Foto: Captura YouTube

DESDE HACE 3 AÑOS

• Estado decretó Emergencia Ambiental con acciones que aún no se cumplen

• Iniciarán marcha desde Pasco hasta Lima para pedir aplicación de plan ambiental

Las autoridades de la municipalidad distrital de Simón Bolívar (provincia y región Pasco), esperan que el Estado cumpla con la ejecución del plan de acción inmediato que se fijó en el 2012 para atender la Emergencia Ambiental en varios centros poblados que presentan cientos de casos de personas que viven metales pesados en sus organismos.

Los regidores del distrito, Hugo Rojas y Jaime Silva indicaron que un total de 2,070 niños menores de 12 años son los más vulnerables y representan poco más del 14% de la población en Simón Bolivar.
Desde hace casi 20 años, los problemas de salud pública se han agudizado en el distrito debido a la presencia de metales pesados en el agua, el aire y el suelo, lo cual ha perjudicado a más de 14 mil personas de comunidades, anexos y asentamientos humanos.

Entre los años 2007 y 2012, los pobladores ha sido evaluados a través de tres estudios, el último de ellos fue realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección regional de Salud Pasco. El resultado de la “Determinación de Plomo en sangre en niños y mujeres gestantes de las poblaciones de Pasco”, concluyó en que casi el 60% de niños evaluados presentan más de 10 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre (límite establecido por la OMS).

Tras la presentación de este estudio, y de los realizados por el Centro de control y prevención de enfermedades de Atlanta (2007) y la Universidad italiana de Pisa (2009), el Estado peruano declaró en emergencia ambiental en cuatro localidades de Simón Bolivar en mayo de 2012 (R.M. N° 117-2012). En ese mismo año, se aprobó un Plan de Acción inmediato y de corto plazo (90 días) con 32 acciones que no se han llevado a cabo hasta la fecha.
“Desde hace más de tres años, el Estado declaró una emergencia ambiental por salud pública en todo el distrito. En todo ese tiempo las autoridades locales y dirigentes de comunidades, hemos sostenido más de 20 reuniones con Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, no hemos obtenido una solución concreta”, reclamó Silva.

Por su parte, el teniente alcalde y regidor, Hugo Rojas, cuestionó que el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, que estuvo hace poco en el lugar, no haya tomado en cuenta los estudios previos realizados por su mismo sector.

«Lo que (el viceministro) ha hecho es solicitar la reevaluación de nuestros niños, iniciar todo un (nuevo) plan, validarlo, solicitar alguna micropartida (presupuestal) si la hubiera, y ahí recién atender estos casos urgentes de salud», explicó Rojas.

Esta semana ambos regidores estuvieron en Lima junto con dos dirigentes de los poblados afectados. Una vez más sostuvieron una reunión con la PCM, y también lograron reunirse con la comisión de Pueblos Andinos del Congreso y la Defensoría del Pueblo, quienes recién se han enterado de su situación.

“Nosotros acudimos a la sede regional de la Defensoría del Pueblo en Cerro de Pasco, a cargo de Raquel Álvarez, pero hemos visto que la señora no ha informado a Lima sobre nuestra emergencia. Esperamos que ahora la Defensoría se pronuncie”, señaló Hugo Rojas.

No creen en el diálogo
Ambos regidores explicaron que la Comisión de Evaluación de la Emergencia Ambiental del distrito (conformada por pobladores) determinó que, en tres años, este plan multisectorial (R.M. N° 117-2012/MEM), solo se ha cumplido en un 10%, y desmintieron el informe del MINAM que indica un 92% de ejecución.

Mientras tanto, los anexos y poblados del distrito han conformado un comité de emergencia y otro de lucha.

«Se supone que una emergencia quiere decir atención inmediata, y la población así lo ha entendido. (Sin embargo) Ahora le hemos dicho «No» a este diálogo que ha quedado en promesas. Para este mes de setiembre haremos una marcha de sacrificio por la vida y la salud de los niños afectados por metales pesados en la sangre. Llegaremos hasta Lima», sostuvo Hugo Rojas.

