En la región existe una «fiebre de tierras”  debido a la  creciente demanda mundial de alimentos, forraje  y combustible. En segundo lugar, por el incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras.  “En toda América Latina y el Caribe se ha disparado la inversión (extranjera) en la tierra y la agricultura durante la última década”. Los 10 países más afectados por el acaparamiento de tierras son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, según El informe El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

Por ejemplo, en Guatemala se ha reducido en 55 mil hectáreas los bosques, y en Honduras  en 145 mil; a la par que la producción de biocombustibles (cultivo de palma de aceite y caña de azúcar) en estas zonas se ha incrementado en torno al 147,5%.

De las más de un millón 700 mil hectáreas que hay en la región, el 34% es tierra con potencial para la agricultura y el 48% son bosques, según el Instituto para el Desarrollo rural de Sudamérica (IPDRS). “La historia de la región nos cuenta que el proceso extractivista  ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta a la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente al medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimoniales”, sentencia Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía y Minas de Ecuador.

Conflictos sociales y concentración de tierras

En Perú, el 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras. La Defensoría del Pueblo registró en mayo de este año  211 conflictos sociales, de éstos,  143 (67,8% del total) se debieron a causas socioambientales, y de éstos mas de  mitad son por minería.

Raphael Hoetmer, investigador  integrante del Programa Democracia y Transformación Global (PDTG) –Perú, sustenta que el proyecto neoliberal en el país, impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori, implicó un proceso de “reterritorialización» en el país, con la expansión minera como una de sus lógicas principales.  El experto e integrante del grupo de ecología política de la universidad CLACSO,  afirma que la profundización del extractivismo y estas reformas han generado daños ambientales, sociales, culturales, política y de salud humano a lo largo del país como en La Oroya (Junín), Cerro de Pasco, El Callao y Choropampa (Cajamarca).

El extractivismo, considera el especialista, consiste también en la configuración de un sistema político, económico, jurídico e imaginario cultural e identitario que permita su desarrollo. Es por ello, que habla de Perú como  “gobierno minero” debido a que servicios, que son funciones propias del Estado, llegan a ser absorbidas por actores privados, como es el caso de la salud, educación  construcción de infraestructura, o la seguridad, pudiendo la policía

Durante la conferencia se expuso  la amenaza que el proyecto Conga (Cajamarca) supone para su población y el ecosistema, compuesto de humedales y  lagunas,  pues se removerían durante 17 años 92 mil toneladas diarias de roca y se producirían 85 mil toneladas de relaves tóxicos diarios. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), resaltó que tras 22 años de minería en la región es la más pobre del país. además comentó que existe un interés por convertir el sur de Cajamarca en uno de los distritos mineros más grandes de Latinoamérica.

En el caso de Ecuador,  el ingeniero agrónomo Michel Laforge considera muy limitados los avances en materia de acceso del campesinado a la tierra. El país vecino presenta una elevada inequidad en la propiedad de la tierra heredado de la historia: el 5% de los propietarios concentra el 52% de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60% de los pequeños productores son propietarios del 6,4% de las tierras, según los últimos datos disponibles. Una de las principales razones que explican los pocos avances en materia agraria es debido  a que “las exportaciones no petroleras principales siguen siendo agroexportaciones (como el banano y el camarón), con una estructura productiva basada en grandes propiedades o plantaciones, que no tiene ningún interés en ver procesos redistributivos ponerse en marcha”.

Pedro Landa, investigador del ERIC de la compañía de Jesús de  Honduras, explicó que el modelo extractivista reproduce las tradicionales economías de enclave  que tratan de abastecer de materias primas a los países del Norte. Este modelo económico se vio impulsado en el país tras el Golpe de Estado del 2009, que impuso una nueva Ley de Minería. A un año de esta normativa, se generaron 20 conflictos.  Los 292 proyectos mineros aprobados ocupan el 46,6% del territorio nacional. De aprobarse las 562 solicitudes en proceso,  se incrementaría esta  cifra hasta el 65.8%.

