Premios Goldman reconoce a Máxima Acuña como heroína ambiental a nivel internacional

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ESTA NOCHE EN EE.UU.

  • Activista hondureña Berta Cáceres también recibió este reconocimiento, meses antes de ser asesinada
  • En la premiación Acuña representará a toda Centroamérica y Sudamérica por su lucha en defensa del medio ambiente.
  • Newmont anunció que se retira del proyecto minero Conga

Este año la Fundación Ambiental Goldman colocó a la campesina peruana, Máxima Acuña, entre los seis ganadores del Premio Ambiental Goldman 2016, el mayor galardón que esta organización les otorga a los activistas que trabajan en pro del medioambiente y por sus respectivas comunidades en casa región del mundo.

Goldman la hizo merecedora del premio por su defensa del medio ambiente en el conflicto con la empresa minera Yanacocha, con lo cual ha sido reconocida como un símbolo de resistencia y lucha al ser constante en hacer valer su derecho a vivir en paz y vivir en su propio terreno.

Cabe recordar que su caso es conocido en todo el mundo, luego de haber sido capaz de enfrentarse a las empresas mineras Newmont y Buenaventura a las que derrotó en dos instancias judiciales tras demostrar -con documentos- que en 1994 compró la propiedad que la minera reclama haber adquirido entre 1996 y 1997.

Con esta acción, Acuña y su familia defendieron su derecho a vivir en paz y vivir en su propio terreno, además de impedir que la entrada del proyecto Conga utilice una laguna importante como vertedero de desechos, tras la explotación de oro y cobre. Precisamente, esta cuenca se encuentra en la entrada de la vivienda y las áreas de cultivo de Máxima.

A consecuencia de ello, su caso también fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la constante hostilización que ella y su familia ha venido sufriendo por parte del personal de Yanacocha quienes contrataron seguridad privada y policías para este fin.

Newmont da un paso al costado

Su reconocimiento coincide con el anuncio de la principal accionista de Yanacocha, Newmont, que acaba de renunciar a la ejecución del Proyecto minero Conga. En su informe anual publicado este año, la trasnacional admite en la página 22 que no anticipa poder desarrollar el proyecto Conga por ahora, debido a la reciente expiración de licencias de operación y construcción y la incertidumbre sobre la renovación de estas licencias. Prosigue que además del aplazamiento del proyecto, Newmont ha retirado a Conga de su declaración de Reservas y reclasificado el proyecto como “Material Mineralizado”.

Premiación

Máxima Acuña se encuentra ya en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos). La ceremonia de premiación será en el Teatro de la Ópera, este lunes 18 de abril. Ella será invitada a brindar un discurso ante mil personas. Luego permanecerá en este país, invitada por la Fundación Goldman, por espacio de una semana para cumplir con una importante agenda dentro de la cual se prevé incluso una recepción en la Casa Blanca, al ser considerada un símbolo mundial de resistencia y defensa del agua.

El Premio Goldman reconoce cada año a seis héroes medioambientales «por logros significativos en la protección del entorno y sus comunidades». Los ganadores son seleccionados por un jurado internacional que elige a partir de nominaciones confidenciales hechas por una red mundial de individuos y organizaciones ambientales.

Otra peruana fue premiada en el 2003

La actual directora del Instituto Natura de Chimbote (Áncash), María Elena Foronda. También fue galardonada con el premio Goldman en el año 2003. Foronda logró concitar la atención internacional, luego de lograr que periodistas extranjeros se interesaran en la grave contaminación que afecta al mar chimbotano que diariamente recibe alrededor de 1,000 toneladas métricas de residuos orgánicos y fecales. Actualmente ha sido elegida como congresista en representación de Áncash.

Desde 1990, Natura –organización que forma parte de la RED MUQUI- se inició una campaña de educación y concientización en las comunidades afectadas sobre su derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. De pronto, comenzó a gestarse un fuerte movimiento ciudadano que empezó a exigir a las autoridades que hicieran cumplir las normas de salud ambiental vigentes en el país, y a los industriales que utilicen «tecnología limpia» en sus fábricas, que minimice el impacto ambiental en su entorno.

DATOS

Otros ganadores del Premio Goldman de este año son:

  • Edward Loure (Tanzania): Encabezó la propuesta para dar títulos de propiedad a comunidades indígenes garantizando la protección de más de 200,000 acres de tierra.
  • Leng Ouch (Camboya): Trabajó en la clandestinidad para documentar la tala ilegal, exponiendo la corrupción que privaba a las comunidades rurales de sus terrenos.
  • Zuzana Caputova (Eslovaquia): Encabezó la campaña que causó el cierre de un vertedero de residuos tóxicos estableciendo un precedente para la participación pública en su país.
  • Luis Jorge Riverar Herrera (Puerto Rico): Ayudó a liderar una exitosa campaña para establecer una reserva natural en el Corredor Ecológico de Puerto Rico.
  • Destiny Watford (Estados Unidos): Motivó a los residentes de un barrio de Baltimore a derrotar planes de construcción para la mayor incineradora del país, a menos de una milla de distancia de su escuela preparatoria.

