El fiscal provincial de Islay, Álvaro Torres, ha solicitado al juzgado la detención preventiva del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, quien fue detenido ayer en El Fiscal, cuando supuestamente intentaba tomar la carretera panamericana con un grupo de personas.

La información se conoció esta mañana, luego de que Cornejo pasara la noche en la división de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, en la avenida Goyeneche. Su esposa, Glenda Molina de Cornejo, informó esta mañana que se encuentra bien de salud y confía en que será liberado.

Insistió que Cornejo se encontraba reunido con algunas personas sin bloquear ninguna vía y tampoco es cierto que estuviera circulando con las placas del vehículo cubiertas. “¿Por fin, estaba circulando o estaba bloqueando la carretera?”, se preguntó.

De otro lado, anoche se hizo presente en el local donde se encuentra detenido, en el complejo policial de Santa Rosa, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, quien señaló que las detenciones de este tipo en medio del conflicto son “como apagar el incendio con gasolina”.

Fuente: El Buho de Arequipa

El presidente de la Corte Superior de Justicia, Jhonny Cáceres, negó que los jueces dejen en libertad a todos los investigados para los que la Fiscalía pide prisión preventiva. Luego de sostener una reunión de emergencia con representantes del Ministerio Público y la Policía, explicó que de los 136 pedidos que se hicieron en el año, 102 fueron aceptados y 31 denegados.

Entre los casos rechazados están los referidos a los procesos que se siguen contra los manifestantes del Valle de Tambo. Sobre ello dijo que los jueces «no pueden meter a prisión a todos los que se les impute bloqueo de vías». «No puede ser que la Fiscalía pida prisión para todos los detenidos en una protesta y, los jueces tengan que aceptarlas. Se tiene que respetar la ley. En una solicitud de este tipo, se debe sustentar los hechos que cada persona cometió y probarlo, no solo decirlo», increpó.

Cáceres, pidió por ello al gobierno dejar de buscar culpables para los conflictos que no pudieron resolver.

Finalmente dijo que en la reunión con la Fiscalía y Policía, se acordó que estas ultimas dos instituciones, trabajen más coordinadamente, para evitar malos resultados, como el ocurrido en el caso de una banda que reglaba negocios y en que solo dos de los 5 integrantes fueron enviados a prisión.

 

Fuente: La República

La Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad – una coalición de más de 190 movimientos y organizaciones sociales – organizó el 23 de junio de 2014 una Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Ginebra. Dicha audiencia inauguró la Semana de Movilización para Detener los Crímenes y la Impunidad Corporativa (23 al 27 de junio), organizada conjuntamente por movimientos sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la Alianza por un Tratado. Se organizaron diferentes actividades en la última semana de la Sesión 26 del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), cuando tomaba lugar la discusión y votación para decidir si se lanzaba un proceso para crear un tratado vinculante para las empresas transnacionales (ETNs) sobre sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. La Semana de Movilización implicó un momento de convergencia importante para los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que realizaron un esfuerzo colectivo para avanzar hacia un sistema más efectivo y consolidado que permita defender los derechos humanos y el medioambiente ante los crímenes y violaciones por parte de las transnacionales.