Perú, de la reforma agraria a la concentración de tierras

“Cuando, en el año 1980, se puso fin a la reforma agraria nadie imaginó que 30 años más tarde en el Perú volveríamos a los tiempos de la concentración de tierras en pocas manos, sostiene el estudio “El proceso de concentración de la tierra en el Perú” realizado por el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). Sostienen que “las nuevas propiedades superan largamente las extensiones que tenían las grandes haciendas anteriores a la reforma agraria”.
Anna Cant, de la Universidad de Cambridge, señala que el acceso de la tierra, además de formar la base para la agricultura familiar, representa una pieza clave en la distribución del poder político. Es por eso que la reforma era acompañada por iniciativas de política local, educación y difusión a través de los medios de comunicación. Además manifiesta que “hay que entender que la reforma agraria es un precedente de los alcances de la lucha social en el Perú y de lo que se puede lograr con la movilización social”.

La economía solidaria y agricultura familiar

En el Perú alrededor del 90% de todas las unidades agropecuarias, es decir, más de 2 millones de predios, pueden ser calificados como Agricultura Familiar. Ahí están incluidos, tanto la pequeña agricultura comercial como las Comunidades Campesinas y Nativas. De éstos, la gran mayoría,  un millón ochocientos mil, son de sobrevivencia, según explicó Fernando Eguren, de CEPES.

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, una de las promotoras de este evento, señala que solo el 7% de las tierras a nivel nacional está dedicada a sostener la canasta familiar en el Perú, éstas dependen de la agricultura familiar, y no son protegidas por el Estado: “El Ejecutivo ha legalizado lo ilegal con los paquetazos ambientales, que promueve la inversión mediante la concertación de tierras, como es el caso del Título III de la Ley Nº 30230, se propicia un procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios, para proyectos de inversión pública y privada”.

Asimismo, en la conferencia se habló sobre la llamada economía solidaria. “No solamente hay economía de mercado, también hay otras economías, donde por ejemplo las comunidades juegan un rol estratégico, en el caso de Perú las comunidades campesinas, las familias, las mujeres, los jóvenes, las cooperativas, los bancos comunales; es decir, hay una infinidad  de expresiones de esto que llamamos las otras economías”, explica Luis Montoya, docente de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM. Añade que “en América Latina hay políticas de fomento y promoción de la economía solidaria.  Y uno de los casos que destaca es que la “economía solidaria” en nuestro país se encuentra en la provincia de Jaén, en Cajamarca, donde la producción de café orgánico a través de las redes de comercio justo, ha permitido que los campesinos de la zona se articulen a redes globales de economía. Asimismo, el especialista resalta al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil.

El informe El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia, realizado por la FAO alerta de que “en toda América Latina y el Caribe se ha disparado la inversión (extranjera) en la tierra y la agricultura durante la última década”. Los 10 países más afectados por el acaparamiento de tierras son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los principales detonadores de la “actual fiebre de tierras” en América Latina y El Caribe se debe por la creciente demanda mundial de alimentos, forraje  y combustible. En segundo lugar, por el incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras.

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, una de las promotoras de este evento, manifiesta que en la conferencia se compartirán las experiencias sucedidas en América Latina, desde la perspectiva de las comunidades y los académicos. También se analizará la situación agrícola desde el inicio de la lucha por las tierras en América Latina, la reforma Agraria, y la inversión extranjera.

“En el Perú se están vulnerando el derecho de las tierras de las comunidades  mediante diversas leyes y decretos presentados por el propio Poder Ejecutivo, facilitando el acceso a las tierras a las empresas mineras”, señala Jahncke. “El 24% de la Población Económicamente Activa (PEA) en nuestro país, se dedican a la actividad agropecuaria. Además, solo el 7% de las tierras a nivel nacional está dedicada a sostener la canasta familiar en el Perú, éstas dependen de la agricultura familiar, y no son protegidas por el Estado: “El Ejecutivo ha legalizado lo ilegal con los paquetazos ambientales, que promueve la inversión mediante la concentración de tierras, como es el caso del Título III de la Ley Nº 30230, se propicia un procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios, para proyectos de inversión pública y privada”.

