Durante el quinto día del Paro, a primeras horas de la mañana un grupo de 300 trabajadores del agro del distrito de La Joya marcharon en  solidaridad con el paro indefinido contra Tía María, haciendo además un  llamado a autoridades regionales y nacionales para que atiendan inmediatamente las demandas del pueblo del Valle de Tambo. En la marcha hace su presencia el Sr. Cristhian Mario Cuadros Treviño Alcalde de la joya en la protesta.

Los 4 alcaldes de la provincia de Islay que apoyan el paro indefinido y los dirigentes de agricultores, acuerdan convocar a una reunión de urgencia con la Presidenta Regional, Yamila Osorio. La reunión se iba a realizar a las 10.30 horas en Deán Valdivia, lamentablemente nunca se confirmo la asistencia de la autoridad Regional.

A través de una  entrevista en RPP el director de Relaciones Institucionales de Southern Perú, Julio Morriberón menciona el retiro del proyecto Minero Tía María, noticia la cual es recogida por diversos medios de comunicación, quienes además anunciaban el fin del paro en el Valle de Tambo. Morriberon llego a denominar a los agricultores como “terroristas antimineros”

El Congresista Jorge Rimarachín, respondió a Julio Morriberón, vocero de Southern: «terrorista es el gobierno que concesiona todo. Mañana descubren oro debajo de palacio de gobierno y seguro lo concesionan»; por su parte el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo afirmó que no hay terrorismo antiminero en el valle de Tambo, “porque la población solo hizo presión para defender la actividad agrícola que es el sustento económico de la zona, ya que con la minería 13 mil hectáreas de cultivo estaban en peligro”

En el Valle el Tambo, miles de manifestantes llegaron a la Plaza San Francisco de Cocachacra, desde Mollendo, Punta de Bombón, Chucarapi, Arenal, La Curva y otros lugares; y en la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa la huelga de hambre y solidaridad con la lucha del Pueblo del Valle de Tambo se mantuvo en pie.

Posteriormente, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz; señaló que se comunicó con el presidente de Southern Copper, Óscar González Rocha; y que este negó que la empresa minera vaya a cancelar el proyecto Tía María en Arequipa, como había anunciado por la mañana Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de Tía María.

Ya en horas de la tarde Southern pública en su página web una nota de prensa, señalando que  proseguirá con el proyecto Tía María. Con esta información, quedo claro que el anuncio de la cancelación a través de un vocero; era una maniobra de presión mediática para buscar «culpables» y hacerse la víctima frente al Gobierno a quien su vocero en horas de la mañana acuso de cobarde.

Al acabar la nota, miles de manifestantes ingresan en caravana de vehículos a Mollendo, recorriendo la ciudad donde la población los recibe con palmas, aplausos, abrazos, afectos y solidaridad; en breve retornan al Valle de Tambo.

Muchos limeños todavía asocian Ilave al terrible asesinato del alcalde Fernando Robles, ocurrido en abril del 2004. Once años después, Ilave debería estar asociado mas bien al ejercicio de derechos ciudadanos, porque allí trabaja el Juez Mixto Julio Chucuya Zaga, el primer magistrado peruano que administra justicia en aymara.

Tradicionalmente, la justicia estatal se ha impartido solamente en castellano, generando una grave indefensión para millones de quechuahablantes, aproximadamente medio millón de aymaras y trescientos mil peruanos que hablan idiomas amazónicos. Hace cuatro años en mi tesis doctoral planteaba diversas medidas para enfrentar la barrera lingüística en el acceso a la justicia. Entre ellas, recomendaba que los magistrados aprendieran idiomas indígenas y se crearan Juzgados de Paz Letrados Interculturales. Entonces, sinceramente, tenía mucho escepticismo respecto a que el Poder Judicial se preocupara por el tema y por eso me alegra mucho apreciar los recientes avances.

Al difundirse el caso del juez Julio Chucuya, varias organizaciones aymaras hicieron un pedido público para que en otros juzgados del sur de Puno también los magistrados hablen aymara, a lo cual, Hernán Layme, Presidente de la Corte Superior, anunció que pronto eso será una realidad y que, además, habrá magistrados que atiendan en quechua en las demás provincias. En el mismo sentido, el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, director del Centro de Asuntos Interculturales, Rondas Campesinas y Comunidades del Ministerio Público, anunció que los fiscales puneños serán capacitados en quechua y aymara.

