Foto: Agencia Andina

 

A propósito de la reunión entre los representantes de los trabajadores de la empresa Doe Run y el Ejecutivo, la Red de Propuestas y Acción – Red Muqui instó al Estado peruano a no dejarse presionar y mantenerse firme en preservar los estándares ambientales que se requieren para operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).

Para las 29 organizaciones que conforman la red, resulta inconcebible que trabajadores y empresarios del sector minero consideren que los actuales límites de emisión de dióxido de azufre en La Oroya son “extremos para atraer la inversión” (80 ?g/m3 media en 24 horas, según Minam), cuando todavía mantienen un alto nivel de contaminación y sobrepasan los 20 ?g/m3 establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Resulta preocupante que la falta de nuevos postores y la declaración del proceso de licitación como “desierto” puedan ser tomadas como un pretexto obligar al gobierno a rebajar las condiciones ambientales en la zona. De por sí, la población de La Oroya ya convive con un alto grado de contaminación que afecta su salud”, indicó Javier Jahnke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A través de un pronunciamiento público, la Red Muqui también expresó que es necesario que el Estado brinde una solución que no dependa del funcionamiento del CMLO.

“Consideramos que el Estado debe solucionar el tema laboral y social recurriendo a algunos mecanismos como la reconversión laboral, jubilación anticipada, etc. No puede ser que esta situación siga generando acciones violentas como toma de carreteras, enfrentamientos entre la población y la policía nacional, y sobre todo,  pérdida de vidas humanas”, señalan las organizaciones de la Red Muqui.

Mayor flexibilización ambiental

Cabe resaltar que actualmente, los niveles máximos de contaminación en el CMLO están determinados por el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que fue aprobado por el gobierno (D.S. 040-2014-EM), con el fin de retomar el interés de posibles operadores para el CMLO. Sin embargo, la Red Muqui advirtió que este instrumento de reemplazo del PAMA, presenta un proceso de aprobación mucho más sencillo y que no debería utilizarse para una operación de la magnitud del CMLO.

“Además de permitir la emisión de ácido sulfúrico que supera el umbral establecido de 80 ?g/m3 media en 24 horas, el sistema de cálculo establecido por el IGAC no es exacto, ya que en realidad está función a un tiempo mayor a 24 horas. Es decir, sobre la cantidad real de emisiones se saca un promedio con el fin de presentar rangos menores de los que realmente tienen” indica el pronunciamiento de la Red Muqui.

Las organizaciones Muqui de Junín, como la Red Uniendo Manos y la Pastoral de la Dignidad Humana – PASSDHI, se mantienen en constante alerta y monitoreo de lo que sucede con población a fin de evitar que se tergiverse la información en torno al CMLO.

Monseñor Pedro Barreto Jimenos, arzobispo de Huancayo y presidente del CELAM. Foto: CNBB.org

 

La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Red Latinoamericana «Iglesias y Minería», a la que también pertenece la Red Muqui, publicaron el libro «Iglesia y minería. En defensa de la vida y de los territorios” que recopila una serie de casos de poblaciones afectadas por la minería, las cuales han sido acompañadas por organizaciones religiosas que también son testigos de los impactos causados por esta actividad extractiva.

Es así que la publicación, expone testimonios sobre la realidad de las comunidades, pastorales, diócesis y movimientos sociales, que actúan en defensa de la vida y del territorio frente a los impactos de la minería.

Además de contener el detalle sobre movilizaciones sociales, el libro incluye algunos encuentros promovidos por la Red “Iglesias y Minería” con participación de la CNBB. Uno de ellos, se llevó a cabo en Brasilia (diciembre 2014), en donde se reafirmó que el Evangelio debe hacer el seguimiento de los impactos de la actividad minera en los pueblos de América Latina que se sienten amenazados, y condenados a la destrucción de sus medios de vida, así como a la negación de un posible futuro.

Una actividad importante que está incluida en el libro, es la reunión entre el Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano y las comunidades alcanzadas por la minería, que se realizó en julio de este año. A partir de la reflexión + “Unidos a Dios, escuchamos un grito”, los representantes de comunidades provenientes de cuatro continentes (18 países), expresaron su preocupación acerca de cómo las grandes corporaciones mineras trazan estrategias de acercamiento sobre sus territorios.