Durante la Audiencia del TPP, representantes de comunidades afectadas testificaron sobre los impactos desastrosos de las actividades de ETNs en distintos sectores. El Tribunal escuchó testimonios sobre la devastación medioambiental causada por empresas petroleras, tales como las décadas de contaminación por parte de Chevron  en la Amazonía ecuatoriana, y de Royal Dutch Shell en Nigeria. Otros casos expusieron cómo los Derechos Humanos son sistemáticamente violados cuando el control del agua pasa de la esfera pública o de los comunes a las manos de las ETNs, como por Coca-Cola Company en Colombia; de la empresa de aguas israelí Mekorot en Palestina; y de la española Hidralia en Guatemala. La industria minera también mostró no solo sus daños ambientales, sino también las violaciones de derechos humanos directas. Casos como el de la canadiense Pacific Rim Mining/Oceana Gold Corporation, en El Salvador, y la británica Lonmin en Sudáfrica señalaron cómo la militarización y la violencia perpetradas sobre las poblaciones afectadas son al menos tan problemáticas como los daños ambientales. En este sentido, el caso de la anglo-suiza Glencore Xstrata fue emblemático por la extensión global de una sola empresa, y mediante los testimonios de comunidades afectadas por Glencore en Perú, Colombia, Zambia, República Democrática del Congo y Filipinas se mostró un claro ejemplo de cómo las ETNs operan en todo el planeta con total impunidad. En todos los casos presentados, se evidenció de forma transversal el bloqueo sistemático del acceso a la justicia y obtención de remedio por parte de las víctimas de intimidaciones, persecución, asesinato y destrucción ambiental. Como resultado, el TPP reafirmó lo que ya había sido apreciado en sesiones anteriores, basado en las evidencias presentadas en Ginebra. Esto es, que las violaciones pasadas y presentes de los derechos humanos y de los pueblos cometidas por las ETNs demandan una acción radical y urgente. Al final de la semana de movilización, el 26 de junio, las reivindicaciones de los testimonios presentados en la Audiencia del TPP resonaron en la adopción de una resolución histórica por los gobiernos en el CDH (A/HRC/26/L.22/Rev.1). Esta estableció un grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato consiste en la elaboración del borrador de un instrumento legalmente vinculante que estipule las obligaciones en materia de Derechos Humanos de las ETNs. Los/as defensores/as de los derechos humanos, y las comunidades afectadas por las transnacionales, en colaboración con diferentes movimientos sociales y redes de campaña, tuvieron un papel clave en este importante paso para parar la impunidad. En el aniversario de la resolución, cuando los Estados se preparan para la primera reunión del grupo de trabajo (6-10 de julio 2015, en Ginebra), este Mapa Temático actualiza los casos presentados en la Audiencia del TPP de Ginebra y recuerda la continuidad de la impunidad que justificó aquel tribunal.

La Audiencia del TPP en Ginebra se situó en continuidad con tres sesiones anteriores organizadas por la Red Bi regional Enlazando Alternativas, que han juzgado hasta 46 casos de violación de derechos humanos en América Latina, cometidos por transnacionales europeas. Tal y como las audiencias que le precedieron, la audiencia de Ginebra puso en evidencia las acciones de las transnacionales, la complicidad de los gobiernos en las violaciones, así como la existencia de un régimen hegemónico global legal, económico y político  que constituye los elementos sistémicos de una Arquitectura de la Impunidad, tales como los Acuerdos de Libre Comercio e Inversiones. La Audiencia de Ginebra se vinculó también con otros procesos como las sesiones del TPP en México y Canadá, la preparación de un próximo TPP en el Sur de África, así como de uno vinculado con las maquiladoras en Asia. Estos procesos políticos, liderados por movimientos sociales, demuestran que la batalla por un marco jurídico alternativo se articula dentro de un proceso mucho más amplio y fundamental en la lucha por la abolición del régimen corporativo; en el establecimiento de la Soberanía de los Pueblos y la reivindicación de los Bienes Comunes, así como del rescate de lo público, capturado por los intereses corporativos.

Este Mapa Temático ha sido preparado por la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad, a través de la colaboración de algunos de sus miembros: el Transnational Institute (TNI), el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y, más importante, los movimientos de comunidades afectadas y organizaciones aliadas, directamente responsables por la presentación de cada uno de los casos emblemáticos referenciados en el Mapa.

 

Derechos Humanos sin Fronteras

La polarización social y política de la discusión en torno al Proyecto Tía María en Arequipa, como antes ocurrió en torno a Conga en Cajamarca, vienen expresando un serio cuestionamiento de las regiones al modelo de crecimiento que lleva adelante el gobierno y a la forma como se decide la implementación de los proyectos extractivos en el país, pero además impide una discusión seria tanto sobre el rol de estos últimos en el desarrollo local, regional y nacional, como de la necesidad de implementar un sistema nacional descentralizado de planificación territorial.

El ordenamiento territorial (OT) es una política, un proceso y una herramienta útil para planificar y alcanzar un desarrollo sostenible en los territorios, en las zonas rurales y urbanas, resolver de manera democrática e informada los conflictos sociales en torno a los usos del territorio y sus recursos, establecer compatibilidades posibles entre las actividades económico productivas, así como prevenir riesgos de desastres, conseguir un desarrollo más equilibrado de las ciudades, proteger el patrimonio natural y cultural, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y establecer medidas necesarias para el desarrollo territorial.