Existen también buenas noticias en Ayacucho: en las últimas semanas Antenor Jorge Aliaga, Presidente de la Corte Superior, ha creado los primeros Juzgados de Paz Letrados Interculturales Bilingües del Perú en las provincias de Sucre, Huanta y Cangallo, donde los magistrados administran justicia en quechua. Además, se anunció que otros jueces serán capacitados en la escritura de dicho idioma y también en la expresión oral, puesto que muchos sostienen que entienden quechua, pero no pueden hablarlo con fluidez.

A estos esfuerzos de las Cortes Superiores de Puno y Ayacucho, se unen los del Ministerio de Cultura mediante la formación de traductores de lenguas indígenas. Hace apenas cinco años, no existía ni uno solo reconocido en el Perú, pero actualmente tenemos más de 170 traductores en 27 idiomas. Hay muchos traductores en algunos idiomas como el quechua o el asháninka, pero también los hay en idiomas con pocos hablantes como el jaqaru, el murunahua y el iquito. Muchos traductores han recibido también una capacitación especial por el Poder Judicial.

Al mismo tiempo, se cuenta ya con las primeras traducciones de términos jurídicos en idiomas indígenas. Se empezó con el quechua chanka (que se habla en Apurímac y Huancavelica) a través del Manual para el Empleo del Quechua en las Comisarías (PUCP, 2013) elaborado por la profesora Gavina Córdova y este servidor. El libro fue distribuido a más de quinientos policías en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín y Arequipa. En el año 2014, el Ministerio de Cultura publicó el Manual para el Empleo del Quechua Chanka en la Administración de Justicia, para cuya elaboración me apoyó un valioso grupo de intérpretes.

Además, en el portal de internet del Congreso de la República, existen hasta el momento las versiones en quechua de 16 leyes, entre ellas el Código del Niño y del Adolescente, la Ley de Consulta Previa, la Ley sobre Justicia de Paz y la propia Ley de Lenguas. Sin embargo, queda pendiente la traducción de normas tan importantes como la ley sobre Violencia Familiar, las normas sobre comunidades campesinas o nativas o la legislación agraria. Tratándose de otros idiomas, solamente la Ley de Lenguas ha sido ampliamente traducida por el Ministerio de Cultura.

Por otro lado, en el portal del Ministerio de Justicia se encuentra grabada una versión en quechua de la Constitución, para que sea de fácil acceso para los oyentes, tomando en cuenta que la mayoría no ha sido alfabetizada en su idioma y tiene dificultades para leerlo . De igual manera, este Ministerio ha traducido al quechua los diversos formularios que deben remitir los ciudadanos , una iniciativa que debería seguir toda la administración pública.

Como vemos, son notables los avances que se han dado en los últimos meses para enfrentar la barrera lingüística para el acceso a la justicia. Las decisiones de los Presidentes de las Cortes Superiores de Ayacucho y Puno deberían ser imitadas por sus colegas del Cusco, Huancavelica y Apurímac, para atender mejor a miles de quechuahablantes.

Curiosamente, la última iniciativa en materia lingüística no proviene de la región andina, sino de la Municipalidad de Miraflores: la nueva Ordenanza contra la discriminación dispone que se identificará al personal que maneja quechua y aymara para que puedan comunicarse con los ciudadanos que se expresan mejor en dichos idiomas. La Defensoría del Pueblo de Arequipa ahora anunciado que dos días a la semana atenderá en quechua. Cuanto todas las entidades estatales tengan políticas similares, sería mucho más fácil su comunicación con la población.

Wilfredo Ardito Vega

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo indicó que la población solo defendió las 13 mil hectáreas de cultivo.

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo en Islay (Arequipa), Jesús Cornejo afirmó que no hay terrorismo antiminero en el valle de Tambo, porque la población solo hizo presión para defender la actividad agrícola que es el sustento económico de la zona, ya que con la minería 13 mil hectáreas de cultivo estaban en peligro.

El dirigente antiminero, precisó que el anuncio realizado por la empresa Southern Perú de retirarse del valle de Tambo, era esperado porque con mentiras querían obtener la licencia social.

