Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, participó en protestas contra Tía María en el año 2011

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Era el 30 de marzo de 2011. Aquel día se había dado a conocer, por canales extraoficiales, el resultado de la evaluación que hiciera la UNOPS (organismo técnico de evaluación de proyectos de las Naciones Unidas)  al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María, en el que se consignaron más de 300 recomendaciones y 138 observaciones.

El gobierno de Alan García Pérez y su Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, se habían empeñado, desde hacía meses, en defender el EIA, que “había pasado por todas las revisiones pertinentes” y cumplía todos los requisitos de la legislación peruana, según decía ardorosamente el propio ministro. Ante las protestas y claras omisiones del Estudio, en noviembre de 2010, accedió a su revisión por UNOPS; pero cuando el informe estaba a punto de culminarse, con graves observaciones, el gobierno rompió unilaterlamente el contrato argumentando problemas presupuestales e intentó evitar que se hiciera público. (ver investigación de IDL reporteros aquí El escándalo de la Unops, el ministro y Tía María)

Finalmente UNOPS hizo público el estudio el 30 de marzo, “colgándolo” en Internet a pesar de que el gobierno peruano no le había cancelado sus servicios. Esto ocurrió en pleno paro indefinido decretado por el Frente de Denfensa del Valle de Tambo, que había iniciado el 24 de marzo. El gobierno -idem que el actual- había enviado al Ejército a apaciguar la protesta, en plena efervescencia.

Ana María Solórzano, quien era la candidata número 1 del nacionalismo en Arequipa, participó activamente en esa protesta. Aquí la vemos en una marcha, junto al hoy alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, quien en días pasados le envió un mensaje a Ollanta Humala, irreproducible por su obcenidad, pero al parecer, muy sentido.

Pocos días antes, el entonces candidato presidencial, Ollanta Humala, había estado en Cocachacra, alentando la protesta y prometiendo defender sus pedidos y hacerlos respetar, frente a la imposición del gobierno central. “Hasta en esto se ve que el gobierno central favorece a los grandes grupos económicos, antes de escuchar al pueblo… la voz del pueblo es la voz de Dios y se hará respetar…el presidente de la República, tendrá que venir aquí personalmente y no mentir, y si miente, tendrá que ser vacado”.

Como no podía ser de otra manera, tras el ingreso del Ejército, pocos días despues, el lunes 3 de abril se produjo la primera muerte como consecuencia del enfrentamiento de la población con las fuerzas del orden. La Defensoría del Pueblo intervino intentando buscar una tregua, pero no lo consiguió: el jueves 7 de abril se produjeron dos muertes más, enlutando a humildes familias campesinas del lugar. Los tiros nunca alcanzaron a los revoltosos, radicales, antimineros y proterroristas que, según el gobierno, eran los que impulsaban la protesta.

Solo después de estas muertes y ante la aplastante evidencia del estudio de Unops, el gobierno finalmente cedió y suspendió el proyecto.

Tras los problemas en la provincia arequipeña de Islay, que dejaron cuatro muertos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró ayer “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María, dirigido por la Southern Copper Corporation.

“Hemos anunciado la emisión de una resolución directoral que declara inadmisible el proyecto e igualmente dispone que la empresa debe abstenerse de ejecutar cualquieractividad minera en la zona”, declaró el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, tras una reunión con dirigentes de los manifestantes y autoridades arequipeñas.

Agregó que también se ha dispuesto que Southern inicie el retiro de equipos, maquinaria e insumos que ya había llevado al lugar del proyecto.

Sánchez recordó que una de las medidas que planteó el MEM para resolver la problemática sobre este caso fue que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sea la que evalúe la viabilidad del EIA, pero la empresa no levantó las observaciones de esta entidad, lo cual deriva en la nulidad del proyecto.

Cuando ingresó el gobierno de Ollanta Humala, hubo un significativo cambio. En su interpretación, el proyecto no estaba suspendido, sino solo tenía el EIA anulado. Acordó con la empresa que admitirían la presentación de un nuevo EIA y podía seguir con el proyecto. Así, Southern inició una nueva estrategia de aproximación a ciertos sectores de la población y mandó elaborar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que presentó en 2014, siendo aprobado 3 meses después.

Cuatro años después de aquella marcha, Ana María Solórzano volvió a participar activamente en un nuevo conflicto alrededor del proyecto Tía María, pero esta vez lo hizo desde el otro lado del mostrador. Vino junto a una delegación de congresistas, ministros y alcaldes a intentar “persuadir” a los opositores de que, ésta vez, el EIA es perfecto, que no es necesaria la revisión de Unops, que es necesario deponer la protesta y que los opositores son solo “radicales antimineros”.

Fuente: El Buho

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Territorio Yanacocha: relatos de impunidad

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Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales. Esta región minera alberga relatos de impunidad,  de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido. Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las «dádivas» de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Historias de impunidad.

La lucha de Isidro Llanos

El campesino Isidro Llanos fue asesinado el 2 de agosto de 2006 a los 58 años en Combayo. La población de esa comunidad, perteneciente al ditrito de la Encañada,  se movilizó contra las intenciones de la empresa  Yanacocha de ampliar el proyecto minero (Carachugo II). Sin embargo, desde los años noventa la minera se había instalado en el cerro Carachugo, donde se fundió la primera barra doré.

«Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino», relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. «No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso», comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. «No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo», relata su hermana Paula Llanos.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque «declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos». «El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado», sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. «Cuando se produce una situación de conflicto armado aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado», comenta Bregaglio.

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, «cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional». No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de «sobrepasado», considera que debe ser definido, para «no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder». No obstante, Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del «orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable», pues de lo contrario, «viviríamos en una anarquía».

Las muertes de Conga

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín: César Medina, José Faustino Sánchez, Paulino Leonterio y Joselito Sánchez. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al «traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego». En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia, se afirma que «es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín».

