Dirigentes de Cotabambas y Grau sostendrán mesa de diálogo con el Gobierno central este 16 de noviembre

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TRAS DECISIÓN DE LEVANTAR HUELGA

Ministerio del Interior levantó estado de emergencia a cambio de que población acuerde levantar paro interprovincial

Sociedad Civil no ha sido convocada en este encuentro de diálogo

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau acordó por unanimidad, levantar el Paro Interprovincial que se acata en la zona a raíz de la colocación de una plata de Molibdeno del proyecto minero Las Bambas a cargo de la empresa Minmetal Group Limited (MMG).

Tras analizar la situación que se vive en ambas provincias de Apurímac durante 30 días de declararse el estado de emergencia, representantes de organizaciones sociales de base, comités provinciales de lucha, dirigentes y líderes comunales decidieron levantar la medida de lucha con el fin de poder retomar sus reuniones y así poder mantener informada a la población.

Posterior a esta decisión, cuatro ministros de Estado (Interior, Energia y Minas, Vivienda y Salud) viajaron hasta Apurímac para también levantar el estado de emergencia que se había decretado en cuatro provincias de Apurímac y dos de Cusco.

RED MUQUI conversó con Rodolfo Abarca del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, quien informó que este 16 de noviembre se dará inicio a una mesa de diálogo en la que participará la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno Regional de Apurímac, los gobierno locales, la empresa Minmetal Group Limited y las organizaciones sociales de base de los poblados de la zona de influencia minera.

“Solo nos informaron que en esta mesa de diálogo participarán estos cinco actores, no se ha hablado de ver si se convoca a alguna organización de la Sociedad Civil”, comentó Abarca.

Decisión partió de los pobladores

Dos días antes, en Asamblea Provincial Extraordinaria (celebrada el miércoles 28 de octubre a las 14:00 horas), Ronald Bello Abarca, representante del Frente de Intereses del distrito de Tambobamba, refirió que al enviar una carta al Ministerio del Interior solicitando una reunión para tratar el levantamiento de la medida de lucha; dicho sector les respondió que para ello, debían realizar una asamblea en la que todos los dirigentes tenían que estar de acuerdo con esta decisión.

Al estar imposibilitados de informar o declarar ante los medios de comunicación, los dirigentes coincidieron en que deponer la medida de fuerza, era la mejor opción. Es por ello, que celebraron esta Asamblea Interprovincial frente a la Municipalidad del poblado de Pisaccasa, la cual se registró ante el Juzgado de Paz del distrito de Tambobamba.

Aun queda pendiente

En la reunión del 28 de octubre, a poco más de un mes del estallido del conflicto en el que murieron cuatro personas, la presidenta del Comité de Lucha Interprovincial, Virginia Pinares aclaró que ha estado viajando a Lima y a Cusco buscando diálogo con el Ejecutivo y siguiendo de cerca la situación judicial de los 17 detenidos por la Policía Nacional, quienes en su mayoría se encuentran recluidos.

El acta de esta reunión extraordinaria en Tambobamba, indica que diferentes dirigentes no confían en la Mesa de diálogo de Coyllurqui que se llevó a cabo el pasado 16 de octubre entre ministros y alcaldes distritales, ya que aun no existen condiciones favorables para la provincia, heridos y deudos de los fallecidos.

Algunos pobladores provenientes de la comunidad de Pumamarca refirieron que la empresa minera Minmetal Group Limited les ofreció dos camiones, además de otros “intercambios” en  lugares aledaños. También manifestaron su desacuerdo frente a la “distritalización” que viene ofreciendo el Estado en centros poblados como el de Tambulla.

Foto: La República

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Gobierno continúa política normativa de expropiación de tierras que afecta a poblaciones, comunidades y pueblos indígenas

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y las veinte instituciones que conforman el Grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas expresamos nuestra preocupación ante la aprobación de normas que flexibilizan los estándares mínimos de protección de derechos humanos favoreciendo únicamente la promoción de inversiones. Frente a esta situación en junio del 2015, la CNDDHH emitió un pronunciamiento contra la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo otorgadas por el Congreso de la República. A octubre del presente año, podemos constatar que dichas facultades en el caso de los Decretos Legislativos 1192 y 1210, lo que han conseguido es seguir debilitando el marco normativo de los derechos humanos de los pueblos indígenas en base a lo siguiente:

1. Es necesario recordar que el gobierno del Presidente Ollanta Humala inició en el año 2013 una estrategia política-legal para reactivar la economía en base a privilegiar la inversión privada y pública, especialmente en infraestructura e industrias extractivas, como  factor fundamental del crecimiento económico bajo esa justificación se han ido aprobando paquetes de normas como el Decreto Supremo 054- 2013- PCM, Decreto Supremo 060-2013-PCM, Ley 30025, Ley 30230, Decreto Supremo 001-2015-EM, Ley 30327 y recientemente los Decretos Legislativos 1192 y 1210 como parte de una estrategia premeditada.

