Más allá de los avances en materia normativa (Ley, Reglamento, protocolos, etc.), el derecho a la consulta previa a los Pueblos Indígenas continúa en el ámbito de las deudas históricas que tiene el Estado para con los pueblos indígenas, si bien se han culminado ocho procesos de consulta, ninguno de los acuerdos de éstos se han implementado, pese a que por ejemplo, el proceso de consulta para el establecimiento del Área de Conservación Regional Maijuna-Kichua (Loreto), concluyó en octubre de 2013.

Asimismo, sectores como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), habrían emitido hasta 16 Resoluciones Directorales –hasta agosto de 2014- autorizando la exploración minera en lugares donde existen pueblos indígenas, ello según la comunicación emitida por la Defensoría del Pueblo al MINEM y al Ministerio de Cultura (MINCU), señalando que el sector no ha consultado en ninguno de esos casos.

Los argumentos que habría esgrimido el MINEM para evadir la consulta previa en casos de minería han sido disimiles, desde la supuesta renuncia de las comunidades a su derecho de ser consultadas o la supuesta inexistencia de pueblos indígenas en base a supuesta información que el MINCU le habría alcanzado, contradiciendo así a la autoridad en materia indígena del Poder Ejecutivo (MINCU), que habría comunicado que en dichos ámbitos existían pueblos indígenas.

A casi un año de emitida la comunicación de la Defensoría del Pueblo (Oficio Nº 249-2014-DP/AMASPPI) al MINEM, el silencio y las respuestas a medias se han convertido en parte de un libreto que termina secundando la posición del gremio minero que, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado en contra del derecho a la consulta previa, ¿esa es la minería moderna que queremos?

 

Por Aldo Santos
Comunicador Social

Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora de Derechos Humanos, sostiene que la detención del dirigente antiminero Jesús Cornejo en Arequipa “es como apagar el incendio con gasolina”.

“El gran problema es que en una situación de conflicto con tensiones mutuas y desconfianza, no se debe llenar más leña al fuego.  La detención del dirigente antiminero Jesús Cornejo es como apagar el incendio con gasolina”, precisó en Radio Exitosa

“La gente está esperando que el diálogo sea efectivo. El Estado no puede ser wachimán de las empresas mineras”, agregó Silva.

Como se sabe, Cornejo fue detenido esta mañana en el sector de El Fiscal en la provincia arequipeña de Islay, por intentar bloquear  la vía que une Arequipa con Cocachacra.

Fuente: Radio Exitosa

Marlene Luz Castillo Fernández, Master en Extensión Agrícola y Desarrollo Regional de los Andes, miembro de la Red Agua, Desarrollo y Democracia de Piura, recientemente ha sido consultora de instituciones como CEPES y CooperAcción, todas ellas instituciones miembro de la RED MUQUI.
Conformó el equipo técnico que apoyó a la Municipalidad de Dean Valdivia, de la provincia de Islay, en coordinación con CooperAcción y la RED MUQUI, en la preparación del documento «Valle de Tambo-Islay: Teritorio, agua y derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto», que contenía una rigurosa revisión del primer EIA que presentó la empresa minera Southern Peru para el proyecto minero Tía María.
Ésta vez Marlene Castillo se ha dedicado, de manera rigurosa a revisar el EIA aprobado por  en su documento: “Proyecto Minero Tía María – 2014: Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que sustentan la negación de la licencia social”, donde presenta argumentos críticos frente al proyecto Minero Tía María.
Su hipótesis central es que la ejecución del proyecto minero se configuraría un escenario de alto riesgo para la zona agraria vulnerable. Ella presenta tres escenarios de riesgo y cada uno lo describe ampliamente con datos actuales:

1.       El escenario de riesgo 1 que se configuraría con la contaminación del aire y la sedimentación de las partículas menores (menores a 2.5 micras) en el agro vulnerable.

2.       El escenario de riesgo 2 que se configuraría con la contaminación del acuífero aluvial – río Tambo vía el drenaje de agua ácida y la liberación de metales.

3.       El escenario de riesgo 3: incertidumbre alta sobre afectación del ecosistema marino salobre con la instalación y funcionamiento de la planta desalinizadora sin estudio de factibilidad

Finalmente ella presenta en su documento «Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que sustentan la negación de la licencia social -Proyecto Tía María 2014» la importancia del Valle de Tambo y las familias productoras.

La Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami) denunció ante el Ministerio Público a un grupo de funcionarios del Centro Nacional de Salud Ocupacional y de Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) por ocultar información referida a la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros que viven en las zonas aledañas al proyecto minero Tintaya – Antapacay.

La denuncia de Adepami está referida a los exámenes realizados a inicios del año 2013, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo instalada en a fin de atender las demandas de la población afectada por las operaciones mineras de la empresa Glencore – Xstrata.

En dicho espacio de diálogo se acordó realizar los estudios necesarios para determinar la presencia de metales pesados en el organismo de los pobladores. Las muestras fueron examinadas por el Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, institución que hizo una medición para determinar la presencia de hasta 17 metales pesados, sin embargo, a la población solo se le informó de los resultados sobre la base de seis obviándose los datos acerca de los otros 11 parámetros medidos.

“Nuestra Asociación considera que los presuntos hechos delictivos lindan con la comisión de los presuntos delitos contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General, Falsedad Ideológica, Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos y Falsedad Genérica; así mismo por el presunto delito contra la administración Pública, en su modalidad de Malversación y por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Exposición a peligro o abandono de personas en peligro, sub tipo exposición a peligro de persona dependiente”, señala Adepami.

La denuncia alcanza a Juan Cossio Brazzan, Director Ejecutivo de Medicina y Psicología del Trabajo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Carlos Huamaní Pacsi, Director Ejecutivo de Identificación, Prevención y Control del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Estela Encarnación Ospina Salinas. Directora General del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud.

También a Cesar Cabezas Sánchez, Jefe del Instituto Nacional de Salud,  investigador principal encargado de la ejecución del Estudio de Exposición a Metales Pesados, realizados en Espinar en  Enero del año 2013.

Adepami ha solicitado a la Fiscalía que se recoja las declaraciones de los denunciados y de aquellas personas cuyos testimonios ayuden a esclarecer los hechos denunciados. Asimismo que se recabe toda la documentación que permitiría establecer responsabilidades de quienes resulten implicados, entre ellos la Resolución Directoral que aprueba la investigación por el Instituto Nacional de Salud, conforme se tiene del numeral 5.2.15 de las Disposiciones Generales, de la Directiva N°003-INS/OGITT-V.01; los Informes de avances y el Informe Final presentados por Carlos Sánchez, a la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica.

Además que se solicite al Centers for Disease Control and Prevention que dé a conocer la fecha en que remitió los resultados practicados de los 17 metales en las muestras de orina recolectada, al Instituto Nacional de Salud del Perú; y si conocían que CENSOPAS había solicitado el consentimiento a los participantes para que se les practique exámenes solamente de 6 metales pesados.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informa que ha llevado a cabo acciones de fiscalización continuas a la unidad minera Arasi operada por Aruntani S.A., en el departamento de Puno. Así, entre los años 2010 y 2014, el OEFA ha realizado ocho (8) acciones de supervisión directa, dos (2) monitoreos de calidad de agua y sedimentos en el ámbito de influencia de la unidad minera y ha impuesto seis (6) sanciones firmes.

En efecto, en los últimos cinco años, el OEFA realizó cinco (5) supervisiones regulares y tres (3) especiales a la unidad minera; y en atención a los hallazgos detectados, impuso tres (3) sanciones, en el primer caso resolvió una multa por un monto de 46.53 UIT y en los dos últimos casos dictó medidas correctivas, en aplicación de la Ley Nº 30230. Asimismo, en virtud a tres (3) supervisiones realizadas en el 2009 por Osinergmin, el OEFA impuso tres (3) sanciones que suman 390 UIT.

En relación a los monitoreos ambientales realizados en el ámbito de influencia de la unidad minera, en el mes de febrero del 2013 se realizó un monitoreo de calidad de agua en el río Chacapalca y sus afluentes, y en el mes de julio del mismo año se realizó un monitoreo de calidad de agua y sedimentos en los ríos Chacapalca y Ocuviri. En seguimiento a dichas acciones, se ha programado un monitoreo de calidad de agua, aire y sedimento para el tercer trimestre del año 2015.

Adicionalmente, el 18 de enero del 2015 el OEFA participó, a solicitud de laFiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una diligencia fiscal para identificar la mortandad de peces (truchas) en el río Jatun Ayllu, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, atendiendo el requerimiento de los ciudadanos de Ocuviri.