En la Conferencia Internacional: “Las luchas sociales por la tierra en América Latina, se abordarán se analizará los cambios históricos y actuales vividos por muchas comunidades de América Latina, desde la perspectiva del acceso y las luchas por la tierra. Tres ejes temáticos estructurarán estos aportes: Extractivismo; recursos naturales y agricultura familiar; y economía solidaria. Contará con la presencia de especialistas nacionales e internacionales, como: Sinclair Thomson, historiador y profesor en la University of New York; Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Ecuador, entre otros.

Esta conferencia es organizada por el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Red Muqui – Red de Propuesta y Acción; el Ghent Centre for Global Studies de la Universidad de Gante; y el Research Foundation Flanders (FWO).

Conferencia Internacional: “Las luchas sociales por la tierra en América Latina. Un análisis histórico, comparativo y global”
Días: 24 y 25 de Junio 2015
Hora: de 9:00 a 20:00 horas
Lugar: Auditorios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

En declaraciones que no han sido difundidas por los medios de comunicación a nivel nacional, el alcalde Alfredo Zegarra invocó al Ejecutivo a poner en práctica todas las medidas para la protección de la agricultura, sorprendió a los miembros de la mesa mencionando que «Nadie en su sano juicio puede dar prioridad a la minería sobre la agricultura quiere decir que estaríamos en un mundo al revés»; haciendo referencia a las autoridades presentes en la mesa como la Ministra de Energía y Minas.

«La agricultura nos da de comer, la agricultura nos alimenta y creo que esa es la prioridad que se tuvo que haber discutido el día de hoy… no podemos permanecer indiferentes, ya sucedió un problema fatal con una persona, no esperemos que hayan muchos más muertos para que recién cedamos posiciones » agrego Alfredo Zegarra.

Estas leyes dispersas son piezas de un rompecabezas que al unirlos terminan siendo un conjunto de normas articuladas que buscan debilitar la regulación, especialmente, en dos temas considerados obstáculos por el sector privado: la propiedad y posesión de tierras comunales y  el sistema de gestión ambiental; quitando rigurosidad a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y debilitando a la fiscalización ambiental, advierte Ana Leyva de CooperAcción.

La alerta a la inseguridad territorial de las comunidades se deben a que según cifras del Instituto del Bien Común (IBC), aún quedan por titular casi 4.000 comunidades: 666 comunidades nativas y 3.303 comunidades campesinas. Las comunidades ocupan casi un tercio del territorio nacional y albergan a doce millones de peruanos. El 47,8% del territorio de las comunidades campesinas está superpuesto por concesiones mineras, mientras el 75% de la Amazonía tiene concesiones petroleras. Es decir las leyes aprobadas garantizan a las grandes inversiones pasando por encima de los derechos territoriales de estas poblaciones.

“Este paquete de proyectos es la amenaza más grande desde la Constitución de 1920 contra la propiedad comunal, con la idea de que todas las tierra rurales deben estar en el mercado, y el que paga más se queda con las tierras. Con estas medidas desaparecerán las comunidades indígenas y parte de nuestra identidad, alerta Richard Smith, director del IBC.

“El Ejecutivo no ha hecho una reflexión en cuanto a los temas centrales de los conflictos Conga y Tía María, en estos proyectos el problema ha sido la luz verde de los EIAs en zonas de ecosistemas frágiles. En ambos casos hay una preocupación central de las poblaciones por el agua, y lo que se hace es actuar de manera pragmática, modificando procedimientos para bajar los estándares ambientales y sociales, favoreciendo así  a las empresas. Estos paquetes normativos -con  énfasis en el sector ambiental-  han sido formulados  por una comisión promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas pasando por encima de las competencias del Ministerio del Ambiente (MINAM). Aunque ha sido el titular de esta cartera, Pulgar Vidal, quien, lamentablemente,  ha salido a defenderlos”, señala Leyva.

