Monseñor Pedro Barreto Jimenos, arzobispo de Huancayo y presidente del CELAM. Foto: CNBB.org

 

La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Red Latinoamericana «Iglesias y Minería», a la que también pertenece la Red Muqui, publicaron el libro «Iglesia y minería. En defensa de la vida y de los territorios” que recopila una serie de casos de poblaciones afectadas por la minería, las cuales han sido acompañadas por organizaciones religiosas que también son testigos de los impactos causados por esta actividad extractiva.

Es así que la publicación, expone testimonios sobre la realidad de las comunidades, pastorales, diócesis y movimientos sociales, que actúan en defensa de la vida y del territorio frente a los impactos de la minería.

Además de contener el detalle sobre movilizaciones sociales, el libro incluye algunos encuentros promovidos por la Red “Iglesias y Minería” con participación de la CNBB. Uno de ellos, se llevó a cabo en Brasilia (diciembre 2014), en donde se reafirmó que el Evangelio debe hacer el seguimiento de los impactos de la actividad minera en los pueblos de América Latina que se sienten amenazados, y condenados a la destrucción de sus medios de vida, así como a la negación de un posible futuro.

Una actividad importante que está incluida en el libro, es la reunión entre el Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano y las comunidades alcanzadas por la minería, que se realizó en julio de este año. A partir de la reflexión + “Unidos a Dios, escuchamos un grito”, los representantes de comunidades provenientes de cuatro continentes (18 países), expresaron su preocupación acerca de cómo las grandes corporaciones mineras trazan estrategias de acercamiento sobre sus territorios.

Luego de ofrecer una contextualización socioeconómica de la minería y reflexiones bíblico-teológicas y pastorales; el texto publicado por la CNBB y la Red “Iglesias y Minería”, también muestra experiencias de la realidad brasileña. Ello apunta a experiencias de resistencia, articulación y búsqueda de soluciones para la sociedad  a través de la justicia, la inclusión y la sostenibilidad.

«Iglesia y minería. En defensa de la vida y de los territorios» fue presentado en el estado brasileño de Manaus, por el arzobispo de Huancayo (Perú), y  presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), monseñor Pedro Barreto Jimenos. De igual manera, fue difundido por el obispo de Ipameri y presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CNBB, Guillermo Werlang.

Durante su presentación, Barreto también afirmó que la actividad minera debería tener un respeto irrestricto a las comunidades indígenas, y sobre todo a la dignidad de la persona humana y al cuidado del ambiente natural. “La estremecedora encíclica del Papa Francisco, “Laudato Si” puede ayudar a responder sobre el desafío frente a la minería irresponsable y el extractivismo irracional”, señaló monseñor de Huancayo.

En cuanto a la realidad de las comunidades, el arzobispo peruano destacó que el libro revela testimonios de comunidades que ocupan sus territorio desde hace varias generaciones, y de repente se ven forzadas a migrar a otros lugares, causándose en ellos una ruptura con su cultura y sus orígenes. “La iglesia no puede aceptar eso”, enfatizó.

Fuente: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Este jueves 20 de agosto, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica dará inicio al juicio oral en el que se determinará la culpabilidad –o inocencia– del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, y los dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herbert Huamán Llave y Sergio Huamani Hilario, a raíz del conflicto socioambiental que se desató hace tres años en la provincia de Espinar (Cusco).

Este proceso inicia luego de 3 años y 2 meses de investigaciones por parte de la Fiscalía Provincial de Ica, que ahora solicita más de 20 años de cárcel y el pago de S/. 100 mil por reparación civil, para Mollohuanca, Huamán y Huamani, quienes son acusados por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios.

Cabe recalcar desde el año 2012, el Ministerio Público de Ica inició nueve procesos penales en contra de varios dirigentes sociales de la Provincia de Espinar, a quienes también se les acusó de delitos contra el orden público, luego del paro contra el proyecto minero Tintaya de la minera Xstrata (hoy Glencore Antapaccay).

