Gobierno deja grave precedente al concluir arbitrariamente consulta previa sobre lote 192

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Foto: Espacio360

PARA FUTUROS PROCESOS

La RED MUQUI lamentó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) haya tomado la decisión unilateral y antidemocrática de concluir la “etapa de diálogo intercultural” sobre el lote 192 que sostenía con la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) y la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO).

“Esta interrupción por parte del Estado, resulta un mal precedente para la aplicación del derecho a la consulta previa que tienen los Pueblos Indígenas en el Perú, más aun cuando las comunidades nativas afectadas por la extracción de hidrocarburos en el lote 192, esperaban retomar el dialogo suspendido a mitad de este mes de agosto”, indicó el Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke.

Para el representante de la RED MUQUI, que realiza labor de acompañamiento de comunidades afectadas por la actividad minera en 11 regiones del país, esta actitud del Presidente Ollanta Humala agudiza la confrontación entre el Estado y los pueblos indígenas.

“Además de haber demostrado un mal manejo respecto a la aplicación de éste derecho, el gobierno de Ollanta Humala también ha dejado en claro su falta de voluntad política para respetar estos derechos. Prueba de ello es que, hasta la fecha, no se ha realizado NINGUNA consulta previa relacionada a la minería”, refirió Jahnke.

Al respecto, añadió que la RED MUQUI se basa en una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, la cual señala que en 16 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) no se había contemplado -ni aplicado- el derecho a la consulta previa, pese a que los proyectos a ejecutados involucraban territorios habitados por pueblos indígenas, lo que constituye una aprobación ilegal de dichas solicitudes, por parte del Estado.

Finalmente, Javier Jahnke indicó que esta decisión (de concluir diálogo sobre el lote 192) refleja, una vez más, cómo el Gobierno  pierde legitimidad, al priorizar los intereses económicos, por encima de los derechos de las personas y los acuerdos consensuados con los Pueblo Indígenas que esperaban retomar el diálogo sobre las 27 propuestas que presentaron para salvaguardar sus derechos y proteger sus territorios.

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Documental muestra perjuicio que minera “Águila Dorada” causa a los Awajún por contaminación de río Chirinos

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“Tajima Pujut” (El Buen Vivir) es el documental que muestra cómo las actividades de exploración minera de la empresa “Águila Dorada”, vienen afectando la salud, la alimentación y el medio ambiente de la comunidad nativa Awajún que habita en las cercanías del río Chirinos ubicado en el distrito de Huarango (provincia de San Ignacio, Cajamarca).

La primera parte de este documental nos adentra a las comunidades nativas Awajún, especialmente a la de Supayaku, quienes a través de sus apus y pobladores explican -en su idioma nativo- como vivían antes de la actividad minera que, hoy en día, contamina las aguas de la cuenca del Chirinos y amenaza todo su modo de vida.

«Ahora con la presencia de la empresa minera que ha venido a sacar oro, y ha entrado en el territorio de nuestros pueblos se está envenenando el agua. Por eso la población no tiene donde ir a pescar. Estamos sufriendo porque no hay comida», indica uno de los apus en lengua awajún.

A mitad del documental, aparecen técnicos de las diferentes organizaciones dando cuenta de la presencia de metales pesados que tienen relación directa con actividades extractivas.

“De acuerdo a las muestras tomadas del río, se comprobaron altos índices de metales pesados como mercurio, arsénico, nitrógeno amoniacal, así como sulfuros y sulfatos”, refiere Manuel Hora de AMAS, miembro de la RED MUQUI.

Gracias a la colaboración de un laboratorio, acreditado por el Indecopi, se realizó un monitoreo independiente del agua del río Chirinos.

“Los resultados determinaron la presencia de nitrógeno amoniacal, fenoles, aceites y grasas, los cuales superaban los estándares de calidad ambiental. Estos compuestos normalmente son de origen industrial y son latamente contaminantes para la vida acuática”, señaló Laura Lucio de Ingeniería sin fronteras.

El presidente de las rondas campesinas de Supayaku, Benito Jempekit, expone el acuerdo con los pobladores y autoridades del lugar, de no dejar entrar a la empresa minera “Águila dorada”. “Nos deben respetar y hacer caso para vivir tranquilos. También el gobiernos nos debe escuchar, lo que queremos es vivir tranquilos (…) en ningún momento hemos dicho que estemos de acuerdo con que la empresa ingrese y siga trabajando”, señaló.