Dicho plan que deben ejecutar cinco ministerios, contempla el cierre de pasivos ambientales (relavera de Quiulacocha y desmontadera Excélsior), control de riesgos y remediación ambiental, pavimentación y forestación de vías, sistema de agua potable, planes de nutrición con la población, entre otros.

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Foto: Captura YouTube

 

  • Red Muqui conversó con los realizadores del documental que tiene como protagonista a Nélida Ayay y Máxima Chaupe

 

En entrevista con RED MUQUI, Ernesto Cabellos y Nuria Frigola, realizadores de “Hija de la laguna”, negaron que la trama tenga una tendencia “antiminera” al mostrar el otro lado de los conflictos socioambientales y de aquellos peruanos que ven afectados sus modos de vida debido a la imposición de actividades extractivas en sus territorios.

Es por ello que instaron al público a mirar documental para poder fomentar un debate que vaya más allá del tema económico.

“No se trata de decir que no exista la minería, pero que sí que haya una nueva forma de realizarla, respetando los estándares ambientales y sociales, es decir, que respete a la gente y al medio ambiente. A quienes nos tildan de antimineros, les recomendamos ver la película para luego aportar al debate, que ahora es muy necesario en el país», señaló Nuria Frigola, productora general del film.

Asimismo, aseveraron que su trabajo cinematográfico transmite el amor a la Tierra y al agua, (Pachamama y Yacumama) por parte de los agricultores, el mismo que esperan replicar en las zonas urbanas ajenas a esta realidad.

«Existe una necesidad de escuchar a quienes reclaman por el agua desde sus comunidades. Por ello decidimos representar con respeto a quienes son tildados como enemigos del desarrollo”, indicó Cabellos, director del documental.

En ese sentido, los realizadores de Guarango, indicaron que el documental incita a un cambio en la vida cotidiana y a la forma de ver los metales, sin dejar de reconocer su importancia.

«Durante tres años en la producción nos hizo cambiar la visión que teníamos respecto al uso de los metales en nuestras vidas. Muestra de ello es el personaje de una joyera holandesa que busca «oro justo». Ya no solo se trata de los metales, sino de preguntarse de donde es que provienen todos los productos que consumimos y qué hay detrás de ello”, reveló Nuria Frigola.

Para Ernesto, los casi 6 millones de usuarios que han visto el trailer de la “Hija de la laguna” han sido conmovidos al estar en contacto con una nueva mirada del conflicto y ahora se ve un mayor interés sobre el tema.

«Frases como el agua es la sangre de la Tierra, es una mirada importante para enriquecer un país y una región como Latinoamérica donde existe una diversidad de culturas», declaró.

Los miembros de Guarango también conversaron con RED MUQUI sobre la necesidad de consultar a las comunidades, uno de los temas reflejados en “Hija de la laguna”.

Para Nuria Frigola, la consulta sobre las actividades extractivas se debería realizar en general. «A todos se nos debe consultar sobre lo que van a hacer en tu casa o cerca de ella, sean o no comunidad indígena». Ernesto también compartió esta opinión al decir que en las grandes ciudades y distritos, también se hacen consultas con los vecinos antes de realizar alguna obra que pueda invadir sus hogares. “Precisamente, Nélida (la protagonista) cuestiona porqué las decisiones sobre el destino de las comunidades se toman en Lima, y no con los pobladores afectados por la minería, en este caso”, ´comentó.

Luego de las salas de cine, Guarango Producciones llevará la «Hija de la laguna» a «su público» durante el 2016, es decir, que será presentado en festivales locales, organizaciones de base, comunidades, universidades y probablemente en colegios.

“El documental cumple una función esencial en la vida de un país. Como dijo el documentalista chileno Patricio Guzmán, un país sin cine documental es como una familia sin un álbum sin fotos. Hija de la laguna es una de esas fotos”, anotó Cabellos.