2. Si bien estas normas han sido impulsadas desde el Poder Ejecutivo, es necesario señalar que el Congreso de la República viene cumpliendo el rol de facilitador, aprobando en forma expeditiva y sin un adecuado debate público, las normas propuestas por el Poder Ejecutivo. En varios casos contraviniendo la misma Constitución Política e incluso a través de decretos supremos modificando normas con rango de ley de forma inconstitucional. El resultado de estas medidas, además de la trasgresión a la Constitución, es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la reducción de los estándares de respeto a los derechos humanos, sociales, ambientales y, en particular, derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas y nativas.

3. El Decreto Legislativo 1192, aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Esta medida instaura un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles que realiza el Estado. Tener un solo marco legal ante la dispersión de normas que se venían aprobando es saludable; pero hacerlo principalmente para impulsar las inversiones y las asociaciones público-privadas apartando a los jueces que son los que garantizaban y resolvían en última instancia un proceso expropiatorio, no solo es un error sino un acto que contraviene el ordenamiento jurídico, puesto que bajo esta norma no se quiere entender que la expropiación constitucionalmente es una norma de excepción, así lo determina la Constitución Política en su artículo 70.

4. El Decreto 1192 a lo largo de sus artículos contiene una redacción ambigua buscando normalizar los procedimientos de expropiación, despojándolos de su carácter excepcional. Por tanto, los procesos expropiatorios se incrementarán a partir de la declaratoria de necesidad pública, establecida de acuerdo a los criterios del gobierno de turno. Con lo que la necesidad o interés público carecerán de límites; es así que un proyecto de inversión privada o asociación público-privada, que requiera de tierras urbanas o rurales puede acudir a un ministerio, un gobierno regional o local a tramitar una expropiación mediante un procedimiento ahora expedito, puesto que la actual ley tiene plazos fijos y cortos que buscan quitar cualquier obstáculo al proceso. Además la norma no hace ninguna diferenciación entre la expropiación de un bien inmueble en zona urbana y otro en el espacio rural. Ahí está el enorme riesgo para los territorios de pueblos indígenas que gozan de protección especial dada su histórica vulnerabilidad, en tanto que las comunidades no tienen cómo acreditar su derecho de propiedad pues no cuentan con títulos claros ni planos catastrales geo-referenciados, por lo que la propiedad de sus tierras y territorios se  convierte en un derecho inseguro.

5. A esa situación hay que agregarle que después de tres semanas de aprobado el Decreto, apareció uno nuevo. Nos referimos al Decreto Legislativo 1210, cuyo único artículo modifica la décima disposición complementaria del D.L. 1192 la cual excluía las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios. En esta modificación, de manera sospechosa, se retira lo relacionado a la afectación de derechos de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas, quedando en evidencia lo que está detrás de esta norma. Este decreto no solo afectará a las comunidades, sino también a toda la ciudadanía, puesto que, contrario al espíritu constitucional, se abre la puerta para que las expropiaciones puedan ser utilizadas indiscriminadamente para incentivar la inversión como parte de una supuesta necesidad pública de todas y todos los peruanos.

6. Exigimos pues al Estado el respeto al marco de protección de los derechos humanos relacionados con tratados de derechos humanos, garantías constitucionales y leyes de ordinarias de protección de derechos. Por otra parte al Congreso de la República solicitamos reflexionar y vigilar hacia dónde nos conduce este camino sin control, de expedir y aprobar leyes inconsultas y parcializadas a favor de intereses privados que vulneran el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios.

Lima 27 de octubre del 2015

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Invitado permanente de la RED MUQUI

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MINSA presentará evaluación para construcción de clínica de desintoxicación en Pasco

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ESTE 16 DE OCTUBRE

  • Informe técnico se conocerá durante nueva reunión de diálogo con pobladores afectados
  • En 15 días (a partir del 1 de octubre) equipos técnicos del MINSA y GORE Pasco deben realizar evaluación
  • Instituto Nacional de Salud volverá a evaluar a 2,070 niños de Simón Bolivar

Tras la reunión de diálogo, entre pobladores del distrito de Simón Bolívar y el Ejecutivo, el Ministerio de Salud (MINSA) se comprometió a presentar el informe técnico de evaluación para la construcción de una clínica para evaluar y tratar la intoxicación por metales pesados en la provincia de Pasco.

“El equipo del MINSA, en coordinación con el equipo técnico del Gobierno Regional de Pasco, evaluará técnicamente el lugar donde se construirá la clínica de desintoxicación y/o Unidad de desintoxicación de metales (dicho informe será presentado en Lima-MINSA el día 16 de octubre)”, indica el acta de reunión entre autoridades municipales de Simón Bolívar  y el Ejecutivo.