Sin embargo, esta polarización está siendo interesadamente aprovechada por quienes desde el gobierno y ciertos sectores empresariales y políticos ven el OT como un obstáculo para realizar actividades como la minería y el petróleo para luego, en nombre de la sensatez y la gradualidad, mantener el statu quo en el que impera el desorden sobre los usos y formas de ocupación del territorio, la imposibilidad de emprender iniciativas de desarrollo con una perspectiva integral de sus efectos, el atropello de derechos, y la imposibilidad de conseguir condiciones para un diálogo genuino y acuerdos entre los diversos actores. Desde la Plataforma creemos que toda actividad, incluidas las extractivas deben darse en el marco de la planificación del desarrollo y el OT como bases de una asignación racional y consensuada con poblaciones, comunidades y diversos actores sobre los usos en el territorio, constituyendo su ausencia una fuente permanente de conflictos.

Debemos agregar que el actual gobierno ha dado marchas y contramarchas en la tarea de ordenar el territorio. Tras haber anunciado al inicio de su mandato la urgencia de una ley de OT, el ejecutivo nunca concretó iniciativa alguna para su discusión en el Parlamento, donde diversos sectores, incluido el oficialismo han bloqueado otras iniciativas. Ante la supuesta ausencia de consensos al respecto, se instaló en el Acuerdo Nacional la discusión de una política de Estado, que finalmente fue aprobada entre actores políticos, sociales y gremiales, incluidos los empresarios, como la Política número 34, “Política de Ordenamiento y Gestión Territorial”. A más de un año de su aprobación no existe ninguna iniciativa para su implementación.

En medio de esta falta de iniciativa, el gobierno aprobó recientemente la ley 30230 y otras para dinamizar las inversiones. Esta ley define que la Política de OT, se aprueba a través de un Decreto Supremo, aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por su presidente, y no ya a través del Ministerio del Ambiente. Pero además, declara que ni la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) ni el OT definen usos del territorio. Cabe preguntarse entonces sobre su utilidad, ya que no se definen más que como instrumentos orientadores, lo que significaría que no tienen ningún efecto político, ni regulatorio para ordenar y gestionar de manera efectiva el territorio, sumándose a otros instrumentos de planificación que duermen en las gavetas de las instituciones.

Queda además sin claridad alguna la manera en que esta norma afecta la rectoría y los procesos impulsados por el Ministerio del Ambiente y los gobiernos descentralizados como las ZEE, así como las implicancias que tiene para que estos último puedan cumplir sus funciones en materia de OT, obstaculizadas y postergadas ya varios años.

Estamos ad portas de una visita de una misión de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) para el lanzamiento oficial del estudio denominado Territorial Review – Perú, que tiene como objetivo principal brindar recomendaciones de políticas públicas para el desarrollo territorial del país. Es sumamente grave que el gobierno se quiera adherir a una organización que agrupa a los países desarrollados, cuando resultan pobres los avances en materia de OT y la ausencia de un debate alturado sobre el tema en nuestro país. Habiendo sido el gobierno de Humala incapaz de aprobar reformas mínimas y básicas para sentar las bases de una política de OT, consideramos necesario insistir en la realización de un debate amplio y descentralizado sobre este tema para ubicar a nuestra diversidad territorial en el centro de la política nacional de cara a las elecciones de 2016.

10 mil ciudadanos presentan petición de inconstitucionalidad de la Ley 30230, contra los pueblos indígenas y el ambiente

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, el Pacto de Unidad y AIDESEP, que agrupan al as organizaciones indígenas y campesinas del Perú, presentan 10 mil firmas para solicitar al Tribunal Constitucional una Demanda de Inconstitucionalidad contra  la denominada Ley de Paquetazo Ambiental – Ley 30230.

Esta ley se aprobó en julio de 2014 y fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de simplificar procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el Perú.

La Ley 30230 es inconstitucional porque viola el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de  la vida, derecho constituido en el artículo 2º, numeral 22 de la Constitución Política del Perú.

Esta ley,  además de limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión lo cual atenta contra la seguridad territorial  de las comunidades y los pueblos indígenas ya que sobre sus territorios, con trabas para la titulación, se superponen zonas destinadas a la inversión privada.