El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de «garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales», apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. El 4 de julio el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM.

La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Impunidad

“Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces.

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien», comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  chica de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma «no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona». «Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía», cuenta. Marisol Malqui, viuda de José Faustino, dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. «Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.». Marisol no tiene un trabajo estable, limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  «¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Santos Huamán, madre de Joselito Sánchez, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. «Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura».

«En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vida judicial», declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. “Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales», concluye Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

Existe un convenio de «prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP». Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina el abogado Juan Carlos Ruíz. «Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo», declara Rolando Luque.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas estructurales de la población permanecen; y el Estado mantiene esta legislación. El desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

Escribe Nylva Hiruelas
Fuente: Gran Angular

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Condenamos agresión a Fani Lalangui, esposa de Euler Jave, defensor de los derechos humanos de San Ignacio – Cajamarca

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Fedepaz condena cobarde agresión a esposa de defensor de Derechos Humanos y del Ambiente de San Ignacio – Cajamarca, mientras se realizaba el Juicio Oral a los condenados por difamarlo gravemente

El 28 del mes pasado, mientras esperaba a su esposo Euler Bery Jave Díaz, en las inmediaciones de la sede del Poder Judicial en Jaén, Cajamarca, Fani Lalangui Brito fue cobardemente agredida por un supuesto reportero de nombre Clever Monteza, quien después de vociferarle que su esposo era un delincuente le propinó un golpe de puño en el hombro.

Como recordaremos, durante varios años hasta diciembre de 2014, Euler Bery Jave Díaz se desempeñó como Gerente General de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y, como tal, siempre se mostró comprometido y brindó su apoyo a las comunidades de la provincia, como la comunidad nativa Awajún de Supayacu, ubicada en el distrito de Huarango, en sus actividades de defensa de su territorio y de su derecho a ser consultada previamente, frente a las autorizaciones de exploración minera que había otorgado el Estado Peruano dentro de sus territorios.

Precisamente, por ello, es una persona muy apreciada y respetada en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, en la cual siempre ha mantenido y mantiene una conducta intachable. Sin embargo, tres seudo-comunicadores (Santos Anacleto Pasapera Portilla, Nexar Jaramillo Dávila y Yeston Vásquez Tocto), a través de una radio de la provincia, comenzaron a cuestionarlo y deshonrarlo, criticando su actitud de defensa de los derechos de los pueblos nativos, señalando que no permitía el desarrollo de los mismos, que era un funcionario público anti-minero y antisistema. Lo trataron de asesino, corrupto y hasta de terrorista, sin tener prueba alguna y con el único propósito de desprestigiarlo ante los ciudadanos de su provincia.

Aquí es necesario recordar, que estas falsas imputaciones contra Euler Beri Jave Díaz se dan en un contexto en que seudo-comunicadores se prestan, quién sabe por qué razón, a campañas de demolición de honras de defensores de derechos humanos que tienen el único propósito de desprestigiarlos, para a su vez, deslegitimar sus acciones de defensa de los derechos fundamentales de las comunidades que se ven afectadas por las actividades de empresas extractivas. Por eso es que FEDEPAZ ha advertido públicamente, a nivel nacional e internacional que, lamentablemente, ésta es una forma más de criminalización de la protesta social.

Al respecto, Euler Beri Jave Díaz interpuso una querella por difamación agravada y después de llevarse a cabo, en primera instancia, un segundo Juicio Oral (el anterior que los condenó fue anulado por la Sala por temas formales), estos seudo-comunicadores volvieron a ser hallados culpables del delito de difamación agravada en perjuicio de Euler Beri Jave Díaz y, por ello, condenados a dos años de pena privativa de la libertad y al pago de S/. 60,000.00 de reparación civil. Los condenados apelaron la sentencia y la Sala Mixta Descentralizada de Jaén convocó para inicio del juicio Oral, en segunda instancia, para el 28 de abril de 2015. Precisamente, mientras esperaba que su esposo saliese de la Audiencia Judicial, Fani Lalangui Brito fue agredida cobardemente en los términos referidos.

No satisfecho con sus agresiones, este supuesto reportero realizó una llamada a la estación policial de Jaén para denunciar falsamente, que en inmediaciones de Poder Judicial de dicha ciudad se encontraban dos personas armadas al interior del vehículo del Sr. Euler Bery Jave Díaz. Dos camionetas de la policía (con alrededor de 10 efectivos policiales) se apersonaron a indagar y comprobaron la falsedad de dicha denuncia. Ante ello, Jave Díaz y su esposa interpusieron una denuncia contra Clever Monteza por agresión y lesiones.

Cabe señalar que este supuesto reportero trabaja para el Diario El Espectador de Jaén, que es de co-propiedad de los Hermanos Vásquez Malca, siendo uno de ellos Ramiro Vásquez Malca, el abogado que patrocina a los condenados por difamación agravada antes citados y quien suele llevar a las audiencias, a un reportero del Diario de su propiedad para tratar de amedrentar y/o presionar a quienes denuncian las campañas de difamación de honras y defienden su honor, publicando luego información falsa sobre ellos, como acaba de pasar con Euler Beri Jave Díaz.

Al respecto FEDEPAZ condena esta cobarde agresión contra Fani Lalangui Britoy y la nueva difamación de la que ha sido víctima Euler Beri Jave Díaz, a quien el supuesto reportero tildó de “delincuente” sin tener prueba de ello. Asimismo, expresa su solidaridad con la Familia Jave y su confianza en que el 13 de este mes, fecha en que la Sala Mixta Descentralizada de Jaén ha señalado que dictará sentencia en Audiencia Pública, se confirmará la sentencia condenatoria por la contundencia de las pruebas que acreditan la comisión del delito, materia de juicio oral y la responsabilidad penal de los condenados, evitando la impunidad en estas campañas de demolición de honras de las que son víctimas los defensores de derechos humanos.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 5 de mayo del 2015.
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Comunicado de los Alcaldes de Valle de Tambo

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Ante los sucesos que vienen ocurriendo en el sur del país, particularmente en la Provincia de Islay, con motivo del proyecto minero “Tía María”, llamamos a una  profunda reflexión, que  desemboque en una  pronta acción en defensa de la vida, la construcción de la paz y la justicia.