Luego de ofrecer una contextualización socioeconómica de la minería y reflexiones bíblico-teológicas y pastorales; el texto publicado por la CNBB y la Red “Iglesias y Minería”, también muestra experiencias de la realidad brasileña. Ello apunta a experiencias de resistencia, articulación y búsqueda de soluciones para la sociedad  a través de la justicia, la inclusión y la sostenibilidad.

«Iglesia y minería. En defensa de la vida y de los territorios» fue presentado en el estado brasileño de Manaus, por el arzobispo de Huancayo (Perú), y  presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), monseñor Pedro Barreto Jimenos. De igual manera, fue difundido por el obispo de Ipameri y presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CNBB, Guillermo Werlang.

Durante su presentación, Barreto también afirmó que la actividad minera debería tener un respeto irrestricto a las comunidades indígenas, y sobre todo a la dignidad de la persona humana y al cuidado del ambiente natural. “La estremecedora encíclica del Papa Francisco, “Laudato Si” puede ayudar a responder sobre el desafío frente a la minería irresponsable y el extractivismo irracional”, señaló monseñor de Huancayo.

En cuanto a la realidad de las comunidades, el arzobispo peruano destacó que el libro revela testimonios de comunidades que ocupan sus territorio desde hace varias generaciones, y de repente se ven forzadas a migrar a otros lugares, causándose en ellos una ruptura con su cultura y sus orígenes. “La iglesia no puede aceptar eso”, enfatizó.

Fuente: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

La Red Latinoamericana “Iglesias y Minería”, instó al Presidente de la República, Ollanta Humala, a no volver a recurrir al despliegue de Fuerzas Armadas en Arequipa con el fin de imponer el un proyecto minero como el de Tía María, que es rechazado la población del Valle del Río Tambo por afectar su calidad de vida.

En una carta dirigida al jefe de Estado, la red que agrupa diferentes organizaciones católicas y cristianas de Latinoamérica, le recordó a Humala Tasso que está comprobado que no existen condiciones sociales para llevar adelante dicho proyecto, por lo que le recomendó suspenderlo.

Tras lamentar el resultado de 12 muertos y cientos de heridos, “Iglesias y Minería” indicó que ello comprueba que la militarización no es la solución para desarrollar una actividad económica que le es ajena a un grupo de ciudadanos que vive ancestralmente de la ganadería y la agricultura. “Los errores que en su momento el gobierno nacional, o las empresa minera pudieran haber cometido, no pueden remediarse con el uso de la fuerza, la represión y la imposición del miedo como consigna”, replicó la red religiosa.

Asimismo, le recomendaron al mandatario que el camino fundamental para canalizar su solución es el diálogo, a partir de condiciones previas y una agenda consensuada, que no necesariamente debe ceñirse a negociar la realización del proyecto, sino de contemplar la posibilidad de suspenderlo y así recuperar la paz social.

Otra preocupación dirigida al jefe de Estado, se refirió a la campaña de ataque y difamación por parte del sector minero y algunos medios de comunicación, en contra de dirigentes sociales, organizaciones de sociedad civil, ONGs y  agencias de cooperación internacional,  por el hecho de acompañar a las comunidades y poblaciones afectadas, y mostrar su preocupación por los conflictos sociales generados por la minería.

En ese sentido, la Red “Iglesias y Minería” mostró su apoyo y solidaridad a diversas organizaciones como son: la RED MUQUI, la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, la RED AGUA, DESARROLLO Y DEMOCRACIA de Piura, DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS de Cusco y GRUFIDES,  cuyos miembros han sido calificados de “terroristas antimineros” y han sido víctimas de acciones hostiles que han avivado el conflicto que se vive en Arequipa.

Estas preocupaciones también fueron remitidas, a través de la misma carta, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Congreso de la República, Ministerios de Energía y Minas y Ambiente, y a la Defensoría del Pueblo.

