Un pronunciamiento suscrito por los alcaldes, provincial de Islay, Richard Ale, distrital de Cocachacra, Helard Valencia, distrital de la Punta de Bombón, José Ramos y distrital de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz,

así como por el presidente de la Junta de Usuarios y secretario del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Jesús Cornejo y Pepe Julio Gutiérrez reitera que no asistirán a la Mesa de Desarrollo y alertan de una posible conmoción social.

El documento señala que ante las expresiones de las más altas autoridades gubernamentales denegando la posibilidad de una consulta a la población sobre el proyecto minero, se desprende que el gobierno ha asumido la representación de la empresa Southern Perú lo que implica una ruptura profunda con la sociedad civil de El Valle.

Asimismo mencionan que la negativa del gobierno a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental por parte de un ente técnico internacional e imparcial, demuestra que su posición no era caprichosa sino que estuvo basada en la falta de credibilidad de los técnicos del Ministerio de Energía y Minas que lo aprobaron.

En otro punto califican la Mesa de Desarrollo prevista para mañana como un show mediático a la que no asistirán porque no se puede llamar diálogo a la intransigencia del gobierno.

También alertan sobre una represión policial que se prepara contra los huelguistas atribuyéndoles falsamente el uso de explosivos y atacando autoridades como jueces, gobernadores y alcaldes.

Y por último responsabilizan al gobierno de un posible desborde social, por la actitud represiva en la que se habría politizado al Ministerio Público, por lo que resulta contradictorio que se hable de diálogo y al mismo tiempo se amenace a los dirigentes con enviarlos a la cárcel.

Aquí el documento completo

 

 

Fuente: El Buho

RED MUQUI, MIEMBRO DE LA RED IGLESIAS Y MINERÍA, RECHAZA INICIATIVA “MINING IN PARTNERSHIP” DE GREMIOS Y EMPRESAS MINERAS

La Red “IGLESIAS Y MINERÍA”es una red latinoamericana de comunidades cristianas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos e instancias Latinoamericanas de Iglesias Católica y Cristiana, se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería a nivel de la región. En el Perú, la RED MUQUI es miembro de ésta Red, además de algunos de sus miembros.

Los miembros de la Red Iglesias y Minería, conocemos de cerca el sufrimiento de muchas comunidades y pueblos tradicionales, así como las violaciones a los derechos humanos, ambientales y de las futuras generaciones que se han provocado por parte de los grandes emprendimientos mineros en expansión en nuestro continente.

Varios obispos y algunas conferencias episcopales a nivel América Latina se han pronunciado y han actuado en apoyo a las comunidades afectadas y han denunciado los conflictos provocados por las empresas mineras, muchas veces con el aval de los Estados nacionales.

La Red «Iglesias y Minería», ha hecho público el pronunciamiento “La Iglesia no se deja comprar” (adjunto),en el que denunciamos a nivel internacional  y rechazamos la denominada iniciativa «Mining in Partnership«, en español “Minería en alianza”, de gremios y empresas mineras transnacionales cuyos nombres se encuentran en documento adjunto.

La iniciativa «Minería en Alianza», se propone “ayudar a los seminarios teológicos de diversas partes del mundo para equipar mejor a los pastores y líderes de la iglesia para servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. Ello busca que los obispos, sacerdotes, pastores y otros agentes pastorales “piensen teológica, ética y litúrgicamente sobre la minería, a nivel local e internacional”. No es otra cosa que «utilizar a las Iglesias», para que sus acciones pastorales promuevan y defiendan dicha actividad entre sus feligreses.

El pronunciamiento deja claro que «No es papel de las iglesias convencer a sus fieles sobre la bondad de un emprendimiento. También es absurdo pensar que simplemente quepa a la iglesia “servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. La iglesia (cf.GS1)[1] asume los dramas, las esperanzas y las reivindicaciones de los más pobres y de las víctimas de una economía que tiende a descartar cada vez más personas (EG53)[2] y que está comprometiendo definitivamente el equilibrio de la Creación.

En general la Red considera que financiar iniciativas en conjunto con los seminarios teológicos es «una estrategia para cooptar a la iglesia, utilizarla en beneficio de los intereses de las mineras y dividirla», debilitando su papel de “abogada de la justicia y defensora de los pobres” (Papa Francisco)[3].

El pronunciamiento culmina indicando que “las empresas, en lugar de destinar dinero para reparar todos los daños denunciados por las comunidades, invierten en proyectos de propaganda” o en actividades que apuntan a cooptar a personas, líderes, dirigentes, funcionarios y autoridades a todo nivel para lograr sus objetivos.

