Aprueban proyecto que permitirá titulación de comunidades campesinas y nativas

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El proyecto fue aprobado en comisión y propone declarar de interés nacional y necesidad pública la priorización del deslinde y titulación pendientes de las tierras de comunidades campesinas y nativas que durante los últimos años ha generado conflictos sociales y enfrentamientos con el Ejecutivo.

“La falta de titulación es la principal preocupación de los pueblos indígenas este tema ha provocado – desde tiempo atrás- denuncias y protestas que ha generado conflictos con terceros por usurpación, tráfico de tierras y otros; por eso la razón de esta propuesta que permitirá dinamizar el proceso de demarcación territorial y titulación”, indicó el congresista pro Junín, Federico Pariona al referirse  ala iniciativa de su autoría que fue aprobada en la Comisión de Pueblos Andinos

La iniciativa según precisó el congresista Pariona permitirá que estas poblaciones tengan seguridad jurídica sobre sus territorios. Además los gobiernos regionales estarán obligados a priorizar en el desarrollo de sus actividades anuales, así como en la asignación presupuestal, los procedimientos de establecer líneas divisorias y titulación de terrenos de comunidades campesinas y nativas.

El parlamentario que representa la región Junín, precisó que no existen registros oficiales sobre el número de comunidades nativas e indígenas, razón por la que esta norma establece que sean los gobiernos regionales los encargados de recopilar, sistematizar solicitudes de reconocimiento, deslinde, titulación o demarcación territorial anualmente a fin de que sean sistematizados por el Ministerio de Agricultura como ente rector.

“Esta situación hace compleja la tarea de diseñar políticas y estrategias adecuadas para proteger el derecho de propiedad de las comunidades, así como su promoción y desarrollo”, afirmó el parlamentario que espera que el tema sea agendado en el Pleno antes de que se termine la legislatura.

De otro lado, Pariona sostuvo que cuando funcionó el PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), creado en 1992, y luego COFOPRI, el reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas fue en aumento, pero cuando se transfirió esta función a los gobiernos regionales, es cada vez menos la labor de titulación.

Hasta la sesión Ordinaria de la Comisión llegaron los líderes de las comunidades indígenas de la Selva Central (Satipo, Chanchamayo, La Merced, Oxapampa) que sustentaron ante este grupo de trabajo la necesidad que tienen de contar con expedientes de titulación completos que les permita acceder a la inscripción y registros oficiales que los acredite como propietarios, para ejercer todos los derechos que la ley les otorga.

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GRUFIDES a la opinión pública

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Ante las diversas opiniones e informaciones que involucran a nuestra institución y especulan sobre el uso de sus fondos, expresamos lo siguiente:

1. El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) es una asociación civil sin fines de lucro, constituida como organización no gubernamental (ONG), fundada por un grupo de cajamarquinos en el 2001. Como institución jurídica somos respetuosos del ordenamiento legal y cumplimos rigurosa y puntualmente las exigencias establecidas por el Estado peruano en cuanto a requisitos de funcionamiento solicitados a Organismos no Gubernamentales.

2. El señor Marco Arana Zegarra, no es miembro del Consejo Directivo de GRUFIDES y, tal como lo reconoce un reciente comunicado público de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), su actual Directora Ejecutiva es la señora Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, quien representa y dirige nuestra institución.

3. El dinero que maneja nuestra institución proviene de fondos concursables de la cooperación internacional, los cuales se viabilizan mediante proyectos, que son auditados minuciosamente por las propias entidades cooperantes a través de auditorias anuales. Además, reciben información de nuestras actividades y realizan acciones de fiscalización cuando lo requieren: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a la que voluntariamente estamos suscritos.

4. Nuestros fondos están estrictamente destinados a las actividades contenidas en los proyectos aprobados y en el ámbito específico en que se definen los mismos. Por esto, rechazamos enérgicamente que se intente relacionar el uso de nuestros recursos de la cooperación internacional privada con el financiamiento de partidos políticos, actividades individuales de alguno de neustros miembros o las protestas y acciones violentistas en la provincia de Islay y en diversos lugares del país. Estas falsas aseveraciones han sido desmentidas por la propia Coordnadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COECCI)

5. Nos reafirmamos en que la solución a los conflictos socio-ambientales para por afinar canales que profundicen la democracia y permitan un diálogo respetuoso y de buena fe entre las partes, en el que se cautelen los derechos ciudadanos y se respete el estado democrático de derecho.

