Por: Elqui Cruz / Geógrafo

El proceso de ocupación de tierras en el País, se remonta a los datos que la historia nos muestra en los periodos cronológicos de las culturas prehispánicas del antiguo Perú, sin embargo el futuro traería nuevos procesos de ocupación y concentración de tierras desde la aparición de un nuevo gobierno llamado colonia.

Muchos siglos después, este proceso de concentración de tierras, traería la preocupación de la ciudadanía en la década de los 50 y 60, ya que justo en este momento ocurrió un fenómeno en donde los pobladores del interior del país emprendieron un proceso de migración para ocupar las principales ciudades y capitales, buscando un mejor acceso a servicios, educación y empleo.

En estas décadas, la preocupación por la extensión y cantidad de tierras que algunas personas concentraban, llevo a buscar estandarizar sus dimensiones y establecerlas en 250 Hectáreas como propiedad individual (1) . En los años siguientes esta preocupación llevo a pensar en una nueva estandarización, la cual consiguió establecer en 150 Hectáreas (2) como máximo para la propiedad individual, preocupación que fue incorporada en la constitución de 1979, como un proceso permanente, es decir el país ya tenía claro que no era saludable para la planificación de un territorio, que la propiedad de la tierra se concentre en cantidad y extensión en solo un grupo de personas.

Décadas después, el país entra en un momento en donde la guerra interna dura más de dos décadas, generando otro fenómeno de movilización de la población que habitaba en el campo, fenómeno que fue inducido por la ocupación a la fuerza de grupos armados y despreocupación del propio Estado, obligando al abandono de tierras y terminando por desplazar a estas poblaciones nuevamente hacía las grandes ciudades del país. Este desplazamiento ya no solo sería por buscar mejores condiciones laborales y de servicios educativos, sino también por buscar una mayor seguridad, justicia y atención del Estado.

Sin embargo la preocupación por la concentración de la tierra en pocos individuos dejó de ser del interés de quienes tenían el gobierno en los años 90, promulgando la “Ley de Tierras” (3) , en la que no se define con claridad el tamaño o extensión de la tierra a la que puede acceder un propietario, como también no se define con claridad cuál sería el propósito del propietario en el uso de tierras de proporciones muy extensas. Acompañando a esta ley, surgen nuevos mecanismos para la promoción de la inversión en el sector minero (4) , en las que se le da estabilidad tributaria y con ello se abre todo un mercado dirigido por el MINEM y el INGEMMET, vía el Estado, para especular con la tierra y poner en concesión casi todo el territorio nacional, lo que ha conllevado a la ocupación en algunos casos en más del 100% (5) de muchos territorios de las regiones, provincias, distritos y comunidades campesinas e indígenas del país.

En este proceso cabe mirar al interior de la regiones del país, en donde no se tiene todavía claro quienes están concentrando la mayor cantidad de tierras y con qué propósito. En este sentido exploramos algunos datos de la región de Apurímac, en donde existe un gran proyecto minero y mecanismos de desarrollo de enclave (6) que están pensados para darle soporte a este tipo de actividad económica.

Apurímac, es una región ubicada en la sierra sur del país, donde se desarrollan los mecanismos de soporte de enclave para un gran proyecto minero, en la zona conocida como “Las Bambas”. En este territorio la configuración del espacio nos estaría evidenciando la despreocupación del Estado por normar y estandarizar la concentración de tierras y la propiedad, evidenciando un territorio ocupado en su mayoría por titulares mineros en proyectos de exploración y explotación minera y titulares de concesiones mineras que estarían esperando el momento más propicio para especular con las tierras que tienen dadas en concesión por el Estado.

Por otro lado, también pone en evidencia la cantidad de predios rurales que están registrados como propiedad individual, la cual tiene una extensión muy ínfima con respecto a la cantidad de territorio concesionado a la minería. En el caso de las comunidades campesinas, estas estarían ocupando un territorio mayor al de la propiedad individual de predios rurales, pero mayor a la extensión de tierras que ocupan las concesiones en actividad de extracción y explotación.

Otro elemento que marca las condiciones para la ocupación del territorio en Apurímac está en función de los mecanismos de desarrollo de enclave que estarían desarrollando conectores eficientes para mejorar los flujos que necesita la actividad minera, esto se manifiesta en los ejes de integración vial que están hechos para conectar los principales lugares donde ya existe la explotación de minerales y aún se está en proceso de exploración.

Cuadro N°1. Concentración de tierras en Apurímac

Esta figura podría dar la idea, de que se buscarían integrar a los centros poblados más desarticulados del país, sin embrago estos ejes viales, no se están pensando en desarrollar procesos de conexión para minimizar los espacios entre el agricultor y las grandes ciudades, si no para acercar los mecanismos de desarrollo de enclave que dan soporte a las actividades mineras.

Esta mirada en cuanto a la concentración de la tierra en Apurímac, nos lleva a las siguientes preguntas:

¿En el Perú no existe la preocupación del Estado por tener un manejo más integral y transparente libre de la especulación de la tierra?

¿La propiedad y concentración de la tierra no tiene más un interés de regulación de parte del Estado como mecanismos de protección del territorio?

¿Qué otros procesos regulatorios con respecto al uso y ocupación de la tierra podrían generar nuevas dinámicas, para proponer una alternativa al desarrollo de enclave?

Sin duda, el Estado tiene que responder a las interrogantes que surgen con respecto a la ocupación y concentración de tierras por parte de terceros, como también buscar los mecanismos que gestionen el territorio de manera eficiente, integrando a las economías que plantean otros modelos de desarrollo, diferentes a la economía de desarrollo de enclave, como la que actualmente rige la ocupación del territorio en nuestro país.

