La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:

1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la necropsia de ley.

2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva. Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros).

3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo.

4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales. Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico.

5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41 muertes.

6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al entendimiento necesario que permita  retomar la calma en todo el Valle de Tambo.

Lima 23 de abril del 2015

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Sobre la responsabilidad social de los medios y las estrategias de desinformación.

El caso del agricultor Antonio Coasaca, al que un grupo de policías le “sembró” una prueba durante el paro contra el proyecto Tía María (Arequipa), para involucrarlo en un grave delito que conlleva prisión efectiva, ha derivado en la asunción de responsabilidades por el medio que publicó la foto que expresaba gráficamente la burda maniobra, y en el pronunciamiento del periodista autor de la fotografía, Julio Angulo, y del medio para el que laboraba en ese momento.

En un primer efecto, un editor y una periodista del medio que publicó la ahora famosa fotografía a la que acompañaron con un titular represivo han dejado sus puestos. El periodista Angulo ha debido dejar la ciudad de Arequipa por temor a las amenazas de un grupo radical que se opone a Tía María, en tanto que el medio para el que trabajaba el reportero gráfico ha derivado el caso al Consejo de la Prensa. Los dos primeros han ofrecido disculpas.

Desde el lado de la policía, hay una investigación en marcha por este caso y han sido removidos varios jefes policiales. En el caso de la prensa, es evidente que las explicaciones formales son insuficientes, a pesar de la entereza de Angulo, que ha reconocido un error inicial de compartir la fotografía con una persona que no respetó el acuerdo de no usarla periodísticamente. En este caso, además, debe protegerse su vida, en cualquier circunstancia.

Lo que se debate es la publicación de un medio de un documento gráfico escondiendo su origen, o sin saber con certeza la fuente, y/o sin señalar que efectivamente se carece de información sobre esta; el uso de ese instrumento para inferir responsabilidades de los ciudadanos; y las conexiones de los periodistas con los intereses específicos de las partes de una controversia.

Esta discusión no se refiere, exclusivamente, al manejo de las fuentes y al derecho de la prensa de informar por escrito o por imágenes lo que ocurre al margen de las consecuencias que puedan tener las informaciones. Se refiere a la responsabilidad social de los medios en cualquier circunstancia, con mayor razón en situaciones límites o de tensión. Más allá de que una foto pudo llevar a un ciudadano injustamente a la cárcel, es importante que los medios aborden el problema de la desinformación, un tópico referido a la  independencia frente a las estrategias de los actores públicos.

Es preciso recordar que en la prensa nacional y arequipeña a raíz del conflicto alrededor de Tía María se desató una campaña homogénea en los contenidos y en la vocería a cargo de supuestos especialistas que luego se revelaron como operadores de uno de los bandos en pugna, y que un grupo denominado Colectivo por el Desarrollo de Islay ha terminado siendo poco menos que un organismo generado empresarialmente a cargo de campañas que un sector de la prensa recoge sin escrúpulos informativos. Como lo ha señalado este diario ayer, es injusto que los arequipeños vivan en medio de un conflicto social y de otro, el de la desinformación.

Finalmente, quizás sea conveniente recordar que la autorregulación opera como una condición crucial de la libertad de expresión y, al mismo tiempo, como un poderoso instrumento que garantiza la calidad de la información.

http://www.larepublica.pe/politica/editorial-29-04-2015

Se ha difundido a través de Youtube un video del momento en el que un poblador de nombre Antonio es detenido y llevado por varios policías durante la protesta en Islay contra el proyecto minero ‘Tía María’ el día 22 de abril en Valle de Tambo.

En el vídeo se puede observar como un Policía corre hacia el hombre y le «siembra» un objeto en la mano, el poblador resistiéndose tira el objeto, siendo el mismo policía quien lo recoje y lo vuelve a poner en las manos del poblador.