“Sus talleres, sus audiencias fueron forzadas, atemorizando a la población, no permitiendo que participen sino trayendo gente de afuera, militarizando el valle de Tambo con 5 mil policías. Así fue como realizaron sus actos”, enfatizó el dirigente.

Se buscaba el retiro del proyecto minero, porque desde hace 20 años la Southern contamina el valle de Tambo con humos provenientes de la fundición de Ilo, daños que nunca reconoció, ahora ofrece dinero, acotó.

A esta hora, los dirigentes y pobladores que acatan desde hace cinco días un paro indefinido se concentran en el distrito de Cocachacra para emitir un pronunciamiento sobre la cancelación del proyecto minero y determinar si suspenden la medida de protesta.

 

Vía RPP

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, afirmó que el proyecto de cobre y plata Tía María «ha tenido un manejo muy cuestionable». No obstante, consideró que sería una decisión apresurada su cancelación.

Así se pronunció Osorio luego que el director de Relaciones Institucionales de Southern, Julio Morriberón, hiciera el polémico anuncio la mañana de este viernes.

«Sería una decisión bastante apresurada porque hace una semana, en compañía de tres ministros de Estado, fue instalada una mesa de desarrollo para la provincia de Islay que ha tenido precedentes positivos», comentó la autoridad en entrevista con RPP Noticias.

Dijo que esperará el pronunciamiento oficial del presidente del directorio de Southern, Oscar Gonzales Rocha, quien según la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortíz, rectificará la versión dada por el vocero de la empresa.

«Somos partidarios de promover la inversión privada responsable en las mejores condiciones. Yo creo que el proyecto ha tenido un manejo muy cuestionable, por eso los problemas que hoy existen en la provincia de Islay, y la mesa de desarrollo es una oportunidad clara para poder explicar los alcances del proyecto», manifestó.

Osorio reconoció que Tía María es un proyecto de «trascendencia», pues implica más de 1.400 millones de dólares de inversión que puede aumentar el incremento de recursos del canon y otras oportunidades.

 

Fuente: RPP

Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la empresa Southern Perú confirmó que el proyecto Tía María en Islay (Arequipa), no va más.

«Después de evaluar la total politización en el valle y la falta de decisión de las autoridades competentes, es por eso que estoy aquí. A partir de lo que he conversado con la empresa se decidió dejar el proyecto Tía María. No vamos a caer en las provocaciones de terroristas antimineros», dijo.

Morriberón explicó que los motivos de esta determinación fueron: la llegada del ‘terrorismo antiminero’ y la paralisis del Estado en su rol de promover las inversiones y dar las garantías necesarias.

Asimismo lamentó esta decisión porque el proyecto Tía María era considerada por los empresarios como la locomotora del desarrollo del sur, «porque a partir de eso se realizarían más proyectos», dijo .

El funcionario explicó que se intentó de todo para salvar al proyecto pero los grupos antiminero frustraron el diálogo, reveló que incluso se planteo hacer mesas de negociaciones donde iban a ofrecer un millón de soles para la comunidad.

Este proyecto de US$ 1.200 millones, se encontraba paralizado por más de dos años por falta de acuerdo con las comunidades locales, estaba diseñado para producir 120 mil toneladas anuales de cátodos de cobre.

 

Fuente: Radío Yaraví – Arequipa

En el cuarto día del paro indefinido contra Tía María en la provincia de Islay, Arequipa, miles de manifestantes se aprestaron a marchar con dirección El pueblo de El Fiscal se localiza en el distrito de Cocachacra .

El Diario Sin fronteras busco desinformar a la población mencionando que la CGTP ISLAY iba a realizar una contramarcha contra los antimineros, fue el mismo Sindicato de Construcción Civil de la Provincia quien desmintió al Diario y dijo que no harían ninguna marcha contra el paro indefinido de los pueblos del Valle de Tambo y por el contrario rechazan la represión policial contra los hermanos del valle de Tambo y exigiendo la solución inmediata por parte del Estado a este problema.

En la ciudad de Arequipa, el Ing. Otto Hito Urquizo, emitió un pronunciamiento en la Plaza de Armas y visitó los medios de comunicación de la ciudad explicando las razones técnicas del porque el Valle de Tambo puede verse afectado por el Proyecto Tía María.