Desde la RED MUQUI, lamentamos que las empresas mineras, además de acudir a acciones de presión para desregular la actividad minera, evitando procesos de fiscalización y sanciones por contaminación, como ha ocurrido con la OEFA en el Perú, y lograr se modifiquen normativas y políticas que faciliten inversiones mineras sin mayores restricciones, pretende ahora “utilizar” instancias históricas de iglesias católicas y cristianas, para su beneficio. Eso muestra que no hay un afán por mejorar sus prácticas sociales, sino de realizar sus actividades a como dé lugar, sin importar los conflictos que ello pudiera generar, lamentablemente todo ello con el favor y venia del Gobierno Nacional.

Lima, 05 de abril de 2015

 


[1] Constitución Pastoral Gaudium et Spes – Sobre la Iglesia en el Mundo Actual – Diciembre 1965
[2] Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium – El anuncio del Evangelio en el mundo actual – Noviembre 2013
[3] Discurso del Papa Francisco I a las comunidades de Rio de Janeiro en Julio de 2013.

_______

Pronunciamiento: La Iglesia no se deja by prensamuqui

ASEGURA OFICINA DE DIÁLOGO

  • En oficialización de la mesa con Cotabambas no se incluyó a provincia de Grau
  • Días hábiles para instalación de mesa con Cotabambas finalizó el viernes 27
  • Aun no se fija la fecha de reunión con dirigentes y autoridades

El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Ávila Herrera, anunció que en los próximos días, el Ejecutivo creará una mesa de trabajo aparte, con la provincia de Grau que también tiene distritos y caseríos en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas en Apurímac.

“Muy pronto vamos a expedir una norma para crear la mesa de desarrollo de Grau. En los próximos días se debe estar publicando la norma. Por supuesto que la provincia de Grau va a estar en parte de todo el desarrollo en la mesa de trabajo”, indicó a RED MUQUI.

Algo incómodo, Ávila no respondió porqué la PCM no informó a los alcaldes y dirigentes sobre la suspensión de la reunión de diálogo del lunes 16 y tampoco, porqué se emitió la oficialización delGrupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” recién el 15 de noviembre (R.M. Nº 263-2015-PCM).

“Lo que le puedo decir es en que todas las comunidades que están en la zona de influencia del proyecto de Las Bambas, nosotros vamos a garantizar su desarrollo sostenible. Ese es un compromiso”, respondió escuetamente a RED MUQUI.

No hay fecha de reunión con Cotabambas

La Presidenta del Comité de lucha Virginia Pinares de las provincias de Cotabambas y Grau, comentó a RED MUQUI que aun están a la espera de que el Ejecutivo les garantice en un documento que se tocarán sus puntos de reclamo. Mientras tanto, los distritos de Haquira, Cotabambas, Tambobamba y Coyllurqui, ya tienen a sus representantes designados para dialogar con el Gobierno central.

“Insisten en que acreditemos a nuestros representantes, pero no nos dicen el día de la reunión, y tampoco nos dan garantías de tratar nuestras demandas, pese a que le hemos pedido un documento de compromiso. Lamentablemente la gente desconfía de ellos. Debieron trabajar desde el principio con nosotros, los dirigentes”, dijo Pinares.

La dirigente del comité de lucha de ambas provincias indicó que algunos de los dirigentes no desean dialogar hasta que la PCM no garantice poner en agenda el memorial del 16 de noviembre, que les fue remitido desde Tambogrande.

El presidente del Frente de defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reiteró que están a la espera de la respuesta del memorial en el que se espera participar de una “Mesa de diálogo” y no de una “Mesa de trabajo”.

“Esperamos que cambien la denominación de esta mesa, queremos que sea “de diálogo”, porque lo que queremos es la modificación del EIA, y ese tema no incluiría una mesa de trabajo. Hasta ahora no hay respuesta de nada, ni siquiera de una posible fecha de reunión”, manifestó.

Abarca adelantó que de no haber respuesta la semana que viene, se llevarán a cabo asambleas distritales y dejar en manos del pueblo la decisión a seguir.

Que dice el memorial

Como se recuerda, el lunes 16 pasado, el Ejecutivo suspendió la primera reunión de diálogo en Las Bambas, lo cual fue tomado como un desplante por los alcaldes y dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau.

Es por ello que en conjunto emitieron un pronunciamiento en el que exigieron modificar las condiciones para llevar a cabo este proceso; una de ellas fue la inclusión de los representantes de Grau, los cuales no han sido tomados en cuenta en el Grupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”.

“(…) No están incluidos nuestros hermanos de la provincia de Grau, lo cual es rechazado (…) exigimos que sean incluidos los representantes de la municipalidad distrital de Progreso y su sociedad civil organizada”, exhorta el pronunciamiento.

De igual modo los frentes de lucha de ambas provincias, solicitan que sus autoridades y líderes sociales puedan elegir hasta 10 representantes ante esta mesa de trabajo.

Otro reclamo importante a la norma, es que la oficialización de un “Grupo de Trabajo” se refiere a la “promoción del desarrollo”, sin miras a tratar los problemas que originaron el conflicto, como las cinco modificaciones sustanciales al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Pues varias de las modificaciones atañen a componentes principales del proyecto y fueron tramitadas a través de procedimientos extraordinarios, sin informar a la población.