Todo parece indicar que un miembro de prensa estaba esperando ese momento ya que el fotografo aparece corriendo y enfocando directamente la mano del detenido el cual estaba siendo presionado por el policía. La foto posteriormente fue publicada en el diario. Lo que genera que en el video se denuncie una supuesta complicidad con el periodista gráfico.

También se puede observar que la polícia trata de asustar al poblador dentro de una camioneta policial increpándole por haber tenido, supuestamente, el objeto en la mano, a lo que él responde entre lágrimas que no le pertenecía.

Una persona falleció durante el Paro en rechazo al proyecto Tía María de la minera Southern Copper en la ciudad de Islay – Arequipa, informó el director de la red de salud local, Walter Vera.

La víctima se trata de Victoriano Huayna Mina de 61 años, quien presentó una lesión en el miembro inferior derecho por perdigones, en una zona cercana a la ingle, según informe de la autoridad de salud.

Huayna Mina, llegó herido al puesto de salud local y luego fue transferido al hospital Juan José López Pari de la ciudad de Mollendo, donde falleció.

«La policía ha disparado, la gente ha encontrado casquillos de bala. Lamentablemente se han hecho las llamadas a las autoridades de Lima, pero nadie nos contesta», mencionó Elard Valencia, alcalde del distrito de Cocachacra, epicentro del conflicto, en declaraciones a la televisora N.

Al final de la tarde de noche se habla de más de 12 heridos en el Valle el Tambo entre los cuales 6 se encuentran actualmente hospitalizados por perdigones, bombas lacrimógenas, y se menciona del uso del uso de armas de fuego (balas) producto de la represión policial. Habría más heridos entre, pero lamentablemente muchos de ellos no acuden a los centros de atención por temor a ser detenidos por la policía la cual se encuentra ubicada en dichos lugares con ese fin.

Tras confirmarse el fallecimiento de Huayna Mina en Islay un grupo de manifestantes llegaron a la Plaza de Armas de la ciudad Arequipa para realizar una vigilia de apoyo a los familiares del fallecido y en rechazo al proyecto Tía María.

La población frente a la Basílica Catedral, llegaron con carteles y velas, donde se informa que seis mujeres, entre ellas, una joven, fueron agredidas por la Policía Nacional.

“Si la orden del Ministerio del Interior es no usar balas, ¿por qué el General Blanco no está cumpliéndolas? ¡Ni un muerto más! No se puede disparar a la población civil desarmada solo porque protestan”. Declaro Roció Silva Santisteban, Presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En la ciudad de Lima, jóvenes de diversas partes de la ciudad realizaron un plantón en la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno y en las puertas de la compañía minera Southern Perú, quienes también sufrieron de la represión policial.

Según información de una radio local de Valle de Tambo, se menciona que el poblador Juan José López Mamani se debate entre la vida y la muerte en sala de emergencia del hospital Honorio Delgado. Sus familiares informan que se encuentra en coma y hasta el momento no reacciona “una bala le habría ingresado por un costado del abdomen con perforación del hígado”.

Atravesando un paisaje lunar a través de las pampas de La Joya, en un camino de herradura, una se encuentra con una puerta: es la entrada al Proyecto Minero Tía María. Para pasar es necesario pedir permiso al vigilante de la empresa. No, no es agresivo como los de Yanacocha, simplemente apunta en un papel y deja pasar a los transeúntes. Más adelante 20 policías caminan bajo el tórrido sol con una especie de cascos con tapaorejas de tela. Sudados y sedientos. Nos miran alejarnos.

A los dos lados de esa pista afirmada vemos que hay piedritas puestas como si fueran pequeñas apachetas: no son dos, ni decenas, son miles de piedritas durante varios kilómetros. ¿Quién se ha tomado tremendo esfuerzo? Nos dicen que la empresa Southern se gana el “cariño” de la gente contratando a pobladores para poner, literalmente, piedras al costado de la vía. Un trabajo inútil, improductivo, pero de salario seductor. Sobre la siguiente curva vemos el cerro de cobre: ese será el tajo al que muchos temen y otros desean. Un par de vueltas más y la aridez se corta de porrazo: un valle hermoso, verde, impregnado de arroz y árboles frutales, salta a la vista. Desde hace cien años, agricultores y campesinos, le han ganado la batalla a pulso contra la tierra seca: granadas y membrillos que penden de los árboles imponen su presencia y su victoria.

