Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales. Esta región minera alberga relatos de impunidad,  de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido. Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las «dádivas» de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Historias de impunidad.

La lucha de Isidro Llanos

El campesino Isidro Llanos fue asesinado el 2 de agosto de 2006 a los 58 años en Combayo. La población de esa comunidad, perteneciente al ditrito de la Encañada,  se movilizó contra las intenciones de la empresa  Yanacocha de ampliar el proyecto minero (Carachugo II). Sin embargo, desde los años noventa la minera se había instalado en el cerro Carachugo, donde se fundió la primera barra doré.

«Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino», relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. «No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso», comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. «No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo», relata su hermana Paula Llanos.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque «declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos». «El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado», sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. «Cuando se produce una situación de conflicto armado aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado», comenta Bregaglio.

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, «cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional». No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de «sobrepasado», considera que debe ser definido, para «no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder». No obstante, Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del «orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable», pues de lo contrario, «viviríamos en una anarquía».

Las muertes de Conga

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín: César Medina, José Faustino Sánchez, Paulino Leonterio y Joselito Sánchez. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al «traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego». En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia, se afirma que «es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín».

El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de «garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales», apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. El 4 de julio el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM.

La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Impunidad

“Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces.

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien», comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  chica de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma «no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona». «Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía», cuenta. Marisol Malqui, viuda de José Faustino, dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. «Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.». Marisol no tiene un trabajo estable, limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  «¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Santos Huamán, madre de Joselito Sánchez, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. «Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura».

«En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vida judicial», declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. “Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales», concluye Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

Existe un convenio de «prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP». Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina el abogado Juan Carlos Ruíz. «Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo», declara Rolando Luque.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas estructurales de la población permanecen; y el Estado mantiene esta legislación. El desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

Escribe Nylva Hiruelas
Fuente: Gran Angular

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Ante los sucesos que vienen ocurriendo en el sur del país, particularmente en la Provincia de Islay, con motivo del proyecto minero “Tía María”, llamamos a una  profunda reflexión, que  desemboque en una  pronta acción en defensa de la vida, la construcción de la paz y la justicia.

Tenemos conocimiento de la importancia de proyectos como el de Tía María porque implicarán altos niveles de inversión para la economía de la región y del país, con la consecuente creación de puestos de trabajo, importantes obras de infraestructura y el aporte a los recursos públicos, especialmente regionales y locales, con todo lo que ello implicaría en favor de la calidad de vida.

Sin embargo, nos preocupa las poblaciones que durante años viven de la agricultura, dinamizada en los últimos tiempos, que es necesario promover y proteger, puesto que favorece  la alimentación y una muy importante generación de puestos de trabajo, que mejora la economía de las familias, la región y del país en su conjunto. En el importante valle del río Tambo, para favorecer la agricultura, es necesario proteger el agua tanto superficial como del subsuelo. La calidad del aire y de la tierra es  también esencial para lograr los necesarios niveles de productividad. Nuestra mirada debe incluir el bien  común, el cuidado de la Creación, un desarrollo verdaderamente humano, sostenible y solidario.

Lamentamos profundamente los hechos de violencia que se vienen suscitando y en particular la muerte  de hermanos nuestros, como Victoriano Huayna y Henry Checlla. ¡No debe haber más víctimas¡. Lamentamos también los numerosos heridos tanto de la policía como de civiles que ya son muchos. ¡No más violencia¡. Llamamos a las fuerzas del orden y también a la población civil a reafirmar el respeto por los derechos humanos y por la paz. Es sumamente necesario retomar el diálogo alturado, con la buena voluntad de todas las partes implicadas, que deben participar en él para que se restablezca la Paz.

Como lo hemos manifestado en el Comunicado de los Obispos del Perú de enero del presente año:  “La paz es la buena noticia del Evangelio. La debemos construir entre todos, porque son «Bienaventurados los que trabajan por la paz» (Mt 5,9). En ese sentido, ratificamos nuestra voluntad de respaldar y apoyar las iniciativas para restablecer el diálogo y la construcción de Paz.

Que María, Nuestra Señora de la Paz, nos ayude a lograr el restablecimiento de la paz en el sur y en todo nuestro amado Perú.

Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón
Arzobispo de Ayacucho
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM 
Arzobispo de Trujillo
Primer VicePresidente de la CEP

Mons. Pedro Barreto Jimeno SJ
Arzobispo de Huancayo
Segundo VicePresidente de la CEP

Hoy martes 14 de julio durante el Foro Público, “Extractivismos y alternativas en el Perú: ¿Otros futuros posibles?”, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya a las 5:30 pm. Se presentará el libro “La minería en el Sur Andino: Los casos de Cusco y Apurimac” elaborado por la Red Muqui Sur, Cooperacción y Broederlijk Denle.

El libro “La minería en el Sur Andino: Los casos de Cusco y Apurimac” presenta un análisis multifacético y completo de las tendencias de la minería en estas dos regiones del Sur Andino del Perú, en donde se pueden identificar tres rasgos centrales:  el aumento de la conflictividad, por la ausencia de instituciones adecuadas para procesar los conflictos socioambientales y territoriales; la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por la actividad minera, por la incapacidad del Estado peruano de cumplir adecuadamente con su rol de garante de derechos; y,  el insuficiente aporte de la minería al desarrollo local, que tiene como evidencia la pobre performance de las regiones y las provincias mineras en temas de reducción de la pobreza y de desnutrición.

Así mismo, se presentan los libros  “Extractivismos: Ecología, economía y políticas de un modo de entender el desarrollo  y la naturaleza” de Eduardo de Gudynas el cual habla sobre los extractivismos como la explotación minera o petrolera, o los monocultivos que se están ocasionando severos impactos sociales y ambientales en toda América Latina. En donde están vinculadas distintas formas de entender la Naturaleza, en concebir la política y en especial la democracia, en manejar el marco de derechos de las personas y del ambiente y “Alternativas para la vida, más allá del desarrollo. Documento de sistematización, encuentro en Lima 25 al 29 de agosto” fruto de cuatro días de intensos análisis, acción, intercambio y compartir acerca de las rutas para llegara a este «otro mundo» que soñamos como movimientos sociales y organizaciones de solidaridad internacional, en el marco del Encuentro Broederlijk Delen, copartes y aliados, organizado y facilitado por el Programa Democracia y Transformación Global (PDTG).

El Foro Público “Extractivismos y alternativas en el Perú: ¿Otros futuros posibles? por tendrá como ponentes a Eduardo de Gudynas del CLAES,  José De Echave de Cooperaccion, María Isabel Remy del IEP, Elsa Merme por la Federación Provincial de la Mujer de Kana Espinar y Raphael Hoetmer de Broederlijk Dente.

El día 3 de Julio se llevó a cabo el Foro Debate Técnico y Social «Minería y Agro», en el local del Colegio de Abogados de la Ciudad de Arequipa.

Dicho debate conto con la participación Javier Janhcke, Red Muqui; Marlene Castillo, CooperAcción y Otto Ito, Especialista e Investigador; quienes debatieron frente a Darío Oviedo, director de Servicios Ambientales; José Vargas, gerente de Construcción; Jaime Arana, gerente del proyecto y Fernando Núñez, gerente de exploración del proyecto Tía María – Southern Perú.

Durante el evento, se mostró la extrañeza en cómo fue aprobado el EIA del proyecto Tía María, ya que, luego de que el MINEM solicitara información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó, la empresa minera entregó un informe el 25 de julio del 2014, y en menos de una semana –incluyendo los días de fiestas patrias del país-, el 01 de agosto fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 392-MEM/DGAAM con muchas de las observaciones que no presentaban información técnica válida.

Una institución pública con la fragilidad técnica del MINEM, donde la DGAAM tiene a cargo 400 expedientes, y sólo cuenta con 40 personas contratadas para hacerlo, donde el 50% son CAS o Secigristas y ganan S/. 2,000.00, como puede revisar “rigurosamente” en sólo dos días la información complementaria solicitada expedientes en la DGAAM, es imposible.

Y esto no sólo ocurrió con Tía María. En sólo 3 meses se aprobaron dos EIA de Southern: Tía María y la Ampliación de EIA de la Planta Concentradora de Toquepala, con lo que se convertiría en la mayor productora de cobre del país. Demasiada coincidencia.

