Las Organizaciones miembros de la Red Muqui enfocadas en derechos humanos y temas de defensa legal, mostraron su satisfacción por la reciente aprobación de la ley que regula el “uso de la fuerza” de la policía nacional, como parte del ejercicio de sus funciones previstas en la Constitución.

Si bien es cierto, desde hace algún tiempo, la sociedad civil reclamaba una normativa como el recién aprobado Decreto Legislativo No. 1186, las organizaciones de la Red Muqui advirtieron que el texto de la norma aún muestra generalidades, respecto al accionar policial en un contexto de protestas y conflictos sociales.

En ese sentido, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz expresó su preocupación sobre algunas expresiones usadas para el uso del arma de fuego, por parte de efectivos policiales, en caso de protestas sociales. Para Fedepaz, algunos términos como: “Medios de policía”, “…otros elementos de apoyo” (inciso C, artículo 3), o “peligro real o inminente de muerte” (inciso E, artículo 8.3) no están del todo definidos, y podrían llevar a un efectivo policial a tomar una decisión arbitraria del uso de la fuerza. En atención a ello, Fedepaz pidió al Estado la pronta aprobación del reglamento de la ley, con el fin de evitar ambigüedades que podrían perjudicar a la población civil.

Para el abogado que lleva la defensa de casos en Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco, José Ramiro Llatas, estas imprecisiones en la ley causan una sensación de impunidad, debido a que la policía nacional no suele cumplir con sus atribuciones de saber mediar en casos de conflicto (artículo 11, numeral 6 de la Ley de la Policía Nacional). Para Llatas es recomendable, no solo reforzar el texto legal del “uso de la fuerza”, en cuanto a conflictos sociales y protestas, sino analizar también cómo actúa el Poder Judicial y la Fiscalía frente a los casos donde la policía es denunciada por abuso de autoridad. “Es curioso cómo los procesos contra dirigentes sociales avanzan con rapidez, mientras que los de algunos malos efectivos policiales, terminan siendo archivados”, aseveró Llatas.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dio cuenta en su informe anual de un total de 125 civiles muertos por uso excesivo de la fuerza, durante los conflictos sociales ocurridos entre el año 2002 y julio de 2015, es decir en los últimos 13 años. Dicha base de datos, realizada en base a fuentes como la Defensoría del Pueblo, centros médicos y algunos medios de comunicación, muestra que hubo 17 fallecidos durante el gobierno de Alejandro Toledo, 80 durante el gobierno de Alan García y en lo que va del gobierno de Ollanta Humala registra 45 fallecidos.

La Red Latinoamericana “Iglesias y Minería”, instó al Presidente de la República, Ollanta Humala, a no volver a recurrir al despliegue de Fuerzas Armadas en Arequipa con el fin de imponer el un proyecto minero como el de Tía María, que es rechazado la población del Valle del Río Tambo por afectar su calidad de vida.

En una carta dirigida al jefe de Estado, la red que agrupa diferentes organizaciones católicas y cristianas de Latinoamérica, le recordó a Humala Tasso que está comprobado que no existen condiciones sociales para llevar adelante dicho proyecto, por lo que le recomendó suspenderlo.

Tras lamentar el resultado de 12 muertos y cientos de heridos, “Iglesias y Minería” indicó que ello comprueba que la militarización no es la solución para desarrollar una actividad económica que le es ajena a un grupo de ciudadanos que vive ancestralmente de la ganadería y la agricultura. “Los errores que en su momento el gobierno nacional, o las empresa minera pudieran haber cometido, no pueden remediarse con el uso de la fuerza, la represión y la imposición del miedo como consigna”, replicó la red religiosa.

Asimismo, le recomendaron al mandatario que el camino fundamental para canalizar su solución es el diálogo, a partir de condiciones previas y una agenda consensuada, que no necesariamente debe ceñirse a negociar la realización del proyecto, sino de contemplar la posibilidad de suspenderlo y así recuperar la paz social.

Otra preocupación dirigida al jefe de Estado, se refirió a la campaña de ataque y difamación por parte del sector minero y algunos medios de comunicación, en contra de dirigentes sociales, organizaciones de sociedad civil, ONGs y  agencias de cooperación internacional,  por el hecho de acompañar a las comunidades y poblaciones afectadas, y mostrar su preocupación por los conflictos sociales generados por la minería.