FECHA: Viernes 10 de abril
HORA: 11:30 am
LUGAR: Calle Pezet y Monel 2467 (Lince) – Local de la CNDDHH

 


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Teléfono: 332-6525

El Pleno del Congreso de la República ha agendado en el punto 5 de su sesión de hoy jueves 09 de abril, el debate del proyecto de ley 3941: «Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social», también denominado el «cuarto paquetazo», dictaminado por las Comisiones de Economía y la de Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Ha sido inusitada la rapidez con que se ha puesto en agenda el citado proyecto, y es muy probable incluso que se intente exonerarlo de plazo de publicación.

Es lamentable que la Comisión de Pueblos del Congreso haya sido expedita en tramitar el dictamen del Congreso, pero no lo haya sido cuando se debió invitar formalmente a las organizaciones nacionales para que participen brindando sus puntos de vista y aportes, ni cuando debió haber considerado la aplicación de la consulta previa legislativa a un proyecto de ley que afecta los derechos de los pueblos indígenas y los ambientales, tal como obliga el Convenio 169 de la OIT al Estado Peruano.

Exigimos a los congresistas que consideren los aportes que hay hecho llegar las organizaciones nacionales de pueblos indígenas como el Pacto de Unidad y AIDESEP, y tomen en cuenta los que en su momento enviamos desde Red Muqui, y remarcamos temas centrales en ese sentido:

– Que no se bloquee definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas, vulnerando sus derechos a la propiedad y posesión comunal, a través del otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas.

– Que no se agudice la precariedad de nuestra institucionalidad ambiental y no se anulen los avances del SENACE. Puesto que, en su primera disposición complementaria transitoria, el proyecto establece que mientras no se dé la transferencia de funciones desde los sectores, que no tiene fecha de culminación, el Ministerio de Energía y Minas seguirá cumpliendo el doble rol actual, de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, aprobando títulos habilitantes, al igual que los demás sectores, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se toman hasta la fecha.

– Que es sumamente riesgoso que se utilice para un proyecto de inversión nuevo, las líneas de base de otros proyectos que se hayan realizado en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”. Toda línea de base debe ser adecuada para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizada.

– Que, al no existir a la fecha una referenciación de las tierras eriazas de parte del Estado, no se puede establecer que éstas no están siendo ocupadas y son de su propiedad, o que pueden ser parte de propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, el hecho que se otorguen e impongan servidumbres a favor proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, podría agudizar aún más los conflictos sociales, especialmente vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura, violentando derechos constitucionales y normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Por todo ello, demandamos al Congreso de la República que no apruebe en pleno finalmente ésta norma, por los derechos que afecta, y los riesgos para la paz social que conlleva.

Lima, 09 de abril de 2015

PRENSA MUQUI
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Av. República de Chile 641 – Jesús María
Teléfono: 332-6525

Ayer al mediodía, luego de la aprobación por parte de sólo 6 congresistas del proyecto de ley 3941 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología, se realizó en el Hall de los pasos perdidos del Congreso de la República una conferencia de prensa en la que participaron el presidente de AIDESEP Henderson Rengifo, el representante del Pacto de Unidad Marcelino Bustamante, y los congresistas Verónika Mendoza, Eduardo Nayap y Claudia Coari.

La Congresista Verónika Mendoza planteó  su preocupación porque el proyecto aprobado “bloquea el proceso de titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas”. Además se plantean que “si una comunidad quisiera ejercer su derecho a la posesión, será denunciada por usurpación agravada con pena de cárcel, lo que es una agresión expresa”.

Según Mendoza, “lo único que está generando el gobierno con la aprobación de medidas como el proyecto de ley 3941 es conflictividad e inseguridad jurídica, tanto para los pueblos indígenas como para los propios inversionistas”.

 

Por su parte el Congresista Eduardo Nayap remarcó: “Soy nacionalista, soy del oficialismo, pero no puedo quedarme callado ante tanta indignación que siento. Que un gobierno que se dice de “inclusión social”, habiendo aprobado la ley de consulta previa, emita un proyecto de esta naturaleza, es indignante”.

Nayap señaló que “los indígenas junto con los campesinos no somos miles, somos millones. Veremos su reacción cuando se levanten los pueblos por la aplicación del proyecto de ley aprobado”.

Finalmente señaló que, “el desarrollo no puede ser a costillas de los pueblos indígenas que viven en sus tierras desde antes de la existencia de la República del Perú”. “Si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a dar”.