Por otro lado sin dejar duda de que el Estado está pensando en generar nuevas relaciones entre las economías de enclave y el tan esperado desarrollo, podemos mencionar que actualmente existen proceso en donde la población y la sociedad civil están buscando nuevas estrategias para retomar sus tierras y la producción del campo, esto estaría generando nuevas dinámicas de comercialización, las cuales escapan a la forma de mercado que existe en lo urbano, para buscar sus propios mecanismos de comercialización, bajo sus propias reglas de intercambio, comercio y el uso de un idioma en común.

Podríamos decir entonces, que la concentración de la tierra tiene una cercana relación con la economía de desarrollo de enclave, la cual busca generar los mecanismos necesarios para incorporar sus reglas sobre el territorio que ocupa, sin embargo siendo el territorio un medio vivo y dinámico, surgen en la población económicamente minoritaria nuevas estrategias para generar dinámicas económicas enfocadas en un desarrollo más integral.

Anexo: Mapa N° 1

 

(1) Proceso de Concentración del Control Sobre la Tierra. F. Eguren. DESCO. 2010.

(2) Proceso de Concentración del Control Sobre la Tierra. F. Eguren. DESCO. 2010.

(3) Ley N° 25505. Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.

(4) Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, Decreto Legislativo Nº 708; Ley Nº 27343.

(5) Informe de Concesiones Mineras. Cooperacción.2014

(6) Dinámicas Rentistas. Gerardo Damonte. GRADE.2012

 

FOTO: El Comercio

EN ESPERA EN EL CONGRESO

  • Propuesta genera diálogo, ahorro estatal, mitiga impacto ambiental, protección a biodiversidad, salud y tranquilidad de poblaciones rurales e indígenas

Está comprobado que la prevención y la alerta temprana puede minimizar cualquier impacto. En el plano social, la experiencia de vigilancia y monitoreo ambiental por parte de las organizaciones indígenas y la sociedad civil han demostrado que aportan previniendo conflictos, además fortalecen la supervisión ambiental que realizan las entidades del Estado. Por eso, más de 500 organizaciones alto andinas y amazónicas hacen una llamado a los congresistas para que se apruebe el proyecto de Ley 3937 ´Ley de articulación y la vigilancia y monitoreo ambiental y social ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental´, que sería de gran utilidad para apoyar una adecuada gestión ambiental que no afecte las inversiones ni tampoco la salud y tranquilidad de los pueblos.

Lizardo Cauper, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que representa a miles de pobladores de comunidades rurales e indígenas, solicitó a la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República la aprobación del dictamen para que este proyecto sea debatido. Señalo que la propuesta es que las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social (OVMAS) sean reconocidas como instancias autónomas que se integran al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de tal manera que se institucionalice su aporte en la protección del medioambiente y apoyo en la supervisión y fiscalización que realizan las instituciones del Estado, respetando sus formas organizativas tradicionales.

Por su parte Walter Pereda, Director de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) que conjuntamente con las organizaciones de base de las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchéz Carrión de la región La Libertad, vigilan la calidad de fuentes superficiales de agua en zonas de actividad de gran minería desde hace 11 años, señala que es importe empoderar a las OVMAS en el conocimiento y aplicación de los protocolos para el recojo de muestras de agua, en un trabajo participativo con apoyo de los técnicos, y que permite con los resultados de los análisis respectivos, apoyar a las instancias competentes del Estado en su tarea de supervisión y fiscalización de éstas actividades.

Según datos de la Defensoría del Pueblo existen más de 200 conflictos sociales, de los cuales el 75% están relacionados al sector minero, lo que trae paralizaciones en la industria, demandas económicas, retraso económico en la región, pero sobre todo afectan las condiciones de vida de los pobladores rurales y pueblos indígenas. En lo que va del 2005, solo se han solucionado 14 conflictos sociales en el país.

Iris Olivera, especialista en temas indígenas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que el proyecto de ley contempla que los reportes de las OVMAS deberán ser considerados obligatoriamente por los organismos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) para elaborar y evaluar los instrumentos de gestión ambiental, ordenamiento territorial y los términos de referencia para la evaluación de proyectos de inversión, entre otros. También podrán proponer el establecimiento de zonas de emergencia ambiental y de áreas críticas, si el nivel de contaminación afecta la salud de las personas; su rol es básicamente preventivo, pues actuarán antes frente a proyectos de inversión.

Lo que queremos es institucionalizar la vigilancia y monitoreo ambiental, esto no solo generará ahorro en el gasto público al mitigar el impacto ambiental, ahorro de recursos al sector privado, salud de la población involucrada, protección de los ecosistemas y biodiversidad, sino que contribuirá al fortalecimiento del sistema nacional de gestión ambiental actuando con actitud preventiva y canalizando los conflictos socio-ambientales. Contribuiremos con ello a que el diálogo se inicie desde un comienzo, que los derechos ambientales y sociales se manejen en el marco de una buena práctica de la gobernanza, indicó Olivera Gómez.

Finalmente Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, resaltó el reconocimiento de las OVMAS y el carácter preventivo de su accionar frente a situaciones de eventual conflictividad social, pues éstas actúan antes del otorgamiento de cualquier derecho que pueda afectar tierras de poblaciones y comunidades campesinas y nativas, permitiendo con ello su protección y el respeto de derechos fundamentales y colectivos.

FOTO: Gobierno Regional de Lima

El Instituto del Bien Común (IBC Perú) indicó que el 60% de las tierras que le pertenecen a comunidades indígenas y campesinas del Perú, ya se encuentran registradas a la primera Plataforma Global de Territorios indígenas y Comunitarios “LandMark”, que a través de su página web, permite el acceso a una plataforma interactiva que contiene mapas e información clave de las tierras que son propiedad colectiva.

LandMark muestra de forma detallada, las principales amenazas y presiones que existen hacia las tierras de los pueblos originarios en todo el mundo. De igual modo contiene información sobre los niveles de seguridad jurídica que existen sobre dichas tierras consuetudinarias o colectivas.