En ese sentido, el acta firmada también por los ministros de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita, y de Salud, Aníbal Velásquez, señala la próxima firma de un convenio para los estudios de pre inversión e inversión con ejecución de obra, entre el GORE Pasco y el MINSA.

El compromiso del sector Salud también implica la construcción de un laboratorio toxicológico para análisis, conectado a los que son altamente especializados en Lima

Antes de volver a El regidor del distrito de Simón Bolívar (Pasco), Jaime Silva, refirió que el MINSA cuenta con una partida de poco más 200 millones de soles para ejecutar un plan de acción inmediato y atender a los más de 2 mil niños que se encuentran intoxicados por metales pesados en la sangre. El acta de acuerdo señala que este dinero saldrá de la partida destinada al Plan de Acción de Salud para las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión (R.M. N° 610-2015/MINSA).

Para el próximo año, el MINSA se también se comprometió a trabajar un nuevo plan de Salud de forma conjunta con el Gobierno Regional y Local.

Niños serán revisados de nuevo

En cuanto a la salud de los 2,070 intoxicados hasta con 10 metales en la sangre, el MINSA dispuso pasen por una nueva evaluación clínica, sobre la que se realizó en el año 2012 por el CENSOPAS. Esta nueva revisión de la salud de los menores, será realizada por el Instituto Nacional de Salud (INS). Asimismo, se planificará trasladar a 42 niños en situación crítica debido a esta intoxicación, y que en su mayoría no pueden caminar o presentan sangrados severos.

“Una clínica de desintoxicación, es algo que aún no existe en nuestro país, esperemos que no solo se contemple los padecimientos por plomo, sino también a los otros diez metales que nos afectan”, comentó Jaime Silva.

El regidor de Simón Bolivar también anotó que todavía se espera la aprobación de una serie de guías de atención médica.

«Únicamente se tienen aprobados los protocolos para atención médica por plomo en la sangre. Para detectar y tratar la presencia de otros metales en la sangre, aun se requieren otras guías. Es por ello que también se ha exigido implementar tecnología moderna de diagnóstico”, aclaró el regidor pasqueño.

“Las guías técnicas de atención de personas expuestas a los diez metales pesados identificados, serán elaboradas por el MINSA en un plazo de 06 meses”, confirmó el MINSA.

Desmienten al Minsa

En otro momento, el regidor de Simón Bolívar desmintió que los niños que acompañaron la “Marcha de sacrificio” de Pasco hasta Lima, no presenten metales pesados en la sangre tal como afirmó el MINSA horas antes de concretarse el diálogo con ellos. Dicha información daba cuenta una supuesta revisión integral por parte de especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño.

“Tenemos entendido que nuestros niños pasaron por medicina general. Cómo pueden afirmar que han realizado exámenes si en el Perú no existen protocolos médicos establecidos, a excepción del plomo. Nosotros el respaldo de dos estudios internacionales, uno del Centro de control y prevención de enfermedades de Atlanta (2007) y la Universidad italiana de Pisa (2009), y gracias a ellos pudimos conocer el grado de intoxicación de nuestros niños que conviven desde hace años con estos síntomas”, aseveró Silva.

En qué está el diálogo

EL 16 de octubre se reanudará el diálogo encabezado por la ministra de la Mujer, Marcela Huaita. En dicha esta reunión se terminarán de concretar el último 30% de las acciones a tomar en la zona.

Según indicó, Jaime Silva, el plan de emergencia ambiental anterior no será descartado del todo, ya que hay muchas de las 30 acciones que se van a retomar en esta nueva etapa. Los acuerdos abarcan a los sectores de Salud, Vivienda, Ambiente y Energía y Minas.

Como se recuerda, el 1 de octubre una comitiva de 58 pobladores caminaron más de 300 kilómetros desde Pasco hasta Lima, en la denominada ‘Marcha de sacrificio’, caminata que se emprendió por más de 20 días rumbo para reclamar al Congreso de la República y al gobierno de Ollanta Humala, por el incumplimiento de acciones de un Plan de Emergencia Ambiental del año 2012.

 

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Minera en Cajamarca amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial

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  • Señala líder cajamarquino ante el Congreso de Estados Unidos
  • Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto

Washington, D.C. —La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

Foto: Captura YouTube Lantos Comission (EEUU)

Fuente: Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) / Columbia Law School

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Protesta en las Bambas termina con cifra de cuatro muertos y declaratoria de estado de emergencia

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  • Pobladores dan a conocer relación de 21 detenidos dentro del campamento
  • 7 detenidos fueron trasladados hacia Abancay

Una nueva jornada del paro interprovincial de Cotabambas y Grau, comenzó con la declaratoria de un estado de emergencia para los próximos 30 días en la región Apurímac, específicamente en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros; esta medida también incluye a las provincias cusqueñas de Chumbivilcas y Espinar de la región Cusco.

