Como parte de su labor de incidencia, la RED MUQUI propuso al Congreso de la República, la conformación de un sub grupo de trabajo para desarrollar los distintos aspectos de la Salud ambiental, así como la remediación de los Pasivos ambientales en las regiones más impactadas por la contaminación ambiental.

Este espacio de “Salud Ambiental y remediación de Pasivos Ambientales”, formaría parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y de Ambiente y Ecología del Congreso.

de conformarse, se espera la participación directa de las instancias competentes del gobierno central, gobiernos regionales y de la Sociedad Civil, a fin de revisar la legislación existente y plantear normativas que sustenten y ejerzan el mandato para la implementación de proyectos o programas de salud ambiental y de control efectivo de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs).

Para ello es necesario identificar la problemática de la salud ambiental y humana y la remediación de PAMs, desde las diversas organizaciones sociales, población organizada, sociedad civil y entidades del Estado competentes (a nivel nacional y regional), indicó RED MUQUI en su propuesta.

Asimismo, esta subcomisión deberá realizar un diagnóstico, para luego plantear normas en el poder legislativo, políticas públicas a nivel ejecutivo y normativas específicas a los gobiernos subnacionales.

En su pedido a la comisión que preside la congresista María Elena Foronda, RED MUQUI justifica la necesidad de contar con un grupo de trabajo que atienda los PAM’S que son fuente de contaminación, y que en el año 2015 sumaron 8,616. La mayoría de estos se ubican en el área de intervención de proyectos mineros que ya cerraron, pero que aun así afectan seriamente la salud de las poblaciones cercanas.

La Oroya (Junín), Espinar (Cusco), San Mateo (Lima), Simón Bolívar (Pasco) y Hualgayoc (Cajamarca), serían los casos más urgentes por ver en este subgrupo de trabajo ambiental, ya que poseen características físicas, químicas, biológicas y sociales que hacen constante la intervención de organismos gubernamentales y la sociedad civil en general.

En estas zonas del país, no es solo la contaminación ambiental la que ha perjudicado la salud de la población, sino la persistencia de la pobreza y la marginación en brindar servicios básicos, son los que permiten este impacto en los pobladores.

Iniciativas y avances en las regiones afectadas

En la región de Pasco existe una ordenanza que permitió la creación de un registro de afectados, así como una serie de solicitudes para la construcción de una clínica de descontaminación que cubra las demandas de la emergencia ambiental, que ya ha sido declarada en tres distritos y un asentamiento humano.

En Junín, desde el año 2012, se promulgó una ordenanza –también a nivel regional- que declara de interés y necesidad pública regional la atención prioritaria y especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, tanto en la provincia de Yauli, como en toda la región Junín.

Hasta el momento, la implementación de esta ordenanza, que contempla un programa de atención en salud, no ha sido implementada debido a las limitaciones que tienen los organismos regionales y locales, en cuanto a sus capacidades técnicas y operativas.

En cuanto al Cusco, a partir de las denuncias de contaminación minera en Espinar en el año 2012, se realizaron monitoreos en salud a cargo del Estado, desde el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

En el año 2013, esta dependencia del Ministerio de Salud (Minsa) reveló serios problemas ambientales y sanitarios a raíz de la contaminación, situación que exigía medidas de atención médica especializada y controles ambientales, ante la presencia de cadmio, arsénico, mercurio, plomo y talio. Lamentablemente, hasta hoy, la población no recibe ninguno de estos servicios.

Por su parte, el Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar y comunidades afectadas han demandado que se implementen políticas públicas integrales y participativas a favor de las personas afectadas a su salud, ante el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Minsa y sus órganos descentralizados (CENSOPAS y DIRESA), así como al Gobierno Regional del Cusco.

Fuente: RED MUQUI

Foto: CEAS

RED MUQUI lamenta que el Estado peruano haya suscrito un convenio con la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz y hoy subsidiaria del consorcio minera Zijin), sin haber brindado ningún tipo de información al pueblo, ni a las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) y tampoco a las de San Ignacio (región Cajamarca).

Con el fin de promover el proyecto minero Río Blanco en territorios comunales, el Estado no aplicado el derecho a la consulta previa en dichas zonas, y nuevamente, se viene vulnerando lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú que reconoce la autonomía de estas comunidades campesinas.

Es necesario recordar que en el setiembre del año 2007, las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), llevaron a cabo una consulta vecinal en la que 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas.