Cajamarca, 28 de mayo de 2015

 

COMITÉ DIRECTIVO

Ver:
http://www.apci.gob.pe/images/Comunicado/comunicado_APCI_14-05-15.pdf

Ver:

Pronunciamiento

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Nueve meses de prisión preventiva pide fiscal para dirigente Jesús Cornejo

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El fiscal provincial de Islay, Álvaro Torres, ha solicitado al juzgado la detención preventiva del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, quien fue detenido ayer en El Fiscal, cuando supuestamente intentaba tomar la carretera panamericana con un grupo de personas.

La información se conoció esta mañana, luego de que Cornejo pasara la noche en la división de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, en la avenida Goyeneche. Su esposa, Glenda Molina de Cornejo, informó esta mañana que se encuentra bien de salud y confía en que será liberado.

Insistió que Cornejo se encontraba reunido con algunas personas sin bloquear ninguna vía y tampoco es cierto que estuviera circulando con las placas del vehículo cubiertas. “¿Por fin, estaba circulando o estaba bloqueando la carretera?”, se preguntó.

De otro lado, anoche se hizo presente en el local donde se encuentra detenido, en el complejo policial de Santa Rosa, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, quien señaló que las detenciones de este tipo en medio del conflicto son “como apagar el incendio con gasolina”.

Fuente: El Buho de Arequipa

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Presidente de Corte pide a Gobierno no culpar a jueces

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El presidente de la Corte Superior de Justicia, Jhonny Cáceres, negó que los jueces dejen en libertad a todos los investigados para los que la Fiscalía pide prisión preventiva. Luego de sostener una reunión de emergencia con representantes del Ministerio Público y la Policía, explicó que de los 136 pedidos que se hicieron en el año, 102 fueron aceptados y 31 denegados.

Entre los casos rechazados están los referidos a los procesos que se siguen contra los manifestantes del Valle de Tambo. Sobre ello dijo que los jueces «no pueden meter a prisión a todos los que se les impute bloqueo de vías». «No puede ser que la Fiscalía pida prisión para todos los detenidos en una protesta y, los jueces tengan que aceptarlas. Se tiene que respetar la ley. En una solicitud de este tipo, se debe sustentar los hechos que cada persona cometió y probarlo, no solo decirlo», increpó.

Cáceres, pidió por ello al gobierno dejar de buscar culpables para los conflictos que no pudieron resolver.

Finalmente dijo que en la reunión con la Fiscalía y Policía, se acordó que estas ultimas dos instituciones, trabajen más coordinadamente, para evitar malos resultados, como el ocurrido en el caso de una banda que reglaba negocios y en que solo dos de los 5 integrantes fueron enviados a prisión.

 

Fuente: La República

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Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Violaciones de Transnacionales a los Derechos Humanos y Acceso de los Pueblos a la Justicia

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La Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad – una coalición de más de 190 movimientos y organizaciones sociales – organizó el 23 de junio de 2014 una Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Ginebra. Dicha audiencia inauguró la Semana de Movilización para Detener los Crímenes y la Impunidad Corporativa (23 al 27 de junio), organizada conjuntamente por movimientos sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la Alianza por un Tratado. Se organizaron diferentes actividades en la última semana de la Sesión 26 del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), cuando tomaba lugar la discusión y votación para decidir si se lanzaba un proceso para crear un tratado vinculante para las empresas transnacionales (ETNs) sobre sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. La Semana de Movilización implicó un momento de convergencia importante para los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que realizaron un esfuerzo colectivo para avanzar hacia un sistema más efectivo y consolidado que permita defender los derechos humanos y el medioambiente ante los crímenes y violaciones por parte de las transnacionales.