“Con la finalidad de lograr la estabilidad y gobernabilidad, al producirse perturbación de la paz y alteración del orden interno, es necesario que las Fuerzas Armadas garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales resguardando los puntos críticos vitales, como las vías de comunicación, carreteras y puentes existentes en la zona, para el normal desarrollo de las actividades de la población”, indica la disposición publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Falso diálogo

Los pobladores de Grau y Cotabambas, encabezados por el Comité de Lucha, esperaban sostener una reunión con la empresa MinMetal Group a las 10 de la mañana; sin embargo, Nunca se llevó a cabo el supuesto diálogo y se dieron con la sorpresa que este anuncio hecho por la Policía Nacional fue una maniobra para despejar la zona de Sipaspúquio (entrada al campamento minero) donde se produjeron los enfrentamientos (el lunes).

Ello motivó que la población de los diferentes distritos cercanos al proyecto minero, se concentraran en Challhuahuacho

Cusco confirma fallecidos

Por su parte, el director adjunto de la Dirección Regional de Salud Cusco, Erwin Luna, confirmó el fallecimiento de cuatro pobladores de Challahuahuacho (Apurímac), después de los enfrentamientos que se suscitan por la toma del campamento minero «Las Bambas».

“Lamentablemente, en el trayecto Apurímac-Cusco, dejaron de existir Uriel Elguera Chillca (34), Beto Chahuayo Huillca (24) y Alberto Cárdenas Challco (23). En el centro de salud de Chuallhuahuacho, se nos informó que falleció el comunero Exaltación Huamaní de 30 años”, anunció Luna.

Según dijo, la Dirección de Inteligencia Sanitaria del Cusco, todos los pacientes heridos están estables.

“El 80% de pacientes atendidos presentan heridas de bala en varias partes del cuerpo. Otro porcentaje menor presentan fracturas, traumas graves. Todos los atendidos son pobladores ningún efectivo policial ha llegado a nuestros centros de salud”, indicó el director cusqueño de salud.

Detenidos

El Comité de Lucha de Cotabambas y Grau reunió en una lista los nombres de unas 21 personas que fueron detenidas dentro del campamento minero Las Bambas (Empresa Minmetal Group), durante el enfrentamiento registrados en los alrededores de la comunidad de Fuerabamba (distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas).

1. Javier Mamani Coaquira

2. Edwin Chumbis Challanca

3. Edwar Brandon Quispe Ccuno

4. Abraham Vargas Ichuhuayta

5. Asunto Huamani Huamani

6. Wilmer Cardenas Romero

7. Uriel Mandoza Espinoza

8. Gilberto Vargas Antacallo

9. Joel Pañique Flores

10. Wiliam Vilca Ocon

11. Octavio Corupuna Pinares

12. Juan Nina Huamani

13. Rony Lima Berrio

14. Vidal Corupuna Alejo

15. Maria Huamani Huamani

16. Justino Chijlla Quispe

17. Clver Sullca Huarcaya

18. Amilcar Quispe Letona

19. Placido Sullca Costa

20. Nolberto Berrio Huilca

21. Leonardo Taype Huamanga.

En tanto, el ministerio público informó que la investigación se encuentra a cargo de dos fiscalías de Abancay, la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho y la Fiscalía Provincial Mixta en Cotabambas. Participan los fiscales adjuntos provinciales Walter Vilca Yucra, Wilder Oscco Córdova y Danner Mamani. Esta mañana, siete varones llegaron a Abancay en un helicóptero del Ejército, siendo trasladados inicialmente a la sede de Seguridad del Estado y luego pasaron exámenes médicos, reportó el colaborador de El Comercio, Carlos Peña.

Problemática

Los pobladores que habitan dentro de la zona de influencia minera, reclaman que el Estado peruano y la empresa MinMetal Group haya modificado dos veces el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas. En el año 2010, el primer informe del EIA se aprobó en presencia de los ministros de Energía y Minas y del Ambiente (de ese entonces) y la participación de 8 mil ciudadanos de Espinar, y otros 2 mil provenientes de las provincias de las zonas de influencia del proyecto.

Sin embargo, en el 2013 y 2014 (a través de dos resoluciones del MEM), se determina que ya no se construirá el mineroducto de 206 km, y que la Planta de Molibdeno, Planta de Filtros y Almacenes de Concentrado en Tintaya (Espinar, Cusco) se construye en Las Bambas.

