La realidad del cerro El Toro – Huamanchuco

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El cerro El Toro hace noticia para dar a conocer lo que ya se ha convertido en rutina: La muerte de tres obreros Se trata de los hermanos Julio, Samuel y José  Benítez Tiburcio de 30, 24 y 22 años de edad, que se dedicaban a la extracción de oro.

Según los familiares, habría otro minero muerto pero se desconoce el nombre, ya que los propietarios estarían ocultando este accidente laboral.

Además, informaron que los fallecidos fueron trasladados sigilosamente por los dueños de la mina hasta su tierra natal en el distrito de Cochorco, sin reportar el accidente a la Policía Nacional.

El hermano de las víctimas pide que se investigue el hecho, ya que son varias las personas que ya han muerto en minas artesanales sin que la PNP, ni la Dirección de Energía y Minas de la Libertad hagan algo para evitar más muertes.

Nuevamente, pues, nuestro querido e histórico cerro El Toro es protagonista de la noticia y, de esa manera, pone sobre el tapete del análisis la penosa realidad que soportan los obreros mineros. Moribundo como está el cerro El Toro, convertido hoy en una isla a la que pocos hicimos algo para frenar este problema, pese hacer amenazados.

Del Cerro El Toro no queda más que un viscoso cascarón, el cual en cualquier momento va a hundirse enterrando así parte del corazón huamachuquino.  ahora, como vacío esta ya nuestro cerro ahora le toca el turno de asesinar a los cerros de Sitabamba, en Santiago de Chuco, a donde ya empiezan a emigrar los ambiciosos mineros fantasmales del Cerro el Toro, y , también, de Parcoy y Pataz con su terrorífica guadaña a destruir sus hermosos cerros hasta convertirlos en cascarones vacíos.

Triste realidad que se va dibujando poco a poco en nuestra región por la negligencia de nuestras autoridades regionales y provinciales que se rinden ante el seudo poder que tienen los dueños de los yacimientos mineros amparados algunos por amañadas concesiones y, otros, sin ellas. Hecho que siempre hemos reclamado y que, tercamente, hoy señalamos.

Se reconoce la importancia que tiene la minería para el desarrollo económico de nuestro país. Lo que es materia de condena es la zona y la forma en que se desarrolla esta actividad que no respeta para nada la fuente de vida como es el agua. Para los elementos inescrupulosos el oro es lo primero, no vacilando en contaminar y destruir la ecología, delitos que deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

Las autoridades de todos los niveles de gobierno saben que la verdadera solución a este problema es el Ordenamiento Territorial  que defina las zonas de explotación minera y las zonas de explotación agrícola para que, de esta manera, ambas fuentes de riqueza se desarrollen armónicamente y contribuyan así al desarrollo de la economía nacional con absoluto respeto a la vida y bienestar de los pueblos.

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Máxima: amenaza de muerte

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El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de La Amaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.

El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera Maribel a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?

Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.

MARIBEL, LA NUERA DE MÁXIMA, CON SUS ANIMALITOS EN LA ZONA DE TRAGADERO GRANDE.

Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.

Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!

MÁXIMA EN NOVIEMBRE DEL 2011 CUANDO LA PNP LA GOLPEO PARA INTENTAR DESALOJARLA.

Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.

 

Por Rocío Silva Santisteban

Fuente: La Mula

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Después de 3 años se inicia juicio oral por conflicto socio ambiental en Espinar – Cusco

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Después de 3 años y 2 meses de investigación el Primer Juzgado Unipersonal de Ica citó a audiencia de inicio de Juicio Oral a ex alcalde y dos ex dirigentes sociales de la provincia de Espinar, producto del conflicto socioambiental ocurrido en mayo del 2012. El Juicio Oral se desarrollará en la ciudad de Ica en el Modulo Penal – Calle Chiclayo N° 243, a las 8.30 a.m. del día miércoles 05 de agosto del presente año.

Debemos destacar que con el Juicio Oral en contra de los líderes de la provincia de Espinar, se demuestra claramente la política de criminalización de la protesta social que se vive en el país en contexto de actividades extractivas.

Antecedentes del caso:

Como se recuerda en el 2012, mediante las Resoluciones Administrativas N° 096-2012 y N° 1343-2012, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, se deriva la competencia de los procesos de Espinar – Cusco a los Juzgados y Fiscalías de Distrito Judicial de Ica.

