Minera Yanacocha cerró esta mañana el camino que comunica : Las Pozadas – Chugurmayo – Sorochucho y la aisló completamente a Máxima Acuña y su familia, impidiéndoles la libertad de transitar libremente.

Máxima denunció muy preocupada esta situación que la aisla del resto de la sociedad.

¨Nos impiden viajar en movilidad cuando nos desplazamos de Cajamarca hacia Santa Rosa en los puestos de control, y hoy nos cierran el camino que utilizábamos para caminar con nuestros animales desde mi casa hasta Sorochuco¨, indicó Máxima Acuña.

Esta actitud de Minera Yanacocha es otro acoso que atenta contra el desplazamiento de las personas de transitar libremente por el territorio local, impidiendo que Máxima pueda sacar sus productos al mercado y adquirir algunos bienes para su manutención.

Máxima hizo un llamado a las autoridades, Defensoría del Pueblo, para evitar este abuso  de la empresa minera, cuyo acoso han sido sucesivos y más frecuentes en este último año.

El camino  Las Pozadas – Chugurmayo – Sorochucho es un camino ancestral que ha sido utilizado por varias generaciones.

Fotos que prueban el aislamiento de Máxima Acuña por Minera Yanacocha:

Minera Yanacocha ha delimitado su territorio con madera y cerco plástico

 

 

Fuente: GRUFIDES

La gobernadora de la región Arequipa, Yamila Osorio, informó que ha recibido la propuesta de técnicos de la Unión Europea para hacerce cargo de la financiación para la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María.

“Como Gobierno Regional, mantenemos vigente la propuesta de contratar a un organismo internacional para que haga la revisión del Estudio de Impacto Ambiental para que se aclaren las dudas que se tienen”, dijo.

Anunció que las conversaciones ya están adelantadas con representantes de la Unión Europea, quienes han mostrado su interés en apoyar al Gobierno Regional de Arequipa en este punto. El aporte sería en el financiamiento para la contratación de la entidad internacional.

Asimismo saludó que las protestas de 48 horas convocadas en todo el Sur en apoyo a las demandas de los pobladores del Valle de Tambo, se hayan realizado en forma pacífica.

 

Fuente: El Buho

Los Apus Carlos Sandi de la Federación de Comunidades Nativas del Corriente (Feconaco), David Chino de la Federación Indígena Quechuas del Pastaza (FEDIQUEQ) y Alfonso López de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Pipishca (ACODECOSPAT) presentaron una demanda exigiendo a varias instituciones públicas la pronta titulación de sus territorios.

La demanda, presentada ante el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, exige al Ministerio de Agricultura (MINAGRI), al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Gobierno Regional de Loreto (GOREL) la inmediata titulación de sus territorios, así como el respeto de sus derechos territoriales frente a varias décadas de vulneración de los mismos. También se exige que Pluspetrol Norte pague una compensación por el uso de sus tierras desde el año 2000 en el Lote 1AB (hoy Lote 192) y desde 1996 en el Lote 8.

Se estima que unos 50 mil habitantes de 113 comunidades que viven en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Marañón en la región Loreto serían beneficiados con la obtención de sus títulos de propiedad.

¿Por qué de la demanda?

El uso de tierras comunales y ancestrales de propiedad indígena ha beneficiado principalmente a las empresas petroleras. Mediante fraudulentos mecanismos legales, las empresas han logrado que el Estado peruano les entregue de manera gratuita dichos territorios para operar sin permiso en sus territorios, los cuales en su mayoría, carecen de títulos de propiedad.

La terrible situación socioambiental generada por décadas de explotación petrolera en las comunidades indígenas que viven en la zona de los lotes 1AB (hoy Lote 192) y 8 se ha basado en la inseguridad jurídica de las comunidades y la desprotección de sus territorios. Estas comunidades debieron ser indemnizadas previamente por Pluspetrol Norte S.A.

A esto se agrega que el último 10 de marzo mediante en un acta firmada por los presidentes de las tres federaciones con ministros de Estado se creó un fondo de tres millones y medio de soles para titular a las comunidades, por ello esta demanda busca complementar ese fondo con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las comunidades.

Pero esta situación se agrava con la reciente aprobación de la Ley 30327, denominado “4to paquetazo ambiental” porque blinda las servidumbres petroleras a favor de las empresas, impidiendo a la autoridad regional titular o reconocer la propiedad indígena conforme al derecho, además de criminalizar el derecho a la protesta.

