Durante dos días –24 y 25 de junio- expertos analizarán el impacto que generan las reformas normativas y contra-reformas en las tierras de América Latina debido a la imposición de modelos económicos extractivistas, alterando las formas de tenencia de la tierra, este debate se dará en la Conferencia Internacional: “Las luchas sociales por la tierra en América Latina. Un análisis histórico, comparativo y global”.

El informe El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia, realizado por la FAO alerta de que “en toda América Latina y el Caribe se ha disparado la inversión (extranjera) en la tierra y la agricultura durante la última década”. Los 10 países más afectados por el acaparamiento de tierras son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los principales detonadores de la “actual fiebre de tierras” en América Latina y El Caribe se debe por la creciente demanda mundial de alimentos, forraje  y combustible. En segundo lugar, por el incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras.

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, una de las promotoras de este evento, manifiesta que en la conferencia se compartirán las experiencias sucedidas en América Latina, desde la perspectiva de las comunidades y los académicos. También se analizará la situación agrícola desde el inicio de la lucha por las tierras en América Latina, la reforma Agraria, y la inversión extranjera.

“En el Perú se están vulnerando el derecho de las tierras de las comunidades  mediante diversas leyes y decretos presentados por el propio Poder Ejecutivo, facilitando el acceso a las tierras a las empresas mineras”, señala Jahncke. “El 24% de la Población Económicamente Activa (PEA) en nuestro país, se dedican a la actividad agropecuaria. Además, solo el 7% de las tierras a nivel nacional está dedicada a sostener la canasta familiar en el Perú, éstas dependen de la agricultura familiar, y no son protegidas por el Estado: “El Ejecutivo ha legalizado lo ilegal con los paquetazos ambientales, que promueve la inversión mediante la concentración de tierras, como es el caso del Título III de la Ley Nº 30230, se propicia un procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios, para proyectos de inversión pública y privada”.

En la Conferencia Internacional: “Las luchas sociales por la tierra en América Latina, se abordarán se analizará los cambios históricos y actuales vividos por muchas comunidades de América Latina, desde la perspectiva del acceso y las luchas por la tierra. Tres ejes temáticos estructurarán estos aportes: Extractivismo; recursos naturales y agricultura familiar; y economía solidaria. Contará con la presencia de especialistas nacionales e internacionales, como: Sinclair Thomson, historiador y profesor en la University of New York; Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Ecuador, entre otros.

Esta conferencia es organizada por el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Red Muqui – Red de Propuesta y Acción; el Ghent Centre for Global Studies de la Universidad de Gante; y el Research Foundation Flanders (FWO).

Conferencia Internacional: “Las luchas sociales por la tierra en América Latina. Un análisis histórico, comparativo y global”
Días: 24 y 25 de Junio 2015
Hora: de 9:00 a 20:00 horas
Lugar: Auditorios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La consulta previa genera temor entre los inversionistas, y es un temor justificado: hay un costo de oportunidad que podrían perder por la demora en la aplicación de este proceso y por la posibilidad de que la población niegue la presencia empresarial en su territorio. El temor también está en el Estado, en la medida en que no cuenta con la capacidad para atender los procesos que se están presentando.

El hecho de que haya demorado dos años en oficializarse la creación del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa –que forma parte de los acuerdos tomados en varios procesos de consulta– evidencia que el sistema todavía no termina de madurar. Y es que el proceso de consulta previa aún es nuevo.

Si bien fue aprobado en agosto del 2011, hasta el momento solo se ha circunscrito a 54 pueblos indígenas u originarios de  más de 1.786 (considerados en el censo del 2007 por el INEI). Estos 54 son los contemplados en la lista elaborada por el viceministerio de Interculturalidad. La mayoría de ellos se encuentra en la selva.

Iván La Negra, ex viceministro de esta cartera, indica que en la lista existe mucha ambigüedad, porque hay pueblos aimaras que están incluidos y no ve las razones por las que otras comunidades quechuas también lo estén, considerando que tienen patrones culturales definidos .

Mayu Velasco Anderson, asesor del viceministerio de Interculturalidad, indica que la lista se ha trabajado siguiendo los criterios del Convenio 169 de la OIT, que da origen al mecanismo de la consulta previa y que define un criterio subjetivo de autoidentificación de los pobladores y criterios objetivos referidos a la ancestralidad y la existencia de instituciones como la lengua o formas de organización, definidos desde antes del virreinato.

Identificar a los pueblos indígenas u originarios no es sencillo, si bien hay 3,5 millones de peruanos que aprendieron a hablar una lengua indígena, lo que da pie a que pudieron haber recibido una transmisión cultural ancestral, no hay una autoidentificación expresa de pertenecer a un grupo originario. Velasco señala que desde el censo de 1940 no se pregunta a la población si se reconoce como parte de una comunidad indígena.

Son muchas las comunidades que llegan al Ministerio de Cultura con la expectativa de que se les permita tener un proceso de consulta previa, sobre todo por la posibilidad abierta tras la promulgación de la ley. Esto es reconocido por Velasco, quien indica que  se les niega esta posibilidad por no estar contemplados en la lista.

¿Por qué no darles esa oportunidad? “Porque la consulta previa es un derecho colectivo que parte del Convenio 169, que es un convenio expresamente para población indígena. Para el resto de la población existen otros procedimientos de participación”, señala Velasco.

