RED MUQUI y CooperAcción presentan análisis y aportes técnicos sobre las observaciones al EIA de Tía María

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El informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, elaborado por la RED MUQUI y CooperAcción, ofrece una revisión técnica de algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, y se ponen a disposición de la población y autoridades del Valle del Tambo

El EIA de Tía María tiene un total de 17,389 folios que incluyen las resoluciones -de segunda instancia- del Consejo de Minería que han declarado infundados los recursos de revisión presentados en contra de su aprobación del proyecto. Solo en observaciones presentadas por organizaciones del Valle del Tambo y especialistas, el EIA Tía María posee 10 tomos que han sido contestados por la empresa minera, reiterando respuestas a preguntas anteriores.

Es así que llama la atención, la forma en que fue aprobado el último EIA del año 2013. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó información complementaria de la mayoría de las 73 observaciones que realizó (Informe N°155-2014-MEM-DGAA/DNAM/DGM/TM), esta entidad del Ejecutivo terminó aprobándolo en menos de una semana (incluyendo los días de fiestas patrias) con muchas de estas observaciones, que no presentan información técnica válida.

La publicación presenta, en una primera parte, un análisis sobre la necesidad de priorizar el desarrollo territorial, aquí destaca el concepto de “licencia social”, es decir, un permiso que no se obtiene por medio de coordinaciones con el gobierno, ni con dinero, sino tomando en cuenta las dinámicas sociales, económicas, culturales y el equilibrio ambiental del lugar donde se desarrollan las comunidades; algo en lo que no reparan las empresas mineras en nuestro país. Y Southern no ha sido la excepción.

Ello se muestra en la secuencia de hechos ocurridos en el Valle del Tambo en los últimos años, desde la accidentada audiencia pública del EIA de Tía María (diciembre de 2013) hasta el rechazo por parte de la población, nos reitera que el proyecto minero que pretende imponer Southern nunca va a recuperar la “licencia social”.

La imposición de un modelo de desarrollo por encima de otro, el minero sobre el agropecuario en este caso, demuestra también que hace falta la aplicación de mecanismos de Ordenamiento Territorial que permitan priorizar las potencialidades en el uso de los suelos, con procesos participativos que definan las decisiones del Estado y se vean en políticas públicas.

A ello se suman los problemas de fondo en la normativa ambiental y social, en la información pública, en los mecanismos de participación ciudadana y en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda parte del libro, se expone sobre inviabilidad del proyecto minero debido al riesgo de contaminación atmosférica en zonas agrícolas, como el canal Ensenada-Mejía-Mollendo y otros poblados cercanos; contaminación de acuíferos y del río Tambo, así como los riesgos en el suministro del agua y su desalinización.

Una acotación importante, es sobre la falta de una evaluación de impactos ambientales a nivel de las microcuencas hidrográficas. “Hidrológicamente, las instalaciones del proyecto minero se ubican en 08 microcuencas hidrográficas: Quebradas Posco (Rosa María), Salinas, Chuli, Quialaque, Cachuyo y otras tres quebradas sin nombre. La red de drenaje de las cuatro primeras microcuencas es hacia el océano, y de las otras cuatro restantes hacia el Valle de Tambo.

Si bien el EIA, toma en cuenta, la ocupación de microcuencas, estas no están bien delimitadas como en el caso de la microcuenca Posco (Rosa María) donde no se considera a ninguna instalación minera. Asimismo, faltan considerar algunas como microcuencas de las quebradas Chuli y Quialaque.

Otra advertencia del texto, se refiere a las fuentes y concentración de contaminantes atmosféricos durante la etapa de operación del proyecto, es decir, principales actividades que generarían material articulado significativo como: Perforación y voladuras en los tajos; Transporte y procesamiento de minerales (chancado); Desmontes de mina, depósitos de sulfuros, etc. Asimismo, emisión de gases provenientes de Transporte de vehículos de mina (zona de mina); Transporte de vehículos livianos (área de la mina y alrededores) y los tajos abiertos.

Todas estas, son identificadas en el EIA actual (2013), sin embargo, no brinda información que permita conocer la concentración y dispersión de dichas emisiones, como: características y cantidad de vehículos (pesados y livianos); las características del material de los explosivos (ANFO y otros) y su relación con la emisión de polvos y gases atmosféricos, etc.

