El informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, elaborado por la RED MUQUI y CooperAcción, ofrece una revisión técnica de algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, y se ponen a disposición de la población y autoridades del Valle del Tambo

El EIA de Tía María tiene un total de 17,389 folios que incluyen las resoluciones -de segunda instancia- del Consejo de Minería que han declarado infundados los recursos de revisión presentados en contra de su aprobación del proyecto. Solo en observaciones presentadas por organizaciones del Valle del Tambo y especialistas, el EIA Tía María posee 10 tomos que han sido contestados por la empresa minera, reiterando respuestas a preguntas anteriores.

Es así que llama la atención, la forma en que fue aprobado el último EIA del año 2013. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó (Informe N°155-2014-MEM-DGAA/DNAM/DGM/TM), esta entidad del Ejecutivo terminó aprobándolo en menos de una semana (incluyendo los días de fiestas patrias) con muchas de estas observaciones, que no presentan información técnica válida.

La publicación presenta, en una primera parte, un análisis sobre la necesidad de priorizar el desarrollo territorial, aquí destaca el concepto de “licencia social”, es decir, un permiso que no se obtiene por medio de coordinaciones con el gobierno, ni con dinero, sino tomando en cuenta las dinámicas sociales, económicas, culturales y el equilibrio ambiental del lugar donde se desarrollan las comunidades; algo en lo que no reparan las empresas mineras en nuestro país. Y Southern no ha sido la excepción.

Ello se muestra en la secuencia de hechos ocurridos en el Valle del Tambo en los últimos años, desde la accidentada audiencia pública del EIA de Tía María (diciembre de 2013) hasta el rechazo por parte de la población, nos reitera que el proyecto minero que pretende imponer Southern nunca va a recuperar la “licencia social”.

La imposición de un modelo de desarrollo por encima de otro, el minero sobre el agropecuario en este caso, demuestra también que hace falta la aplicación de mecanismos de Ordenamiento Territorial que permitan priorizar las potencialidades en el uso de los suelos, con procesos participativos que definan las decisiones del Estado y se vean en políticas públicas.

A ello se suman los problemas de fondo en la normativa ambiental y social, en la información pública, en los mecanismos de participación ciudadana y en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda parte del libro, se expone sobre inviabilidad del proyecto minero debido al riesgo de contaminación atmosférica en zonas agrícolas, como el canal Ensenada-Mejía-Mollendo y otros poblados cercanos; contaminación de acuíferos y del río Tambo, así como los riesgos en el suministro del agua y su desalinización.

Una acotación importante, es sobre la falta de una evaluación de impactos ambientales a nivel de las microcuencas hidrográficas. “Hidrológicamente, las instalaciones del proyecto minero se ubican en 08 microcuencas hidrográficas: Quebradas Posco (Rosa María), Salinas, Chuli, Quialaque, Cachuyo y otras tres quebradas sin nombre. La red de drenaje de las cuatro primeras microcuencas es hacia el océano, y de las otras cuatro restantes hacia el Valle de Tambo.

Si bien el EIA, toma en cuenta, la ocupación de microcuencas, estas no están bien delimitadas como en el caso de la microcuenca Posco (Rosa María) donde no se considera a ninguna instalación minera. Asimismo, faltan considerar algunas como microcuencas de las quebradas Chuli y Quialaque.

Otra advertencia del texto, se refiere a las fuentes y concentración de contaminantes atmosféricos durante la etapa de operación del proyecto, es decir, principales actividades que generarían material articulado significativo como: Perforación y voladuras en los tajos; Transporte y procesamiento de minerales (chancado); Desmontes de mina, depósitos de sulfuros, etc. Asimismo, emisión de gases provenientes de Transporte de vehículos de mina (zona de mina); Transporte de vehículos livianos (área de la mina y alrededores) y los tajos abiertos.

Todas estas, son identificadas en el EIA actual (2013), sin embargo, no brinda información que permita conocer la concentración y dispersión de dichas emisiones, como: características y cantidad de vehículos (pesados y livianos); las características del material de los explosivos (ANFO y otros) y su relación con la emisión de polvos y gases atmosféricos, etc.