El director de Noticias de la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), el antropólogo Javier Torres menciona que las comunidades campesinas,  más allá de que se autodenominen o no indígenas, reclaman el derecho a la consulta previa. Negarles esta posibilidad, en su opinión, no sería lo más práctico,  porque genera una desconfianza inmediata.

“Pasado el tiempo empiezan a decir: ‘me lo quieres imponer y no me quieres escuchar’.  Entonces, esto, que es para el MEM [Ministerio de Energía y Minas] un triunfo, se convierte en un búmeran, y se deben crear mecanismos ‘ad hoc’ como la  mesas de diálogo, donde el Estado y la empresa van a ofrecer recursos para que la gente acepte el proyecto”, señala.

Consulta previa: un balance a cuatro años de su creación

El ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Augusto Baertl, refleja el recelo que tienen los empresarios  a la consulta previa. Indica que la consulta es un proceso que siempre se ha dado  en el sector minero, pero no como una obligación legal, sino como una herramienta para construir confianza, que es el principal reto al momento de que las empresas tengan que intervenir.

“Con la consulta previa se ha dado por institucionalizar la consulta y se la ha convertido en un proceso burocrático que nos pone una camisa de fuerza a todos los agentes:  a la empresa, a la misma comunidad y al Estado y, obviamente, al ser una especie de requisito, intervienen personas o instituciones con intereses ajenos a los de la comunidad, lo que genera tropiezos. Para mí la consulta siempre se  ha hecho”, señala.

La Negra indica que hay un desconocimiento de este instrumento de la OIT. No es la primera vez que hay temor a algo nuevo en el sector minero, señala, pues lo  mismo ocurrió  en los 90 con la exigencia inicial de los estudios de impacto ambiental, donde las empresas le pusieron ‘peros’ y se derogaron, pero después nuevamente se tuvieron que implementar hasta que se consolidaron.

“En este caso no es un instrumento, es un derecho. En tal sentido es legítimo que las comunidades lo exijan”, señala.

PROCESOS EXITOSOS

Para La Negra, el temor respecto a este instrumento es infundado, más aun porque hasta el momento no se ha dado una oposición ‘per sé’ de las comunidades consultadas por los proyectos de inversión, citando los casos llevados adelante por Perú-Petro.

En efecto, la agencia de promoción de las inversiones en el sector hidrocarburos ya ha desarrollado con éxito cinco procesos de consulta previa y tiene dos en camino. El presidente de esta organismo, Luis Ortigas, explica que en estos procesos las comunidades buscan informarse bien y exponer sus necesidades para que estas sean resueltas por el Estado.  Ortigas indica que para las poblaciones que no pueden acceder a la consulta previa, se desarrollan talleres y audiencias públicas para informarles acerca de las inversiones que se desarrollarán en la zona.

El consultor en temas sociales mineros, Ricardo Labó, refiere que la consulta previa no se ha aplicado en su sector, porque el Estado no tiene los recursos adecuados y este no se puede implementar de la noche a la mañana.

El especialista menciona que cuando las mineras tienen una relación exitosa con sus comunidades es porque tienen mecanismos de consulta permanente, tal y como indica Baertl. ¿Entonces a qué se debe  el temor de ampliar el proceso de consulta previa, si las empresas ya hacen consulta y es casi lo mismo?

Para Torres se trata de un mecanismo sencillo, porque finalmente no hay derecho a veto. Pero sí lleva a resultados. “Para explicarlo sencillamente: si la consulta es A, el resultado no puede ser lo mismo, sino A+1, A+2, o A-1”, indica.

Asimismo, el asesor del viceministerio de Interculturalidad, Mayu Velasco, explica que los acuerdos en los procesos de consulta son vinculantes, porque el objetivo de la consulta previa es llegar a acuerdos  que el Estado debe cumplir. Sin embargo, la mayor variante frente a otros procesos es que en la consulta previa los pueblos pueden solicitar el inicio de este proceso, en los otros no.

 

Fuente: El Comercio

El día miércoles 29 de abril, después de frustrarse la mesa de diálogo entre la Presidencia del Consejo de Ministros con los cuatro alcaldes de la provincia de Islay por la presencia de la presidenta del Congreso y otros tres legisladores, se brindó una conferencia de prensa con la presencia del Ministro Interior, José Luis Pérez Guadalupe; del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal; de Energía y Minas, Rosa Ortíz; y de Agricultura, Juan Manuel Benitez; la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, el Alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra.

En declaraciones que no han sido difundidas por los medios de comunicación a nivel nacional, el alcalde Alfredo Zegarra invocó al Ejecutivo a poner en práctica todas las medidas para la protección de la agricultura, sorprendió a los miembros de la mesa mencionando que «Nadie en su sano juicio puede dar prioridad a la minería sobre la agricultura quiere decir que estaríamos en un mundo al revés»; haciendo referencia a las autoridades presentes en la mesa como la Ministra de Energía y Minas.

«La agricultura nos da de comer, la agricultura nos alimenta y creo que esa es la prioridad que se tuvo que haber discutido el día de hoy… no podemos permanecer indiferentes, ya sucedió un problema fatal con una persona, no esperemos que hayan muchos más muertos para que recién cedamos posiciones » agrego Alfredo Zegarra.