Sin embargo, en noviembre del año pasado, se archivaron las investigaciones fiscales contra el personal de seguridad de la Municipalidad Provincial de Espinar, que había sido acusado de tenencia Ilegal de materiales explosivos e inflamables y disturbios. Asimismo, se archivaron las investigaciones de la fiscalía en torno a las dos personas que fallecieron en medio del enfrentamiento entre policías y pobladores, en el paro del 29 de mayo.

A Óscar Mollohuanca se le imputan los delitos de peculado, apología de delito, disturbios y atentado contra la seguridad común durante las protestas contra la minera Xstrata Tintaya. Según el entonces Fiscal de la Nación, José Peláez, su caso fue trasladado a Ica ante las supuestas amenazas que recibían jueces y fiscales en el Cusco. Fue así que el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación emitieron dos resoluciones administrativas (N° 096-2012 y N° 1343-2012, respectivamente), para derivar la competencia de los procesos de Espinar (Cusco) a los Juzgados y Fiscalías de Distrito Judicial de Ica.

Desde el año 2012 está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) por este pedido de cambio de competencia para que el proceso judicial se desarrolle en Cusco, y no en Ica.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco), miembro de la Red Muqui.

POR EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO A LA ASOCIACION Y LIBRE EXPRESIÓN

El 10 de agosto, el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera Gobierno de Bolivia, anunció en una conferencia de la Asamblea Legislativa Nacional que expulsará a aquellas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, a su juicio, se entrometan en la vida política del país. Las advertencias de expulsión y las críticas del Gobierno también se hicieron específicamente a las ONG bolivianas Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Fundación TIERRA. Sumamente preocupados ante estos acontecimientos, los abajo firmantes redes y plataformas de la sociedad civil peruana y de ONG internacionales de cooperación al desarrollo en la región, deseamos expresar lo siguiente:

1. Las organizaciones de la sociedad civil gozan de derechos y obligaciones, garantizados por pactos del derecho internacional, reflejado en las constituciones y leyes de los países de la región, incluyendo Bolivia. Entre estos derechos se encuentran los derechos elementales de un Estado democrático, el derecho a la asociación y el derecho de libertad de expresión, pero también el derecho de acudir a financiamiento para poder cumplir sus funciones1

2. El Estado Plurinacional de Bolivia no solo ha ratificado estos derechos sino también forma parte de la “Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo” que en su última reunión de alto nivel en México en abril 2014, reitero lo acordado en Busan en 2011, que “Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplen una importante función posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo, y fiscalizando la puesta en práctica de estas. Al respecto, apuntamos la pertinencia de los Principios de Estambul y el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC. Reafirmamos nuestra determinación de cumplir plenamente nuestros respectivos compromisos con el fin de posibilitar que las OSC desempeñen su función como actores independientes de desarrollo, centrándonos particularmente en la promoción de un entorno favorable, acorde con los derechos internacionales acordados, que potencie al máximo la contribución de las OSC al desarrollo y, para ello, alentamos el diálogo multipartito incluyente y democrático en la esfera nacional y la instauración de las correspondientes medidas de capacitación y apoyo.“

3. Las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil boliviana al desarrollo de Bolivia en los últimos 50 años no solo han sido ampliamente documentadas, sino también han sido reconocidas por autoridades gubernamentales y abarcan sectores como salud, educación, infraestructura, medio ambiente, derechos ciudadanos e incluyen propuestas y monitoreo de políticas públicas. 4. Los mecanismos de apoyo mediante organizaciones de la cooperación internacional al desarrollo – gubernamental o no gubernamental – a las ONG bolivianas son conocidas por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que ha encargado el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento

Externo registrar y aprobar las distintas operaciones e igual que otros países, otorgó beneficios tributarios a los proyectos ejecutados por las ONG en Bolivia. Las ONG nacionales e internacionales rinden cuentas sobre el trabajo realizado y los recursos empleados ante el Estado, la ciudadanía y las organizaciones que les brindan apoyo financiero. Las experiencias y aprendizajes de nuestro trabajo han contribuido a mejorar eficiencia y eficacia de la cooperación al desarrollo.