En los temas referidos al EIA, se incidió en que el EIA está orientado a una explotación entre 300 a 400 metros de profundidad en los tajos, confirmando la presencia de sulfuros. Éstos generarán acidez en el agua al mezclarse, ocasionando que se disuelvan los metales y ello generar impactos por infiltración en la napa freática y las aguas subterráneas.

Toquepala, otro proyecto de Southern, finalmente ha tenido una profundidad de 800 metros en su tajo. Las perspectivas de mayor impacto en la infiltración de sulfuros son mayores en esa perspectiva.

Se ha cuestionado también, que el propio EIA establece que el agua subterránea está a profundidades que varían entre los 6 m. y los 300 m. Se trata de distancias muy heterogéneas que además están vinculadas con una serie de fracturas complejas que filtran el agua.

La información y los elementos técnicos utilizados en el EIA, no brindan resultados suficientes como para concluir, como dice la empresa, que serán bajos los niveles de impacto. En realidad hay un alto grado de incertidumbre puesto que en el EIA se trabaja con escenarios hipotéticos, que no permiten afirmar los niveles de presencia de las aguas subterráneas y por consiguiente la probabilidad de que puedan ser impactadas. En el propio estudio hidrogeológico del EIA, se habla de la incertidumbre mencionada.

Finalmente, se señaló que en el capítulo 12 del EIA se habla de una serie de estudios que se deben realizar para reducir la incertidumbre de los resultados, pero claro, el EIA fue aprobado así, sabiendo que eran insuficientes los estudios y resultados.

Es lamentable que la presión de empresas como Southern, para lograr paquetes normativos a su medida, haya generado niveles de desregulación normativo y ambiental, que permiten que sólo haya observaciones una sola vez a los proyectos mineros, además de exigir a los funcionarios del MINEM, cumplir plazos bajo pena sufrir sanciones administrativas y penales incluso.

El EIA aprobado de Tía María, es un ejemplo de la desregulación que han logrado los paquetes normativos y la insuficiencia de los mecanismos de “participación ciudadana” en minería, pues no consideran en el proceso minero a los Gobiernos Regionales y Locales ni a las poblaciones y comunidades, que en éste caso presentaron 10 tomos de observaciones sin que ninguna haya sido considerada finalmente al momento de decidir la aprobación del EIA.

Pronunciamiento del Monseñor Pedro Barret Jimeno, Arzobispo Metropolitano de Huancayo sobre la calidad de vida de la población de La Oroya y de la Región Junín.

 

Pronunciamiento La Iglesia y La Oroya by prensamuqui

En un gesto que califican de solidaridad con el valle de Tambo, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, tomó por la fuerza el local de Sociales, solicitando al gobierno el fin del Estado de Emergencia en la provincia de Islay, generado por las protestas contra el proyecto Tía María.

Los estudiantes, marchan ahora por las calles céntricas, incluida la plaza de armas, a pesar de la prohibición municipal para este tipo de manifestaciones en la plaza principal de la ciudad.

Según dijeron, el gobierno pretende imponer la operación de la mina Tía María de la empresa Southern en el Valle de Tambo, lo que provocó un paro en esa zona que se extendió por más de dos meses, hasta que el gobierno suspendió las garantías en toda la provincia de Islay.

Actualmente la situación es de calma, pero la oposición a esta actividad minera no se ha disipado, según han hecho saber los representantes de la población. El Estado de Emergencia fue declarado por 60 días y este plazo debía vencer en 20 días si no hay prórroga.

 

Fuente: El Buho

Southern Copper, uno de los mayores productores mundiales de cobre, es probable que extienda por más tiempo la pausa que puso a su proyecto Tía María de US$ 1,400 millones, en sus intentos por lograr el apoyo de la población, dijo la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.

En una entrevista con Reuters, Ortiz afirmó asimismo que espera que el proyecto de Southern Copper inicie su desarrollo antes de que concluya la gestión del presidente Ollanta Humala en julio del 2016.

“Yo creo que la empresa ya lo tiene claro desde hace tiempo que tiene que hacerlo”, afirmó Ortiz a la pregunta de si la minera debería ampliar la pausa que vence a mediados de julio.