COMUNICADO  A LA OPINIÓN PUBLICA
COMPROMISO DE LAS ORGANIZACIONES CATÓLICAS INTERNACIONALES
POR LA JUSTICIA SOCIAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
28 de abril del 2015

Broederlijk Delen (BD), una  agencia de cooperación al desarrollo de inspiración católica y CAFOD la agencia oficial de la iglesia católica en Inglaterra y Gales, llevan más de 50 años trabajando por la paz, la solidaridad y la justicia global. Como organizaciones internacionales, nuestro objetivo es promover el desarrollo humano y sostenible en beneficio de los sectores más desprotegidos de la sociedad alrededor del mundo. Nuestras agencias tienen un compromiso profundo con el desarrollo y bienestar del pueblo peruano y reconocemos la importancia de las inversiones de empresas nacionales y multinacionales; sin embargo, este desarrollo debe promover equidad e inclusión social, según los lineamientos que establecen la Convención Americana de Derechos Humanos y los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Según el documento de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida consideramos que en muchos casos: “…hay una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región… y en las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas”. Como organizaciones católicas no podemos ser indiferentes a esta realidad; sobre todo, si los pobres son los más afectados.

En fidelidad a nuestra opción evangélica por las personas pobres, trabajamos desde hace muchos años con organizaciones como Red Muqui, DHSF y otras organizaciones de la sociedad civil peruana en la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, y en la protección y preservación de bienes de la creación como el agua, bosques, tierras agrícolas y atmosfera, para lograr un uso equitativo y responsable de estos recursos, y para mejorar la calidad de vida de todos y todas los peruanos; particularmente de quienes a menudo son excluidos de los beneficios generados por el crecimiento económico.

Desde hace varios años estas organizaciones, y otras que también realizan un trabajo igualmente comprometido, han sido víctima de ataques y estigmatización, precisamente por defender los derechos amparados en la Constitución, leyes y convenios internacionales. Por esto, expresamos nuestra preocupación por la situación de nuestras organizaciones aliadas, de las y los defensores de derechos humanos y ambientales, y de las y los representantes de la Iglesia Católica y sus organizaciones en todo el Perú, quienes en las últimas semanas nuevamente  han sido afectados por una difusión de información falsa sobre su trabajo en medios de comunicación y en espacios de discusión pública. Como se expresa anteriormente, nuestro compromiso es con los hombres y mujeres pobres, la justicia social y los derechos humanos, como estrategia vital para lograr el desarrollo y bienestar de toda la población.

Creemos como Broederlijk Delen y CAFOD, que en el Perú, se necesitan políticas públicas sólidas para fortalecer la democracia, promover desarrollo y lograr una gestión sostenible de los recursos naturales. Consideramos que para ello es clave utilizar instrumentos de gestión y de participación ciudadana como el ordenamiento territorial, la consulta previa, libre e informada, la regulación ambiental, así como el desarrollo de alternativas que permitan una diversificación de la economía. Es importante establecer mecanismos de diálogo verdadero, con una agenda consensuada y con actores representativos y legítimos que canalicen demandas y preocupaciones para evitar que escale la violencia. De esta manera, los desafíos  de convivencia que actualmente vive el país se canalizarían de forma institucional y democrática y favorecerían un desarrollo integral, justo y en armonía con la naturaleza. Esta visión guía y sostiene nuestro trabajo.

Hagamos nuestras las palabras del Papa Francisco, “La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica” (Evangelii Gaudium 203).

Los paquetazos de normas emitidos por el gobierno para promover la inversión privada vulneran la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y no consideran las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, los pueblos indígenas y sus organizaciones pueden recurrir a los mecanismos de justicia nacionales e internacionales para ejercer la defensa de sus derechos fundamentales.

Así lo señaló Catherine Sevilla, especialista del Instituto de Derecho y Sociedad (IDS) en el Conversatorio “Juventud, Tierra y Territorio” realizado el 23 de abril en el marco del Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas: Identidad y Liderazgo, desarrollado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP.

En este Conversatorio, organizado en coordinación con la Plataforma por la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pedro Castillo, responsable del Programa de Acceso a Recursos Naturales del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) denunció que todas las herramientas legales de los últimos años apuntan al aprovechamiento de los bienes naturales (tierra, agua y bosques) a favor de los grandes capitales y en desmedro de los derechos de las comunidades campesinas y nativas.

Para Víctor Torres, asesor técnico de la Confederación Campesina del Perú (CCP), la defensa de la tierra y el agua está íntimamente vinculada a la identidad de los pueblos indígenas. Por ello planteó la necesidad de trabajar en la defensa y el impulso organizativo de las comunidades campesinas y nativas.

Pedro Castillo informó que de las 6277 comunidades campesinas, 5110 están tituladas y 959 carecen de título de propiedad. En el caso de las comunidades nativas, de las 1469 están tituladas 1271 y 198 no lo están. Lo grave es que la mayoría de comunidades no tienen un título georreferenciado: solo el 38,5% en el Ande y apenas el 6,7% en la Amazonía.