El ministerio Público de Ica, inició nueve procesos penales en contra de varios dirigentes sociales de la Provincia de Espinar, a quienes se les acusó de diversos delitos contra el orden público y otros, debido al conflicto socio ambiental ocurrido en mayo del 2012, donde los pobladores espinarences acusaban a la empresa Minera Xstrata Tintaya, hoy Glencore Antapaccay, por contaminación ambiental en el entorno del proyecto minero, así mismo se pedía a la empresa un nuevo Convenio Marco, entre otras demandas locales.

Después de más de dos años de investigación, el pasado mes de noviembre del 2014, en uno de los procesos (principal), el Juzgado de Investigaciòn Preparatoria de Ica archivo las investigaciones fiscales a favor del personal de senerazgo de la Municipalidad Provincial de Espinar; Ezequiel Qquehue Choqueccota, Juan Alberto Antonio Huaytapuma, Daniel Alfredo Condori Vilca y Roger Chullo Caballero, por los delitos de Tenencia Ilegal de Materiales Explosivos e Inflamables y Disturbios. Lo mismo ocurrió a favor de Romualdo Ttito Pinto, chofer de la camioneta de la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, a quien se le acuso del Delito de Tenencia Ilegal de Municiones.

Respecto a Oscar Mollohuanca Cruz (ex alcalde de Espinar), Herbert Huaman Llave (ex dirgente del FUDIE) y Sergio Huamani Hilario (FUDIE), se dispuso pasar a la etapa de juicio oral y determinar la responsabilidad o inocencia de los líderes sociales de Espinar.  La Fiscalìa Provincial de Ica, solicita en relación a este caso más 20 años de pena privativa de libertad y 100 mil soles de reparación civil, por los delitos; Atentado Contra la Seguridad Común, Entorpecimiento de los Servicios Públicos y Disturbios.

NOTA:

•    Desde el año 2012 se encuentra pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) por pedido de cambio de competencia para que el proceso judicial se desarrolle en Cusco y no en Ica.

•    Por el contrario las investigaciones sobre las muertes en el conflicto de mayo del 2012 en Espinar se encuentran archivadas.

Derechos Humanos Sin Fronteras.
Agosto del 2015

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Los errores de la minera Río Blanco que costaron la vida de tres personas

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En diversos medios de comunicaciones se menciona que los ronderos dificultaron la búsqueda de los extraviados en Cerro Negro e incluso se les culpa de las muertes de estos, cuando en realidad consta en reuniones, actas y fotos que sucedió todo lo contrario pues cientos de ronderos colaboraron con la búsqueda. Por otro lado, un aspecto importante a considerar es el accionar de la empresa minera Rio Blanco Copper S.A. al enviar a sus trabajadores a una zona de difícil acceso sin decirles cuál era la verdadera misión, en una temporada climatológica hostil, con equipos ineficientes y sin un adecuado plan de rescate.

Según recientes declaraciones del único sobreviviente, Manuel Herrera, los cinco expedicionarios: Orlando Pastrana (topógrafo), Aleida Dávila (periodista) y Segundo Tacure (cheff),  Gladys Elena Cunchaya Palomino (enfermera) y Manuel Herrera (geólogo) y Aníbal Herrera Meléndez, un comunero de la zona que se les unió en el camino, se dirigían al cerro Henrry’s Hill, donde yacen los restos del campamento minero abandonado desde el 2009. Ese mismo día, la enfermera, Gladys Cunchaya, regresó debido a que la altura le afectó.

EL ENGAÑO

Al llegar al campamento, debían tomar coordenadas de las perforaciones de exploración minera y fotografiarlas, luego de realizar caminatas y realizar los registros de información y fotográficos, se encontraron con cinco lugareños en el campamento. Orlando Pastrana, líder de la expedición, los sumó al grupo y reveló que el verdadero objetivo de la misión fue proseguir el camino hasta Ayabaca para encontrar nuevas rutas para la explotación minera. Manuel Herrera, declaró que a él informaron que la expedición iba a durar tan solo cuatro días.

Sin embargo, la intención de la empresa minera era hacer un levantamiento topográfico para construir trochas carrozables, la primera que una el campamento minero con el cerro Chinguelas, otra hacia la ciudad de Ayabaca y una tercera que comunique con la frontera con Ecuador.