En otra parte del documental, el secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, cuestionó la no aplicación de la consulta previa. “Antes de cualquier resolución, se debió realizar la consulta previa. Hablamos de dos pueblos indígenas: el de Supayacu y el de Naranjo. Este caso demuestra cómo es que los mecanismos del Estado no favorecen a la participación y consulta”, indicó.

Asimismo, “Tajima Pujut” recoge algunos pasajes de lo que fue la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en el marco de la COP20 que se realizó en nuestro país el año pasado. En este evento alternativo a la 20° Conferencia de las Partes de la ONU, las comunidades de Cajamarca tuvieron una fuerte presencia. Entre otros testimonios, el documental muestra el de Lola Tiriwan, lideresa Wampi proveniente del distrito Río Santiago (Condorcanqui, Amazonas) y de Zebelio Kayap, miembro de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC).

Finalmente, la producción termina con una explicación de lo que significa el “Buen Vivir” (nombre en español del documental), a cargo de Albercio Bazan, Presidente Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), quien dirige el mensaje final en español.

“Nosotros no dependemos de los mercados. Todo lo que necesitamos para vivir sale de este río, de las montañas. De ellos salen nuestras medicinas. Este entorno natural se está perdiendo porque las empresas trasnacionales se ubican donde nacen los ríos y así rompen el concepto del Buen Vivir que consiste en tener un respeto y una buena relación con la naturaleza, es decir una forma de vida más sostenible”, agregó.

Esta producción de casi 25 minutos de duración, estuvo a cargo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES, con el apoyo de Ingeniería Sin Fronteras, los miembros de la RED MUQUI Norte, y la realización audiovisual de Apu Media.

Según indicó Laura Lucio de “Ingeniería sin fronteras”, “Tajima Pujut” será presentado próximamente en las provincias de Cajamarca y Jaén, así como en Lima y Barcelona (España).

 

Foto: Captura YouTube Grufides

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Estado no debe retroceder ante la falta de postores que operen Complejo Metalúrgico de La Oroya

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Foto: Agencia Andina

 

A propósito de la reunión entre los representantes de los trabajadores de la empresa Doe Run y el Ejecutivo, la Red de Propuestas y Acción – Red Muqui instó al Estado peruano a no dejarse presionar y mantenerse firme en preservar los estándares ambientales que se requieren para operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).

Para las 29 organizaciones que conforman la red, resulta inconcebible que trabajadores y empresarios del sector minero consideren que los actuales límites de emisión de dióxido de azufre (80 ?g/m3 media en 24 horas, según Minam), son “extremos para atraer la inversión”, cuando en La Oroya todavía se mantiene un alto nivel de contaminación que sobrepasa los 20 ?g/m3 establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Resulta preocupante que la falta de nuevos postores y la declaración del proceso de licitación como “desierto” puedan ser tomadas como un pretexto obligar al gobierno a rebajar las condiciones ambientales en la zona. De por sí, la población de La Oroya ya convive con un alto grado de contaminación que afecta su salud”, indicó Javier Jahnke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A través de un pronunciamiento público, la Red Muqui también expresó que es necesario que el Estado brinde una solución que no dependa del funcionamiento del CMLO.

“Consideramos que el Estado debe solucionar el tema laboral y social recurriendo a algunos mecanismos como la reconversión laboral, jubilación anticipada, etc. No puede ser que esta situación siga generando acciones violentas como toma de carreteras, enfrentamientos entre la población y la policía nacional, y sobre todo, pérdida de vidas humanas”, señalan las organizaciones de la Red Muqui.

 

Mayor flexibilización ambiental

Cabe resaltar que actualmente, los niveles máximos de contaminación en el CMLO están determinados por el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que fue aprobado por el gobierno (D.S. 040-2014-EM), con el fin de retomar el interés de posibles operadores para el CMLO. Sin embargo, la Red Muqui advirtió que este instrumento de reemplazo del PAMA, presenta un proceso de aprobación mucho más sencillo y que no debería utilizarse para una operación de la magnitud del CMLO.