Southern Copper, controlada por el Grupo México , anunció a mediados de mayo que haría una “pausa” al desarrollo de Tía María para despejar dudas de la población, que rechaza el plan por temores a la contaminación y a que la minera use sus fuentes de agua destinadas para la agricultura.

Aunque las manifestaciones contra Tía María dejaron cuatro muertos y cientos de heridos, Ortiz dijo que la protesta no es otro Conga, un proyecto aurífero de US$ 5,000 millones de la estadounidense Newmont Mining y la peruana Buenaventura que está paralizado en Perú.

“Creo que Tía María no está al nivel de lo que fue Conga, porque Conga implicaba un desplazamiento de lagunas, se cerraba lagunas para hacer reservorios, eso genera en la gente demasiados temores y el impacto es mucho mayor”, afirmó Ortiz.

La ministra afirmó que espera que el desarrollo de Tía María comience en un año, si la compañía trabaja estrechamente con las comunidades para despejar dudas sobre su impacto ambiental.

“Tía María todavía está en un proceso en donde creo que se puede abrir un diálogo (…) Sí le puedo decir que antes de que se concluya el Gobierno del presidente Humala ese proyecto puede estarse iniciando si las tres partes ponemos de nuestra lado”, afirmó.

Por otra parte, Ortiz dijo que espera que Perú registre una recuperación en su producción de metales como el cobre, plata, zinc y oro para este año y el 2016.

La producción de cobre crecería este año un 13 por ciento, a 1,56 millones de toneladas; mientras que el próximo año saltaría un 66 por ciento, a 2,58 millones de toneladas, comentó.

La producción de oro y plata aumentaría este año un 13% cada una, a 5.07 millones de onzas y 137.6 millones de onzas finas respectivamente, estimó.

Para el próximo año, la extracción del oro crecería un 8%, a 5.48 millones de onzas, mientras que la de plata se elevaría en un 14%, a 156.9 millones de onzas finas.

En tanto, la producción de zinc crecería un 18% este año, a 1.56 millones de toneladas, mientras que el próximo año se mantendría estable.

Perú es el tercer abastecedor mundial de cobre, plata y zinc y el sexto de oro. La minería es clave para su economía porque sus envíos representan el 60 por ciento de las exportaciones totales.

Fuente: Gestión

Cuando renunció a la oficina de diálogo de la PCM, en diciembre del 2014, la resolución que oficializó su salida no tuvo la protocolar frase con la que el gobierno agradece a sus funcionarios por sus servicios prestados a la nación. Ese detalle incrementó el rumor sobre desencuentros entre el que era jefe de la oficina que dirige las políticas de prevención de conflictos y la entonces primera ministra Ana Jara. Tras seis meses de silencio, Vladimiro Huaroc dice que hubo intereses políticos que bloquearon su trabajo en Tía María y en Conga, y lanza críticas a las nuevas estrategias para enfrentar la conflictividad social.

— Se especuló mucho sobre los motivos de su renuncia a la PCM. Se dijo que tomó la decisión por sus desacuerdos con Ana Jara. ¿Qué sucedió?
Me retiré después de dos años y medio convencido de que ya no había posibilidades de implementar más estrategias de diálogo y prevención para la conflictividad social; convencido de que en la gestión de Ana Jara había indiferencia para tratar estos temas, una pérdida de perspectiva en relación con lo delicado y complejo que puede ser un conflicto social.

— Lo que afirma es grave, sobre todo si recordamos que días antes de su renuncia murió una persona en Cusco por el conflicto de La Convención. ¿Dice que el mal manejo del conflicto fue culpa de Jara?
Fue culpa de la falta de lectura política en relación con los conflictos sociales. Es importante la prevención en la etapa de desarrollo del conflicto, y esa era nuestra tarea: conversar y canalizar sus demandas, pero las soluciones no dependían de nosotros sino de otros sectores y de decisiones políticas que asumía el primer ministro.

— ¿Tuvo oportunidad de conversarlo con ella en persona?
Pese a que el diálogo entre la ONDS  y el primer ministro es fundamental, y debería ser diario y permanente, durante los cinco meses que estuve a cargo en su gestión no tuve oportunidad de explicarle a profundidad nuestro modelo de trabajo.