Además está dotada de una tecnología de punta en materia de información geográfica, y proporciona información a nivel de comunidades y de países, permitiendo a los usuarios hacer comparaciones sobre la situación de tenencia de tierras.

Son 13 las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por los derechos a la tierra y los recursos de las comunidades y pueblos indígenas, quienes trabajaron en decenas de países, entre ellos el Perú.

“El Perú es uno de los países en donde existe mayor información sobre los pueblos indígenas y las comunidades. Existen organizaciones que se han preocupado por armar bases de datos y realizar mapeos, además de tomar información del Estado (…) tenemos entre un 60% y 65% cubierto”, resaltó Richard Chase Smith, director del IBC Perú.

Tras comentar que en el Perú se cuenta con la colaboración de organizaciones locales, Chase indicó que para alimentar la plataforma, también se toma información oficial del Estado, la cual –lamentó- no está sistematizada.

“En estos momentos estamos trabajando con información proporcionada por la Sociedad Civil, no obstante, estamos acercándonos al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en donde se ha creado un ente rector para el saneamiento de propiedad rural; esperamos poder trabajar con ellos y armar un directorio de comunidades nativas e indígenas”, comentó Chase Smith a la RED MUQUI.

Instrumento político

Otro de los grandes problemas que se pretenden enfrentar con la plataforma es la invisibilidad. Landmark presenta los límites de las tierras de uso o propiedad comunitaria, tanto las legalmente reconocidas como las de tenencia tradicional. De esta manera le proporciona a las comunidades y a los pueblos indígenas, la oportunidad de reaccionar a tiempo en la protección de sus tierras.

“A través de los mapas los hacemos visibles, ahora ellos pueden decir: aquí estamos, no nos pueden ‘quitar’, no pueden decir que ‘existimos’, o que nuestras tierras no son ‘nuestras’ o que están ‘sin uso’. El salir de la invisibilidad diciendo «aquí estamos», y que están perdiendo sus tierras, es un mensaje político muy fuerte. Ahora que cada comunidad figura en un mapa global, junto con indígenas de otras partes como Canadá, Irán, Indonesia, Filipinas, África; pueden juntar sus voces para reclamar más fuerte”, explicó Richard Chase.

Este 10 de noviembre, Landmark fue presentada simultáneamente en Washington (EE.UU) y Lima (Perú)

Inicio de la plataforma

El director del IBC Perú, comentó a la RED MUQUI que la idea del la plataforma global territorial, surge a raíz de los conflictos que parten de la legislación que flexibiliza la fiscalización ambiental en varios países del mundo -como es el caso de los paquetazos ambientales en Perú- y que además desconocen derechos colectivos de la propiedad comunal.

“Existe un tremenda carrera de atraer inversionistas, y muchos ven a estas comunidades rurales y tradicionales, como un impedimento. Es por ello que decidimos armar una plataforma digital que muestre la situación de las tierras comunales e indígenas”, señaló.

El gran proceso de desarrollo de la plataforma comenzó en marzo de 2012, un año después se conformó el comité directivo, y a mediados del mismo, comenzaron a trabajar. Recién, a finales del 2013, The World Resources Institute de EE.UU contrató los servicios de una compañía especialista en el armado de plataformas digitales, la cual se construyó el 2014 y parte del 2015.

Un gran desafío

Finalmente, el representante del IBC Péru, advirtió que va a tomar años seguir agregando información a la plataforma.

“Todavía tenemos grandes vacíos, esperamos conseguir mayores relaciones con otras instituciones relacionadas a este tema. Para la difusión del uso de la plataforma en las comunidades y pueblos indígenas, tenemos a los miembros locales que están mapeando y que prestan información a este soporte digital. En Perú sí capacitamos a las comunidades en la lectura de mapas”, resaltó.

 

DATOS

  • El desarrollo de la plataforma estuvo a cargo del Instituto del Bien Común (IBC) Perú, World Resources Institute – WRI (EE.UU), WAIPT (Francia) y la consultora Liz Alden Willy (Kenia), las dos primeras asumieron la coordinación general de la iniciativa.
  • Miembros del comité consultivo: AMAN (Indonesia), FPP (Inglaterra), FES (India), PAFID (Filipinas), Rainforest Foundation – UK, RAISG (seis países amazónicos), Right and Resources Initiative (EE.UU), UNINOMAD (Irán) y The International Land Coalition (Italia).

FOTOS: Captura web / Gabriela Delgado

EL MISMO DÍA DE LA REUNIÓN

  • Diálogo se programaría en 10 días más, según resolución de la PCM
  • Mesa de diálogo recién fue implementada oficialmente, un día antes de llevarse a cabo el diálogo

La implementación de la “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, fue suspendida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a menos de un día de la fecha programada. A último momento, el Premier Pedro Cateriano, decidió instalar oficialmente (R.M. Nº 263-2015-PCM) este grupo de trabajo que debería dar pronta solución al conflicto generado por el Proyecto minero Las Bambas que dejó un saldo de 4 muertos, a fines de setiembre.

Se suponía -para hoy- la presencia de funcionarios de la PCM, MEM, MINAM, MINAGRI; autoridades regionales, locales y dirigentes sociales. Sin embargo, el único que hoy se apareció en la plaza principal de Tambobamba, fue el representante del Ministerio de Energía y Minas, Martín Ortiz, quien recién informó de esta disposición publicada el domingo, en el Diario Oficial El Peruano.

Diálogo en 10 días más

El recién oficializado Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, estará adscrito a la PCM y tendrá la finalidad de realizar el seguimiento de las acciones de desarrollo en la Provincia de Cotabambas; la coordinación intersectorial para el cumplimiento de dichas acciones, y otras que sean determinadas por sus integrantes.

La resolución firmada por Cateriano resalta que el Grupo de Trabajo se instalará en un plazo máximo de  diez (10) días hábiles, y tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles, (a partir del día siguiente de su publicación).