Qué demandan ahora

Una de las exigencias principales es que desconozca la modificación del EIA de Las Bambas, la demolición inmediata de esta planta de filtros, así como el retiro de los funcionarios de este proyecto minero quienes han promovido este cambio irregular en el EIA que da luz verde a la ejecución del proyecto.

El reclamo social es el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa que les corresponde por ser pueblos indígenas los afectados por la minera, además de un plan de explotación minera que no contemple el uso de cabeceras de cuenca de los ríos.

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PRONUNCIAMIENTO: Por un diálogo que retome la paz en Apurímac

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RED MUQUI, colectivo nacional de instituciones de la sociedad civil, que acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y que existan personas heridas producto de un enfrentamiento entre la Policía y pobladores de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, en Apurímac que bien se pudo evitar.
  2. Desde el mes de marzo las comunidades enviaron documentos a las autoridades nacionales, solicitando información de los procedimientos administrativos seguidos por la empresa china/australiana MinMetal Group Limited ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para la modificación, en cuatro oportunidades, del EIA del proyecto Las Bambas y pidiendo que éstas se dejen sin efecto por haberse realizado sin participación ciudadana ni consulta previa. Además, dos de éstas modificaciones se hicieron mediante informe técnico sustentatorio que procede para componentes auxiliares, y que se aprueba en tan solo 15 días.
  3.  El Gobierno conociendo las demandas planteadas, lejos de adoptar medidas preventivas, y tomar decisiones concertadas hizo caso omiso a las preocupaciones de las poblaciones acerca de los posibles impactos ambientales que podrían producirse debido a los cambios operados en la realización del proyecto minero. Es más, con ayuda de la fuerza pública y la intervención militar, se pone por encima de los derechos y decisiones de las poblaciones y comunidades locales. Es así que mediante la Resolución Suprema N° 200-2015-IN, publicada el 25 de setiembre del presente, dispone la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía por espacio de 30 días, y el día de hoy mediante Decreto Supremo N° 068-2015-PCM, declara Estado de Emergencia por 30 días en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros en el Departamento de Apurímac, así como en las provincias de Chumbivilcas y Espinar del Departamento de Cusco.
  4. En este contexto, exigimos a las autoridades que establezcan canales de diálogo que puedan evitar que se agudice el conflicto y que permitan atender las demandas planteadas por la población del área de influencia del proyecto minero. Asimismo, exigimos, que las fuerzas armadas y policiales actúen en estricto respeto del Estado de Derecho a fin de contribuir al restablecimiento de la paz social y a la construcción de un clima de confianza.

 

RED MUQUI

Foto: Observatorio de Conflictos Mineros (Perú)

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Paro Interprovincial por modificación irregular del EIA Las Bambas se realizó pacíficamente

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  • Pobladores reclaman demolición de planta de filtros que amenaza la salud y el medio ambiente
  • No hubo consulta previa para hacer tres modificaciones al EIA del proyecto minero

La RED MUQUI Sur informó que el Paro Interprovincial convocado por el Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau, se desarrolló de manera pacífica, y sin ninguna provocación por parte de los más de 1,500 policías que se desplegaron para acompañar a la población en protesta, y custodiar el campamento del proyecto minero.

En el transcurso de la mañana, los pobladores manifestantes que viven la zona de influencia minera de Las Bambas, bloquearon durante unas horas los principales puentes de acceso entre las provincias de Apurímac: Sayhua (Entre Capacmarca y el distrito de Mara, vía principal entre Cusco y el y Challhuahuacho), Huallpachaca (entre el distrito de Cotabambas y la provincia de Anta, via alterna desde Cusco hacia Cotabambas), Calicanto (vía de acceso entre la la provincia cusqueña de Chumbivilca, y el distrito de Haquira de Cotabambas); además de la vía de Abancay que estuvo cerrada desde la provincia de Grau.

Al término de la jornada, los dirigentes del Comité de Lucha, encabezado por Virginia Pinares Ochoa, indicó que no pudieron dialogar con ningún representante de la empresa, ni del gobierno regional, ni central.

Esta medida de fuerza se dio en respuesta a la amenaza de la salud y el medio ambiente que representa la planta de filtros que la empresa minera Minmetal Group Limited ha colocado en el lugar, gracias a la autorización irregular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), sin aplicar la consulta previa en torno al proyecto minero Las Bambas.

El Paro de 24 horas fue acatado por el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia Cotabambas y Grau, Frente de Defensa del distrito de Tambobamba, Haquira, Mara, Ccoyllurqui, Cotambambas, Comunidades Campesinas y organizaciones sociales de base.