Respecto a las aguas del canal La Ensenada Mejía Mollendo (EMM) (consumo humano desde Cocachacra hasta Mollendo, riego y uso industrial) estas estarán expuestas al polvo contaminante que traería partículas, gases y vibraciones provenientes de las labores del tajo abierto La Tapada. La vulnerabilidad del canal, se debe a los vientos que cambian de dirección (de norte a sur). Esta infraestructura tampoco ha sido considerada en el EIA.

La idea de elaborar y presentar el informe “Aportes Técnicos que cuestionan la Viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”, surge a raíz de una solicitud que los pobladores y autoridades del Valle del Tambo, hicieron a la misión –compuesta por RED MUQUI, COOPERACCIÓN Y CNDDHH- que llegó entre el 15 y 17 de abril a esta zona para verificar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de este año.

De esta manera, ambas organizaciones cumplieron en entregar este estudio a los alcaldes, dirigentes de base y pobladores del Valle del Tambo en el distrito de Cocachacra. Para ello los técnicos encargados, como la compiladora Marlene Castillo y el geógrafo, Elqui Cruz, explicaron parte de este análisis junto a Javier Jahncke, secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, quien presentó la parte social de la problemática en torno al conflicto por el Proyecto Tía María de Southern Cooper.

DATOS:

  • Población estimada en el Valle del Tambo: 47,441 habitantes, de los cuales 24 mil trabajan en el valle.
  • Tiene una importancia nacional en la siembra de arroz, ajo, papa y caña de azúcar.
  • Extensión agraria del valle del Tambo es de 15,078.88 hectáreas
  • Nuevos productos: olivo en zonas como El Boquerón, Cocachacra, Cocotea y Chucarapi, donde también destacaban el arroz, camotes y frutas.
  • Tía María es un proyecto de explotación minera próximo al río Tambo y al valle conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta del Bombón
  • La minera titular del proyecto es la Southern Copper Corporation (SPCC) y supone la extracción de cobre a través de dos tajos abiertos con más de 2000 metros de largo con unos 1000 de ancho, y 270 m profundidad aproximadamente y tiene una vida útil de 18 años.
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Espinar, Exigen determinen a responsables de ocultamiento de información sobre presencia de metales pesados en pobladores

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La Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami), solicitó al Ministerio Público de Espinar que ejerza su autonomía frente a al Estado y que habrá la investigación penal para establecer los hechos criminales, identificar y sancionar a los  responsables  del ocultamiento de información referida a la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros que viven en las zonas aledañas al proyecto minero Tintaya – Antapacay.

Como se recuerda a inicios del mes de junio del presente año Adepami presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Espinar referida a la tendenciosa falta de información respecto a los resultados de los exámenes realizados a inicios del año 2013, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo instalada en a fin de atender las demandas de la población afectada por las operaciones mineras de la empresa Glencore – Xstrata.

Dichos estudios, necesarios para determinar la presencia de metales pesados en el organismo de los pobladores, fueron realizados por el Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, institución que hizo una medición para determinar la presencia de hasta 17 metales pesados, sin embargo, a la población solo se le informó de los resultados sobre la base de seis obviándose los datos acerca de los otros 11 parámetros medidos.

Adepami ha señalado que los presuntos hechos delictivos lindan con la comisión de los presuntos delitos contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General, Falsedad Ideológica, Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos y Falsedad Genérica; así mismo por el presunto delito contra la administración Pública, en su modalidad de Malversación y por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Exposición a peligro o abandono de personas en peligro.

La demanda ha sido interpuesta contra quienes ocupaban los principales cargos directivos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud – Censopas, en el año 2013.

Sin embargo, la asociación de afectados ha manifestado su decisión de ampliar la denuncia penal por el delito de homicidio culposo, pues muchos de los pobladores, cuyos exámenes demostraban que se encontraban con altos índices de metales pesados en su organismo, han fallecido sin que el Estado acuda en su asistencia.

La denuncia alcanzará también a la empresa minera Glencore – Xstrata, a quien se acusa de por los presuntos delitos contra la salud pública, por los responsables directos de la contaminación y afectación a la salud de las personas.

Lea el pronunciamiento de Adepami:

Pronunciamiento ADEPAMI by prensamuqui

Fuente: solsticio-peru.org

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Encuentran cuerpos sin vida de trabajadores de Río Blanco

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Las labores de búsqueda de la Policía y de la Fuerza Aérea del Perú en la sierra de Piura dieron resultados, lamentablemente hallaron sin vida a los tres trabajadores de la empresa Río Blanco, que estaban perdidos desde hace 20 días en la sierra piurana.

La vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza dio esta información vía Twitter, explicó también que ya iniciaron las labores de rescate de los cuerpos.

Debido a lo agreste de la zona y la poca visibilidad por la densa niebla dificulta el trabajo de los rescatista que llegaron al lugar en helicóptero.

Según el congresista Juan José Díaz Dios, al mediodía una brigada de rescate conformada por policías, personal de la FAP y dos rescatistas contratados por la minera Río Blanco encontraron los cuerpos en la zona de Cerro Negro en la jurisdicción de Ayabaca.

“Nos hemos comunicado vía teléfono satelital con los rescatistas y si los han encontrado, no podemos dar más detalles, porque deben ser los familiares de los tres trabajadores, los que deben ser los primeros en saber”, dijo el legislador.

Los cuerpos que fueron hallados pertenecen a la periodista Aleida Dávila (34), el topógrafo Orlando Pastrana (36) y el cocinero Segundo Tacure (28).

La empresa Río Blanco aún no se ha pronunciado al respecto, trascendió que se habría decidido hablar primero con los familiares de los trabajadores para luego dar una conferencia de prensa.

Marisol Espinoza@MarisolEspinoz_

Patrulla combinada de Policía y Fuerza Aérea encuentran cuerpos sin vida de trabajadores de Río Blanco, se inician trabajos de rescate

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Fuente: La República
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El Vaticano denuncia los abusos de grandes empresas mineras

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En muchos países de América Latina, África y Asia, las grandes empresas mineras cometen abusos sobre la población local, que el Vaticano puso el viernes ante los ojos del mundo en la inauguración de un congreso en el que participan unas treinta comunidades afectadas.

El cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que organiza el congreso, afirmó que «ahora son muchos los que escuchan el grito desgarrador de las zonas en que se extraen minerales gracias a numerosos informes internacionales como el de Kofi Annan sobre África, las directivas de la OCDE y su informe especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, o la legislación que debate el Parlamento Europeo sobre trazabilidad de minerales».

El cardenal ghanés afirmó que el congreso se sitúa tanto en la línea de la encíclica ecológica «Laudato si» («Alabado seas») como en «documentos de numerosas conferencias episcopales sobre violaciones de derechos humanos, ilegalidad y violencia».

Turkson denunció que «en los últimos días, algunas personas que participan en el congreso han sufrido presiones e intimidaciones. En el Pontificio Consejo hemos recibido muchos testimonios de amenazas, violencias y asesinatos».

Naturalmente, el Vaticano está a favor de la minería, siempre que respete los derechos de las comunidades locales, y el Pontificio Consejo Justicia y Paz ha convocado un segundo congreso, «Creando un nuevo futuro, reimaginar la minería» del 17 al 19 de septiembre, en el que participarán empresas mineras multinacionales.

En la línea de mejorar el respeto a los derechos en el modo de practicar la minería, el cardenal Turkson propuso sustituir el término general de «industrias extractivas» por el de «industrias de desarrollo de recursos naturales».

La conferencia de prensa del viernes en el Vaticano incluyó testimonios de víctimas –como un trabajador minero informal de la Republica Democrática del Congo, que sufrió quemaduras por defender un yacimiento–, así como de expertos en registrar y denunciar abusos.

El chileno Juan Guillermo Peñaloza Sierra denunció que «las empresas y sus aliados realizan actos de amenaza, amedrentamiento, agresión y criminalización contra los líderes que representan las comunidades y poblaciones», incluyendo numerosos asesinatos en media docena de países de América Latina.

Prassant Kumar Paikray informó de abusos en el estado indio de Odisha, donde la influencia de una compañía extractora de mineral de hierro ha logrado «que la policía y el gobierno sumen 370 casos penales falsos, la libertad bajo fianza de 2.500 personas, el encarcelamiento de 700 y la muerte de cuatro personas».

La brasileña Patricia Generoso Thomas denunció el tremendo daño que provoca a 17 comunidades de Conceiçao do Mato Dentro la empresa que explotan un enorme yacimiento a cielo abierto y envía el mineral a un puerto cercano a Río de Janeiro a través de «un acueducto de 529 kilómetros de longitud que consume cada hora 2.500 metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para abastecer una ciudad de 220.000 habitantes».