EQUIPOS INEFICIENTES

Manuel Herrera, señala que la empresa les proporcionó un teléfono satelital que solo estuvo operativo hasta el día siguiente y cuando lo enviaron para ser reparado, la empresa nunca lo mandó de regreso. Asimismo,  indica que al estar extraviados, mandaron una señal de alarma a través de un GPS pero no obtuvieron respuesta por parte de la empresa.

NO EXISTIÓ PLAN DE RESCATE

El abogado de la familia de Orlando Pastrana, el topógrafo fallecido, responsabilizó  directamente a la minera pues no siguió el reglamento debido para prever la desaparición y por no poner en práctica el plan de contingencia y seguridad para salvaguardar la vida de los trabajadores, ya que la comunicación se perdió desde el día 7 hasta el 10 de julio.
Asimismo, el geólogo sobreviviente, afirmó que enviaron una alarma a la empresa con la intención de que les envíe un helicóptero y los rescate, pero nunca los auxiliaron. Manuel Herrera recordó que Pastrana, jefe de la expedición, le dijo: “Voy a prender el GPS de alarma para que nos envíen auxilio. Dentro de cuatro a cinco horas nos envían un helicóptero y nos rescatan”

TRABAJADORES SIN EXPERERIENCIA

En sus declaraciones  a las autoridades, Manuel Herrera, un bachiller de 25 años, quien apenas en marzo pasado había ingresado a hacer sus prácticas en la minera, señaló que  no tenía la mínima experiencia pues era “su primera vez” en ese tipo de misiones y que no recibió ningún tipo de preparación para esa empresa. En efecto, la única instrucción que tenía en manejo de equipos de GPS era la que recibió en la universidad. Asimismo, la viuda de Pastrana indocó en sus declaraciones a la prensa que este había solicitado a la empresa gente con experiencia.  «Mi esposo pidió gente que conociera el área, no pidió practicantes»

Por otro lado, aún continúan las interrogantes en este lamentable caso: ¿Qué hacían un cocinero y una comunicadora en esta compleja misión? ¿Por qué solamente el topógrafo sabía cuál era el objetivo real de la expedición? ¿Acaso ocultaron la misión por no contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, ni de la comunidad?

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Gobierno Regional de Cajamarca buscan nulidad del EIA de Conga

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El ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, emitió el Auto Directoral N°46-2015-MEM/DGAAM, a través del cual concede el recurso de revisión a la resolución que aprobaba la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga. Tal decisión es una respuesta a una iniciativa del gobierno regional de Cajamarca, cuyos representantes solicitaron tal recurso de revisión a la Resolución Directoral 228-2015-MEM, del 29 de mayo de 2015, que aprobaba la segunda modificación del EIA.

Sergio Sánchez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en diálogo con Noticias SER, comentó que el equipo técnico de RENAMA había notado que en el EIA de Conga había observaciones que no habían sido levantadas, pese a que la gerencia, en reiteradas ocasiones, había pedido las respectivas subsanaciones. Ahora, la impugnación deberá hacerse ante el Consejo de Minería. “Vamos por el lado de sustentar técnica y legalmente que el EIA del proyecto Conga presenta muchas deficiencias. Es una forma de buscar su nulidad”, expresó.

Por su parte, Nevenka Caicedo, asesora legal de RENAMA, explicó que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros ha concedido el recurso de revisión para que se deje sin efecto la resolución que aprueba la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga, y que ahora se está en el proceso administrativo, el mismo que reclama la sustentación, ante el Consejo de Minería, de los argumentos de su recurso: “Hemos presentado un cuadro demostrativo y estamos cuestionando, en la vía administrativa, el EIA. Si la respuesta del Consejo de Minería es desfavorable, evaluaremos, como gobierno regional, la posibilidad, pertinencia y necesidad de llevar a la vía judicial esa resolución. Es decir, si esa resolución fuera a una etapa judicial, nosotros podríamos solicitar una medida cautelar para que en tanto no se pueda ejecutar el proyecto”, argumentó.

Por otro lado, la funcionaria indicó que es importante rescatar el tema, ya que es la primera vez que se concede un recurso de esta naturaleza al gobierno regional, y que, por lo general, se había llegado hasta la etapa en la que sale la resolución que aprueba el EIA y con ello finaliza el proceso: “Es la primera vez que se impugna a nivel administrativo una resolución de esta naturaleza, y eso es gracias a que el equipo técnico ha identificado las debilidades continuas y permanentes del EIA de Conga. Estamos a disposición, listos para asistir, en cuanto nos oficien para presentarnos” refirió.