Por su parte, el Frente Amplio de Defensa Social de los Intereses de Tacna expresó su solidaridad con la lucha del pueblo del Valle de Tambo, entregando un pronunciamiento en que expresa su “total respaldo al heroico pueblo del valle de Tambo que vienen exigiendo desde el año 2008 que la minera SOUTHERN se retire definitivamente de este valle.” En el documento demanda el retiro definitivo de la Southern Proyecto Tia Maria, el retiro de la ampliación de la minera MINSUR y de la Concentradora de Toquepala. Por todo, demanda una nueva Constitución Política del Perú.

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RED MUQUI

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Para mañana viernes 27 de marzo del presente año, las organizaciones sociales representativas de la provincia de Espinar; FUCAE, FUJEK, AUPE y organización de mujeres, convocan a un paro preventivo de 24 horas. Frente a esta convocatoria Roger Huillca, presidente de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar – FUCAE, anuncio que la movilización es en respuesta a las “mecidas” del gobierno central contra las demandas del pueblo K’ana.

El presidente de la FUCAE señalo que desde el 2013, año en el que se instaló la Mesa de Dialogo en la provincia, no se dieron los resultados esperados por la población, al contrario se evidencio la decidía del gobierno central por apoyar a la empresa minera, esto debido a que los funcionarios representantes incumplieron con plazos y demás promesas hechas en esta Mesa de Dialogo.

Entre las demandas de esta medida de lucha, se destaca: la implementación de acciones preventivas de salud, el pedido de identificación de los focos de contaminación que afectan a la población y la realización de un nuevo Convenio Marco con la empresa minera Antapaccay.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

EXIGIMOS  JUSTICIA Y VERDAD EN EL ASESINATO DE ALBERTO ROQUE CCONISLLA, ALCALDE DEL DISTRITO DE MARA-APURIMAC

Frente a los lamentables hechos ocurridos el pasado miércoles 18 de marzo en horas de la madrugada  en la ruta Cusco- Mara donde fue asesinado el alcalde del Distrito de Mara Alberto Roque Cconislla, las organizaciones de la sociedad civil expresamos:

Primero: Alberto Roque Cconislla (35), de la Comunidad de Yuricancha, fue un líder y dirigente de base del distrito de Mara, que con empeño y perseverancia llego al sillón municipal.  Fue Presidente de la mancomunidad de la Cuenca del río Santo Tomás (AMSAT), es decir él construyo desde sus bases comunales el liderazgo y su posterior carrera política en el distrito de Mara. Estaba al inicio de una gestión que pretendía ser transparente y promotor de los intereses de la población campesina de la localidad.

Segundo: Consideramos que las circunstancias del asesinato no corresponden a un asalto común, si no parecen indicar un acto pre-meditado, que probablemente tendría relación con el recientemente asumido cargo de alcalde de Mara, y con los objetivos trazados por esta gestión. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y el pueblo de Mara.

Tercero: Exigimos al Ministerio Público que en el marco de sus funciones  desempeñe una investigación profunda velando por el derecho a la verdad y justicia que sus familiares y el pueblo de Mara demandan. Es preciso que se identifique y sancione a los responsables de este asesinato y no se generen condiciones de impunidad. En la provincia de Cotabambas, en los últimos tres años se han presentado, según lo afirman sus pobladores muertes no esclarecidas, razón por la que los niveles de desconfianza hacia el Sistema de Administración de Justicia esta presente  en la población. Es urgente que el Poder Judicial, Ministerio  Público, Policía Nacional y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establezcan coordinaciones y su presencia garantice un real acceso a la justicia a favor de toda la población.

Cuarto: Demandamos a las autoridades competentes, especialmente al Ministro de Justicia, a fin de que velen por  las necesidades inmediatas y de largo plazo a favor de  la familia del Alcalde Alberto Roque, particularmente de su esposa y  sus 03 hijos menores. Al ser víctimas directas, se debe garantizar que gocen  plenamente de los derechos como a la salud, educación, vivienda y otros.