5. El trabajo de las ONG es independiente de los Gobiernos y Estados y tiene sus raíces en valores democráticos, principios éticos, derechos constitucionales e intereses ciudadanos de contribuir al desarrollo sostenible y a favor de grupos vulnerables.

6. Los proyectos de desarrollo no se implementan en un vacío sino son coordinados con los principales actores, entre ellos beneficiarios, organizaciones sociales, gobiernos locales, regionales y ministerios sectoriales y sus respectivos planes de desarrollo; existiendo en muchos casos cooperación directa. Pero ello no quita a las ONG el derecho a la discrepancia y la expresión de la misma, que en muchos países ha contribuido a mejorar políticas públicas e incluso ha contribuido a salvar o restaurar la democracia de la dictadura.

Consideramos que los acontecimientos descritos anteriormente constituyen una amenaza a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo. No solo desconocen los derechos que les atribuye la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia sino contradice lo que el Gobierno boliviano reconoce en foros internacionales: la independencia de las organizaciones de la sociedad civil. Tampoco contribuye a cumplir con los compromisos asumidos, entre ellos “la promoción de un entorno favorable, acorde con los derechos internacionales acordados que potencie al máximo la contribución de las OSC al desarrollo“, ni alienta “el diálogo multipartito incluyente y democrático en la esfera nacional“.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia: – Desistir de las amenazas a las ONG bolivianas en general, y específicamente la Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Fundación TIERRA, a cuales expresamos nuestra solidaridad. – Reconocer e implementar los compromisos asumidos internacionalmente en el marco de la “Alianza Global de Cooperación Eficaz al Desarrollo” y considerar la modificación de normas existentes que puedan contradecir derechos constitucionales de las organizaciones de la sociedad civil. – Buscar el diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil, especialmente sobre un entorno favorable para su eficiente desempeño a favor del desarrollo de Bolivia.

 

Lima, 18 de agosto de 2015

 

Firman por redes e instituciones sin fines de lucro:

  • Red Muqui (www.muqui.org)
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) (derechoshumanos.pe)
  • Grupo Propuesta Ciudadana (www.propuestaciudadana.org.pe)
  • Asociación Nacional de Centros (www.anc.org.pe)
  • La Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) (www.redge.org.pe)
  • Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (www.coeeci.org.pe)

Las Organizaciones miembros de la Red Muqui enfocadas en derechos humanos y temas de defensa legal, mostraron su satisfacción por la reciente aprobación de la ley que regula el “uso de la fuerza” de la policía nacional, como parte del ejercicio de sus funciones previstas en la Constitución.

Si bien es cierto, desde hace algún tiempo, la sociedad civil reclamaba una normativa como el recién aprobado Decreto Legislativo No. 1186, las organizaciones de la Red Muqui advirtieron que el texto de la norma aún muestra generalidades, respecto al accionar policial en un contexto de protestas y conflictos sociales.

En ese sentido, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz expresó su preocupación sobre algunas expresiones usadas para el uso del arma de fuego, por parte de efectivos policiales, en caso de protestas sociales. Para Fedepaz, algunos términos como: “Medios de policía”, “…otros elementos de apoyo” (inciso C, artículo 3), o “peligro real o inminente de muerte” (inciso E, artículo 8.3) no están del todo definidos, y podrían llevar a un efectivo policial a tomar una decisión arbitraria del uso de la fuerza. En atención a ello, Fedepaz pidió al Estado la pronta aprobación del reglamento de la ley, con el fin de evitar ambigüedades que podrían perjudicar a la población civil.