César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental, cuestionó el progresivo debilitamiento que está sufriendo el MINAM, y sostiene que este Ministerio “no está para garantizar la inversión, sino para garantizar que los ecosistemas sean viables”. Ipensa citó el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes, como ejemplo del debilitamiento al que ha sido sometido el sector ambiental, al pretender recortar hectáreas de esta área para que pasen a formar parte de un proyecto de irrigación. Esto es posible desde el momento en que la Ley 30230 permite al Consejo de Ministros legislar sobre áreas naturales protegidas.

“Estos paquetazos se orientan a las comunidades campesinas  y a las tierras eriazas, ya que flexibiliza la toma de decisiones en el interior de las comunidades para disponer (y poder vender) las tierras, sostiene Silvana Baldovino de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Así, estas normativas vulneran los derechos de los pueblos indígenas como el territorio, el aprovechamiento de sus recursos naturales y a la autodeterminación, por lo que debieron ser consultadas, cumpliendo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con la Ley de Consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, promulgada en 2011.

En cuanto al impacto económico, el ex presidente de Petroperú, Humberto Campodónico señala que la alta dependencia que tiene la economía peruana de la exportación de las materias primas favorece el rentismo o la “pereza fiscal” –desde todos los niveles de gobierno no existe preocupación por generar recursos propios, pues reciben unos ingresos fijos por estas actividades extractivas-, inflación, concesión de las tierras del país, generando conflictos. “No hay instituciones sólidas para una gobernanza de los recursos naturales”, afirma.

La economía peruana es dependiente de la exportación de las materias primas que alcanza hasta el 65%. Supera ampliamente lo que señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), “cuando un país depende por encima del 25% de su economía de la exportación de los “commodities” (productos básicos) es considerado como un país dependiente”. Campodónico cuestiona estas medidas facilistas, y recomienda abandonar este modelo primario exportador para pasar a una economía que apueste por la diversificación productiva y la industrialización.

Paquetazos: tierras a disposición de inversionistas

El primer paquetazo corresponde al Decreto Supremo 054-2013-PCM, publicado en mayo del 2013, que atenta contra la protección del patrimonio cultural arqueológico y el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Es el caso del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Por medio de éste se aplica silencio administrativo positivo para asuntos medio ambientales y patrimonio cultural en el procedimiento de aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) del sector de energía y minas si desde el Ministerio de Cultura no emiten dicho certificado en un plazo no mayor de 20 días hábiles.

El Decreto Supremo 060-2013 PCM, publicado en mayo de 2013, aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar y agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada.  Reduce el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de 120 a 83 días en el sector de energía y minas.

La Ley 30025, que  modifica la Ley General de Expropiaciones. Esta ley faculta al inversionista privado a gestionar la adquisición por trato directo de los inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura y, de fracasar en estas gestiones, iniciar un procedimiento de expropiación. Dispone que los predios y edificaciones de propiedad estatal, requeridos para la ejecución de obras de las infraestructura señaladas en esta Ley, serán transferidos a título gratuito y automáticamente al sector o al gobierno regional- local al cual pertenece el proyecto, por el solo mérito de la resolución que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), en un máximo de 45 días. El SBN tiene un plazo de 30 días, desde la vigencia de la resolución para desalojar y entregar la posesión de los citados bienes.

El segundo paquetazo corresponde a la Ley 30230, aprobada en junio de 2014. Organizaciones indígenas y de la sociedad civil presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra esta normativa. El Título III de la ley permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, siendo tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión.  A pesar de que el borrador del reglamento de la ley 30230 excluye a las tierras de las comunidades campesinas y nativas, deja abierta la posibilidad de que las tierras no tituladas y eriazas sí estén sujetas a lo dispuesto por esta ley. “Hemos recomendado cambiar la expresión que usan para que se exceptúe a todos los territorios de las comunidades”, precisa Smith.