Quinto: Exhortamos a las autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales garanticen la paz social, democracia y justicia en la región de Apurímac, especialmente en la provincia de Cotabambas, frente a un escenario donde la conflictividad y violencia se han profundizado dramáticamente  en los últimos años, sumado al gran  porcentaje de territorio concesionado a la actividad minera y el inicio de proyectos mineros de envergadura. El Estado Peruano debe cumplir su responsabilidad de garante de derechos, canalizando los conflictos institucionalmente y resolviendo las demandas de las poblaciones locales.
Sexto: Es necesario que en este escenario de violencia y conflictividad latente en la zona, se garantice mecanismos de participación ciudadana eficaces frente a las autoridades locales, funcionarios públicos, así como  a los actores privados presentes en la zona como son las empresas mineras, con el fin de generar relaciones de transparencia y diálogo. Ello requiere el respaldo y acompañamiento de los diferentes niveles del Estado. Sin ello es probable que el aumento de la conflictividad y violencia continúen.

El asesinato del alcalde de Mara, Alberto Roque Cconislla, no debe quedar impune y debe al menos motivar políticas adecuadas ante el escenario difícil que la región de Apurímac esta viviendo. El desarrollo de sus pueblos  debe garantizar el pleno acceso a la justicia de todos sus ciudadanos sin discriminación alguna, ello significa la posibilidad de los pueblos a decidir sobre sus territorios y recursos naturales como parte de su futuro, así como el  acceso a los beneficios que se genere.

Cusco- Apurímac,  26 de marzo del 2015.

Firman:

VIUDA E HIJOS DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE MARA.
SRA. VICTORIA HUILLCA MIO

RED MUQUI SUR (CADEP)
COORDINADOR; HAMILTON AUCCAPURE CASTRO

RED MUQUI NACIONAL
SECRETARIA EJECUTIVA;  JAVIER JAHNCKE

LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – PERÚ
ROCÍO SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE

CENTRO ANDINO DE EDUCACION Y PROMOCION JOSE MARIA ARGUEDAS
DIRECTORA; CARMEN ALVAREZ PONCE DE LEON

DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS – DHSF – CUSCO
DIRECTOR; JAIME CESAR BORDA PARI

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS  CULTURAS ANDINAS IDECA – PUNO
DIRECTOR; BORIS PAUL  RODRIGEZ FERRO

COOPERACCION
JOSE DE ECHAVE

CENTRO BARTOLOME DE LAS CASAS  CBC – CUSCO.
DIRECTOR; VALERIO PAUCARMAYTA

ASOCIACION TARPURISUNCHIS – APURIMAC.
JAVIER MALPARTIDA

CONGRESISTA  DE LA REPUBLICA – CUSCO.
VERONICA MENDOZA.

AMAS – ASOCIACIÓN MARIANISTA DE ACCIÓN SOCIAL
WALTER PEREDA

APRODEH – APURIMAC
ENVER QUINTEROS PERALTA

FRANCISCO SOBERON G
ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS

MAURO MAZZACANI
COORDINADOR PROYECTOS PERÚ
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

BROEDERLIJK  DENLE PERU
RAPHAEL HOETMER

ASOCIACION ARARIWA – CUSCO.
DIRECTORA; YUNILDA MALDONADO CASTILLO.

RED, AGUA, DESARROLLO Y DEMOCRACIA – REDAD PIURA.

ASOCIACIÓN CIVIL WARA – CUSCO.
PRESIDENTE EJECUTIVO;  WILLIAM CÁRDENAS FARFÁN

CEPRODER APURIMAC
DIRECTOR EJECUTIVO; JORGE CORCUERA LUJÁN

PLATAFORMA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – RENADES CUSCO

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS -CEDEP AYLLU  CUSCO
DIRECTOR EJECUTIVO; CELSO QUISPE SANABRIA

RED UNIENDO MANOS PERÚ
DIRECTOR EJECUTIVO; CONRADO OLIVERA

PROGRAMA DEMOCRACIA Y TRANSFORMACIÓN GLOBAL
MAR DAZA

Las compañías mineras se niegan a pagar el Aporte por regulación (ApR) con el que, como manda la Ley 27332, deben financiar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Entrevistamos la vocera de esa entidad, Delia Morales, quien explicó la posición del organismo fiscalizador.