— ¿No quiso recibirlo?
Quizá no tuvo tiempo o probablemente tenía otras prioridades. Esto me desanimó muchísimo, me hizo pensar que no había condiciones ni el respaldo suficiente, y preferí retirarme. Lamentablemente, poco tiempo después empezó a desintegrarse la oficina.

Lea la entrevista completa en la edición impresa de El Comercio

 

Fuente: El Comercio

Los graves sucesos que están aconteciendo en torno al conflicto minero en la zona de Valle del Tambo en la provincia de Islay, Arequipa, al sur del Perú, confirman que defender el agua, la tierra, la agricultura y el derecho de consulta del avance de las operaciones mineras puede ser muy riesgoso para defensoras y defensores ambientales.

La empresa Southern, del grupo México, apoyada por el gobierno peruano y los grandes medios de comunicación hacen que la seguridad de la resistencia ciudadana pueda ser peligrosa. El día jueves pasado la policía asesinó al campesino Valeriano Huayna Nina cuando participaba en las protestas contra el proyecto Tía María.

Los métodos utilizados en países como el Perú para imponer proyectos mineros ha ido mas allá de todo lo razonable.

La desesperación por el rechazo comunitario que ha llevado a actores políticos a acusar de “terrorismo antiminero” la legítima defensa de derechos por parte de campesinos es calumniosa, peligrosa e inaceptable.

Se entiende como un llamado a destruir por medios no democráticos la expresión genuina que contrapone modelos de desarrollo locales a un extractivismo depredador, excluyente y benefactor de empresas transnacionales con costos socioambientales probadamente irreversibles.

Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, rechazamos la persecución y criminalización de las comunidades campesinas que defienden su derecho a proteger el medio ambiente y su fuente de sustento basado en la agricultura.

Consideramos extremadamente peligroso el señalamiento de líderes ambientales y miembros de nuestra red, como lo es Marco Arana, premiado nacional e internacionalmente por organismos de Derechos Humanos por la defensa del ambiente y las comunidades más afectadas por la depredación ambiental en el Perú.

Rechazamos los esfuerzos por tergiversar las luchas por la defensa de los Derechos Humanos y los intentos por deslegitimar el importante trabajo que realizan muchas instituciones de la sociedad civil de Perú como GRUFIDES, LA RED MUQUI, COOPERACCION Y LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, en aras de la armonía y convivencia de los seres humanos con la naturaleza.

Exigimos la investigación y sanción para los policías que asesinaron al agricultor Valeriano Huayna Nina el jueves pasado, sumándose así a las 41 muertes de defensores ambientales que se han producido durante el gobierno de Ollanta Humala. Todas ellas están quedando hasta el momento en la más absoluta impunidad.

Exigimos la rectificación y justa valoración de los esfuerzos de las comunidades campesinas de Valle del Tambo, de sus representantes, así como de defensoras y defensores de derechos humanos como Marco Arana.

Exigimos la investigación y pública difusión de los intereses existentes tras las acusaciones infundadas y temerarias que pretenden falazmente desacreditar la defensa de la madre tierra, asumida valientemente por comunidades y figuras públicas en el hermano país del Perú.

Responsabilizamos al gobierno central por la protección de quienes hoy, cobardemente, son tratados como terroristas y delincuentes por el solo hecho de defender los derechos sociales y ambientales de una comunidad amenazada por el extractivismo minero.

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL

Arequipa. Encuentro fue al no concretarse la reunión que supuestamente se iba a dar con el premier Cateriano. En la PCM indicaron que este viaje no estuvo en agenda y que se tomó como un hecho la invitación que hizo la gobernadora regional.
Elízabeth Prado

Un malentendido creó falsas expectativas entre los dirigentes y autoridades ediles del valle de Tambo, quienes esperaron el arribo del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y cuatro ministros de Estado a la ciudad de Arequipa.

Se trató de la invitación que había hecho la gobernadora regional, Yamila Osorio, para que Cateriano se traslade a la Ciudad Blanca tras su presentación en el Congreso de la República, a donde el jefe del Gabinete había acudido en busca del voto de confianza para el gabinete ministerial.

Los representantes del Valle de Tambo esperaban el anuncio de una solución definitiva al conflicto generado por el emprendimiento cuprífero Tía María-La Tapada.