Tenemos conocimiento de la importancia de proyectos como el de Tía María porque implicarán altos niveles de inversión para la economía de la región y del país, con la consecuente creación de puestos de trabajo, importantes obras de infraestructura y el aporte a los recursos públicos, especialmente regionales y locales, con todo lo que ello implicaría en favor de la calidad de vida.

Sin embargo, nos preocupa las poblaciones que durante años viven de la agricultura, dinamizada en los últimos tiempos, que es necesario promover y proteger, puesto que favorece  la alimentación y una muy importante generación de puestos de trabajo, que mejora la economía de las familias, la región y del país en su conjunto. En el importante valle del río Tambo, para favorecer la agricultura, es necesario proteger el agua tanto superficial como del subsuelo. La calidad del aire y de la tierra es  también esencial para lograr los necesarios niveles de productividad. Nuestra mirada debe incluir el bien  común, el cuidado de la Creación, un desarrollo verdaderamente humano, sostenible y solidario.

Lamentamos profundamente los hechos de violencia que se vienen suscitando y en particular la muerte  de hermanos nuestros, como Victoriano Huayna y Henry Checlla. ¡No debe haber más víctimas¡. Lamentamos también los numerosos heridos tanto de la policía como de civiles que ya son muchos. ¡No más violencia¡. Llamamos a las fuerzas del orden y también a la población civil a reafirmar el respeto por los derechos humanos y por la paz. Es sumamente necesario retomar el diálogo alturado, con la buena voluntad de todas las partes implicadas, que deben participar en él para que se restablezca la Paz.

Como lo hemos manifestado en el Comunicado de los Obispos del Perú de enero del presente año:  “La paz es la buena noticia del Evangelio. La debemos construir entre todos, porque son «Bienaventurados los que trabajan por la paz» (Mt 5,9). En ese sentido, ratificamos nuestra voluntad de respaldar y apoyar las iniciativas para restablecer el diálogo y la construcción de Paz.

Que María, Nuestra Señora de la Paz, nos ayude a lograr el restablecimiento de la paz en el sur y en todo nuestro amado Perú.

Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón
Arzobispo de Ayacucho
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM 
Arzobispo de Trujillo
Primer VicePresidente de la CEP

Mons. Pedro Barreto Jimeno SJ
Arzobispo de Huancayo
Segundo VicePresidente de la CEP

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Honduras: más del 70% de su territorio podría estar sujeto a concesión de la actividad minera

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Pedro Landa, miembro del equipo de investigación de la compañía de Jesús de Honduras, nos cede una entrevista para hablar sobre los sucesos políticos y económicos de este país. Este líder ambientalista durante el 2014 ha sufrido dos atentados y tuvo que marcharse del país para salvar su vida.

Honduras es un país complejo, tiene el mayor índice de violencia en el mundo,  la tasa de pobreza asciende hasta el 64,5% de su población, además, tiene una alta tasa de migraciones: se calcula que entre 80.000 y 100.000 hondureños migran cada año a EE.UU.  Actualmente una ola de protestas sacude a este país pidiendo la renuncia de su presidente, Juan Orlando Hernández, tras haberse destapado un escándalo de corrupción,  las denuncias señalan como culpables a la cúpula del partido, el Nacional, y a poderosos empresarios de haber saqueado más de 300 millones de dólares al  Instituto Hondureño de Seguridad Social. La última protesta convocó a aproximadamente 60.000 hondureños, según informa Reuters.

Desde hace ya seis semanas la población hondureña marcha en protestas reclamando la renuncia de su presidente.

Este es un movimiento que ha surgido con una fuerza increíble, de manera espontánea por un sector que no se había involucrado políticamente: la clase media de Honduras (la gente afectada no fueron la más pobres, porque quienes tienen seguridad social son los trabajadores) y del sector universitario, sobre todo estudiantes. Hay un proceso de indignación en la población.

Este movimiento fue movilizado por el tema de saqueo  y corrupción que se hizo en el Instituto de Seguridad Pública. Además, se comenzaron a  hacer análisis sobre cuál fue el costo de este saqueo, y lo que se logró identificar es que durante este período casi 3.000 personas murieron por falta de atención médica y de suministros. Esto significa que estas personas podrían haberse salvado si no se hubiera robado este dinero. El presidente actual reconoció que parte del dinero fue a parar para financiar su campaña electoral, pero él afirma que desconocía la procedencia del  mismo. Esto generó mayor indignación, y de allí viene la exigencia de la renuncia del presidente y de un juicio político, no solo por corrupción sino también por complicidad en el tema del asesinato de las personas, y del partido político que está en el gobierno.

Es necesario cambiar el sistema de gobierno, por lo que se está presionando para la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad como base para que permita la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, y cambiar desde ahí las bases del Estado. Es una lucha muy ambiciosa, esperanzadora, pero las movilizaciones son cada vez más fuertes, y las presiones más grandes.

Para nosotros esta coyuntura es la que más esperanzas está brindando después del Golpe de Estado.

¿Podría haber una articulación entre la clase media y campesinos?

Se está dando. De hecho, los dos primeros meses fueron movimientos espontáneos. Hace dos semanas se ha instalado una Mesa Nacional de los Indignados, donde representantes de todas estas iniciativas que han surgido espontáneamente junto con movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos estamos juntándonos para definir acuerdos mínimos. La aspiración es llegar a un paro cívico nacional que presione al Gobierno para aceptar la demanda.