Morales indicó que hasta el 2014, cuando entró en vigencia el ApR, se trabajaba con el esquema establecido por un “arancel minero”, con el que las propias empresas reembolsaban a terceros por labores de evaluación y fiscalización solo dentro de cada unidad minera.

Esta situación, aseguró, afectaba el principio de imparcialidad y era de limitado alcance, pues no medía el impacto total de la minería (en el medio ambiente y en la población).

El enfoque en el que opera el OEFA es integral y reemplaza al “arancel minero”, señaló. Así, lo que se recaudó el 2014 por ApR fue alrededor de S/. 89 millones, ya usados hasta los primeros meses de este año.

Actualmente, aunque la ley faculta que sea hasta el 1%, el OEFA cobra 0.15% de las ventas anuales de cada empresa, deducido el IGV y el Impuesto de Promoción Municipal. Y para este 2015, el Aporte por Regulación representa el 80% del presupuesto del órgano supervisor.

Este año, el ApR debe financiar, en el sector minero, 730 supervisiones, la implementación de 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos participativos y la participación en 32 espacios de diálogo.

No obstante, desde el otro lado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifiesta así su postura: «El OEFA, como organismo de fiscalización ambiental, debe financiarse con recursos del presupuesto nacional, arancel o reembolso según corresponda, lo cual ha funcionado desde hace muchos años sin mermar la calidad de la fiscalización».

Sin embargo, también en contra de la pretensión minera, el Poder Judicial ha emitido dos sentencias que ratifican la constitucionalidad y legalidad del ApR que percibe el OEFA; ha declarado infundada demandas de Acción Popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la Minera Colibrí S.A.C.

Delia Morales señaló que el problema actual, además de la negativa minera, reside en que INDECOPI, que reconoce la legalidad del ApR, emitió una disposición administrativa por la cual debe ser OSINERGMIN la que cobre el ApR y luego lo traslade al OEFA, lo que afecta las potestades de ese órgano.

OEFA espera que en los próximos días INDECOPI corrija su disposición, respete las sentencias del PJ y rechace la pretensión de 4 mineras para eliminar la ApR.

Vía: Canal TVPerú

Las organizaciones de la Sociedad Civil han presentado un pronunciamiento ante la audiencia de INDECOPI para adoptar una decisión final sobre la denuncia de 4 empresas mineras en contra del OEFA para no pagar el Aporte por Regulación (APR)

En el tercer día de paralización en la provincia de Islay, Arequipa frente al proyecto minero Tía María, lamentamos informar que se produjo el fallecimiento de Carlos Enrique Rondón Rodríguez, agricultor del Valle del Tambo, quien había sido declarado desaparecido ayer, luego de la represión policial en el acceso al poblado de El Fiscal, cuando la marcha pacífica se desplazaba para hacer un mitin en la zona.

El señor Rondón, fue encontrado muerto por la mañana de hoy en la localidad de Chucarapi, muy cerca de El Fiscal, con diversos golpes en el cuerpo, disparos de perdigones (armas usadas por la policía en la represión), con marcas de estrangulamiento en el cuello y un corte a la altura de la yugular. El cuerpo ha sido llevado a la morgue de Mollendo para la necropsia de ley.

De otro lado los 9 detenidos ayer fueron derivados a las dependencias de seguridad del Estado en Arequipa, donde en base a videos y declaraciones de los policías que intervinieron en el operativo de represión, buscaron mantenerlos detenidos por más de 24 horas. Finalmente ante la falta de pruebas suficientes, se les otorgó libertad, pero al parecer se les abrirá investigación y deberán asistir a declarar en su momento. Después de todas las noticias negativas, al menos una positiva para los pobladores de la provincia de Islay.

La población de Islay ha decidido emprender marcha hacia Mollendo. Solicitaron por la mañana los permisos en primera instancia a la policía los que no les fueron otorgados por no estar la autoridad competente. Finalmente, con apoyo del congresista Jorge Rimarachín quien llegó a la zona para acompañar a las organizaciones en sus acciones pacíficas, el permiso les fue otorgado y han iniciado su marcha pacífica hacia Mollendo.

Esperamos que no se repitan las acciones de represión de parte de la Policía Nacional, y que se brinde las garantías a la marcha pacífica de la población local en defensa de sus derechos.

Cocachacra – Lima, 25 de marzo de 2015

RED MUQUI

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