentes a ser juzgados en el distrito judicial de Ica y que los acusados teniendo conocimiento de la medida deben de tomar las acciones previsoras para garantizar su presencia. Pese a que la defensa técnica sostuvieron que es obligación del juzgado garantizar el derecho de defensa y que debido a la desigualdad de armas que existe entre las partes por el traslado de competencia, se debía resolver tomando en consideración las circunstancias de complejidad del caso, no fue suficiente para que el Juez Vivando deje sin efecto su medida, confirmando la declaratoria como reo contumaz al dirigente social.

Finalmente se reprogramó la audiencia de instalación de juicio oral  para el día 20 de agosto del año en curso a horas 14.00 pm.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

Desde que se aprobó la Ley de Consulta Previa en nuestro país, en agosto de 2011, ya son 20 los procesos que están o en ejecución, y ya 8 concluidos. Once de ellos corresponden a exploración y explotación de hidrocarburos, aunque en minería todavía ninguno se ha llevado a cabo.

En reglamento de la ley de Consulta Previa se aprobó en 2012. La medida busca, principalmente, garantizar el respeto al medio ambiente y a los derechos colectivos de las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia de cada proyecto de inversión, de modo que se evite la conflictividad social.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo de conflictos sociales de enero de 2015, las actividades que mayor conflictividad social arrastran son las que tienen que ver con la extracción de recursos naturales: minería e hidrocarburos.

Y es ahí a donde la consulta previa tiene su mayor desafío como instrumento que debe permitir garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Pero ¿Qué se consulta a los pueblos indígenas? La investigadora Riccarda Flemmer, autora del estudio Consulta, participación y transformación de conflictos considera que en nuestro país, la consulta se ha dado de modo temprano.

Es decir, el proceso, en materia de hidrocarburos, las realiza Perupetro y el Viceministerio de Interculturalidad, antes de que se otorgue la licitación de lote consultado. Mientras que en otros países, la consulta se hace sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuando ya hay un inversionista.

“Esto tiene desventajas porque en el Perú es tan temprana la consulta… funciona como capacitación en términos de derechos porque muchas de las comunidades no saben cómo funciona la explotación de petróleo, ni qué derechos tienen en términos de estándares internacionales, de legislación nacional tampoco. También es para enseñar qué puede significar un proyecto de hidrocarburos”, agrega Flemmer.

¿Qué es lo que se consulta a los pueblos?
La especialista de DAR, Iris Olivera, aclara que lo que se consulta es el Decreto Supremo que autoriza el contrato de licitación del lote respectivo. Sin embargo, en el proceso para el lote 169 no se vio la discusión clara de ese decreto.

“Las actas internas dicen ‘autorizamos el ingreso de Perupetro para que pueda iniciar las actividades en nuestra comunidad. Para eso planteamos acuerdos: más contratación de personal local, saneamiento básico, titulación, otros’.”, señala.

Así es como se llegó a la etapa de diálogo: con la idea de que Perupetro era la empresa que iba a venir a explorar.

 

Fuente: Los Andes

El cerro El Toro hace noticia para dar a conocer lo que ya se ha convertido en rutina: La muerte de tres obreros Se trata de los hermanos Julio, Samuel y José  Benítez Tiburcio de 30, 24 y 22 años de edad, que se dedicaban a la extracción de oro.

Según los familiares, habría otro minero muerto pero se desconoce el nombre, ya que los propietarios estarían ocultando este accidente laboral.

Además, informaron que los fallecidos fueron trasladados sigilosamente por los dueños de la mina hasta su tierra natal en el distrito de Cochorco, sin reportar el accidente a la Policía Nacional.

El hermano de las víctimas pide que se investigue el hecho, ya que son varias las personas que ya han muerto en minas artesanales sin que la PNP, ni la Dirección de Energía y Minas de la Libertad hagan algo para evitar más muertes.

Nuevamente, pues, nuestro querido e histórico cerro El Toro es protagonista de la noticia y, de esa manera, pone sobre el tapete del análisis la penosa realidad que soportan los obreros mineros. Moribundo como está el cerro El Toro, convertido hoy en una isla a la que pocos hicimos algo para frenar este problema, pese hacer amenazados.

Del Cerro El Toro no queda más que un viscoso cascarón, el cual en cualquier momento va a hundirse enterrando así parte del corazón huamachuquino.  ahora, como vacío esta ya nuestro cerro ahora le toca el turno de asesinar a los cerros de Sitabamba, en Santiago de Chuco, a donde ya empiezan a emigrar los ambiciosos mineros fantasmales del Cerro el Toro, y , también, de Parcoy y Pataz con su terrorífica guadaña a destruir sus hermosos cerros hasta convertirlos en cascarones vacíos.

Triste realidad que se va dibujando poco a poco en nuestra región por la negligencia de nuestras autoridades regionales y provinciales que se rinden ante el seudo poder que tienen los dueños de los yacimientos mineros amparados algunos por amañadas concesiones y, otros, sin ellas. Hecho que siempre hemos reclamado y que, tercamente, hoy señalamos.

Se reconoce la importancia que tiene la minería para el desarrollo económico de nuestro país. Lo que es materia de condena es la zona y la forma en que se desarrolla esta actividad que no respeta para nada la fuente de vida como es el agua. Para los elementos inescrupulosos el oro es lo primero, no vacilando en contaminar y destruir la ecología, delitos que deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

Las autoridades de todos los niveles de gobierno saben que la verdadera solución a este problema es el Ordenamiento Territorial  que defina las zonas de explotación minera y las zonas de explotación agrícola para que, de esta manera, ambas fuentes de riqueza se desarrollen armónicamente y contribuyan así al desarrollo de la economía nacional con absoluto respeto a la vida y bienestar de los pueblos.

El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de La Amaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.

El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera Maribel a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?

Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.

MARIBEL, LA NUERA DE MÁXIMA, CON SUS ANIMALITOS EN LA ZONA DE TRAGADERO GRANDE.

Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.

Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!

MÁXIMA EN NOVIEMBRE DEL 2011 CUANDO LA PNP LA GOLPEO PARA INTENTAR DESALOJARLA.

Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.

 

Por Rocío Silva Santisteban

Fuente: La Mula