Problemática

En el año 2010, el primer informe del EIA del proyecto Las Bambas se aprobó en presencia de los ministros de Energía y Minas y del Ambiente (de ese entonces) y la participación de 8 mil ciudadanos de Espinar, y otros 2 mil provenientes de las provincias de las zonas de influencia del proyecto.

Lo que establecía el EIA (del 2010) era el traslado de cobre y molibdeno extraídos del asiento minero (en Fuerambamba) hasta Espinar (Cusco) por medio de un viaducto subterráneo. Sin embargo, en el 2013 y 2014 (a través de dos resoluciones del MEM), se determina que ya no se construirá el mineroducto de 206 km, y que la Planta de Molibdeno, Planta de Filtros y Almacenes de Concentrado en Tintaya (Espinar, Cusco) se construye en Las Bambas.

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau refiere que estos cambios irregulares se hicieron sin la aplicación de la consulta previa a las comunidades que serán afectadas directamente por esta planta, así como por un almacén de concentrados de alto potencial contaminante.

Qué demandan ahora

Una de las exigencias principales es que desconozca la modificación del EIA de Las Bambas, la demolición inmediata de esta planta de filtros, así como el retiro de los funcionarios de este proyecto minero quienes han promovido este cambio irregular en el EIA que da luz verde a la ejecución del proyecto. Otro de los reclamos es la renegociación de tierras comunales de la zona de influencia minera en Cotabambas y Grau.

El reclamo social es el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa que les corresponde por ser pueblos indígenas los afectados por la minera, además de un plan de explotación minera que no contemple el uso de cabeceras de cuenca de los ríos.

El malestar que se vive en esta parte de la sierra central también se origina con el incumplimiento de los acuerdos tomados con la anterior operadora, Xstrata, compañía suiza que el año pasado se fusionó con Glencore y posteriormente vendió a Minmetals. A raíz de la compra que se concretó el año pasado, ya se hablaba de algunas modificaciones a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Cómo se llega al paro

En el Encuentro interprovincial de Cotabambas, Grau y pueblos hermanos que se realizó en la comunidad de Huancuiri (distrito de Coyllurqui), el 12 de setiembre último, se mostraron los documentos oficiales que confirman los cambios en el EIA del proyecto frente a más de 500 personas, entre dirigentes comunales, organizaciones de base y frentes de defensa.

Para este evento, los dirigentes invitaron – hasta en cinco oportunidades- a funcionarios de la empresa minera, así a los del Ministerio de Energía y Minas para que expliquen esta modificatoria, sin embargo, nunca hubo respuesta.

A raíz del anuncio del paro, el Comité Central de Lucha Cotabambas y Grau ha manifestado que la empresa en últimos días, los funcionarios de Minmetal Group Limited trató de persuadir a los dirigentes y líderes comunales para que desistan de esta medida de lucha. Desde el 23 de agosto, la empresa ha detenido sus labores y ha trasladado a su personal hacia Cusco y Arequipa, para dejar un fuerte despliegue de efectivos policiales en la zona.

Datos

  • El proyecto minero cuprífero Las Bambas es una concesión de 35,000 hectáreas a 3,698 metros sobre el nivel del mar que se ubica en el distrito de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac).
  • Actualmente, esta región es una de las zonas con los indicadores de pobreza más altos del país. Así como la que encabeza la lista de conflictos, según la Defensoría del Pueblo.
  • El Ministerio de Energía y Minas (MEM) modificó el EIA de Las Bambas a través de la R.D. N° 305-2013-ME-AAM (14 de agosto de 2013) y en base al escrito N° 2374647 Xstrata Las Bambas (10 de marzo del 2014) que fue presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales – MEM.

Fotos: RED MUQUI Sur / CooperAcción

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De Echave: Hace falta un mayor aprendizaje sobre los conflictos sociales en el empresariado minero

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  • CooperAcción participó en el panel sobre “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades
  • De Echave resaltó la necesidad de que la minería en el Perú contemple la viabilidad social en sus proyectos.

Durante su participación 32 Convención minera – Perumin, el subdirector de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, afirmó que los empresarios mineros aun no trabajan de manera conjunta para analizar las problemáticas reales de los conflictos socioambientales, lo cual no les ha permitido aprender lecciones en os últimos 25 años de expansión minera que también ha traído el aumento del descontento social en las zonas de influencia de la minería.

“La sensación cuando uno habla con algunos líderes empresariales es que cada una se mueve por su lado. Ahí hay un problema de poco aprendizaje y lecciones conjuntas que deben darse por medio de monitoreo de conflictos, alertas tempranas y hay evaluaciones de lo que pasa en el sector. Todo ello desde el gremio empresarial minero, no solamente desde el Estado y las ONG”, propuso en el panel de “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades”, al lado del Vice Ministro de Minas, Guillermo Shinno y Ricardo Morel de la empresa minera Antamina.