Respecto a los paquetazos, el especialista de CEPES se refirió a la Ley 30025, que modifica la Ley General de Expropiaciones, vulnerando la Constitución. Ésta solo permite expropiaciones en casos de necesidad pública y seguridad nacional y la Ley 30025 agrega el causal de “proyectos de gran envergadura”, referidos principalmente a actividades extractivas y obras de infraestructura, cuando es sabido que la Constitución no puede ser modificada por una norma legal de menor jerarquía.

La Ley 30230, promulgada a fines del año pasado, vulnera los derechos territoriales a favor de los proyectos de inversión, al establecer procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de los predios (léase propiedad) donde se ejecutan tales proyectos. Y lo hace con aplicación retroactiva, contraviniendo el sistema jurídico.

Se refirió también al Decreto Supremo 001-2015 del Ministerio de Energía y Minas, según el cual el uso de las tierras comunales puede ser cedido a las empresas solo con la aprobación de la Junta Directiva, cuando la ley establece que se necesita la aprobación de por lo menos dos tercios de los comuneros. Esto vulnera el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, para quienes la Asamblea General es el máximo órgano de gobierno.

Finalmente, se refirió al Proyecto de Ley 3941-2014-PE, que flexibiliza los procedimientos de servidumbre, derechos de vía y expropiación. Aunque el proyecto de reglamento de esta norma dice que no se aplicará a tierras de las comunidades campesinas y nativas, ante la inexistencia de títulos georreferenciados, estas pueden ser consideradas propiedad del Estado, advirtió.

Por su parte, Víctor Torres alertó sobre el crecimiento desmesurado de las concesiones mineras, al punto que el 50% de los territorios de las comunidades andinas están concesionados a la minería. En la Amazonía este problema se repita con concesiones petrolíferas, indicó.

Catherine Sevilla subrayó que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, establecido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluye el derecho a un modelo propio de desarrollo. Y que el derecho al territorio, según estos instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comprende el derecho a los recursos naturales.

La CNDDHH y las instituciones que conforman el Grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas expresamos nuestra preocupación sobre la delegación que ha aprobado el Poder Legislativo de  otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia administrativa, económica y financiera, específicamente, sobre nuevos procedimientos para desarrollar centrales de generación eléctrica, además de proponer la modificación de la Ley General de Minería. Estas modificaciones y proyectos podrían afectar derechos colectivos de las comunidades y los pueblos indígenas en general.

El gobierno del Presidente Ollanta Humala inició en el año 2013 una estrategia política-legal para reactivar la economía en base a privilegiar la inversión privada y pública, especialmente en infraestructura e industrias extractivas, como  factor fundamental del crecimiento económico por eso ha sancionado paquetes de normas y leyes “flexibilizadoras” que forman parte de esta estrategia.

En este escenario, el Congreso de la República viene cumpliendo el rol de facilitador, aprobando en forma expeditiva y sin un adecuado debate público, las normas propuestas por el Poder Ejecutivo. En este caso incluso a través de decretos supremos se modifican normas con rango de ley de forma inconstitucional. El resultado de estas medidas, además de la trasgresión a la Constitución, es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la reducción de los estándares de respeto a los derechos humanos, sociales, ambientales y, en particular, derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas. El mensaje gubernamental es que la inversión es prioritaria y debe promoverse a cualquier costo, aunque se vulneren derechos.

Una consecuencia de las normas que se vienen aprobando e implementando es la agudización de la conflictividad socioambiental que se expresa en 211 conflictos, de los cuales 142 (67%) son socio-ambientales; 107 protestas sociales, con manifestaciones muy críticas en Arequipa, Cajamarca, Loreto, Puno, Junín, Apurímac, Arequipa, entre otras zonas, mostrando  a falta de estrategia del Gobierno o de voluntad política para abordar los conflictos y darles una solución democrática. ¿Acaso no es posible promover el crecimiento y el desarrollo respetando los derechos de todas y todos y no únicamente los del inversionista?

¿A qué niveles de conflictividad podemos llegar si el gobierno continúa aprobando normas como el D.S. 054-2013-PCM sobre el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que la Corte Superior de Lima ha declarado inconstitucional por atentar contra el patrimonio arqueológico y los recursos naturales?

¿A qué nivel de conflictividad podemos llegar con normas como el D.S. 060-2013-PCM que establecía que las entidades públicas tienen un plazo no mayor a 30 días hábiles para otorgar sus opiniones y observaciones sobre un Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas? Asimismo el polémico D.S. 001-2015-MEM, redactado de manera más que dudosa, promueve que las decisiones fundamentales de enajenación de tierras de las comunidades sean aprobadas solo por la junta directiva y no por la asamblea comunal.

A estas normas del Ejecutivo, se suman las dos leyes promulgadas por el Congreso que disminuyen los estándares ambientales y afectan los derechos colectivos de las comunidades. Nos referimos a la Ley 30230 de julio de 2014 y a la Ley 30327 de mayo de 2015. La Ley 30230 debilita de manera considerable el funcionamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y su capacidad de sancionar, burocratiza y politiza decisiones técnicas como el establecimiento de Zonas Reservadas o la Política de Ordenamiento Territorial se dé por decreto supremo con el voto de todo el Consejo de Ministros, y establece procedimientos especiales de saneamiento físico legal para áreas de influencia de proyectos de inversión.