 

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) / Diario Perú21 / Diario El País

Foto: Goldman Prize

Video: Goldman Environmental

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Paro indefinido en Challhuahuacho se suspende ante próxima reunión con ministros

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LAS BAMBAS

  • PCM garantiza presencia de ministros en la zona para este 27 de abril

El jefe de la Oficina de Sostenibilidad y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONSD-PCM), José Ávila, garantizó que este miércoles 27 de abril se llevará a cabo un reunión ejecutiva entre las organizaciones sociales de Challahuahuacho (Cotabambas, Arequipa), y los ministros que participaron directamente en la mesa de desarrollo de este distrito que es la principal zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En respuesta, se acordó la suspensión del paro indefinido que se acata en todo el distrito desde el 5 de abril. Esta tregua se dará hasta el miércoles 20 de abril, día en que se llevará a cabo una reunión previa con los viceministros de los sectores involucrados en la Mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, y los dirigentes de las organizaciones sociales quienes acudirán con sus respectivos asesores técnicos.

El pasado 15 de abril, José Ávila llegó hasta Challhuahuacho y  se reunió con los dirigentes de las organizaciones sociales que sostienen este un paro distrital indefinido. En dicho encuentro, como representante del Ejecutivo, el jefe de la ONSD-PCM reconoció las causas legales del paro y su expresión pacífica, además de aceptar negociar la plataforma de lucha de las 35 comunidades indígenas de la zona, según indicó el alcalde distrital, Antolín Chipani, desde su cuenta de Facebook.

Chipani, aseguró a través de un comunicado, que la Federación Campesina de Challhuahuacho, el Frente de Defensa de los intereses del distrito de Challhuahuacho y la asociación de jóvenes PAKIS WARAKA, buscan el camino a la paz, mediante el desarrollo local y el diálogo.

Finalmente, el burgomaestre, dijo esperar que los acuerdos tomados en esta reunión con Ávila, contribuya a la paz y la estabilidad social en el distrito.

La medida de fuerza, que ha sido suspendida por el momento, responde al incumplimiento de los acuerdos tomados en la mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, la misma que ha venido trabajado de marzo a junio de 2015 para atender la situación de extrema pobreza de la población que habita zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

Fotos: Facebook de Antolín Chipani

 

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GORE Cajamarca destinará casi 38 millones de soles en remediación de pasivos ambientales

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  • Proceso de remediación comenzarán entre el 2016 y 2017
  • Inversión abarca 173 zonas de cinco distritos de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca

El Gobierno Regional de Cajamarca (GORE Cajamarca) decidió invertir 37.46 millones de soles para la remediación de pasivos ambientales en la provincia de Hualgayoc – Bambamarca anunció Sergio Sánchez, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) de esta  región.

Luego de haber llevado a cabo diversas reuniones en todos los niveles del GORE Cajamarca, fue posible aprobar dicho financiamiento para atender las 173 zonas más contaminadas a causa de la actividad minera en la región. Cabe recordar que Cajamarca cuenta con un inventario de 1,078 pasivos ambientales, de los cuales 953 se encuentran en la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, es decir, un 88.4%.

“Estos trabajos de remediación se llevarán a cabo durante este 2016 y el 2017, y de manera coordinada con autoridades locales, regionales y representantes de diversas bases de comunidades”, comentó Sánchez.

En el distrito de Chugur (Hualgayoc) se aceptó que la remediación de la zona del Sinchao sea trabajada por la empresa Activos Mineros, el mismo que será supervisado por un Comité que oficializará el inicio de sus funcionar, a partir de este jueves 14 abril. La labor principal del comité liderado por la RENAMA, es el monitoreo conjunto –autoridades y población- de cada paso del proceso de remediación. Más adelante, en octubre de este año, los trabajos de remediación comenzarán en las  zonas de Cleopatra, La pastora, Los Negros y Dorado Barragán. El trabajo con cada una de estas zonas corresponde a un proyecto de Inversión Pública que es financiado por el Gobierno Central.

Este es el detalle de cómo se distribuirá esta partida de casi 38 millones de soles, en los distritos de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca:

  • Cleopatra (19 zonas)   inversión 11.96 millones de soles.
  • La Pastora (82 zonas) inversión de 4.99 millones de soles.
  • Los Negros (49 zonas) inversión 9.38 millones de soles.
  • Dorado Barragán (5 zonas) inversión: 1.13 millones
  • Chugur (18 zonas) inversión estimada de 10 millones de soles.

El gerente de RENAMA Cajamarca, señaló que aún hay muchas zonas pendientes de remediación ambiental, la cual es responsabilidad de las empresas mineras, quienes en su mayoría tienen concesiones siguen vigentes y no se ocupan de los pasivos ambientales que son producto de su propia actividad.

“En un pasivo ambiental, la empresa que tiene la concesión vigente -y que está en actividad- es la que tienen la obligación de remediar; una vez identificada las empresas que tienen pasivos ambientales se tiene que notificar al Gobierno Central para hacer visible a estas empresas y para que estas hagan su Plan de Cierre”, explicó Sánchez.

