Segundo día del Coloquio: Gobernanza local, pueblos indígenas e industrias extractivas en América Latina, giró en torno a las luchas sociales.

Es elemental cuestionar el rumbo que hemos tomado como humanidad en cuanto al modelo económico que se nos impone desde que abrimos los ojos al mundo, el capitalismo. Históricamente, América Latina ha tenido experiencias coloniales ligadas a relaciones comerciales y de dependencia occidental, una realidad preocupante que aún se mantiene. La expansión de los tentáculos del extractivismo se dispersan en toda América Latina y es respaldada por los gobiernos de turno. ¿Cuál sería la verdadera solución y qué aspectos se deberían considerar? Las ponencias de hoy muestran que el camino se encuentra en la resistencia a través de la organización y sobretodo en articular las luchas, para que los movimientos logren trascender fronteras.

Laura Rival, realizó una importante investigación sobre la Biosfera Yasuni y señala que el petróleo es como la sangre de la economía ecuatoriana. Además, nos recuerda que es importante considerar el potencial que tenemos gracias al multiculturalismo, asumirlo como una fuerza para vencer los grandes desafíos a través de soluciones creativas y abrir nuevos pensamientos sobre las formas políticas y cuestionar los intercambios económicos que hacen posible la vida sobre este planeta en el siglo XXI. Plantea también que es importante tener una perspectiva antropóloga de acercamiento interpretativo y entender cómo la sostenibilidad y los valores pueden cambiar el comportamiento en el ser, proponiendo que debemos ir más allá del orden y saber qué  debemos hacer para vivir bien como seres humanos. Del mismo modo, Wladimir Sierra, nos habla sobre la realidad de las luchas sociales en Ecuador, la estrategia del gobierno es fraccionarlas y crear nuevos pseudo-movimientos sociales que apoyan a las decisiones del gobierno y no las cuestionan.

Marco Antonio Godinez, nos habla la realidad que vive Guatemala y menciona que las luchas sociales se han enfrentado a tanto que han adquirido una actitud trasformadora desligada del miedo y es la utopía la que le da un norte a las acciones. De modo que plantea que es necesario involucrar a la comunidad como actor político complejo mediantes formas locales de organización para luego intercambiar experiencias regionales y locales.

Humberto Pacheco, nos cuenta sobre los conflictos sociales en Espinar y que la realidad en torno a estos conflictos se resume en un círculo vicioso, un ciclo que comienza con el estallido de determinado conflicto social, luego se apacigua cuando el Estado propone y crea espacios de diálogo para proponer soluciones, después al incumplirse los compromisos por parte del Estado, nuevamente aparece el descontento social y estalla con más fuerza el conflicto social.

Por otro lado, Walter Lumache y Edwin Armata, nos hablan sobre la resistencia de organización indígena frente a las políticas extractivas en Bolivia y del doble discurso del presidente Evo Morales, debido a la contradicción que existe entre sus mensajes públicos y sus políticas de gobierno. Ya que a nombre del desarrollo, se arrebatan espacios indígenas, se destruye la selva y se vulneran los derechos de las personas y la naturaleza. Estas políticas de gobierno, evidentemente defienden intereses particulares y por esta razón, los pueblos indígenas continúan movilizándose y siguen con sus propuestas para la construcción de un estado plurinacional con autonomía indígena para administrar el territorio.

Finalmente, Dario Rastrepo, menciona que actualmente existe un incremento de la corporización y la privatización del ordenamiento territorial y que el papel del estado, prioriza el mantener el sistema extractivista como motor de desarrollo y solo se limita a mantener un carácter paternalista  y asistencial.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) dijo que está viajando a supervisar los proyectos ejecutadas por las ONG en las regiones con un alto índice de conflictos sociales, entre ellas Arequipa, Madre de Dios, Cusco y Cajamarca.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) advirtió que quedarán fuera del registro de esta entidad las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX) que no hayan sometido a supervisión el uso que le dan a los recursos que reciben de la cooperación internacional, y aquellas que no hayan presentado la Declaración del Informe Anual de Actividades y un Plan Anual de Actividades para el año de inicio.

En un comunicado de prensa, APCI afirma que ha dispuesto el cumplimiento de tales medidas “en la firme tarea de fortalecer el trabajo de supervisión” de las actividades que cumplen las ONGD y las ENIEX.