 

Mira el #VIDEOMuqui de la entrevista

Foto: Espacio360

PARA FUTUROS PROCESOS

La RED MUQUI lamentó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) haya tomado la decisión unilateral y antidemocrática de concluir la “etapa de diálogo intercultural” sobre el lote 192 que sostenía con la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) y la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO).

“Esta interrupción por parte del Estado, resulta un mal precedente para la aplicación del derecho a la consulta previa que tienen los Pueblos Indígenas en el Perú, más aun cuando las comunidades nativas afectadas por la extracción de hidrocarburos en el lote 192, esperaban retomar el dialogo suspendido a mitad de este mes de agosto”, indicó el Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke.

Para el representante de la RED MUQUI, que realiza labor de acompañamiento de comunidades afectadas por la actividad minera en 11 regiones del país, esta actitud del Presidente Ollanta Humala agudiza la confrontación entre el Estado y los pueblos indígenas.

“Además de haber demostrado un mal manejo respecto a la aplicación de éste derecho, el gobierno de Ollanta Humala también ha dejado en claro su falta de voluntad política para respetar estos derechos. Prueba de ello es que, hasta la fecha, no se ha realizado NINGUNA consulta previa relacionada a la minería”, refirió Jahnke.

Al respecto, añadió que la RED MUQUI se basa en una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, la cual señala que en 16 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) no se había contemplado -ni aplicado- el derecho a la consulta previa, pese a que los proyectos a ejecutados involucraban territorios habitados por pueblos indígenas, lo que constituye una aprobación ilegal de dichas solicitudes, por parte del Estado.

Finalmente, Javier Jahnke indicó que esta decisión (de concluir diálogo sobre el lote 192) refleja, una vez más, cómo el Gobierno  pierde legitimidad, al priorizar los intereses económicos, por encima de los derechos de las personas y los acuerdos consensuados con los Pueblo Indígenas que esperaban retomar el diálogo sobre las 27 propuestas que presentaron para salvaguardar sus derechos y proteger sus territorios.

“Tajima Pujut” (El Buen Vivir) es el documental que muestra cómo las actividades de exploración minera de la empresa “Águila Dorada”, vienen afectando la salud, la alimentación y el medio ambiente de la comunidad nativa Awajún que habita en las cercanías del río Chirinos ubicado en el distrito de Huarango (provincia de San Ignacio, Cajamarca).

La primera parte de este documental nos adentra a las comunidades nativas Awajún, especialmente a la de Supayaku, quienes a través de sus apus y pobladores explican -en su idioma nativo- como vivían antes de la actividad minera que, hoy en día, contamina las aguas de la cuenca del Chirinos y amenaza todo su modo de vida.

«Ahora con la presencia de la empresa minera que ha venido a sacar oro, y ha entrado en el territorio de nuestros pueblos se está envenenando el agua. Por eso la población no tiene donde ir a pescar. Estamos sufriendo porque no hay comida», indica uno de los apus en lengua awajún.

A mitad del documental, aparecen técnicos de las diferentes organizaciones dando cuenta de la presencia de metales pesados que tienen relación directa con actividades extractivas.

“De acuerdo a las muestras tomadas del río, se comprobaron altos índices de metales pesados como mercurio, arsénico, nitrógeno amoniacal, así como sulfuros y sulfatos”, refiere Manuel Hora de AMAS, miembro de la RED MUQUI.

Gracias a la colaboración de un laboratorio, acreditado por el Indecopi, se realizó un monitoreo independiente del agua del río Chirinos.

“Los resultados determinaron la presencia de nitrógeno amoniacal, fenoles, aceites y grasas, los cuales superaban los estándares de calidad ambiental. Estos compuestos normalmente son de origen industrial y son latamente contaminantes para la vida acuática”, señaló Laura Lucio de Ingeniería sin fronteras.

El presidente de las rondas campesinas de Supayaku, Benito Jempekit, expone el acuerdo con los pobladores y autoridades del lugar, de no dejar entrar a la empresa minera “Águila dorada”. “Nos deben respetar y hacer caso para vivir tranquilos. También el gobiernos nos debe escuchar, lo que queremos es vivir tranquilos (…) en ningún momento hemos dicho que estemos de acuerdo con que la empresa ingrese y siga trabajando”, señaló.