La defensa de la parte indígena está a cargo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Instituto de Defensa Legal Ambiental y Desarrollo Social (IDLADS) con apoyo de Oxfam en Perú. Los representantes legales al sustentar la demanda, señalaron que el Estado peruano ha vulnerado los derechos territoriales de las comunidades del Pastaza, Corrientes y Marañón, sostenidos en la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

¿Qué se quiere lograr y a quiénes se demanda?

  • Que el Gobierno Regional de Loreto y su Dirección Sectorial Regional Agraria, efectúen la titulación inmediata del territorio ancestral de las comunidades de FECONACO, FEDIQUEP y ACODECOSPAT. Asimismo, que dejen sin efecto las Resoluciones Supremas N° 060 y 061-2006-EM del Ministerio de Energía y Minas, que constituyen servidumbres gratuitas de ocupación a favor de la empresa Pluspetrol Norte S.A. en los territorios de su propiedad ancestral y comunal.
  • Que el Gobierno Regional de Loreto y su Dirección Sectorial Regional Agraria, dejen sin efecto la Ley de la promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, Ley N° 30227, por ser un obstáculo a la titulación de territorios indígenas al impedir que la autoridad competente otorgue títulos de propiedad sobre terrenos destinados a Derechos de Vías sobre Servidumbres.
  • Que el Gobierno Regional de Loreto y su Dirección Sectorial Regional Agraria efectúen la inmediata titulación de las comunidades nativas demandantes específicamente en el ámbito de los Lotes 192, y 8, inaplicando el artículo 11º del Decreto Legislativos N° 22175, Ley General de las Comunidades Nativas, por no dar a las comunidades indígenas la propiedad de su territorio ancestral y solo entregárselas en cesión de uso, afectando su derecho al mismo y su autodeterminación indígena.
  • Que el Ministerio de Energía y Minas, deje sin efecto las Resoluciones Supremas N° 060 y 061-2006-EM, que constituyen servidumbres gratuitas de ocupación a favor de la empresa Pluspetrol Norte S.A. en territorios de propiedad ancestral de las comunidades nativas demandantes.
  • Que el Ministerio de Energía y Minas implemente un Programa de Compensación por uso de tierras indígenas, autorizadas en Resoluciones Supremas N° 060 y 061-2006-EM.
  • Que la empresa Pluspetrol Norte S.A., pague por las servidumbres petroleras a todas las comunidades nativas sobre las que se superpone el Lote 192 y 8, desde que empezó a operar en las referidas concesiones hasta la actualidad.

 

Acceda al documento completo aquí

Para mayor información comunicarse con:

Renato Pita Zilbert, 994 974 023 [email protected]
Elizabeth Quiroz, 999 465 859 [email protected]

Desde tempranas horas, cientos de pobladores de diversos distritos de Cajamarca fueron llegando hasta el Arco del Triunfo, en el barrio Chontapaccha, para congregarse e iniciar la molilización que se desplazó por diversas arterias de Cajamarca, llegando incluso a la Plaza de Armas.

La marcha estuvo encabezada por Porfirio Medina, Presidente Regional de Cajamarca, acompañado de otros líderes.

Las protestas se iniciaron muy temprano cuando los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca tomaron su local institucional en protesta contra los abusos del gobierno.

Por otro lado, decenas de policías, desde tempranas horas de la mañana se ubicaron en diversas instituciones públicas y en la Plaza de Armas de Cajamarca, como prevención a algunos desmanes que se pudieran producir

Un burro en la Marcha

Lo más resaltante de esta movilización de apoyo fue un burro al que le colocaron un cartel con el nombre del presidente Ollanta Humala, al cual le colocaron un cartel que decía: “Abran paso, que va a pasar su presidente”.

Con carteles y banderas verdes, los pobladores coreaban diversas frases: ¡Ollanta Traidor! ¡Hay oro, hay cobre y el pueblo sigue pobre!, entre otras que expresaban el sentir contra el abuso y la militarización del gobierno y las empresas mineras contra Islay y otros pueblos del Perú, como Cajamarca, afectada por la minería.

Movilización en Celendín
Otra movilización similar se realizó en la provincia de Celendín, donde los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca – sede Celendín y pobladores de esa provincia marcharon por las calles

GRUFIDES

Una perla más. A sus pasivos medioambientales en España, México y en nuestro país, ahora se suma ahora una intervención financiera (por 15 días) a Southern Perú por resistirse a entregar más de 10.5 millones de acciones laborales a sus trabajadores jubilados, en cumplimiento de las leyes 22333 y 18880, vigentes entre 1970 y 1991.

