El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera Maribel a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?

Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.

MARIBEL, LA NUERA DE MÁXIMA, CON SUS ANIMALITOS EN LA ZONA DE TRAGADERO GRANDE.

Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.

Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!

MÁXIMA EN NOVIEMBRE DEL 2011 CUANDO LA PNP LA GOLPEO PARA INTENTAR DESALOJARLA.

Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.

 

Por Rocío Silva Santisteban

Fuente: La Mula

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derecho no estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.

Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?

En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.

OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA

Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Ánc

Ancash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.

El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.

LA HISTORIA DE HUAQUIRCA

En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real

Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.

Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).

El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL

Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.

Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.

Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.

 

*Por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación

Fuente: Ojo Público

Fotos:  Miguel Mejía. Sus trabajos han sido reconocidos por varios premios nacionales internacionales. Actualmente trabaja como editor gráfico principal del diario La República, en Perú.

Las personas encontradas en la camioneta eran José Antonio Arteaga Palomino asistente de la Sub Gerencia Municipal, Eber Segura Echegaray  Y  Jesús Callasi Baca asistente Legal, quienes mostraban signos de ebriedad.

En sus testimonios indicaron que el vehículo fue interceptado por 5 o 6 desconocidos quienes asesinaron a Ronald Núñez Valdez y a Kevin Suarez Vargas, los mismos que los habrían golpeado y maniatado en el asiento trasero del vehículo. Posteriormente dejaron la camioneta abandonada en una trocha carrozable del sector de Pascana Pampa, perteneciente a la comunidad de Araypallpa, distrito de Colcha, Paruro.

Tras las investigaciones, el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Publico del Cusco, Dr. Manuel Mayorga, confirmo que el alcalde Provincial de Paruro habría sido asesinado en una emboscada, añadió que tanto la fiscalía como la Policía Nacional del Perú, especializada en homicidios, se encuentran en la zona recabando las evidencias pertinentes.

El padre de Ronald Núñez Valdez, visiblemente afectado, solicito que en el caso participaran los mejores profesionales de la Policía Nacional y del Ministerio Publico, pues aseguro que el móvil de este asesinato era por venganza política, ya que su hijo había estado siendo vigilado desde la última audiencia pública que habría presidido. Así mismo, el alcalde de Chumbivilcas, mostro su indignación y  señalo que no podría haber otra motivación, más que la venganza  política,  para este tipo de crímenes.

Es, además, necesario señalar que este no es un caso aislados pues en marzo de este año, el alcalde de Mara en Cotabambas, Apurímac, también fue ultimado a tiros.

Finalmente, cabe señalar que el tema de fondo tiene relacion no solo con el tema politico, sino pricipalmente con la inseguridad que empieza a manifestarse en mayor medida en el sur del pais, llegando al punto que ni siquera las autoridades elegidas por el pueblo pueden tener seguridad.

Derechos Humanos Sin Fronteras

A continuación el pronunciamiento:

Por Defensa de Pachamama

Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco

Durante los últimos dos años del gobierno de Humala, son tres los paquetazos que han sido aprobados por el Congreso de la República o mediante decretos supremos por el Poder Ejecutivo. Es claro que también juegan un papel central en estas políticas los Ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este momento el Congreso evalúa la aprobación de un nuevo paquete normativo (proyecto de ley 3941), y el actual presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que buscaría obtener facultades especiales para que la aprobación de los futuros paquetazos no requiera involucrar al Congreso.

César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental, cuestionó el progresivo debilitamiento que está sufriendo el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), y aseguró que este Ministerio “no está para garantizar la inversión, sino para garantizar que los ecosistemas sean viables”. Asimismo, citó el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes, como ejemplo del debilitamiento al que ha sido sometido el sector ambiental, al pretender recortar hectáreas de esta área para que pasen a formar parte de un proyecto de irrigación. Esto es posible desde el momento en que la Ley 30230 permite al Consejo de Ministros legislar sobre áreas naturales protegidas.

Estas normas deberían haber sido consultadas en tanto afectan directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas como el territorio, el aprovechamiento de sus recursos naturales y a la autodeterminación.

Debilitamiento de la propiedad comunal

“De implementarse la ley 30230, se podrían aplicar “procedimientos especiales” -los cuales no han sido definidos- para quitar las tierras de las comunidades, y entregarlas a las compañías mineras, petroleras y grandes inversionistas, como los interesados en el monocultivo de palma africana”, explicó Richard Smith, director del IBC. A pesar de que el borrador del reglamento de la ley 30230 excluye a las tierras de las comunidades campesinas y nativas, deja abierta la posibilidad de que las tierras no tituladas y eriazas sí estén sujetas a lo dispuesto por esta ley, al no especificarlo de manera clara. “Hemos recomendado cambiar la expresión que usan para que se exceptúe a todos los territorios de las comunidades”, precisa el director del IBC.

Silvana Baldovino, de la SPDA, mencionó que estos paquetazos se orientan a las comunidades campesinas  y a las tierras eriazas, e hizo un paralelo con la causas que generaron el Baguazo, como la promulgación de una serie  de decretos (Decreto legislativo 1064, entre otros) que flexibilizaba la toma de decisiones en el interior de las comunidades para disponer (y poder vender) las tierras.

Hay que recordar que aún quedan por titular casi 4.000 comunidades. Además, El 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras, mientras el 75% de la Amazonía tiene concesiones petrolíferas.

Abandono del modelo primario-exportador

El economista Humberto Campodónico no augura éxito a los paquetes normativos que pretenden atraer la inversión y reactivar la economía a través de la flexibilización de los estándares ambientales y sociales. Remarcó la necesidad de pasar de un modelo económico primario-exportador hacia una economía que apueste por la diversificación productiva y la industrialización. El ex presidente de Petroperú señaló la alta dependencia que tiene la economía peruana de la exportación de las materias primas que alcanza hasta el 65% de las mismas. Superando ampliamente lo que señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera a un país dependiente cuando depende más del 25% de su economía de la exportación de los “commodities” (productos básicos).

Campodónico comentó que este modelo económico, de acuerdo a estudios internacionales, termina por perjudicar a la industria nacional, deviene en corrupción, favorece el rentismo o la “pereza fiscal” –desde todos los niveles de gobierno no existe preocupación por generar recursos propios pues reciben unos ingresos fijos por estas actividades extractivas-, inflación, concesión de las tierras del país, gerenando conflictos. “No hay instituciones sólidas para una gobernanza de los recursos naturales”, afirmó.

Aumento de la conflictividad

Según la Defensoría del Pueblo en el Perú, se registraron en el mes de abril 229 conflictos, de los cuales, 175 están activos y 154 (es decir, el 67,2%) se deben a cuestiones socioambientales, la mayoría  de los cuales son por la minería (112) e hidrocarburos (20). Laureano del Castillo, de CEPES, señala que muchos de los conflictos socioambientales se deben a la presencia de actividades extractivas en tierras comunales, y que las normas elaboradas desde el Poder Ejecutivo vulneran convenios internacionales como el 169 de la OIT. “Las comunidades campesinas y nativas tienen más del 60% del total de las tierras agropecuarias.  Vamos  a afectar su sustento, pero no solo eso. Alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en las ciudades provienen de  la agricultura familiar. Quitar tierras para poner proyectos minas, carreteras u otros proyectos de inversión solo alimentará la conflictividad en el país”, señaló.

El evento de desayuno y conversatorio con la prensa fue organizado por el Colectivo “Territorios Seguros para las Comunidades del Perú”, que está compuesto por organizaciones indígenas y de la sociedad civil.

 

Campaña “Territorios Seguros para las Comunidades del Perú