Hay una fuerte criminalización contra la población y líderes sociales en Honduras. ¿Cómo te has visto afectado?

El año pasado tuve que salir por las amenazas, las he tenido desde el 2007: persecución, vigilancia, intervención de las comunicaciones. El año pasado sufrí dos atentados. Tuve que salir un tiempo con mis hijos, pero ahora volví. Yo he tenido un perfil muy alto en los últimos 15 años en el tema de derechos humanos, y específicamente en el tema de extractivas. Como yo, hay gente muy cercana que ha sido asesinada.

Ahora estoy trabajando con la compañía  de Jesús en la costa norte de Honduras, donde hay una comunidad indígena que está en resistencia contra la operación de un proyecto minero de extracción de antimonio. Este año han matado a dos líderes de la misma familia. El tema del sicariato, represión sigue y de forma impune.

En el tema agrario, en Honduras existe una gran concentración de la propiedad ¿Cómo ha sido su evolución desde la reforma agraria?

En Honduras el acceso a la tierra ha sido una de las luchas fuertes que se han librado y han generado movimientos sociales. Quien inició un proceso de reforma agraria irónicamente fue durante el período de las dictaduras militares en los años setenta, e intentaba redistribuir tierras a la población campesina para reactivar la agricultura como el motor de desarrollo para el país. Luego este proceso será frenado cuando se imponen las políticas neoliberales a inicios de los ochenta se aprueba una Ley de Reforma Agraria Integral. A  partir de entonces se generó un proceso de concentración y acaparamiento de tierras por la mediana y gran empresa: crecen los latifundios y terratenientes, y a su vez, se inicia un proceso de sustitución de la producción agrícola: dejamos de producir granos básicos para el mercado nacional y regional, cuando previo a los años 80 éramos la zona productora para toda Centroamérica, se llamaba a Honduras “el granero de Centroamérica”.

Con la vigencia del modelo neoliberal, se plantan agrocombustibles (palma africana) y de frutas tropicales para la exportación, sobre todo, para el mercado asiático. Un caso importante y relevante fue la zona del Bajo Aguán. La militarización provocada después del Golpe de Estado ha provocado que se hayan incrementado los niveles de persecución a las organizaciones que reclaman la tierra. Otra de las presiones más fuertes que estamos teniendo ahora, es la opción del extractivismo como modelo de desarrollo, esto lleva a una presión sobre la tierra.

¿A partir del Golpe de  del 2009 cómo cambia el panorama en relación al extractivismo?

Cambia radicalmente. Antes del Golpe de Estado, desde los movimientos sociales impulsamos un movimiento de rechazo contra el extractivismo que logró grandes éxitos. Logramos  que en 2004 se decretara una veda en el otorgamiento de nuevas concesiones mineras que estuvo vigente hasta el año 2013, momento en que se deroga la ley anterior, deroga la moratoria y crea la nueva ley de minería que facilita el proceso.

Con el Golpe de Estado [que derrocó a Manuel Zelaya e impuso el gobierno de facto de Roberto Micheletti] los sectores conservadores asumen un rol de control del Estado y de fortalecimiento de su capacidad de represión a través de la militarización de la sociedad hasta el día de hoy. El Ejército está en las calles de Honduras, el Ejército se ha triplicado, se ha creado una policía militar. Se ha generado todo un blindaje que permite su actuación impune.

Es en este escenario que entra el tema de la minería como un factor importante. El gobierno de Canadá, -que tiene las mayores inversiones en toda América Latina, por lo menos el 70% de las empresas están registradas en ese país-, hizo una labor fuerte de lobby para aprobar una nueva ley de minería. Canadá fue el único país que no condenó el Golpe de Estado, y sin embargo, cuando se hacen las negociaciones y peticiones de hacer un nuevo marco regulatorio minero, Canadá es el primer país que solicita a la Organización de los Estados  Americanos (OEA) que Honduras sea rehabilitado con todos sus derechos. Hubo una presión externa fuerte porque hay una inversión directa de Canadá, como también la hubo en Chile.

Durante el Golpe de Estado, los empresarios de la minería salieron en defensa del régimen golpista y de hecho hicieron grandes movilizaciones respaldando a este gobierno. Hay toda una estrategia y un plan de respaldo del gobierno de facto a cambio de que se abran y se brinden todas las condiciones para el extractivismo.

¿Cuántos proyectos mineros se han aprobado?

Según la última información que logramos obtener del gobierno a  febrero de 2015, habían 365 proyectos mineros metálicos aprobados, y tenían un mínimo de 950 prospectos para ser adjudicados en los próximos meses. El cálculo que teníamos nosotros es que unos 850 proyectos, equivaldría al 65% del territorio. Ahora estamos hablando de 1300 títulos posiblemente, eso implicaría que más del 70% podría estar sujeto a concesión.

La Ley de Minería te dice que la minería es una actividad de utilidad pública, y además que es libre en todo el territorio nacional, es decir, no ponen ningún límite, inclusive puede estar en zonas productoras de agua, sitios arqueológicos, entre otros. Además, la ley tiene preeminencia sobre las demás: sobre la Ley Agraria, la Ley de Aguas… Entonces todos los territorios que las empresas requieran deberán ser expropiados a la población.

En un país donde mucha población vive bajo la pobreza,  ¿se vende el discurso de la minería como único desarrollo?

El discurso de que la minería es el desarrollo ha calado  en la población pobre: en Honduras el 70% de la población vive en condiciones de pobreza y  hay un desempleo del 40%. En estas condiciones, la oferta de empleo, de crecimiento económico en estas zonas deprimidas resulta muy tentadora, e incluso para los gobiernos locales que durante el periodo de extracción  que ven que sus ingresos pueden aumentar de forma exponencial, en un 500-600% de lo que el Estado les otorga vía ley. Entonces, se inicia un proceso prácticamente de extorsión, de chantaje de las autoridades nacionales y locales hacia la población, y esa extorsión se da vía las obras de asistencia que el Estado impulsa. Hay toda una serie de ayudas sociales que a la hora de negociar la aceptación o no de un proyecto minero.