Las referidas normas señalaban que las mineras «debían destinar el  6% de las utilidades netas anuales a un fondo de acciones laborales».

Según informa La República, la orden judicial para la intervención financiera la dictó la titular del 20 Juzgado Civil de Lima, Virginia Macedo Figueredo. La medida establece que los peritos Edgar Jaime Gallegos Lezama y Guillermo Alberto Lloyd ingresen a la empresa para recabar información sobre la ubicación  de las acciones laborales, ahora de inversión, que la firma debe entregar.

Luis Chunga Chávez, abogado de los extrabajadores-accionistas, manifestó que solicitaron la intervención judicial ante la lentitud de Southern Perú para entregar sus estados financieros de los años que fueron materia de proceso, tal como requirió la magistrada Macedo el 21 de enero del 2015.

El letrado, ahora con el aval judicial, espera que la empresa cumpla:

«Esperamos que la empresa minera cumpla con el mandato judicial sin realizar más trabas, y no siga demostrando una conducta prepotente y de irrespeto a lo ordenado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional».

El colegiado recordó que este caso que involucra a más de 900 extrabajadores de Southern se inició en 1996. Cuatro años después, la Corte Suprema les dio la razón. Aunque en el 2004, la misma instancia, extrañamente, anuló su propia decisión.

Los jubilados acudieron entonces al Tribunal Constitucional, que ordenó al Poder Judicial emitir una sentencia de acuerdo a ley, en el 2007. Así, tres años despues, la Corte Suprema ordenó entregar las acciones a los jubilados o a sus descendientes. A Southern Perú no le gustó esta sentencia y también acudió al Tribunal Constitucional, pero este no le dio la razón.

Pero la cuestionada empresa minera se zurra en todo, hasta en la justicia de nuestro país. Hasta ahora no se han entregado los documentos contables para determinar dónde están las acciones de los casi mil extrabajadores y calcular su valor actual, así como sus intereses.

 

Fuente: La Mula

Tras la reunión sostenida entre autoridades de Islay, la presidenta regional Yamila Osorio, y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, se concluyó que no existen las condiciones sociales para el inicio de operaciones de la minera Southern Perú y su proyecto Tía María, tal como lo había anunciado en días previos el Viceministro de Minas, Guillermo Shinno.

La posición mayoritaria de los alcaldes de la zona fue la desconfianza y los cuestionamientos técnicos al nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María, que no ha sido revisado por la Unops , así como el temor de que la actividad agrícola en el valle sea afectada.

Además de la autoridad regional, acudieron a la cita el consejero regional por Islay, Mauricio Chang, el alcalde provincial Richard Ale, y los alcaldes de los distritos involucrados en el proyecto.

Según declaró Osorio, el Gobierno Nacional reconoció la ausencia del Estado en la provincia y la necesidad de plantear un esquema de desarrollo en conjunto con sus autoridades, así como de exponer primero el proyecto y generar las condiciones sociales para su operación, si fuera el caso.

“Las cosas no pueden darse al caballazo en una democracia”, dijo Osorio preguntada por el futuro del proyecto Tía María, añadiendo que será parte de la agenda de desarrollo de la provincia de Islay y, previamente, deberá quedar demostrada su viabilidad técnica.

MESA DE DESARROLLO

La reunión finalizó con el acuerdo de establecer una Mesa de Desarrollo en la que se tratará en conjunto los proyectos y problemas de la provincia de Islay. Con este propósito llegarían a Arequipa la próxima semana, la ministra de Energía y Minas, el ministro de Agricultura y la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Integrarían también esta mesa representantes de los sectores del Ambiente, Salud y Educación, además de las autoridades locales.

Osorio señaló que allí se tratarán problemas como la falta de una represa en la provincia, de un plan maestro de agua potable, de la precaria infraestructura de riego, de las oportunidades económicas que su territorio ofrece, entre otros, además del problema de Tía María.

En relación a la posición de los alcaldes llamados antimineros, Osorio dijo que las autoridades locales, como representantes de toda la población, deben promover el diálogo, y procurar llegar a un consenso, sin exponer a la población. “Tampoco son admisibles los caprichos”, añadió y dijo confiar en que la presencia de las autoridades disipe los anuncios de paralizaciones en la zona.

“De lo que se trata es de articular espacios de diálogo y soluciones entre todos los niveles de gobierno para evitar conflictos sociales y generar oportunidades de desarrollo para la provincia de Islay”, finalizó en declaraciones hechas a su arribo de la capital, anoche.