Respecto a las aguas del canal La Ensenada Mejía Mollendo (EMM) (consumo humano desde Cocachacra hasta Mollendo, riego y uso industrial) estas estarán expuestas al polvo contaminante que traería partículas, gases y vibraciones provenientes de las labores del tajo abierto La Tapada. La vulnerabilidad del canal, se debe a los vientos que cambian de dirección (de norte a sur). Esta infraestructura tampoco ha sido considerada en el EIA.

La idea de elaborar y presentar el informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, surge a raíz de una solicitud que los pobladores y autoridades del Valle del Tambo, hicieron a la misión –compuesta por RED MUQUI, COOPERACCIÓN Y CNDDHH- que llegó entre el 15 y 17 de abril a esta zona para verificar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de este año.

De esta manera, ambas organizaciones cumplieron en entregar este estudio a los alcaldes, dirigentes de base y pobladores del Valle del Tambo en el distrito de Cocachacra. Para ello los técnicos encargados, como la compiladora Marlene Castillo y el geógrafo, Elqui Cruz, explicaron parte de este análisis junto a Javier Jahncke, secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, quien presentó la parte social de la problemática en torno al conflicto por el Proyecto Tía María de Southern Cooper.

DATOS:

  • Población estimada en el Valle del Tambo: 47,441 habitantes, de los cuales 24 mil trabajan en el valle.
  • Tiene una importancia nacional en la siembra de arroz, ajo, papa y caña de azúcar.
  • Extensión agraria del valle del Tambo es de 15,078.88 hectáreas
  • Nuevos productos: olivo en zonas como El Boquerón, Cocachacra, Cocotea y Chucarapi, donde también destacaban el arroz, camotes y frutas.
  • Tía María es un proyecto de explotación minera próximo al río Tambo y al valle conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta del Bombón
  • La minera titular del proyecto es la Southern Copper Corporation (SPCC) y supone la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos con más de 2000 metros de largo con unos 1000 de ancho, y 270 m profundidad aproximadamente y tiene una vida útil de 18 años.

La Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami), solicitó al Ministerio Público de Espinar que ejerza su autonomía frente a al Estado y que habrá la investigación penal para establecer los hechos criminales, identificar y sancionar a los  responsables  del ocultamiento de información referida a la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros que viven en las zonas aledañas al proyecto minero Tintaya – Antapacay.

Como se recuerda a inicios del mes de junio del presente año Adepami presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Espinar referida a la tendenciosa falta de información respecto a los resultados de los exámenes realizados a inicios del año 2013, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo instalada en a fin de atender las demandas de la población afectada por las operaciones mineras de la empresa Glencore – Xstrata.

Dichos estudios, necesarios para determinar la presencia de metales pesados en el organismo de los pobladores, fueron realizados por el Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, institución que hizo una medición para determinar la presencia de hasta 17 metales pesados, sin embargo, a la población solo se le informó de los resultados sobre la base de seis obviándose los datos acerca de los otros 11 parámetros medidos.

Adepami ha señalado que los presuntos hechos delictivos lindan con la comisión de los presuntos delitos contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General, Falsedad Ideológica, Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos y Falsedad Genérica; así mismo por el presunto delito contra la administración Pública, en su modalidad de Malversación y por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Exposición a peligro o abandono de personas en peligro.

La demanda ha sido interpuesta contra quienes ocupaban los principales cargos directivos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud – Censopas, en el año 2013.

Sin embargo, la asociación de afectados ha manifestado su decisión de ampliar la denuncia penal por el delito de homicidio culposo, pues muchos de los pobladores, cuyos exámenes demostraban que se encontraban con altos índices de metales pesados en su organismo, han fallecido sin que el Estado acuda en su asistencia.

La denuncia alcanzará también a la empresa minera Glencore – Xstrata, a quien se acusa de por los presuntos delitos contra la salud pública, por los responsables directos de la contaminación y afectación a la salud de las personas.