Es por ello, que desde la RED MUQUI rechazamos que nuestro gobierno acepte y promueva que éste tipo de empresas inviertan en nuestro país, aún cuando han cometido violaciones a los derechos humanos (el proyecto Río Blanco ha causado la muerte de 10 personas) y afectaciones a los ecosistemas frágiles y el medio ambiente.

En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por las facilidades que el Estado brinda a la inversión, con una nueva regulación normativa que ha permitido el debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales -con los paquetazos ambientales- que proyectos de este tipo se ejecuten, pese a que se afectan derechos humanos y colectivos, y ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos.

Consideramos que el retorno de la empresa Río Blanco Copper S.A. podría acarrear graves impactos en la vida y salud de las personas, así como, en nuestra naturaleza y en las actividades económicas enraizadas en dichas tierras, como la agricultura y ganadería de las que nuestras comunidades y poblaciones dependen.

Asimismo, con el aval que le ha permitido la suscripción del citado convenio con el Estado peruano, y el respaldo del Presidente de China durante la APEC, la empresa minera viene generando división y enfrentamiento entre las organizaciones, por medio de la entrega de dádivas a determinadas personas por trabajos ocasionales y la cooptación de dirigentes.

Es por ello, que desde la RED MUQUI demandamos que se cumplan las normas nacionales e internacionales que amparan los derechos de las comunidades y poblaciones locales, antes de tomar cualquier decisión que los afecte, como en el caso del proyecto minero Río Blanco y de cualquier otro proyecto de inversión.

Esperamos que el diálogo -instrumento al que siempre han recurrido las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio para resolver sus problemas- sea el que impere, a fin de canalizar las preocupaciones de las organizaciones sociales y sus autoridades; evitar mayor conflictividad, y considerar las propuestas de las comunidades y poblaciones, quienes buscar mayor apoyo estatal para promover sus actividades económicas de desarrollo sostenible, como son la agricultura, agricultura ecológica, ganadería y el turismo sostenible.

Lima, diciembre de 2016

RED MUQUI

CON CAMBIO EN RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • ZEE debería ser más flexible y adecuada a situación de cada región

El Director General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente (Minam), Erasmo Otárola, indicó que al actual gobierno considera necesario reducir algunos instrumentos para que el proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) se pueda llevar a cabo en un máximo de dos años.

Para ello, el funcionario habló sobre la necesidad de modificar -o derogar- la resolución ministerial (N° 135-2013/MINAM) que hace mucho más instrumentalista a la ZEE y que incorpora distintos estudios especializados. Algo que, según dijo, complica más este proceso previo al Plan de Ordenamiento Territorial (OT).

“La mirada que tenemos en esta nueva gestión, es disminuir los procesos y trámites, por lo que debemos reevaluar (…) Cada región tiene sus problemáticas, y es por ello que se requiere de una herramienta más flexible”, recomendó.

Otárola indicó que esta propuesta responde al tiempo que demora en llevar a cabo estos los estudios especializados, que en algunos casos alarga la ZEE hasta 8 años, en algunas regiones. Ello se debe a cuestiones de gestión y presupuesto destinado al tema territorial. A ello agregó que la elaboración de la resolución nunca pasó por el Comité Consultivo de OT, en su momento.

“Es necesario simplificar, ya que la información va cambiando, y muchas veces cuando se termina el proceso de ZEE, estos se desactualizan”, comentó.

Además de revisar la normativa actual (la resolución ministerial del año 2013), Otárola asegura que se requiere repotenciar las ZEE al agregar el levantamiento de información sobre Cambio Climático y servicios ecosistémicos; fortalecer los comités técnicos que respaldan la participación en las ZEE; asegurar financiamiento; mejorar la coordinación intersectorial para tener una visión conjunta, y adecuar el proceso a la situación específica de cada región o localidad.

El funcionario resaltó que las ZEE es una herramienta que ha calado en las regiones, por ejemplo, en Cajamarca, que tiene más del 60% de sus estudios culminados. Informó que, actualmente, son 13 los gobiernos regionales que presentan una ZEE completa, para el resto les es complejo el proceso y no terminan de verle la utilidad, ni el objetivo que es el Ordenamiento Territorial.

Asimismo, reconoció que la Ley N°30230 complica el proceso de OT al darle carácter multisectorial. Específicamente en su artículo 22, que señala que la política de OT es aprobada mediante un decreto supremo.

Más problemas identificados

Durante su participación en el IV Taller Nacional sobre planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible, organizado por la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, Erasmo Otárola, expuso que, pese a existir 13 regiones con una ZEE completa, aun no se le da un uso adecuado a la información obtenida como para resolver problemas específicos del territorio, como suelos, vegetación, conflictos, etc. Entonces se requiere potenciar esta información.