Fuente: NOTICIAS SER

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RED MUQUI y CooperAcción presentan análisis y aportes técnicos sobre las observaciones al EIA de Tía María

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El informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, elaborado por la RED MUQUI y CooperAcción, ofrece una revisión técnica de algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, y se ponen a disposición de la población y autoridades del Valle del Tambo

El EIA de Tía María tiene un total de 17,389 folios que incluyen las resoluciones -de segunda instancia- del Consejo de Minería que han declarado infundados los recursos de revisión presentados en contra de su aprobación del proyecto. Solo en observaciones presentadas por organizaciones del Valle del Tambo y especialistas, el EIA Tía María posee 10 tomos que han sido contestados por la empresa minera, reiterando respuestas a preguntas anteriores.

Es así que llama la atención, la forma en que fue aprobado el último EIA del año 2013. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó (Informe N°155-2014-MEM-DGAA/DNAM/DGM/TM), esta entidad del Ejecutivo terminó aprobándolo en menos de una semana (incluyendo los días de fiestas patrias) con muchas de estas observaciones, que no presentan información técnica válida.

La publicación presenta, en una primera parte, un análisis sobre la necesidad de priorizar el desarrollo territorial, aquí destaca el concepto de “licencia social”, es decir, un permiso que no se obtiene por medio de coordinaciones con el gobierno, ni con dinero, sino tomando en cuenta las dinámicas sociales, económicas, culturales y el equilibrio ambiental del lugar donde se desarrollan las comunidades; algo en lo que no reparan las empresas mineras en nuestro país. Y Southern no ha sido la excepción.

Ello se muestra en la secuencia de hechos ocurridos en el Valle del Tambo en los últimos años, desde la accidentada audiencia pública del EIA de Tía María (diciembre de 2013) hasta el rechazo por parte de la población, nos reitera que el proyecto minero que pretende imponer Southern nunca va a recuperar la “licencia social”.

La imposición de un modelo de desarrollo por encima de otro, el minero sobre el agropecuario en este caso, demuestra también que hace falta la aplicación de mecanismos de Ordenamiento Territorial que permitan priorizar las potencialidades en el uso de los suelos, con procesos participativos que definan las decisiones del Estado y se vean en políticas públicas.

A ello se suman los problemas de fondo en la normativa ambiental y social, en la información pública, en los mecanismos de participación ciudadana y en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda parte del libro, se expone sobre inviabilidad del proyecto minero debido al riesgo de contaminación atmosférica en zonas agrícolas, como el canal Ensenada-Mejía-Mollendo y otros poblados cercanos; contaminación de acuíferos y del río Tambo, así como los riesgos en el suministro del agua y su desalinización.

Una acotación importante, es sobre la falta de una evaluación de impactos ambientales a nivel de las microcuencas hidrográficas. “Hidrológicamente, las instalaciones del proyecto minero se ubican en 08 microcuencas hidrográficas: Quebradas Posco (Rosa María), Salinas, Chuli, Quialaque, Cachuyo y otras tres quebradas sin nombre. La red de drenaje de las cuatro primeras microcuencas es hacia el océano, y de las otras cuatro restantes hacia el Valle de Tambo.

Si bien el EIA, toma en cuenta, la ocupación de microcuencas, estas no están bien delimitadas como en el caso de la microcuenca Posco (Rosa María) donde no se considera a ninguna instalación minera. Asimismo, faltan considerar algunas como microcuencas de las quebradas Chuli y Quialaque.

Otra advertencia del texto, se refiere a las fuentes y concentración de contaminantes atmosféricos durante la etapa de operación del proyecto, es decir, principales actividades que generarían material articulado significativo como: Perforación y voladuras en los tajos; Transporte y procesamiento de minerales (chancado); Desmontes de mina, depósitos de sulfuros, etc. Asimismo, emisión de gases provenientes de Transporte de vehículos de mina (zona de mina); Transporte de vehículos livianos (área de la mina y alrededores) y los tajos abiertos.

Todas estas, son identificadas en el EIA actual (2013), sin embargo, no brinda información que permita conocer la concentración y dispersión de dichas emisiones, como: características y cantidad de vehículos (pesados y livianos); las características del material de los explosivos (ANFO y otros) y su relación con la emisión de polvos y gases atmosféricos, etc.