“Además de permitirse una emisión de dióxido de azufre que supera el umbral establecido de 80 ?g/m3 media en 24 horas en el CMLO, el sistema establecido por el IGAC no es exacto (D.S 003-2008-MINAM), ya que en realidad este cálculo se basa en untiempo mayor a 24 horas. Es decir, sobre la cantidad real de emisiones se saca un promedio con el fin de presentar rangos menores de los que realmente tienen” indica el pronunciamiento de la Red Muqui.

Las organizaciones Muqui de Junín, como la Red Uniendo Manos y la Pastoral Social de la Dignidad Humana – PASSDHI, se mantienen en constante alerta y monitoreo de lo que sucede con población a fin de evitar que se tergiverse la información en torno al CMLO.

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Estado no deA propósito de la reunión entre los representantes de los trabajadores de la empresa Doe Run y el Ejecutivo, la Red de Propuestas y Acción – Red Muqui instó al Estado peruano a no dejarse presionar y mantenerse firme en preservar los estándare

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Foto: Agencia Andina

 

A propósito de la reunión entre los representantes de los trabajadores de la empresa Doe Run y el Ejecutivo, la Red de Propuestas y Acción – Red Muqui instó al Estado peruano a no dejarse presionar y mantenerse firme en preservar los estándares ambientales que se requieren para operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).

Para las 29 organizaciones que conforman la red, resulta inconcebible que trabajadores y empresarios del sector minero consideren que los actuales límites de emisión de dióxido de azufre en La Oroya son “extremos para atraer la inversión” (80 ?g/m3 media en 24 horas, según Minam), cuando todavía mantienen un alto nivel de contaminación y sobrepasan los 20 ?g/m3 establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Resulta preocupante que la falta de nuevos postores y la declaración del proceso de licitación como “desierto” puedan ser tomadas como un pretexto obligar al gobierno a rebajar las condiciones ambientales en la zona. De por sí, la población de La Oroya ya convive con un alto grado de contaminación que afecta su salud”, indicó Javier Jahnke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A través de un pronunciamiento público, la Red Muqui también expresó que es necesario que el Estado brinde una solución que no dependa del funcionamiento del CMLO.

“Consideramos que el Estado debe solucionar el tema laboral y social recurriendo a algunos mecanismos como la reconversión laboral, jubilación anticipada, etc. No puede ser que esta situación siga generando acciones violentas como toma de carreteras, enfrentamientos entre la población y la policía nacional, y sobre todo,  pérdida de vidas humanas”, señalan las organizaciones de la Red Muqui.

Mayor flexibilización ambiental

Cabe resaltar que actualmente, los niveles máximos de contaminación en el CMLO están determinados por el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que fue aprobado por el gobierno (D.S. 040-2014-EM), con el fin de retomar el interés de posibles operadores para el CMLO. Sin embargo, la Red Muqui advirtió que este instrumento de reemplazo del PAMA, presenta un proceso de aprobación mucho más sencillo y que no debería utilizarse para una operación de la magnitud del CMLO.

“Además de permitir la emisión de ácido sulfúrico que supera el umbral establecido de 80 ?g/m3 media en 24 horas, el sistema de cálculo establecido por el IGAC no es exacto, ya que en realidad está función a un tiempo mayor a 24 horas. Es decir, sobre la cantidad real de emisiones se saca un promedio con el fin de presentar rangos menores de los que realmente tienen” indica el pronunciamiento de la Red Muqui.

Las organizaciones Muqui de Junín, como la Red Uniendo Manos y la Pastoral de la Dignidad Humana – PASSDHI, se mantienen en constante alerta y monitoreo de lo que sucede con población a fin de evitar que se tergiverse la información en torno al CMLO.

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Movimientos juveniles y sociales se preparan para las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima

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CONFERENCIA: “¿Se viene la crisis económica al Perú?” En la universidad Ruiz de Montoya. La sociedad civil se prepara sus propuestas para los líderes de la economía mundial.

Desde el 05 al 12 de octubre, Lima será sede de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional: La Junta de Gobernadores. En este importante evento se tomarán decisiones de gran importancia en materia económica nacional y global. Es por esto que, movimientos juveniles se han organizado junto a ONGs, sindicatos, movimientos indígenas, de derechos humanos y colectivos de todo tipo para preparar acciones conjuntas y mostrar sus críticas y propuestas al modelo de desarrollo promovido por estas grandes instituciones financieras internacionales. Estas organizaciones ya anuncian una serie de interesantes eventos preparatorios que cubrirán temas sociales, ambientales, laborales, derechos humanos, inversiones y desarrollo sostenible.