De otro lado, la Ley 30327, faculta a que, en tanto se implemente el SENACE, los sectores promotores de la inversión sean jueces y parte ya no solo en la promoción de actividades económicas sino también en su certificación ambiental y en el otorgamiento de los permisos asociados incluso los que no son de su sector. Esta ley permite que sobre los terrenos destinados a derechos de vía o servidumbre no puede otorgarse ningún título de propiedad ni emitir autorizaciones de ocupación, con lo cual se traba la titulación de comunidades y la formalización de la propiedad rural. Al afectar derechos colectivos de pueblos indígenas,  tanto la Ley 30230 como la 30327 son normas debieron ser sometidas a CONSULTA PREVIA, hecho que no sucedió.

La sociedad civil, entre quienes se encuentran los pueblos originarios y las diferentes comunidades del Perú, defendemos la legalidad por caminos democráticos y no violentos. A fin de frenar y responder a la estrategia político-legal e inconstitucional en curso, hemos presentado:

Una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, por debilitar los estándares de protección y la institucionalidad ambiental, no respetar los derechos de los pueblos indígenas y poner en serio peligro su derecho al territorio.
Una demanda de acción popular contra el DS 001-2015-EM,  por no respetar el derecho a la consulta previa, interferir en la autonomía de las comunidades campesinas y vulnerar el principio constitucional de jerarquía de normas.

La demanda de inconstitucionalidad se encuentra respaldada por más de 7 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas. Ambas cuentan con el apoyo solidario de miles de personas, redes y organizaciones sociales nacionales e internacionales. Invocamos a las autoridades, a la representación nacional y a la ciudadanía en general a reflexionar y vigilar hacia dónde nos conduce este camino sin control, de expedir y aprobar leyes inconsultas y parcializadas a favor de intereses privados que vulneran el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios.

Lima, 19 de junio de 2015

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Durante los últimos dos años del gobierno de Ollanta Humala se han aprobado por el Congreso de la República o mediante decretos supremos cuatro “paquetazos ambientales”, a fin de atraer la inversión y reactivar la economía a través de la flexibilización de los estándares ambientales y sociales. Para el Ejecutivo estas medidas no han sido suficientes, por lo que viene pidiendo al Parlamento facultades especiales para legislar en materia económica, este cheque en blanco sigue apuntando a proyectos extractivistas, pues propone “eliminar trabas que desalienten la inversión”. Diversos expertos afirman que con las normativas ya aprobadas se abren las puertas  para  vulnerar los derechos de las comunidades nativas y campesinas, porque son una amenaza a la propiedad comunal.

Estas leyes dispersas son piezas de un rompecabezas que al unirlos terminan siendo un conjunto de normas articuladas que buscan debilitar la regulación, especialmente, en dos temas considerados obstáculos por el sector privado: la propiedad y posesión de tierras comunales y  el sistema de gestión ambiental; quitando rigurosidad a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y debilitando a la fiscalización ambiental, advierte Ana Leyva de CooperAcción.

La alerta a la inseguridad territorial de las comunidades se deben a que según cifras del Instituto del Bien Común (IBC), aún quedan por titular casi 4.000 comunidades: 666 comunidades nativas y 3.303 comunidades campesinas. Las comunidades ocupan casi un tercio del territorio nacional y albergan a doce millones de peruanos. El 47,8% del territorio de las comunidades campesinas está superpuesto por concesiones mineras, mientras el 75% de la Amazonía tiene concesiones petroleras. Es decir las leyes aprobadas garantizan a las grandes inversiones pasando por encima de los derechos territoriales de estas poblaciones.

“Este paquete de proyectos es la amenaza más grande desde la Constitución de 1920 contra la propiedad comunal, con la idea de que todas las tierra rurales deben estar en el mercado, y el que paga más se queda con las tierras. Con estas medidas desaparecerán las comunidades indígenas y parte de nuestra identidad, alerta Richard Smith, director del IBC.

“El Ejecutivo no ha hecho una reflexión en cuanto a los temas centrales de los conflictos Conga y Tía María, en estos proyectos el problema ha sido la luz verde de los EIAs en zonas de ecosistemas frágiles. En ambos casos hay una preocupación central de las poblaciones por el agua, y lo que se hace es actuar de manera pragmática, modificando procedimientos para bajar los estándares ambientales y sociales, favoreciendo así  a las empresas. Estos paquetes normativos -con  énfasis en el sector ambiental-  han sido formulados  por una comisión promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas pasando por encima de las competencias del Ministerio del Ambiente (MINAM). Aunque ha sido el titular de esta cartera, Pulgar Vidal, quien, lamentablemente,  ha salido a defenderlos”, señala Leyva.

César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental, cuestionó el progresivo debilitamiento que está sufriendo el MINAM, y sostiene que este Ministerio “no está para garantizar la inversión, sino para garantizar que los ecosistemas sean viables”. Ipensa citó el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes, como ejemplo del debilitamiento al que ha sido sometido el sector ambiental, al pretender recortar hectáreas de esta área para que pasen a formar parte de un proyecto de irrigación. Esto es posible desde el momento en que la Ley 30230 permite al Consejo de Ministros legislar sobre áreas naturales protegidas.