Respuesta

Para los pobladores y dirigentes de Grau y Cotabambas, esta decisión del Ejecutivo les cayó de sorpresa y cuestionaron que dicha resolución se haya emitido a menos de un día antes de la fecha programada (16 de noviembre) para la reunión de diálogo, la cual se fijó con anticipación y bajo el compromiso de los mismos ministros de Estado, que viajaron hasta el lugar el 30 de octubre pasado.

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Es así que varios alcaldes de los distritos aledaños a la zona de influencia minera del Proyecto Las Bambas, mostraron indignación ante la ausencia del gobierno central y el anuncio sorpresivo de la suspensión de esta mesa de diálogo.

“Realmente es preocupante la actitud del gobierno. El mes pasado vienen cuatro ministros a levantar el estado de emergencia, programan para hoy el inicio del diálogo, y terminan por no estar aquí como lo prometieron. Así no se puede creer en las autoridades del gobierno central”, indicó el alcalde de Haquira, Issac Anaya.

“Pedimos al Estado que se solucione esta demanda, queremos que se evite ejercer más violencia y que sobre todo se conserven los derechos humanos de las personas. Las autoridades locales estamos comprometidas en buscar una solución”,  enfatizó el alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani.

“No queremos que esta mesa tan solo quede en palabras, no queremos que solo sea de trabajo, sino de solución definitiva al conflicto”, solicitó el alcalde de El Progreso, Juan Licahua.

“Por culpa de las autoridades nacionales, a nosotros nos ven mal. El pueblo cree que somos parte de este ‘paseo’, y no es así. Nosotros también estamos esperando”, manifestó el alcalde de Mara, Adiel Sota.

En medio de estos cuestionamientos, el gobierno ha vuelto a militarizar la zona, pese a que el propio ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, acordó levantar el estado de emergencia.

Militarización hasta el 14 de diciembre

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Desde este domingo 15 de noviembre (un día antes de programado el diálogo), el Ministerio del Interior autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las provincias de Grau y Cotabambas, hasta el 14 de diciembre. Según la Resolución Suprema Nº 227-2015-IN (publicada el sábado, 14 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano), esta disposición busca asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o ilícitos que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico.

“La actuación de las Fuerzas Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población de Apurímac”, indica la norma refrendada por el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso; el ministro de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez; y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

FOTOS: RED MUQUI SUR

En relación con la demanda de inconstitucionalidad que diversas organizaciones indígenas nacionales, ONGs del movimiento de derechos humanos y la CNDDHH presentamos contra la Ley No. 30230, contenida en el Exp. Nº 00012-2015-AI, nos vemos en la imperiosa necesidad de manifestar lo siguiente:

Con fecha 9 de abril del año 2015, el Presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA); el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana; la Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú; la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos adjuntando la firma de 6,346 ciudadanos acudimos al Tribunal Constitucional para interponer DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, y 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57del Título III y contra la Tercera Disposición Complementaria Derogatoriade la Ley Nº 30230.

Sustentamos dicha demanda en el sentido de que las normas cuestionadas violan y desnaturalizan el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida de todos los peruanos, así como vulneran el derecho a la propiedad, que ostenta  rango constitucional, sobre los territorios de las comunidades campesinas y nativas en su condición de pueblos indígenas. Además, porque violentan derechos y principios constitucionales contenidos en la Constitución Política del Perú de 1993, en el Convenio 169 de la OIT, en la jurisprudencia vinculante expedida tanto por el Tribunal Constitucional (en adelante TC) como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), así como, en general, en el derecho internacional de los derechos humanos.

Se trata de un conflicto constitucional, toda vez que  lo que está en cuestión es el desmontaje y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, y la afectación del derecho a la propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en el Perú.

Al respecto de la regulación procesal de una demanda de inconstitucionalidad, debemos señalar que el artículo 103, del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley No 28237, precisa que interpuesta la demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional resuelve su admisión dentro de un plazo que no puede exceder de diez días.

De conformidad con la sentencia del TC recaída en el exp. Nº 0266-2002-AA/TC, f.j. 6, una de las diferencias entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional tiene que ver con naturaleza de ambos procesos y que puede enunciarse básicamente en que, a diferencia de los ordinarios, los constitucionales son procesos de tutela de urgencia. Que no debe olvidarse que la “jurisdicción constitucional desarrolla una función armonizadora de los conflictos sociales y políticos subyacentes en un proceso constitucional, por lo que dichas sentencias se constituyen en instrumentos procesales necesarios para el desarrollo de tal fin”. (STC 0004-2004-PCC, f.j. 3.3)

En ese sentido queda en evidencia la inexcusable demora en la tramitación de la demanda de inconstitucionalidad, toda vez que han pasado 7 meses de la presentación de la demanda sin que hasta la fecha el TC haya admitido la referida demanda, grave situación que importa la violación del derecho al plazo razonable, garantía y concreción del derecho al debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocidos en forma expresa en el artículo 139.3 de la Constitución y en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

En atención a estos argumentos, exhortamos al TC de trámite a la demanda de acuerdo a las reglas y normas procesales vigentes, más aún cuando se trata de un órgano encargado, precisamente, de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, entre los que destaca las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.

Lima, 11 de noviembre de 2015

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

Confederación Nacional Agraria – CNA

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAAP

RED MUQUI

 

Foto: Publimetro

El Perú es un país privilegiado al ser poseedor de una mega biodiversidad, la misma que se encuentra constante amenazada a consecuencia de las actividades extractivas y de normas que, antes que dar respaldo y proyección ambiental al país, afectan nuestro medio ambiente y al mismo tiempo vulneran nuestros derechos a vivir en un ambiente sano y saludable.