El modelo neoliberal reproduce las economías de escala basada en la exportación de materias primas; en Honduras se ha pasado de la Standard Fruit Company a la palma africana.

Las acciones son de las mismas empresas  porque la Standard Fruit Company se unió con la Dole, que es la principal exportadora de bananos y palma africana. Además, ahora está el tema de los desarrollos turísticos, en la zona Caribe, que también se están convirtiendo en una sustitución de economías productivas.

La lógica del Estado es impulsar estas economías vía privatización de los servicios, es decir, dejan de ser una alternativa para el Estado. El neoliberalismo está llegando a una fase de sustituir totalmente al Estado, y el corporativismo como modelo de desarrollo, donde son las grandes corporaciones que tienen su sede en Londres,  o en Canadá quienes deciden las políticas del país. Esto es lo que se está viviendo en temas como el turismo o las ciudades modelo.

En el tema de las  llamadas ‘ciudades modelo’, ¿se ha implementado alguna?

Hay una en proceso de implementación, el acuerdo se firmó el año pasado con la compañía Posco de Corea del Sur, donde se planea para los próximos 30 años una inversión cercana a los 100 mil millones de dólares en la costa pacifico. La creación de una ciudad modelo en esta región le permitiría varias cosas: el procesamiento y la manufactura de las materias primas que ahora se exportan desde Centroamérica hasta las empresas manufactureras en Asia.

Las ‘ciudades modelo’ estarían regidas y administradas no por el Estado, sino por la empresa que las adquiera,  y crearía su propio sistema de gobierno de administración, de tributos. Para ello se prevé la construcción de un megapuerto en la región, pero también de plantas procesadoras y refinadoras  de minerales, distritos financieros, como paraísos fiscales, y la construcción de un distrito turístico.

Según la ley, a los hondureños les queda la libertad de decidir si quieren o no vivir en la ciudad modelo porque implica aceptar las normas de la empresa. Sin embargo, todo el territorio es expropiado de manera forzada, donde la población está obligada a ceder su territorio vía una indemnización o compensación (en el caso de no tener título de propiedad – esto afecta a una buena parte de la población- que le otorga el Estado. Hay un proceso activo de despojo que va a generar todavía mucha más pobreza.

Por Nylva Hiruelas
Fuente: Gran Angular

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Majes II inició con remoción de tierras en Pusa Pusa

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La obra agroenergética pretende irrigar 38,500 hectáreas en las pampas de Siguas. Con ello, la región pretende exportar al año US$ 380 millones en productos agrícolas.

En febrero de 2014, el expresidente Juan Manuel Guillén colocó la primera piedra del proyecto en Siguas con la presencia del presidente Ollanta Humala. No obstante, las obras formales nunca iniciaron.

Ayer, la gobernadora regional, Yamila Osorio, lideró la «segunda» ceremonia en la denominada pampa “El Niño” de la comunidad de Pusa Pusa de la provincia arequipeña de Caylloma. En la zona se ubicará la represa de Angostura, que se convertirá en la infraestructura más grande del país. Almacenará 1,000 millones de m3.

Osorio, notablemente emocionada por el logro de su gestión, se dirigió en quechua a los asistentes e incluso subió a una maquinaria pesada desde donde realizó el «primer movimiento de tierras» del proyecto.

El acto fue simbólico y es que las obras reales de Majes iniciarán en la comunidad de Tarucamarca, ubicada a unos 20 minutos de Pusa Pusa.
Logro y desconfianza

El inicio formal de las obras de Majes se recibió con algarabía entre los asistentes; congresistas, consejeros y autoridades locales. No acudieron los representantes del Consorcio Angostura Siguas, que ejecutará la obra.

Esa felicidad contrastó con la nostalgia y desconfianza de algunos comuneros de Pusa Pusa. Son 60  afectados que deberán vender sus tierras, para que Angostura se concrete. Una vez que reciban el pago por sus predios tendrán dos años para retirarse.

“Es un día gris para nosotros”, comentó el presidente de los afectados de Pusa Pusa, Félix Yanque, durante su discurso.

La gobernadora en su discurso manifestó entender a los comuneros. “Vamos a pagarles un precio justo por sus terrenos. Confíen en nosotros”,  les pidió.
Lo que se viene

La Constructora Pampas de Siguas se encargará de la construcción del sistema de riego del proyecto.

Antes de ello, de acuerdo al jefe del frente del consorcio, Antonio Vásquez, en los próximos cinco meses se levantará el campamento y las vías de acceso (en Tarucamarca). En 2016 se iniciarán las obras propiamente dichas, con la construcción del túnel trasandino, luego se hará la presa. Para ello contratarán 850 personas y dispondrán de unas 20 maquinarias pesadas.

El Consorcio Angostura Siguas deberá esperar a que la Dirección Regional de Cultura emita los certificados de inexistencias de restos arqueológicos para avanzar con la ejecución del proyecto. Necesitan de por lo menos 20 certificados. A la fecha solo tienen 10.

Fuente: La República

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Se retrasa el inicio de la etapa final de la consulta sobre el lote petrolero 192

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El abrupto viaje a Lima del gobernador de Loreto, Fernando Meléndez, ha puesto en riesgo la etapa de diálogo en la que los pueblos de las cuencas del Corrientes y del Pastaza tomarán acuerdos con el Estado respecto a la concesión del lote 192.

El apu de la cuenca del Pastaza, Aurelio Chino Dahua, dijo que ayer acudieron a la sede del gobierno regional para tratar con Meléndez los avances de la titulación de comunidades nativas, teniendo en cuenta que el gobierno central ha transferido 150 mil soles a la cuenta del gobierno regional de Loreto a fin de que inicie los expedientes técnicos.