“Estos paquetazos se orientan a las comunidades campesinas  y a las tierras eriazas, ya que flexibiliza la toma de decisiones en el interior de las comunidades para disponer (y poder vender) las tierras, sostiene Silvana Baldovino de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Así, estas normativas vulneran los derechos de los pueblos indígenas como el territorio, el aprovechamiento de sus recursos naturales y a la autodeterminación, por lo que debieron ser consultadas, cumpliendo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con la Ley de Consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, promulgada en 2011.

En cuanto al impacto económico, el ex presidente de Petroperú, Humberto Campodónico señala que la alta dependencia que tiene la economía peruana de la exportación de las materias primas favorece el rentismo o la “pereza fiscal” –desde todos los niveles de gobierno no existe preocupación por generar recursos propios, pues reciben unos ingresos fijos por estas actividades extractivas-, inflación, concesión de las tierras del país, generando conflictos. “No hay instituciones sólidas para una gobernanza de los recursos naturales”, afirma.

La economía peruana es dependiente de la exportación de las materias primas que alcanza hasta el 65%. Supera ampliamente lo que señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), “cuando un país depende por encima del 25% de su economía de la exportación de los “commodities” (productos básicos) es considerado como un país dependiente”. Campodónico cuestiona estas medidas facilistas, y recomienda abandonar este modelo primario exportador para pasar a una economía que apueste por la diversificación productiva y la industrialización.

Paquetazos: tierras a disposición de inversionistas

El primer paquetazo corresponde al Decreto Supremo 054-2013-PCM, publicado en mayo del 2013, que atenta contra la protección del patrimonio cultural arqueológico y el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Es el caso del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Por medio de éste se aplica silencio administrativo positivo para asuntos medio ambientales y patrimonio cultural en el procedimiento de aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) del sector de energía y minas si desde el Ministerio de Cultura no emiten dicho certificado en un plazo no mayor de 20 días hábiles.

El Decreto Supremo 060-2013 PCM, publicado en mayo de 2013, aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar y agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada.  Reduce el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de 120 a 83 días en el sector de energía y minas.

La Ley 30025, que  modifica la Ley General de Expropiaciones. Esta ley faculta al inversionista privado a gestionar la adquisición por trato directo de los inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura y, de fracasar en estas gestiones, iniciar un procedimiento de expropiación. Dispone que los predios y edificaciones de propiedad estatal, requeridos para la ejecución de obras de las infraestructura señaladas en esta Ley, serán transferidos a título gratuito y automáticamente al sector o al gobierno regional- local al cual pertenece el proyecto, por el solo mérito de la resolución que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), en un máximo de 45 días. El SBN tiene un plazo de 30 días, desde la vigencia de la resolución para desalojar y entregar la posesión de los citados bienes.

El segundo paquetazo corresponde a la Ley 30230, aprobada en junio de 2014. Organizaciones indígenas y de la sociedad civil presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra esta normativa. El Título III de la ley permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, siendo tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión.  A pesar de que el borrador del reglamento de la ley 30230 excluye a las tierras de las comunidades campesinas y nativas, deja abierta la posibilidad de que las tierras no tituladas y eriazas sí estén sujetas a lo dispuesto por esta ley. “Hemos recomendado cambiar la expresión que usan para que se exceptúe a todos los territorios de las comunidades”, precisa Smith.

Con esta ley se debilita la institucionalidad ambiental y se  recorta a las entidades de fiscalización y regulación ambiental sus funciones. Y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no podrá sancionar o multar a empresas contaminantes por tres años, favoreciendo una mayor permisividad con la contaminación.  Se reduce a la mitad las multas que deben pagar los que dañan el ambiente, con ello los  fondos de la OEFA. También, se reduce el tiempo de análisis de los estudios de impacto ambiental, entre otras disposiciones.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo señala que la interpretación o aplicación de cambios normativos sobre la propiedad comunal sin un proceso de consulta previa sería incompatible con la Constitución Política.

El tercer paquetazo es el Decreto Supremo 001-2015-EM,  aprobado en enero de 2015, el cual otorga competencia a las Juntas Directivas Comunales a disponer de las tierras comunales, pasando por encima de la Asamblea General. Está dirigido a facilitar la compra de tierras por parte de las mineras, vulnerando la autonomía comunal y modificando mediante una norma de menor jerarquía lo dispuesto por la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.

El cuarto paquetazo,  Ley 30327 “Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible”. Flexibiliza procedimientos para crear servidumbres en tierras eriazas del Estado, derechos de vía y expropiación.  Al no tener claro cuáles son las tierras eriazas, ni contar con registro ni catastro de estas tierras, imponerse  servidumbres para proyectos de inversión podría generar conflictos territoriales. Las tierras eriazas no están registradas ni saneadas y muchas de estas pertenecen a las comunidades nativas pero al no tener un título puede generar controversia.

Asimismo, se estaría atentando contra la autonomía de algunos gobiernos regionales, entre los que se encuentran Arequipa, San Martín y Amazonas, que según la Ley 27867 tienen la potestad para gestionar los terrenos eriazos ubicados en sus jurisdicciones pero que con esta nueva norma pasarían a ser administrados nuevamente por el gobierno central a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Otro punto que marca los lineamientos de esta norma es el de la certificación ambiental. A través de la creación de una ventanilla única se busca reducir sustancialmente el tiempo para la entrega de certificaciones ambientales así como la aprobación de los EIA.