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El grito de los que sufren por la minería se escuchó en el Vaticano

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Unos treinta representantes de comunidades afectadas por la minería procedentes de África, Asia y América presentaron sus reclamos durante el Encuentro “Una jornada de reflexión – Unidos a Dios escuchamos un grito” organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz entre el 17 y 19 de julio pasado en Roma.

Según Radio Vaticana, el objetivo fue “dar mayor visibilidad a las situaciones de violencia e intimidación, de ilegalidad y corrupción, de contaminación y violación de los derechos humanos vinculados a la actividad minera” e interpelar a los responsables políticos, a las administraciones públicas, a los empresarios y a los inversores para que escuchen “el grito de la tierra y actúen con prontitud y responsabilidad al servicio del bien común, de la justicia y de la dignidad humana”.

El encuentro fue presentado el viernes 17 de julio por el cardenal Peter Turkson, presidente de dicho dicasterio, y por algunos de los participantes que ofrecieron su testimonio.

Según informó la Agencia católica Zenit, Turkson recordó que la Iglesia, en más de una ocasión y desde hace años, “sigue de cerca las actividades mineras”.

El cardenal mencionó también los documentos de Conferencias episcopales que denuncian las violaciones a los derechos humanos, ilegalidades, violencia y explotación de yacimientos de forma contaminante o afectando la seguridad alimentaria local.

El misionero comboniano Dário Bossi dio testimonio de la situación en el Amazonas y recordó que “Solamente en nuestra región de Carajás en el norte de Brasil, hemos tenido en los últimos tres años 26 conflictos abiertos entre la empresa minera Vale y las comunidades locales”, Agencia Zenit.

Otro de los participantes en el encuentro, Juan Guillermo Peñaloza Sierra, procedente de la diócesis de Copiapó en Chile, afirmó que por su experiencia “estas empresas mineras despliegan estrategias que buscan dividir a las comunidades indígenas y a los movimientos sociales y cooptar a algunos líderes”.

“Los efectos que constatamos día a día son: agotamiento y contaminación de las fuentes de agua, destrucción de ecosistemas y contaminación ambiental, que repercute finalmente en la salud de las personas incluyendo a los propios trabajadores”, explicó.

“Consecuencias a menudo demasiado negativas”

En su mensaje a los participantes del encuentro, el papa Francisco advirtió que muchas comunidades “sufren directa o indirectamente las consecuencias, a menudo demasiado negativas, de la minería”.

“Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo”.

“Vienen de situaciones diferentes y experimentan de diversos modos las repercusiones de la minería, ya sea la de las grandes empresas industriales, o la de los artesanos y operadores informales. Han querido reunirse en Roma, en esta jornada de reflexión que está vinculada a un paso de la Exhortación apostólica ‘Evangelii gaudium’, para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias, a menudo demasiado negativas, de la minería”, escribió Francisco.

“Todo el sector minero está indudablemente llamado a efectuar un cambio radical de paradigma para mejorar la situación en muchos países. Los gobiernos de los países de origen de las empresas multinacionales y los de aquellos en los que operan pueda en contribuir a ello, así como los emprendedores e inversores, las autoridades locales que supervisan la ejecución de las operaciones mineras, los trabajadores y sus representantes, las cadenas de suministro internacional con sus varios intermediarios y los que trabajan en los mercados de estas materias”, aseguró Francisco en su mensaje a los participantes del encuentro.

Segunda jornada con empresas mineras

Según una nota de Aleteia, el cardenal Turkson confirmó hoy que los dirigentes de las empresas de minería serán convocados a una segunda jornada de reflexión en el Vaticano, que se realizará del 17 al 19 de septiembre de 2015.

El 7 de septiembre 2013, el Consejo Pontificio había congregado a 25 dirigentes de la industria minera para reflexionar sobre los estragos humanos y ambientales de la actividad, sobre todo en países “pobres pero ricos de materias primas”, informó Vatican Insider.

En aquella oportunidad participaron Anglo American, Areva, BHP Billiton, China Minmetals Corporation y Río Tinto, además de un delegado de la Secretaría de Estado, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Caritas Internacional y Oxfam América.

 

Por Luis Manuel Claps
SERVINDI

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Minera Yanacocha destruye cultivos de Maxima Chaupe

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El día de ayer en horas de la mañana, mientras Máxima Acuña y su nuera salieron del predio Tragadero Grande para realizar labores domésticas, los trabajadores de la Minera Yanacocha nuevamente ingresaron a la propiedad de Máxima, destruyendo sus cultivos de papa.