Durante la Audiencia del TPP, representantes de comunidades afectadas testificaron sobre los impactos desastrosos de las actividades de ETNs en distintos sectores. El Tribunal escuchó testimonios sobre la devastación medioambiental causada por empresas petroleras, tales como las décadas de contaminación por parte de Chevron  en la Amazonía ecuatoriana, y de Royal Dutch Shell en Nigeria. Otros casos expusieron cómo los Derechos Humanos son sistemáticamente violados cuando el control del agua pasa de la esfera pública o de los comunes a las manos de las ETNs, como por Coca-Cola Company en Colombia; de la empresa de aguas israelí Mekorot en Palestina; y de la española Hidralia en Guatemala. La industria minera también mostró no solo sus daños ambientales, sino también las violaciones de derechos humanos directas. Casos como el de la canadiense Pacific Rim Mining/Oceana Gold Corporation, en El Salvador, y la británica Lonmin en Sudáfrica señalaron cómo la militarización y la violencia perpetradas sobre las poblaciones afectadas son al menos tan problemáticas como los daños ambientales. En este sentido, el caso de la anglo-suiza Glencore Xstrata fue emblemático por la extensión global de una sola empresa, y mediante los testimonios de comunidades afectadas por Glencore en Perú, Colombia, Zambia, República Democrática del Congo y Filipinas se mostró un claro ejemplo de cómo las ETNs operan en todo el planeta con total impunidad. En todos los casos presentados, se evidenció de forma transversal el bloqueo sistemático del acceso a la justicia y obtención de remedio por parte de las víctimas de intimidaciones, persecución, asesinato y destrucción ambiental. Como resultado, el TPP reafirmó lo que ya había sido apreciado en sesiones anteriores, basado en las evidencias presentadas en Ginebra. Esto es, que las violaciones pasadas y presentes de los derechos humanos y de los pueblos cometidas por las ETNs demandan una acción radical y urgente. Al final de la semana de movilización, el 26 de junio, las reivindicaciones de los testimonios presentados en la Audiencia del TPP resonaron en la adopción de una resolución histórica por los gobiernos en el CDH (A/HRC/26/L.22/Rev.1). Esta estableció un grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato consiste en la elaboración del borrador de un instrumento legalmente vinculante que estipule las obligaciones en materia de Derechos Humanos de las ETNs. Los/as defensores/as de los derechos humanos, y las comunidades afectadas por las transnacionales, en colaboración con diferentes movimientos sociales y redes de campaña, tuvieron un papel clave en este importante paso para parar la impunidad. En el aniversario de la resolución, cuando los Estados se preparan para la primera reunión del grupo de trabajo (6-10 de julio 2015, en Ginebra), este Mapa Temático actualiza los casos presentados en la Audiencia del TPP de Ginebra y recuerda la continuidad de la impunidad que justificó aquel tribunal.

La Audiencia del TPP en Ginebra se situó en continuidad con tres sesiones anteriores organizadas por la Red Bi regional Enlazando Alternativas, que han juzgado hasta 46 casos de violación de derechos humanos en América Latina, cometidos por transnacionales europeas. Tal y como las audiencias que le precedieron, la audiencia de Ginebra puso en evidencia las acciones de las transnacionales, la complicidad de los gobiernos en las violaciones, así como la existencia de un régimen hegemónico global legal, económico y político  que constituye los elementos sistémicos de una Arquitectura de la Impunidad, tales como los Acuerdos de Libre Comercio e Inversiones. La Audiencia de Ginebra se vinculó también con otros procesos como las sesiones del TPP en México y Canadá, la preparación de un próximo TPP en el Sur de África, así como de uno vinculado con las maquiladoras en Asia. Estos procesos políticos, liderados por movimientos sociales, demuestran que la batalla por un marco jurídico alternativo se articula dentro de un proceso mucho más amplio y fundamental en la lucha por la abolición del régimen corporativo; en el establecimiento de la Soberanía de los Pueblos y la reivindicación de los Bienes Comunes, así como del rescate de lo público, capturado por los intereses corporativos.

Este Mapa Temático ha sido preparado por la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad, a través de la colaboración de algunos de sus miembros: el Transnational Institute (TNI), el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y, más importante, los movimientos de comunidades afectadas y organizaciones aliadas, directamente responsables por la presentación de cada uno de los casos emblemáticos referenciados en el Mapa.

 

Derechos Humanos sin Fronteras

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Ordenamiento territorial para planificar el desarrollo y resolver democráticamente los conflictos por usos y ocupación del territorio.

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La polarización social y política de la discusión en torno al Proyecto Tía María en Arequipa, como antes ocurrió en torno a Conga en Cajamarca, vienen expresando un serio cuestionamiento de las regiones al modelo de crecimiento que lleva adelante el gobierno y a la forma como se decide la implementación de los proyectos extractivos en el país, pero además impide una discusión seria tanto sobre el rol de estos últimos en el desarrollo local, regional y nacional, como de la necesidad de implementar un sistema nacional descentralizado de planificación territorial.