En otra parte del documental, el secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, cuestionó la no aplicación de la consulta previa. “Antes de cualquier resolución, se debió realizar la consulta previa. Hablamos de dos pueblos indígenas: el de Supayacu y el de Naranjo. Este caso demuestra cómo es que los mecanismos del Estado no favorecen a la participación y consulta”, indicó.

Asimismo, “Tajima Pujut” recoge algunos pasajes de lo que fue la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en el marco de la COP20 que se realizó en nuestro país el año pasado. En este evento alternativo a la 20° Conferencia de las Partes de la ONU, las comunidades de Cajamarca tuvieron una fuerte presencia. Entre otros testimonios, el documental muestra el de Lola Tiriwan, lideresa Wampi proveniente del distrito Río Santiago (Condorcanqui, Amazonas) y de Zebelio Kayap, miembro de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC).

Finalmente, la producción termina con una explicación de lo que significa el “Buen Vivir” (nombre en español del documental), a cargo de Albercio Bazan, Presidente Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), quien dirige el mensaje final en español.

“Nosotros no dependemos de los mercados. Todo lo que necesitamos para vivir sale de este río, de las montañas. De ellos salen nuestras medicinas. Este entorno natural se está perdiendo porque las empresas trasnacionales se ubican donde nacen los ríos y así rompen el concepto del Buen Vivir que consiste en tener un respeto y una buena relación con la naturaleza, es decir una forma de vida más sostenible”, agregó.

Esta producción de casi 25 minutos de duración, estuvo a cargo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES, con el apoyo de Ingeniería Sin Fronteras, los miembros de la RED MUQUI Norte, y la realización audiovisual de Apu Media.

Según indicó Laura Lucio de “Ingeniería sin fronteras”, “Tajima Pujut” será presentado próximamente en las provincias de Cajamarca y Jaén, así como en Lima y Barcelona (España).

 

Foto: Captura YouTube Grufides

Foto: Agencia Andina

 

A propósito de la reunión entre los representantes de los trabajadores de la empresa Doe Run y el Ejecutivo, la Red de Propuestas y Acción – Red Muqui instó al Estado peruano a no dejarse presionar y mantenerse firme en preservar los estándares ambientales que se requieren para operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).

Para las 29 organizaciones que conforman la red, resulta inconcebible que trabajadores y empresarios del sector minero consideren que los actuales límites de emisión de dióxido de azufre (80 ?g/m3 media en 24 horas, según Minam), son “extremos para atraer la inversión”, cuando en La Oroya todavía se mantiene un alto nivel de contaminación que sobrepasa los 20 ?g/m3 establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Resulta preocupante que la falta de nuevos postores y la declaración del proceso de licitación como “desierto” puedan ser tomadas como un pretexto obligar al gobierno a rebajar las condiciones ambientales en la zona. De por sí, la población de La Oroya ya convive con un alto grado de contaminación que afecta su salud”, indicó Javier Jahnke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A través de un pronunciamiento público, la Red Muqui también expresó que es necesario que el Estado brinde una solución que no dependa del funcionamiento del CMLO.

“Consideramos que el Estado debe solucionar el tema laboral y social recurriendo a algunos mecanismos como la reconversión laboral, jubilación anticipada, etc. No puede ser que esta situación siga generando acciones violentas como toma de carreteras, enfrentamientos entre la población y la policía nacional, y sobre todo, pérdida de vidas humanas”, señalan las organizaciones de la Red Muqui.

 

Mayor flexibilización ambiental

Cabe resaltar que actualmente, los niveles máximos de contaminación en el CMLO están determinados por el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que fue aprobado por el gobierno (D.S. 040-2014-EM), con el fin de retomar el interés de posibles operadores para el CMLO. Sin embargo, la Red Muqui advirtió que este instrumento de reemplazo del PAMA, presenta un proceso de aprobación mucho más sencillo y que no debería utilizarse para una operación de la magnitud del CMLO.