El martes 19 último, fue publicada en las Normas Legales la Resolución Directoral Ejecutiva 085-2015/APCI-DE, que especifica los procedimientos en los registros de las entidades que reciben ayuda económica del extranjero.

En el mismo comunicado de prensa se indica que APCI ha conformado grupos de trabajo que están viajando a supervisar los proyectos ejecutadas por las ONGD en Arequipa, Madre de Dios, Cusco, Cajamarca y otras regiones con alto índice de conflictos sociales.

También lea: Defensoría del Pueblo: Hay 149 conflictos sociales activos en el Perú

Rosa Herrera, jefa de la Agencia, aseguró que vienen “desarrollando un proceso de supervisión de los diferentes Organismos No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), a las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX), así como acciones de supervisión a donaciones de carácter asistencial y educacional gestionadas y distribuidas por las Ipredas, con el fin de cautelar el correcto uso de los recursos y donaciones que reciben»

 

Fuente: Gestión

El día de ayer 21 de mayo, se ha publicado la Ley 30327, que no es otra que la aprobación del proyecto de ley 3941, denominado “Ley de Promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”.

Al respecto hemos realizado en RED MUQUI un análisis inicial de la citada ley, el que adjuntamos a la presente para conocimiento público, pero queremos hacer hincapié en un punto que no ha sido evaluado por los legisladores al momento de dictar la norma y que ha sido materia de estudio por parte del Ing. Ricardo Muñoz Portugal en su publicación “Descentralización del desarrollo”.

El hecho es que según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la citada Ley, así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno (con el Gobierno Central), y señala como una de las competencias exclusivas del Gobierno Regional, de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, en el literal j), “el administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal”.

En esa misma lógica, el artículo 62 de la misma Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que son funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, que incluye los terrenos eriazos, las siguientes:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales.
b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
c) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.

Estos artículos de la LEY ORGÁNICA de Gobiernos Regionales, no han sido considerados al dictarse la Ley 30237, pues ya hay 6 Gobiernos Regionales, como son Arequipa, Tacna, Lambayeque, Tumbes, Amazonas y San Martín, a quienes ya se han transferido dichas competencias exclusivas durante el Gobierno del Presidente Alejandro Toledo. La transferencia de competencias no fue continuada durante los Gobiernos de García y el presente de Humala, quienes pese a que existía ésta normativa las continuaron administrando hasta la fecha, lo cuál no es legal.
En sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC)  respecto a la jerarquía normativa entre las leyes orgánicas (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) y las leyes ordinarias (Ley 30327), se señala que: “dado que las leyes orgánicas se distinguen por el cumplimiento de requisitos especiales formales y materiales para su aprobación, una ley ordinaria (que no haya sido aprobada bajo tales requisitos) no puede regular materia reservada a aquella, o modificar o derogar una ley aprobada como orgánica, pues ello significaría la inconstitucionalidad de dicha ley ordinaria por violación del artículo 106  de la Constitución”.

Además el Código Procesal Constitucional establece en el artículo 79, que para apreciar la “validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional, considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, forma parte de este “cuerpo constitucional” entonces, por tanto no puede ser modificada por una Ley Ordinaria. Es por ello que desde la RED MUQUI resaltamos, que al haberse publicado la Ley 30327, se desconocen las competencias exclusivas que los Gobiernos Regionales tienen para la disposición de tierras eriazas de propiedad del Estado que se encuentre en sus jurisdicciones, lo que es inconstitucional.

Lima, 22 de mayo de 2015

RED MUQUI

 

Alcances de la Ley 30327 (ProyLey 3941) by prensamuqui

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, remitió una carta al Presidente de la República, Ollanta Humala, exhortándole a atender oportunamente la agenda pendiente con los pueblos indígenas y así consolidar la implementación del derecho a la consulta previa, el cual representa un importante mecanismo de diálogo para atender, recoger y canalizar las expectativas e iniciativas de dichos pueblos.

Si bien se han logrado importantes acuerdos en 10 procesos de consulta previa desde la aprobación de la Ley N° 29785, hace 3 años -€”dijo el funcionario-€” se advierte una demora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado. «€œEn ninguno de los casos se ha emitido, hasta el momento, la correspondiente medida administrativa que permita cumplir con los compromisos asumidos», lamentó.