RED MUQUI RENUEVA SU COMPROMISO POR LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES AFECTADAS POR LA MINERÍA

La RED MUQUI es un colectivo de 29 instituciones de 11 regionales a nivel nacional, que desde hace 12 años acompaña a comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

La RED MUQUI, sus miembros y aliados a nivel nacional e internacional, vienen siendo objeto de un ataque sistemático de parte de gremios empresariales, empresas mineras y sus operadores que aparecen como “opinólogos” en diversos medios de comunicación a nivel nacional y local, para difundir mentiras e información inexacta o utilizada malintencionadamente sobre nuestro accionar, con el fin de restar credibilidad a nuestra labor, y afectar nuestra imagen pública.

Sobre el particular nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Rechazamos los ataques injustificados que sufren los miembros de Red Muqui y nuestros aliados por el sólo hecho de acompañar a comunidades y poblaciones que nos solicitan asesoramiento y apoyo para ejercer la defensa de sus derechos.

2. Aclaramos que ni la Red Muqui ni las instituciones que la conforman, tienen vinculación partidaria alguna en su accionar. Red Muqui apoya las causas de poblaciones y comunidades que nos lo han solicitado, las que consideramos justas y de las que tenemos elementos técnicos y legales para sustentarlas, como el caso de Tía María, recientemente.

3. Asimismo refirmamos que no somos contrarios a las inversiones, sino que exigimos que éstas sean responsables, respetuosas de los marcos normativos nacionales e internacionales, y de los derechos humanos y el ambiente, pues deben mejorar la calidad de vida y fomentar la aplicación y el cumplimiento de los derechos de las personas, no afectarlos, pues esa es la verdadera manera de “medir” el desarrollo.

4. Red Muqui tiene como lema ser una Red de “Propuesta y Acción”, por ello además de acompañar casos que consideramos emblemáticos, nos caracterizamos por plantear propuestas, que justamente surgen del estudio de casos. En este sentido, el año 2014 hemos difundido en el marco de la campaña electoral regional y local, el documento «Políticas Públicas para una nueva minería en el Perú» en nueve ejes temáticos, que han sido parte de la discusión en diferentes regiones del país, y que esperamos también sean parte del debate en el proceso electoral nacional.

5. Hacemos un llamado a las diferentes instancias de gobierno para recordarles que es una obligación que les compete el acompañar y dar asesoramiento a las poblaciones y comunidades que habitan en zonas mineras, a fin de evitar vulneraciones de derechos. Lamentablemente dichas instancias, en su mayoría no cumplen su rol garante de derechos, sino que priorizan la inversión en cualquier lugar y a cualquier costo, por ello buscan a instituciones y redes como la Red Muqui y sus miembros, para que les brinden información técnica y legal sobre su situación, a fin de defender sus derechos.

Finalmente, debemos decir que la defensa de los derechos de las personas y del ambiente no debería ser motivo para la persecución y reglaje de quienes la efectúan, sino que las instituciones dedicadas a éstos temas, y los dirigentes sociales y autoridades defensores de derechos, antes que recibir diatribas y seguimiento, deberían más bien recibir garantía y apoyo para ejercer su tarea, en tanto el Estado no asuma el rol que le compete.

Lima, 07 de abril de 2015

 

RED MUQUI
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www.muqui.org

  • Organismo especializado comenzará sus funciones a partir del 28 de diciembre
  • Este 2015 se espera terminar transferencia con MTC y el 2016 con MINAGRI y Vivienda
  • Jefe del SENACE informó que cuenta con presupuesto de S /. 24 millones y 130 profesionales permanentes

Esta mañana, diversas organizaciones de la sociedad civil avocadas al tema ambiental, entre ellas RED MUQUI, fueron convocadas a una reunión con el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland, quien informó sobre la Resolución Ministerial  Nro. 328-2015- MINAM (Publicada en el diario oficial El Peruano) con la que culmina el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en materia de minería, hidrocarburos y electricidad.

Durante la presentación “Enfoque y Perspectivas del SENACE”, Patrick Wieland, aseguró que en esta etapa, el SENACE será mucho más estricto con los consultores que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), debido a los malos resultados en los que se ha detectado que los EIA han sido “copy y paste” de otros anteriores. Para evitar estas malas prácticas, Wieland dijo que se apunta a que las evaluadoras tengan un comportamiento ético en el campo, y para ello, indicó que se busca estandarizar los procesos de evaluación ambiental.