“No podemos usar información sobre el territorio para bloquear inversiones o la conservación, para fines políticos. Se debe usar para el bienestar común”, remarcó.

Otro reto, es lograr una mayor concertación y participación equitativa que incluya al sector de empresarios y la Sociedad Civil interesada por el Medio Ambiente, con el fin de buscar un equilibrio de los diferentes intereses que se tienen sobre el territorio. Todo ello siempre con una visión de futuro y a largo plazo.

Para ello, es necesario fortalecer las comisiones técnicas en los gobiernos y convocar nuevamente al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial ya que se requiere una visión sectorial del proceso.

Otro de los problemas persistentes en el camino al OT, es la falta de articulación entre niveles de gobierno, y de desde sus competencias; así como la de planificación de instrumentos como planes nacionales, los de desarrollo concertado regionales y locales, con el fin de priorizar la inversión pública y privada.

Desde Plataforma OT

Por su parte, Javier Azpur, representante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, resaltó la importancia de promover un enfoque de nuevo orden territorial que incluya dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. Por ejemplo, el pensar los territorios como sistemas urbanos y rurales integrados con redes sociales y empresariales y circuitos económicos.

Para el técnico de la Plataforma OT, es necesario también promover un cambio en las políticas públicas, que no deben ser 100% sectoriales y autónomas, sino poseer una mirada desde el territorio, e integrarse a las realidades y a sus dinámicas sociales.

“El gobierno de Ollanta Humala ha sido una gestión que ha buscado limitar el avance para construir y planificar el territorio como dimensión clave. No puede pensarse, la planificación y ordenamiento, sino se vincula al proceso de descentralización, y sin una distribución del poder político en el país”, precisó.

En ese sentido, mencionó que los GORE son un punto de apoyo para que el OT se ubique dentro de la nueva agenda política nacional. Si bien se debe construir un sistema que permita integrar a los diferentes niveles de gobierno y fortalecer sus instancias de planeamiento y vínculos entre ellos, tampoco se trata de crear nuevos centralismos desde las regiones y sus mancomunidades.

Otro aspecto, es consolidar la institucionalidad pública que nos permita avanzar en un sistema efectivo de planificación. Consolidar el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y darle mayor capacidad de decidir las grandes políticas de desarrollo nacional y sus prioridades.

Azpur no dejo de mencionar que con una Ley OT se podrían establecer las funciones y que de un orden a la multiplicidad de instrumentos que hay como los planes, planes urbanos, de acondicionamiento, etc. “Se espera que este nuevo gobierno lo ponga en la agenda política”, dijo.

“Desde la plataforma hemos afirmado que la vigencia del planeamiento y ordenamiento territorial se mantiene viva, no porque exista voluntad del gobierno, sino porque existen acciones desde 13 gobierno regionales que vienen trabajando y culminando sus procesos de ZEE y las exigencias que vienen desde los estudios especializados”, finalizó.

DATO:

El último 25 de noviembre, se realizó IV Taller Nacional sobre planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible, organizado por la Plataforma OT. Este encuentro reunió a los actores claves diversos que están involucrados con OT, como funcionarios de CEPLAN, Minam, gobiernos regionales de Piura, Cajamarca, Cusco, y gobiernos locales.

Fuente / fotos: Comunicaciones RED MUQUI

El jueves 19 de marzo se llevará acabo una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., sobre “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en América Latina”.

En dicha audiencia, el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas (SELACC), la Confederación Latinoamericana y caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR) y la Comisión Amazónica de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) presentarán la posición de la Iglesia Católica ante la vulneración de los derechos humanos de  poblaciones indígenas y campesinas, afectadas por las industrias extractivas en América Latina. También darán cuenta de algunos casos emblemáticos en Brasil, Ecuador, Honduras, México y Perú, en los que la Iglesia cumple un papel relevante y formularán algunas recomendaciones a los Estados y sociedad civil del continente.

Durante la audiencia, la delegación de la Iglesia entregará un informe donde se incluyen casos en los que la Iglesia católica ha tenido un papel relevante ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas extractivas. Asimismo, el informe indica que muchos Estados de la región permanecen indiferentes a estas prácticas. El informe destaca como prácticas usuales la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y las afectaciones graves a la salud, integridad y vida, especialmente de comunidades indígenas y campesinas.