El ordenamiento territorial (OT) es una política, un proceso y una herramienta útil para planificar y alcanzar un desarrollo sostenible en los territorios, en las zonas rurales y urbanas, resolver de manera democrática e informada los conflictos sociales en torno a los usos del territorio y sus recursos, establecer compatibilidades posibles entre las actividades económico productivas, así como prevenir riesgos de desastres, conseguir un desarrollo más equilibrado de las ciudades, proteger el patrimonio natural y cultural, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y establecer medidas necesarias para el desarrollo territorial.

Sin embargo, esta polarización está siendo interesadamente aprovechada por quienes desde el gobierno y ciertos sectores empresariales y políticos ven el OT como un obstáculo para realizar actividades como la minería y el petróleo para luego, en nombre de la sensatez y la gradualidad, mantener el statu quo en el que impera el desorden sobre los usos y formas de ocupación del territorio, la imposibilidad de emprender iniciativas de desarrollo con una perspectiva integral de sus efectos, el atropello de derechos, y la imposibilidad de conseguir condiciones para un diálogo genuino y acuerdos entre los diversos actores. Desde la Plataforma creemos que toda actividad, incluidas las extractivas deben darse en el marco de la planificación del desarrollo y el OT como bases de una asignación racional y consensuada con poblaciones, comunidades y diversos actores sobre los usos en el territorio, constituyendo su ausencia una fuente permanente de conflictos.

Debemos agregar que el actual gobierno ha dado marchas y contramarchas en la tarea de ordenar el territorio. Tras haber anunciado al inicio de su mandato la urgencia de una ley de OT, el ejecutivo nunca concretó iniciativa alguna para su discusión en el Parlamento, donde diversos sectores, incluido el oficialismo han bloqueado otras iniciativas. Ante la supuesta ausencia de consensos al respecto, se instaló en el Acuerdo Nacional la discusión de una política de Estado, que finalmente fue aprobada entre actores políticos, sociales y gremiales, incluidos los empresarios, como la Política número 34, “Política de Ordenamiento y Gestión Territorial”. A más de un año de su aprobación no existe ninguna iniciativa para su implementación.

En medio de esta falta de iniciativa, el gobierno aprobó recientemente la ley 30230 y otras para dinamizar las inversiones. Esta ley define que la Política de OT, se aprueba a través de un Decreto Supremo, aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por su presidente, y no ya a través del Ministerio del Ambiente. Pero además, declara que ni la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) ni el OT definen usos del territorio. Cabe preguntarse entonces sobre su utilidad, ya que no se definen más que como instrumentos orientadores, lo que significaría que no tienen ningún efecto político, ni regulatorio para ordenar y gestionar de manera efectiva el territorio, sumándose a otros instrumentos de planificación que duermen en las gavetas de las instituciones.

Queda además sin claridad alguna la manera en que esta norma afecta la rectoría y los procesos impulsados por el Ministerio del Ambiente y los gobiernos descentralizados como las ZEE, así como las implicancias que tiene para que estos último puedan cumplir sus funciones en materia de OT, obstaculizadas y postergadas ya varios años.

Estamos ad portas de una visita de una misión de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) para el lanzamiento oficial del estudio denominado Territorial Review – Perú, que tiene como objetivo principal brindar recomendaciones de políticas públicas para el desarrollo territorial del país. Es sumamente grave que el gobierno se quiera adherir a una organización que agrupa a los países desarrollados, cuando resultan pobres los avances en materia de OT y la ausencia de un debate alturado sobre el tema en nuestro país. Habiendo sido el gobierno de Humala incapaz de aprobar reformas mínimas y básicas para sentar las bases de una política de OT, consideramos necesario insistir en la realización de un debate amplio y descentralizado sobre este tema para ubicar a nuestra diversidad territorial en el centro de la política nacional de cara a las elecciones de 2016.

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Presentarán petición de inconstitucionalidad de la Ley 30230

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10 mil ciudadanos presentan petición de inconstitucionalidad de la Ley 30230, contra los pueblos indígenas y el ambiente

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, el Pacto de Unidad y AIDESEP, que agrupan al as organizaciones indígenas y campesinas del Perú, presentan 10 mil firmas para solicitar al Tribunal Constitucional una Demanda de Inconstitucionalidad contra  la denominada Ley de Paquetazo Ambiental – Ley 30230.