“Además de permitirse una emisión de dióxido de azufre que supera el umbral establecido de 80 ?g/m3 media en 24 horas en el CMLO, el sistema establecido por el IGAC no es exacto (D.S 003-2008-MINAM), ya que en realidad este cálculo se basa en untiempo mayor a 24 horas. Es decir, sobre la cantidad real de emisiones se saca un promedio con el fin de presentar rangos menores de los que realmente tienen” indica el pronunciamiento de la Red Muqui.

Las organizaciones Muqui de Junín, como la Red Uniendo Manos y la Pastoral Social de la Dignidad Humana – PASSDHI, se mantienen en constante alerta y monitoreo de lo que sucede con población a fin de evitar que se tergiverse la información en torno al CMLO.

Foto: Agencia Andina

 

A propósito de la reunión entre los representantes de los trabajadores de la empresa Doe Run y el Ejecutivo, la Red de Propuestas y Acción – Red Muqui instó al Estado peruano a no dejarse presionar y mantenerse firme en preservar los estándares ambientales que se requieren para operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).

Para las 29 organizaciones que conforman la red, resulta inconcebible que trabajadores y empresarios del sector minero consideren que los actuales límites de emisión de dióxido de azufre en La Oroya son “extremos para atraer la inversión” (80 ?g/m3 media en 24 horas, según Minam), cuando todavía mantienen un alto nivel de contaminación y sobrepasan los 20 ?g/m3 establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Resulta preocupante que la falta de nuevos postores y la declaración del proceso de licitación como “desierto” puedan ser tomadas como un pretexto obligar al gobierno a rebajar las condiciones ambientales en la zona. De por sí, la población de La Oroya ya convive con un alto grado de contaminación que afecta su salud”, indicó Javier Jahnke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A través de un pronunciamiento público, la Red Muqui también expresó que es necesario que el Estado brinde una solución que no dependa del funcionamiento del CMLO.

“Consideramos que el Estado debe solucionar el tema laboral y social recurriendo a algunos mecanismos como la reconversión laboral, jubilación anticipada, etc. No puede ser que esta situación siga generando acciones violentas como toma de carreteras, enfrentamientos entre la población y la policía nacional, y sobre todo,  pérdida de vidas humanas”, señalan las organizaciones de la Red Muqui.

Mayor flexibilización ambiental

Cabe resaltar que actualmente, los niveles máximos de contaminación en el CMLO están determinados por el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que fue aprobado por el gobierno (D.S. 040-2014-EM), con el fin de retomar el interés de posibles operadores para el CMLO. Sin embargo, la Red Muqui advirtió que este instrumento de reemplazo del PAMA, presenta un proceso de aprobación mucho más sencillo y que no debería utilizarse para una operación de la magnitud del CMLO.

“Además de permitir la emisión de ácido sulfúrico que supera el umbral establecido de 80 ?g/m3 media en 24 horas, el sistema de cálculo establecido por el IGAC no es exacto, ya que en realidad está función a un tiempo mayor a 24 horas. Es decir, sobre la cantidad real de emisiones se saca un promedio con el fin de presentar rangos menores de los que realmente tienen” indica el pronunciamiento de la Red Muqui.

Las organizaciones Muqui de Junín, como la Red Uniendo Manos y la Pastoral de la Dignidad Humana – PASSDHI, se mantienen en constante alerta y monitoreo de lo que sucede con población a fin de evitar que se tergiverse la información en torno al CMLO.

CONFERENCIA: “¿Se viene la crisis económica al Perú?” En la universidad Ruiz de Montoya. La sociedad civil se prepara sus propuestas para los líderes de la economía mundial.