Hoy el distrito de Cocachacra está concesionado al 108%, ¡¿cómo es posible?! Hay concesiones sobre concesiones producto del relajamiento del ordenamiento territorial durante el gobierno aprista. Hoy, para las empresas mineras es un derecho legítimo otorgado por el Estado peruano. En su carrera loca por conseguir inversiones como sea, el gobierno de AGP concesionó todo el valle del Tambo. Por eso, no se trata de cuestionar por cuestionar el proyecto sino por la posibilidad de la entrada de otras empresas.

Incluso, el tajo de Tía María no sería tan problemático si no incluyera el tajo La Tapada, cuyo perímetro de influencia llega casi a orillas del río. Se ha solucionado con el levantamiento de observaciones el problema del agua superficial con las posibilidades de desalinización del agua de mar (pequeño dolor de cabeza para los veraneantes de Mejía que también se oponen al proyecto), pero ¿y la contaminación de la napa freática en cada uno de los dos tajos? ¿por qué el Estado no acepta el pedido de los alcaldes y los miembros de las juntas de usuarios para que UNOPS revise si sus observaciones fueron levantadas o no con el segundo EIA?

El día jueves 16 de abril una misión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui y Cooperacción llegamos a Cocachacra invitados por su alcalde, Elard Valencia, con la finalidad de recoger información sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto. En el año 2011, durante su primera escalada, murieron tres personas por impactos de arma de fuego de la PNP y hoy hay decenas de heridos de perdigones o gases lacrimógenos. Sí, la gran diferencia entre usar balas y perdigones implica la vida de los seres humanos, felizmente eso lo sabe el actual ministro del Interior Pérez Guadalupe. Sin embargo las lágrimas que corrían por los rostros de esos agricultores trejos cuando nos narraban sus historias están vinculadas con el dolor moral: la indignación. “¡¿Por qué, doctorita, creen que somos ignorantes y nos dejamos arrastrar por cuatro dirigentes?, ¿por qué nos llaman terroristas antimineros?! Somos gente honrada que vive de la agricultura, y lo único que queremos es vivir en paz!”.

Mientras tanto el gerente de la Southern Copper que acusa a la población inocente de ser terroristas, Óscar González Rocha, es procesado por contaminación del aire y arrojar arsénico al mar de Ilo. ¿Quién es el delincuente?

 

Fuente: La República

Más allá de los avances en materia normativa (Ley, Reglamento, protocolos, etc.), el derecho a la consulta previa a los Pueblos Indígenas continúa en el ámbito de las deudas históricas que tiene el Estado para con los pueblos indígenas, si bien se han culminado ocho procesos de consulta, ninguno de los acuerdos de éstos se han implementado, pese a que por ejemplo, el proceso de consulta para el establecimiento del Área de Conservación Regional Maijuna-Kichua (Loreto), concluyó en octubre de 2013.

Asimismo, sectores como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), habrían emitido hasta 16 Resoluciones Directorales –hasta agosto de 2014- autorizando la exploración minera en lugares donde existen pueblos indígenas, ello según la comunicación emitida por la Defensoría del Pueblo al MINEM y al Ministerio de Cultura (MINCU), señalando que el sector no ha consultado en ninguno de esos casos.

Los argumentos que habría esgrimido el MINEM para evadir la consulta previa en casos de minería han sido disimiles, desde la supuesta renuncia de las comunidades a su derecho de ser consultadas o la supuesta inexistencia de pueblos indígenas en base a supuesta información que el MINCU le habría alcanzado, contradiciendo así a la autoridad en materia indígena del Poder Ejecutivo (MINCU), que habría comunicado que en dichos ámbitos existían pueblos indígenas.