Lea el pronunciamiento de Adepami:

Pronunciamiento ADEPAMI by prensamuqui

Fuente: solsticio-peru.org

Las labores de búsqueda de la Policía y de la Fuerza Aérea del Perú en la sierra de Piura dieron resultados, lamentablemente hallaron sin vida a los tres trabajadores de la empresa Río Blanco, que estaban perdidos desde hace 20 días en la sierra piurana.

La vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza dio esta información vía Twitter, explicó también que ya iniciaron las labores de rescate de los cuerpos.

Debido a lo agreste de la zona y la poca visibilidad por la densa niebla dificulta el trabajo de los rescatista que llegaron al lugar en helicóptero.

Según el congresista Juan José Díaz Dios, al mediodía una brigada de rescate conformada por policías, personal de la FAP y dos rescatistas contratados por la minera Río Blanco encontraron los cuerpos en la zona de Cerro Negro en la jurisdicción de Ayabaca.

“Nos hemos comunicado vía teléfono satelital con los rescatistas y si los han encontrado, no podemos dar más detalles, porque deben ser los familiares de los tres trabajadores, los que deben ser los primeros en saber”, dijo el legislador.

Los cuerpos que fueron hallados pertenecen a la periodista Aleida Dávila (34), el topógrafo Orlando Pastrana (36) y el cocinero Segundo Tacure (28).

La empresa Río Blanco aún no se ha pronunciado al respecto, trascendió que se habría decidido hablar primero con los familiares de los trabajadores para luego dar una conferencia de prensa.

Marisol Espinoza@MarisolEspinoz_

Patrulla combinada de Policía y Fuerza Aérea encuentran cuerpos sin vida de trabajadores de Río Blanco, se inician trabajos de rescate

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Fuente: La República

En muchos países de América Latina, África y Asia, las grandes empresas mineras cometen abusos sobre la población local, que el Vaticano puso el viernes ante los ojos del mundo en la inauguración de un congreso en el que participan unas treinta comunidades afectadas.

El cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que organiza el congreso, afirmó que «ahora son muchos los que escuchan el grito desgarrador de las zonas en que se extraen minerales gracias a numerosos informes internacionales como el de Kofi Annan sobre África, las directivas de la OCDE y su informe especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, o la legislación que debate el Parlamento Europeo sobre trazabilidad de minerales».

El cardenal ghanés afirmó que el congreso se sitúa tanto en la línea de la encíclica ecológica «Laudato si» («Alabado seas») como en «documentos de numerosas conferencias episcopales sobre violaciones de derechos humanos, ilegalidad y violencia».

Turkson denunció que «en los últimos días, algunas personas que participan en el congreso han sufrido presiones e intimidaciones. En el Pontificio Consejo hemos recibido muchos testimonios de amenazas, violencias y asesinatos».

Naturalmente, el Vaticano está a favor de la minería, siempre que respete los derechos de las comunidades locales, y el Pontificio Consejo Justicia y Paz ha convocado un segundo congreso, «Creando un nuevo futuro, reimaginar la minería» del 17 al 19 de septiembre, en el que participarán empresas mineras multinacionales.

En la línea de mejorar el respeto a los derechos en el modo de practicar la minería, el cardenal Turkson propuso sustituir el término general de «industrias extractivas» por el de «industrias de desarrollo de recursos naturales».

La conferencia de prensa del viernes en el Vaticano incluyó testimonios de víctimas –como un trabajador minero informal de la Republica Democrática del Congo, que sufrió quemaduras por defender un yacimiento–, así como de expertos en registrar y denunciar abusos.

El chileno Juan Guillermo Peñaloza Sierra denunció que «las empresas y sus aliados realizan actos de amenaza, amedrentamiento, agresión y criminalización contra los líderes que representan las comunidades y poblaciones», incluyendo numerosos asesinatos en media docena de países de América Latina.