En dicha diligencia, el OEFA tomó muestras de calidad de agua de los ríos Jatun Ayllu, Chacamayo y Chacapalca, programándose una nueva diligencia fiscal para el martes 9 de junio del 2015, donde participarán autoridades locales y la población de Ocuviri.

La Defensoría del Pueblo advirtió hoy que se requiere reforzar los mecanismos que buscan una solución al conflicto social derivado del proyecto minero “Tía María”, región Arequipa, ya que la situación en la provincia de Islay tiende a agravarse.

“Han transcurrido veintiún días desde que se inició el paro indefinido y en ese tiempo las clases escolares se han suspendido, hay señales de desabastecimiento en los mercados, las transacciones económicas y los trámites administrativos se han visto interrumpidos y el clima de intranquilidad se extiende, principalmente, a lo largo de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mejía”, sostuvo el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Para la Defensoría del Pueblo, la reunión de difusión del Estudio de Impacto Ambiental, llevada a cabo en Arequipa el viernes último, es una actividad útil para brindar explicaciones a la opinión pública sobre los alcances de este instrumento ambiental. Sin embargo, es necesario pasar de un esquema de divulgación abierta a un esquema de diálogo técnico entre los representantes de los ministerios comprendidos en este asunto y los representantes de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, los municipios distritales y sus respectivos equipos técnicos quienes son los que han planteado directamente cuestionamientos al EIA.

También se considera que la reunión de diálogo técnico debe ser adecuadamente preparada, correspondiendo al gobierno nacional remitir las invitaciones formales a los actores concernidos en el conflicto, acreditar a los participantes, elaborar una agenda de temas materia principal de la discusión, establecer reglas de respeto mutuo y que todas las partes garanticen que dicha reunión se realice en condiciones de seguridad para todos.

“Una reunión de esta naturaleza implica una actitud de escucha y de disposición a recoger los planteamientos que sean pertinentes y estén debidamente sustentados. La voluntad de dialogar viene aparejada de la voluntad de corregir, en caso de que hubiere necesidad de hacerlo. No cabe descartar de plano ninguna vía de solución. Al diálogo técnico debe sucederle un espacio de negociación en el que creativamente las partes construyan una salida al problema”, dijo por su parte el Adjunto para los Conflictos Sociales, Rolando Luque Mogrovejo.

El funcionario señaló que, simultáneamente a la apertura al diálogo, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los dirigentes y alcaldes que promueven o respaldan el paro a prescindir de los actos de fuerza que perjudican a terceras personas, en particular a niños y adolescentes, cuya formación educativa se viene resintiendo seriamente al haberse interrumpido la asistencia a clases. En ese sentido, la Defensoría pide la reanudación de las clases escolares y normalización de las actividades en Islay, diálogo técnico y respeto al derecho a protestar siempre que sea de manera pacífica.

La Defensoría del Pueblo espera una atención pronta a este conflicto y mantiene su disposición a colaborar en el marco de sus competencias legales.

Lima, 13 de abril del 2015.

Defensoria del Pueblo

Un pronunciamiento suscrito por los alcaldes, provincial de Islay, Richard Ale, distrital de Cocachacra, Helard Valencia, distrital de la Punta de Bombón, José Ramos y distrital de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz,

así como por el presidente de la Junta de Usuarios y secretario del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Jesús Cornejo y Pepe Julio Gutiérrez reitera que no asistirán a la Mesa de Desarrollo y alertan de una posible conmoción social.

El documento señala que ante las expresiones de las más altas autoridades gubernamentales denegando la posibilidad de una consulta a la población sobre el proyecto minero, se desprende que el gobierno ha asumido la representación de la empresa Southern Perú lo que implica una ruptura profunda con la sociedad civil de El Valle.

Asimismo mencionan que la negativa del gobierno a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental por parte de un ente técnico internacional e imparcial, demuestra que su posición no era caprichosa sino que estuvo basada en la falta de credibilidad de los técnicos del Ministerio de Energía y Minas que lo aprobaron.

En otro punto califican la Mesa de Desarrollo prevista para mañana como un show mediático a la que no asistirán porque no se puede llamar diálogo a la intransigencia del gobierno.

También alertan sobre una represión policial que se prepara contra los huelguistas atribuyéndoles falsamente el uso de explosivos y atacando autoridades como jueces, gobernadores y alcaldes.

Y por último responsabilizan al gobierno de un posible desborde social, por la actitud represiva en la que se habría politizado al Ministerio Público, por lo que resulta contradictorio que se hable de diálogo y al mismo tiempo se amenace a los dirigentes con enviarlos a la cárcel.