«En la gerencia regional de Asuntos Indígenas nos dijeron que el gobernador había viajado. Los apus se molestaron y han dicho que si no está el gobernador no vamos a presentarnos al diálogo para acordar la concesión del Lote 192. Él está como escapado», refirió la autoridad indígena.

Por su parte, Perupetro solicitó a los apus del Corrientes y del Pastaza un día más para evaluar los requerimientos de los pueblos indígenas contenidos en el documento Acta de evaluación interna.

Esos requerimientos tienen que ver fundamentalmente con temas de territorio, seguridad, respeto a derechos culturales, entre otros, y que serán discutidos en la etapa final de la consulta.

 

Fuente: La República

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Los conflictos socioambientales representan el 57% de muertes en los problemas de toda índole

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El Observatorio de Conflictos Mineros del Perú presentó su 16° Reporte de Conflictos,  el encuentro reunió a José De Echave, Julia Cuadros, Ana Leyva y Marlene Castillo de Cooperacción; David Velasco de Fedepaz y Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña de Grufides.

En la presentación de informe se tocaron temas sobre el conflicto por el proyecto minero Tía María en Arequipa,  la criminalización de la protesta y la situación actual de los conflictos ambientales en Cajamarca.

Marlene Castillo, señala que en el conflicto por el proyecto Tía María existen aspectos que no han sido aclarados por los EIA, como el impacto del Tajo La Tapada en el Valle del Tambo, respecto a la filtración de “agua acida” que es producida cuando el sulfuro, que se encuentra bajo la capa de cobre se mezcla con el agua de la capa freática y el oxigeno. Esta agua ácida, actúa con la tierra mineralizada, libera los metales y sigue el curso de la capa freática contaminada, pudiendo llegar al río el Tambo. Del mismo modo, afirma que el cambio de EIA del 2010 al 2014, se ha aumentado el volumen de la reserva mineralizada, lo que significa que la cantidad del desmonte se va a duplicar. Además, el EIA del 2014 revela que en 6 años se realizarán los tajos de La Tapada y Tía María, lo que provocarán nubes inmensas de polvo, en donde solo han considerado como dirección predominante los vientos de  sur a norte pero no se ha considerado los vientos predominantes en la noche que van de norte a sur.

Por otro lado, David Velasco, indica que actualmente existe una política estatal diseñada para la criminalización de la protesta. Poniendo como ejemplos a ley 30151 que exime de toda responsabilidad penal a los policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros  en acción de servicio. Así como la ley 30327 de promoción de las inversiones para el crecimiento económicos y desarrollo sostenible, que impide a las personas a hacer uso de su legítimo derecho de defender su territorio pues podrían ser acusados de delito de usurpación agravada.

Por último, Mirtha Vásquez, agrega que todos los proyectos en Cajamarca tienen un conflicto presente y la población se moviliza con el respaldo de sus autoridades.

Asimismo, precisó que la situación actual de uno de los primeros proyectos mineros de Yanachocha, la mina San José es crítica debido a que ya se realizó el cierre de mina pero existen filtraciones de drenajes ácidos y a pesar de que la empresa trata de controlarlos no puede hacerlo. Lamentablemente, la  OEFA, después de la promulgación de la ley 30230, no puede multar a la empresa y solo puede apelar a la subsanación voluntaria de la misma.

El informe escrito indica que ha sido un semestre dificil debido a que los conflictos se siguen complejizando, pues la base de datos de la defensoría del pueblo indica que desde el mes de octubre del año pasado se registró un incremento de 201 a 217 conflictos y en los primeros meses del año, existen un promedio de 211 conflictos. Asimismo, el número de heridos también se ha intensificado y suman 58 personas fallecidas durante este gobierno, de modo que los conflictos socioambientales representan el 57% de muertes en los problemas de toda índole.

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Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades a priorizar remediación de más de cuatro mil pasivos ambientales de alto riesgo

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En el país se han identificado un total de 4,353 pasivos ambientales de alto riesgo, producto de actividades mineras e hidrocarburíferas, cuya remediación exige una atención prioritaria por parte del Estado ya que vienen poniendo en riesgo al ambiente, la vida y la salud de las personas, advirtió hoy el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Durante la presentación del Informe Defensorial Nº 171 denominado “¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”, el funcionario detalló que 4,281 pasivos de alto riesgo son producto de la actividad minera, mientras que 72 son generados por el sector hidrocarburos.

Asimismo, informó que el número total de pasivos ambientales registrados en el sector minero es de 8,616. En el sector hidrocarburos, se tienen registrados 156 pasivos ambientales; no obstante que, en el año 2002, Perupetro informó que existirían más de 6 mil pozos mal abandonados.

En cuanto a las responsabilidades señaló que, en el sector minero, 7,531 casos carecen de responsables y estudios ambientales; mientras que en el sector de hidrocarburos no se ha identificado responsabilidad alguna. Incluso, manifestó que existen 61 pasivos ambientales mineros cuyos responsables mantienen la titularidad de la concesión en donde estos fueron generados. “Los responsables que no remedian los daños que generaron no deben mantener concesiones vigentes, ni mucho menos tener nuevas concesiones”, enfatizó el funcionario.

Añadió que, al cierre de este informe, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas no había aprobado la lista de impedidos de efectuar petitorios mineros o explorar alguna unidad minera como concesionario.

En cuanto al sector de hidrocarburos, durante la investigación realizada, se detectó un retraso de más de cinco años en el inicio de las acciones destinadas a la remediación, pese a que la Ley que regula a este tipo de pasivos se aprobó en el año 2007. Dicha situación se generó por la demora en la reglamentación de la Ley, así como por la paralización por casi dos años de la identificación de los pasivos en dicho rubro. Producto de dicho retraso, no se han identificado responsables, ni se ha remediado ningún pasivo ambiental en este sector.