La Red “Iglesias y Minería” agrupa a más de 70 comunidades cristianas, religiosas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos e instancias latinoamericanas de Iglesias Católica y cristiana, se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería a nivel de la región.

En mayo 2012, tras meses de intentos fallidos de diálogo con la empresa minera Xstrata y con el Estado, la población de Espinar (Cusco) optó por realizar una huelga indefinida. Al octavo día, indiferencia y torpeza del gobierno de por medio, el conflicto estalló violentamente, con un triste saldo de dos valiosas vidas humanas perdidas. En los días previos y para incidir en la necesidad de atender prontamente las demandas de Espinar, yo explicaba públicamente el informe “Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar, Cusco” realizado en 2010 y que el Ministerio de Salud (Minsa) me había remitido oficialmente. En este se señala la presencia de metales pesados en agua de consumo humano y en las personas. Pero en lugar de preocuparse por el contenido del informe y por lo que podía implicar para la salud de los espinarenses, los voceros del gobierno, desde el ministro de Salud hasta el propio Presidente de la República, pasando por el ministro del Ambiente, insistieron en desconocer el informe, alegando que era falso, que correspondía a otra zona, que estaba siendo malinterpretado por azuzadores, etc. De hecho esa fue una de las razones que me llevó a renunciar al Partido Nacionalista días después, ¿cómo permanecer en una organización cuyos líderes estaban más preocupados por no pelearse con el gremio empresarial minero -“porque Xstrata es un modelo de responsabilidad social y no nos podemos meter con ellos”- que por la salud y la vida de los espinarenses?

Tras las muertes, el inicio de los procesos judiciales contra el alcalde y varios líderes sociales, se instaló una Mesa de diálogo y se realizó un monitoreo ambiental y una evaluación de metales pesados en comunidades del entorno del proyecto minero Tintaya. Se confirmó que había un problema de contaminación -52% de los puntos monitoreados presentaron algún parámetro por encima de los estándares establecidos- y que el 100% de las 180 personas evaluadas por el Minsa presentaba metales pesados. ¡Al fin la verdad se abría paso, al fin la salud de los espinarenses iba a ser atendida! No, solo fue una ilusión. No ocurrió nada de eso. Meses después de realizado el estudio, los comuneros de Huisa y Alto Huancané empezaron a recibir cada uno un papel sin membrete ni firma -signo de que nadie quiere asumir responsabilidades- en el que se incluía una lista de los metales pesados que se había encontrado en sus cuerpos y recomendaba que cada quien “consulte con su médico” (sic) para conocer las implicancias en su salud.

Luego, tras la denuncia de uno de los médicos que en su momento fue parte del equipo del Minsa que realizó dicho estudio, se supo que no solo se les había evaluado los 6 metales pesados anunciados sino 11 más sin su consentimiento. Sí, al parecer para el Minsa los pobladores -incluidos los niños- de Espinar fueron “conejillos de indias”.

Resulta más indignante aún que, hasta el día de hoy, 3 años después de que estallara el conflicto, la población de Espinar no haya recibido información clara sobre las implicancias de esa presencia de metales, tampoco ha recibido algún tipo de atención en salud, ni se ha determinado la fuente de la contaminación, condición esencial para evitar que más personas sean afectadas.

Es decir, desde el 2010 el Estado peruano tiene conocimiento de que cientos de personas en Espinar están expuestas cotidianamente a metales pesados y que podrían tener graves impactos en su salud, pero no ha hecho absolutamente nada frente a ello. ¿Pura desidia, discriminación o temor de afectar sus relaciones con el gremio empresarial minero? Sea cual fuere la razón esta situación solo puede ser calificada de una manera: inhumana.

Artículo publicado en Diario UNO, lunes 2 de marzo 2015.

En diversos medios de comunicaciones se menciona que los ronderos dificultaron la búsqueda de los extraviados en Cerro Negro e incluso se les culpa de las muertes de estos, cuando en realidad consta en reuniones, actas y fotos que sucedió todo lo contrario pues cientos de ronderos colaboraron con la búsqueda. Por otro lado, un aspecto importante a considerar es el accionar de la empresa minera Rio Blanco Copper S.A. al enviar a sus trabajadores a una zona de difícil acceso sin decirles cuál era la verdadera misión, en una temporada climatológica hostil, con equipos ineficientes y sin un adecuado plan de rescate.

