Se fue de boca. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, comparó la violencia en Islay en el conflicto por el proyecto minero Tía María (Southern Copper) con el terrorismo de Sendero Luminioso. En declaraciones a la prensa, dijo:

“Me encuentro en Arequipa y la situación es preocupante, tenemos 73 pobladores refugiados en el estadio de Umacollo, de los cuales 18 son niños. Ellos han sido víctimas de la violencia insana que están perpetrando violentistas en el Valle de Tambo, lo que nos hace recordar los momentos más amargos de la década de los 80, donde poblaciones enteras tenían que ser desplazados por la violencia terrorista”.

El ministro Adrianzén dijo que algunos agricultores se ven afectados porque están siendo chantajeados a pagar cupos para poder segar su arroz.

“Existen violentistas que están coaccionando a gran parte de agricultores, pero ellos no tienen por qué seguir pagando cupos para seguir financiando protestas y acciones violentas».

Es lamentable y condenable la violencia que algunos opositores a Tía María ejercen sobre sus contrarios, los defensores del proyecto minero. Y también los ataques que han realizado contra los policías, provocando la muerte del suboficial Alberto Vásquez Durand y dejando más de 200 heridos. Pero las declaraciones del ministro de Justicia no ayudan a calmar los ánimos en el Valle de Tambo, donde los pobladores se sienten indignados porque perciben que se generaliza y se les señala como criminales o terroristas antimineros.

Debería mencionar también el ministro el uso excesivo de la fuerza de los policías, que han provocado 2 muertos de bala (Victoriano Huayna y Henry Checlla) y varios heridos por perdigones. También hemos visto a policías haciendo uso descontrolado de sus armas de fuego.

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el número total de muertos y desaparecidos causados por el conflicto armado interno en el Perú se estima en 69,280 personas. La organización terrorista Sendero Luminoso fue responsable del 46% de estas víctimas.

Desde el 23 de marzo, la provincia arequipeña de Islay se encuentra en paro indefinido en un conflicto socioambiental que ha dejado hasta el momento cuatro civiles y un policía muertos, y más de 200 heridos. Para el 27 y 28 de mayo, nueve regiones han convocado a un paro de 48 horas en apoyo al Valle de Tambo.

La situación del proyecto minero Tía María está en modo «pausa». El viernes 15 de mayo, Southern Copper anunció que iba a hacer una pausa de 60 días con Tía María para luego iniciar un diálogo con la población. Antes, Ollanta Humala dio un mensaje a la Nación en el que dijo que no podía ni suspender ni cancelar el proyecto extractivo.

Fuente: La Mula

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció hoy que el gobierno organizará debates públicos sobre el proyecto minero Tía María, en Arequipa, Lima y otras ciudades del país, a fin de avanzar en un intercambio de opiniones sobre el tema, en un clima de paz.

Al culminar la sesión 295 del Consejo de Ministros, refirió que también se ha convocado a la empresa minera Southern Perú para que precise los pasos que dará en los 60 días de pausa del mencionado proyecto.

El objetivo de estas disposiciones es que Southern explique al país, de manera detallada y pedagógica, los alcances del proyecto minero, a fin de despejar todas las dudas existentes.

“Como Gobierno estamos en la obligación de ser garantes de que el proyecto sea llevado adelante respetando el medio ambiente, y lograr que todos aquellos aspectos técnicos en duda puedan ser aclarados”, agregó.

Según Cateriano, es importante que las diferencias respecto al mencionado proyecto se resuelvan en un contexto en el cual prime la paz y el diálogo técnico.

“Rechazamos firmemente todos los actos de violencia”, subrayó.

En ese sentido, detalló que el presidente Ollanta Humala ha dispuesto la presencia permanente en Islay de representantes de los ministros del Interior, Agricultura y Riego, Energía y Minas y del Ambiente, durante el periodo de pausa del proyecto, para hacer permanente el nexo con la población de dicha provincia arequipeña.

En otro momento, subrayó que un peritaje de la Fiscalía ha establecido de manera indubitable que el dirigente Pepe Julio Gutiérrez es protagonista de un audio en el cual quedaría en evidencia corrupción y no la defensa del medio ambiente de Islay.