Finalmente, el informe destaca la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo en América Latina que sea sostenible, en donde esté en equilibrio el desarrollo económico, los derechos humanos y el ambiente.

Participarán en la audiencia:

Monseñor Pedro Barreto, S.J., Arzobispo de Huancayo (Perú) y Presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM
Dom. Roque Paloschi, Obispo de Roraima y miembro de la Comisión Amazónica de la CNBB
Monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de Huehuetenango (Guatemala) y Presidente la Comisión de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala
Mauricio López Oropeza, director nacional de Caritas Ecuador y secretario ejecutivo de la REPAM
David Lovatón, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y asesor del CELAM para esta audiencia
Acompañaran esta delegación:

Mons. Donald Bolen, obispo presidente de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá (CCCB),
Richard Coll y Cecilia Calvo, asesores del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB)
Audiencia

Fecha: Jueves, 19 de marzo de 2015
Hora: 2:00-3:00pm
Lugar: Salón Padilha Vidal del edificio GSB de la OEA, 1889 F St., N.W., Washington, D.C. 20006

La audiencia se transmitirá en vivo a través del canal web de la OEA aquí

De ser necesaria mayor información sobre esta audiencia o concertar una entrevista con alguno de los participantes de la misma por favor ponerse en contacto con:

David Lovatón
Fundación para el Debido Proceso
[email protected]
[email protected]

Desde las 9 de la mañana de hoy 28 de Mayo, diversos gremios fueron reuniéndose para marchar de forma pacífica en contra del proyecto Tía María.

En la movilización participo la Federación Universitaria de Cusco – FUC que cerró la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y convoco a las y los jóvenes en la puerta principal de la primera casa de estudios del Cusco. Por su parte, la Federación de Trabajadores del Cusco – FDTC, que había anunciado que no acataría el paro macro regional, mostro su solidaridad con su participación en la marcha. Así mismo, la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru – FARTAC, también participó en esta convocatoria.

Cabe resaltar que además de los gremios antes mencionados, también participaron diversas organizaciones juveniles de la ciudad del Cusco.

La marcha pacífica, fuertemente resguardada por agentes policiales y militares, que congregó a más de 400 personas de los diferentes gremios, se trasladó por las principales arterias de la ciudad compartiendo arengas en apoyo a los y las hermanas del Valle del Tambo, mostrando su rechazo a la imposición de la violencia, con la militarización, por parte del Estado y al proyecto Tía María.

La marcha finalizó en la Plaza de Armas de la Ciudad del Cusco en la que varios dirigentes de los distintos gremios participantes manifestaron su apoyo al valle del Tambo. Algunos, además, hicieron un llamado a la unidad y al compromiso con esta lucha macro regional que no solo afecta a la región  de Arequipa sino que afecta al país entero, por la política de extraccionismo, violencia e impunidad que aplica el gobierno actual.

27 de Mayo

Ayer, pese a la convocatoria macro regional a realizar un paro de 48 horas en apoyo a la lucha de los hermanos del Valle del Tambo, los grande gremios cusqueños, como la FDTC, la FARTAC, entre otros, no realizaron ninguna actividad, sin embargo los jóvenes de diversas organizaciones del Cusco, se dieron cita en el llamado “Muro de la vergüenza” en el que además de compartir información, mostraron su apoyo a esta medida de lucha tomada en el sur del país, no sin antes dejar en claro su rechazo a la inacción de los grandes gremios cusqueños frente a esta medida.

Provincias Altas

En Espinar, no hubo medidas provinciales en relación a la convocatoria macro regional al paro de 48 horas, sin embargo en el distrito de Coporaque se realizó una toma pacifica de la carretera.

En las provincias de Chumbivilcas y Paruro se hicieron circular pronunciamientos en apoyo al Valle del Tambo, en rechazo al proyecto Tía María y a las acciones del gobierno central.

DESDE LATINOAMÉRICA
• Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia
• Petición fue firmada por 15 mil personas de varios países en el mundo

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), interceda ante el gobierno del Perú, para que se otorguen garantías a Máxima Acuña y su abogada Mirtha Vásquez.

En el día internacional de la no violencia contra la mujer (25 de noviembre, último), este colectivo femenino internacional presentó una petición firmada por 15 mil personas de todo el mundo para pedir por la seguridad de todas las defensoras de la tierra y la vida en América Latina.

En la carta, se denuncia cómo es que los proyectos extractivos, y en particular las actividades mineras, están generando violencia con el cuerpo y el territorio, donde habitan mujeres indígenas que vienen denunciado y defendiendo ante la vulneración de derechos sociales y ambientales.