Por ello, recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros disponer y coordinar con las entidades competentes la atención prioritaria de dicha problemática. Además, solicitó al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector, a intensificar su intervención hasta lograr la remediación de los pasivos ambientales, impulsando y liderando las acciones destinadas a su adecuada gestión.

Exhortó también tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la República a garantizar que en el Presupuesto de la República se asignen los recursos económicos que permitan cumplir con la inmediata remediación de los pasivos ambientales considerados de alto riesgo, sin que para ello sea necesario contar previamente con un responsable determinado.

Finalmente, solicitó al Parlamento derogar el artículo 19 de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, el mismo que contempla la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la reducción del importe de las multas impuestas.

Lima, 15 de julio del 2015.

Oficina de Prensa e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1400?1401?1403 – 1406?1407
www.defensoria.gob.pe

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“El que los pequeños productores agrarios no reciban el apoyo necesario es principalmente un asunto de poder”

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Fernando Eguren, sociólogo y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), explica en esta entrevista los problemas, desafíos y nuevas dinámicas del mundo rural. La pobreza, la reducida garantía sobre los recursos naturales de numerosas personas que habitan en el medio rural, las nuevas dinámicas entre sus habitantes, la falta de apoyo a la pequeña agricultura –que representa la mayor fuente de empleo del mundo rural– y el contraste entre gran y pequeña agricultura constituyen nuevos elementos para tomar en cuenta.

¿Cuáles son las tres principales transformaciones que se han generado en el espacio rural peruano en los últimos 15 años?

El surgimiento de un sector agroexportador, muy moderno en términos tecnológicos y de gestión. Asociado a lo anterior, un rápido proceso de concentración de la propiedad de la tierra en la costa, principalmente en áreas ganadas al desierto gracias a la inversión pública en irrigaciones; y, finalmente, la continuación del proceso de atomización de la propiedad de la tierra: hay medio millón de unidades agropecuarias más entre 1994 y 2012. Estos procesos han reproducido una agricultura bipolar, por un lado con latifundios, y por otro lado con pequeña propiedad y minifundio.

¿Considera que seguimos con la mirada del ‘perro del hortelano’ impresa por Alan García? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían los riesgos de esa mirada?

Lamentablemente sí, y la esencia de la mirada del ‘perro del hortelano’ es que los campesinos e indígenas no están en la capacidad de aprovechar los recursos naturales que poseen, pues son pobres e ignorantes; mientras que la gran empresa sí tiene dinero y sí sabe aprovechar los recursos. La continuación de la concentración de la propiedad, de una política extractiva y las recientes medidas para estimular el crecimiento de la economía demuestran esta continuidad. Todo ello profundiza la desigualdad social y económica en nuestro país, lo que, según los mejores economistas de desarrollo del mundo, ralentiza el crecimiento.

¿En qué sentido ralentiza el crecimiento? Muchos argumentarán que se requiere capital y tecnología de punta para impulsar justamente el desarrollo del campo.

La concentración de la propiedad contribuye a la concentración de los ingresos e inhibe a otros potenciales actores económicos a intervenir y contribuir al crecimiento económico. Impide, además, que el crecimiento económico sea más equitativo y más redistributivo; por tanto, más justo y democrático.

Una investigación de Richard Webb de hace unos dos años, habla de un sector rural diferente al que se percibía siempre. Señala que ya no se trata de un sector excluido y que se ha transformado en un actor importante dentro del contexto económico y social del país. Comenta sobre una suerte de despegue rural. ¿Qué opina al respecto?

¿Qué cosa es ser ‘incluido’? El término se utiliza con mucha ligereza. Hace muchos años, Anibal Quijano –uno de los más ilustres sociólogos peruanos– rechazaba el término ‘población marginada’, afirmando correctamente que no había tal exclusión, sino que era población incluida pero explotada. En cuanto al estudio de Webb, lo interesante es que muestra que romper con el aislamiento territorial de los campesinos, gracias a la construcción de caminos y desarrollo de las comunicaciones, hace más por ellos que las políticas sectoriales del Ministerio de Agricultura. Desde los años del Gobierno de Fujimori, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha incrementado los esfuerzos por mejorar y extender la red vial. Uno de los programas más interesantes del Ministerio de Transportes fue el de Caminos Rurales.

¿Cómo han venido afectando la globalización y el comercio internacional las dinámicas y economías del mundo rural? A unos 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con EE. UU., donde se identificaron sectores ‘perdedores’ agrarios que debían ser compensados, ¿qué análisis hace?, ¿se acrecentaron las brechas sociales en el espacio rural por este acuerdo?

El Perú ha establecido acuerdos comerciales con decenas de países. Estos acuerdos han beneficiado sobre todo a los grandes exportadores agrarios y también a importadores de cereales. No encuentro que haya beneficios para el resto de productores agrarios, que son la inmensa mayoría. En contraste, ha perjudicado a algunos sectores de la pequeña agricultura, como los algodoneros, enfrentados –entre otros factores– a precios subsidiados, y cuya área de cultivo ha ido disminuyendo. Estos acuerdos han contribuido, como he mencionado, a la generación de un agro bipolar: en un extremo está la gran agroindustria de exportación, y por otro lado, una pequeña agricultura que produce sobre todo para el mercado interno y que es la base de la seguridad alimentaria del país.

¿Cómo romper o reducir esa bipolaridad entre estos dos tipos de agricultura?

Resulta obvia la necesidad de un cambio de prioridades, adjudicando una mayor inversión pública a infraestructura y servicios que favorezcan a la agricultura familiar. Pero también es importante regular la propiedad de la tierra, mediante el establecimiento de impuestos progresivos, para evitar la formación de más neolatifundios.

A la luz de los nuevos resultados de Censo Nacional Agrario (Cenagro 2012), ¿qué lectura y recomendaciones de política sugiere?  