DATOS:

  • La atención que el Gobierno Regional brinda a los pasivos ambientales mineros, está dentro de las actividades; sin embargo, la remediación de los mismos no es de su competencia, sino el de las empresas mineras en concesión.
  • GORE Cajamarca se encarga de monitorear el nivel de contaminación del agua y manejo de suelos, así como lograr que se lleve a cabo la remediación.
  • De los 1078 pasivos ambientales que existen en Cajamarca, y 500 cuentan con un Plan de Cierre, lo cual no significa que estos se cumplan.
  • Los pasivos ambientales son más peligrosos cuando ingresan al torrente subterráneo y también cuando va por aguas superficiales que son captadas para riego.

 

Foto: Facebook Bambamarca Medio

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Caso de contaminación por metales en población de Espinar fue expuesto ante la CIDH

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  • A esta audiencia acudieron representantes de víctimas de contaminación y un procurador del Estado
  • CIDH reconoce contundencia de las pruebas presentadas por los afectados en Espinar
  • CIDH pide que Estado revise situación jurídica de detenidos y denunciados en torno a este caso

En audiencia pública, los denunciantes y representantes de los afectados por contaminación en Espinar (Cusco) dieron a conocer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y presentaron como pruebas los estudios que el propio Estado peruano realizó en comunidades campesinas, y cuyos resultados se trataron de ocultar a la población expuesta a más de 10 metales pesados (cadmio, arsénico, cadmio, plomo y otros).

En este espacio internacional que se llevó a cabo este viernes de abril en Washington (Estados Unidos), también se describió la falta de atención que las comunidades de Espinar, Alto Huancané y Huisa, vienen demandando ante la contaminación por metales pesados en la sangre que sufren sus poblaciones.

Asimismo, se expuso ante la CIDH la situación de los detenidos y de quienes han, sido denunciados penalmente por el Estado, por hacer público este caso, tal como sucede con Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fernando Osores, médico ambientalista quien, en su momento, formó parte del equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) que tomó y analizó las pruebas de sangre de los pobladores.

VER VIDEO: Lo que quiso ocultar el MINSA sobre las comunidades contaminadas con metales en la sangre en Espinar

Los hechos que se narraron –y sustentaron– en audiencia, se enmarcan en un contexto de abandono de los roles del Estado hacia la población indígena de Espinar, como el de velar por la salud pública; además de presentar un nivel de coordinación ilegal entre algunos organismos del Estado y las empresas mineras que realizan actividad extractiva en la zona. De igual modo, se demostró ante la CIDH, el nivel de amedrentamiento que se ejerce contra los pobladores que han denunciado estos hechos. Una situación en la que convergen graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la salud, integridad física y vida digna.

Quienes dirigieron la audiencia fueron los integrantes de la CIDH: Paulo Vannuchi, Enrique Gil Botero y Esmeralda Arosemena, quienes mostraron su preocupación por la falta de atención de la  salud de la población de las comunidades afectadas, así como por la actitud del Estado de abrir procesos penales a quienes denunciaron o protestan por esta situación.

El Comisionado Gil Botero, reconoció que los estudios muestran con contundencia y de forma alarmante lo nocivo de los metales pesados. Mientras que la Comisionada Arosemena, solicitó al Estado peruano una evaluación y revisión de la situación jurídica de las tres personas detenidas de forma preventiva por reclamar contaminación, e hizo un llamado a detener la contaminación.

Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH lo siguiente:

Solitudes para el caso específico

  • Que el Estado peruano brinde atención a la salud de las víctimas expuestas a metales pesados en la región de Cusco, provincia de Espinar, y en concreto se realicen exámenes epidemiológicos y toxicológicos a toda la población afectada.
  • Que el Estado peruano asigne presupuesto a los planes de atención integral de las víctimas con metales pesados elaborados por el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud.
  • Que el Estado peruano garantice un servicio de salud adecuado, idóneo, y bien implementado, con personal técnicamente capaz e imparcial.
  • Que el Estado peruano archive la denuncia ante Ministerio Público contra el médico Fernando Osores Plenge y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, el primero médico asesor y el segundo abogado de las comunidades campesinas afectadas por metales pesados.
  • Que el Estado peruano, deje de criminalizar a los dirigentes de las comunidades campesinas en represalia por protestar contra la contaminación ambiental y la exposición a metales pesados en Espinar tal como se viene haciendo con 3 dirigentes de la Asociación de productores de Huinipampa, en Espinar, Cusco; específicamente se pide garantías para la dirigente Melchora Surco Rimachi.

Solicitudes generales

  • Que el Estado peruano cumpla con el deber de proteger a la población en su derecho a la salud, especialmente en zonas vulnerables, y cuando de por medio hay actividad de extracción de recursos naturales, especialmente mineras.
  • Que el Estado peruano se abstenga de realizar contratos, sea en materia de salud o de seguridad, con empresas extractivas de recursos naturales; a fin que no se vea mellado el principio de imparcialidad y no se corra el riesgo de privatizar servicios públicos.
  • Que el Estado peruano, bajo el principio de transparencia, solicite a las instituciones pertinentes a publicar todos los contratos que tienen tanto la Policía Nacional del Perú y las entidades del sector salud con empresas encargadas de extraer recursos naturales o las empresas tercerizadoras que realizan trabajo en zonas de extracción de recursos naturales.