YANACOCHA SE ATRIBUYE LA DESTRUCCIÓN
La empresa minera luego de realizar este abusivo acto emitió rápidamente un comunicado donde se atribuye el hecho, diciendo que se trata de “Defensa Posesoria” del terreno.  Además expresa que tienen a su favor una medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto de Celendín que prohíbe que Máxima  y su familia puedan realizar cualquier actividad en este terreno.

JUEZA DE CELENDIN EMITE CUESTIONADA MEDIDA CAUTELAR
Hace dos semanas, Minera Yanacocha solicitó al Juzgado Mixto de Celendín, a cargo de la controversial Juez Julissa Aseijas Silva, conocida por haber resuelto escandalosos procesos a favor de Yanacocha, como el caso ADECO, una medida cautelar para impedir que la familia Chaupe realice cualquier labor en su propio terreno.

Increíblemente esta Juez declaró procedente esta petición y ordenó tal impedimento.  Pese a que esta resolución se encuentra en proceso de impugnación. La empresa minera se está valiendo de la misma para destruir cualquier actividad que realice la humilde familia como lo ha hecho ahora con sus cultivos de papa que solo les sirven para autoconsumo.

LAS DENUNCIAS DE LA FAMILIA CHAUPE
Pese a la sentencia de diciembre del 2014 que declara que la familia Chaupe no es usurpadora del predio Tragadero Grande, y reconoce por tanto su posesión legítima; pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y pese a las garantías otorgadas por la Gobernación de Cajamarca que admiten que la familia estaría siendo hostilizada por la empresa por lo que merecería protección, la empresa Yanacocha ha seguido con los actos de hostilidad contra a familia en su predio, como la destrucción de la habitación que construían, la destrucción del corral de animales menores, incluyendo la sustracción de los cuyes, el cierre de los caminos, y ahora la destrucción de los cultivos, que realizaron el día de ayer.

Representantes de la Fiscalía verificaron los daños provocados por los trabajadores de Yanacocha

Por todos estos hechos la familia ha procedido a denunciar desde enero del año en curso ante la Fiscalía Penal de Celendín.  El viernes último, dicho despacho notificó 6 meses después su resolución, la misma que resuelve Archivar el caso porque no encuentra que Minera Yanacocha haya realizado perjuicio alguno a la familia.  Esta resolución también es objeto de impugnación ante el superior.

SITUACIÓN DE LA FAMILIA CHAUPE
Por desgracia, sin autoridad que haga cumplir la Sentencia de la Corte de Justicia o las medidas de protección asignadas a la familia, la misma se encuentra librada a los abusos de la empresa, ahora avalada por resoluciones judiciales cuestionables que impiden que la familia tenga incluso lo mínimo para poder subsistir como son sus cultivos que les proveen de alimentos.  Este es un tema que trasciende un derecho de propiedad, es una clara violación de derechos humanos pues más allá de defender algo que consideran suyo la empresa está condenando a una familia a vivir una vida indigna y privándolos de lo más fundamental para vivir.

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Trabajadores de la minera se habrían perdido por fallas en los equipos de GPS

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Dentro de todas las gestiones de rescate de los extraviados Orlando Pastrana, Segundo Tacure y Aleida Dávila en las estribaciones de Cerro Negro (Ayabaca), el coronel a cargo del contingente en esta zona, Luis Quiñones, señaló que la hipótesis “de mayor caldero” es que los equipos GPS y el teléfono satelital de los dos geólogos que hacían tareas topográficas sufrieran fallas técnicas.

“Es muy probable que la fuerte humedad y lluvias de estos páramos, tal como lo comprobamos ayer, estropearon sus instrumentales de geolocalización en algún momento, dado que en un día determinado –el viernes 10 de julio- enviaron sus últimas coordenadas”, sostuvo. Pidió verificar qué tipos de GPS llevaban y qué medios de protección ante el agua tenían los profesionales.

Para muchos de los rescatistas –quienes no quisieron identificarse-, “es muy curioso” que solamente el GPS de Manuel Herrera no se haya malogrado, si es que utilizaban dos. Asimismo, el comandante de la comisaría de Ayabaca, Miguel Orozco, aseguró que la temperatura en la zona alta puede llegar hasta los 5 grados.