Facultades legislativas

Cateriano detalló que durante la sesión del Consejo de Ministros también se analizó el tema de la delegación de facultades legislativas en el campo económico.

“Prácticamente hemos culminado el debate técnico sobre los aspectos debe contener la ley autoritativa de pedido de delegación de facultades legislativas que la próxima semana el Gabinete aprobará para ser sometida a la consideración del Parlamento”, anotó.

Agregó que en el campo de Relaciones Exteriores, en dicha sesión se vieron entre otros puntos como la realización en el país de la Cumbre de la Alianza del Pacifico, el tema de la extradición de Martín Belaunde Lossio y la importante visita que realizará este fin de semana al Perú el primer ministro de la República Popular China, Li Keqiang.

Respecto al último punto, refirió que la visita de la autoridad china constituye un paso más para la consolidación de la relación bilateral con ese país.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los ministros del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites; de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez Vargas; y de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.

(FIN) SMA/CCR

Compartimos con ustedes y ponemos a libre disposición la nueva publicación de OCMAL, «Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014»

El informe reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

Esperamos que esta publicación, elaborada de manera colectiva por los socios de OCMAL, sea de utilidad para las diversas organizaciones y comunidades afectadas y que resisten al extractivismo minero en América Latina.

Adjuntamos informe en pdf.

Agradecemos todo tipo de difusión.

Un abrazo,
Equipo coordinación
OCMAL

Al cumplirse casi 50 días de paralización en el Valle del Rio Tambo en la provincia de Islay, y dos días de paralización regional en gran parte de  Arequipa, la Red Muqui, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Lamentamos que hasta el día de ayer el conflicto social generado por la pretendida realización del proyecto minero Tía María, haya ocasionado el fallecimiento de 6 personas, 5 civiles y un policía, y cientos de heridos. Consideramos que la militarización no es la vía para hacer viable una actividad económica.  La falta de licencia social no puede ser ignorada dándole   prioridad al  uso de la fuerza.

2. Insistimos en que el único camino para la solución del conflicto es el diálogo. Para llegar a él, se requiere que disminuya el clima de tensión y  enfrentamiento. Por lo tanto, el Estado debe realizar todos los esfuerzos necesarios para restablecer la paz social, instaurando un clima de respeto mutuo, basado en la vigencia de los derechos humanos.

3. Instaurar el diálogo, pasa por generar condiciones previas que lo hagan posible. Esto  supone, que siendo el inicio del proyecto lo que ha desatado el clima de tensión, su ejecución se suspenda. Pero  también es necesario que la población retome los cauces de la protesta pacífica. Además, se requiere que  las partes hagan el esfuerzo por dejar posturas extremas y estén dispuestas a escuchar al otro. Asimismo, se necesita información completa y opinión de terceros considerados confiables por las partes.

4. Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por campañas públicas en contra miembros de la Red Muqui y  la CNDH.  Consideramos que la sociedad civil es un actor importante en toda democracia y que su papel en la generación información,  en la asesoría técnica y el acompañamiento a organizaciones sociales favorece diálogos más equilibrados. Por el contrario, la inexistencia de estos espacios, conduce a una mayor polarización y violencia.

Lima, 13 de mayo de 2015

RED MUQUI
Teléfono: 332-6525 / 957567595
Correo: [email protected]
@RedMuqui

Cecilia Blume, consultora de empresarios, en un artículo comenta una grabación de audio, en donde un conjunto de voces masculinas – al estilo de una tropa -, guiados por una voz varonil, gritan en forma cadenciosa y sostenida lemas crueles y violentos.

Ella manifiesta que le  han informado que serían miembros de Sendero Luminoso presentes en las protestas de Cocachacra, Arequipa. Hace más de una semana, estuve en Cocachacra como parte de una misión para evaluar la situación de derechos humanos. Cientos de agricultores y pobladores de esta localidad vinieron a nuestro encuentro.