 

Fuente: El Buho

La RED MUQUI Diversas organizaciones nacionales e internacionales, dirigieron una carta a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y a su Presidente Carlos Gálvez Pinillos, solicitandole abrir un proceso sancionador a la Minera Yanacocha al amparo de su Código de conducta.

Cabe mencionar, que la Empresa Minera Yanacocha ha demostrado actos abusivos, como el hostigamiento a Máxima Acuña de Chaupe y su familia; y la violación de estándares internacionales del Consejo Internacional de Minería y Metales, Corporación Financiera Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OIT y las normas ISO 26000, 31000, SA 8000 entre otras.

La carta fue publicada el domingo del 8 de marzo en el diario La República.

Descargue aquí la carta

IGLESIAS Y MINERÍA es un grupo ecuménico de seglares, religiosos y religiosas, comprometidos con la defensa de las comunidades afectadas por la minería en los diversos países de América Latina. La RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú, forma parte de ésta iniciativa continental.

Desde 2013 el grupo ayuda a la articulación de las comunidades afectadas, junto a la jerarquía de las Iglesias que puedan y quieran apoyarles y con organizaciones de defensa de los derechos humanos.

RED MUQUI presenta en el Perú el video “Iglesias y Minería en América Latina”, que es la presentación pública del colectivo del mismo nombre que conformamos, que plantea las preocupaciones de los pueblos de toda la región y de sus Iglesias, sobre la situación que se vive en gran parte de los países de América Latina por el crecimiento desordenado y desproporcionado de la minería, en condiciones que afectan derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones que son afectadas.

Grandes minas a cielo abierto, deforestación y expulsión de famílias y comunidades enteras. Pueblos indígenas y comunidades tradicionales amenazados por intereses mineros sobre sus territorios. Contaminación del agua, la tierra y el aire.

El transporte de minerales afecta a centenares de comunidades que viven en las proximidades de los mineroductos o de las ferrovías construidas para la exportación de la inmensa mayoría de nuestros recursos.

Conflictos y manifestaciones populares, espionaje y criminalización de líderes comunitarios. Muertes y persecución de personas, familias y comunidades.

A pesar de todo esto, la minería en América Latina continúa creciendo. Los Estados nacionales facilitan estos intereses con la desregulación ambiental y social, flexibilización de normas y políticas públicas que eliminan garantías para los derechos a la propiedad y posesión de la tierra de las comunidades, criminalización y represión social contra comunidades y poblaciones que defienden sus derechos, y se comportan de esa manera como aliados de las empresas mineras, colocando a su servicio los sistemas de inteligencia y las fuerzas de seguridad, facilitando todo aquello que permita la expansión de los proyectos extractivos.

Numerosas comunidades y poblaciones afectadas son apoyadas, asesoradas y defendidas también por las Iglesias y redes, que se han posicionado con determinación en diversos contextos y han denunciado recientemente estas violaciones en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agentes de pastoral de las iglesias cristianas de América Latina se están articulando para buscar alternativas a las agresiones que supone la minería, tal como se está presentando en nuestra región.

“Iglesias y Minería” es un grito de denuncia y de esperanza, el grito de las comunidades, poblaciones y de la vida que no se dejará callar.

IGLESIAS Y MINERÍA
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RED MUQUI
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La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a través de su Representante Regional, Amerigo Incalcaterra, condenó la muerte del señor Ramón Colque y expresó sus condolencias y solidaridad a su familia, así como a las familias de los señores Victoriano Huayna, Henry Checlla y el Brigadier de la Policía Nacional de Perú, Alberto Vásquez, víctimas fatales, en el marco de las manifestaciones contra el proyecto minero “Tía Maria”.

Además de manifestar su solidaridad, Incalcaterra instó al Estado peruano a realizar una investigación pronta, independiente, y exhaustiva que permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de estas  muertes.

Asimismo, expresó su grave preocupación por la escalada de violencia suscitada y la demora en el hallazgo de una solución consensuada en donde prime el diálogo y la buena fe.

El Representante Regional recordó que el ejercicio pacífico de la protesta social es fundamental en el fortalecimiento de la democracia.  Las manifestaciones sirven de cauce para el ejercicio de muchos otros derechos, así como para el intercambio de puntos de vista diferentes y la tolerancia.