EN LA ZONA

El Tiempo, que acompaña a los rescatistas en esta zona agreste, llegó desde Ayabaca ayer por la mañana, luego de pasar Socchabamba, Pacainillo, Hualcuy, la quebrada Palcochaco y el caserío Portachuelos, el sector en que, según un reporte de Río Blanco Copper, los otros seis miembros de la expedición habrían sido “capturados y castigados”.

Ania, un caserío de unas 80 familias en la Comunidad Campesina de Yanta, es ahora la base para los trece rescatistas desde el lunes 20 de julio. Ellos duermen y se asean en la I.E. 14207, facilitada por la ronda del sector. A esto, los comuneros siguen brindando información sobre los caminos a seguir en las montañas cercanas así como los vientos, la lluvia y la densa neblina en los páramos del bosque de Cerro Negro, donde todavía se encuentran extraviados tres trabajadores de la minera Río Blanco Copper desde el 11 de julio.

“Ania es una zona estratégica y de enlace para las incursiones por tierra, desde Cabuyal, y para el abordaje de los rescatistas por los helicópteros”, agregó Orozco.

Mientras tanto, los 6 rescatistas en los páramos de Cerro Negro no enviaron informen positivos cerca de las coordenadas facilitadas por el rescatado Manuel Herrera.

VICEPRESIDENTA

“No es justo que se quiera responsabilizar de la desaparición y muerte de los trabajadores de la empresa minera Río Blanco a las Rondas Campesinas de Ayabaca” señaló la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, en un comunicado tras haber recibido  información por parte de las rondas campesinas de Ayabaca y Huancambamba.

Sus representantes le manifestaron su preocupación por haber sido acusados por la empresa minera de secuestrar a su personal. Señaló que más de 150 miembros de estos vigilantes salieron a buscar a los extraviados.

Fuente: El Tiempo

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Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Británico incluirá la protección de defensores de derechos humanos en Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos

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En el evento organizado por la Agencia Católica para el Desarrollo Internacional CAFOD,  el Grupo de Apoyo para Perú (Peru Support Group) y la Baronesa Jean Coussins del Parlamento Británico en las instalaciones del parlamento, se discutió como el Reino Unido puede asegurar que su plan de acción para empresas y derechos humanos garantice el acceso a la justicia a partir de la exposición del caso peruano presentado por Jaime Borda de la organización Derechos Humanos sin Fronteras de Cusco – Perú.

Jaime Borda dió a conocer la situación social, ambiental y política del Perú en este momento, resaltando además los resultados y desafíos del proceso de la mesa de dialogo en Espinar luego del conflicto social en mayo del 2012. Este evento sirvió además para actualizar la situación de las investigaciones, denuncias y procesos judiciales abiertos en contra de los dirigentes de Espinar, así como de los defensores de derechos humanos en general de todo el país, particularmente el hostigamiento a las que están siendo sujetas varias Organizaciones No Gubernamentales  (ONG) de derechos humanos por parte del gobierno peruano.

En el evento el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno Británico John Fox informó que el gobierno está discutiendo la revisión del Plan de Acción para Empresas y Derechos Humanos. Esto podría significar que se incluiría de manera más precisa la protección de defensores de derechos humanos vinculados a actividades extractivas. Además, señaló que ya se han establecido las fechas para estas discusiones, se espera que por octubre de este año se debe tener una propuesta borrador para ser presentada al Parlamento Británico y que a fin de año se debería tener una versión aprobada por el parlamento.

De otro lado, el representante de CAFOD, Graham Gordon manifestó que el acceso a la justicia debe tener un papel central dentro de la revisión del plan de acción del Reino Unido; y de manera mucho más específica Gordon señalo que por ejemplo esto permitiría mejorar el acceso a la justicia para comunidades de bajos recursos que están siendo procesadas judicialmente en otras sedes judiciales como es el caso de Espinar y también para las comunidades afectadas negativamente por las empresas.

Al finalizar el evento, la Baronesa Jean Coussins del Parlamento Británico agradeció a todos los participantes y se comprometió hacer seguimiento de estas discusiones del nuevo Plan de Acciones de Empresas y Derechos Humanos que próximamente empezará. Finalmente el representante de la organización Derechos Humanos sin Fronteras Jaime Borda pidió al Gobierno Británico estar atento a estas discusiones, particularmente a la situación de los defensores de derechos humanos en el Perú.