Normativas son  una ‘bomba de tiempo’  

“Muchos de los conflictos socioambientales tiene que ver con la presencia de industrias extractivas en tierras comunales. Saltarse las normas que establecen la consulta previa, obviar que un 74% de las tierras de las comunidades campesinas y nativas no están georeferenciadas, y que puedan decir que son del Estado, alimenta la conflictividad”, explica Laureano del Castillo, director de CEPES.

Hay una población rural e indígena que está dispuesta a protestar, a cuestionar, y es muy crítica a estos intentos de quitarles las tierras para dársela a inversionistas. No va a haber paz social si se sigue bajo esta lógica, van a estallar más conflictos”, sostiene el director del IBC.

Uno de los detonantes de la tragedia en Bagua fue el Decreto Legislativo 1090, denominado ley de la selva, lo que generó la muerte de 33 personas, entre policías y civiles, durante el segundo gobierno de Alan García, quien se declaró contrario a la pequeña agricultura y contra las comunidades campesinas y nativas, por ser “el símbolo del atraso” y  favorecer a los grandes inversionistas.  Durante su gobierno se aprobaron 26 decretos legislativos que expresan la decisión política de transferir recursos naturales a grandes empresas. Nueve de ellos perjudican directamente a las comunidades campesinas y nativas (cuatro decretos fueron derogados por la presión social).

Hay que recordarle al presidente Humala que esta masacre fue debido a la promulgación de estos decretos legislativos que impulsaban la inversión sin escuchar las demandas de los pueblos indígenas; y el rechazo a este andamiaje normativo impulsados desde el Ejecutivo se harán escuchar en el paro nacional el 22 y 23 de junio, promovido por la Confederación Nacional Agraria, donde participarán comunidades indígenas del interior del país.

Por Magaly Zevallos
Publicado en Diario 16

El día de hoy culmina la misión de trabajo en el Valle de Tambo, el cual tiene como objetivo recoger los testimonios de los pobladores de la zona, sobre las acciones de represión y criminalización de la protesta por parte de la Policía y el Ministerio Público, dicha información servirá como apoyo a la población a nivel nacional e internacional en defensa de sus derechos vulnerados.

Así mismo, la misión sostuvo reuniones con las autoridades y dirigentes para analizar la situación del caso permitiendo tomar medidas para generar canales de solución pacifica a un conflicto impulsado por empresa minera y el accionar parcializado del Gobierno a través de la policía y comentarios de sus ministros.

Cabe resaltar que lo único que exige la población de Valle el Tambo, es el respeto de sus derechos tal como lo han mencionado los pobladores en las entrevistas que sostuvieron con los integrantes de la misión de trabajo en la jornada realizada el día de ayer.

Entre los casos presentados resalta el de la Sra. Maria Teresa Condori, viuda de Carlos Enrique Rondón Rodríguez, denuncio que su esposo se encontraba en estado de ebriedad cuando insultaba a los policías. Los policías lo habrían llevado al cuartel entre 12 de la noche y 1 de la madrugada, luego aparece muerto en la carretera sin que haya sangre en la zona y con un corte profundo en el cuello dato que no se registra en el certificado de necropsia. El certificado menciona que habría fallecido entre 6 y 10 am, pero el cuerpo ya estaba duro y había cambiado de color. A la Sra Teresa no le entregaron ropa, ni esperaron a su abogada para necropsia debido a ello solicitan la exhumacion del cadáver.

Por otro lado, la Sra. Oriel Bedoya Nicho, Jueza de Paz denunció ante los integrantes de la misión que la policía intervino su domicilio a la fuerza el día 10 de abril, cuando ella se encontraba con su hija de 12 años, por lo que se ha visto obligada a poner en buen recaudo a su hija menor ya que actualmente sufre secuelas del ataque policial.

La misión ha sostenido reunión con representantes del Gobierno Regional y visitará el Ministerio Público en Arequipa y ha asumido el compromiso de desarrollar un informe sobre las violaciones de derechos humanos que se han podido constatar, buscar el apoyo técnico-legal necesario para las autoridades y organizaciones locales con el fin de lograr una solución pacífica y pronta al conflicto.

La Asociación Nacional de Centros (ANC) y las Organizaciones No Gubernamentalesde Desarrollo (ONGD) denunciaron que se viene realizando una campaña de difamación por parte de algunos sectores en contra de las ONGD, nacionales y extranjeras.

Asimismo, señalaron que  la Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-DE de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) condiciona la renovación de la inscripción de las organizaciones a una supervisión adicional, agregando nuevos procedimientos a los ya existentes para lo cual demandaron la derogatoria de los dos condicionamientos establecidos para la renovación de los registros de la APCI y se modifique la definición de “supervisión” contenida en la mencionada resolución, respetando la ya señalada en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2010-APCI-DE; a fin de garantizar en el país el derecho a la libertad de asociación y el derecho de las ONGD a ejecutar sus planes y programas de acción.

Julia Cuadros, presidenta de la ANC, enfatizó que las ONG no se oponen a que el Estado supervise y fiscalice el uso de recursos que provienen de la cooperación internacional, por el contrario, están de acuerdo con la supervisión y fiscalización por parte de la APCI, SUNAT, ministerios y gobiernos regionales.

