Por: Elqui Cruz Ayala / Geógrafo

Los avances de la expansión de las industrias extractivas en relación con el Estado, han generado el incremento de vías de conexión para el traslado de maquinaría, energía, insumos y el mineral de las zonas de producción minera, conjuntamente con este proceso de intervención territorial se han generado las posibilidades de conexión del campo con la ciudad, llegando a incrementar las migraciones de hombres y mujeres para buscar nuevas formas de empleo, lo cual conlleva a una transformación del campo, generando nuevos procesos de transformación de la estructura tradicional de los territorios pertenecientes a las comunidades indígenas.

Estas nuevas formas de transformar el territorio de las comunidades indígenas, son parte de un proceso mayor, algunos lo llaman la nueva ruralidad y se explica en la aparición de nuevos elementos que han ido dinamizando el campo, como la expansión de la minería y sus efectos, entre otros procesos que ésta trae alrededor de la demanda de servicios y los cambios estructurales en la forma de vida y la modificación de la cultura de las poblaciones que ancestralmente han ocupado el campo, hoy interpretado como lo rural en el país.

Estas transformaciones en el territorio, ha llevado a que mujeres y hombres busquen nuevas estrategias económicas para diversificar sus ingresos, modificando los roles de género, para desarrollar intereses diferenciados sobre el territorio entre mujeres y hombres. Una de estas consecuencias es la feminización de la agricultura (Osorio 2011), ya que por efectos de la migración de los hombres son las mujeres quienes asumen la responsabilidad de la producción en el campo y por otro lado desde el Estado se asume que todo lo rural y toda actividad en donde se ocupan las mujeres son actividades minimizadas y por ello son asumidas dentro de las estadísticas de pobreza y sumadas a la representación de lo pobre en el país.

La permanencia y la responsabilidad de las mujeres en el campo, ha llevado a asumir prácticas que den rentabilidad al uso de la tierra, como el alquiler, el partir, encargos, entre otras, pero esto está sujeto a una doble mediación, la cual está ligada a la familia y a la comunidad. Esta relación de la transformación del campo ha generado nuevos efectos en los roles de género y su interés diferenciado en el territorio, para ello algunas comunidades han entendido, que es necesario modificar los roles que se establecen en los estatutos de la comunidad, para reconocer a las mujeres como comuneras calificadas y con ello caminar a fortalecer la gobernanza de la comunidad y reconocer la participación de las mujeres por consecuencia de la constante migración de los hombres hacia las zonas en donde existe demanda de otro tipo de trabajo, generando que las mujeres desarrollen actividades iguales a los hombres.

Por otro lado los estatutos de las comunidades campesinas, tienen que tener una fuerte relación con la Ley de comunidades campesinas, pero en la práctica esta no es interpretada para desarrollar los mecanismos necesarios en los estatutos de las comunidades para la participación igualitaria de mujeres y hombres como lo establece la Ley de comunidades. Pero como se comenta anteriormente, existen nuevas estrategias en las comunidades para hacerle frente a la expansión de las industrias extractivas y dinámicas que están modificando sus formas de vida y una de estas nuevas estrategias es reconocer a las mujeres como comuneras calificadas, reconociendo su rol dirigencias para la defensa del territorio y con ello el derecho al uso de la tierra de forma igualitaria a los hombres.

Estas nueva forma de inclusión de las mujeres, no solamente tiene que ver con procesos extractivos, existen otros procesos de fondo en la estructura de las comunidades, que tienen que ver con el incremento de la población, en otros casos con la migración de los hombres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la escasez de tierras comunales, procesos que mediante el Estado se busca distritalizar a las comunidades para quitarles hegemonía sobre el territorio, entre otros.

En relación a la inclusión de las mujeres dentro de los estatutos, no es de forma gratuita, ya que todo miembro de una comunidad, en donde gozan de derechos para el uso de la tierra, también tiene asignado deberes con la comunidad, los cuales se establecen en muchos casos con faenas comunales, aportes y otras formas de son parte de las dinámicas sociales en una comunidad.

Como hemos notado, existen nuevas formas de inclusión de las mujeres dentro del sistema de gobierno de las comunidades campesinas e indígenas, que en muchos casos están sujetos a la inclusión o adopción de nuevas formas que superponen y en muchos casos terminan modificando el sistema social de una comunidad, como el caso de las religiones protestantes, las cuales ponen en práctica un sistema de igualdad en los roles de las mujeres y de los hombres, los cuales se reflejan en lo cotidiano, pero no en la representación política de las mujeres en la dirección de la comunidad, sin embargo este sistema de igualdad en los roles de género está generando transformaciones en el territorio comunal.

En el caso de las comunidades en donde se ha incluido a las mujeres en los estatutos y con ello la posibilidad de la participación política y el uso de la tierra con los mismos derechos de los hombres, podría estar generando nuevos cambios, en este sentido nos hacemos la siguiente pregunta ¿Cuáles son los cambios en el territorio de la comunidad que han sido generados, con el nuevo rol de la dirigencia de estas mujeres? ¿Existe una transformación que acompaña una nueva visión territorial producto de este nuevo sistema de gestión comunal, en donde aparecen las mujeres como un nuevo actor político?

Pensar en estas preguntas nos ubica en dos procesos distintos, por ejemplo en Cusco y Apurímac. En algunas comunidades campesinas del Cusco – Paruro, las mujeres han logrado ser parte de la dirigencia y decisión política amparándose en los estatutos y en algunas leyes para la igualdad de oportunidades. Sin embargo esto está sucediendo en zonas en donde no existen procesos de exploración o explotación minera, ni de conflictividad socioambiental, pero que a su vez son zonas en donde existe una fuerte especulación por la tierra en base a las concesiones mineras. En Apurímac, podríamos mirar el proceso minero Las Bambas, instalado en el distrito de Challhuahuacho, el cual lejos de mejorar las posibilidades de un desarrollo inclusivo con el Fondo Social Las Bambas y los roles del Estado para generar un ambiente equitativo entre hombre y las mujeres del campo, lo que ha logrado en los últimos siete años, es incrementar las brechas de pobreza y generar una mayor carga de trabajo en el hogar de las mujeres. Ya que sin acceso a una educación y con el abandono del campo por la población masculina e influencia del proceso minero en curso, las mujeres han sido las que se han encargado de la producción en el campo, pero sin la fuerza física necesaria para lograr una producción óptima y sin la posibilidad de una participación política que contribuya a generar reformas a favor de ellas y de sus familias con respecto al uso de la tierra y a las formas de cooperación para la producción en el campo.

Traer esta pequeña explicación nos podría aclarar el panorama y sin duda más preguntas, de cómo serán las nuevas configuraciones territoriales de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en diferentes escenarios y cuáles serían las estrategias del Estado para contribuir a generar menos inequidad social, pero sin duda también lo expuesto podría ayudar a entender que la economía de un país que se basa en las industrias extractivas, está destinado a ver incrementada la brecha de pobreza y la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo de las poblaciones más vulnerables

Foto: Subersiones.org