Asimismo, Vega manifestó su preocupación por el desconcierto y malestar de las comunidades a raíz del anuncio del proceso de licitación del lote 192, en Loreto, para el próximo 15 de julio. «€œEs necesario que el Estado garantice un adecuado proceso de consulta previa y asegure que los acuerdos que se alcancen con los pueblos indígenas sean incorporados y cumplidos en el desarrollo de la operación petrolera», puntualizó.

Otro tema pendiente es que, transcurridos 20 años de vigencia del Convenio 169, aún no se ha realizado ningún proceso de consulta previa en el sector minero. «€œEsto sumado al hecho de que aún no se completa la publicación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, provoca que los pueblos indígenas andinos de habla quechua vean dificultado el ejercicio de su derecho a la consulta previa», señaló.

Finalmente, Vega afirmó que está en manos de las instancias del Poder Ejecutivo, aportar todos los recursos necesarios para cumplir con esta agenda pendiente en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas indígenas. «€œConfiamos en que se tomen las decisiones que permitan que las obligaciones asumidas con los pueblos indígenas sean atendidas lo más pronto posible», concluyó.

Lima, 21 de mayo de 2015.

 

Defensoria del Pueblo

 

Of 248-2015 a Presidencia República – Consulta Previa

Este 21 de mayo la población de Espinar se movilizó por las principales calles y avenidas de la ciudad, en defensa del medio ambiente y los recursos hídricos; luego de la movilización se concentraron en la Plaza de Armas donde se manifestaron los representantes del: Cañón Apurímac, FUDIE, FUCAE, AUPE, FREDERMICE, SUCME, FUJEK, CENTRAMUN, Fonavistas residentes espinarences en Cusco, Usuarios de Quetara, Seguridad Ciudadana, Representantes de la Cuenca Salado, Cuenca Cañipia, Jóvenes Líderes, Jóvenes estudiantes de la UNSA – Arequipa y ex dirigentes. Quienes manifestaron: “Que Ollanta Humala, Presidente de la Republica, Traicionó a los hermanos Espinarences, prometió agua y al contrario apoya a las empresas transnacionales”, además indicaron “Que el proyecto Majes Siguas II no va”, y se solidarizan con los hermanos arequipeños principalmente con la provincia de Islay,  también se solidarizan con los hermanos caídos en las luchas del 21 de mayo, que siempre serán recordado.

Así mismo el gobernador de la provincia se comprometió en enviar la plataforma de lucha del pueblo espinaren al presidente de la república y el gobierno regional de Cusco; para que tengan conocimiento de la problemática que se vive en la provincia de Espinar.

Durante el mitin el alcalde provincial Manuel Salinas manifestó: “Majes Siguas II no va”, recalcó al Gobernador que el pasado 27 de marzo también se envió al Presidente de la Republica una plataforma de lucha, que hasta el día de hoy no tiene respuesta. La plataforma pedía la puesta inmediata de salud y el agua para Espinar, finalmente recalco. “Esta marcha emprendida por las organizaciones es pacífica, acá no somos violentistas, acá no somos radicales; pero queremos respeto a la vida, el respeto a nuestra provincia de Espinar, basta ya de engaños de parte del Gobierno Central en complicidad con la empresa privada por lo tanto siempre vamos a estar unidos”.

Finalmente debemos destacar que participaron de la movilización un aproximado de 400 pobladores de Espinar.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

La Ley 30327 denominada “Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social”, que fuera presentada como proyecto de ley 3941 al Congreso el 05 de noviembre del 2014, y que finalmente fuera publicada este 21 de mayo del 2015. como Ley, consideramos mantiene, entre otros los siguientes cuestionamientos, pese a que se les hizo saber los riesgos a las instancias competentes en el Congreso de la República, los cuales desde el Equipo Técnico de la Red Muqui detallamos en el siguiente documento:

Descargue aquí el documento –> Link

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Alcances de la Ley 30327 (ProyLey 3941) by prensamuqui

En conferencia de prensa, los ronderos de las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas, rechazaron tener alguna responsabilidad en la desaparición y muerte de los 3 trabajadores de la empresa minera Río Blanco.

El ex presidente de la comunidad campesina de Yanta, Magdiel Carrión, señaló que los comuneros han dado las facilidades para que la Fiscalía y la Policía Nacional lleguen al lugar para ubicar a los trabajadores que están desaparecidos.