Glatzer Tuesta, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que en el Perú existe un clima de alta conflictividad social, que no es responsabilidad de las ONGD. El intentar buscar culpables impide entender la profundidad del problema y conduce a falsas soluciones. Los conflictos revelan un serio problema de falta de legitimidad de las instituciones del Estado, que debe corregirse para que los ciudadanos puedan canalizar sus demandas y preocupaciones a través de canales institucionalizados; de lo contrario, los conflictos continuarán, pues las protestas se convierten en la única vía que existe para que las poblaciones, disconformes con el Estado, hagan conocer su desacuerdo.

La ANC reafirma que sus organizaciones socias y las ONGD no afiliadas aportan al desarrollo del Perú en diversos ámbitos como salud, igualdad de género, descentralización, población, derechos, agricultura, justicia, medio ambiente, fortalecimiento de la democracia, entre otros. Y esta labor se viene realizando durante los últimos 50 años de manera sostenida.

Asimismo, las ONGD participan junto con diversas instituciones del Estado en espacios como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, el Acuerdo Nacional, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) y los diversos consejos de participación a nivel nacional y regional.

Ante la campaña de difamación realizada por el gobierno y algunos medios de comunicación en contra de muchas organizaciones no gubernamentales de promoción del desarrollo – ONGD, nacionales y extranjeras, sus directivos, y ante la última directiva de la APCI (Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-DE)que condiciona la renovación de la inscripción de éstas a una supervisión,las y los abajo firmantes, demandamos:

–          Se deroguen los dos condicionamientos establecidos para la renovación de los registros de la APCI referidos a “haber sido supervisada por la APCI (…) de ser el caso” y “haber cumplido con las recomendaciones efectuadas, como consecuencia de acciones de supervisión realizadas por la APCI”.

–          Se modifique la definición de “supervisión” contenida en la mencionada RDE, respetando la definición ya señalada en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2010-APCI-DE; a fin de garantizar en nuestro país el derecho a la libertad de asociación y el derecho de las ONGD a ejecutar sus planes y programas de acción.

Asimismo, señalamos lo siguiente:

  1. En el Perú existe un clima de alta conflictividad social, que no es responsabilidad de las ONGD. El intentar buscar culpables impide entender la profundidad del problema y conduce a falsas soluciones.
  2. Los conflictos revelan un serio problema de falta de legitimidad de las instituciones del Estado, que debe corregirse a fin de que los ciudadanos puedan canalizar sus demandas y preocupaciones a través de ellas. De lo contrario, los conflictos continuarán y escalarán, pues la protesta se convierte en la única vía que existe para que las poblaciones, disconformes con las decisiones del Estado, hagan conocer su desacuerdo. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva amenguar la protesta con la utilización de la fuerza y mecanismos de control, es un error y va contra la esencia de la democracia.
  3. Nosotras y nosotros jamás nos hemos opuesto a que el Estado supervise y fiscalice el uso de recursos que provienen de la cooperación internacional. Por el contrario, siempre hemos estado de acuerdo con ello y es prueba de lo mismo que somos supervisados y/o fiscalizados por la APCI (antes por la SECTI), por la SUNAT, por los ministerios, por los gobiernos regionales, adicionalmente al seguimiento de nuestros financiadores y los evaluadores y auditores externos que los mismos designan. Somos las instituciones más fiscalizadas del país. Lo que nos parece inaceptable es que los mecanismos de supervisión y fiscalización se utilicen para controlar a quien piensa distinto. La discrepancia no puede ser castigada, sino entendida de forma positiva cuando es adecuadamente trasmitida y canalizada, debido a que permite que las decisiones se mejoren.
  4. En ese sentido, queremos recordar que las ONGD en el Perú tenemos más de 50 años de trabajo comprometido con la investigación, la promoción y el desarrollo. Contribuyendo a que se conozca el país, a la descentralización, a procesos participativos de planificación del desarrollo, a la elaboración de presupuestos por resultados, a la formulación de los planes de igualdad de oportunidades, planes de prevención de la violencia de género, entre otros. Hemos defendido la vida y los derechos humanos en los momentos más duros del conflicto interno, y contribuido a recobrar la democracia. En otras palabras hemos contribuido a defender y ampliar la democracia
  5. Hemos fundado y participamos en espacios de concertación como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la pobreza, el Acuerdo Nacional y los diversos Consejos de participación de otros sectores del estado a nivel nacional y regional, como la CMAN, CONCORD, entre otros.

La democracia se fortalece con una sociedad con autonomía, capacidad crítica y reconocimiento. Es por ello, que la declaración de Busán firmada por el gobierno peruano, reconoce la importancia de la sociedad civil, su derecho a ser actores del desarrollo, y de hacer presente los derechos de las poblaciones marginadas. Del mismo modo, el Foro de Alto Nivel sobre la eficacia al desarrollo realizado en México el 2014, reconoce la necesidad de generar un clima propicio y habilitante para el desempeño de la sociedad civil. Idea compartida por el Comisionado especial de la Naciones Unidas sobre el Derecho de Asociación y reunión.

 

Perú, 12 de junio de 2015.

 

RED MUQUI Y OTROS, FIRMAS ADJUNTO

 

PRONUNCIAMIENTO COMPLETO: