El día de ayer en horas de la mañana, mientras Máxima Acuña y su nuera salieron del predio Tragadero Grande para realizar labores domésticas, los trabajadores de la Minera Yanacocha nuevamente ingresaron a la propiedad de Máxima, destruyendo sus cultivos de papa.

YANACOCHA SE ATRIBUYE LA DESTRUCCIÓN
La empresa minera luego de realizar este abusivo acto emitió rápidamente un comunicado donde se atribuye el hecho, diciendo que se trata de “Defensa Posesoria” del terreno.  Además expresa que tienen a su favor una medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto de Celendín que prohíbe que Máxima  y su familia puedan realizar cualquier actividad en este terreno.

JUEZA DE CELENDIN EMITE CUESTIONADA MEDIDA CAUTELAR
Hace dos semanas, Minera Yanacocha solicitó al Juzgado Mixto de Celendín, a cargo de la controversial Juez Julissa Aseijas Silva, conocida por haber resuelto escandalosos procesos a favor de Yanacocha, como el caso ADECO, una medida cautelar para impedir que la familia Chaupe realice cualquier labor en su propio terreno.

Increíblemente esta Juez declaró procedente esta petición y ordenó tal impedimento.  Pese a que esta resolución se encuentra en proceso de impugnación. La empresa minera se está valiendo de la misma para destruir cualquier actividad que realice la humilde familia como lo ha hecho ahora con sus cultivos de papa que solo les sirven para autoconsumo.

LAS DENUNCIAS DE LA FAMILIA CHAUPE
Pese a la sentencia de diciembre del 2014 que declara que la familia Chaupe no es usurpadora del predio Tragadero Grande, y reconoce por tanto su posesión legítima; pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y pese a las garantías otorgadas por la Gobernación de Cajamarca que admiten que la familia estaría siendo hostilizada por la empresa por lo que merecería protección, la empresa Yanacocha ha seguido con los actos de hostilidad contra a familia en su predio, como la destrucción de la habitación que construían, la destrucción del corral de animales menores, incluyendo la sustracción de los cuyes, el cierre de los caminos, y ahora la destrucción de los cultivos, que realizaron el día de ayer.

Representantes de la Fiscalía verificaron los daños provocados por los trabajadores de Yanacocha

Por todos estos hechos la familia ha procedido a denunciar desde enero del año en curso ante la Fiscalía Penal de Celendín.  El viernes último, dicho despacho notificó 6 meses después su resolución, la misma que resuelve Archivar el caso porque no encuentra que Minera Yanacocha haya realizado perjuicio alguno a la familia.  Esta resolución también es objeto de impugnación ante el superior.

SITUACIÓN DE LA FAMILIA CHAUPE
Por desgracia, sin autoridad que haga cumplir la Sentencia de la Corte de Justicia o las medidas de protección asignadas a la familia, la misma se encuentra librada a los abusos de la empresa, ahora avalada por resoluciones judiciales cuestionables que impiden que la familia tenga incluso lo mínimo para poder subsistir como son sus cultivos que les proveen de alimentos.  Este es un tema que trasciende un derecho de propiedad, es una clara violación de derechos humanos pues más allá de defender algo que consideran suyo la empresa está condenando a una familia a vivir una vida indigna y privándolos de lo más fundamental para vivir.

Dentro de todas las gestiones de rescate de los extraviados Orlando Pastrana, Segundo Tacure y Aleida Dávila en las estribaciones de Cerro Negro (Ayabaca), el coronel a cargo del contingente en esta zona, Luis Quiñones, señaló que la hipótesis “de mayor caldero” es que los equipos GPS y el teléfono satelital de los dos geólogos que hacían tareas topográficas sufrieran fallas técnicas.

“Es muy probable que la fuerte humedad y lluvias de estos páramos, tal como lo comprobamos ayer, estropearon sus instrumentales de geolocalización en algún momento, dado que en un día determinado –el viernes 10 de julio- enviaron sus últimas coordenadas”, sostuvo. Pidió verificar qué tipos de GPS llevaban y qué medios de protección ante el agua tenían los profesionales.

Para muchos de los rescatistas –quienes no quisieron identificarse-, “es muy curioso” que solamente el GPS de Manuel Herrera no se haya malogrado, si es que utilizaban dos. Asimismo, el comandante de la comisaría de Ayabaca, Miguel Orozco, aseguró que la temperatura en la zona alta puede llegar hasta los 5 grados.

EN LA ZONA

El Tiempo, que acompaña a los rescatistas en esta zona agreste, llegó desde Ayabaca ayer por la mañana, luego de pasar Socchabamba, Pacainillo, Hualcuy, la quebrada Palcochaco y el caserío Portachuelos, el sector en que, según un reporte de Río Blanco Copper, los otros seis miembros de la expedición habrían sido “capturados y castigados”.

Ania, un caserío de unas 80 familias en la Comunidad Campesina de Yanta, es ahora la base para los trece rescatistas desde el lunes 20 de julio. Ellos duermen y se asean en la I.E. 14207, facilitada por la ronda del sector. A esto, los comuneros siguen brindando información sobre los caminos a seguir en las montañas cercanas así como los vientos, la lluvia y la densa neblina en los páramos del bosque de Cerro Negro, donde todavía se encuentran extraviados tres trabajadores de la minera Río Blanco Copper desde el 11 de julio.

“Ania es una zona estratégica y de enlace para las incursiones por tierra, desde Cabuyal, y para el abordaje de los rescatistas por los helicópteros”, agregó Orozco.

Mientras tanto, los 6 rescatistas en los páramos de Cerro Negro no enviaron informen positivos cerca de las coordenadas facilitadas por el rescatado Manuel Herrera.

VICEPRESIDENTA

“No es justo que se quiera responsabilizar de la desaparición y muerte de los trabajadores de la empresa minera Río Blanco a las Rondas Campesinas de Ayabaca” señaló la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, en un comunicado tras haber recibido  información por parte de las rondas campesinas de Ayabaca y Huancambamba.

Sus representantes le manifestaron su preocupación por haber sido acusados por la empresa minera de secuestrar a su personal. Señaló que más de 150 miembros de estos vigilantes salieron a buscar a los extraviados.

Fuente: El Tiempo

El día de hoy la  ronda campesina y la policía encontraron con vida  a Manuel Herrera uno de los cuatro trabajadores desaparecidos de la empresa minera Río Blanco Cooper el 11 de julio, quién manifestó que la periodista Aleida Dávila aun se encuentra desaparecida y que Segundo Tocure con el topógrafo Orlando Pastranas han fallecido producto de las inclemencias del ecosistema de Ayabaca, luego de su ingreso al ex campamento minero Rio Blanco, en el distrito de Carmen de la Frontera, en Huancabamba.

Este encuentro, es fruto del esfuerzo de 150 miembros de la ronda campesina de Ayabaca, en coordinación conjunta suscrita en un acta con la policía de Sullana y de Ayabaca, ambas al mando del comisario comandante PNP Miguel Orozco, y del jefe de la División Policial de Sullana, Santiago Quiñonez saliendo así en la búsqueda de los desaparecidos el pasado 11 de julio. La hipótesis de los ronderos era que los cuatro trabajadores no se habían quedado en Huancabamba, sino que habían avanzado a la zona fronteriza de la provincia hacia Ayabaca, en la comunidad de Yanta, en la zona de Cerro Negro.

Se conoce que el acceso a la zona y las inclemencias propias de ese ecosistema no han permitido una búsqueda eficaz. Tratándose de un ambiente montañoso donde la temperatura desciende hasta por debajo de los -4 grados centígrados. Los ronderos quienes habían peinado la zona, se encontraban al mando del presidente de la comunidad, Samuel Albán han brindado en todo momento su apoyo para el rescate de los aquel entonces desaparecidos.

Aunque la empresa minera, ha mencionado a un diario que no se encuentra realizando labores de exploración, Los trabajadores se dirigian a realizar trabajos topográficos de actualización de las zonas mineras sin contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, ni de la comunidad.

Es por ello, que el vicepresidente de las comunidades campesinas de Ayabaca, Bartolo Tomapasca, comentó que no entiende por qué la minera Río Blanco sigue empeñada en desarrollar su proyecto allí, pues las comunidades ya han dicho que no. “A qué entran a nuestras comunidades, sin autorización. Nosotros no queremos minería, sino agricultura. Eso que lo entiendan por favor”.

Miembros de la Comunidad del Centro Poblado El Carmen,  nos informaron que aproximadamente a las 8 de esta mañana, cuatro camionetas de la Policía Nacional trataron de ingresar al Centro Poblado, ubicado en la provincia de Huancabamba en la ciudad de Piura, por una supuesta denuncia presentada por el jefe de contratos de la empresa Rio Blanco Cooper, en donde se indicaba la desaparición de seis técnicos pertenecientes a esta empresa que ingresaron a hacer mediciones topográficas a la zona.

Las fuerzas policiales al pretender ingresar al caserío, fueron detenidas por los ronderos de la zona, quienes se mostraron sorprendidos por la denuncia y negaron las acusaciones. Luego de conversar cerca de una hora, la policía se retiró.

Nos preocupa, desde la RED MUQUI que las empresas mineras levanten falsas denuncias para justificar una intervención policial arbitraria. Debido a que si existe violencia contra la comunidad están protegidos por la ley 30151que los exime de toda responsabilidad penal por lesiones o muerte a terceros mientras estén en servicio.

Cabe mencionar que el proyecto Río Blanco no cuenta con un permiso para ejecución de obras del Ministerio de Energía y Minas, ni la licencia social de la comunidad.

La gobernadora de la región Arequipa, Yamila Osorio, dijo que no entiende la campaña iniciada por la empresa Southern a través de varios spots publicitarios emitidos por los medios de comunicación a nivel nacional sobre los beneficios del proyecto minero Tía María, tras el conflicto en Islay.

«Honestamente, yo todavía no entiendo la estrategia de Southern, porque creo que esta estrategia publicitaria a nivel nacional no trae resultados efectivos sobre la población», dijo en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

Indicó, que lo apropiado es hacer un trabajo de campo en las zonas directamente afectadas y que deberían establecerse límites para el diálogo.

«Acá se requiere un trabajo de campo, esto es un proceso, más aún que (sic) se ha salido de un conflicto donde hay muchas heridas que no han cerrado y esto va a requerir tiempo», añadió.

Osorio advirtió que en su región se comenta un eventual reinicio de las protestas. Explicó que ese escenario es posible porque el mensaje de la Southern, de que está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para retomar el proyecto, no ha llegado con claridad a la población.

Informó que el Gobierno regional viene trabajando para recuperar la confianza de los pobladores de la zona sobre la necesidad de los espacios de diálogo y que, en ese esfuerzo, se ha coordinado el apoyo de la comunidad europea a través de una ONG, para un estudio sobre la percepción actual que tienen los pobladores del valle del Tambo sobre el proyecto Tía María.

Adelantó, que el resultado de ese estudio, basado en encuestas, entrevistas y “focus group”, será entregado el próximo lunes 20 de julio.

 

Fuente: RPP

Se fue de boca. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, comparó la violencia en Islay en el conflicto por el proyecto minero Tía María (Southern Copper) con el terrorismo de Sendero Luminioso. En declaraciones a la prensa, dijo:

“Me encuentro en Arequipa y la situación es preocupante, tenemos 73 pobladores refugiados en el estadio de Umacollo, de los cuales 18 son niños. Ellos han sido víctimas de la violencia insana que están perpetrando violentistas en el Valle de Tambo, lo que nos hace recordar los momentos más amargos de la década de los 80, donde poblaciones enteras tenían que ser desplazados por la violencia terrorista”.

El ministro Adrianzén dijo que algunos agricultores se ven afectados porque están siendo chantajeados a pagar cupos para poder segar su arroz.

“Existen violentistas que están coaccionando a gran parte de agricultores, pero ellos no tienen por qué seguir pagando cupos para seguir financiando protestas y acciones violentas».

Es lamentable y condenable la violencia que algunos opositores a Tía María ejercen sobre sus contrarios, los defensores del proyecto minero. Y también los ataques que han realizado contra los policías, provocando la muerte del suboficial Alberto Vásquez Durand y dejando más de 200 heridos. Pero las declaraciones del ministro de Justicia no ayudan a calmar los ánimos en el Valle de Tambo, donde los pobladores se sienten indignados porque perciben que se generaliza y se les señala como criminales o terroristas antimineros.

Debería mencionar también el ministro el uso excesivo de la fuerza de los policías, que han provocado 2 muertos de bala (Victoriano Huayna y Henry Checlla) y varios heridos por perdigones. También hemos visto a policías haciendo uso descontrolado de sus armas de fuego.

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el número total de muertos y desaparecidos causados por el conflicto armado interno en el Perú se estima en 69,280 personas. La organización terrorista Sendero Luminoso fue responsable del 46% de estas víctimas.

Desde el 23 de marzo, la provincia arequipeña de Islay se encuentra en paro indefinido en un conflicto socioambiental que ha dejado hasta el momento cuatro civiles y un policía muertos, y más de 200 heridos. Para el 27 y 28 de mayo, nueve regiones han convocado a un paro de 48 horas en apoyo al Valle de Tambo.

La situación del proyecto minero Tía María está en modo «pausa». El viernes 15 de mayo, Southern Copper anunció que iba a hacer una pausa de 60 días con Tía María para luego iniciar un diálogo con la población. Antes, Ollanta Humala dio un mensaje a la Nación en el que dijo que no podía ni suspender ni cancelar el proyecto extractivo.

Fuente: La Mula

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció hoy que el gobierno organizará debates públicos sobre el proyecto minero Tía María, en Arequipa, Lima y otras ciudades del país, a fin de avanzar en un intercambio de opiniones sobre el tema, en un clima de paz.

Al culminar la sesión 295 del Consejo de Ministros, refirió que también se ha convocado a la empresa minera Southern Perú para que precise los pasos que dará en los 60 días de pausa del mencionado proyecto.

El objetivo de estas disposiciones es que Southern explique al país, de manera detallada y pedagógica, los alcances del proyecto minero, a fin de despejar todas las dudas existentes.

“Como Gobierno estamos en la obligación de ser garantes de que el proyecto sea llevado adelante respetando el medio ambiente, y lograr que todos aquellos aspectos técnicos en duda puedan ser aclarados”, agregó.

Según Cateriano, es importante que las diferencias respecto al mencionado proyecto se resuelvan en un contexto en el cual prime la paz y el diálogo técnico.

“Rechazamos firmemente todos los actos de violencia”, subrayó.

En ese sentido, detalló que el presidente Ollanta Humala ha dispuesto la presencia permanente en Islay de representantes de los ministros del Interior, Agricultura y Riego, Energía y Minas y del Ambiente, durante el periodo de pausa del proyecto, para hacer permanente el nexo con la población de dicha provincia arequipeña.

En otro momento, subrayó que un peritaje de la Fiscalía ha establecido de manera indubitable que el dirigente Pepe Julio Gutiérrez es protagonista de un audio en el cual quedaría en evidencia corrupción y no la defensa del medio ambiente de Islay.

Facultades legislativas

Cateriano detalló que durante la sesión del Consejo de Ministros también se analizó el tema de la delegación de facultades legislativas en el campo económico.

“Prácticamente hemos culminado el debate técnico sobre los aspectos debe contener la ley autoritativa de pedido de delegación de facultades legislativas que la próxima semana el Gabinete aprobará para ser sometida a la consideración del Parlamento”, anotó.

Agregó que en el campo de Relaciones Exteriores, en dicha sesión se vieron entre otros puntos como la realización en el país de la Cumbre de la Alianza del Pacifico, el tema de la extradición de Martín Belaunde Lossio y la importante visita que realizará este fin de semana al Perú el primer ministro de la República Popular China, Li Keqiang.

Respecto al último punto, refirió que la visita de la autoridad china constituye un paso más para la consolidación de la relación bilateral con ese país.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los ministros del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites; de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez Vargas; y de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.

(FIN) SMA/CCR

Compartimos con ustedes y ponemos a libre disposición la nueva publicación de OCMAL, «Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014»

El informe reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

Esperamos que esta publicación, elaborada de manera colectiva por los socios de OCMAL, sea de utilidad para las diversas organizaciones y comunidades afectadas y que resisten al extractivismo minero en América Latina.

Adjuntamos informe en pdf.

Agradecemos todo tipo de difusión.

Un abrazo,
Equipo coordinación
OCMAL

Al cumplirse casi 50 días de paralización en el Valle del Rio Tambo en la provincia de Islay, y dos días de paralización regional en gran parte de  Arequipa, la Red Muqui, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Lamentamos que hasta el día de ayer el conflicto social generado por la pretendida realización del proyecto minero Tía María, haya ocasionado el fallecimiento de 6 personas, 5 civiles y un policía, y cientos de heridos. Consideramos que la militarización no es la vía para hacer viable una actividad económica.  La falta de licencia social no puede ser ignorada dándole   prioridad al  uso de la fuerza.

2. Insistimos en que el único camino para la solución del conflicto es el diálogo. Para llegar a él, se requiere que disminuya el clima de tensión y  enfrentamiento. Por lo tanto, el Estado debe realizar todos los esfuerzos necesarios para restablecer la paz social, instaurando un clima de respeto mutuo, basado en la vigencia de los derechos humanos.

3. Instaurar el diálogo, pasa por generar condiciones previas que lo hagan posible. Esto  supone, que siendo el inicio del proyecto lo que ha desatado el clima de tensión, su ejecución se suspenda. Pero  también es necesario que la población retome los cauces de la protesta pacífica. Además, se requiere que  las partes hagan el esfuerzo por dejar posturas extremas y estén dispuestas a escuchar al otro. Asimismo, se necesita información completa y opinión de terceros considerados confiables por las partes.

4. Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por campañas públicas en contra miembros de la Red Muqui y  la CNDH.  Consideramos que la sociedad civil es un actor importante en toda democracia y que su papel en la generación información,  en la asesoría técnica y el acompañamiento a organizaciones sociales favorece diálogos más equilibrados. Por el contrario, la inexistencia de estos espacios, conduce a una mayor polarización y violencia.

Lima, 13 de mayo de 2015

RED MUQUI
Teléfono: 332-6525 / 957567595
Correo: [email protected]
@RedMuqui

Cecilia Blume, consultora de empresarios, en un artículo comenta una grabación de audio, en donde un conjunto de voces masculinas – al estilo de una tropa -, guiados por una voz varonil, gritan en forma cadenciosa y sostenida lemas crueles y violentos.

Ella manifiesta que le  han informado que serían miembros de Sendero Luminoso presentes en las protestas de Cocachacra, Arequipa. Hace más de una semana, estuve en Cocachacra como parte de una misión para evaluar la situación de derechos humanos. Cientos de agricultores y pobladores de esta localidad vinieron a nuestro encuentro.

Lo que vimos fue un lugar con fuerte presencia policial y una población preocupada por su valle, un oasis verde en medio de un desierto. Los pobladores nos dijeron que se movilizaban para manifestar su desacuerdo con el proyecto minero Tía María, muy próximo al río y al valle. Decían que trataban de ir a otros pueblos para comunicarles lo que les estaba pasando y buscar su apoyo pero que la policía no les permitía salir con el pretexto de que no tenían permiso; que al insistir en continuar caminando, la policía les tiraba bombas lacrimógenas, perdigones y los  dispersaba.

Muchas personas habían resultado heridas y otras detenidas bajo estas circunstancias. Mientras los  visitantes caminábamos al lugar que se había improvisado para darnos la bienvenida y luego, a donde se tomarían los testimonios, los pobladores de Cocachacra se nos acercaban para decirnos que no son violentos, que lo único que llevan a las movilizaciones es un poco de agua, para calmar la sed que produce el calor intenso de la zona.

Cuando todos se agruparon comenzaron a corear, algunos pocos lemas como: «Agro sí, mina no», «siempre de pie, nunca de rodillas», «el valle no se vende, el valle se defiende». Los lemas los lanzaban voces distintas, masculinas y femeninas, de manera  espontánea.

Luego de este viaje, no me sorprendió del todo, aunque si me produjo una profunda indignación, el que días más tarde, un policía colocara un objeto punzo cortante en manos de un agricultor que  acababa de ser detenido, para luego dejar que lo fotografíen y sea publicado en la prensa. Varios testimonios que escuchamos en Cocachacra nos dijeron lo mismo: “la policía nos siembra armas para presentarnos como violentos”.

La decisión del gobierno de imponer el proyecto minero a la población de Cocachacra, lo lleva a situaciones de arbitrariedad y abuso muy grandes. El gobierno actual, parece haber olvidado que el Estado representa a todos los peruanos, y que la persona humana es su fin supremo. Esta pérdida de sentido, alimentada por normas que promueven la inversión a cualquier costo, criminalizan la protesta y permiten la impunidad de violaciones a derechos humanos cometidas por policías y militares en ellas y está generando la agudización de los conflictos sociales y una situación de ingobernabilidad, en donde perdemos todos los peruanos. En este contexto, urge que el gobierno actúe con mesura, construya  confianza y demuestre que respeta los derechos de la personas y que es justo en las decisiones que toma.

Ana Leyva
Cooperacción