Prassant Kumar Paikray informó de abusos en el estado indio de Odisha, donde la influencia de una compañía extractora de mineral de hierro ha logrado «que la policía y el gobierno sumen 370 casos penales falsos, la libertad bajo fianza de 2.500 personas, el encarcelamiento de 700 y la muerte de cuatro personas».

La brasileña Patricia Generoso Thomas denunció el tremendo daño que provoca a 17 comunidades de Conceiçao do Mato Dentro la empresa que explotan un enorme yacimiento a cielo abierto y envía el mineral a un puerto cercano a Río de Janeiro a través de «un acueducto de 529 kilómetros de longitud que consume cada hora 2.500 metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para abastecer una ciudad de 220.000 habitantes».

Unos treinta representantes de comunidades afectadas por la minería procedentes de África, Asia y América presentaron sus reclamos durante el Encuentro “Una jornada de reflexión – Unidos a Dios escuchamos un grito” organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz entre el 17 y 19 de julio pasado en Roma.

Según Radio Vaticana, el objetivo fue “dar mayor visibilidad a las situaciones de violencia e intimidación, de ilegalidad y corrupción, de contaminación y violación de los derechos humanos vinculados a la actividad minera” e interpelar a los responsables políticos, a las administraciones públicas, a los empresarios y a los inversores para que escuchen “el grito de la tierra y actúen con prontitud y responsabilidad al servicio del bien común, de la justicia y de la dignidad humana”.

El encuentro fue presentado el viernes 17 de julio por el cardenal Peter Turkson, presidente de dicho dicasterio, y por algunos de los participantes que ofrecieron su testimonio.

Según informó la Agencia católica Zenit, Turkson recordó que la Iglesia, en más de una ocasión y desde hace años, “sigue de cerca las actividades mineras”.

El cardenal mencionó también los documentos de Conferencias episcopales que denuncian las violaciones a los derechos humanos, ilegalidades, violencia y explotación de yacimientos de forma contaminante o afectando la seguridad alimentaria local.

El misionero comboniano Dário Bossi dio testimonio de la situación en el Amazonas y recordó que “Solamente en nuestra región de Carajás en el norte de Brasil, hemos tenido en los últimos tres años 26 conflictos abiertos entre la empresa minera Vale y las comunidades locales”, Agencia Zenit.

Otro de los participantes en el encuentro, Juan Guillermo Peñaloza Sierra, procedente de la diócesis de Copiapó en Chile, afirmó que por su experiencia “estas empresas mineras despliegan estrategias que buscan dividir a las comunidades indígenas y a los movimientos sociales y cooptar a algunos líderes”.

“Los efectos que constatamos día a día son: agotamiento y contaminación de las fuentes de agua, destrucción de ecosistemas y contaminación ambiental, que repercute finalmente en la salud de las personas incluyendo a los propios trabajadores”, explicó.

“Consecuencias a menudo demasiado negativas”

En su mensaje a los participantes del encuentro, el papa Francisco advirtió que muchas comunidades “sufren directa o indirectamente las consecuencias, a menudo demasiado negativas, de la minería”.

“Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo”.

“Vienen de situaciones diferentes y experimentan de diversos modos las repercusiones de la minería, ya sea la de las grandes empresas industriales, o la de los artesanos y operadores informales. Han querido reunirse en Roma, en esta jornada de reflexión que está vinculada a un paso de la Exhortación apostólica ‘Evangelii gaudium’, para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias, a menudo demasiado negativas, de la minería”, escribió Francisco.

“Todo el sector minero está indudablemente llamado a efectuar un cambio radical de paradigma para mejorar la situación en muchos países. Los gobiernos de los países de origen de las empresas multinacionales y los de aquellos en los que operan pueda en contribuir a ello, así como los emprendedores e inversores, las autoridades locales que supervisan la ejecución de las operaciones mineras, los trabajadores y sus representantes, las cadenas de suministro internacional con sus varios intermediarios y los que trabajan en los mercados de estas materias”, aseguró Francisco en su mensaje a los participantes del encuentro.