Un ejemplo de esto es la promulgación de normativas como los “paquetazos” ambientales, un conjunto de políticas promulgadas desde el año 2013, en el gobierno del presidente peruano Ollanta Humala, para promover mayor inversión y con ello se reactive la economía del país, caracterizada por su alta dependencia de la exportación de minerales y otras materias primas, principalmente.

En ese sentido, la Red Infanto Juvenil por el buen vivir, una comunidad de niños, niñas y jóvenes de todo el país, organizados para el restablecimiento y visibilización  de los diversos modos de Vivir Bien o Vivir Bonito en las zonas rurales y urbanas, y al mismo tiempo promueve una relación sagrada y respetuosa con la madre naturaleza; mostramos nuestra preocupación por estas políticas que atentan contra nuestro ambiente y vulnera nuestros derechos a vivir en plenitud.

Es por ello, que esta RED NACIONAL INFANTO JUVENIL POR EL BUEN VIVIR en alianza con la Plataforma Peruana de Copartes y terre des hommes Alemania en Perú invitamos al Encuentro infanto- juvenil: por la defensa de los derechos ecológicos intergeneracionales, un encuentro de acción en el que los niños y jóvenes integrantes de diversas redes del país intercambiaremos experiencias y haremos propuestas para actuar por la defensa de nuestros derechos ecológicos y el respeto a la madre naturaleza, que están siendo amenazados por el cambio climático y por leyes como los ‘paquetazos’ ambientales.

Esta actividad se enmarca en el Mes de Acción Mundial por los Derechos del Niño, GAM en sus siglas en inglés, impulsado por la Red Internacional de Jóvenes y terre des hommes Alemania; y que se celebra todos los meses de noviembre de cada año para conmemorar el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El encuentro de reflexión y acción por los derechos ecológicos intergeneracionales se realizará el jueves 19 de noviembre desde las 8 a.m. hasta las 6p.m en la Av. República de Chile 641, Jesús María. Todos asumimos el compromiso, movilízate por tus derechos ¡Somos el futuro y necesitamos nuestros derechos ahora!

El 30.1% del territorio nacional está dedicado al desarrollo de la actividad agropecuaria, el 60% de estas tierras estpan ubicads en 7,599 comunidades andinas y nativas. Con ese capital humano, es posible que la agricultura familiar sea capaz de conservar la mayor biodiversidad de especies, lo cual también contribuye con la seguridad y soberanía alimentaria.

No obstante, ello no es visto por la mayoría de las empresas mineras en el Perú, ni por las actuales políticas de Estado. Si se toma en cuenta que el 70% de los alimentos en el Perú son producidos por la agricultura familiar, analizar el tema de concesión de tierras resulta importante, en su relación directa con el extractivismo.

De esta manera, Mattes Tempelmann, geógrafo alemán que trabaja en Perú para la RED MUQUI, nos propone una aproximación a los conflictos mineros en ese país, a partir del caso de la comunidad campesina Cruz de Mayo y su potencial de la agricultura familiar como alternativa al extractivismo.

Fuente: Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS

“Los pueblos pueden decidir entre el camino del desarrollo o la pobreza”, dijo Pedro Cateriano, Presidente del Consejo de Ministros del Perú, en el marco del conflicto por el proyecto minero Tía María, que ha estado en las agendas noticiosas del país y la región prácticamente todo el año. Esta opinión focaliza el discurso sociopolítico pro minero, dominante en el Perú, firmemente convencido de que la minería traerá progreso y desarrollo económico para las zonas mineras del país.

Pero no es sólo Perú. También ocurre en otros países de América Latina existe, desde la época de la colonia, un sistema extractivista con una “economía primario-exportadora” (Monge, C. (2012): Entre Río y Río. El apogeo y la crisis del extractivismo neoliberal y los retos del postextractivismo en el Perú). Esto significa que los recursos naturales (petróleo, cobre, oro, etc.) están siendo exportados a otros países con poco o ningún valor agregado. El sistema trae una gran dependencia de los países hacia la economía global y de la demanda del mercado.

Contexto del extractivismo en el Perú

En Perú, entre 1990 y 2000, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, empezó una flexibilización del sector minero con privatización de empresas transnacionales. Una tendencia que continuó con los gobiernos siguientes. Hoy en día, este país cuenta con un extractivismo neoliberal (Bebbington, A. (2013): Underground Political Ecologies) que se encuentra económica y políticamente cimentado. Para el Estado peruano la minería es el principal motor del desarrollo del país, pues las empresas prometen inversiones y empleo. Por ello, en los últimos dos años el gobierno peruano ha aumentado los márgenes de maniobra para las empresas mineras, a costo de los derechos ambientales y humanos en las regiones mineras.

Sin embargo, los proyectos mineros conllevan una gran cantidad de incertidumbre para las comunidades campesinas y nativas del país. Por ejemplo, las concesiones mineras en el Perú son un riesgo latente para las comunidades, sobre todo en el acceso al territorio, al agua, la tierra y los recursos naturales.

La cantidad de concesiones mineras han estado aumentando continuamente y con mayor intensidad en los últimos años. El año 2014 un 20% del territorio del país estaba concesionado a la minería (Cooperacción (2014): informe sobre concesiones mineras). Pero las promesas no se cumplen en el mismo porcentaje. Varios estudios señalan que la minería no trae casi ningún efecto positivo para el bienestar y desarrollo de la población. (Arellano, Y. (2011) ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú; Arellano, Y. (2012) Mining and conflict in Peru: Sowing the minerals, reaping a hail of stones). Por el contrario, el investigador uruguayo Eduardo Gudynas habla de un extractivismo depredador, “(…) de graves impactos sociales, económicos, ambientales y territoriales a nivel local y nacional” (Gudynas (2012) Transiciones para salir del viejo desarrollo).