La norma que se ha aprobado, sube la valla de las consultoras que participan en elaboración de los EIA”, aseveró.

En cuanto a presupuesto, el jefe del SENACE reconoció que este organismo ya cuenta con una partida de S/. 24 millones – casi el doble del que se tenía antes- de los cuales, S/. 4 millones serán destinados solo a la Dirección de Certificaciones Ambientales.

¿Participación social?

En este encuentro, Wieland se refirió a la participación ciudadana y dijo esperar un diálogo permanente con la Sociedad Civil y varios aportes de este sector para mejorar los EIA. Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades puedan hacer una evaluación y seguimiento más efectivos a los EIA.

Sin embargo, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, le recordó que el desafío que tiene el SENACE es la flexibilización de los marcos normativos han ido dejando los “paquetazos ambientales”, incluso en lo que se refiere a los EIA.

De igual modo, desde la RED MUQUI se le recordó que hasta el momento los mecanismos de “participación ciudadana” son procedimientos meramente informativos que no inciden en la decisión final de las instancias competentes del Estado.

Otra preocupación de la RED MUQUI es, si es que el SENACE  tendrá mecanismos de verificación de los EIA. “Solo así se puede otorgar una autorización adecuada, eso implica recursos que son necesarios para ser coherentes con una política de transparencia de la gestión”, se le aseveró.

¿Consulta previa?

Otro punto cuestionado por RED MUQUI al SENACE, es cómo lograr un proceso participativo para establecer el área de influencia de un proyecto minero.

“La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 16 expedientes de aprobación de EIA debió aplicarse la consulta previa. En varios de estos estudios incluso se ´presentaron´ supuestas actas de asambleas en donde las comunidades renunciaban a sus derechos de reconocerse como pueblos indígenas, lo que sería nulo ya que los derechos son irrenunciables”. También se han presentado documentos donde se ha negado la existencia de pueblos indígenas en zonas de influencia directa de las empresas mineras sin que consten en el expediente, informes técnicos emitidos por el viceministerio de interculturalidad, o estos no tenían el sustento técnico necesario.

Capital humano del SENACE

Ante varias ONG, Wieland señaló que el personal del SENACE cuenta con profesionales que provienen, tanto del sector público como del privado, y con una experiencia no menor a los 6 años en la elaboración y evaluación de EIA.

Para comenzar son 130 profesionales técnicos en staff, entre ingenieros ambientales (26), biólogos (21), ingenieros geógrafos (8), ingenieros geólogos (7), entre otros; además de una cartera de consultores a contratar, según dijo el encargado máximo del organismo.

Durante la reunión, el Jefe del SENACE aseguró haber avanzado en tener convenios con los Gobiernos Regionales a quienes se ha capacitado sobre EIA y Certificación Ambiental Global (CAG); así como haber firmado convenios con la ANA, OEFA, OSINERGMIN.

Funciones y competencias

Wieland enfatizó a la Sociedad Civil que el SENACE no promueve inversiones, y por ello se basan en garantizar una evaluación técnica, objetiva y especializada de los EIA. Además remarcó que tampoco se encarga de crear normativa, ni de sugerirla, pero sí puede generar procedimientos y reglamentación para su aplicación.

Según la Resolución Ministerial, Este organismo tendrá como función principal la revisión y aprobación de los EIA detallados y sus respectivas actualizaciones y modificaciones.

De igual modo se encargará de la revisión y aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), al igual que de las solicitudes de clasificación y aprobación de los términos de referencia de estos estudios; del plan de participación ciudadana; del acompañamiento en la elaboración de la línea de base, y de otros actos o procedimientos vinculados a las acciones señaladas.

Además, el SENACE administrará el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar estudios ambientales y el registro de certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Respecto de la Certificación Ambiental Global (CAG), la llamada «ventanilla única» ´para aprobación de los «títulos habilitantes», entrará en vigencia a partir de la aprobación del Reglamento del Título II de la Ley 30327, que debe regular el procedimiento para su aprobación.

Qué dice la Defensoría

Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que la transferencia total de funciones del SENACE era un asunto pendiente. “Ahora vamos a contar con un SENACE que le permitirá el Estado generar confianza entre la población. Si había algo deficitario, era que los EIA estaban a cargo del sector encargado de desarrollar la minería, es decir, el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo que tenemos es una organización más plural y altamente técnica”, señaló  a RED MUQUI.