Según recientes declaraciones del único sobreviviente, Manuel Herrera, los cinco expedicionarios: Orlando Pastrana (topógrafo), Aleida Dávila (periodista) y Segundo Tacure (cheff),  Gladys Elena Cunchaya Palomino (enfermera) y Manuel Herrera (geólogo) y Aníbal Herrera Meléndez, un comunero de la zona que se les unió en el camino, se dirigían al cerro Henrry’s Hill, donde yacen los restos del campamento minero abandonado desde el 2009. Ese mismo día, la enfermera, Gladys Cunchaya, regresó debido a que la altura le afectó.

EL ENGAÑO

Al llegar al campamento, debían tomar coordenadas de las perforaciones de exploración minera y fotografiarlas, luego de realizar caminatas y realizar los registros de información y fotográficos, se encontraron con cinco lugareños en el campamento. Orlando Pastrana, líder de la expedición, los sumó al grupo y reveló que el verdadero objetivo de la misión fue proseguir el camino hasta Ayabaca para encontrar nuevas rutas para la explotación minera. Manuel Herrera, declaró que a él informaron que la expedición iba a durar tan solo cuatro días.

Sin embargo, la intención de la empresa minera era hacer un levantamiento topográfico para construir trochas carrozables, la primera que una el campamento minero con el cerro Chinguelas, otra hacia la ciudad de Ayabaca y una tercera que comunique con la frontera con Ecuador.

EQUIPOS INEFICIENTES

Manuel Herrera, señala que la empresa les proporcionó un teléfono satelital que solo estuvo operativo hasta el día siguiente y cuando lo enviaron para ser reparado, la empresa nunca lo mandó de regreso. Asimismo,  indica que al estar extraviados, mandaron una señal de alarma a través de un GPS pero no obtuvieron respuesta por parte de la empresa.

NO EXISTIÓ PLAN DE RESCATE

El abogado de la familia de Orlando Pastrana, el topógrafo fallecido, responsabilizó  directamente a la minera pues no siguió el reglamento debido para prever la desaparición y por no poner en práctica el plan de contingencia y seguridad para salvaguardar la vida de los trabajadores, ya que la comunicación se perdió desde el día 7 hasta el 10 de julio.
Asimismo, el geólogo sobreviviente, afirmó que enviaron una alarma a la empresa con la intención de que les envíe un helicóptero y los rescate, pero nunca los auxiliaron. Manuel Herrera recordó que Pastrana, jefe de la expedición, le dijo: “Voy a prender el GPS de alarma para que nos envíen auxilio. Dentro de cuatro a cinco horas nos envían un helicóptero y nos rescatan”

TRABAJADORES SIN EXPERERIENCIA

En sus declaraciones  a las autoridades, Manuel Herrera, un bachiller de 25 años, quien apenas en marzo pasado había ingresado a hacer sus prácticas en la minera, señaló que  no tenía la mínima experiencia pues era “su primera vez” en ese tipo de misiones y que no recibió ningún tipo de preparación para esa empresa. En efecto, la única instrucción que tenía en manejo de equipos de GPS era la que recibió en la universidad. Asimismo, la viuda de Pastrana indocó en sus declaraciones a la prensa que este había solicitado a la empresa gente con experiencia.  «Mi esposo pidió gente que conociera el área, no pidió practicantes»

Por otro lado, aún continúan las interrogantes en este lamentable caso: ¿Qué hacían un cocinero y una comunicadora en esta compleja misión? ¿Por qué solamente el topógrafo sabía cuál era el objetivo real de la expedición? ¿Acaso ocultaron la misión por no contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, ni de la comunidad?

El informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, elaborado por la RED MUQUI y CooperAcción, ofrece una revisión técnica de algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, y se ponen a disposición de la población y autoridades del Valle del Tambo

El EIA de Tía María tiene un total de 17,389 folios que incluyen las resoluciones -de segunda instancia- del Consejo de Minería que han declarado infundados los recursos de revisión presentados en contra de su aprobación del proyecto. Solo en observaciones presentadas por organizaciones del Valle del Tambo y especialistas, el EIA Tía María posee 10 tomos que han sido contestados por la empresa minera, reiterando respuestas a preguntas anteriores.

Es así que llama la atención, la forma en que fue aprobado el último EIA del año 2013. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó (Informe N°155-2014-MEM-DGAA/DNAM/DGM/TM), esta entidad del Ejecutivo terminó aprobándolo en menos de una semana (incluyendo los días de fiestas patrias) con muchas de estas observaciones, que no presentan información técnica válida.

La publicación presenta, en una primera parte, un análisis sobre la necesidad de priorizar el desarrollo territorial, aquí destaca el concepto de “licencia social”, es decir, un permiso que no se obtiene por medio de coordinaciones con el gobierno, ni con dinero, sino tomando en cuenta las dinámicas sociales, económicas, culturales y el equilibrio ambiental del lugar donde se desarrollan las comunidades; algo en lo que no reparan las empresas mineras en nuestro país. Y Southern no ha sido la excepción.

Ello se muestra en la secuencia de hechos ocurridos en el Valle del Tambo en los últimos años, desde la accidentada audiencia pública del EIA de Tía María (diciembre de 2013) hasta el rechazo por parte de la población, nos reitera que el proyecto minero que pretende imponer Southern nunca va a recuperar la “licencia social”.

La imposición de un modelo de desarrollo por encima de otro, el minero sobre el agropecuario en este caso, demuestra también que hace falta la aplicación de mecanismos de Ordenamiento Territorial que permitan priorizar las potencialidades en el uso de los suelos, con procesos participativos que definan las decisiones del Estado y se vean en políticas públicas.

A ello se suman los problemas de fondo en la normativa ambiental y social, en la información pública, en los mecanismos de participación ciudadana y en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda parte del libro, se expone sobre inviabilidad del proyecto minero debido al riesgo de contaminación atmosférica en zonas agrícolas, como el canal Ensenada-Mejía-Mollendo y otros poblados cercanos; contaminación de acuíferos y del río Tambo, así como los riesgos en el suministro del agua y su desalinización.

Una acotación importante, es sobre la falta de una evaluación de impactos ambientales a nivel de las microcuencas hidrográficas. “Hidrológicamente, las instalaciones del proyecto minero se ubican en 08 microcuencas hidrográficas: Quebradas Posco (Rosa María), Salinas, Chuli, Quialaque, Cachuyo y otras tres quebradas sin nombre. La red de drenaje de las cuatro primeras microcuencas es hacia el océano, y de las otras cuatro restantes hacia el Valle de Tambo.

Si bien el EIA, toma en cuenta, la ocupación de microcuencas, estas no están bien delimitadas como en el caso de la microcuenca Posco (Rosa María) donde no se considera a ninguna instalación minera. Asimismo, faltan considerar algunas como microcuencas de las quebradas Chuli y Quialaque.

Otra advertencia del texto, se refiere a las fuentes y concentración de contaminantes atmosféricos durante la etapa de operación del proyecto, es decir, principales actividades que generarían material articulado significativo como: Perforación y voladuras en los tajos; Transporte y procesamiento de minerales (chancado); Desmontes de mina, depósitos de sulfuros, etc. Asimismo, emisión de gases provenientes de Transporte de vehículos de mina (zona de mina); Transporte de vehículos livianos (área de la mina y alrededores) y los tajos abiertos.

Todas estas, son identificadas en el EIA actual (2013), sin embargo, no brinda información que permita conocer la concentración y dispersión de dichas emisiones, como: características y cantidad de vehículos (pesados y livianos); las características del material de los explosivos (ANFO y otros) y su relación con la emisión de polvos y gases atmosféricos, etc.

Respecto a las aguas del canal La Ensenada Mejía Mollendo (EMM) (consumo humano desde Cocachacra hasta Mollendo, riego y uso industrial) estas estarán expuestas al polvo contaminante que traería partículas, gases y vibraciones provenientes de las labores del tajo abierto La Tapada. La vulnerabilidad del canal, se debe a los vientos que cambian de dirección (de norte a sur). Esta infraestructura tampoco ha sido considerada en el EIA.

La idea de elaborar y presentar el informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, surge a raíz de una solicitud que los pobladores y autoridades del Valle del Tambo, hicieron a la misión –compuesta por RED MUQUI, COOPERACCIÓN Y CNDDHH- que llegó entre el 15 y 17 de abril a esta zona para verificar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de este año.

De esta manera, ambas organizaciones cumplieron en entregar este estudio a los alcaldes, dirigentes de base y pobladores del Valle del Tambo en el distrito de Cocachacra. Para ello los técnicos encargados, como la compiladora Marlene Castillo y el geógrafo, Elqui Cruz, explicaron parte de este análisis junto a Javier Jahncke, secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, quien presentó la parte social de la problemática en torno al conflicto por el Proyecto Tía María de Southern Cooper.

DATOS:

  • Población estimada en el Valle del Tambo: 47,441 habitantes, de los cuales 24 mil trabajan en el valle.
  • Tiene una importancia nacional en la siembra de arroz, ajo, papa y caña de azúcar.
  • Extensión agraria del valle del Tambo es de 15,078.88 hectáreas
  • Nuevos productos: olivo en zonas como El Boquerón, Cocachacra, Cocotea y Chucarapi, donde también destacaban el arroz, camotes y frutas.
  • Tía María es un proyecto de explotación minera próximo al río Tambo y al valle conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta del Bombón
  • La minera titular del proyecto es la Southern Copper Corporation (SPCC) y supone la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos con más de 2000 metros de largo con unos 1000 de ancho, y 270 m profundidad aproximadamente y tiene una vida útil de 18 años.

La Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami), solicitó al Ministerio Público de Espinar que ejerza su autonomía frente a al Estado y que habrá la investigación penal para establecer los hechos criminales, identificar y sancionar a los  responsables  del ocultamiento de información referida a la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros que viven en las zonas aledañas al proyecto minero Tintaya – Antapacay.

Como se recuerda a inicios del mes de junio del presente año Adepami presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Espinar referida a la tendenciosa falta de información respecto a los resultados de los exámenes realizados a inicios del año 2013, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo instalada en a fin de atender las demandas de la población afectada por las operaciones mineras de la empresa Glencore – Xstrata.

Dichos estudios, necesarios para determinar la presencia de metales pesados en el organismo de los pobladores, fueron realizados por el Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, institución que hizo una medición para determinar la presencia de hasta 17 metales pesados, sin embargo, a la población solo se le informó de los resultados sobre la base de seis obviándose los datos acerca de los otros 11 parámetros medidos.

Adepami ha señalado que los presuntos hechos delictivos lindan con la comisión de los presuntos delitos contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General, Falsedad Ideológica, Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos y Falsedad Genérica; así mismo por el presunto delito contra la administración Pública, en su modalidad de Malversación y por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Exposición a peligro o abandono de personas en peligro.

La demanda ha sido interpuesta contra quienes ocupaban los principales cargos directivos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud – Censopas, en el año 2013.

Sin embargo, la asociación de afectados ha manifestado su decisión de ampliar la denuncia penal por el delito de homicidio culposo, pues muchos de los pobladores, cuyos exámenes demostraban que se encontraban con altos índices de metales pesados en su organismo, han fallecido sin que el Estado acuda en su asistencia.

La denuncia alcanzará también a la empresa minera Glencore – Xstrata, a quien se acusa de por los presuntos delitos contra la salud pública, por los responsables directos de la contaminación y afectación a la salud de las personas.

Lea el pronunciamiento de Adepami:

Pronunciamiento ADEPAMI by prensamuqui

Fuente: solsticio-peru.org

Las labores de búsqueda de la Policía y de la Fuerza Aérea del Perú en la sierra de Piura dieron resultados, lamentablemente hallaron sin vida a los tres trabajadores de la empresa Río Blanco, que estaban perdidos desde hace 20 días en la sierra piurana.

La vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza dio esta información vía Twitter, explicó también que ya iniciaron las labores de rescate de los cuerpos.