Esta entrega de petición, se hizo en cada una de las sedes de la ONU en Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, México, Uruguay, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú. Próximamente serán entregadas en Panamá y en otros países.

En la carta a dirigida a Naciones Unidas se resalta que las mujeres son las más afectadas por las economías extractivistas. “Estamos expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas: agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; contaminación que afecta a su salud; criminalización que afecta a su integridad; y despojo de sus territorios”, indican.

En el caso de Máxima Acuña, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, recordó a la ONU que, desde hace 4 años, Máxima Acuña y toda su familia han sufrido un claro hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha, a causa de la disputa legal que mantiene por la posesión del predio Tragadero Grande.

“La familia quiere utilizar su tierra para desarrollar la agricultura, la ganadería y sobre todo para continuar en relación directa con la Madre Tierra. Distintas organizaciones peruanas que les apoyan en su resistencia denuncian la vigilancia extrema incluso con cámaras y hasta drones, ataques a sus animales y hasta retiro de sus cosechas de papas sin ningún reparo”, relatan en la carta dirigida a la ONU.

De igual manera refieren el caso de la abogada Mirtha Vásquez, quien también es víctima de intimidación, amenazas y seguimientos tanto ella como a su familia, desde que decidió tomar la defensa legal de la familia Chaupe Acuña. Asimismo, se le remite a la ONU que Vásquez Chuquilin se ha convertido en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio y desinformación.

Por la gravedad de los hechos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una serie de medidas cautelares a Mirtha Vásquez y a Máxima Acuña, a fin de que el Estado peruano garantice la integridad de ambas, sin embargo, hasta el momento no se han cumplido.Entre otros casos que marcan la violencia extractivista, se expuso el asesinato de la lideresa indígena, Berta Cáceres, en Honduras en marzo de 2016; los desalojos forzados en medio de militarización y hostigamientos a mujeres y sus pueblos indígenas en Ecuador para implantar actividades mineras; el dejar sin agua y en condiciones de alta contaminación minera a comunidades enteras en Bolivia; los atentados con armas de fuego a la vida de mujeres por defender el territorio en Guatemala, etc.

“Las organizaciones, instituciones y personas firmantes de esta petición nos dirigimos a los gobiernos de América Latina, para denunciar y exigir el cese inmediato de toda forma de violencia contra las mujeres, y pedimos medidas efectivas de protección para todas aquellas que se sientan amenazadas”, enfatiza la petición.

DATO:
La campaña de firmas virtuales fue impulsada por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales en coordinación con Salva la Selva desde su sitio web www.salvalaselva.org con mucha interacción de personas de diferentes países, que al conocer los ejemplos de violencia contra las mujeres por actividades mineras se sumaron a la petición con una firma.

Fuente: Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

Foto: SERVINDI

DENUNCIAN AYABACA Y HUANCABAMBA

  • Decisión no toma en cuenta consulta vecinal que decidió el retiro de la empresa en el 2007
  • Hace seis años que la minera se retiró de estos territorios comunales

Las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y de Yanta (Ayabaca) de la región Piura, denunciaron que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha decidido rehabilitar el proyecto minero Río Blanco, sin aplicar consulta previa en las localidades afectadas que han mostrado su rechazo a la actividad minera en el año 2007.

El 14 de setiembre último, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, aprobó la “Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del Proyecto de Exploración Minera Río Blanco” (Resolución Directoral No. 274-2016-MEM-DGAAM).

Para estas comunidades piuranas, llama la atención que el MEM decida que, en los próximos siete años, se debe ejecutar este nuevo Plan de Rehabilitación. Y que, además, el Ejecutivo, desconozca al 97% de la población de Huancabamba y Ayabaca, que rechazó la actividad minera en sus territorios, por medio de una consulta vecinal en el año 2007.

Cabe recordar que, a inicios del 2009, el MEM aprobó y llevó a cabo un Plan de Rehabilitación de los pasivos a causa de la fase de exploración de Río Blanco. El periodo de ejecución de este plan estuvo marcado entre julio de 2009 y julio de 2011.

No obstante, estas actividades de rehabilitación culminaron cuando Río Blanco Copper S.A. desmontó su campamento minero, en diciembre de 2010. Fue entonces que las comunidades afectadas, que siempre respetaron normas y procedimientos, iniciaron un resembrado de árboles y vegetación propia de la zona.