Segunda jornada con empresas mineras

Según una nota de Aleteia, el cardenal Turkson confirmó hoy que los dirigentes de las empresas de minería serán convocados a una segunda jornada de reflexión en el Vaticano, que se realizará del 17 al 19 de septiembre de 2015.

El 7 de septiembre 2013, el Consejo Pontificio había congregado a 25 dirigentes de la industria minera para reflexionar sobre los estragos humanos y ambientales de la actividad, sobre todo en países “pobres pero ricos de materias primas”, informó Vatican Insider.

En aquella oportunidad participaron Anglo American, Areva, BHP Billiton, China Minmetals Corporation y Río Tinto, además de un delegado de la Secretaría de Estado, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Caritas Internacional y Oxfam América.

 

Por Luis Manuel Claps
SERVINDI

El día de ayer en horas de la mañana, mientras Máxima Acuña y su nuera salieron del predio Tragadero Grande para realizar labores domésticas, los trabajadores de la Minera Yanacocha nuevamente ingresaron a la propiedad de Máxima, destruyendo sus cultivos de papa.

YANACOCHA SE ATRIBUYE LA DESTRUCCIÓN
La empresa minera luego de realizar este abusivo acto emitió rápidamente un comunicado donde se atribuye el hecho, diciendo que se trata de “Defensa Posesoria” del terreno.  Además expresa que tienen a su favor una medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto de Celendín que prohíbe que Máxima  y su familia puedan realizar cualquier actividad en este terreno.

JUEZA DE CELENDIN EMITE CUESTIONADA MEDIDA CAUTELAR
Hace dos semanas, Minera Yanacocha solicitó al Juzgado Mixto de Celendín, a cargo de la controversial Juez Julissa Aseijas Silva, conocida por haber resuelto escandalosos procesos a favor de Yanacocha, como el caso ADECO, una medida cautelar para impedir que la familia Chaupe realice cualquier labor en su propio terreno.

Increíblemente esta Juez declaró procedente esta petición y ordenó tal impedimento.  Pese a que esta resolución se encuentra en proceso de impugnación. La empresa minera se está valiendo de la misma para destruir cualquier actividad que realice la humilde familia como lo ha hecho ahora con sus cultivos de papa que solo les sirven para autoconsumo.

LAS DENUNCIAS DE LA FAMILIA CHAUPE
Pese a la sentencia de diciembre del 2014 que declara que la familia Chaupe no es usurpadora del predio Tragadero Grande, y reconoce por tanto su posesión legítima; pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y pese a las garantías otorgadas por la Gobernación de Cajamarca que admiten que la familia estaría siendo hostilizada por la empresa por lo que merecería protección, la empresa Yanacocha ha seguido con los actos de hostilidad contra a familia en su predio, como la destrucción de la habitación que construían, la destrucción del corral de animales menores, incluyendo la sustracción de los cuyes, el cierre de los caminos, y ahora la destrucción de los cultivos, que realizaron el día de ayer.

Representantes de la Fiscalía verificaron los daños provocados por los trabajadores de Yanacocha

Por todos estos hechos la familia ha procedido a denunciar desde enero del año en curso ante la Fiscalía Penal de Celendín.  El viernes último, dicho despacho notificó 6 meses después su resolución, la misma que resuelve Archivar el caso porque no encuentra que Minera Yanacocha haya realizado perjuicio alguno a la familia.  Esta resolución también es objeto de impugnación ante el superior.

SITUACIÓN DE LA FAMILIA CHAUPE
Por desgracia, sin autoridad que haga cumplir la Sentencia de la Corte de Justicia o las medidas de protección asignadas a la familia, la misma se encuentra librada a los abusos de la empresa, ahora avalada por resoluciones judiciales cuestionables que impiden que la familia tenga incluso lo mínimo para poder subsistir como son sus cultivos que les proveen de alimentos.  Este es un tema que trasciende un derecho de propiedad, es una clara violación de derechos humanos pues más allá de defender algo que consideran suyo la empresa está condenando a una familia a vivir una vida indigna y privándolos de lo más fundamental para vivir.