Aquí el documento completo

 

 

Fuente: El Buho

RED MUQUI, MIEMBRO DE LA RED IGLESIAS Y MINERÍA, RECHAZA INICIATIVA “MINING IN PARTNERSHIP” DE GREMIOS Y EMPRESAS MINERAS

La Red “IGLESIAS Y MINERÍA”es una red latinoamericana de comunidades cristianas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos e instancias Latinoamericanas de Iglesias Católica y Cristiana, se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería a nivel de la región. En el Perú, la RED MUQUI es miembro de ésta Red, además de algunos de sus miembros.

Los miembros de la Red Iglesias y Minería, conocemos de cerca el sufrimiento de muchas comunidades y pueblos tradicionales, así como las violaciones a los derechos humanos, ambientales y de las futuras generaciones que se han provocado por parte de los grandes emprendimientos mineros en expansión en nuestro continente.

Varios obispos y algunas conferencias episcopales a nivel América Latina se han pronunciado y han actuado en apoyo a las comunidades afectadas y han denunciado los conflictos provocados por las empresas mineras, muchas veces con el aval de los Estados nacionales.

La Red «Iglesias y Minería», ha hecho público el pronunciamiento “La Iglesia no se deja comprar” (adjunto),en el que denunciamos a nivel internacional  y rechazamos la denominada iniciativa «Mining in Partnership«, en español “Minería en alianza”, de gremios y empresas mineras transnacionales cuyos nombres se encuentran en documento adjunto.

La iniciativa «Minería en Alianza», se propone “ayudar a los seminarios teológicos de diversas partes del mundo para equipar mejor a los pastores y líderes de la iglesia para servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. Ello busca que los obispos, sacerdotes, pastores y otros agentes pastorales “piensen teológica, ética y litúrgicamente sobre la minería, a nivel local e internacional”. No es otra cosa que «utilizar a las Iglesias», para que sus acciones pastorales promuevan y defiendan dicha actividad entre sus feligreses.

El pronunciamiento deja claro que «No es papel de las iglesias convencer a sus fieles sobre la bondad de un emprendimiento. También es absurdo pensar que simplemente quepa a la iglesia “servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. La iglesia (cf.GS1)[1] asume los dramas, las esperanzas y las reivindicaciones de los más pobres y de las víctimas de una economía que tiende a descartar cada vez más personas (EG53)[2] y que está comprometiendo definitivamente el equilibrio de la Creación.

En general la Red considera que financiar iniciativas en conjunto con los seminarios teológicos es «una estrategia para cooptar a la iglesia, utilizarla en beneficio de los intereses de las mineras y dividirla», debilitando su papel de “abogada de la justicia y defensora de los pobres” (Papa Francisco)[3].

El pronunciamiento culmina indicando que “las empresas, en lugar de destinar dinero para reparar todos los daños denunciados por las comunidades, invierten en proyectos de propaganda” o en actividades que apuntan a cooptar a personas, líderes, dirigentes, funcionarios y autoridades a todo nivel para lograr sus objetivos.

Desde la RED MUQUI, lamentamos que las empresas mineras, además de acudir a acciones de presión para desregular la actividad minera, evitando procesos de fiscalización y sanciones por contaminación, como ha ocurrido con la OEFA en el Perú, y lograr se modifiquen normativas y políticas que faciliten inversiones mineras sin mayores restricciones, pretende ahora “utilizar” instancias históricas de iglesias católicas y cristianas, para su beneficio. Eso muestra que no hay un afán por mejorar sus prácticas sociales, sino de realizar sus actividades a como dé lugar, sin importar los conflictos que ello pudiera generar, lamentablemente todo ello con el favor y venia del Gobierno Nacional.

Lima, 05 de abril de 2015

 


[1] Constitución Pastoral Gaudium et Spes – Sobre la Iglesia en el Mundo Actual – Diciembre 1965
[2] Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium – El anuncio del Evangelio en el mundo actual – Noviembre 2013
[3] Discurso del Papa Francisco I a las comunidades de Rio de Janeiro en Julio de 2013.