Desde el 05 al 12 de octubre, Lima será sede de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional: La Junta de Gobernadores. En este importante evento se tomarán decisiones de gran importancia en materia económica nacional y global. Es por esto que, movimientos juveniles se han organizado junto a ONGs, sindicatos, movimientos indígenas, de derechos humanos y colectivos de todo tipo para preparar acciones conjuntas y mostrar sus críticas y propuestas al modelo de desarrollo promovido por estas grandes instituciones financieras internacionales. Estas organizaciones ya anuncian una serie de interesantes eventos preparatorios que cubrirán temas sociales, ambientales, laborales, derechos humanos, inversiones y desarrollo sostenible.

La primera actividad del ya formado Comité Juvenil hacia las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, será una conferencia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con apoyo del Colectivo Amaru integrado por alumnos de esta casa de estudios.

En el evento, que circula ya por las redes sociales, se responderán a las preguntas sobre la importancia para el Perú de las Reuniones Anuales, cuáles son las oportunidades que se nos abren en este contexto y qué relación hay entre estas instituciones y las políticas económicas que derivaron en la famosa “Ley Pulpín”, los paquetazos ambientales y la desaceleración de nuestro crecimiento. Luego de 10 años de aplicación de las políticas del FMI ¿Qué tan cerca estamos de salir del subdesarrollo?

Los ponentes serán, el economista Félix Jiménez, Alexandro Saco, coordinador de ForoSalud y Julio Gamero, abogado laboralista.

DIA y HORA: Jueves 27 agosto a las 6:30pm

LUGAR: Universidad Antonio Ruiz de Montoya: Av. Paso de los Andes 970, Pueblo Libre

ORGANIZAN: Comité Juvenil hacia las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y El Amaru (Colectivo académico-político de la UARM)

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/827469984027718/
Más información: [email protected]

Monseñor Pedro Barreto Jimenos, arzobispo de Huancayo y presidente del CELAM. Foto: CNBB.org

 

La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Red Latinoamericana «Iglesias y Minería», a la que también pertenece la Red Muqui, publicaron el libro «Iglesia y minería. En defensa de la vida y de los territorios” que recopila una serie de casos de poblaciones afectadas por la minería, las cuales han sido acompañadas por organizaciones religiosas que también son testigos de los impactos causados por esta actividad extractiva.

Es así que la publicación, expone testimonios sobre la realidad de las comunidades, pastorales, diócesis y movimientos sociales, que actúan en defensa de la vida y del territorio frente a los impactos de la minería.

Además de contener el detalle sobre movilizaciones sociales, el libro incluye algunos encuentros promovidos por la Red “Iglesias y Minería” con participación de la CNBB. Uno de ellos, se llevó a cabo en Brasilia (diciembre 2014), en donde se reafirmó que el Evangelio debe hacer el seguimiento de los impactos de la actividad minera en los pueblos de América Latina que se sienten amenazados, y condenados a la destrucción de sus medios de vida, así como a la negación de un posible futuro.

Una actividad importante que está incluida en el libro, es la reunión entre el Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano y las comunidades alcanzadas por la minería, que se realizó en julio de este año. A partir de la reflexión + “Unidos a Dios, escuchamos un grito”, los representantes de comunidades provenientes de cuatro continentes (18 países), expresaron su preocupación acerca de cómo las grandes corporaciones mineras trazan estrategias de acercamiento sobre sus territorios.

Luego de ofrecer una contextualización socioeconómica de la minería y reflexiones bíblico-teológicas y pastorales; el texto publicado por la CNBB y la Red “Iglesias y Minería”, también muestra experiencias de la realidad brasileña. Ello apunta a experiencias de resistencia, articulación y búsqueda de soluciones para la sociedad  a través de la justicia, la inclusión y la sostenibilidad.

«Iglesia y minería. En defensa de la vida y de los territorios» fue presentado en el estado brasileño de Manaus, por el arzobispo de Huancayo (Perú), y  presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), monseñor Pedro Barreto Jimenos. De igual manera, fue difundido por el obispo de Ipameri y presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CNBB, Guillermo Werlang.