Esta ley se aprobó en julio de 2014 y fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de simplificar procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el Perú.

La Ley 30230 es inconstitucional porque viola el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de  la vida, derecho constituido en el artículo 2º, numeral 22 de la Constitución Política del Perú.

Esta ley,  además de limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión lo cual atenta contra la seguridad territorial  de las comunidades y los pueblos indígenas ya que sobre sus territorios, con trabas para la titulación, se superponen zonas destinadas a la inversión privada.

FECHA: Viernes 10 de abril
HORA: 11:30 am
LUGAR: Calle Pezet y Monel 2467 (Lince) – Local de la CNDDHH

 


Email: [email protected]
Teléfono: 332-6525

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Pleno del Congreso verá hoy aprobación de Proyecto de Ley 3941 que afecta derechos de pueblos indígenas y derechos ambientales

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El Pleno del Congreso de la República ha agendado en el punto 5 de su sesión de hoy jueves 09 de abril, el debate del proyecto de ley 3941: «Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social», también denominado el «cuarto paquetazo», dictaminado por las Comisiones de Economía y la de Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Ha sido inusitada la rapidez con que se ha puesto en agenda el citado proyecto, y es muy probable incluso que se intente exonerarlo de plazo de publicación.

Es lamentable que la Comisión de Pueblos del Congreso haya sido expedita en tramitar el dictamen del Congreso, pero no lo haya sido cuando se debió invitar formalmente a las organizaciones nacionales para que participen brindando sus puntos de vista y aportes, ni cuando debió haber considerado la aplicación de la consulta previa legislativa a un proyecto de ley que afecta los derechos de los pueblos indígenas y los ambientales, tal como obliga el Convenio 169 de la OIT al Estado Peruano.

Exigimos a los congresistas que consideren los aportes que hay hecho llegar las organizaciones nacionales de pueblos indígenas como el Pacto de Unidad y AIDESEP, y tomen en cuenta los que en su momento enviamos desde Red Muqui, y remarcamos temas centrales en ese sentido:

– Que no se bloquee definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas, vulnerando sus derechos a la propiedad y posesión comunal, a través del otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas.

– Que no se agudice la precariedad de nuestra institucionalidad ambiental y no se anulen los avances del SENACE. Puesto que, en su primera disposición complementaria transitoria, el proyecto establece que mientras no se dé la transferencia de funciones desde los sectores, que no tiene fecha de culminación, el Ministerio de Energía y Minas seguirá cumpliendo el doble rol actual, de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, aprobando títulos habilitantes, al igual que los demás sectores, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se toman hasta la fecha.

– Que es sumamente riesgoso que se utilice para un proyecto de inversión nuevo, las líneas de base de otros proyectos que se hayan realizado en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”. Toda línea de base debe ser adecuada para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizada.

– Que, al no existir a la fecha una referenciación de las tierras eriazas de parte del Estado, no se puede establecer que éstas no están siendo ocupadas y son de su propiedad, o que pueden ser parte de propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, el hecho que se otorguen e impongan servidumbres a favor proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, podría agudizar aún más los conflictos sociales, especialmente vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura, violentando derechos constitucionales y normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Por todo ello, demandamos al Congreso de la República que no apruebe en pleno finalmente ésta norma, por los derechos que afecta, y los riesgos para la paz social que conlleva.

Lima, 09 de abril de 2015

PRENSA MUQUI
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Av. República de Chile 641 – Jesús María
Teléfono: 332-6525

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Congresista nacionalista Nayap: “si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a dar”.

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Ayer al mediodía, luego de la aprobación por parte de sólo 6 congresistas del proyecto de ley 3941 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología, se realizó en el Hall de los pasos perdidos del Congreso de la República una conferencia de prensa en la que participaron el presidente de AIDESEP Henderson Rengifo, el representante del Pacto de Unidad Marcelino Bustamante, y los congresistas Verónika Mendoza, Eduardo Nayap y Claudia Coari.

La Congresista Verónika Mendoza planteó  su preocupación porque el proyecto aprobado “bloquea el proceso de titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas”. Además se plantean que “si una comunidad quisiera ejercer su derecho a la posesión, será denunciada por usurpación agravada con pena de cárcel, lo que es una agresión expresa”.