Dentro de todas las gestiones de rescate de los extraviados Orlando Pastrana, Segundo Tacure y Aleida Dávila en las estribaciones de Cerro Negro (Ayabaca), el coronel a cargo del contingente en esta zona, Luis Quiñones, señaló que la hipótesis “de mayor caldero” es que los equipos GPS y el teléfono satelital de los dos geólogos que hacían tareas topográficas sufrieran fallas técnicas.

“Es muy probable que la fuerte humedad y lluvias de estos páramos, tal como lo comprobamos ayer, estropearon sus instrumentales de geolocalización en algún momento, dado que en un día determinado –el viernes 10 de julio- enviaron sus últimas coordenadas”, sostuvo. Pidió verificar qué tipos de GPS llevaban y qué medios de protección ante el agua tenían los profesionales.

Para muchos de los rescatistas –quienes no quisieron identificarse-, “es muy curioso” que solamente el GPS de Manuel Herrera no se haya malogrado, si es que utilizaban dos. Asimismo, el comandante de la comisaría de Ayabaca, Miguel Orozco, aseguró que la temperatura en la zona alta puede llegar hasta los 5 grados.

EN LA ZONA

El Tiempo, que acompaña a los rescatistas en esta zona agreste, llegó desde Ayabaca ayer por la mañana, luego de pasar Socchabamba, Pacainillo, Hualcuy, la quebrada Palcochaco y el caserío Portachuelos, el sector en que, según un reporte de Río Blanco Copper, los otros seis miembros de la expedición habrían sido “capturados y castigados”.

Ania, un caserío de unas 80 familias en la Comunidad Campesina de Yanta, es ahora la base para los trece rescatistas desde el lunes 20 de julio. Ellos duermen y se asean en la I.E. 14207, facilitada por la ronda del sector. A esto, los comuneros siguen brindando información sobre los caminos a seguir en las montañas cercanas así como los vientos, la lluvia y la densa neblina en los páramos del bosque de Cerro Negro, donde todavía se encuentran extraviados tres trabajadores de la minera Río Blanco Copper desde el 11 de julio.

“Ania es una zona estratégica y de enlace para las incursiones por tierra, desde Cabuyal, y para el abordaje de los rescatistas por los helicópteros”, agregó Orozco.

Mientras tanto, los 6 rescatistas en los páramos de Cerro Negro no enviaron informen positivos cerca de las coordenadas facilitadas por el rescatado Manuel Herrera.

VICEPRESIDENTA

“No es justo que se quiera responsabilizar de la desaparición y muerte de los trabajadores de la empresa minera Río Blanco a las Rondas Campesinas de Ayabaca” señaló la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, en un comunicado tras haber recibido  información por parte de las rondas campesinas de Ayabaca y Huancambamba.

Sus representantes le manifestaron su preocupación por haber sido acusados por la empresa minera de secuestrar a su personal. Señaló que más de 150 miembros de estos vigilantes salieron a buscar a los extraviados.

Fuente: El Tiempo

El día de hoy la  ronda campesina y la policía encontraron con vida  a Manuel Herrera uno de los cuatro trabajadores desaparecidos de la empresa minera Río Blanco Cooper el 11 de julio, quién manifestó que la periodista Aleida Dávila aun se encuentra desaparecida y que Segundo Tocure con el topógrafo Orlando Pastranas han fallecido producto de las inclemencias del ecosistema de Ayabaca, luego de su ingreso al ex campamento minero Rio Blanco, en el distrito de Carmen de la Frontera, en Huancabamba.

Este encuentro, es fruto del esfuerzo de 150 miembros de la ronda campesina de Ayabaca, en coordinación conjunta suscrita en un acta con la policía de Sullana y de Ayabaca, ambas al mando del comisario comandante PNP Miguel Orozco, y del jefe de la División Policial de Sullana, Santiago Quiñonez saliendo así en la búsqueda de los desaparecidos el pasado 11 de julio. La hipótesis de los ronderos era que los cuatro trabajadores no se habían quedado en Huancabamba, sino que habían avanzado a la zona fronteriza de la provincia hacia Ayabaca, en la comunidad de Yanta, en la zona de Cerro Negro.