Lo que vimos fue un lugar con fuerte presencia policial y una población preocupada por su valle, un oasis verde en medio de un desierto. Los pobladores nos dijeron que se movilizaban para manifestar su desacuerdo con el proyecto minero Tía María, muy próximo al río y al valle. Decían que trataban de ir a otros pueblos para comunicarles lo que les estaba pasando y buscar su apoyo pero que la policía no les permitía salir con el pretexto de que no tenían permiso; que al insistir en continuar caminando, la policía les tiraba bombas lacrimógenas, perdigones y los  dispersaba.

Muchas personas habían resultado heridas y otras detenidas bajo estas circunstancias. Mientras los  visitantes caminábamos al lugar que se había improvisado para darnos la bienvenida y luego, a donde se tomarían los testimonios, los pobladores de Cocachacra se nos acercaban para decirnos que no son violentos, que lo único que llevan a las movilizaciones es un poco de agua, para calmar la sed que produce el calor intenso de la zona.

Cuando todos se agruparon comenzaron a corear, algunos pocos lemas como: «Agro sí, mina no», «siempre de pie, nunca de rodillas», «el valle no se vende, el valle se defiende». Los lemas los lanzaban voces distintas, masculinas y femeninas, de manera  espontánea.

Luego de este viaje, no me sorprendió del todo, aunque si me produjo una profunda indignación, el que días más tarde, un policía colocara un objeto punzo cortante en manos de un agricultor que  acababa de ser detenido, para luego dejar que lo fotografíen y sea publicado en la prensa. Varios testimonios que escuchamos en Cocachacra nos dijeron lo mismo: “la policía nos siembra armas para presentarnos como violentos”.

La decisión del gobierno de imponer el proyecto minero a la población de Cocachacra, lo lleva a situaciones de arbitrariedad y abuso muy grandes. El gobierno actual, parece haber olvidado que el Estado representa a todos los peruanos, y que la persona humana es su fin supremo. Esta pérdida de sentido, alimentada por normas que promueven la inversión a cualquier costo, criminalizan la protesta y permiten la impunidad de violaciones a derechos humanos cometidas por policías y militares en ellas y está generando la agudización de los conflictos sociales y una situación de ingobernabilidad, en donde perdemos todos los peruanos. En este contexto, urge que el gobierno actúe con mesura, construya  confianza y demuestre que respeta los derechos de la personas y que es justo en las decisiones que toma.

Ana Leyva
Cooperacción

Ante los sucesos que vienen ocurriendo en el sur del país, particularmente en la Provincia de Islay, con motivo del proyecto minero “Tía María”, llamamos a una  profunda reflexión, que  desemboque en una  pronta acción en defensa de la vida, la construcción de la paz y la justicia.

Tenemos conocimiento de la importancia de proyectos como el de Tía María porque implicarán altos niveles de inversión para la economía de la región y del país, con la consecuente creación de puestos de trabajo, importantes obras de infraestructura y el aporte a los recursos públicos, especialmente regionales y locales, con todo lo que ello implicaría en favor de la calidad de vida.

Sin embargo, nos preocupa las poblaciones que durante años viven de la agricultura, dinamizada en los últimos tiempos, que es necesario promover y proteger, puesto que favorece  la alimentación y una muy importante generación de puestos de trabajo, que mejora la economía de las familias, la región y del país en su conjunto. En el importante valle del río Tambo, para favorecer la agricultura, es necesario proteger el agua tanto superficial como del subsuelo. La calidad del aire y de la tierra es  también esencial para lograr los necesarios niveles de productividad. Nuestra mirada debe incluir el bien  común, el cuidado de la Creación, un desarrollo verdaderamente humano, sostenible y solidario.

Lamentamos profundamente los hechos de violencia que se vienen suscitando y en particular la muerte  de hermanos nuestros, como Victoriano Huayna y Henry Checlla. ¡No debe haber más víctimas¡. Lamentamos también los numerosos heridos tanto de la policía como de civiles que ya son muchos. ¡No más violencia¡. Llamamos a las fuerzas del orden y también a la población civil a reafirmar el respeto por los derechos humanos y por la paz. Es sumamente necesario retomar el diálogo alturado, con la buena voluntad de todas las partes implicadas, que deben participar en él para que se restablezca la Paz.