Sin embargo, el dirigente ronderil lamentó que hayan sido dejados de lado, pese a que los ronderos participaron en la búsqueda y hallazgo de Manuel Herrera, único trabajador sobreviviente de la empresa minera Río Blanco.

Sobre los cuerpos de los tres trabajadores de la minera que se hallan muertos, Magdiel Carrión hizo un llamado a sus familiares para que exijan a la empresa minera su pronta entrega.

Sin embargo, al dirigente le parece extraño que la Río Blanco haya anunciado que ya ubicó  los cuerpos de los trabajadores sin que hasta el momento no presenten las evidencias de que ya los encontraron.

Magdiel Carrión aseguró que si la policía de Ayabaca hubiera permitido la ayuda de los comuneros, se hubieran encontrado los cuerpos de los trabajadores de la empresa minera.

Precisó que los efectivos de la Policía Nacional los hicieron a un lado porque había especialistas en alta montaña para este rescate que hasta hoy no muestra resultados.

Por ello, Magdiel Carrión ofreció, a través de Cutivalú, ayudar a los familiares de los trabajadores desaparecidos en la búsqueda y rescate de sus cuerpos.

“Les pedimos que se comuniquen con nosotros para darles una alternativa de solución, sin ningún interés de por medio”, sostuvo el ex presidente de la comunidad de Yanta, Magdiel Carrión, quien no descartó la posibilidad de ayudar a rescatar los cuerpos.

“Es posible (rescatar los cuerpos) si nos dejan actuar, en conjunto con ellos y con un fiscal, podemos llegar, así sea 3 o 4 días, podemos llegar”, aseguró el dirigente ronderil.

RESPONSABILIZA A RÍO BLANCO

El ex presidente de la comunidad de Yanta, Magdiel Carrión sostuvo que la única responsable en este caso es la empresa minera Río Blanco por enviar a sus trabajadores a territorios comunales sin tener licencia social, como lo exige la ley.

El dirigente manifestó que fue muy irresponsable la empresa minera Río Blanco al enviar a esos trabajadores a tierras comunales, sabiendo la existencia de un conflicto social en la zona, además del mal tiempo por esta temporada del año.

Al recordar las declaraciones que Manuel Herrera brindó a la policía cuando fue encontrado, el rondero señaló que el joven muchacho reconoció que se encontraba en la zona porque la empresa minera les había enviado para realizar estudios topográficos que les permita ejecutar nuevos accesos en la comunidad.

Magdiel Carrión dejó en claro que los comuneros de Yanta y Segunda y Cajas están unidos y que nunca darán permiso para que la empresa minera Río Blanco realice trabajos en su zona.

DENUNCIARÁN A MINERA

En ese sentido, el Frente de Desarrollo Sostenible de Ayabaca y Huancabamba denunciará a la empresa minera Río Blanco por ingresar a territorios comunales sin tener licencia social, aseguró Magdiel Carrión, a través de Cutivalú.

El dirigente señaló que el Ministerio de Energía y Minas debería informar por qué la empresa Río Blanco se encontraba en ese lugar.

Asimismo, Magdiel Carrión también cuestionó la presencia de militares en la zona de la comunidad de Yanta. Dijo que hasta el momento no se les informa sobre su presencia en áreas comunales.

Frente a este panorama, el dirigente aseguró que los comuneros entregarán cartas y pronunciamientos al gobierno central para dar a conocer esta situación.

Cabe indicar que junto al ex presidente de la comunidad campesina de Yanta, Magdiel Carrión, estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de las rondas campesinas de Ayabaca, Rubén Jimenez Carrión; el presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Samuel Labán; el presidente de la  Central Única Provincial de las rondas campesinas de Huancabamba, Juan Renteria Rivera; y el presidente del Comité de Vigilancia y Fiscalización de la Comunidad de Segunda y Cajas, Servando Aponte Guerrero.

 

Fuente: Radio Cutivalu

Cuando hablamos de extractivismo en América Latina y específicamente en  nuestro país, saltan a la vista las diversas posturas  en cuanto a la percepción del desarrollo, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué hay más allá del desarrollo? ¿Por qué se piensa que está ligado necesariamente al crecimiento económico? Y ¿cuánto se sacrifica para conseguir cifras económicas favorables?