Para el abogado que lleva la defensa de casos en Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco, José Ramiro Llatas, estas imprecisiones en la ley causan una sensación de impunidad, debido a que la policía nacional no suele cumplir con sus atribuciones de saber mediar en casos de conflicto (artículo 11, numeral 6 de la Ley de la Policía Nacional). Para Llatas es recomendable, no solo reforzar el texto legal del “uso de la fuerza”, en cuanto a conflictos sociales y protestas, sino analizar también cómo actúa el Poder Judicial y la Fiscalía frente a los casos donde la policía es denunciada por abuso de autoridad. “Es curioso cómo los procesos contra dirigentes sociales avanzan con rapidez, mientras que los de algunos malos efectivos policiales, terminan siendo archivados”, aseveró Llatas.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dio cuenta en su informe anual de un total de 125 civiles muertos por uso excesivo de la fuerza, durante los conflictos sociales ocurridos entre el año 2002 y julio de 2015, es decir en los últimos 13 años. Dicha base de datos, realizada en base a fuentes como la Defensoría del Pueblo, centros médicos y algunos medios de comunicación, muestra que hubo 17 fallecidos durante el gobierno de Alejandro Toledo, 80 durante el gobierno de Alan García y en lo que va del gobierno de Ollanta Humala registra 45 fallecidos.

La Red Latinoamericana “Iglesias y Minería”, instó al Presidente de la República, Ollanta Humala, a no volver a recurrir al despliegue de Fuerzas Armadas en Arequipa con el fin de imponer el un proyecto minero como el de Tía María, que es rechazado la población del Valle del Río Tambo por afectar su calidad de vida.

En una carta dirigida al jefe de Estado, la red que agrupa diferentes organizaciones católicas y cristianas de Latinoamérica, le recordó a Humala Tasso que está comprobado que no existen condiciones sociales para llevar adelante dicho proyecto, por lo que le recomendó suspenderlo.

Tras lamentar el resultado de 12 muertos y cientos de heridos, “Iglesias y Minería” indicó que ello comprueba que la militarización no es la solución para desarrollar una actividad económica que le es ajena a un grupo de ciudadanos que vive ancestralmente de la ganadería y la agricultura. “Los errores que en su momento el gobierno nacional, o las empresa minera pudieran haber cometido, no pueden remediarse con el uso de la fuerza, la represión y la imposición del miedo como consigna”, replicó la red religiosa.

Asimismo, le recomendaron al mandatario que el camino fundamental para canalizar su solución es el diálogo, a partir de condiciones previas y una agenda consensuada, que no necesariamente debe ceñirse a negociar la realización del proyecto, sino de contemplar la posibilidad de suspenderlo y así recuperar la paz social.

Otra preocupación dirigida al jefe de Estado, se refirió a la campaña de ataque y difamación por parte del sector minero y algunos medios de comunicación, en contra de dirigentes sociales, organizaciones de sociedad civil, ONGs y  agencias de cooperación internacional,  por el hecho de acompañar a las comunidades y poblaciones afectadas, y mostrar su preocupación por los conflictos sociales generados por la minería.

En ese sentido, la Red “Iglesias y Minería” mostró su apoyo y solidaridad a diversas organizaciones como son: la RED MUQUI, la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, la RED AGUA, DESARROLLO Y DEMOCRACIA de Piura, DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS de Cusco y GRUFIDES,  cuyos miembros han sido calificados de “terroristas antimineros” y han sido víctimas de acciones hostiles que han avivado el conflicto que se vive en Arequipa.

Estas preocupaciones también fueron remitidas, a través de la misma carta, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Congreso de la República, Ministerios de Energía y Minas y Ambiente, y a la Defensoría del Pueblo.

La Red “Iglesias y Minería” agrupa a más de 70 comunidades cristianas, religiosas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos e instancias latinoamericanas de Iglesias Católica y cristiana, se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería a nivel de la región.

Ante los últimos acontecimientos suscitados en la ciudad de La Oroya, las instituciones de la región centro del país, integrantes de la Red Muqui, nos dirigimos  a las autoridades, a la opinión pública y a la población de La Oroya y  de la región Junín para manifestar lo siguiente:

La Oroya, creció en población y en su movimiento económico, principalmente gracias al dinamismo de las empresas mineras cercanas y la actividad industrial del Complejo Metalúrgico; sin embargo, ahora después de haber cerrado sus operaciones por más de seis años se enfrenta al reto de su reactivación a través de la modernización de su tecnología y cumplimiento de mejores estándares ambientales; por lo que, existe la necesidad de que Doe Run Perú se muestre en la subasta pública atractivo a los intereses de los inversionistas que buscan rentabilizar su capital.