A casi un año de emitida la comunicación de la Defensoría del Pueblo (Oficio Nº 249-2014-DP/AMASPPI) al MINEM, el silencio y las respuestas a medias se han convertido en parte de un libreto que termina secundando la posición del gremio minero que, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado en contra del derecho a la consulta previa, ¿esa es la minería moderna que queremos?

 

Por Aldo Santos
Comunicador Social

Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora de Derechos Humanos, sostiene que la detención del dirigente antiminero Jesús Cornejo en Arequipa “es como apagar el incendio con gasolina”.

“El gran problema es que en una situación de conflicto con tensiones mutuas y desconfianza, no se debe llenar más leña al fuego.  La detención del dirigente antiminero Jesús Cornejo es como apagar el incendio con gasolina”, precisó en Radio Exitosa

“La gente está esperando que el diálogo sea efectivo. El Estado no puede ser wachimán de las empresas mineras”, agregó Silva.

Como se sabe, Cornejo fue detenido esta mañana en el sector de El Fiscal en la provincia arequipeña de Islay, por intentar bloquear  la vía que une Arequipa con Cocachacra.

Fuente: Radio Exitosa

Marlene Luz Castillo Fernández, Master en Extensión Agrícola y Desarrollo Regional de los Andes, miembro de la Red Agua, Desarrollo y Democracia de Piura, recientemente ha sido consultora de instituciones como CEPES y CooperAcción, todas ellas instituciones miembro de la RED MUQUI.
Conformó el equipo técnico que apoyó a la Municipalidad de Dean Valdivia, de la provincia de Islay, en coordinación con CooperAcción y la RED MUQUI, en la preparación del documento «Valle de Tambo-Islay: Teritorio, agua y derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto», que contenía una rigurosa revisión del primer EIA que presentó la empresa minera Southern Peru para el proyecto minero Tía María.
Ésta vez Marlene Castillo se ha dedicado, de manera rigurosa a revisar el EIA aprobado por  en su documento: “Proyecto Minero Tía María – 2014: Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que sustentan la negación de la licencia social”, donde presenta argumentos críticos frente al proyecto Minero Tía María.
Su hipótesis central es que la ejecución del proyecto minero se configuraría un escenario de alto riesgo para la zona agraria vulnerable. Ella presenta tres escenarios de riesgo y cada uno lo describe ampliamente con datos actuales:

1.       El escenario de riesgo 1 que se configuraría con la contaminación del aire y la sedimentación de las partículas menores (menores a 2.5 micras) en el agro vulnerable.

2.       El escenario de riesgo 2 que se configuraría con la contaminación del acuífero aluvial – río Tambo vía el drenaje de agua ácida y la liberación de metales.

3.       El escenario de riesgo 3: incertidumbre alta sobre afectación del ecosistema marino salobre con la instalación y funcionamiento de la planta desalinizadora sin estudio de factibilidad

Finalmente ella presenta en su documento «Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que sustentan la negación de la licencia social -Proyecto Tía María 2014» la importancia del Valle de Tambo y las familias productoras.

La Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami) denunció ante el Ministerio Público a un grupo de funcionarios del Centro Nacional de Salud Ocupacional y de Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) por ocultar información referida a la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros que viven en las zonas aledañas al proyecto minero Tintaya – Antapacay.

La denuncia de Adepami está referida a los exámenes realizados a inicios del año 2013, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo instalada en a fin de atender las demandas de la población afectada por las operaciones mineras de la empresa Glencore – Xstrata.

En dicho espacio de diálogo se acordó realizar los estudios necesarios para determinar la presencia de metales pesados en el organismo de los pobladores. Las muestras fueron examinadas por el Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, institución que hizo una medición para determinar la presencia de hasta 17 metales pesados, sin embargo, a la población solo se le informó de los resultados sobre la base de seis obviándose los datos acerca de los otros 11 parámetros medidos.