A través de los años se evidencian la postura parcializadas de los gobernantes de turno que se traducen en políticas de gobierno empeñadas en mantener un modelo económico basado en una dependencia directa de la extracción de recursos naturales y la vulnerabilidad que implica depender únicamente de la demanda externa. Alberto Costa, menciona que las consecuencias del extractivismo comenzaron en la conquista y continúan de forma perversa pues continúa siendo sinónimo de saqueo, destrucción, pérdida de identidad, subdesarrollo, dependencia y miseria. Asimismo, plantea que es necesario desmercantilizar la naturaleza pues ni los gobiernos progresistas ni los gobiernos neoliberales cuestiona el extractivismo y paradójicamente plantean como solución al extractivismo, más extractivismo. Del mismo modo,  Humberto Campodónico habla de la “maldición de los recursos naturales” que consiste en que aquellos países que los explotan tienen más beneficios que aquellos que los poseen, una realidad que se ve reflejada en la época perdida del boom extractivista pues no hubo grandes cambios en las políticas públicas, ni mejoras en las zonas aledañas a los proyectos.

Asimismo, Eduardo Gudynas, menciona que el extractivismo influye a varios sectores produciendo derrames más allá del impacto local, en el ámbito ambiental, territorial, cultural, social económico, derechos humanos, justicia, estado, democracia etc. Poniendo como ejemplo la flexibilización que debilita las normativas ambientales  y la “extrahección” que significa arrancar con violencia, entendida como la violación de los derechos humanos y de la naturaleza con el propósito de crear condiciones necesarias para llevar a cabo proyectos extractivos.

Por otro lado, Epifanio Baca, habla del fin del boom extractivo y su impacto económico en el Perú desde la desaceleración económica en el año 2012 por la caída de las exportaciones mineras. En efecto, el año pasado, cayeron en 10,6% y este año se estima que las inversiones mineras disminuyan cerca del 14% y la renta captada actualmente por el estado es la misma  antes del boom  minero. Del mismo modo, Carlos Monge señala que los países especializados en la minería son los que más han crecido por el boom pero esta realidad no puede mantenerse en el tiempo. Asimismo, indica que no existe relación directa entre la actividad extractiva y el mayor crecimiento o el bienestar en territorios con recursos no renovables y aquellos que no los tienen. Uno de los problemas sobre la gobernanza del sector extractivo  es que se quiere mantener el modelo de los 90’s en donde el gobierno central y el MINEM  eran los únicos que decidían y el conflicto ocurre cuando estos se niegan a aceptar los nuevos actores, como el MINAM, MINCU, OEA, SENASE, los gobiernos regionales y locales, siendo necesaria la implementación de reformas institucionales.

Finalmente, Mark Hufty, analiza la extracción del litio mediante la perspectiva de una economía verde como alternativa a la utilización del petróleo. Haciendo énfasis en que el extractivismo ideal respeta el medio ambiente, considera la justicia social e internaliza el costo – beneficio, integrando dentro del costo de los minerales el costo ambiental y humano.

En el año 2007 se empezó a elaborar la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de Cajamarca, como paso previo a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Han pasado ocho años y el ente rector nacional sigue dando prioridad exclusiva a las ZEE de los departamentos o a sus Estudios Especializados. El Plan de OT parece estar cada vez más lejano.

Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, comentó un artículo publicado en Noticias SER en el mes abril[1], básicamente expresando la total disposición que tendría el MINAM a coordinar con las regiones que trabajan sus procesos de gestión del territorio. Además, ofreció la “expertise y capacidad de gestión (del MINAM) para conducir y orientar los procesos”.

Pues bien, partiendo de la experiencia de Cajamarca, es necesario seguir incidiendo en aquellos aspectos que puedan estar débiles en el ente rector, pues lo concreto es que localmente nos queda la sensación de que hubiera un retroceso en cuanto a las expectativas que se tenían al inicio de este gobierno para contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Con esta mirada se empezó el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), pero pasados ocho años, no resulta fácil hacer una proyección para culminar siquiera los Estudios Especializados (EE), ni mucho menos para completar el Diagnóstico Integral del Territorio (DIT) y o el POT. Veamos por qué.

La ansiada opinión favorable

En el comentario que aludimos, el ministro señalaba: “Se han aprobado un conjunto de instrumentos técnico normativos donde se ha definido claramente el proceso metodológico del ordenamiento territorial, así como el conjunto de instrumentos mínimos necesarios para elaborar un plan de ordenamiento territorial”. Llama la atención esta frase, pues hasta la fecha de redacción de este texto, se acaban de publicar las guías metodológicas para sólo dos de los siete EE, pese a que la Resolución Ministerial que autorizaba su elaboración fue publicada en el mes de mayo del 2013; hace dos años.