Debido a lo agreste de la zona y la poca visibilidad por la densa niebla dificulta el trabajo de los rescatista que llegaron al lugar en helicóptero.

Según el congresista Juan José Díaz Dios, al mediodía una brigada de rescate conformada por policías, personal de la FAP y dos rescatistas contratados por la minera Río Blanco encontraron los cuerpos en la zona de Cerro Negro en la jurisdicción de Ayabaca.

“Nos hemos comunicado vía teléfono satelital con los rescatistas y si los han encontrado, no podemos dar más detalles, porque deben ser los familiares de los tres trabajadores, los que deben ser los primeros en saber”, dijo el legislador.

Los cuerpos que fueron hallados pertenecen a la periodista Aleida Dávila (34), el topógrafo Orlando Pastrana (36) y el cocinero Segundo Tacure (28).

La empresa Río Blanco aún no se ha pronunciado al respecto, trascendió que se habría decidido hablar primero con los familiares de los trabajadores para luego dar una conferencia de prensa.

Marisol Espinoza@MarisolEspinoz_

Patrulla combinada de Policía y Fuerza Aérea encuentran cuerpos sin vida de trabajadores de Río Blanco, se inician trabajos de rescate

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Fuente: La República

En muchos países de América Latina, África y Asia, las grandes empresas mineras cometen abusos sobre la población local, que el Vaticano puso el viernes ante los ojos del mundo en la inauguración de un congreso en el que participan unas treinta comunidades afectadas.

El cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que organiza el congreso, afirmó que «ahora son muchos los que escuchan el grito desgarrador de las zonas en que se extraen minerales gracias a numerosos informes internacionales como el de Kofi Annan sobre África, las directivas de la OCDE y su informe especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, o la legislación que debate el Parlamento Europeo sobre trazabilidad de minerales».

El cardenal ghanés afirmó que el congreso se sitúa tanto en la línea de la encíclica ecológica «Laudato si» («Alabado seas») como en «documentos de numerosas conferencias episcopales sobre violaciones de derechos humanos, ilegalidad y violencia».

Turkson denunció que «en los últimos días, algunas personas que participan en el congreso han sufrido presiones e intimidaciones. En el Pontificio Consejo hemos recibido muchos testimonios de amenazas, violencias y asesinatos».

Naturalmente, el Vaticano está a favor de la minería, siempre que respete los derechos de las comunidades locales, y el Pontificio Consejo Justicia y Paz ha convocado un segundo congreso, «Creando un nuevo futuro, reimaginar la minería» del 17 al 19 de septiembre, en el que participarán empresas mineras multinacionales.

En la línea de mejorar el respeto a los derechos en el modo de practicar la minería, el cardenal Turkson propuso sustituir el término general de «industrias extractivas» por el de «industrias de desarrollo de recursos naturales».

La conferencia de prensa del viernes en el Vaticano incluyó testimonios de víctimas –como un trabajador minero informal de la Republica Democrática del Congo, que sufrió quemaduras por defender un yacimiento–, así como de expertos en registrar y denunciar abusos.

El chileno Juan Guillermo Peñaloza Sierra denunció que «las empresas y sus aliados realizan actos de amenaza, amedrentamiento, agresión y criminalización contra los líderes que representan las comunidades y poblaciones», incluyendo numerosos asesinatos en media docena de países de América Latina.

Prassant Kumar Paikray informó de abusos en el estado indio de Odisha, donde la influencia de una compañía extractora de mineral de hierro ha logrado «que la policía y el gobierno sumen 370 casos penales falsos, la libertad bajo fianza de 2.500 personas, el encarcelamiento de 700 y la muerte de cuatro personas».

La brasileña Patricia Generoso Thomas denunció el tremendo daño que provoca a 17 comunidades de Conceiçao do Mato Dentro la empresa que explotan un enorme yacimiento a cielo abierto y envía el mineral a un puerto cercano a Río de Janeiro a través de «un acueducto de 529 kilómetros de longitud que consume cada hora 2.500 metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para abastecer una ciudad de 220.000 habitantes».