Según Mendoza, “lo único que está generando el gobierno con la aprobación de medidas como el proyecto de ley 3941 es conflictividad e inseguridad jurídica, tanto para los pueblos indígenas como para los propios inversionistas”.

 

Por su parte el Congresista Eduardo Nayap remarcó: “Soy nacionalista, soy del oficialismo, pero no puedo quedarme callado ante tanta indignación que siento. Que un gobierno que se dice de “inclusión social”, habiendo aprobado la ley de consulta previa, emita un proyecto de esta naturaleza, es indignante”.

Nayap señaló que “los indígenas junto con los campesinos no somos miles, somos millones. Veremos su reacción cuando se levanten los pueblos por la aplicación del proyecto de ley aprobado”.

Finalmente señaló que, “el desarrollo no puede ser a costillas de los pueblos indígenas que viven en sus tierras desde antes de la existencia de la República del Perú”. “Si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a dar”.

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Red Muqui renueva su compromiso por la defensa y promoción de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería

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RED MUQUI RENUEVA SU COMPROMISO POR LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES AFECTADAS POR LA MINERÍA

La RED MUQUI es un colectivo de 29 instituciones de 11 regionales a nivel nacional, que desde hace 12 años acompaña a comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

La RED MUQUI, sus miembros y aliados a nivel nacional e internacional, vienen siendo objeto de un ataque sistemático de parte de gremios empresariales, empresas mineras y sus operadores que aparecen como “opinólogos” en diversos medios de comunicación a nivel nacional y local, para difundir mentiras e información inexacta o utilizada malintencionadamente sobre nuestro accionar, con el fin de restar credibilidad a nuestra labor, y afectar nuestra imagen pública.

Sobre el particular nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Rechazamos los ataques injustificados que sufren los miembros de Red Muqui y nuestros aliados por el sólo hecho de acompañar a comunidades y poblaciones que nos solicitan asesoramiento y apoyo para ejercer la defensa de sus derechos.

2. Aclaramos que ni la Red Muqui ni las instituciones que la conforman, tienen vinculación partidaria alguna en su accionar. Red Muqui apoya las causas de poblaciones y comunidades que nos lo han solicitado, las que consideramos justas y de las que tenemos elementos técnicos y legales para sustentarlas, como el caso de Tía María, recientemente.

3. Asimismo refirmamos que no somos contrarios a las inversiones, sino que exigimos que éstas sean responsables, respetuosas de los marcos normativos nacionales e internacionales, y de los derechos humanos y el ambiente, pues deben mejorar la calidad de vida y fomentar la aplicación y el cumplimiento de los derechos de las personas, no afectarlos, pues esa es la verdadera manera de “medir” el desarrollo.

4. Red Muqui tiene como lema ser una Red de “Propuesta y Acción”, por ello además de acompañar casos que consideramos emblemáticos, nos caracterizamos por plantear propuestas, que justamente surgen del estudio de casos. En este sentido, el año 2014 hemos difundido en el marco de la campaña electoral regional y local, el documento «Políticas Públicas para una nueva minería en el Perú» en nueve ejes temáticos, que han sido parte de la discusión en diferentes regiones del país, y que esperamos también sean parte del debate en el proceso electoral nacional.

5. Hacemos un llamado a las diferentes instancias de gobierno para recordarles que es una obligación que les compete el acompañar y dar asesoramiento a las poblaciones y comunidades que habitan en zonas mineras, a fin de evitar vulneraciones de derechos. Lamentablemente dichas instancias, en su mayoría no cumplen su rol garante de derechos, sino que priorizan la inversión en cualquier lugar y a cualquier costo, por ello buscan a instituciones y redes como la Red Muqui y sus miembros, para que les brinden información técnica y legal sobre su situación, a fin de defender sus derechos.

Finalmente, debemos decir que la defensa de los derechos de las personas y del ambiente no debería ser motivo para la persecución y reglaje de quienes la efectúan, sino que las instituciones dedicadas a éstos temas, y los dirigentes sociales y autoridades defensores de derechos, antes que recibir diatribas y seguimiento, deberían más bien recibir garantía y apoyo para ejercer su tarea, en tanto el Estado no asuma el rol que le compete.

Lima, 07 de abril de 2015

 

RED MUQUI
01-3326525
[email protected]
www.muqui.org

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