En este periodo y producto de las observaciones del MINAM, en Cajamarca se han elaborado hasta tres versiones de los seis EE aplicados a la realidad regional, las mismas que han sido enviadas al ministerio para su opinión favorable. A decir de quienes participan en el proceso, la entidad no muestra mayor celeridad en la revisión de los documentos ni para brindar asistencia técnica al equipo responsable, de modo que el acompañamiento pueda ser de calidad, sobre todo considerando que no se contaba con una propuesta metodológica para direccionar la elaboración de los estudios.

No obstante, en estos dos años, Cajamarca, sin contar con una guía metodológica para el diseño de los EE, una vez más ha demostrado que está un paso adelante en su proceso, pues ha completado la tarea valiéndose de la experiencia acumulada desde el 2007. Sin embargo, la reciente publicación de las guías significa que los procesos deberán adecuarse a ellas y, por lo tanto, ser sometidos nuevamente a revisión, para buscar la tan ansiada opinión favorable. A esta dilatación del tiempo se le agrega el que habrá que esperar hasta que el resto de guías metodológicas sean publicadas y los EE nuevamente sean adecuados a sus indicaciones.

En tal sentido, que el ministro considere que se ha definido claramente el proceso metodológico puede entenderse como un comentario bastante ligero. Más aún, cuando tampoco se conocen (o no existen) las guías para el DIT y para el POT.

Mellando la participación

La disposición del MINAM, en cuanto a la participación de los diferentes actores en el proceso, tampoco ha estado exenta de críticas; esto a raíz de la publicación de las Resoluciones Ministeriales N°056 y 087–2015-MINAM, que básicamente señalan la conformación que deberían tener las Comisiones Técnicas Regionales (CTR). En Cajamarca, estas disposiciones han sido observadas, debido a que la participación propuesta excluye a representantes de otros sectores que han tenido un involucramiento activo en el proceso regional. Por este motivo, se consideró pertinente invitar a representantes del ministerio a participar en una de las últimas asambleas de CTR, a fin de que escucharan sus fundamentos. Como resultado de este evento, se acordó remitir un documento formal al ministerio, proponiendo la revisión de la citada resolución. El argumento principal es que Cajamarca cuenta, desde el 2007, con una CTR activa, la misma que, con el pasar de los años y debido al requerimiento de mayor inclusión de actores, ha ido integrando a representantes de plataformas de concertación, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, como los Consejo Regionales de la Mujer y de la Juventud, razón por la cual suma alrededor de 60 actores.

Pero a decir del MINAM, no es necesaria la presencia de más actores. Esta postura relegaría a sectores que en Cajamarca han resultado fundamentales, pues han brindado soporte técnico y logístico, en aras de la legitimidad del proceso. Así, por ejemplo, los y las integrantes de la CTR hoy participan en la elaboración de los EE. No se debe obviar tampoco que el proceso de OT tiene un componente político, en el que es importante generar consensos regionales, lo que empieza por incentivar la participación.

Se ha dicho que las normas publicadas garantizan la adecuada participación del conjunto de actores, pero no necesariamente es así, pues las realidades y los requerimientos regionales son distintos. En tal sentido, cada proceso debería tener la libertad de adecuar sus CTR, informando y justificando ante el MINAM los respectivos cambios. De hecho, en el caso de Cajamarca ya se había observado, desde el 2007, el Decreto Supremo N°087 –2004-PCM (que ha servido de base para la resolución del MINAM), porque no consideraba la participación de actores fundamentales.

Se debe señalar, por otro lado, que no se ha escuchado un buen argumento que justifique los límites a la participación, por lo que el ministerio debería recoger la experiencia de regiones como Cajamarca, que ha sido una de las pocas que ha adelantado el trabajo respecto a este tema. Se debería considerar, pues, los aspectos positivos que han permitido este avance y que tienen que ver con el aporte activo de los distintos actores. En una región tan diversa (con una problemática amplia, índices de pobreza alarmantes, sin un espacio para discutir el desarrollo desde las diversas miradas y conflictos sociales pendientes de solución), un proceso de OT inclusivo desde su concepción ha hecho posible que los diferentes sectores interesados puedan aportar. Si el proceso de ZEE – OT de la región es reconocido, se debe, en gran parte, a la participación ciudadana que, a través de la CTR, se sustentó como uno de los pilares fundamentales.