Ciframos nuestras esperanzas y hacemos votos para que esta iniciativa logre estos objetivos; pero, lo que no podemos aceptar es que se haga afectando los legítimos derechos de los trabajadores, deteriorando o precarizando las condiciones laborales y menos aún, a costa de la salud de las personas o el deterioro de los recursos naturales que son el soporte de las comunidades.

El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC aprobado por el Ministerio de Energía y Minas fue elaborado por la administradora del Complejo Metalúrgico de La Oroya, aceptando una contaminación de hasta 365 µg/m3 de dióxido de azufre (SO2) por el periodo de catorce años más, cuando la recomendación de la OMS es de no más 20 µg /m3 de SO2.

Por lo antedicho, las organizaciones de la Red Muqui, expresamos nuestra profunda preocupación y solicitamos que:

  • Se suspenda inmediatamente todos los actos de violencia y afectación de derechos fundamentales de toda la población local o que se encuentre en tránsito por La Oroya.
  • Cualquier empresa que asuma la administración y el funcionamiento del Complejo Metalúrgico necesariamente, cubra sus costos operativos, sociales y ambientales para garantizar su viabilidad y sostenibilidad.
  • No forzar al funcionamiento de la Planta Metalúrgica sostenido en falsas soluciones. La empresa que la opere debe ser rentable por su propio funcionamiento y respetar la salud y la vida de las personas.
  • La población de La Oroya, autoridades y las fuerzas del orden restablezcan el orden y la paz, a través de un clima de diálogo y respeto

Saludamos la constitución del Comité Técnico de Trabajo destinado a analizar la problemática del Complejo Metalúrgico de La Oroya y Cobriza de manera integral, buscando las distintas alternativas viables mediante el diálogo alturado y pacífico hasta resolver este grave problema social y ambiental.

Manifestamos nuestras condolencias a la familia del señor Edward Soto de la Cruz, fallecido como consecuencia de los actos de violencia.

Lima, 14 de agosto 2015

RED MUQUI CENTRO

Centro Labor-Pasco, Centro de Desarrollo Agropecuario-CEDAP-Ayacucho, Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo, Red Uniendo Manos-Lima

Segundo día del Coloquio: Gobernanza local, pueblos indígenas e industrias extractivas en América Latina, giró en torno a las luchas sociales.

Es elemental cuestionar el rumbo que hemos tomado como humanidad en cuanto al modelo económico que se nos impone desde que abrimos los ojos al mundo, el capitalismo. Históricamente, América Latina ha tenido experiencias coloniales ligadas a relaciones comerciales y de dependencia occidental, una realidad preocupante que aún se mantiene. La expansión de los tentáculos del extractivismo se dispersan en toda América Latina y es respaldada por los gobiernos de turno. ¿Cuál sería la verdadera solución y qué aspectos se deberían considerar? Las ponencias de hoy muestran que el camino se encuentra en la resistencia a través de la organización y sobretodo en articular las luchas, para que los movimientos logren trascender fronteras.

Laura Rival, realizó una importante investigación sobre la Biosfera Yasuni y señala que el petróleo es como la sangre de la economía ecuatoriana. Además, nos recuerda que es importante considerar el potencial que tenemos gracias al multiculturalismo, asumirlo como una fuerza para vencer los grandes desafíos a través de soluciones creativas y abrir nuevos pensamientos sobre las formas políticas y cuestionar los intercambios económicos que hacen posible la vida sobre este planeta en el siglo XXI. Plantea también que es importante tener una perspectiva antropóloga de acercamiento interpretativo y entender cómo la sostenibilidad y los valores pueden cambiar el comportamiento en el ser, proponiendo que debemos ir más allá del orden y saber qué  debemos hacer para vivir bien como seres humanos. Del mismo modo, Wladimir Sierra, nos habla sobre la realidad de las luchas sociales en Ecuador, la estrategia del gobierno es fraccionarlas y crear nuevos pseudo-movimientos sociales que apoyan a las decisiones del gobierno y no las cuestionan.