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Pronunciamiento: La Iglesia no se deja by prensamuqui

ASEGURA OFICINA DE DIÁLOGO

  • En oficialización de la mesa con Cotabambas no se incluyó a provincia de Grau
  • Días hábiles para instalación de mesa con Cotabambas finalizó el viernes 27
  • Aun no se fija la fecha de reunión con dirigentes y autoridades

El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Ávila Herrera, anunció que en los próximos días, el Ejecutivo creará una mesa de trabajo aparte, con la provincia de Grau que también tiene distritos y caseríos en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas en Apurímac.

“Muy pronto vamos a expedir una norma para crear la mesa de desarrollo de Grau. En los próximos días se debe estar publicando la norma. Por supuesto que la provincia de Grau va a estar en parte de todo el desarrollo en la mesa de trabajo”, indicó a RED MUQUI.

Algo incómodo, Ávila no respondió porqué la PCM no informó a los alcaldes y dirigentes sobre la suspensión de la reunión de diálogo del lunes 16 y tampoco, porqué se emitió la oficialización delGrupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” recién el 15 de noviembre (R.M. Nº 263-2015-PCM).

“Lo que le puedo decir es en que todas las comunidades que están en la zona de influencia del proyecto de Las Bambas, nosotros vamos a garantizar su desarrollo sostenible. Ese es un compromiso”, respondió escuetamente a RED MUQUI.

No hay fecha de reunión con Cotabambas

La Presidenta del Comité de lucha Virginia Pinares de las provincias de Cotabambas y Grau, comentó a RED MUQUI que aun están a la espera de que el Ejecutivo les garantice en un documento que se tocarán sus puntos de reclamo. Mientras tanto, los distritos de Haquira, Cotabambas, Tambobamba y Coyllurqui, ya tienen a sus representantes designados para dialogar con el Gobierno central.

“Insisten en que acreditemos a nuestros representantes, pero no nos dicen el día de la reunión, y tampoco nos dan garantías de tratar nuestras demandas, pese a que le hemos pedido un documento de compromiso. Lamentablemente la gente desconfía de ellos. Debieron trabajar desde el principio con nosotros, los dirigentes”, dijo Pinares.

La dirigente del comité de lucha de ambas provincias indicó que algunos de los dirigentes no desean dialogar hasta que la PCM no garantice poner en agenda el memorial del 16 de noviembre, que les fue remitido desde Tambogrande.

El presidente del Frente de defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reiteró que están a la espera de la respuesta del memorial en el que se espera participar de una “Mesa de diálogo” y no de una “Mesa de trabajo”.

“Esperamos que cambien la denominación de esta mesa, queremos que sea “de diálogo”, porque lo que queremos es la modificación del EIA, y ese tema no incluiría una mesa de trabajo. Hasta ahora no hay respuesta de nada, ni siquiera de una posible fecha de reunión”, manifestó.

Abarca adelantó que de no haber respuesta la semana que viene, se llevarán a cabo asambleas distritales y dejar en manos del pueblo la decisión a seguir.

Que dice el memorial

Como se recuerda, el lunes 16 pasado, el Ejecutivo suspendió la primera reunión de diálogo en Las Bambas, lo cual fue tomado como un desplante por los alcaldes y dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau.

Es por ello que en conjunto emitieron un pronunciamiento en el que exigieron modificar las condiciones para llevar a cabo este proceso; una de ellas fue la inclusión de los representantes de Grau, los cuales no han sido tomados en cuenta en el Grupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”.

“(…) No están incluidos nuestros hermanos de la provincia de Grau, lo cual es rechazado (…) exigimos que sean incluidos los representantes de la municipalidad distrital de Progreso y su sociedad civil organizada”, exhorta el pronunciamiento.

De igual modo los frentes de lucha de ambas provincias, solicitan que sus autoridades y líderes sociales puedan elegir hasta 10 representantes ante esta mesa de trabajo.

Otro reclamo importante a la norma, es que la oficialización de un “Grupo de Trabajo” se refiere a la “promoción del desarrollo”, sin miras a tratar los problemas que originaron el conflicto, como las cinco modificaciones sustanciales al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Pues varias de las modificaciones atañen a componentes principales del proyecto y fueron tramitadas a través de procedimientos extraordinarios, sin informar a la población.

Asimismo, los alcaldes distritales y dirigentes de Grau y Cotabambas consideran que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas que ellos solicitaron, anteriormente, para la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno, la Empresa Minera MMG Las Bambas, la Sociedad Civil Organizada y las Autoridades Locales. Ahora reiteran este pedido: Liberación de los dos detenidos, indemnización para los deudos de los caídos en el paro, archivamiento de las denuncias y cese a la persecución de los dirigentes, y atención e indemnización a los heridos.