El Cenagro 2012 muestra la fuerte presencia de la pequeña agricultura o agricultura familiar (más de 2 millones de unidades agropecuarias, sobre un total de un poco más de 2,2 millones unidades agropecuarias). No puede haber desarrollo rural sin el desarrollo de esta agricultura. Tampoco puede haber un desarrollo regional, que es uno de los principales objetivos del proceso de descentralización. La principal recomendación es que el Gobierno priorice la agricultura familiar e invierta fuertemente en su promoción. Además de ser la principal abastecedora de alimentos del país, la pequeña agricultura es la que crea más empleo en el campo, muchísimo más que la agroindustria, y representa la manera más eficaz de combatir la pobreza rural.

¿Por qué las autoridades y otros grupos subestiman el minifundio a pesar de su importancia para la seguridad alimentaria del país?

Si definimos el minifundio como aquella extensión de tierra que hace imposible, en las condiciones actuales, que una familia pueda vivir por encima de la línea de la pobreza, entonces más del 90% de nuestros productores agrarios son minifundistas. El que no reciban apoyo suficiente es para mí un asunto principalmente de poder: estos pequeños agricultores no lo tienen. Sus organizaciones son débiles, no pueden alterar el curso neoliberal de nuestra economía, que favorece a los grandes. Es cierto que existen acciones a favor de la pequeña agricultura, como los que ejecuta Agrorural (Ministerio de Agricultura y Riego –Minagri–), pero son esfuerzos minúsculos comparados con las necesidades de la abrumadora presencia de la agricultura familiar en el país.

Dentro de las actividades productivas, el capital y las tecnologías de punta están principalmente en manos de empresas medianas y grandes. Sin embargo, hay estudios en zonas muy específicas de la serranía que hablan de una suerte de revolución tecnológica de productores familiares. ¿Cómo evalúa este proceso?

Que la pequeña agricultura ha incrementado sus rendimientos, es cierto. Solo así se explica que haya podido alimentar a 10 millones de personas más de las que había en 1993 en el Perú, lo que muestra la gran capacidad de esta agricultura para responder al crecimiento de la demanda. Pero me parece excesivo hablar de una revolución, para lo cual se hubiese requerido un significativo apoyo estatal y privado. Este apoyo se ha reservado en beneficio de la gran agroindustria.

Hablar de desarrollo rural es mucho más amplio que hablar de agricultura. ¿Cree que hay ese enfoque en las políticas, tomando en cuenta que existe una estrategia nacional de desarrollo rural?

El año 2004 fue prolífico en estrategias nacionales, pero muchas se quedaron en el papel. Es el caso de la de desarrollo rural. Una de las razones es que era una estrategia multisectorial, pero ya sabemos que los ministerios suelen cuidar celosamente sus ámbitos y son incapaces de llevar adelante una colaboración intersectorial. Esa situación no ha cambiado a pesar de varios intentos. Además, la manera en que ha evolucionado la descentralización político-administrativa ha debilitado la posibilidad de que el Gobierno central alinee a los Gobiernos regionales y locales alrededor de estrategias únicas. Las agencias agrarias dependen de los Gobiernos regionales, y poco caso hacen al Ministerio de Agricultura. Recíprocamente, este no ejerce ningún liderazgo en las regiones.

¿Qué ha pasado con los programas de asistencia social y de transferencias condicionadas como Juntos y otros de desarrollo productivo como Haku Wiñay? ¿Están funcionando? Las cifras de pobreza rural parecen no disminuir.

No me animo a responder a esta pregunta, pues no tengo suficiente información.

Un tema en el espacio rural, como usted ha mencionado, es la presión sobre tierras. ¿Cómo garantizar que no se vulneren los derechos de las comunidades sobre sus tierras?

En este punto hay retrocesos. Las disposiciones recientes para estimular a una economía que se aletarga adelgazan los derechos de las comunidades sobre sus tierras. No hay, pues, garantías de que se respeten esos derechos. Este y los anteriores Gobiernos optaron decididamente por la industria minera y la de hidrocarburos, asentadas ambas en buena medida precisamente sobre las tierras de las comunidades campesinas andinas y las comunidades nativas amazónicas.

Hay investigadores que proponen ciudades intermedias, dado lo difícil del desarrollo de la pequeña agricultura en zonas muy remotas y golpeadas fuertemente por el cambio climático. ¿Cuál es su opinión?

Independientemente de las políticas oficiales, las poblaciones rurales están migrando a ciudades intermedias. Este dinamismo no responde, pues, a ninguna política premeditada. Las ciudades suelen ofrecer mejor calidad de vida y más oportunidades a los jóvenes. Ahora bien, estas dinámicas poblaciones urbanas constituyen importantes mercados para la producción rural, y ofrecen servicios que son importantes tanto para la producción agraria como para la propia población, como servicios de salud, de educación, oferta de insumos para la producción, etc. Además, en las ciudades intermedias el Estado está presente, acercándose así a las poblaciones rurales del entorno.

Finalmente, ¿cuál es su opinión sobre los transgénicos y la actual moratoria? Hay quienes promueven esta opción de producción como la solución al hambre.

Para afrontar la creciente demanda de alimentos hay tres alternativas: aumentar la frontera agrícola, intensificar el uso de la tierra (más cosechas por año) e incrementar los rendimientos. Sobre el aumento de rendimientos, hay mucho por hacer, sin necesidad de recurrir al uso de semillas transgénicas. Hay variedades mejoradas e híbridas que pueden contribuir a aumentos significativos del rendimiento de los cultivos, y hay toda una tarea por delante para difundir las variedades de alto rendimiento que ya se cultivan pero que no están suficientemente aprovechadas. Aquí el papel de la extensión técnica es muy importante. Creo que debe mantenerse la moratoria a la importación y uso de las semillas transgénicas.

Cecilia Niezen
Periodista interesada en temas económicos, sociales y ambientales. Espacio para compartir información e ideas. @cniezen

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