Marco Antonio Godinez, nos habla la realidad que vive Guatemala y menciona que las luchas sociales se han enfrentado a tanto que han adquirido una actitud trasformadora desligada del miedo y es la utopía la que le da un norte a las acciones. De modo que plantea que es necesario involucrar a la comunidad como actor político complejo mediantes formas locales de organización para luego intercambiar experiencias regionales y locales.

Humberto Pacheco, nos cuenta sobre los conflictos sociales en Espinar y que la realidad en torno a estos conflictos se resume en un círculo vicioso, un ciclo que comienza con el estallido de determinado conflicto social, luego se apacigua cuando el Estado propone y crea espacios de diálogo para proponer soluciones, después al incumplirse los compromisos por parte del Estado, nuevamente aparece el descontento social y estalla con más fuerza el conflicto social.

Por otro lado, Walter Lumache y Edwin Armata, nos hablan sobre la resistencia de organización indígena frente a las políticas extractivas en Bolivia y del doble discurso del presidente Evo Morales, debido a la contradicción que existe entre sus mensajes públicos y sus políticas de gobierno. Ya que a nombre del desarrollo, se arrebatan espacios indígenas, se destruye la selva y se vulneran los derechos de las personas y la naturaleza. Estas políticas de gobierno, evidentemente defienden intereses particulares y por esta razón, los pueblos indígenas continúan movilizándose y siguen con sus propuestas para la construcción de un estado plurinacional con autonomía indígena para administrar el territorio.

Finalmente, Dario Rastrepo, menciona que actualmente existe un incremento de la corporización y la privatización del ordenamiento territorial y que el papel del estado, prioriza el mantener el sistema extractivista como motor de desarrollo y solo se limita a mantener un carácter paternalista  y asistencial.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) dijo que está viajando a supervisar los proyectos ejecutadas por las ONG en las regiones con un alto índice de conflictos sociales, entre ellas Arequipa, Madre de Dios, Cusco y Cajamarca.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) advirtió que quedarán fuera del registro de esta entidad las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX) que no hayan sometido a supervisión el uso que le dan a los recursos que reciben de la cooperación internacional, y aquellas que no hayan presentado la Declaración del Informe Anual de Actividades y un Plan Anual de Actividades para el año de inicio.

En un comunicado de prensa, APCI afirma que ha dispuesto el cumplimiento de tales medidas “en la firme tarea de fortalecer el trabajo de supervisión” de las actividades que cumplen las ONGD y las ENIEX.

El martes 19 último, fue publicada en las Normas Legales la Resolución Directoral Ejecutiva 085-2015/APCI-DE, que especifica los procedimientos en los registros de las entidades que reciben ayuda económica del extranjero.

En el mismo comunicado de prensa se indica que APCI ha conformado grupos de trabajo que están viajando a supervisar los proyectos ejecutadas por las ONGD en Arequipa, Madre de Dios, Cusco, Cajamarca y otras regiones con alto índice de conflictos sociales.

También lea: Defensoría del Pueblo: Hay 149 conflictos sociales activos en el Perú

Rosa Herrera, jefa de la Agencia, aseguró que vienen “desarrollando un proceso de supervisión de los diferentes Organismos No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), a las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX), así como acciones de supervisión a donaciones de carácter asistencial y educacional gestionadas y distribuidas por las Ipredas, con el fin de cautelar el correcto uso de los recursos y donaciones que reciben»

 

Fuente: Gestión

El día de ayer 21 de mayo, se ha publicado la Ley 30327, que no es otra que la aprobación del proyecto de ley 3941, denominado “Ley de Promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”.

Al respecto hemos realizado en RED MUQUI un análisis inicial de la citada ley, el que adjuntamos a la presente para conocimiento público, pero queremos hacer hincapié en un punto que no ha sido evaluado por los legisladores al momento de dictar la norma y que ha sido materia de estudio por parte del Ing. Ricardo Muñoz Portugal en su publicación “Descentralización del desarrollo”.