Respecto a las aguas del canal La Ensenada Mejía Mollendo (EMM) (consumo humano desde Cocachacra hasta Mollendo, riego y uso industrial) estas estarán expuestas al polvo contaminante que traería partículas, gases y vibraciones provenientes de las labores del tajo abierto La Tapada. La vulnerabilidad del canal, se debe a los vientos que cambian de dirección (de norte a sur). Esta infraestructura tampoco ha sido considerada en el EIA.

La idea de elaborar y presentar el informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, surge a raíz de una solicitud que los pobladores y autoridades del Valle del Tambo, hicieron a la misión –compuesta por RED MUQUI, COOPERACCIÓN Y CNDDHH- que llegó entre el 15 y 17 de abril a esta zona para verificar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de este año.

De esta manera, ambas organizaciones cumplieron en entregar este estudio a los alcaldes, dirigentes de base y pobladores del Valle del Tambo en el distrito de Cocachacra. Para ello los técnicos encargados, como la compiladora Marlene Castillo y el geógrafo, Elqui Cruz, explicaron parte de este análisis junto a Javier Jahncke, secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, quien presentó la parte social de la problemática en torno al conflicto por el Proyecto Tía María de Southern Cooper.

DATOS:

  • Población estimada en el Valle del Tambo: 47,441 habitantes, de los cuales 24 mil trabajan en el valle.
  • Tiene una importancia nacional en la siembra de arroz, ajo, papa y caña de azúcar.
  • Extensión agraria del valle del Tambo es de 15,078.88 hectáreas
  • Nuevos productos: olivo en zonas como El Boquerón, Cocachacra, Cocotea y Chucarapi, donde también destacaban el arroz, camotes y frutas.
  • Tía María es un proyecto de explotación minera próximo al río Tambo y al valle conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta del Bombón
  • La minera titular del proyecto es la Southern Copper Corporation (SPCC) y supone la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos con más de 2000 metros de largo con unos 1000 de ancho, y 270 m profundidad aproximadamente y tiene una vida útil de 18 años.
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Espinar, Exigen determinen a responsables de ocultamiento de información sobre presencia de metales pesados en pobladores

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La Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami), solicitó al Ministerio Público de Espinar que ejerza su autonomía frente a al Estado y que habrá la investigación penal para establecer los hechos criminales, identificar y sancionar a los  responsables  del ocultamiento de información referida a la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros que viven en las zonas aledañas al proyecto minero Tintaya – Antapacay.

Como se recuerda a inicios del mes de junio del presente año Adepami presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Espinar referida a la tendenciosa falta de información respecto a los resultados de los exámenes realizados a inicios del año 2013, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo instalada en a fin de atender las demandas de la población afectada por las operaciones mineras de la empresa Glencore – Xstrata.

Dichos estudios, necesarios para determinar la presencia de metales pesados en el organismo de los pobladores, fueron realizados por el Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, institución que hizo una medición para determinar la presencia de hasta 17 metales pesados, sin embargo, a la población solo se le informó de los resultados sobre la base de seis obviándose los datos acerca de los otros 11 parámetros medidos.

Adepami ha señalado que los presuntos hechos delictivos lindan con la comisión de los presuntos delitos contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General, Falsedad Ideológica, Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos y Falsedad Genérica; así mismo por el presunto delito contra la administración Pública, en su modalidad de Malversación y por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Exposición a peligro o abandono de personas en peligro.

La demanda ha sido interpuesta contra quienes ocupaban los principales cargos directivos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud – Censopas, en el año 2013.

Sin embargo, la asociación de afectados ha manifestado su decisión de ampliar la denuncia penal por el delito de homicidio culposo, pues muchos de los pobladores, cuyos exámenes demostraban que se encontraban con altos índices de metales pesados en su organismo, han fallecido sin que el Estado acuda en su asistencia.

La denuncia alcanzará también a la empresa minera Glencore – Xstrata, a quien se acusa de por los presuntos delitos contra la salud pública, por los responsables directos de la contaminación y afectación a la salud de las personas.