Ya que el término de transferencia de funciones, y próxima puesta en marcha del SENACE, no son retroactivas, Luque indicó que la conflictividad actual se debe seguir enfrentando por medio de los procesos de diálogo.

“Se sabe que las leyes no son retroactivas en el Perú, entonces para los conflictos que se presenten en el futuro -que esperamos no se presenten- en base a nuevos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, ya contamos con el SENACE como la institución encargada de ver los EIA detallados”, comentó.

Precisamente la Defensoría presentó hoy el resultado de su último estudio sobre conflictos sociales referidos al recursos hídricos entre el año 2011 y 2014.

La Centra Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-PERÙ), hace un llamado a todas las bases ronderas, comunidades campesinas y nativas, que de todas maneras realizaremos el paro de hoy 22 de junio a nivel nacional junto a la Confederación Nacional Agraria del Perú y de más organizaciones campesinas e indígenas que formamos parte del Pacto de Unidad.

1. En tal sentido les pedimos a los pueblos originarios a no dejarnos sorprender por las versiones que están emitiendo los operadores del Gobierno de Ollanta Humala, la CONFIEP y los del poder Ejecutivo y Legislativo, al decir que las rondas campesinas ya no hay razón para que protesten  porque ya no serían afectadas en nuevo Código Penal y ya no verían afectado su derecho a impartir justicia, debido a que el artículo que les quitaba dicha potestad en sus respectivas jurisdicciones será eliminado del proyecto de nuevo Código Penal. Así lo anunció el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren.

2. Debemos informales que nosotros como Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), no estamos pidiendo ninguna anulación de los artículos 14 (Diversidad cultural e interpretación intercultural) y 16 (Jurisdicción especial), tal como lo dice en un informe que nos hace llegar el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Republica Juan Carlos Eguren a través del oficio Nº 942-2014-2015-CJDHH/CR-P.

3. Lo que estamos pidiendo como CUNARC-P es que consideren LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA EL RESPETO DE LA JUSTICIA RONDERA FRENTE LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL y la propuestas como CUNARC-P del ARTÍCULO 16 DE CÓDIGO PENAL. Esto en cumplimiento del artículo 149 de la Constitución Política del Perú, de los artículos 8y9 del C169 de la OIT, del artículo 34 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116, del artículo 1 de la Ley de Rondas campesinas–Ley 27908, que dispone la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas a las rondas campesinas, las rondas campesinas gozan del ejercicio de funciones jurisdiccionales y la aplicación de su derecho consuetudinario. En consecuencia, las rondas campesinas no pueden estar excluidas de la aplicación de la ley y jurisdicción penal ordinaria.

La CUANRC-P estamos proponiendo la siguiente redacción alternativa al artículo 16 del proyecto de Nuevo Código Penal:

a) La ley penal ordinaria no se aplica a las autoridades ni miembros de los pueblos originarios, comunidades campesinas, rondas campesinas ni comunidades nativas, por el cumplimiento del derecho consuetudinario y/o el ejercicio de la jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política.

b) Los miembros de los pueblos originarios, comunidades campesinas, rondas campesinas o comunidades nativas, no pueden ser sometidos a la justicia ordinaria ni procesos administrativos, en los casos que corresponden al artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

4. Además nuestra protesta del día de hoy 22 de junio y del día 9 de julio es por lo antes mencionado y por la anulación de las leyes que el Estado ha aprobado para facilitar el despojo de la tierra y territoriode comunidades y pequeños productores, mediante leyes (Ley N°30230, Ley N°3941, recientemente aprobada por el Congreso de la República, Ley N° 30151 y DS 001-2015-EM) que ponen en riesgo la seguridad jurídica, violación a los derechos humanos, el derecho sobre tierras y territorios y sobre sus recursos naturales (tierra, agua, etc…), en favor de la gran inversión.

5. El abandono intencionado del Estado a la pequeña agricultura familiar y comunitaria, que es una enorme fuente de ingresos, de empleo y de alimentos para el país. Mientras se promociona, subsidia y apoya de forma exclusiva modelos agroexportadores que implican el acaparamiento de tierras, la explotación de recursos naturales, la privatización de la alimentación y la pérdida de soberanía alimentaria.

Atentamente

Ydelso Hernández Llamo
Presidente de la CUNARC-PERÙ