Derechos Humanos Sin Fronteras

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Exclusivo: Los secretos mineros detrás de la lista de comunidades indígenas del Perú

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En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derecho no estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.

Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?

En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.

OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA

Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Ánc

Ancash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.

El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.

LA HISTORIA DE HUAQUIRCA

En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real

Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.

Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).

El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL

Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.

Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.

Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.

 

*Por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación

Fuente: Ojo Público

Fotos:  Miguel Mejía. Sus trabajos han sido reconocidos por varios premios nacionales internacionales. Actualmente trabaja como editor gráfico principal del diario La República, en Perú.

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Se frustró audiencia donde se pretende criminalizar con prisión a Defensores de Lagunas de Conga

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Para hoy martes 21 de julio se había programado la audiencia de juicio oral contra 16 dirigentes ambientales que son juzgados por delitos de secuestro agravado en contra de los Gobernadores del distrito de Sorochuco y de la provincia de Celendín. La audiencia fue programada en el Juzgado Colegiado de Cajamarca que despacha el abogado Domingo Alvarado Luis.

Lamentablemente y por tercera vez consecutiva, esta diligencia se frustró debido a que el representante del Ministerio Público se justificó que no había leído el expediente, lo cual ocasionó preocupación en los denunciados, personas humildes que tienen que dejar sus actividades cotidianas para acudir a las diligencias solicitadas por la autoridad judicial, y sobretodo dirigirse desde la provincia de Celendín a Cajamarca, lo cual acarrea costos y pérdida de tiempo.

Los ¨supuestos agredidos¨ y denunciantes en este proceso son: Luis Castañeda Pisco, Gobernador del distrito de Sorochuco y Pedro Zamora Rojas, Gobernador de la provincia de Celendín, a quienes los líderes ambientales sindican como ¨Aliados de la Empresa Minera Yanacocha¨ en su afán por llevar a cabo el Proyecto Conga.

La Abogada Mirtha Vásquez Chuquilín, defensora de los dirigentes ambientales, dijo que no hay medios probatorios suficientes para que estas personas sean denunciadas por delitos tan graves. ¨Lo que están haciendo es amedrentando, criminalizando y persiguiéndolos por delitos de defensa del agua y del medio ambiente. ¨Nadie es procesado por una situación tan absurda como ésta, sólo por participar en una reunión púbica en defensa del agua¨, expresó la abogada.

Los denunciados son 16 personas: 8 hombres y 8 mujeres, algunas son madres que tienen niños pequeños y otras son madres lactantes que tienen que desprenderse de sus hijos para ir a la audiencia desde tan lejos.

La fiscalía ha hecho la acusación pidiendo 35 años de prisión, lo cual es gravísimo y sumamente exagerado.

ALIANZA ESTADO – MINERA YANACOCHA

Este problema judicial llama la atención porque no se trata de la persecución judicial contra los líderes ambientales por parte de los denunciantes que son representantes del Estado (Gobernador de Celendín y Sorochuco), a ello se ha sumado la alianza con la empresa Minera Yanacocha que ha dispuesto a un abogado para defenderlos, de apellido Cumpa Flores.

Alianza Minera – Estado: abogado de Minera Yanacocha defiende a los gobernadores de Celendin y Sorochuco.

 

CUANDO DENUNCIAN LOS CAMPESINOS DENUNCIAN ABUSO MINERO¨NADIE LOS HACE CASO¨

Por su parte Milton Sánchez Cubas, uno de los denunciados, dijo que cuando los campesinos hacen denuncias por abusos de la Minera Yanacocha y por la colocación de tranqueras que impide el desplazamiento por los caminos ancestrales, la fiscalía inmediatamente archiva los casos, mientras que a los campesinos pretenden encarcelarlos hasta por 35 años, lo cual es totalmente injusto por un delito que no han cometido.

A los dirigentes los denuncian porque ¨supuestamente¨entraron a la municipalidad de Sorochuco cuando las autoridades hacían una reunión, con palos y piedras, secuestrando a las autoridades, hecho que nunca ocurrió; siendo totalmente falso esta denuncia¨, indicó Sánchez Cubas.La audiencia se postergó hasta el próximo 03 de setiembre.

LÍDERES AMBIENTALES DENUNCIADOS

Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya, por los delitos de secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios.

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Declaraciones de Mirtha Vásquez

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