La primera actividad del ya formado Comité Juvenil hacia las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, será una conferencia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con apoyo del Colectivo Amaru integrado por alumnos de esta casa de estudios.

En el evento, que circula ya por las redes sociales, se responderán a las preguntas sobre la importancia para el Perú de las Reuniones Anuales, cuáles son las oportunidades que se nos abren en este contexto y qué relación hay entre estas instituciones y las políticas económicas que derivaron en la famosa “Ley Pulpín”, los paquetazos ambientales y la desaceleración de nuestro crecimiento. Luego de 10 años de aplicación de las políticas del FMI ¿Qué tan cerca estamos de salir del subdesarrollo?

Los ponentes serán, el economista Félix Jiménez, Alexandro Saco, coordinador de ForoSalud y Julio Gamero, abogado laboralista.

DIA y HORA: Jueves 27 agosto a las 6:30pm

LUGAR: Universidad Antonio Ruiz de Montoya: Av. Paso de los Andes 970, Pueblo Libre

ORGANIZAN: Comité Juvenil hacia las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y El Amaru (Colectivo académico-político de la UARM)

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/827469984027718/
Más información: [email protected]

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Nuevo libro de la Red “Iglesias y Minería” cuestiona efectos de la actividad minera en comunidades

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Monseñor Pedro Barreto Jimenos, arzobispo de Huancayo y presidente del CELAM. Foto: CNBB.org

 

La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Red Latinoamericana «Iglesias y Minería», a la que también pertenece la Red Muqui, publicaron el libro «Iglesia y minería. En defensa de la vida y de los territorios” que recopila una serie de casos de poblaciones afectadas por la minería, las cuales han sido acompañadas por organizaciones religiosas que también son testigos de los impactos causados por esta actividad extractiva.

Es así que la publicación, expone testimonios sobre la realidad de las comunidades, pastorales, diócesis y movimientos sociales, que actúan en defensa de la vida y del territorio frente a los impactos de la minería.

Además de contener el detalle sobre movilizaciones sociales, el libro incluye algunos encuentros promovidos por la Red “Iglesias y Minería” con participación de la CNBB. Uno de ellos, se llevó a cabo en Brasilia (diciembre 2014), en donde se reafirmó que el Evangelio debe hacer el seguimiento de los impactos de la actividad minera en los pueblos de América Latina que se sienten amenazados, y condenados a la destrucción de sus medios de vida, así como a la negación de un posible futuro.

Una actividad importante que está incluida en el libro, es la reunión entre el Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano y las comunidades alcanzadas por la minería, que se realizó en julio de este año. A partir de la reflexión + “Unidos a Dios, escuchamos un grito”, los representantes de comunidades provenientes de cuatro continentes (18 países), expresaron su preocupación acerca de cómo las grandes corporaciones mineras trazan estrategias de acercamiento sobre sus territorios.

Luego de ofrecer una contextualización socioeconómica de la minería y reflexiones bíblico-teológicas y pastorales; el texto publicado por la CNBB y la Red “Iglesias y Minería”, también muestra experiencias de la realidad brasileña. Ello apunta a experiencias de resistencia, articulación y búsqueda de soluciones para la sociedad  a través de la justicia, la inclusión y la sostenibilidad.

«Iglesia y minería. En defensa de la vida y de los territorios» fue presentado en el estado brasileño de Manaus, por el arzobispo de Huancayo (Perú), y  presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), monseñor Pedro Barreto Jimenos. De igual manera, fue difundido por el obispo de Ipameri y presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CNBB, Guillermo Werlang.

Durante su presentación, Barreto también afirmó que la actividad minera debería tener un respeto irrestricto a las comunidades indígenas, y sobre todo a la dignidad de la persona humana y al cuidado del ambiente natural. “La estremecedora encíclica del Papa Francisco, “Laudato Si” puede ayudar a responder sobre el desafío frente a la minería irresponsable y el extractivismo irracional”, señaló monseñor de Huancayo.

En cuanto a la realidad de las comunidades, el arzobispo peruano destacó que el libro revela testimonios de comunidades que ocupan sus territorio desde hace varias generaciones, y de repente se ven forzadas a migrar a otros lugares, causándose en ellos una ruptura con su cultura y sus orígenes. “La iglesia no puede aceptar eso”, enfatizó.