En los últimos diez años, como resultado del boom minero en el Perú, aumentó proporcionalmente la cantidad de los conflictos mineros. En marzo del 2015, la Defensoría del Pueblo registró 141 conflictos socio ambiental, de los cuales 94 (equivalente al 66,7%) son conflictos relacionados con actividades mineras. Más de la mitad son por acceso a tierra agrícola o por agua.

La competencia por el acceso a los recursos naturales ha conllevado conflictos entre las comunidades campesinas e indígenas y las empresas mineras. Muchos de estos conflictos han desencadenado en violencia, no solo por el acceso a los recursos naturales, sino por la contaminación ambiental y problemas de salud; el despojo de tierras y la dependencia económica del sector minero, así como también las limitaciones de desarrollo para una región.

Muchas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales critican desde hace años que los estándares ambientales y sociales en el sector minero no están siendo cumplidos ni controlados. Algunos actores también critican el modelo extractivista en sí. Actualmente, en el Valle del Tambo, la población resiste contra el proyecto minero Tía María. Su consigna es “agro y agua sí, mina no”. En muchos casos, el gobierno reacciona con represión y con la difamación a las y los líderes y a los propios manifestantes, tildándolos de “terroristas anti-mineros”, como ocurre actualmente en el caso Tía María.

Aproximaciones teóricas

El concepto teórico de la Ecología Política ofrece un aporte analítico importante para entender mejor la complejidad de los conflictos por minerales y territorios (Bebbington, A. 2013 (ibid.), pues, precisamente, esta disciplina se dedica al análisis del nexo de los intereses y relaciones de poder entre los actores participantes y sus discursos. A modo de ejemplo, es necesario ver que un conflicto local tiene sus orígenes en la demanda global y en la carrera capitalista por energía.

En los últimos diez años, en América Latina, pero especialmente en el Perú, tuvo lugar un “extractivismo rápido y agresivo” (Bebbington, A. 2013 (ibid.). Los recursos naturales, minerales e hidrocarburos son indispensable para el crecimiento de la economía global capitalista, por lo tanto, las actividades mineras aumentan considerablemente la presión hacia los recursos hídricos en regiones dónde ya existe un escasez de agua” (Bebbington, A. 2013 (ibid.).

La teoría del Ecologismo de los Pobres brinda una perspectiva complementada desde los actores locales. En el marco de los conflictos mineros, donde la disputa se basa en el uso y acceso a tierra, al agua y a la defensa de los territorios, nos indica que la resistencia de la gente pobre del campo no es porque son ecologistas, sino porque “ven que su propia subsistencia está amenazada por un proyecto minero” (Martínez-Alier (2002): The Environmentalism of the Poor).

Comunidades campesinas defendiendo la agricultura familiar

En muchas regiones rurales del Perú las comunidades campesinas protestan contra proyectos mineros, defendiendo su territorio. Por ejemplo, la comunidad campesina Cruz de Mayo, en la región Ancásh, afronta esta problemática desde antes del año 2008. En el territorio de la comunidad está la concesión de un proyecto minero con un área de 224 hectáreas en extensión (CEAS (2011): La comunidad campesina Cruz de Mayo. Una comunidad que defiende y promueve la vida).

La comunidad se encuentra en una altura por encima de los 3.500 msnm y en una zona de cabecera de cuenca de los ríos Llullán y Parón. La comunidad practica la agricultura familiar, sembrando papas, maíz, arvejas y flores, entre otros productos, para venderlos y para su autoconsumo.

La agricultura familiar es la mayor actividad económica que también se está intensificando a manera orgánica. “Hasta ahora podemos vivir muy bien de la agricultura familiar” – dice el comunero Adán- “por eso defendemos nuestro territorio, porque no podemos convivir con una explotación minera dentro de la comunidad”. Mientras que Antonio, otro comunero, dice que “La minería disminuiría la calidad y cantidad del agua y también afectaría negativamente a la agricultura y nuestro modo de vida. Y si vendo mi tierra, voy a tener plata, pero ¿qué haría cuando se acabe la plata? Ya no voy a tener terreno para sembrar”, -explica María-, una comunera que vive en la zona de los manantiales.

Actualmente la comunidad está defendiendo su territorio de forma organizada. Están seguros de que las demandas para un fortalecimiento de la agricultura familiar y una diversificación de la economía en zonas rurales traerán muchos beneficios. Un análisis de Eguren, F. y Pintado, M. ((2015): Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú, muestra la importancia de la agricultura familiar respecto de su alta contribución en la población económicamente activa y su gran aporte al valor de la producción agrícola.

Perspectivas post extractivistas

En resumen, la causa de la gran conflictividad debido a los proyectos mineros y por el derecho y acceso a territorios, agua y tierra, el modelo extractivista no es sostenible. Justamente, la cantidad de conflictos mineros y casos de resistencia demuestran dónde tiene sus debilidades y errores estructurales este modelo. Por lo tanto, se necesita una alternativa al desarrollo de la nueva minería.

Algunos teóricos, críticos y líderes de movimientos sociales también exigen transiciones hacia un post extractivista. Un modelo que permita solamente la minería que realmente es necesaria e indispensable, sin contaminación ambiental ni vulneraciones a los derechos humanos.

Hay ejemplos que demuestran ensayos post extractivistas, pero de manera local y sin conexiones a una economía nacional de similares características y, por lo tanto, no son sostenibles (Bebbington 2013 (ibid.); Rauch (2009): Entwicklungsoplitik).

Para aplicar las transiciones hacia un modelo post extractivista se necesita una diversificación de las economías nacionales y locales. El fortalecimiento de la agricultura familiar es uno de los elementos más importantes hacia un modelo de ese tipo.

La agricultura familiar fortalece las comunidades y sus economías, como también la economía nacional y el cuidado del medio ambiente. Por ello, la agricultura familiar es una verdadera y sostenible alternativa a la minería. Su potencial para un modelo post extractivista es importante y va acompañado de enfoques del Buen Vivir en la región, y a nivel internacional, con enfoques del post-crecimiento.