En ese sentido, De Echave afirmó que hoy en día las empresas mineras deben tener en cuenta en cuatro viabilidades para llevar a cabo un proyecto, además de viabilidades de negocio (o financiera), la técnico-productiva y la ambiental, se incorpora la viabilidad social.

“A las tres primeras (viabilidades) se les puede poner tiempos y plazos de maduración, pero, ¿cómo hacerlo con las personas y la confianza de la minera con ese entorno? Es por ello que los entrampamientos de las inversiones mineras terminan siendo de índole social”, comentó.

Tras resaltar que ese es el enorme reto en nuestro país, el investigador de CooperAcción aseveró que el debate minero en los últimos 10 años que se ha ido polarizado cada vez más porque existen tres bloques que no han tenido la capacidad de dialogar, uno es competitividad, la agenda derechos y la gobernabilidad.

“Estos aspectos han estado disociados sin llegar a un equilibrio, y ahí está el reto. El componente de competitividad no reconoce al de la agenda de derechos; mientras que el tercer componente requiere construir una gobernabilidad de manera democrática, sin que esta sea impuesta como ha venido sucediendo y que no sea impuesta a la fuerza”, dijo en su participación en el panel sobre “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades”.

Ante ello, señaló que es clave comenzar a mirar cómo es que se comportan y responden las distintas institucionalidades que se han ido construyendo desde el estado, las empresas, los actores locales y las mismas ONG, a través de las mesas de diálogo y las de desarrollo.

Evolución de los conflictos

En base a datos de la Defensoría del Pueblo, la PCM y ONG, el exviceministro de Gestión Ambiental señaló que en los últimos 25 años la conflictividad social ha crecido en el país, siendo el 60% correspondiente a conflictos socioambientales vinculados a industrias extractivas, sobre todo en minería.

Este incremento ha ido de la mano con la expansión de la actividad minera en el país, con especial énfasis en el año 2007 donde se registraron 74 conflictos en un año, y el índice de conflictos subió a 172 a mediados del 2009. Periodo en el que hubo la bonanza del precio de los metales, y la minería generaba el 50% del Impuesto a la Renta, así como una mayor distribución de canon.

De Echave agregó que a partir del 2011, al darse la transferencia de gobierno, el número de conflictos bajó hasta el estallido en Conga y Espinar en el 2012. También anotó que hasta octubre del 2014 el Perú tuvo un periodo de mayor calma, pero el rango de 200 conflictos registrados se mantiene, es decir, 100% más a comparación de la década pasada en la que el número de conflictos no llegaba a 100.

No obstante, De Echave también comentó que esta tendencia es global, según muestra el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hoy en día, el 40% de conflictos mineros de los países en el mundo, tiene que ver con explotación de recursos naturales.

El Subdirector de CooperAcción, también señaló se debe tomar en cuenta que la geografía de la conflictividad social ha cambiado, ya que ahora la región macrosur concentra el 36% de los conflictos porque el mapa de inversión minera también ha cambiado.

Durante su intervención en el panel sobre “Minería y Licencia Social: Retos y Oportunidades” en el 32 edición del Perumin, el economista resaltó la necesidad de diferenciar la naturaleza de los conflictos en las zonas de influencia de la actividad minera.

“Es fácil decir que todos los conflictos son iguales y que vienen de una supuesta conspiración que sería la misma en todos los casos. Los conflictos no son homogéneos, siempre es un error afirmar que todas las situaciones son iguales”, aclaró.

Tras indicar que –últimamente- el empresariado minero viene tomando esta posición errónea, De Echave expuso la diferencia entre un conflicto de resistencia y rechazo a la minería, y los conflictos de convivencia con la minería, y como ambos se están complejizando en el Perú.

“En un escenario de conflicto de resistencia, predominan posiciones irreductibles, los procesos de diálogo no prosperan, hay intervenciones tardías y reactivas, además de polarización extrema porque las relaciones entre los actores se interrumpen. Estos son los casos de Tambo Grande, Cerro Quilish, Rio Blanco, Santa Ana, Conga y Tía María”, explicó De Echave.

En cuanto a los conflictos de convivencia, el exviceministro de Gestión Ambiental expuso a los empresarios del Perumin, que estos no se oponen a la actividad minera, pero sí tienen demandas sociales, económicas, de salud, ambientales, culturales que muchas veces se han acordado –previamente- con las mineras, y que en el camino no se cumplen en su totalidad. Tales son los casos de Espinar (Cusco), la Sierra Central y otras dos provincias que se están incorporando a la explotación minera como es el caso de Chumbivilcas (Proyecto Constancia, Cusco) y Las Bambas en Apurímac.