Fuente: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

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Se inicia juicio oral contra ex alcalde y dirigentes sociales de Espinar (Cusco)

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Este jueves 20 de agosto, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica dará inicio al juicio oral en el que se determinará la culpabilidad –o inocencia– del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, y los dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herbert Huamán Llave y Sergio Huamani Hilario, a raíz del conflicto socioambiental que se desató hace tres años en la provincia de Espinar (Cusco).

Este proceso inicia luego de 3 años y 2 meses de investigaciones por parte de la Fiscalía Provincial de Ica, que ahora solicita más de 20 años de cárcel y el pago de S/. 100 mil por reparación civil, para Mollohuanca, Huamán y Huamani, quienes son acusados por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios.

Cabe recalcar desde el año 2012, el Ministerio Público de Ica inició nueve procesos penales en contra de varios dirigentes sociales de la Provincia de Espinar, a quienes también se les acusó de delitos contra el orden público, luego del paro contra el proyecto minero Tintaya de la minera Xstrata (hoy Glencore Antapaccay).

Sin embargo, en noviembre del año pasado, se archivaron las investigaciones fiscales contra el personal de seguridad de la Municipalidad Provincial de Espinar, que había sido acusado de tenencia Ilegal de materiales explosivos e inflamables y disturbios. Asimismo, se archivaron las investigaciones de la fiscalía en torno a las dos personas que fallecieron en medio del enfrentamiento entre policías y pobladores, en el paro del 29 de mayo.

A Óscar Mollohuanca se le imputan los delitos de peculado, apología de delito, disturbios y atentado contra la seguridad común durante las protestas contra la minera Xstrata Tintaya. Según el entonces Fiscal de la Nación, José Peláez, su caso fue trasladado a Ica ante las supuestas amenazas que recibían jueces y fiscales en el Cusco. Fue así que el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación emitieron dos resoluciones administrativas (N° 096-2012 y N° 1343-2012, respectivamente), para derivar la competencia de los procesos de Espinar (Cusco) a los Juzgados y Fiscalías de Distrito Judicial de Ica.

Desde el año 2012 está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) por este pedido de cambio de competencia para que el proceso judicial se desarrolle en Cusco, y no en Ica.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco), miembro de la Red Muqui.

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Solidaridad con CEDLA, Fundación TIERRA, CEDIB y Fundación Milenio y la Sociedad Civil Boliviana en general

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POR EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO A LA ASOCIACION Y LIBRE EXPRESIÓN

El 10 de agosto, el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera Gobierno de Bolivia, anunció en una conferencia de la Asamblea Legislativa Nacional que expulsará a aquellas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, a su juicio, se entrometan en la vida política del país. Las advertencias de expulsión y las críticas del Gobierno también se hicieron específicamente a las ONG bolivianas Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Fundación TIERRA. Sumamente preocupados ante estos acontecimientos, los abajo firmantes redes y plataformas de la sociedad civil peruana y de ONG internacionales de cooperación al desarrollo en la región, deseamos expresar lo siguiente:

1. Las organizaciones de la sociedad civil gozan de derechos y obligaciones, garantizados por pactos del derecho internacional, reflejado en las constituciones y leyes de los países de la región, incluyendo Bolivia. Entre estos derechos se encuentran los derechos elementales de un Estado democrático, el derecho a la asociación y el derecho de libertad de expresión, pero también el derecho de acudir a financiamiento para poder cumplir sus funciones1

2. El Estado Plurinacional de Bolivia no solo ha ratificado estos derechos sino también forma parte de la “Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo” que en su última reunión de alto nivel en México en abril 2014, reitero lo acordado en Busan en 2011, que “Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplen una importante función posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo, y fiscalizando la puesta en práctica de estas. Al respecto, apuntamos la pertinencia de los Principios de Estambul y el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC. Reafirmamos nuestra determinación de cumplir plenamente nuestros respectivos compromisos con el fin de posibilitar que las OSC desempeñen su función como actores independientes de desarrollo, centrándonos particularmente en la promoción de un entorno favorable, acorde con los derechos internacionales acordados, que potencie al máximo la contribución de las OSC al desarrollo y, para ello, alentamos el diálogo multipartito incluyente y democrático en la esfera nacional y la instauración de las correspondientes medidas de capacitación y apoyo.“