Si deseas ver la audiencia completa puede visitar la página web de la CIDH: http://goo.gl/MDN9of


DATOS

  • En representación de las víctimas asistieron: Melchora Surco Rimachi, lideresa indígena; Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista. Por parte del Estado, participó el procurador, Luis Huerta Guerrero.
  • La audiencia fue gestionada por la Asociación para la Defensa de Paccpaco afectada por la Minería Alto Huancane (ADEPAMI), CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de Broederlijk Delen.

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF) / @dlcerqueira

 

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Este martes Challhuahuacho retoma paro indefinido y demanda presencia de ministros

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LUEGO DE ELECCIONES

Autoridades locales, dirigentes sociales y población del distrito de Challahuahuacho anunciaron que  este martes 11, se retomará el paro indefinido que iniciaron el 5 de abril y que fue suspendido debido a las elecciones generales, así lo dio a conocer el alcalde de dicho distrito, Antolín Chipani Lima, a través de su cuenta personal de Facebook.

Según refirió el burgomaestre local, las organizaciones sociales le informaron esta decisión al Minisitro de Vivienda, Francisco Dumler, quien llegó hasta Apurímac liderando una comisión del Ejecutivo con el fin de coordinar la ejecución pendiente de obras en Challhuahuacho, además de trasladarse a Tambobamba para supervisar la mesa de trabajo pendiente con toda la provincia de Cotabambas.

“(Durante) el cuarto día, del conflicto activo, y el primer día de suspensión del paro indefinido debido al proceso electoral, los representantes de organizaciones sociales recibieron en Challhuahuacho al Ministro Dumler, y le informaron muy respetuosamente que el diálogo y negociación iniciara solo bajo la presencia de Pedro Cateriano y los titulares de las siguientes carteras: MVCS, MINEM, MINAM, MTC, MINDIS, MINSA, MINEDU, MINAGRI, MINJUS Y CULTURA”, indicó Chipani.

El alcalde de Challhuahuaho señaló que esta medida de fuerza responde al incumplimiento de los acuerdos tomados en la mesa para el desarrollo de Challhuahuacho, la misma que ha venido trabajado de marzo a junio de 2015 para atender la situación de extrema pobreza de la población que habita zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En diálogo con RED MUQUI, el alcalde Chipani, aclaró que este paro distrital indefinido es acatado por ocho federaciones sociales, 34 comunidades campesinas y ocho barrios del distrito de Challhuahuacho. “La mesa provincial que se lleva en Tambobamba y el pedido de diálogo de las 47 comunidades Chankas-Yanawara son plataformas distintas”, agregó.

Mesa de diálogo, no de trabajo

De otro lado, en Tambobamba, el Ejecutivo se comprometió una vez más a cambiar la denominación de la “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” por una mesa de diálogo, acuerdo que las organizaciones sociales y autoridades locales de la provincia de Cotabambas (Apurímac) vienen esperando que se cumpla desde que se instaló oficialmente el 29 de febrero de este año.

Este viernes 8 de abril, el Ejecutivo comisionó al Ministro de Vivienda, Francisco Dumler, para atender los asuntos de la mesa de trabajo de Cotabambas, tras el retiro de las organizaciones sociales que exigían la presencia de un ministro de Estado. Tras sostenerse una reunión en la sede de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Dumler junto con algunos alcaldes y dirigentes sociales, acordaron que se modificará la resolución que denomina la mesa como un grupo de trabajo para el desarrollo.

De igual modo, acordaron reprogramar las fechas de inicio de los los sub grupos establecidos en la mesa de trabajo, que no se llevaron a cabo entre el 21 y 23 de marzo. Ronald Bello del Frente de defensa de los intereses de Tambobamba, comentó a RED MUQUI que, a raíz de este acuerdo, las organizaciones sociales decidieron reincorporarse a la mesa de trabajo.

Es así que fueron decididas las fechas de los ejes de trabajo:

  • Medio Ambiente: Jueves 21 de abril en Tambobamba.
  • Derechos Humanos: Viernes 22 de abril en el distrito de Mara – Pisaccasa.
  • Desarrollo Sostenible: Lunes 25 de abril en el distrito de Haquira.
  • Responsabilidad Social Empresarial: Martes 26 de abril en el distrito de Coyllurqui.

DATOS:

  • A Francisco Dumler, lo acompañó el Viceministro de Minas, Guillermo Shinno; el Viceministro de Transportes, Henry Zayra, así como representantes de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros.
  • Por parte de las autoridades locales asistieron la alcaldesa encargada de la provincia de Cotabambas, Olinda Bolívar; y los alcaldes distritales de Coyllurqui, Leoncio Mendoza Zambrano y de Cotabambas, Fortunato Mantilla Huaracc. También acudieron algunos dirigentes del Frente de Defensa de Cotabambas, Virginia Pinares, Ronald Bello, Rodolfo Abarca y Allem Torre.