En este contexto, mencionó que, en el marco actual de protestas sociales, el Estado peruano debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas y cuidar que el uso de la fuerza cumpla siempre con los estándares internacionales de derechos humanos, previniendo y eliminando cualquier exceso en el uso de esta. Por lo que llamó a las autoridades nacionales a que, en el marco del estado de emergencia decretado, el uso de la fuerza sea estrictamente proporcional y limitado.

Incalcaterra, condenó el uso de la violencia por parte de algunos manifestantes, recordando que “la violencia no constituye un instrumento legítimo del ejercicio de los derechos de reunión y asociación. Por lo que hizo un llamado a las personas y a los grupos que se manifiestan a abstenerse de recurrir la violencia, y privilegiar en todo momento los espacios de diálogo. “Acudir a la violencia, no es el medio para reivindicar derechos”, afirmó.

 

ONU Derechos Humanos

El Representante del ACNUDH urgió al  Estado y a la sociedad peruana a reducir el actual clima de tensión, enfatizando en que “solo a través de un diálogo constructivo, libre de violencia y respetuoso de los derechos humanos se van a encontrar las respuestas a los desafíos que enfrenta el país”.

Han transcurrido tres años desde que se inició uno de los conflictos más violentos suscitados en Espinar – Cusco. Las demandas de las comunidades locales  y las organizaciones sociales provinciales estaba centrado en la atención a la contaminación ambiental que se percibía en el entorno minero,  la revisión y reformulación de un nuevo Convenio Marco con la empresa minera, la revisión de las políticas de relacionamiento de la empresa con las comunidades campesinas, entre otros.  Luego de varios días de paralización con enfrentamientos entre pobladores locales y efectivos policiales, el 28 de mayo terminó con el lamentable saldo de 3 personas fallecidas , una decena de heridos, 26 personas detenidas y posteriormente dirigentes y un alcalde encarcelado y la declaratoria de Estado de Emergencia en la provincia de Espinar. Frente a ello el gobierno instaló una Mesa de Diálogo para suspender y atender al conflicto.

Luego de la Mesa de Diálogo, que duró desde junio del 2012 a diciembre del 2013, se avanzó muy poco en su implementación. El 2014 fue un año casi muerto en términos de cumplimiento de compromisos  de parte del gobierno central, además de que fue un año marcado por el contexto electoral (elecciones regionales y municipales). En los últimos meses del 2015, la población espinarence ha reclamado la falta de cumplimiento de estos acuerdos en distintos foros, encuentros, y movilizaciones. A la vez, el Ministerio del Ambiente ha presentado a Espinar como un caso exitoso de diálogo y de resolución de las problemáticas que dieron origen al conflicto.

En ese sentido nos parece pertinente hacer un balance sobre lo avanzado y retrocedido en todo este tiempo, ya sea en materia ambiental, económico y en el aspecto socio-político en la provincia de Espinar.

El medio ambiente y la salud humana. Dentro de la Mesa de Diálogo de Espinar del 2012 se creó un sub grupo de trabajo para que se atienda la problemática medio ambiental de Espinar. En este grupo de trabajo hubieron algunos avances, ya que por primera vez varias instituciones del Estado realizaron un “Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar” donde participaron: DIGESA, OEFA, ANA, SENASA, INGEMMET y CENSOPAS. Los resultados se este informe señalan que sí existen niveles de contaminación y riesgos en la salud de las personas en el entorno del proyecto minero Tintaya – Antapaccay de la empresa Glencore-Xstrata. En ese sentido se identificaron metales pesados más allá de los límites establecidos por la ley, en el agua, el suelo y los sedimentos. Aunque ellos lo llamaron puntos críticos, se pueden entender bien como niveles de contaminación en un 52,7 %. Uno de los acuerdos además fue la aprobación de un Plan de Medidas Sanitarias y Ambientales de Corto, Mediano y largo Plazo, así mismo se creó un Comité de Gestión y Seguimiento del Plan de Acción Ambiental para hacer seguimiento a estos acuerdos.
Desde el 2012 hasta la fecha tanto ANA, OEFA como DIGESA han venido realizando sus respectivos monitoreos, cuyos resultados en algunos casos han sido cuestionados por el gobierno local de Espinar y la población afectada. Un tema neurálgico en todo este proceso es que hasta el momento no se ha establecido la causalidad de la contaminación en Espinar, a la fecha OEFA a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) debería generar estos resultados en los próximos meses para que determinen la causa de la contaminación.