3. Las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil boliviana al desarrollo de Bolivia en los últimos 50 años no solo han sido ampliamente documentadas, sino también han sido reconocidas por autoridades gubernamentales y abarcan sectores como salud, educación, infraestructura, medio ambiente, derechos ciudadanos e incluyen propuestas y monitoreo de políticas públicas. 4. Los mecanismos de apoyo mediante organizaciones de la cooperación internacional al desarrollo – gubernamental o no gubernamental – a las ONG bolivianas son conocidas por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que ha encargado el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento

Externo registrar y aprobar las distintas operaciones e igual que otros países, otorgó beneficios tributarios a los proyectos ejecutados por las ONG en Bolivia. Las ONG nacionales e internacionales rinden cuentas sobre el trabajo realizado y los recursos empleados ante el Estado, la ciudadanía y las organizaciones que les brindan apoyo financiero. Las experiencias y aprendizajes de nuestro trabajo han contribuido a mejorar eficiencia y eficacia de la cooperación al desarrollo.

5. El trabajo de las ONG es independiente de los Gobiernos y Estados y tiene sus raíces en valores democráticos, principios éticos, derechos constitucionales e intereses ciudadanos de contribuir al desarrollo sostenible y a favor de grupos vulnerables.

6. Los proyectos de desarrollo no se implementan en un vacío sino son coordinados con los principales actores, entre ellos beneficiarios, organizaciones sociales, gobiernos locales, regionales y ministerios sectoriales y sus respectivos planes de desarrollo; existiendo en muchos casos cooperación directa. Pero ello no quita a las ONG el derecho a la discrepancia y la expresión de la misma, que en muchos países ha contribuido a mejorar políticas públicas e incluso ha contribuido a salvar o restaurar la democracia de la dictadura.

Consideramos que los acontecimientos descritos anteriormente constituyen una amenaza a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo. No solo desconocen los derechos que les atribuye la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia sino contradice lo que el Gobierno boliviano reconoce en foros internacionales: la independencia de las organizaciones de la sociedad civil. Tampoco contribuye a cumplir con los compromisos asumidos, entre ellos “la promoción de un entorno favorable, acorde con los derechos internacionales acordados que potencie al máximo la contribución de las OSC al desarrollo“, ni alienta “el diálogo multipartito incluyente y democrático en la esfera nacional“.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia: – Desistir de las amenazas a las ONG bolivianas en general, y específicamente la Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Fundación TIERRA, a cuales expresamos nuestra solidaridad. – Reconocer e implementar los compromisos asumidos internacionalmente en el marco de la “Alianza Global de Cooperación Eficaz al Desarrollo” y considerar la modificación de normas existentes que puedan contradecir derechos constitucionales de las organizaciones de la sociedad civil. – Buscar el diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil, especialmente sobre un entorno favorable para su eficiente desempeño a favor del desarrollo de Bolivia.

 

Lima, 18 de agosto de 2015

 

Firman por redes e instituciones sin fines de lucro:

  • Red Muqui (www.muqui.org)
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) (derechoshumanos.pe)
  • Grupo Propuesta Ciudadana (www.propuestaciudadana.org.pe)
  • Asociación Nacional de Centros (www.anc.org.pe)
  • La Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) (www.redge.org.pe)
  • Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (www.coeeci.org.pe)
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Organizaciones de la Red Muqui piden mayor precisión sobre el uso de la fuerza en conflictos sociales

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Las Organizaciones miembros de la Red Muqui enfocadas en derechos humanos y temas de defensa legal, mostraron su satisfacción por la reciente aprobación de la ley que regula el “uso de la fuerza” de la policía nacional, como parte del ejercicio de sus funciones previstas en la Constitución.

Si bien es cierto, desde hace algún tiempo, la sociedad civil reclamaba una normativa como el recién aprobado Decreto Legislativo No. 1186, las organizaciones de la Red Muqui advirtieron que el texto de la norma aún muestra generalidades, respecto al accionar policial en un contexto de protestas y conflictos sociales.

En ese sentido, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz expresó su preocupación sobre algunas expresiones usadas para el uso del arma de fuego, por parte de efectivos policiales, en caso de protestas sociales. Para Fedepaz, algunos términos como: “Medios de policía”, “…otros elementos de apoyo” (inciso C, artículo 3), o “peligro real o inminente de muerte” (inciso E, artículo 8.3) no están del todo definidos, y podrían llevar a un efectivo policial a tomar una decisión arbitraria del uso de la fuerza. En atención a ello, Fedepaz pidió al Estado la pronta aprobación del reglamento de la ley, con el fin de evitar ambigüedades que podrían perjudicar a la población civil.