“Nuestra Asociación considera que los presuntos hechos delictivos lindan con la comisión de los presuntos delitos contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General, Falsedad Ideológica, Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos y Falsedad Genérica; así mismo por el presunto delito contra la administración Pública, en su modalidad de Malversación y por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Exposición a peligro o abandono de personas en peligro, sub tipo exposición a peligro de persona dependiente”, señala Adepami.

La denuncia alcanza a Juan Cossio Brazzan, Director Ejecutivo de Medicina y Psicología del Trabajo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Carlos Huamaní Pacsi, Director Ejecutivo de Identificación, Prevención y Control del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Estela Encarnación Ospina Salinas. Directora General del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud.

También a Cesar Cabezas Sánchez, Jefe del Instituto Nacional de Salud,  investigador principal encargado de la ejecución del Estudio de Exposición a Metales Pesados, realizados en Espinar en  Enero del año 2013.

Adepami ha solicitado a la Fiscalía que se recoja las declaraciones de los denunciados y de aquellas personas cuyos testimonios ayuden a esclarecer los hechos denunciados. Asimismo que se recabe toda la documentación que permitiría establecer responsabilidades de quienes resulten implicados, entre ellos la Resolución Directoral que aprueba la investigación por el Instituto Nacional de Salud, conforme se tiene del numeral 5.2.15 de las Disposiciones Generales, de la Directiva N°003-INS/OGITT-V.01; los Informes de avances y el Informe Final presentados por Carlos Sánchez, a la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica.

Además que se solicite al Centers for Disease Control and Prevention que dé a conocer la fecha en que remitió los resultados practicados de los 17 metales en las muestras de orina recolectada, al Instituto Nacional de Salud del Perú; y si conocían que CENSOPAS había solicitado el consentimiento a los participantes para que se les practique exámenes solamente de 6 metales pesados.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informa que ha llevado a cabo acciones de fiscalización continuas a la unidad minera Arasi operada por Aruntani S.A., en el departamento de Puno. Así, entre los años 2010 y 2014, el OEFA ha realizado ocho (8) acciones de supervisión directa, dos (2) monitoreos de calidad de agua y sedimentos en el ámbito de influencia de la unidad minera y ha impuesto seis (6) sanciones firmes.

En efecto, en los últimos cinco años, el OEFA realizó cinco (5) supervisiones regulares y tres (3) especiales a la unidad minera; y en atención a los hallazgos detectados, impuso tres (3) sanciones, en el primer caso resolvió una multa por un monto de 46.53 UIT y en los dos últimos casos dictó medidas correctivas, en aplicación de la Ley Nº 30230. Asimismo, en virtud a tres (3) supervisiones realizadas en el 2009 por Osinergmin, el OEFA impuso tres (3) sanciones que suman 390 UIT.

En relación a los monitoreos ambientales realizados en el ámbito de influencia de la unidad minera, en el mes de febrero del 2013 se realizó un monitoreo de calidad de agua en el río Chacapalca y sus afluentes, y en el mes de julio del mismo año se realizó un monitoreo de calidad de agua y sedimentos en los ríos Chacapalca y Ocuviri. En seguimiento a dichas acciones, se ha programado un monitoreo de calidad de agua, aire y sedimento para el tercer trimestre del año 2015.

Adicionalmente, el 18 de enero del 2015 el OEFA participó, a solicitud de laFiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una diligencia fiscal para identificar la mortandad de peces (truchas) en el río Jatun Ayllu, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, atendiendo el requerimiento de los ciudadanos de Ocuviri.

En dicha diligencia, el OEFA tomó muestras de calidad de agua de los ríos Jatun Ayllu, Chacamayo y Chacapalca, programándose una nueva diligencia fiscal para el martes 9 de junio del 2015, donde participarán autoridades locales y la población de Ocuviri.