Fotos: Facebook Antolín Chipani / Ministerio de Vivienda

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Policía Nacional brindará seguridad a la familia Chaupe Acuña

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POR DISPOSICIÓN DE LA ONAGI

  • Gobernación de Cajamarca asegura que tiempo de garantías personales es indeterminado
  • Si Yanacocha irrumpe en Tragadero grande tendría que responder ante el Poder Judicial

La Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) dispuso que la región policial de Cajamarca se traslade dos veces por mes hasta el predio de Tragadero grande para asegurar que el personal de la empresa minera Yanacocha deje de irrumpir y hostilizar a la campesina Máxima Acuña y a su familia.

La abogada de los Chaupe Acuña, Mirtha Vásquez, detalló que la resolución directoral N° 0014 – 2015 emitida por esta dependencia del Ministerio del Interior, precisa que estos desplazamientos serán de manera inopinada a bordo de motocicletas, además de proporcionar teléfonos móviles a Máxima Chaupe Atalaya, así como a sus hijos Daniel e Isidora Chaupe Acuña, quienes podrán estar en permanente contacto con la policía y alertarlos en caso de alguna emergencia.

Además Vásquez detalló que esta disposición se da en atención a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Habla el gobernador

Por su parte, el gobernador político de Cajamarca, Edwin Edquen Sánchez, indicó que la duración de estas garantías es de carácter indeterminado.

“Se han venido tramitando garantías, y estas ya llegaron a su punto final, es decir, están consentidas. Es por eso que se ha emitido un documento de cumplimiento por parte de la región policial y las acciones de protección ya se están llevando a cabo. La duración de las garantías es indeterminada”, recalcó Edquen.

Edquen indicó que desde que las garantías son efectivas, la policía ya cuenta con mecanismos de comunicar a la autoridad competente, si la tranquilidad de los Chaupe Acuña se está trasgrediendo. También aseguró que se le está comunicando a la minera Yanacocha sobre esta decisión de su despacho, así como de la resolución de la ONAGI, con el fin de que faciliten el cumplimiento de estas garantías.

“En caso de incumplimiento por parte de la empresa minera, a la gobernación ya no le correspondería continuar algún otro proceso, sino al Poder Judicial”, puntualizó.

 

DATO:

La última incursión de la minera Yanacocha al terreno de los Chaupe Acuña se dio el 15 de marzo último. Esta vez el personal de seguridad privada de la minera rosearon unos químicos en spray sobre el terreno.

 

Foto: Número-zero.net

Video: YouTube de Manuel Giovanni Quiroz Santaya

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Candidatos anunciaron propuestas de modelo económico en debate presidencial

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A UNA SEMANA DE LAS ELECCIONES

Los diez candidatos presidenciales en carrera, expusieron que tipo de modelo económico conducirían de llegar al gobierno. La mayoría de ellos apostaron con algún cambio en la forma en que se lleva la economía actual y coincidieron en impulsar la diversificación económica ante la crisis del modelo de exportación primaria que sostiene al Perú.

La RED MUQUI identificó las posiciones económicas de los candidatos y cómo estas –en algunos casos– fueron relacionadas a la minería, el medioambiente y comunidades indígenas, durante sus exposiciones y réplicas respectivas.

Alejandro Toledo (Perú Posible)

El expresidente y candidato, priorizó su propuesta económica de crecimiento en la inversión en seguridad ciudadana. Según dijo no se puede crecer sin seguridad y con la corrupción presente en el sector público. «Conmigo no había niveles de corrupción ni había la inseguridad que amenaza, te roban por un celular…», agregó.

Verónika Mendoza (Frente Amplio)

La congresista y candidata, indicó que su plan de gobierno apuesta por una diversificación de la economía, con énfasis en el turismo y en el agro. “Dependemos de la exportación de minerales y cuando los precios de estos se caen, se frena la economía”, resaltó. En ese sentido, dijo que su agrupación política cree en la recuperación de nuestra soberanía sobre los recursos al servicio del pueblo.

Para ello, recalcó también su voluntad de promover la aprobación de una nueva constitución, por lo que negó que el crecimiento económico del país se haya basado en el actual texto constitucional, sino al trabajo y sacrificio de los peruanos que dignamente sacan adelante a sus familias y a nuestro país.

Respecto a la minería ilegal, la candidata señaló que ello se puede combatir con la implementación de una política de ordenamiento territorial para definir dónde se puede hacer actividad minera y dónde no.

Alfredo Barnechea (Acción Popular)

Al referirse a la concesión del lote 56 del gas, Barnechea planteó que el Perú debe dejar de ser un país productor solo de materias primas y orientarse a la industrialización, es decir a la diversificación económica. En ese sentido hizo hincapié en la necesidad de redistribuir las ganancias obtenidas producto de las actividades extractivas en otros sectores de desarrollo social, esto se traduce a un “capitalismo popular de ciudadanos con economía social”, según dijo.

«Pasar la plata de los recursos no renovables (…) y pasarla a los sectores constantemente renovables que son la infraestructura y la educación», resaltó.