Lea el pronunciamiento de Adepami:

Pronunciamiento ADEPAMI by prensamuqui

Fuente: solsticio-peru.org

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Encuentran cuerpos sin vida de trabajadores de Río Blanco

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Las labores de búsqueda de la Policía y de la Fuerza Aérea del Perú en la sierra de Piura dieron resultados, lamentablemente hallaron sin vida a los tres trabajadores de la empresa Río Blanco, que estaban perdidos desde hace 20 días en la sierra piurana.

La vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza dio esta información vía Twitter, explicó también que ya iniciaron las labores de rescate de los cuerpos.

Debido a lo agreste de la zona y la poca visibilidad por la densa niebla dificulta el trabajo de los rescatista que llegaron al lugar en helicóptero.

Según el congresista Juan José Díaz Dios, al mediodía una brigada de rescate conformada por policías, personal de la FAP y dos rescatistas contratados por la minera Río Blanco encontraron los cuerpos en la zona de Cerro Negro en la jurisdicción de Ayabaca.

“Nos hemos comunicado vía teléfono satelital con los rescatistas y si los han encontrado, no podemos dar más detalles, porque deben ser los familiares de los tres trabajadores, los que deben ser los primeros en saber”, dijo el legislador.

Los cuerpos que fueron hallados pertenecen a la periodista Aleida Dávila (34), el topógrafo Orlando Pastrana (36) y el cocinero Segundo Tacure (28).

La empresa Río Blanco aún no se ha pronunciado al respecto, trascendió que se habría decidido hablar primero con los familiares de los trabajadores para luego dar una conferencia de prensa.

Marisol Espinoza@MarisolEspinoz_

Patrulla combinada de Policía y Fuerza Aérea encuentran cuerpos sin vida de trabajadores de Río Blanco, se inician trabajos de rescate

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Fuente: La República
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El Vaticano denuncia los abusos de grandes empresas mineras

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En muchos países de América Latina, África y Asia, las grandes empresas mineras cometen abusos sobre la población local, que el Vaticano puso el viernes ante los ojos del mundo en la inauguración de un congreso en el que participan unas treinta comunidades afectadas.

El cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que organiza el congreso, afirmó que «ahora son muchos los que escuchan el grito desgarrador de las zonas en que se extraen minerales gracias a numerosos informes internacionales como el de Kofi Annan sobre África, las directivas de la OCDE y su informe especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, o la legislación que debate el Parlamento Europeo sobre trazabilidad de minerales».

El cardenal ghanés afirmó que el congreso se sitúa tanto en la línea de la encíclica ecológica «Laudato si» («Alabado seas») como en «documentos de numerosas conferencias episcopales sobre violaciones de derechos humanos, ilegalidad y violencia».

Turkson denunció que «en los últimos días, algunas personas que participan en el congreso han sufrido presiones e intimidaciones. En el Pontificio Consejo hemos recibido muchos testimonios de amenazas, violencias y asesinatos».

Naturalmente, el Vaticano está a favor de la minería, siempre que respete los derechos de las comunidades locales, y el Pontificio Consejo Justicia y Paz ha convocado un segundo congreso, «Creando un nuevo futuro, reimaginar la minería» del 17 al 19 de septiembre, en el que participarán empresas mineras multinacionales.

En la línea de mejorar el respeto a los derechos en el modo de practicar la minería, el cardenal Turkson propuso sustituir el término general de «industrias extractivas» por el de «industrias de desarrollo de recursos naturales».

La conferencia de prensa del viernes en el Vaticano incluyó testimonios de víctimas –como un trabajador minero informal de la Republica Democrática del Congo, que sufrió quemaduras por defender un yacimiento–, así como de expertos en registrar y denunciar abusos.

El chileno Juan Guillermo Peñaloza Sierra denunció que «las empresas y sus aliados realizan actos de amenaza, amedrentamiento, agresión y criminalización contra los líderes que representan las comunidades y poblaciones», incluyendo numerosos asesinatos en media docena de países de América Latina.

Prassant Kumar Paikray informó de abusos en el estado indio de Odisha, donde la influencia de una compañía extractora de mineral de hierro ha logrado «que la policía y el gobierno sumen 370 casos penales falsos, la libertad bajo fianza de 2.500 personas, el encarcelamiento de 700 y la muerte de cuatro personas».

La brasileña Patricia Generoso Thomas denunció el tremendo daño que provoca a 17 comunidades de Conceiçao do Mato Dentro la empresa que explotan un enorme yacimiento a cielo abierto y envía el mineral a un puerto cercano a Río de Janeiro a través de «un acueducto de 529 kilómetros de longitud que consume cada hora 2.500 metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para abastecer una ciudad de 220.000 habitantes».