Además de la socialización de las guías metodologías para el resto de EE, y luego para el DIT y el POT, el gobierno nacional tiene varios pendientes al 2016, como el dejar sentadas las bases para contar con una ley de OT y mejorar los procedimientos actuales para la entrega de autorizaciones que tienen que ver con la disponibilidad de los recursos naturales y las concesiones mineras, ya que la forma en que se viene realizando, incentiva la aparición de conflictos y la desconfianza de la población.

Por ahora, en Cajamarca se esperará la respuesta del MINAM a la preocupación de la CTR. No obstante, con este contexto, quedamos convencidos de que será imposible avanzar en la formulación del POT, en lo que queda del gobierno de Humala.

[1]Comentario al artículo: “Ordenamiento Territorial: La prioridad postergada” de Ronald Ordoñez, publicado en Noticias SER, el 15 de abril de 2015. Ver: http://www.noticiasser.pe/15/04/2015/medio-ambiente/ordenamiento-territorial-la-prioridad-postergada

 

Por:

Ronald Ordoñez

Fuente: Noticias SER

Chulucanas. “Desde el 31 de julio hasta la fecha solo hemos recibido contradicciones y mentiras sobre el destino del ingeniero geólogo Orlando Pastrana”, aseguró el abogado de la familia del extinto minero desaparecido en Cerro Negro en la provincia de Ayabaca.

José Panta insiste en la posición de la familia de denunciar a la empresa minera Río Blanco Cooper por haber omitido una serie de prevenciones contempladas en el reglamento de seguridad en la minería, además de negligencia y otras faltas.

Panta exigió a las autoridades poner mayor interés en traer el cadáver de Pastrana hasta Piura, para luego ser trasladado hasta Nazca, donde lo esperan sus hijos, quienes velan solo la ropa del minero.

Las necropsias de ley aplicadas a los cuerpos de la comunicadora social Aleida Dávila, y el cocinero Segundo Tacure, dieron como resultado que su muerte se produjo a causa del frío. La hipotermia acabó con sus vidas, y sus cuerpos ya han podido ser enterrados cristianamente; sin embargo el cadáver de Pastrana continúa en la zona de montaña.

Panta se ampara en el Decreto Supremo 055 del año 2010 que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería para anunciar una denuncia contra Río Blanco. La demanda se basaría en la libertad de trabajo, y se probaría al sustentar la falta de un plan de emergencia y de seguridad durante la expedición.

ÚLTIMO ADIóS.

Con un concurrido cortejo fúnebre se sepultaron ayer los restos del trabajador de la minera Río Blanco, Segundo Tacure Saavedra, fallecido a los 41 años de edad. Él fue encontrado después de más de un mes de estar desaparecido en Cerro Negro, ubicado en la provincia de Ayabaca, junto a la fallecida Aleida Dávila. Con ellos también se extraviaron Orlando Pastrana y Manuel Herrera. Este último fue el único sobreviviente del fatal periplo.

El funeral del cocinero partió de su domicilio en la calle Gabriel Béjar al mediodía, y la multitud a cada momento decía: “Segundo Tacure Saavedra, ¡presente!… Que se haga justicia… Qué se dé con los responsables de la muerte de este joven padre que solo lo llevaron para matarlo en la sierra de Piura”.

El sepelio recorrió las calles de Chulucanas y en la esquina de las calles Ayacucho con Libertad hizo un alto para despedirse del local “El Cajamarquino”, donde su hermano Manuel Tacure le había enseñado a cocinar. Manuel dijo entre sollozos que lo va extrañar porque era su mano derecha en su negocio, y con quien tenía un proyecto de poner una cevichería..

Luego, el cortejo siguió por las calles Libertad y Junín hasta llegar al cementerio Divina Misericordia. En ésta, su última morada, la viuda de Tacure, Elvira Roldán Sánchez, y la hija del occiso, Claudia Tacure (19), evitaron dialogar con la prensa, pero su inconsolable llanto evidenciaba el dramático momento que les ha tocado vivir. Las lágrimas por la muerte del buen esposo y buen padre exigían justicia para castigar a los responsables.

 

Fuente: La Republica