Para ello destacó su propuesta de equilibrar los porcentajes de impuestos que pagan las empresas que extraen recursos naturales. “Tenemos que equilibrar las cuentas fiscales, y para ello es necesario cambiar la relación con las industrias extractivas. Renegociar el contrato del gas por ejemplo”, remarcó durante sus intervención.

Gregorio Santos (Democracia Directa)

Al exponer sobre economía, Santos resaltó la necesidad de contar con una nueva constitución para poder renegociar con los contratos con las industrias extractivas, ya que la Carta Magna que rige desde hace 23 años, permite entregar la riqueza nacional al capital extranjero, y la firma de contratos ley que exoneran a algunas compañías mineras del pago de regalías, según dijo.

“Esta Constitución permite atar al Estado peruano para que no pueda tener una empresa, porque los que la critican viven del pasado”, indicó. En ese sentido, propuso modificar -la vía canales democráticos- la actual Constitución por una moderna y soberana que permita a los campesinos tener tierras y los peruanos un lugar digno para vivir.

Alan García (Alianza Popular)

A su turno, el expresidente y candidato, reiteró las medidas económicas para ayudar a la inversión y a la producción nacional, a través de la reducción drástica de trámites y de acabar con la “persecución” de la a Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)».

Para impulsar la economía, García aseguró que apostará por fomentar las inversiones y dinamizar la economía a través de facilidades para adquirir viviendas, reducir intereses para tarjetas de crédito, entre otras iniciativas.

«Estamos convencidos que se pueden hacer cambios fundamentales en favor de los más humildes, no con propuestas gaseosas y renegociaciones que supondrán años, queremos hacer cosas concretas», anotó.

Fernando Olivera (Frente Esperanza)

El candidato presidencial del Frente Esperanza, Fernando Olivera, aseguró que acabará con la «injusticia y la impunidad», además de crear cuatro millones de puestos de trabajo, con una diversificación productiva, priorizando el agro rescatando los valores ancestrales y los recursos naturales para los peruanos.

Por otro lado, ofreció multiplicar la actividad del turismo con un incremento de tres a 30 millones de turistas al año, así como impulsar la pesca de consumo interno y la industria forestal sin tala ilegal.

Miguel Hilario (Progresando por el Perú)

Hilario aseguró que de ser gobernante, se reactivaría la minería bajo dos condiciones: colocando a las comunidades como accionistas de la empresa y promoviendo el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente.

Otra de los beneficios que anunció para las comunidades –nativas y campesinas– estuvo orientado a impulsar la agricultura orgánica, así como focalizará la inversión en infraestructura de carreteras, agua y desagüe, en territorios indígenas.

También se mostró de acuerdo con diversificar la economía, dando un énfasis al turismo y prescindiendo más de la economía extractivista.  “Necesitamos una economía más diversificada y de turismo, tomando en cuenta que al año nos visitan 3.3 millones de extranjeros, podríamos esperar triplicar dicha cifra”, señaló.

Hilario sugirió que el rol de la sociedad civil corresponde al de fiscalizar el cumplimiento de la ley y las autoridades. Algo que empoderaría de ser presidente.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Indicó que la constitución implantada por su padre, el expresidente Alberto Fujimori, ha sido la base del crecimiento de la economía en los últimos 23 años. En ese sentido reiteró que esta carta magna seguirá siendo el pilar para el crecimiento en un eventual gobierno suyo.

“Promoveremos un boom de la infraestructura, tanto productivas como sociales. Para ello vamos a destrabar más de 33 mil millones de soles en proyectos a realizarse en asociaciones público-privadas (APP) ya aprobadas” agregó.

Para ello, Fujimori incidió que en se debe continuar con la simplificación acelerada de licencias, autorizaciones y permisos.»No más trámites que entrampen el progreso», aseveró.

Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio)

Para Kuczynski, la mejora de la economía del país parte de motivar a la pequeña empresa. “Sienten que el Estado les pide y les da muy poco, de ahí nace la informalidad”, sostuvo.

De igual modo dijo que para retomar el crecimiento económico se requiere mayor infraestructura como el gas en el sur del Perú, además de promover al agro que es la zona más pobre del Perú, la educación y la energía.

Ántero Flores-Aráoz (Orden)

En torno a la economía del país, Flores-Aráoz coincidió con su contendor Kuczynski en “dar facilidades a los pequeños empresarios que quieren formalizarse”.

Para ello criticó la condición de las microempresas frente al pago excesivo de impuestos por una serie de conceptos que finalmente desalientan la formalización. “Si no hay una amnistía, las formalizaciones serán un cuentazo”, indicó.

DATOS:

  • El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja) y tuvo una dinámica de debate por duplas.
  • Días antes, el máximo ente electoral realizó un sorteo para definir quienes estarían uno a uno. Estas fueron: Alejandro Toledo – Verónika Mendoza, Pedro Pablo Kuczynski – Ántero Flores-Aráoz, Fernando Olivera – Alan García, Gregorio Santos – Alfredo Barnechea, Keiko Fujimori – Miguel Hilario.
  • El debate estuvo dividido en tres bloques de temas: Visión de país (Bloque 1), Economía, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción (Bloque 2) y el de pregunta ciudadana (Bloque 3) en el que los aspirantes a palacio de gobierno podían responder sobre cualquier tema.