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El grito de los que sufren por la minería se escuchó en el Vaticano

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Unos treinta representantes de comunidades afectadas por la minería procedentes de África, Asia y América presentaron sus reclamos durante el Encuentro “Una jornada de reflexión – Unidos a Dios escuchamos un grito” organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz entre el 17 y 19 de julio pasado en Roma.

Según Radio Vaticana, el objetivo fue “dar mayor visibilidad a las situaciones de violencia e intimidación, de ilegalidad y corrupción, de contaminación y violación de los derechos humanos vinculados a la actividad minera” e interpelar a los responsables políticos, a las administraciones públicas, a los empresarios y a los inversores para que escuchen “el grito de la tierra y actúen con prontitud y responsabilidad al servicio del bien común, de la justicia y de la dignidad humana”.

El encuentro fue presentado el viernes 17 de julio por el cardenal Peter Turkson, presidente de dicho dicasterio, y por algunos de los participantes que ofrecieron su testimonio.

Según informó la Agencia católica Zenit, Turkson recordó que la Iglesia, en más de una ocasión y desde hace años, “sigue de cerca las actividades mineras”.

El cardenal mencionó también los documentos de Conferencias episcopales que denuncian las violaciones a los derechos humanos, ilegalidades, violencia y explotación de yacimientos de forma contaminante o afectando la seguridad alimentaria local.

El misionero comboniano Dário Bossi dio testimonio de la situación en el Amazonas y recordó que “Solamente en nuestra región de Carajás en el norte de Brasil, hemos tenido en los últimos tres años 26 conflictos abiertos entre la empresa minera Vale y las comunidades locales”, Agencia Zenit.

Otro de los participantes en el encuentro, Juan Guillermo Peñaloza Sierra, procedente de la diócesis de Copiapó en Chile, afirmó que por su experiencia “estas empresas mineras despliegan estrategias que buscan dividir a las comunidades indígenas y a los movimientos sociales y cooptar a algunos líderes”.

“Los efectos que constatamos día a día son: agotamiento y contaminación de las fuentes de agua, destrucción de ecosistemas y contaminación ambiental, que repercute finalmente en la salud de las personas incluyendo a los propios trabajadores”, explicó.

“Consecuencias a menudo demasiado negativas”

En su mensaje a los participantes del encuentro, el papa Francisco advirtió que muchas comunidades “sufren directa o indirectamente las consecuencias, a menudo demasiado negativas, de la minería”.

“Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo”.

“Vienen de situaciones diferentes y experimentan de diversos modos las repercusiones de la minería, ya sea la de las grandes empresas industriales, o la de los artesanos y operadores informales. Han querido reunirse en Roma, en esta jornada de reflexión que está vinculada a un paso de la Exhortación apostólica ‘Evangelii gaudium’, para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias, a menudo demasiado negativas, de la minería”, escribió Francisco.

“Todo el sector minero está indudablemente llamado a efectuar un cambio radical de paradigma para mejorar la situación en muchos países. Los gobiernos de los países de origen de las empresas multinacionales y los de aquellos en los que operan pueda en contribuir a ello, así como los emprendedores e inversores, las autoridades locales que supervisan la ejecución de las operaciones mineras, los trabajadores y sus representantes, las cadenas de suministro internacional con sus varios intermediarios y los que trabajan en los mercados de estas materias”, aseguró Francisco en su mensaje a los participantes del encuentro.

Segunda jornada con empresas mineras

Según una nota de Aleteia, el cardenal Turkson confirmó hoy que los dirigentes de las empresas de minería serán convocados a una segunda jornada de reflexión en el Vaticano, que se realizará del 17 al 19 de septiembre de 2015.

El 7 de septiembre 2013, el Consejo Pontificio había congregado a 25 dirigentes de la industria minera para reflexionar sobre los estragos humanos y ambientales de la actividad, sobre todo en países “pobres pero ricos de materias primas”, informó Vatican Insider.

En aquella oportunidad participaron Anglo American, Areva, BHP Billiton, China Minmetals Corporation y Río Tinto, además de un delegado de la Secretaría de Estado, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Caritas Internacional y Oxfam América.

 

Por Luis Manuel Claps
SERVINDI

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