Foto: Perumin

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Instalación irregular de plantas contaminantes del proyecto Las Bambas se han aprobado sin consulta previa

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  • Pobladores anuncian paro interprovincial para este 25 de setiembre
  • Planta de filtros y almacén de concentrados amenazan medio ambiente y la salud en zona de influencia del proyecto

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau (región Apurímac) anunció un Paro Interprovincial para este 25 de setiembre, ante la inminente amenaza la salud y el medio ambiente, que significa la presencia de una planta de filtros que ha sido instalada irregularmente como parte del proyecto minero Las Bambas.

La empresa minera de capitales chinos, Minmetal Group Limited (MMG), colocó una planta de Filtros y Molibdeno, y un almacén de concentrados de alto potencial contaminante, gracias a las modificaciones irregulares que el Estado peruano hizo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Los dirigentes refieren que estos cambios en el EIA se realizaron sin aplicar la consulta previa a las comunidades que se son afectadas directamente por esta planta. El paro interprovincial será acatado por el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia Cotabambas y Grau, Frente de Defensa del distrito de Tambobamba, Haquira, Mara, Ccoyllurqui, Cotambambas, Comunidades Campesinas y organizaciones sociales de base.

Una de las demandas principales es que desconozca la modificación del EIA de Las Bambas, la demolición inmediata de esta planta de filtros, así como el retiro de los funcionarios de este proyecto minero quienes han promovido este cambio irregular en el EIA que da luz verde a la ejecución del proyecto. Otro de los reclamos es la renegociación de tierras comunales de la zona de influencia minera en Cotabambas y Grau.

Uno de los reclamos sociales, es el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa que les corresponde por ser pueblos indígenas los afectados por la minera, además de un plan de explotación minera que no contemple el uso de cabeceras de cuenca de los ríos.

El malestar que se vive en esta parte de la sierra central se origina en el incumplimiento de los acuerdos tomados con la anterior operadora, Xstrata, compañía suiza que el año pasado se fusionó con Glencore y posteriormente vendió a Minmetals. A raíz de la compra que se concretó el año pasado, ya se hablaba de algunas modificaciones a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Otras protestas

Las organizaciones campesinas y barriales del distrito de Challhuahuacho también realizaron un paro de 72 horas para exigir al gobierno central, la ejecución de la obra integral de agua y desagüe para resolver el problema de contaminación ambiental en las zonas de influencia del proyecto minero.

Foto: Agencia Andina

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Minera Antapacay amenaza derechos humanos de la población a través de la Policía y el Ministerio Público

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Familiares de detenidos en Espinar. Foto: DHSF

En estos últimos meses, los derechos de los pobladores de la provincia de Espinar están siendo afectados por una serie de denuncias interpuestas en su contra por la empresa minera Glencore Antapacay y que vienen acompañadas por maltratos y abusos por parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, según indica el último informe de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) en el Cusco.

Muchos de los “denunciados” son pobladores que viven en las cercanías del proyecto minero Antapacay quienes además de ser perjudicados por esta actividad, también lo son debido a los excesos de la intervención policial. En su informe, DHSF expone como es que los efectivos policiales no recurren a medidas persuasivas y más bien utilizan la violencia aduciendo “un supuesto cumplimiento de sus funciones”, claramente a favor de la minera, y no del orden público.

Por el lado del Ministerio Público, Derechos Humanos Sin Fronteras observa como la Fiscalía se presenta de forma “inmediata” frente a presuntos delitos flagrantes que son denunciados por la empresa minera Antapacay. Asimismo, se denuncia como es que algunos fiscales permiten -en su presencia- que se generen maltratos y vulneraciones de derechos fundamentales, que no se soliciten exámenes de médicos legistas y tampoco se investiguen las razones que motivan el uso de libertad de expresión o movilización pacífica, derechos garantizados por nuestra Constitución Política.

En cuanto a las acciones del Poder Judicial, en el informe se cuestiona cómo es que los efectivos policiales no han sido sancionados por maltratos físicos y psicológicos durante la detención; también se señala el mal uso de la prisión preventiva que es una excepcionalidad para restringir la libertad (conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal).

El informe se basa en los casos de la Asociación de Productores Pecuarios de Hunipampa en Espinar (11 de setiembre de 2015), y el de Juan Cancio Cuti, poblador de 68 años que vive en el sector Pacpacco de la comunidad de Alto Huancane (01 de junio de 2014). Es por ello que se señala la preocupación por la conducción de los procesos judiciales en contra de Juan Cancio Cuti (etapa de juicio oral), así como de Carlos Valentin Umasi, Victor Doroteo Sulla y Jackelin Maritza Umasi, quienes estarán privados de su libertad por seis meses.

Derechos Humanos Sin Fronteras forma parte de los 29 miembros de la RED MUQUI en 11 regiones del país.

VER INFORME

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