El hecho es que según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la citada Ley, así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno (con el Gobierno Central), y señala como una de las competencias exclusivas del Gobierno Regional, de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, en el literal j), “el administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal”.

En esa misma lógica, el artículo 62 de la misma Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que son funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, que incluye los terrenos eriazos, las siguientes:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales.
b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
c) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.

Estos artículos de la LEY ORGÁNICA de Gobiernos Regionales, no han sido considerados al dictarse la Ley 30237, pues ya hay 6 Gobiernos Regionales, como son Arequipa, Tacna, Lambayeque, Tumbes, Amazonas y San Martín, a quienes ya se han transferido dichas competencias exclusivas durante el Gobierno del Presidente Alejandro Toledo. La transferencia de competencias no fue continuada durante los Gobiernos de García y el presente de Humala, quienes pese a que existía ésta normativa las continuaron administrando hasta la fecha, lo cuál no es legal.
En sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC)  respecto a la jerarquía normativa entre las leyes orgánicas (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) y las leyes ordinarias (Ley 30327), se señala que: “dado que las leyes orgánicas se distinguen por el cumplimiento de requisitos especiales formales y materiales para su aprobación, una ley ordinaria (que no haya sido aprobada bajo tales requisitos) no puede regular materia reservada a aquella, o modificar o derogar una ley aprobada como orgánica, pues ello significaría la inconstitucionalidad de dicha ley ordinaria por violación del artículo 106  de la Constitución”.

Además el Código Procesal Constitucional establece en el artículo 79, que para apreciar la “validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional, considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, forma parte de este “cuerpo constitucional” entonces, por tanto no puede ser modificada por una Ley Ordinaria. Es por ello que desde la RED MUQUI resaltamos, que al haberse publicado la Ley 30327, se desconocen las competencias exclusivas que los Gobiernos Regionales tienen para la disposición de tierras eriazas de propiedad del Estado que se encuentre en sus jurisdicciones, lo que es inconstitucional.

Lima, 22 de mayo de 2015

RED MUQUI

 

Alcances de la Ley 30327 (ProyLey 3941) by prensamuqui

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, remitió una carta al Presidente de la República, Ollanta Humala, exhortándole a atender oportunamente la agenda pendiente con los pueblos indígenas y así consolidar la implementación del derecho a la consulta previa, el cual representa un importante mecanismo de diálogo para atender, recoger y canalizar las expectativas e iniciativas de dichos pueblos.

Si bien se han logrado importantes acuerdos en 10 procesos de consulta previa desde la aprobación de la Ley N° 29785, hace 3 años -€”dijo el funcionario-€” se advierte una demora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado. «€œEn ninguno de los casos se ha emitido, hasta el momento, la correspondiente medida administrativa que permita cumplir con los compromisos asumidos», lamentó.

Asimismo, Vega manifestó su preocupación por el desconcierto y malestar de las comunidades a raíz del anuncio del proceso de licitación del lote 192, en Loreto, para el próximo 15 de julio. «€œEs necesario que el Estado garantice un adecuado proceso de consulta previa y asegure que los acuerdos que se alcancen con los pueblos indígenas sean incorporados y cumplidos en el desarrollo de la operación petrolera», puntualizó.

Otro tema pendiente es que, transcurridos 20 años de vigencia del Convenio 169, aún no se ha realizado ningún proceso de consulta previa en el sector minero. «€œEsto sumado al hecho de que aún no se completa la publicación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, provoca que los pueblos indígenas andinos de habla quechua vean dificultado el ejercicio de su derecho a la consulta previa», señaló.

Finalmente, Vega afirmó que está en manos de las instancias del Poder Ejecutivo, aportar todos los recursos necesarios para cumplir con esta agenda pendiente en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas indígenas. «€œConfiamos en que se tomen las decisiones que permitan que las obligaciones asumidas con los pueblos indígenas sean atendidas lo más pronto posible», concluyó.

Lima, 21 de mayo de 2015.

 

Defensoria del Pueblo

 

Of 248-2015 a Presidencia República – Consulta Previa