“Manifestamos contundentemente que los 11 puntos contenidos en el MEMORIAL presentado el 29 de octubre del presente año, sean debidamente respetados conjuntamente con la Carta circular que defiende la situación de cautiverio de las 23 familias al interior de la mina en Fuerabamba”, expresa el pronunciamiento suscrito el 16 de noviembre.

Otra respuesta a la suspensión del diálogo, fue el rechazo a la militarización de la zona que el Gobierno central, nuevamente decretó de sorpresa el sábado 14 de noviembre, un día antes de oficializar el Grupo de Trabajo para Cotabambas.

Foto: Gestión

Al final de una década (2004-2014) de grandes ganancias para el sector extractivo “el Estado pudo haber capturado más renta, pero el gravamen minero aprobado en 2011 resultó tardío para lograr dicho objetivo”, expresó el econ. Gustavo Ávila, investigador principal del Grupo Propuesta Ciudadana.

Ávila expresó que las transferencias de canon beneficiaron principalmente a las zonas productoras –casi la mitad de los recursos se ubicaron en Cusco, Áncash y Piura, al interior de las cuales se generó inequidades. Frente a esta situación el MEF generó mecanismos de compensación, pero estos fueron poco transparentes y discrecionales.

El Economista Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana añadió que con el argumento que los gobiernos descentralizados son ineficientes en el gasto el MEF tomo medidas tendientes a la privatización del gasto público, a través de Alianzas Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). “De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, cinco empresas mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields concentran el 72%. Este mecanismo se vuelve más riesgoso aún si no va acompañado de acciones de control y supervisión”.

Otro problema identificado por Baca es la entrega automática y acelerada de las concesiones, lo que se torna insostenible y aumenta la conflictividad. “Se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras, especialmente en la sierra y selva. Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplico por ocho, mientras que la superficie (hectárea) entregada lo hizo por once”.

 

¿Qué dicen otros especialistas?

Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad discrepa con la posibilidad de ampliar la captura de la renta extractiva, debido a que esto puede desincentivar la inversión. Ante la dificultad de redistribuir el canon plantea el diseño de un sistema de transferencias intergubernamentales que tome en cuenta costos, capacidad fiscal y necesidad de gasto. Recalca además que “la prioridad del canon deben ser las zonas rurales donde hay mayor desigualdad”. Debido a la ausencia de una cultura de evaluación en el país también sugiere medir la eficiencia en el gasto.

Carlos Monge, Coordinador Regional de Natural Resource Governance Institute sugiere revisar los costos de producción y los precios de transferencia porque se exporta a bajo costo y afuera se vende a precio real, y eso no es considerado en el pago de impuestos. “Esto debe ser monitoreado”, expresa.

Humberto Campodónico añade que “los recursos naturales son del país y no es justo que no se recupere cuando hay sobreganancias”. Aseguró que “no avizora cambios sustanciales que evidencien una diversificación productiva y más bien se mantiene el patrón de producción”, por ello, propone enfocarnos en un tema mayor, el impacto de las políticas públicas.

Algunos desafíos

“Entregar la renta solo a los territorios productores ha sido un error más allá de las diversas performances”, afirma Baca. Por otro lado, propone “arribar a una estructura tributaria más equitativa en el marco de una reforma más amplia que este acompañada por la descentralización fiscal”.

En vista que el actual esquema de entrega automática de concesiones, genera conflictos y efectos caóticos en el territorio plantea su revisión inmediata, en el marco de un proceso de ordenamiento territorial y de planificación en el uso del territorio.

Para el tema de Obras por Impuestos afirma que estas deben ser temporales y contar con los debidos controles, además de exigir a las empresas que mencionen que “son recursos públicos y no parte de su responsabilidad social”.
Descarga el Reporte Nacional 19 sobre Vigilancia de las Industrias Extractivas: http://bit.ly/1QMnT6T

Descarga el resumen: “Al Final de una década de boom, ¿qué le dejó la minería al Perú? Balance 2004-2014: http://bit.ly/1kKIHS1

Fuente / Foto / cuadros estadísticos : Propuesta Ciudadana

Coordinaciones de prensa: Nelly Carrasco: #999-121-984
Entrevistas con economistas: Epifanio Baca: 996-615-553 / Gustavo Ávila: 993-689-683