Asimismo, los alcaldes distritales y dirigentes de Grau y Cotabambas consideran que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas que ellos solicitaron, anteriormente, para la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno, la Empresa Minera MMG Las Bambas, la Sociedad Civil Organizada y las Autoridades Locales. Ahora reiteran este pedido: Liberación de los dos detenidos, indemnización para los deudos de los caídos en el paro, archivamiento de las denuncias y cese a la persecución de los dirigentes, y atención e indemnización a los heridos.

“Manifestamos contundentemente que los 11 puntos contenidos en el MEMORIAL presentado el 29 de octubre del presente año, sean debidamente respetados conjuntamente con la Carta circular que defiende la situación de cautiverio de las 23 familias al interior de la mina en Fuerabamba”, expresa el pronunciamiento suscrito el 16 de noviembre.

Otra respuesta a la suspensión del diálogo, fue el rechazo a la militarización de la zona que el Gobierno central, nuevamente decretó de sorpresa el sábado 14 de noviembre, un día antes de oficializar el Grupo de Trabajo para Cotabambas.

Foto: Gestión

Al final de una década (2004-2014) de grandes ganancias para el sector extractivo “el Estado pudo haber capturado más renta, pero el gravamen minero aprobado en 2011 resultó tardío para lograr dicho objetivo”, expresó el econ. Gustavo Ávila, investigador principal del Grupo Propuesta Ciudadana.

Ávila expresó que las transferencias de canon beneficiaron principalmente a las zonas productoras –casi la mitad de los recursos se ubicaron en Cusco, Áncash y Piura, al interior de las cuales se generó inequidades. Frente a esta situación el MEF generó mecanismos de compensación, pero estos fueron poco transparentes y discrecionales.

El Economista Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana añadió que con el argumento que los gobiernos descentralizados son ineficientes en el gasto el MEF tomo medidas tendientes a la privatización del gasto público, a través de Alianzas Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). “De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, cinco empresas mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields concentran el 72%. Este mecanismo se vuelve más riesgoso aún si no va acompañado de acciones de control y supervisión”.

Otro problema identificado por Baca es la entrega automática y acelerada de las concesiones, lo que se torna insostenible y aumenta la conflictividad. “Se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras, especialmente en la sierra y selva. Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplico por ocho, mientras que la superficie (hectárea) entregada lo hizo por once”.

 

¿Qué dicen otros especialistas?

Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad discrepa con la posibilidad de ampliar la captura de la renta extractiva, debido a que esto puede desincentivar la inversión. Ante la dificultad de redistribuir el canon plantea el diseño de un sistema de transferencias intergubernamentales que tome en cuenta costos, capacidad fiscal y necesidad de gasto. Recalca además que “la prioridad del canon deben ser las zonas rurales donde hay mayor desigualdad”. Debido a la ausencia de una cultura de evaluación en el país también sugiere medir la eficiencia en el gasto.

Carlos Monge, Coordinador Regional de Natural Resource Governance Institute sugiere revisar los costos de producción y los precios de transferencia porque se exporta a bajo costo y afuera se vende a precio real, y eso no es considerado en el pago de impuestos. “Esto debe ser monitoreado”, expresa.

Humberto Campodónico añade que “los recursos naturales son del país y no es justo que no se recupere cuando hay sobreganancias”. Aseguró que “no avizora cambios sustanciales que evidencien una diversificación productiva y más bien se mantiene el patrón de producción”, por ello, propone enfocarnos en un tema mayor, el impacto de las políticas públicas.

Algunos desafíos

“Entregar la renta solo a los territorios productores ha sido un error más allá de las diversas performances”, afirma Baca. Por otro lado, propone “arribar a una estructura tributaria más equitativa en el marco de una reforma más amplia que este acompañada por la descentralización fiscal”.

En vista que el actual esquema de entrega automática de concesiones, genera conflictos y efectos caóticos en el territorio plantea su revisión inmediata, en el marco de un proceso de ordenamiento territorial y de planificación en el uso del territorio.

Para el tema de Obras por Impuestos afirma que estas deben ser temporales y contar con los debidos controles, además de exigir a las empresas que mencionen que “son recursos públicos y no parte de su responsabilidad social”.
Descarga el Reporte Nacional 19 sobre Vigilancia de las Industrias Extractivas: http://bit.ly/1QMnT6T

Descarga el resumen: “Al Final de una década de boom, ¿qué le dejó la minería al Perú? Balance 2004-2014: http://bit.ly/1kKIHS1

Fuente / Foto / cuadros estadísticos : Propuesta Ciudadana

Coordinaciones de prensa: Nelly Carrasco: #999-121-984
Entrevistas con economistas: Epifanio Baca: 996-615-553 / Gustavo Ávila: 993-689-683