Como lo hemos manifestado en el Comunicado de los Obispos del Perú de enero del presente año:  “La paz es la buena noticia del Evangelio. La debemos construir entre todos, porque son «Bienaventurados los que trabajan por la paz» (Mt 5,9). En ese sentido, ratificamos nuestra voluntad de respaldar y apoyar las iniciativas para restablecer el diálogo y la construcción de Paz.

Que María, Nuestra Señora de la Paz, nos ayude a lograr el restablecimiento de la paz en el sur y en todo nuestro amado Perú.

Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón
Arzobispo de Ayacucho
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM 
Arzobispo de Trujillo
Primer VicePresidente de la CEP

Mons. Pedro Barreto Jimeno SJ
Arzobispo de Huancayo
Segundo VicePresidente de la CEP

Era el 30 de marzo de 2011. Aquel día se había dado a conocer, por canales extraoficiales, el resultado de la evaluación que hiciera la UNOPS (organismo técnico de evaluación de proyectos de las Naciones Unidas)  al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María, en el que se consignaron más de 300 recomendaciones y 138 observaciones.

El gobierno de Alan García Pérez y su Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, se habían empeñado, desde hacía meses, en defender el EIA, que “había pasado por todas las revisiones pertinentes” y cumplía todos los requisitos de la legislación peruana, según decía ardorosamente el propio ministro. Ante las protestas y claras omisiones del Estudio, en noviembre de 2010, accedió a su revisión por UNOPS; pero cuando el informe estaba a punto de culminarse, con graves observaciones, el gobierno rompió unilaterlamente el contrato argumentando problemas presupuestales e intentó evitar que se hiciera público. (ver investigación de IDL reporteros aquí El escándalo de la Unops, el ministro y Tía María)

Finalmente UNOPS hizo público el estudio el 30 de marzo, “colgándolo” en Internet a pesar de que el gobierno peruano no le había cancelado sus servicios. Esto ocurrió en pleno paro indefinido decretado por el Frente de Denfensa del Valle de Tambo, que había iniciado el 24 de marzo. El gobierno -idem que el actual- había enviado al Ejército a apaciguar la protesta, en plena efervescencia.

Ana María Solórzano, quien era la candidata número 1 del nacionalismo en Arequipa, participó activamente en esa protesta. Aquí la vemos en una marcha, junto al hoy alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, quien en días pasados le envió un mensaje a Ollanta Humala, irreproducible por su obcenidad, pero al parecer, muy sentido.

Pocos días antes, el entonces candidato presidencial, Ollanta Humala, había estado en Cocachacra, alentando la protesta y prometiendo defender sus pedidos y hacerlos respetar, frente a la imposición del gobierno central. “Hasta en esto se ve que el gobierno central favorece a los grandes grupos económicos, antes de escuchar al pueblo… la voz del pueblo es la voz de Dios y se hará respetar…el presidente de la República, tendrá que venir aquí personalmente y no mentir, y si miente, tendrá que ser vacado”.

Como no podía ser de otra manera, tras el ingreso del Ejército, pocos días despues, el lunes 3 de abril se produjo la primera muerte como consecuencia del enfrentamiento de la población con las fuerzas del orden. La Defensoría del Pueblo intervino intentando buscar una tregua, pero no lo consiguió: el jueves 7 de abril se produjeron dos muertes más, enlutando a humildes familias campesinas del lugar. Los tiros nunca alcanzaron a los revoltosos, radicales, antimineros y proterroristas que, según el gobierno, eran los que impulsaban la protesta.

Solo después de estas muertes y ante la aplastante evidencia del estudio de Unops, el gobierno finalmente cedió y suspendió el proyecto.

Tras los problemas en la provincia arequipeña de Islay, que dejaron cuatro muertos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró ayer “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María, dirigido por la Southern Copper Corporation.

“Hemos anunciado la emisión de una resolución directoral que declara inadmisible el proyecto e igualmente dispone que la empresa debe abstenerse de ejecutar cualquieractividad minera en la zona”, declaró el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, tras una reunión con dirigentes de los manifestantes y autoridades arequipeñas.