Foto: Megavisión

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TC admite demanda de inconstitucionalidad contra flexibilización ambiental de la Ley 30230

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PAQUETAZO AMBIENTAL

  • Congreso tiene un mes para responder esta demanda

Después de casi un año, el Tribunal Constitucional (TC) admitió –a trámite- que 22 artículos de la Ley N° 30230, conocida como el tercer ‘paquetazo ambiental’, son inconstitucionales al vulnerar el derecho de los pueblos indígenas a vivir en un medio ambiente adecuado, así como el de la debida propiedad de sus territorios. Como se recuerda, esta demanda fue interpuesta por diferentes organizaciones indígenas nacionales y de derechos humanos, en abril del año pasado.

“ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad y su ampliatoria interpuesta por más de cinco mil ciudadanos contra diversos artículos de la Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país (…)”, se concluyó en una resolución emitida el 15 de marzo último.

A inicios del mes pasado, el Tribunal desestimó esta pedido debido a que no se aclaraba la inconstitucionalidad artículo por artículo, luego de esta corrección, el TC finalmente admitió la demanda ciudadana de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 30230.

Es así, que el 14 de marzo los ciudadanos demandantes presentaron un escrito de subsanación en el que se expusieron los argumentos que sustentan la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de los artículos 36, 38 al 40, 42 al 51, y la Tercera Disposición Complementaria.

En resumen, dichos artículos (Título III) permiten al Estado -mediante “procedimientos especiales”- entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. De igual modo, atentan contra la Consulta Previa (Convenio 169 de la OIT).

Ahora que el TC admitió la demanda contra ley del ‘paquetazo ambiental’, se espera que el Congreso de la República la revise y se pronuncie en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución.

Cuestión de interpretación

Tras cumplir con la subsanación observada por el TC, la parte demandante aprovechó en presentar una ampliación de la demanda en donde se le solicita al Tribunal, también emitir una sentencia interpretativa -de naturaleza aditiva- que reitere las reglas desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la prohibición de reconocimiento de derechos en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Pedido que también fue admitido.

“Esto quiere decir que, se le sugiere al TC que al momento de interpretar la norma (30230) se tome en cuenta que, toda normativa que se dicte en el Perú debe cuidar el marco normativo establecido por la CIDH y la Convención Americana de Derechos Humanos, y que cuida que no se afecten los derechos indígenas. No olvidemos que ello ha sido suscrito por el Estado”, comentó Javier Jahncke de la RED MUQUI.

Vulneraciones de la 30230

Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal – IDL, argumentó que esta demanda se sostiene en la vulneración del derecho a la consulta previa, al territorio y al derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Y que su objetivo es que el Tribunal Constitucional evalúe si la Ley N° 30230 respeta la Constitución y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

David Velazco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, señaló que se flexibilizan las exigencias de control ambiental, como el tiempo en los procedimientos de evaluación y análisis de los estudios de impacto ambiental, se limita la participación ciudadana en temas de ordenamiento territorial.

VER RESOLUCIÓN

DATOS

  • La demanda de inconstitucionalidad fue elaborada en parte por la RED MUQUI y otros miembros del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
  • RED MUQUI, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, el Pacto de Unidad de organizaciones Indígenas del Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, y la Pastoral de la Tierra del Vicariato de Yurimaguas, recolectaron a nivel nacional cerca de 10 mil firmas, para solicitar la acción de inconstitucionalidad ante el TC.
  • Diversas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, están pendientes de este proceso que el TC deberá resolver.
  • En junio del 2014, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un tercer paquete de medidas económicas (Ley 30230) remitidas por el Ejecutivo.
  • La Ley 30230 perdona por tres años las multas a mineras y petroleras que hayan incurrido en infracciones ambientales.
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Juzgado de Huancabamba unificó procesos por presunta tortura de 28 campesinos en campamento minero Río Blanco

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CASO MAJAZ

El Juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Huancabamba (Piura) resolvió unificar los dos procesos penales en los que se vienen investigando las presuntas torturas que sufrieron 28 campesinos dentro del campamento minero de Río Blanco, a cargo de la empresa Copper S.A. Esta decisión fue tomada ante la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, organización que representa a las presuntas víctimas.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba acumuló en un solo proceso los Expedientes No. 201-2013 y No. 30-2011, ambos correspondientes a investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que son señalados como presuntos responsables de los actos de tortura y secuestro agravado, presuntamente cometidos contra los comuneros que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco en agosto del año 2005.

Según testimonios de los supuestos agraviados, entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, estuvieron cautivos dentro del campamento minero donde fueron víctimas de tortura por parte de la Policía en conjunto con funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A., así como de la empresa de seguridad privada Forza.