Durante su presentación, Barreto también afirmó que la actividad minera debería tener un respeto irrestricto a las comunidades indígenas, y sobre todo a la dignidad de la persona humana y al cuidado del ambiente natural. “La estremecedora encíclica del Papa Francisco, “Laudato Si” puede ayudar a responder sobre el desafío frente a la minería irresponsable y el extractivismo irracional”, señaló monseñor de Huancayo.

En cuanto a la realidad de las comunidades, el arzobispo peruano destacó que el libro revela testimonios de comunidades que ocupan sus territorio desde hace varias generaciones, y de repente se ven forzadas a migrar a otros lugares, causándose en ellos una ruptura con su cultura y sus orígenes. “La iglesia no puede aceptar eso”, enfatizó.

Fuente: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Este jueves 20 de agosto, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica dará inicio al juicio oral en el que se determinará la culpabilidad –o inocencia– del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, y los dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herbert Huamán Llave y Sergio Huamani Hilario, a raíz del conflicto socioambiental que se desató hace tres años en la provincia de Espinar (Cusco).

Este proceso inicia luego de 3 años y 2 meses de investigaciones por parte de la Fiscalía Provincial de Ica, que ahora solicita más de 20 años de cárcel y el pago de S/. 100 mil por reparación civil, para Mollohuanca, Huamán y Huamani, quienes son acusados por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios.

Cabe recalcar desde el año 2012, el Ministerio Público de Ica inició nueve procesos penales en contra de varios dirigentes sociales de la Provincia de Espinar, a quienes también se les acusó de delitos contra el orden público, luego del paro contra el proyecto minero Tintaya de la minera Xstrata (hoy Glencore Antapaccay).

Sin embargo, en noviembre del año pasado, se archivaron las investigaciones fiscales contra el personal de seguridad de la Municipalidad Provincial de Espinar, que había sido acusado de tenencia Ilegal de materiales explosivos e inflamables y disturbios. Asimismo, se archivaron las investigaciones de la fiscalía en torno a las dos personas que fallecieron en medio del enfrentamiento entre policías y pobladores, en el paro del 29 de mayo.

A Óscar Mollohuanca se le imputan los delitos de peculado, apología de delito, disturbios y atentado contra la seguridad común durante las protestas contra la minera Xstrata Tintaya. Según el entonces Fiscal de la Nación, José Peláez, su caso fue trasladado a Ica ante las supuestas amenazas que recibían jueces y fiscales en el Cusco. Fue así que el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación emitieron dos resoluciones administrativas (N° 096-2012 y N° 1343-2012, respectivamente), para derivar la competencia de los procesos de Espinar (Cusco) a los Juzgados y Fiscalías de Distrito Judicial de Ica.

Desde el año 2012 está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) por este pedido de cambio de competencia para que el proceso judicial se desarrolle en Cusco, y no en Ica.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco), miembro de la Red Muqui.

POR EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO A LA ASOCIACION Y LIBRE EXPRESIÓN

El 10 de agosto, el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera Gobierno de Bolivia, anunció en una conferencia de la Asamblea Legislativa Nacional que expulsará a aquellas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, a su juicio, se entrometan en la vida política del país. Las advertencias de expulsión y las críticas del Gobierno también se hicieron específicamente a las ONG bolivianas Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Fundación TIERRA. Sumamente preocupados ante estos acontecimientos, los abajo firmantes redes y plataformas de la sociedad civil peruana y de ONG internacionales de cooperación al desarrollo en la región, deseamos expresar lo siguiente:

1. Las organizaciones de la sociedad civil gozan de derechos y obligaciones, garantizados por pactos del derecho internacional, reflejado en las constituciones y leyes de los países de la región, incluyendo Bolivia. Entre estos derechos se encuentran los derechos elementales de un Estado democrático, el derecho a la asociación y el derecho de libertad de expresión, pero también el derecho de acudir a financiamiento para poder cumplir sus funciones1