Agregó que también se ha dispuesto que Southern inicie el retiro de equipos, maquinaria e insumos que ya había llevado al lugar del proyecto.

Sánchez recordó que una de las medidas que planteó el MEM para resolver la problemática sobre este caso fue que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sea la que evalúe la viabilidad del EIA, pero la empresa no levantó las observaciones de esta entidad, lo cual deriva en la nulidad del proyecto.

Cuando ingresó el gobierno de Ollanta Humala, hubo un significativo cambio. En su interpretación, el proyecto no estaba suspendido, sino solo tenía el EIA anulado. Acordó con la empresa que admitirían la presentación de un nuevo EIA y podía seguir con el proyecto. Así, Southern inició una nueva estrategia de aproximación a ciertos sectores de la población y mandó elaborar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que presentó en 2014, siendo aprobado 3 meses después.

Cuatro años después de aquella marcha, Ana María Solórzano volvió a participar activamente en un nuevo conflicto alrededor del proyecto Tía María, pero esta vez lo hizo desde el otro lado del mostrador. Vino junto a una delegación de congresistas, ministros y alcaldes a intentar “persuadir” a los opositores de que, ésta vez, el EIA es perfecto, que no es necesaria la revisión de Unops, que es necesario deponer la protesta y que los opositores son solo “radicales antimineros”.

Fuente: El Buho

Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales. Esta región minera alberga relatos de impunidad,  de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido. Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las «dádivas» de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Historias de impunidad.

La lucha de Isidro Llanos

El campesino Isidro Llanos fue asesinado el 2 de agosto de 2006 a los 58 años en Combayo. La población de esa comunidad, perteneciente al ditrito de la Encañada,  se movilizó contra las intenciones de la empresa  Yanacocha de ampliar el proyecto minero (Carachugo II). Sin embargo, desde los años noventa la minera se había instalado en el cerro Carachugo, donde se fundió la primera barra doré.

«Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino», relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. «No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso», comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. «No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo», relata su hermana Paula Llanos.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque «declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos». «El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado», sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. «Cuando se produce una situación de conflicto armado aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado», comenta Bregaglio.

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, «cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional». No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de «sobrepasado», considera que debe ser definido, para «no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder». No obstante, Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del «orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable», pues de lo contrario, «viviríamos en una anarquía».

Las muertes de Conga

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín: César Medina, José Faustino Sánchez, Paulino Leonterio y Joselito Sánchez. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al «traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego». En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia, se afirma que «es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín».

El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de «garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales», apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. El 4 de julio el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM.

La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Impunidad

“Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces.

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien», comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  chica de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma «no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona». «Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía», cuenta. Marisol Malqui, viuda de José Faustino, dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. «Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.». Marisol no tiene un trabajo estable, limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  «¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Santos Huamán, madre de Joselito Sánchez, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. «Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura».

«En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vida judicial», declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. “Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales», concluye Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

Existe un convenio de «prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP». Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina el abogado Juan Carlos Ruíz. «Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo», declara Rolando Luque.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas estructurales de la población permanecen; y el Estado mantiene esta legislación. El desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

Escribe Nylva Hiruelas
Fuente: Gran Angular

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Ante los sucesos que vienen ocurriendo en el sur del país, particularmente en la Provincia de Islay, con motivo del proyecto minero “Tía María”, llamamos a una  profunda reflexión, que  desemboque en una  pronta acción en defensa de la vida, la construcción de la paz y la justicia.

Tenemos conocimiento de la importancia de proyectos como el de Tía María porque implicarán altos niveles de inversión para la economía de la región y del país, con la consecuente creación de puestos de trabajo, importantes obras de infraestructura y el aporte a los recursos públicos, especialmente regionales y locales, con todo lo que ello implicaría en favor de la calidad de vida.