«La gente está molesta. La cita ha sido cambiada para mañana, aunque está por confirmar. Nosotros vamos a asistir a la reunión, pero no a dialogar ni a negociar sino a escuchar la decisión del gobierno de retirar el proyecto minero. Ya hemos expresado nuestra posición, ahora la solución está en manos del gobierno», dijo el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez.

La expectativa de los pobladores por la reunión con Pedro Cateriano y cuatro ministros  era grande. En Cocachacra, los agricultores se congregaron en la Plaza San Francisco a la espera de resultados.

Al comprobar que este importante encuentro no se iba a dar, los alcaldes de Cocachacra, Helar Valencia, y de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, decidieron reunirse con la gobernadora regional, Yamila Osorio Delgado.

Al término del encuentro, el burgomaestre Jaime de la Cruz declaró que no hubo ningún acuerdo y que estaban a la espera de que les confirmen la fecha en que llegarán a Arequipa los altos funcionarios del gobierno.

En cuanto a la huelga indefinida en el Valle de Tambo que ya lleva 37 días, De la Cruz afirmó que las protestas terminarán siempre que el gobierno dé marcha atrás al proyecto que promueve la empresa minera Southern Perú.

TOMA DE VÍA

Aun cuando no tenían consigo a sus dirigentes y autoridades, la población continuó con las movilizaciones en Islay.

En el distrito de Punta de Bombón, los manifestantes intentaron cruzar nuevamente el puente Pampa Blanca, pero fueron repelidos por la policía con lanzamiento de gases lacrimógenos. Este lugar es considerado estratégico por los pobladores porque está cerca de la carretera Panamericana Sur.

Otro enfrentamiento entre la policía y los agricultores se produjo en el distrito de Mejía. Allí hubo tres detenidos y dos agentes heridos. Entre los detenidos hay un adolescente. Todos fueron conducidos a la comisaría de Mejía.

De otro lado, en el distrito de Deán Valdivia fue bloqueada  la carretera de penetración desde el cruce de Ventillaca, a la altura de la zona conocida como El Boquerón.

«ME SIENTO MAL»

Antonio Coasaca Mamani, el agricultor a quien un mal agente intentó «sembrarle» un objeto punzocortante, estuvo en Arequipa, a donde fue para atender su estado de salud.

«Yo ahorita estoy mal por todo lo que me han pateado, y más por lo que no voy a poder trabajar por un mes y medio, según me ha dicho el doctor», lamentó Coasaca.

Dio votos porque a nadie le pase lo que él vivió a manos de quienes, consideró, no tienen sentimientos. Agregó que denunciará al agente que intentó «sembrarle» el objeto punzocortante, así como a los policías que lo agredieron.

Explicó, además, que no lo hizo antes porque estuvo en cama debido a las lesiones de que fue víctima el 22 de abril durante la protesta en el puente Pampa Blanca.

«Pido justicia por el daño que me hicieron», expresó.

Abren dos carpetas para investigar asesinato y sembrado de pruebas

-La 20 Fiscalía Militar Policial del Sur decidió investigar por separado la muerte del agricultor Victoriano Huayna y el caso del sembrado de pruebas incriminatorias contra el agricultor Antonio Coasaca, hechos ocurridos en el marco de las protestas en Islay, contra el proyecto Tía María.

-Para tal fin, se abrió dos carpetas fiscales para investigar a los efectivos de la Policía Nacional que estuvieron en los enfrentamientos, por delito de desobediencia y otros que serán establecidos  durante la presente investigación preliminar.

-Según se conoció, durante la investigación iniciada, un considerable número de efectivos de la DIROES que participó en los enfrentamientos optó por ejercer el derecho a guardar silencio.

-En forma paralela, los hechos son investigados por la Fiscalía Provincial Penal de Islay y también por la Inspectoría del Ministerio del Interior.

-El director de la organización Cooperacción, José De Echave, expresó su preocupación respecto al sembrado de pruebas contra Antonio Coasaca, al señalar que no se tratarían de hechos aislados.

-En tal sentido, preguntó por qué la Policía permite el uso de seudónimos en los uniformes como «FILOSOFE XXX», en lugar de su nombre, como indica el reglamento.