Movimiento policial en el lugar

Últimamente las comunidades han observado la presencia de efectivos militares y policiales en sus territorios, bajo el pretexto de instalar bases militares y/o policiales para supuestas actividades de defensa nacional y/o control de actividades ilícitas en la frontera.

Los comuneros temen que con esta irrupción se militarice la zona con el fin de permitir el reingreso de Río Blanco Copper S.A.; los comuneros también estiman que policías y militares podrían iniciar acciones de represión contra ellos, al manifestar la defensa de sus tierras y sus derechos fundamentales.

Asimismo, los pobladores han denunciado que desde hace 14 días se observa la quema de árboles en los montes de diversos sectores de la provincia, como en los distritos de Carmen de la Frontera, Sondor y Sondorillo. Denuncian que se habrían quemado alrededor de 26 mil pinos, de los cuales 17 mil pertenecerían al Anexo de Salalá en Huancabamba.

Para ellos, este desastre ambiental -sobre el cual ninguna autoridad se ha manifestado para investigar y remediar- formaría parte de una estrategia de la empresa para desprestigiar a las comunidades campesinas opositoras proyecto minero, señalarlas como responsables de contaminación y atribuir estos incendios a la minería ilegal en la zona. Algo que las comunidades rechazan y condenan.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), estima que Río Blanco está generando un “contexto favorable” para concretar su regreso, al mostrarse como una empresa que cuenta con tecnología que no contamina, ofrece miles de empleos, etc.

“Todo ello concuerda con el anuncio del inicio de la fase de explotación en el 2021, que adempas se vería confirmado con el reciente Convenio de Promoción del proyecto Minero Río Blanco, suscrito entre el MEM y el Consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, en el contexto de la APEC”, señaló la institución miembro de la RED MUQUI.

DATO:

Se estima una inversión no menor a los US$ 2,500 millones para rehabilitar Río Blanco, que tendría una vida útil de 20 años en la producción de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 toneladas de molibdeno fino por año.

Fuente: FEDEPAZ / Gestión

Foto: Rumbo Minero

POR UNA SEMANA MÁS

  • Ahora que APEC terminó, se espera que funcionarios den opinión técnica sobre proyecto de Ley que deroga artículo de Ley N° 30230

Los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, decidieron dar ocho días más de plazo para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analice el proyecto de Ley (N° 00269/2016-CR) que propone derogar el artículo que le restó facultades de sanción al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) desde el 2014.

En la sesión del martes 22 de noviembre se esperaba contar con un informe técnico por parte del Ejecutivo, y desde la Comisión de Economía y Presupuesto del Congreso. Sin embargo, no llegó ningún documento, ni respuesta a este pedido del grupo de trabajo encargado del Ambiente en el Legislativo.

El autor del proyecto de ley, el congresista Oracio Pacori, recordó que para aprobar el dictamen de esta iniciática se cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente (Minam) y el mismo OEFA.

“Es importante tener la opinión del MEF, pero ya se le ha dado un plazo de una semana, y en vista que no hay respuesta, sería bueno ya someterlo al voto y que de esta manera pueda ya pasar al pleno”, indicó durante su participación en la Comisión.

Asimismo, el legislador destacó algunas de las recomendaciones del informe de evaluación sobre el desempeño ambiental del Perú 2016, a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Espacio internacional que el Perú aspira a formar parte, hace tiempo.

“Es necesario consolidad y profundizar el control de las actividades con incidencias sobre el medio ambiente y la salud, así como de la calidad de vida de las personas. Además de garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del OEFA y el SINEFA, y mejorar su coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial”, citó.

En ese sentido dijo que esta opinión de la OCDE determina la importancia de la derogatoria del artículo 19 de la “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país” (N° 30230).

Pese a ello, los congresistas decidieron darle mayor plazo al MEF. El congresista Freddy Sarmiento y Edwin Vergara, ambos de la bancada de Fuerza Popular, adujeron que la falta de respuesta del Ejecutivo responde a la realización de la APEC en Lima.

Vergara insistió en que se requiere contar con el análisis del MEF para que el dictamen del proyecto de Ley de Pacori “vaya fortalecido” al pleno y no corra el riesgo de ser devuelto a la comisión. Aun así, reiteró estar de acuerdo con la propuesta legislativa.

Proponen derogar otro artículo más

A su turno, el congresista César Villanueva, planteó que también se considere la derogatoria del artículo 20 de la referida Ley, al otorgarle facultades a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) para establecer zonas reservadas mediante Decretos Supremos, con lo cual le resta competencias al Minam.

“Este artículo también puede generar problemas sociales y ambientales, ya que se cruza con decisiones que toman respecto al Ordenamiento Territorial y la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE)”, observó.