Sin embargo, nos preocupa las poblaciones que durante años viven de la agricultura, dinamizada en los últimos tiempos, que es necesario promover y proteger, puesto que favorece  la alimentación y una muy importante generación de puestos de trabajo, que mejora la economía de las familias, la región y del país en su conjunto. En el importante valle del río Tambo, para favorecer la agricultura, es necesario proteger el agua tanto superficial como del subsuelo. La calidad del aire y de la tierra es  también esencial para lograr los necesarios niveles de productividad. Nuestra mirada debe incluir el bien  común, el cuidado de la Creación, un desarrollo verdaderamente humano, sostenible y solidario.

Lamentamos profundamente los hechos de violencia que se vienen suscitando y en particular la muerte  de hermanos nuestros, como Victoriano Huayna y Henry Checlla. ¡No debe haber más víctimas¡. Lamentamos también los numerosos heridos tanto de la policía como de civiles que ya son muchos. ¡No más violencia¡. Llamamos a las fuerzas del orden y también a la población civil a reafirmar el respeto por los derechos humanos y por la paz. Es sumamente necesario retomar el diálogo alturado, con la buena voluntad de todas las partes implicadas, que deben participar en él para que se restablezca la Paz.

Como lo hemos manifestado en el Comunicado de los Obispos del Perú de enero del presente año:  “La paz es la buena noticia del Evangelio. La debemos construir entre todos, porque son «Bienaventurados los que trabajan por la paz» (Mt 5,9). En ese sentido, ratificamos nuestra voluntad de respaldar y apoyar las iniciativas para restablecer el diálogo y la construcción de Paz.

Que María, Nuestra Señora de la Paz, nos ayude a lograr el restablecimiento de la paz en el sur y en todo nuestro amado Perú.

Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón
Arzobispo de Ayacucho
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM 
Arzobispo de Trujillo
Primer VicePresidente de la CEP

Mons. Pedro Barreto Jimeno SJ
Arzobispo de Huancayo
Segundo VicePresidente de la CEP

Hoy martes 14 de julio durante el Foro Público, “Extractivismos y alternativas en el Perú: ¿Otros futuros posibles?”, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya a las 5:30 pm. Se presentará el libro “La minería en el Sur Andino: Los casos de Cusco y Apurimac” elaborado por la Red Muqui Sur, Cooperacción y Broederlijk Denle.

El libro “La minería en el Sur Andino: Los casos de Cusco y Apurimac” presenta un análisis multifacético y completo de las tendencias de la minería en estas dos regiones del Sur Andino del Perú, en donde se pueden identificar tres rasgos centrales:  el aumento de la conflictividad, por la ausencia de instituciones adecuadas para procesar los conflictos socioambientales y territoriales; la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por la actividad minera, por la incapacidad del Estado peruano de cumplir adecuadamente con su rol de garante de derechos; y,  el insuficiente aporte de la minería al desarrollo local, que tiene como evidencia la pobre performance de las regiones y las provincias mineras en temas de reducción de la pobreza y de desnutrición.

Así mismo, se presentan los libros  “Extractivismos: Ecología, economía y políticas de un modo de entender el desarrollo  y la naturaleza” de Eduardo de Gudynas el cual habla sobre los extractivismos como la explotación minera o petrolera, o los monocultivos que se están ocasionando severos impactos sociales y ambientales en toda América Latina. En donde están vinculadas distintas formas de entender la Naturaleza, en concebir la política y en especial la democracia, en manejar el marco de derechos de las personas y del ambiente y “Alternativas para la vida, más allá del desarrollo. Documento de sistematización, encuentro en Lima 25 al 29 de agosto” fruto de cuatro días de intensos análisis, acción, intercambio y compartir acerca de las rutas para llegara a este «otro mundo» que soñamos como movimientos sociales y organizaciones de solidaridad internacional, en el marco del Encuentro Broederlijk Delen, copartes y aliados, organizado y facilitado por el Programa Democracia y Transformación Global (PDTG).

El Foro Público “Extractivismos y alternativas en el Perú: ¿Otros futuros posibles? por tendrá como ponentes a Eduardo de Gudynas del CLAES,  José De Echave de Cooperaccion, María Isabel Remy del IEP, Elsa Merme por la Federación Provincial de la Mujer de Kana Espinar y Raphael Hoetmer de Broederlijk Dente.