Con esta ley se debilita la institucionalidad ambiental y se  recorta a las entidades de fiscalización y regulación ambiental sus funciones. Y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no podrá sancionar o multar a empresas contaminantes por tres años, favoreciendo una mayor permisividad con la contaminación.  Se reduce a la mitad las multas que deben pagar los que dañan el ambiente, con ello los  fondos de la OEFA. También, se reduce el tiempo de análisis de los estudios de impacto ambiental, entre otras disposiciones.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo señala que la interpretación o aplicación de cambios normativos sobre la propiedad comunal sin un proceso de consulta previa sería incompatible con la Constitución Política.

El tercer paquetazo es el Decreto Supremo 001-2015-EM,  aprobado en enero de 2015, el cual otorga competencia a las Juntas Directivas Comunales a disponer de las tierras comunales, pasando por encima de la Asamblea General. Está dirigido a facilitar la compra de tierras por parte de las mineras, vulnerando la autonomía comunal y modificando mediante una norma de menor jerarquía lo dispuesto por la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.

El cuarto paquetazo,  Ley 30327 “Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible”. Flexibiliza procedimientos para crear servidumbres en tierras eriazas del Estado, derechos de vía y expropiación.  Al no tener claro cuáles son las tierras eriazas, ni contar con registro ni catastro de estas tierras, imponerse  servidumbres para proyectos de inversión podría generar conflictos territoriales. Las tierras eriazas no están registradas ni saneadas y muchas de estas pertenecen a las comunidades nativas pero al no tener un título puede generar controversia.

Asimismo, se estaría atentando contra la autonomía de algunos gobiernos regionales, entre los que se encuentran Arequipa, San Martín y Amazonas, que según la Ley 27867 tienen la potestad para gestionar los terrenos eriazos ubicados en sus jurisdicciones pero que con esta nueva norma pasarían a ser administrados nuevamente por el gobierno central a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Otro punto que marca los lineamientos de esta norma es el de la certificación ambiental. A través de la creación de una ventanilla única se busca reducir sustancialmente el tiempo para la entrega de certificaciones ambientales así como la aprobación de los EIA.

Normativas son  una ‘bomba de tiempo’  

“Muchos de los conflictos socioambientales tiene que ver con la presencia de industrias extractivas en tierras comunales. Saltarse las normas que establecen la consulta previa, obviar que un 74% de las tierras de las comunidades campesinas y nativas no están georeferenciadas, y que puedan decir que son del Estado, alimenta la conflictividad”, explica Laureano del Castillo, director de CEPES.

Hay una población rural e indígena que está dispuesta a protestar, a cuestionar, y es muy crítica a estos intentos de quitarles las tierras para dársela a inversionistas. No va a haber paz social si se sigue bajo esta lógica, van a estallar más conflictos”, sostiene el director del IBC.

Uno de los detonantes de la tragedia en Bagua fue el Decreto Legislativo 1090, denominado ley de la selva, lo que generó la muerte de 33 personas, entre policías y civiles, durante el segundo gobierno de Alan García, quien se declaró contrario a la pequeña agricultura y contra las comunidades campesinas y nativas, por ser “el símbolo del atraso” y  favorecer a los grandes inversionistas.  Durante su gobierno se aprobaron 26 decretos legislativos que expresan la decisión política de transferir recursos naturales a grandes empresas. Nueve de ellos perjudican directamente a las comunidades campesinas y nativas (cuatro decretos fueron derogados por la presión social).

Hay que recordarle al presidente Humala que esta masacre fue debido a la promulgación de estos decretos legislativos que impulsaban la inversión sin escuchar las demandas de los pueblos indígenas; y el rechazo a este andamiaje normativo impulsados desde el Ejecutivo se harán escuchar en el paro nacional el 22 y 23 de junio, promovido por la Confederación Nacional Agraria, donde participarán comunidades indígenas del interior del país.

Por Magaly Zevallos
Publicado en Diario 16