DATO:

  • La OCDE es una organización internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de economía de mercado.
  • Los representantes de los 30 países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros.

Foto: OEFA

• Como resultado se acordó realizar acciones formativas sobre la encíclica, la ecología y el medio ambiente.
• En este trabajo se incluyó el uso de redes sociales con la plataforma “Laudato Si’ Perú

Desde que se presentó Laudato Si’, la primera encíclica ecológica y ambientalista del Papa Francisco, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), como miembro de la RED MUQUI, junto con Caritas del Perú, el Departamento Episcopal de Pastoral de la Salud (DEPASA) y Movilidad Humana, han venido trabajando en el conocimiento, difusión y profundización sobre el cuidado de la Casa Común.

Desde su presentación, el 18 de junio de 2015, CEAS y la Pastoral Social de la Iglesia Católica en el Perú, decidieron que la Laudato Si’ sería el centro del trabajo y difusión de la Doctrina Social de la Iglesia que es impartida en cada comunidad y grupo social al que llegan.

Es así que, desde hace un año, la Iglesia Católica he ido convocando a agentes pastorales, así como expertos, entendidos y personas de buena voluntad interesadas, en esta problemática del medio ambiente, específicamente en cambio climático, afectación a comunidades por industrias extractivas, etc.

De esta manera hace un año se dio inicio al proceso de conocer, profundizar y apropiarse de la Encíclica Laudato Si’, y así, reafirmar, renovar y relanzar el compromiso con el cuidado de la Casa Común. Con este proceso se tiene el objetivo de avanzar hacia la nueva síntesis cultural que pide el Papa Francisco, a través de experiencias colectivas de cuidado y protección del planeta, ante la mayor crisis socio ambiental que enfrenta la humanidad.

Uno de los hitos importantes fue la celebración del primer año de Laudato Si’ con un conversatorio liderado por Monseñor Pedro Barreto Jimeno, S.J., Arzobispo de Huancayo, y en el que participó el Secretario Ejecutivo de la RED MUQU, Javier Jahncke, con las implicancias de la minería en el medio ambiente y las comunidades afectadas.

“Laudato Si’, Un año después”, dejó como reflexión que estamos en una encrucijada de la historia, defender la vida del Planeta es Evangelio. Asimismo, que la tecnología y las finanzas no han resuelto los graves problemas de la humanidad y del planeta, al colocar “el ídolo del dinero” por encima de las personas concretas.

El 01 de setiembre último se llevó a cabo la Segunda Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, en donde se congregaron todas las Comunidades de Fe que forman parte del Consejo Interreligioso del Perú-Religiones por la Paz, en el local del Centro Cristiano Vida. Animados por el mensaje del Santo Padre y la Laudato Si’ se elevaron oraciones desde diversas tradiciones religiosas.

Laudato Si’ en las regiones

Entre las actividades centrales, también han estado los encuentros regionales: Norte (Chiclayo, 8 y 9 de agosto), Sur (Arequipa, 8 y 9 de setiembre), Centro (Ayacucho, 7 y 8 de octubre) y el de la Selva (Pucallpa, 3 y 4 de octubre). En ellos se reunieron 145 agentes pastorales a nivel nacional. Además, estos encuentros ofrecieron sus respectivos Foros Públicos para informar y analizar la encíclica del Santo Padre ante la sociedad y el mundo académico.

En todos los encuentros se coincidió en continuar las acciones de formación en torno a la encíclica. Sin embargo, en el Norte, acordaron dar prioridad al agua, así como al cuidado y manejo sostenible de este recurso, junto con las comunidades, además de campañas de forestación y reforestación.

En la Selva, se destacó entablar diálogo con otros movimientos y promover la importancia de defender la naturaleza, con lo cual se estaría defendiendo la vida de los más pobres. Para ello se propone hacer versiones populares de Laudato Si’ y trabajar con catequesis de niños.

Por el lado del Sur, el tema del agua, su calidad y escasez, fue crucial. Del mismo modo se expuso los problemas en el manejo de residuos sólidos. Es así que planteó sacar adelante una serie de proyectos de cuidado del ambiente, y comprometer a las autoridades para la acción.

Y finalmente en el Centro, la intoxicación con metales pesados se expuso como un tema fuerte. Por lo que se propuso ver una estrategia nacional y regional para enfrentar esta situación. Además de integrar a las pastorales, que deben tener un compromiso y ver cómo actuar en un plan de acción regional. De igual manera se propuso hacer un itinerario de formación de equipos con compromisos muy claros con una pastoral ecológica integral.