Foto: Comunicaciones RED MUQUI

EN SU INVESTIGACIÓN

  • Hasta el momento ningún miembro de la RED MUQUI ha sido citado a declarar
  • RED MUQUI y CNDDHH rechazan información tendenciosa de algunos medios de comunicación en base a esta investigación fiscal

La RED MUQUI indicó que la investigación por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Arequipa no presenta  ningún argumento de prueba al mencionar en su informe que dicha organización habría brindado apoyo a la protesta en contra del Proyecto Tía María, además de haber aportado a una “recaudación” para acciones violentas.

En ese sentido la RED MUQUI aclaró que hasta el momento, ningún representante ha sido citado para declarar en esta investigación, a cargo de la fiscal Alejandra Cárdenas.

Asimismo, la red que agrupa a 29 organizaciones avocadas a tema de minería, ambiente y comunidades, señaló que envió una carta notarial y aclaratoria a los diarios El Comercio y Correo de Arequipa. En ambos medios de comunicación –escrita y digital- se publicó una columna de opinión y una nota periodística, respectivamente, basadas en el informe de fiscalía.

En ambas publicaciones se cita información inexistente en la investigación fiscal como la de un supuesto pago de S/. 30 al día a los denominados “espartambos” y “huaraqueros”, dinero que “provendría de la ONG Red Muqui y de presuntas extorsiones a agricultores del valle”. Al respecto, la RED MUQUI aseveró que dichos términos no son utilizados por la fiscalía en su informe. Es decir,  esta surge de la propia especulación, así como de una actitud tendenciosa de estos medios escritos.

Ante ello, las 29 instituciones que conforman la RED MUQUI, rechazaron la mal intencionada información que se ha hecho pública, utilizando interesadamente la ampliación de una investigación realizada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa.

Por medio de un pronunciamiento, al igual que en carta notarial, RED MUQUI recalcó que  acompañamiento que realiza a las Comunidades y Poblaciones que viven en zonas de influencia minera, ha permitido canalizar situaciones conflictivas, al igual que hacer llegar sus demandas y preocupaciones a las instancias de gobiernos locales, regionales y nacional, a fin de evitar situaciones que degeneren en mayor conflictividad social.

“La acción de RED MUQUI no es ni confesional ni partidaria. Se ha basado en el acompañamiento de casos emblemáticos a nivel nacional, a fin de poder recoger de ellos la necesidad de políticas públicas en los temas de minería, ambiente y comunidades y los vacíos y problemas existentes en las normatividad ambiental, minera y de pueblos indígenas, para plantear propuestas y alternativas, las que inclusive se han presentado, discutido y/o coordinado con gobiernos locales, regionales y el propio gobierno central”, dice parte de la carta notarial y el pronunciamiento suscrito por los 29 miembros de la red.

Finalmente, el colectivo organizado exige que las investigaciones que se vienen realizando sean rigurosas, respetuosas de los derechos fundamentales de las personas, y con base en pruebas concretas y no en especulaciones.

Foto: Página impresa del Diario El Comercio

SE PROPONE EN PUBLICACIÓN

La RED MUQUI, junto al Centro Labor Pasco y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) de Cajamarca, publicaron el libro “Los pasivos ambientales mineros: diagnóstico y propuestas”, un documento que presenta cuatro propuestas de políticas públicas -a corto y mediano plazo- en las que se incorpora la actuación del gobierno local y la población afectada por los Pasivos Ambientales Mineros (PAMs).

Entre ellas destaca la “Mejora de los Mecanismos de acceso a la información y procesos de consulta sobre los PAMs y cierre de minas”. Esta propuesta establece realizar un proceso de consulta para el cierre de las minas con el fin de que la población rural, junto a los gobiernos locales, pueda tener una participación eficaz en la remediación de los PAMs. Para ello es necesario incorporar el tema de los PAMs en el Sistema de Información Ambiental y en los medios de comunicación de las entidades del Estado.

Al involucrar a los directamente afectados y a sus respectivas autoridades, estos pueden llevar a cabo la “Vigilancia y monitoreo ambiental ciudadana de PAMs a nivel de cuencas hidrográficas (microcuencas y subcuencas)”, con esta propuesta el objetivo es que se contribuya en las tareas de fiscalización ambiental de las entidades del Estado a través de monitoreos de la calidad ambiental y vigilancia de los compromisos ambientales relacionados a los PAMs en microcuencas o subcuencas afectadas.

Estas dos primeras propuestas resultan necesarias si se toma en cuenta que pese al registro actual (marzo del 2015) de 8,616 Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) en el país (50% de ellos altamente riesgosos) la información que se tiene es muy limitada; sumado a ello no hay un registro, ni instrumentos para el manejo de los pasivos de la pequeña minería y minería artesanal.

Otra de las propuestas son el “Fortalecimiento de la gobernabilidad local” ´y la “Prevención de daños y cambio de cultura en la gestión de PAMs y el desarrollo de la actividad minero metalúrgica”.

Además de ello, el documento ofrece un análisis de las normativas en torno al tratamiento de los pasivos ambientales por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como una presentación de casos específicos de la problemática ambiental y socioeconómica en las regiones de Cajamarca, Lima, Pasco y Puno, y finalmente se proponen lineamientos de políticas públicas para la gestión y manejo de los PAMs.

La primera parte del libro nos muestra los conceptos básicos referentes a los Pasivos Ambientales Mineros (PAMs), definidos bajo la Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera (Art. 2° Ley N° 28271), y que se manejan como aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.

Tras comprender los tipos de pasivos mineros que son producto de la labor minera, el residuo minero y la infraestructura para llevar a cabo las operaciones; el tercer y cuarto capítulo muestra un recuento histórico y análisis de las normativas dictaminadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como la “involución” en que estas se encuentran actualmente, con la promoción de la inversión minera -a corto plazo- en base a la flexibilidad y debilidad de la gestión ambiental en el país, y sin tomar en cuenta los costos del cierre y post cierre de las minas, sus implicancias socioambientales y la responsabilidad económica que, al final, recae sobre el mismo Estado.