Se conoce que el acceso a la zona y las inclemencias propias de ese ecosistema no han permitido una búsqueda eficaz. Tratándose de un ambiente montañoso donde la temperatura desciende hasta por debajo de los -4 grados centígrados. Los ronderos quienes habían peinado la zona, se encontraban al mando del presidente de la comunidad, Samuel Albán han brindado en todo momento su apoyo para el rescate de los aquel entonces desaparecidos.

Aunque la empresa minera, ha mencionado a un diario que no se encuentra realizando labores de exploración, Los trabajadores se dirigian a realizar trabajos topográficos de actualización de las zonas mineras sin contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, ni de la comunidad.

Es por ello, que el vicepresidente de las comunidades campesinas de Ayabaca, Bartolo Tomapasca, comentó que no entiende por qué la minera Río Blanco sigue empeñada en desarrollar su proyecto allí, pues las comunidades ya han dicho que no. “A qué entran a nuestras comunidades, sin autorización. Nosotros no queremos minería, sino agricultura. Eso que lo entiendan por favor”.

Miembros de la Comunidad del Centro Poblado El Carmen,  nos informaron que aproximadamente a las 8 de esta mañana, cuatro camionetas de la Policía Nacional trataron de ingresar al Centro Poblado, ubicado en la provincia de Huancabamba en la ciudad de Piura, por una supuesta denuncia presentada por el jefe de contratos de la empresa Rio Blanco Cooper, en donde se indicaba la desaparición de seis técnicos pertenecientes a esta empresa que ingresaron a hacer mediciones topográficas a la zona.

Las fuerzas policiales al pretender ingresar al caserío, fueron detenidas por los ronderos de la zona, quienes se mostraron sorprendidos por la denuncia y negaron las acusaciones. Luego de conversar cerca de una hora, la policía se retiró.

Nos preocupa, desde la RED MUQUI que las empresas mineras levanten falsas denuncias para justificar una intervención policial arbitraria. Debido a que si existe violencia contra la comunidad están protegidos por la ley 30151que los exime de toda responsabilidad penal por lesiones o muerte a terceros mientras estén en servicio.

Cabe mencionar que el proyecto Río Blanco no cuenta con un permiso para ejecución de obras del Ministerio de Energía y Minas, ni la licencia social de la comunidad.

La gobernadora de la región Arequipa, Yamila Osorio, dijo que no entiende la campaña iniciada por la empresa Southern a través de varios spots publicitarios emitidos por los medios de comunicación a nivel nacional sobre los beneficios del proyecto minero Tía María, tras el conflicto en Islay.

«Honestamente, yo todavía no entiendo la estrategia de Southern, porque creo que esta estrategia publicitaria a nivel nacional no trae resultados efectivos sobre la población», dijo en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

Indicó, que lo apropiado es hacer un trabajo de campo en las zonas directamente afectadas y que deberían establecerse límites para el diálogo.

«Acá se requiere un trabajo de campo, esto es un proceso, más aún que (sic) se ha salido de un conflicto donde hay muchas heridas que no han cerrado y esto va a requerir tiempo», añadió.

Osorio advirtió que en su región se comenta un eventual reinicio de las protestas. Explicó que ese escenario es posible porque el mensaje de la Southern, de que está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para retomar el proyecto, no ha llegado con claridad a la población.

Informó que el Gobierno regional viene trabajando para recuperar la confianza de los pobladores de la zona sobre la necesidad de los espacios de diálogo y que, en ese esfuerzo, se ha coordinado el apoyo de la comunidad europea a través de una ONG, para un estudio sobre la percepción actual que tienen los pobladores del valle del Tambo sobre el proyecto Tía María.

Adelantó, que el resultado de ese estudio, basado en encuestas, entrevistas y “focus group”, será entregado el próximo lunes 20 de julio.

 

Fuente: RPP