Unos treinta representantes de comunidades afectadas por la minería procedentes de África, Asia y América presentaron sus reclamos durante el Encuentro “Una jornada de reflexión – Unidos a Dios escuchamos un grito” organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz entre el 17 y 19 de julio pasado en Roma.

Según Radio Vaticana, el objetivo fue “dar mayor visibilidad a las situaciones de violencia e intimidación, de ilegalidad y corrupción, de contaminación y violación de los derechos humanos vinculados a la actividad minera” e interpelar a los responsables políticos, a las administraciones públicas, a los empresarios y a los inversores para que escuchen “el grito de la tierra y actúen con prontitud y responsabilidad al servicio del bien común, de la justicia y de la dignidad humana”.

El encuentro fue presentado el viernes 17 de julio por el cardenal Peter Turkson, presidente de dicho dicasterio, y por algunos de los participantes que ofrecieron su testimonio.

Según informó la Agencia católica Zenit, Turkson recordó que la Iglesia, en más de una ocasión y desde hace años, “sigue de cerca las actividades mineras”.

El cardenal mencionó también los documentos de Conferencias episcopales que denuncian las violaciones a los derechos humanos, ilegalidades, violencia y explotación de yacimientos de forma contaminante o afectando la seguridad alimentaria local.

El misionero comboniano Dário Bossi dio testimonio de la situación en el Amazonas y recordó que “Solamente en nuestra región de Carajás en el norte de Brasil, hemos tenido en los últimos tres años 26 conflictos abiertos entre la empresa minera Vale y las comunidades locales”, Agencia Zenit.

Otro de los participantes en el encuentro, Juan Guillermo Peñaloza Sierra, procedente de la diócesis de Copiapó en Chile, afirmó que por su experiencia “estas empresas mineras despliegan estrategias que buscan dividir a las comunidades indígenas y a los movimientos sociales y cooptar a algunos líderes”.

“Los efectos que constatamos día a día son: agotamiento y contaminación de las fuentes de agua, destrucción de ecosistemas y contaminación ambiental, que repercute finalmente en la salud de las personas incluyendo a los propios trabajadores”, explicó.

“Consecuencias a menudo demasiado negativas”

En su mensaje a los participantes del encuentro, el papa Francisco advirtió que muchas comunidades “sufren directa o indirectamente las consecuencias, a menudo demasiado negativas, de la minería”.

“Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo”.

“Vienen de situaciones diferentes y experimentan de diversos modos las repercusiones de la minería, ya sea la de las grandes empresas industriales, o la de los artesanos y operadores informales. Han querido reunirse en Roma, en esta jornada de reflexión que está vinculada a un paso de la Exhortación apostólica ‘Evangelii gaudium’, para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias, a menudo demasiado negativas, de la minería”, escribió Francisco.

“Todo el sector minero está indudablemente llamado a efectuar un cambio radical de paradigma para mejorar la situación en muchos países. Los gobiernos de los países de origen de las empresas multinacionales y los de aquellos en los que operan pueda en contribuir a ello, así como los emprendedores e inversores, las autoridades locales que supervisan la ejecución de las operaciones mineras, los trabajadores y sus representantes, las cadenas de suministro internacional con sus varios intermediarios y los que trabajan en los mercados de estas materias”, aseguró Francisco en su mensaje a los participantes del encuentro.

Segunda jornada con empresas mineras

Según una nota de Aleteia, el cardenal Turkson confirmó hoy que los dirigentes de las empresas de minería serán convocados a una segunda jornada de reflexión en el Vaticano, que se realizará del 17 al 19 de septiembre de 2015.

El 7 de septiembre 2013, el Consejo Pontificio había congregado a 25 dirigentes de la industria minera para reflexionar sobre los estragos humanos y ambientales de la actividad, sobre todo en países “pobres pero ricos de materias primas”, informó Vatican Insider.

En aquella oportunidad participaron Anglo American, Areva, BHP Billiton, China Minmetals Corporation y Río Tinto, además de un delegado de la Secretaría de Estado, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Caritas Internacional y Oxfam América.

 

Por Luis Manuel Claps
SERVINDI