Algunas de las vejaciones física, además de las psicológicas, los pobladores denunciaron que les vendaron los ojos y fueron llevados a un matadero de reses, en otro momento fueron cubiertos con bolsas tipo costal y se les roseó gas lacrimógeno, y hasta se denunció maltratos contra mujeres que estaban en dicho grupo.

Una de las investigaciones penales es seguida contra dos coroneles y otros doce miembros de la Policía Nacional del Perú, sobre quienes pesa una acusación fiscal en la que se solicita 10 años de cárcel por el Delito Contra la humanidad – Tortura. La segunda, se sigue contra dos generales y un comandante PNP, para quienes la fiscalía pide una imposición de 25 años de pena privativa de la libertad, por el mismo Delito contra la Humanidad – Tortura Agravada, y al que se le suma el Delito contra la Libertad Personal – Secuestro Agravado.

Al respecto, FEDEPAZ considera que la acumulación de las dos investigaciones penales en un solo proceso judicial (Expediente No. 30-2011) constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad.

De esta manera, la organización miembro de la RED MUQUI refiere que se estaría evitando la posibilidad de emisión de sentencias contradictorias sobre un mismo crimen. Asimismo, FEDEPAZ se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas y se les repare de forma integral.

Esta unificación de procesos de un caso común, permitirá una investigación más efectiva para que se sancione a todos los responsables de esta brutal agresión a los citados campesinos quienes ejercían su derecho a la protesta social, a la defensa de sus tierras, y a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, bajo el modelo de desarrollo local que ellos han elegido.

Frente a estos casos de violación a los derechos humanos por actividades extractivas, FEDEPAZ considera necesario mejorar los marcos normativos del sector minería para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas, especialmente, a los pueblos indígenas.

 

Fuente: FEDEPAZ

Foto: CNDDHH

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Dos detenidos durante conflicto de Las Bambas fueron liberados este lunes

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EN CUSCO

Tras cumplir un periodo de seis meses de prisión preventiva, se demostró la inocencia de Javier Mamani Coaquira (48) y Edward Brandon Quispe Ccuno (18), quienes fueron detenidos durante el conflicto socioambiental que estalló con un enfrentamiento entre pobladores y policías el 28 de setiembre del año pasado.

Mamani y Quispe fueron liberados el lunes 28 de marzo en horas de la noche, casi una semana después de que el Juzgado declarara fundado el pedido de cesación de prisión preventiva a favor de ambos. No obstante, ese mismo día de la audiencia (martes, 22 de marzo), el magistrado a cargo de llevar el caso dictaminó que los dos pobladores deberán pagar una caución de 8 mil soles.

Cabe reconocer que la resolución elaborada por la jueza de investigación preparatoria de Tambobamba (Cotabambas, Apurímac), Idania Oroz, se reconoce que la residencia domiciliaria de ambas personas, así como el descarte de peligro de fuga, ni de obstaculizar la justicia.

La defensa de los dos detenidos fue asumida por las abogadas, Ruth Luque de Derechos Humanos sin Fronteras y Lisbeth Valenzuela de Aprodeh – Apurimac, en coordinación con organizaciones de derechos humanos a nivel nacional como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), CooperAcción, entre otros. Pese a los agravios que recibieron por parte de la defensa de la empresa minera, ambas defensoras pudieron demostrar la inocencia de Javier Mamani y Edward Quispe.

Cabe recordar que el 28 de setiembre del 2015 fue el inicio del estallido del conflicto contra la empresa minera MMG Limited que tiene la concesión del proyecto minero Las Bambas.

Luego de 5 días de movilización en los que dirigentes del Comité de Lucha Interprovincial y tanto organizaciones populares, como las comunales, rechazaban la instalación de una planta de molibdeno, así como de filtros y concentrados; estas modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicialmente no formaban parte del proyecto y se hicieron sin participación de la población local afectada.

Luego del enfrentamiento entre los manifestantes y miembros de la Policía Nacional en la zona cercana al proyecto Las Bambas, 21 pobladores fueron detenidos dentro del campamento minero. Entre ellos se encontraban Edward Brandon y Javier Mamani, a quienes les “sembraron municiones” y fueron obligados a suscribir un documento reconociendo que dichos materiales estaban en su poder.

De este grupo, siete fueron trasladados a Abancay el 29 de setiembre. En horas de la madrugada, cuatro fueron liberados, y los últimos tres –que fueron Edward Brandon Quispe Ccuno (18), Javier Mamani Coaquira (48) y Asunto Huamaní Huamaní (46) quedaron en calidad de detenidos en el Penal de Qenqoro del Cusco. Huamaní fue liberado a las pocas horas, pero Quispe y Mamani quedaron recluidos. Fue así que la Fiscalía de Challhuahuacho (Cotabambas) solicitó que se les aplique prisión preventiva, luego de haber sido acusados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Finalmente el conflicto de Las Bambas provocó la muerte de 3 personas: Exaltación Huamaní Mío (32), Beto Chahuallo Huillca (36) y Alberto Cárdenas Challco (24); en los tres casos, los certificados de defunción indican que la causa de muerte se debió a herida por proyectil de arma de fuego.

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco – DHSF

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