Situación actual

Entre normas, resoluciones y disposiciones, el documento expone como es que el Estado se enreda entre la pronta remediación de los PAMs existentes y la no generación de nuevos PAMs. Sumado a ello, están las viejas prácticas mineras, el manejo inadecuado de estos residuos, así como también, la inexistencia de normas precisas que regulen el cierre de minas ha devenido en la acumulación de pasivos ambientales mineros a lo largo de extensas áreas y ha provocado contaminación de recursos naturales cuyo uso pone en riesgo la salud pública.

Desde el año 2006, cuando se realizó y publicó un primer inventario nacional 850 de PAMs (por regiones, tipo y responsables de su remediación), se viene actualizado anualmente por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, y publicada mediante Resolución Ministerial.

Para la remediación de los PAMs de las empresas -que se encuentran en operación- se obligó la presentación de Planes de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros; y el Estado viene asumiendo la remediación de PAMs altamente riesgosos mediante proyectos de inversión pública a través de la empresa estatal Activos Mineros SAC.

Sin embargo, pese a que el desarrollo de la actividad minera ha sufrido transformaciones desde unos 20 años atrás –en materia ambiental fundamentalmente-, los problemas ambientales asociados a la actividad minera no disminuyen; tampoco se avizora un panorama alentador sobre los PAMs a 11 años de establecida la normativa legal que los regula.

DATOS

  • El ciclo de la vida de una mina no termina con el cierre, sino con las actividades de mantenimiento y monitoreo permanente “post cierre”.
  • Los costos del cierre pueden ser mayores a los ingresos que pueda percibir el Estado durante la etapa de operación de una mina.
  • A la fecha se han registrado 8616 PAMs en 21 regiones del país. Ancash, Cajamarca y Puno son los que registran la mayor cantidad, con más de 1000 PAMs, le siguen Huancavelica, Junín y Lima con más de 600 PAMs.
  • De acuerdo a la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, se necesitan unos US$ 500 millones para remediar el daño ambiental que siguen causando aquellos 8.571 pasivos inventariados en el 2014.

Foto: RED MUQUI

TRAS DECISIÓN DE LEVANTAR HUELGA

Ministerio del Interior levantó estado de emergencia a cambio de que población acuerde levantar paro interprovincial

Sociedad Civil no ha sido convocada en este encuentro de diálogo

El Comité Central de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau acordó por unanimidad, levantar el Paro Interprovincial que se acata en la zona a raíz de la colocación de una plata de Molibdeno del proyecto minero Las Bambas a cargo de la empresa Minmetal Group Limited (MMG).

Tras analizar la situación que se vive en ambas provincias de Apurímac durante 30 días de declararse el estado de emergencia, representantes de organizaciones sociales de base, comités provinciales de lucha, dirigentes y líderes comunales decidieron levantar la medida de lucha con el fin de poder retomar sus reuniones y así poder mantener informada a la población.

Posterior a esta decisión, cuatro ministros de Estado (Interior, Energia y Minas, Vivienda y Salud) viajaron hasta Apurímac para también levantar el estado de emergencia que se había decretado en cuatro provincias de Apurímac y dos de Cusco.

RED MUQUI conversó con Rodolfo Abarca del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, quien informó que este 16 de noviembre se dará inicio a una mesa de diálogo en la que participará la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno Regional de Apurímac, los gobierno locales, la empresa Minmetal Group Limited y las organizaciones sociales de base de los poblados de la zona de influencia minera.

“Solo nos informaron que en esta mesa de diálogo participarán estos cinco actores, no se ha hablado de ver si se convoca a alguna organización de la Sociedad Civil”, comentó Abarca.

Decisión partió de los pobladores

Dos días antes, en Asamblea Provincial Extraordinaria (celebrada el miércoles 28 de octubre a las 14:00 horas), Ronald Bello Abarca, representante del Frente de Intereses del distrito de Tambobamba, refirió que al enviar una carta al Ministerio del Interior solicitando una reunión para tratar el levantamiento de la medida de lucha; dicho sector les respondió que para ello, debían realizar una asamblea en la que todos los dirigentes tenían que estar de acuerdo con esta decisión.

Al estar imposibilitados de informar o declarar ante los medios de comunicación, los dirigentes coincidieron en que deponer la medida de fuerza, era la mejor opción. Es por ello, que celebraron esta Asamblea Interprovincial frente a la Municipalidad del poblado de Pisaccasa, la cual se registró ante el Juzgado de Paz del distrito de Tambobamba.

Aun queda pendiente

En la reunión del 28 de octubre, a poco más de un mes del estallido del conflicto en el que murieron cuatro personas, la presidenta del Comité de Lucha Interprovincial, Virginia Pinares aclaró que ha estado viajando a Lima y a Cusco buscando diálogo con el Ejecutivo y siguiendo de cerca la situación judicial de los 17 detenidos por la Policía Nacional, quienes en su mayoría se encuentran recluidos.

El acta de esta reunión extraordinaria en Tambobamba, indica que diferentes dirigentes no confían en la Mesa de diálogo de Coyllurqui que se llevó a cabo el pasado 16 de octubre entre ministros y alcaldes distritales, ya que aun no existen condiciones favorables para la provincia, heridos y deudos de los fallecidos.

Algunos pobladores provenientes de la comunidad de Pumamarca refirieron que la empresa minera Minmetal Group Limited les ofreció dos camiones, además de otros “intercambios” en  lugares aledaños. También manifestaron su desacuerdo frente a la “distritalización” que viene ofreciendo el Estado en centros poblados como el de Tambulla.

Foto: La República