Para el abogado que lleva la defensa de casos en Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco, José Ramiro Llatas, estas imprecisiones en la ley causan una sensación de impunidad, debido a que la policía nacional no suele cumplir con sus atribuciones de saber mediar en casos de conflicto (artículo 11, numeral 6 de la Ley de la Policía Nacional). Para Llatas es recomendable, no solo reforzar el texto legal del “uso de la fuerza”, en cuanto a conflictos sociales y protestas, sino analizar también cómo actúa el Poder Judicial y la Fiscalía frente a los casos donde la policía es denunciada por abuso de autoridad. “Es curioso cómo los procesos contra dirigentes sociales avanzan con rapidez, mientras que los de algunos malos efectivos policiales, terminan siendo archivados”, aseveró Llatas.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dio cuenta en su informe anual de un total de 125 civiles muertos por uso excesivo de la fuerza, durante los conflictos sociales ocurridos entre el año 2002 y julio de 2015, es decir en los últimos 13 años. Dicha base de datos, realizada en base a fuentes como la Defensoría del Pueblo, centros médicos y algunos medios de comunicación, muestra que hubo 17 fallecidos durante el gobierno de Alejandro Toledo, 80 durante el gobierno de Alan García y en lo que va del gobierno de Ollanta Humala registra 45 fallecidos.

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Red internacional «Iglesias y Minería» pide que Ollanta Humala no militarice Arequipa para asegurar proyecto minero de Tía María

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La Red Latinoamericana “Iglesias y Minería”, instó al Presidente de la República, Ollanta Humala, a no volver a recurrir al despliegue de Fuerzas Armadas en Arequipa con el fin de imponer el un proyecto minero como el de Tía María, que es rechazado la población del Valle del Río Tambo por afectar su calidad de vida.

En una carta dirigida al jefe de Estado, la red que agrupa diferentes organizaciones católicas y cristianas de Latinoamérica, le recordó a Humala Tasso que está comprobado que no existen condiciones sociales para llevar adelante dicho proyecto, por lo que le recomendó suspenderlo.

Tras lamentar el resultado de 12 muertos y cientos de heridos, “Iglesias y Minería” indicó que ello comprueba que la militarización no es la solución para desarrollar una actividad económica que le es ajena a un grupo de ciudadanos que vive ancestralmente de la ganadería y la agricultura. “Los errores que en su momento el gobierno nacional, o las empresa minera pudieran haber cometido, no pueden remediarse con el uso de la fuerza, la represión y la imposición del miedo como consigna”, replicó la red religiosa.

Asimismo, le recomendaron al mandatario que el camino fundamental para canalizar su solución es el diálogo, a partir de condiciones previas y una agenda consensuada, que no necesariamente debe ceñirse a negociar la realización del proyecto, sino de contemplar la posibilidad de suspenderlo y así recuperar la paz social.

Otra preocupación dirigida al jefe de Estado, se refirió a la campaña de ataque y difamación por parte del sector minero y algunos medios de comunicación, en contra de dirigentes sociales, organizaciones de sociedad civil, ONGs y  agencias de cooperación internacional,  por el hecho de acompañar a las comunidades y poblaciones afectadas, y mostrar su preocupación por los conflictos sociales generados por la minería.

En ese sentido, la Red “Iglesias y Minería” mostró su apoyo y solidaridad a diversas organizaciones como son: la RED MUQUI, la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, la RED AGUA, DESARROLLO Y DEMOCRACIA de Piura, DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS de Cusco y GRUFIDES,  cuyos miembros han sido calificados de “terroristas antimineros” y han sido víctimas de acciones hostiles que han avivado el conflicto que se vive en Arequipa.

Estas preocupaciones también fueron remitidas, a través de la misma carta, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Congreso de la República, Ministerios de Energía y Minas y Ambiente, y a la Defensoría del Pueblo.

La Red “Iglesias y Minería” agrupa a más de 70 comunidades cristianas, religiosas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos e instancias latinoamericanas de Iglesias Católica y cristiana, se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería a nivel de la región.

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