A nivel nacional

Del 14 al 16 de noviembre, se realizó el Encuentro Nacional de Pastoral Social Laudato Si’ a fin de llevar a cabo reflexiones y plantear desafíos a nivel nacional, acerca de las propuestas de Laudato Si’.

Entre los temas centrales estuvieron «La Teología de la creación» y la «Ecología Integral», que busca la unidad de la unidad con todo, en especial con la naturaleza. Durante el segundo día del encuentro participó nuevamente, Javier Jahncke de RED MUQUI, quien expuso sobre la búsqueda de una ecología integral que coloca al ser humano como parte de un ‘Todo’.

Por la tarde se realizó el Foro Público: “Cuidado del Medio Ambiente: Desafíos y Compromisos para la sociedad y la Iglesia”, organizado por la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Pastoral Social Nacional.

“El Papa nos pide un cambio integral que supone una visión nueva que rompa con la actual dinámica del consumo, que ha ayudado a que nuestra Tierra esté a punto de agotar los recursos que tiene para todos”, señaló Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, SJ, Obispo Vicario Apostólico de Jaén, quien presentó la Encíclica Laudato Si’ al público asistente.

El foro también contó con la presencia del Ing. Mario Suito Sueyras, Sra. Josefina Huamán Valladares (ANC) y Bio. Luisa Guinard (PLANCC), quienes establecieron perspectivas particulares de la encíclica Laudato Si’, coincidiendo en la tesis central que propone que para lograr un cambio que garantice el bienestar de las siguientes generaciones, debemos cambiar ahora mismo pues los síntomas del cambio climático son muy evidentes.

Redes sociales

Como parte de las acciones de comunicación, se han lanzado dos plataformas vía Facebook y Twitter sobre Laudato Si’ en el Perú. En ambas redes de largo alcance se da cuenta de las actividades que se realizan en diferentes puntos del país y los avances en la difusión y análisis de la encíclica (@laudatosiperu y www.facebook.com/LaudatoSiPeru).

Fuente / Fotos: Laudato Si’ Perú / CEAS

Ante la visita oficial del Presidente de la República Popular China

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, red que desde hace más de 30 años articula a 78 organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos en todo el Perú, ante la visita oficial del Presidente de la República Popular China Xi Jinping a nuestro país,ante la sociedad peruana y la comunidad internacional:

Expresamos nuestra extrañeza ante la decisión de condecorar hoy con la Medalla de Honor del Congreso en el Grado de Gran Cruz a la máxima autoridad de uno de los países más cuestionados por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el mundo. China es uno de los principales aplicadores de la pena de muerte; sus normas legalizan la represión, acoso e intimidación contra toda persona que cuestione el régimen político, en especial contra defensoras y defensores de los derechos humanos; controla el acceso a Internet y recorta las libertades de expresión, información y culto, incluso demoliendo iglesias.

Reiteramos nuestra preocupación por las prácticas de los capitales chinos en Perú respecto a los derechos humanos y laborales. Son múltiiples los abusos laborales registrados por parte de las mineras chinas Rio Blanco Cooper en el proyecto Río Blanco (Huancabamba, Piura), Shougang (Marcona, Ica) y Chinalco (Toromocho, Junín). Y recientemente, en Las Bambas (Cotabambas, Apurímac), la empresa china MMG Limited coordinó directamente con efectivos de la Policía Nacional del Perú la represión de una protesta ciudadana, incluso omitiendo las órdenes de su comando, y que finalmente costó la vida de Quintino Cereceda, según ha señalado el Ministerio del Interior.

Instamos al gobierno peruano a cumplir su deber de garante de los derechos humanos, colocándolos como principio fundamental no negociable en su relacionamiento con las autoridades de la República Popular China, en especial expresada su intención de profundizar nuestro intercambio comercial con ella, toda vez que sus autoridades no se han distinguido por el respeto fundamental a la condición humana ni en su territorio ni en su actividad en el extranjero.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos insistimos en que el desarrollo económico nunca es contrario al respeto de los derechos humanos de todos y todas, al contrario es un requisito esencial para el desarrollo integral del país y de su ciudadanía. Por este motivo, seguiremos monitoreando la actuación de las empresas y los países sin tener en cuenta el color político de sus gobiernos sino más bien su actuación tanto a nivel nacional como su accionar en los lugares del mundo donde también desarrollan sus actividades económicas.

Lima, 21 de noviembre de 2016