2. El Estado Plurinacional de Bolivia no solo ha ratificado estos derechos sino también forma parte de la “Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo” que en su última reunión de alto nivel en México en abril 2014, reitero lo acordado en Busan en 2011, que “Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplen una importante función posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo, y fiscalizando la puesta en práctica de estas. Al respecto, apuntamos la pertinencia de los Principios de Estambul y el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC. Reafirmamos nuestra determinación de cumplir plenamente nuestros respectivos compromisos con el fin de posibilitar que las OSC desempeñen su función como actores independientes de desarrollo, centrándonos particularmente en la promoción de un entorno favorable, acorde con los derechos internacionales acordados, que potencie al máximo la contribución de las OSC al desarrollo y, para ello, alentamos el diálogo multipartito incluyente y democrático en la esfera nacional y la instauración de las correspondientes medidas de capacitación y apoyo.“

3. Las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil boliviana al desarrollo de Bolivia en los últimos 50 años no solo han sido ampliamente documentadas, sino también han sido reconocidas por autoridades gubernamentales y abarcan sectores como salud, educación, infraestructura, medio ambiente, derechos ciudadanos e incluyen propuestas y monitoreo de políticas públicas. 4. Los mecanismos de apoyo mediante organizaciones de la cooperación internacional al desarrollo – gubernamental o no gubernamental – a las ONG bolivianas son conocidas por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que ha encargado el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento

Externo registrar y aprobar las distintas operaciones e igual que otros países, otorgó beneficios tributarios a los proyectos ejecutados por las ONG en Bolivia. Las ONG nacionales e internacionales rinden cuentas sobre el trabajo realizado y los recursos empleados ante el Estado, la ciudadanía y las organizaciones que les brindan apoyo financiero. Las experiencias y aprendizajes de nuestro trabajo han contribuido a mejorar eficiencia y eficacia de la cooperación al desarrollo.

5. El trabajo de las ONG es independiente de los Gobiernos y Estados y tiene sus raíces en valores democráticos, principios éticos, derechos constitucionales e intereses ciudadanos de contribuir al desarrollo sostenible y a favor de grupos vulnerables.

6. Los proyectos de desarrollo no se implementan en un vacío sino son coordinados con los principales actores, entre ellos beneficiarios, organizaciones sociales, gobiernos locales, regionales y ministerios sectoriales y sus respectivos planes de desarrollo; existiendo en muchos casos cooperación directa. Pero ello no quita a las ONG el derecho a la discrepancia y la expresión de la misma, que en muchos países ha contribuido a mejorar políticas públicas e incluso ha contribuido a salvar o restaurar la democracia de la dictadura.

Consideramos que los acontecimientos descritos anteriormente constituyen una amenaza a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo. No solo desconocen los derechos que les atribuye la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia sino contradice lo que el Gobierno boliviano reconoce en foros internacionales: la independencia de las organizaciones de la sociedad civil. Tampoco contribuye a cumplir con los compromisos asumidos, entre ellos “la promoción de un entorno favorable, acorde con los derechos internacionales acordados que potencie al máximo la contribución de las OSC al desarrollo“, ni alienta “el diálogo multipartito incluyente y democrático en la esfera nacional“.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia: – Desistir de las amenazas a las ONG bolivianas en general, y específicamente la Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Fundación TIERRA, a cuales expresamos nuestra solidaridad. – Reconocer e implementar los compromisos asumidos internacionalmente en el marco de la “Alianza Global de Cooperación Eficaz al Desarrollo” y considerar la modificación de normas existentes que puedan contradecir derechos constitucionales de las organizaciones de la sociedad civil. – Buscar el diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil, especialmente sobre un entorno favorable para su eficiente desempeño a favor del desarrollo de Bolivia.

 

Lima, 18 de agosto de 2015

 

Firman por redes e instituciones sin fines de lucro:

  • Red Muqui (www.muqui.org)
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) (derechoshumanos.pe)
  • Grupo Propuesta Ciudadana (www.propuestaciudadana.org.pe)
  • Asociación Nacional de Centros (www.anc.org.pe)
  • La Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) (www.redge.org.pe)
  • Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (www.coeeci.org.pe)