En relación a la salud humana; es importante señalar que el gobierno solo reconoce el informe de CENSOPAS del 2013 y no del primer informe realizado por la misma institución en octubre del 2010 donde se revela que de las 33 muestras tomadas en la zona de influencia de la mina, en todas, las personas  presentan niveles de mercurio por encima de los estándares establecidos, para el consumo de agua según la legislación peruana.

Además en relación al informe de CENSOPAS del 2013 donde se analizó muestras de orina en 180 comuneros de las comunidades de Alto Huancané y Huisa, se detectó arsénico en la orina del 100% de los comuneros, así como cadmio, manganeso, mercurio, plomo y talio; luego se supo que otros 11 metales habían sido analizados en los 180 comuneros, sin su consentimiento, lo que resulta aún más grave es que recién en diciembre del 2014 fueron entregados los resultados de estos 11 metales pesados, dichos estudios demostraban la presencia de otros metales en sus cuerpos, superando ampliamente los límites permisibles. Es decir se habían realizado análisis en 17 metales pesados.

Lo preocupante es que aun sabiendo de estos resultados el gobierno central a través del MINSA no hizo nada para atender a las personas afectadas con metales pesados en todo este tiempo, el 2015 se anunció la implementación de un Plan de Salud para Espinar , algunos especialistas han señalado que este plan tendría varias deficiencias y vacíos. Por lo pronto hace unas semanas los afectados por metales pesados y comunidades del entorno minero han iniciado un proceso judicial contra el Estado Peruano, presentando una demanda de cumplimiento contra varias instituciones del gobierno central para que se atienda de inmediato el estado de salud de estas personas  y se declare en emergencia ambiental a esta provincia.

Sobre el plan de inversiones para Espinar. Culminada la Mesa de Diálogo en diciembre del 2013, el gobierno central anunciaba públicamente una inversión de más de 1,000 millones de soles provenientes de diferentes carteras ministeriales, el gobierno regional del Cusco y el mismo gobierno local de Espinar. De esa lluvia  de millones poco se ha visto en Espinar, por el contrario el 2013 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo en más del 90 % el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Espinar, dejando sin presupuesto la culminación de algunos proyectos que había iniciado el gobierno local .

Luego de casi dos años de inacción, el gobierno central anunció otra vez vía Ministro de Salud para este año otra lluvia de inversiones, esta vez se dijo que el gobierno invertirá S/. 1,200 millones en Espinar entre el 2015 y el 2016 , y estas se realizarían a través de los sectores de Agricultura, Ambiente, Energía y Minas, Salud, Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda y Construcción. Así mismo el Ministerio de Salud anunció la construcción de un nuevo hospital en Espinar valorizado en S/.170 millones.

Esta especie de anuncio de una lluvia de millones  para Espinar repite la misma fórmula de hace dos años: anunciar grandes inversiones cuando buena parte de estos presupuestos tienen que ver con montos ya comprometidos como parte de los gastos anuales en los ministerios. En este sentido, no representa una inversión adicional sustancial para la provincia.

Contexto socio-político. Desde el conflicto de mayo del 2012 hasta la fechas las principales organizaciones sociales de Espinar (FUDIE; FUCAE, FUJEK, AUPE entre otras) han ingresado a una especie de transición social. Los nuevos dirigentes le han dado otro matiz a sus organizaciones, en base a las demandas y agendas que cada una de ellas tiene o plantea. Por un lado el FUDIE no tiene la fuerza ni el peso organizacional de hace años y su principal bandera reivindicativa es la negativa al proyecto Majes Siguas II; la FUCAE se encuentra en etapa de recomposición de sus bases, y su principal demanda es la atención al sector agropecuario, aparte de que en los últimos meses han vuelto a levantar la agenda minero – ambiental en Espinar; en el caso de la organización de jóvenes FUJEK,  se mantiene su capacidad organizativa y han apoyado decididamente la derogatoria de la ley pulpin, sin embargo todavía falta su consolidación organizacional.

Por todo ello en el periodo de implementación (2013-2014) de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y en pleno proceso electoral estas organizaciones tuvieron un rol bastante pasivo. Sin embargo para el 2015, teniendo ya electo al nuevo alcalde provincial, y haciéndose público el reclamo de las comunidades afectadas por la minería, las organizaciones sociales sobre todo la FUCAE, FUJEK y AUPE han vuelto a tomar la iniciativa, a través de las movilizaciones convocadas en marzo, y el último encuentro nacional convocado para el 19 y 20 de mayo en Espinar, esto por conmemorarse el día de la dignidad espinarence.

 

Por: Jaime Borda
Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco (DHSF)