En ese sentido, la Red “Iglesias y Minería” mostró su apoyo y solidaridad a diversas organizaciones como son: la RED MUQUI, la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, la RED AGUA, DESARROLLO Y DEMOCRACIA de Piura, DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS de Cusco y GRUFIDES,  cuyos miembros han sido calificados de “terroristas antimineros” y han sido víctimas de acciones hostiles que han avivado el conflicto que se vive en Arequipa.

Estas preocupaciones también fueron remitidas, a través de la misma carta, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Congreso de la República, Ministerios de Energía y Minas y Ambiente, y a la Defensoría del Pueblo.

La Red “Iglesias y Minería” agrupa a más de 70 comunidades cristianas, religiosas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos e instancias latinoamericanas de Iglesias Católica y cristiana, se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería a nivel de la región.

Ante los últimos acontecimientos suscitados en la ciudad de La Oroya, las instituciones de la región centro del país, integrantes de la Red Muqui, nos dirigimos  a las autoridades, a la opinión pública y a la población de La Oroya y  de la región Junín para manifestar lo siguiente:

La Oroya, creció en población y en su movimiento económico, principalmente gracias al dinamismo de las empresas mineras cercanas y la actividad industrial del Complejo Metalúrgico; sin embargo, ahora después de haber cerrado sus operaciones por más de seis años se enfrenta al reto de su reactivación a través de la modernización de su tecnología y cumplimiento de mejores estándares ambientales; por lo que, existe la necesidad de que Doe Run Perú se muestre en la subasta pública atractivo a los intereses de los inversionistas que buscan rentabilizar su capital.

Ciframos nuestras esperanzas y hacemos votos para que esta iniciativa logre estos objetivos; pero, lo que no podemos aceptar es que se haga afectando los legítimos derechos de los trabajadores, deteriorando o precarizando las condiciones laborales y menos aún, a costa de la salud de las personas o el deterioro de los recursos naturales que son el soporte de las comunidades.

El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC aprobado por el Ministerio de Energía y Minas fue elaborado por la administradora del Complejo Metalúrgico de La Oroya, aceptando una contaminación de hasta 365 µg/m3 de dióxido de azufre (SO2) por el periodo de catorce años más, cuando la recomendación de la OMS es de no más 20 µg /m3 de SO2.

Por lo antedicho, las organizaciones de la Red Muqui, expresamos nuestra profunda preocupación y solicitamos que:

  • Se suspenda inmediatamente todos los actos de violencia y afectación de derechos fundamentales de toda la población local o que se encuentre en tránsito por La Oroya.
  • Cualquier empresa que asuma la administración y el funcionamiento del Complejo Metalúrgico necesariamente, cubra sus costos operativos, sociales y ambientales para garantizar su viabilidad y sostenibilidad.
  • No forzar al funcionamiento de la Planta Metalúrgica sostenido en falsas soluciones. La empresa que la opere debe ser rentable por su propio funcionamiento y respetar la salud y la vida de las personas.
  • La población de La Oroya, autoridades y las fuerzas del orden restablezcan el orden y la paz, a través de un clima de diálogo y respeto

Saludamos la constitución del Comité Técnico de Trabajo destinado a analizar la problemática del Complejo Metalúrgico de La Oroya y Cobriza de manera integral, buscando las distintas alternativas viables mediante el diálogo alturado y pacífico hasta resolver este grave problema social y ambiental.

Manifestamos nuestras condolencias a la familia del señor Edward Soto de la Cruz, fallecido como consecuencia de los actos de violencia.

Lima, 14 de agosto 2015

RED MUQUI CENTRO

Centro Labor-Pasco, Centro de Desarrollo Agropecuario-CEDAP-Ayacucho, Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo, Red Uniendo Manos-Lima

Segundo día del Coloquio: Gobernanza local, pueblos indígenas e industrias extractivas en América Latina, giró en torno a las luchas sociales.

Es elemental cuestionar el rumbo que hemos tomado como humanidad en cuanto al modelo económico que se nos impone desde que abrimos los ojos al mundo, el capitalismo. Históricamente, América Latina ha tenido experiencias coloniales ligadas a relaciones comerciales y de dependencia occidental, una realidad preocupante que aún se mantiene. La expansión de los tentáculos del extractivismo se dispersan en toda América Latina y es respaldada por los gobiernos de turno. ¿Cuál sería la verdadera solución y qué aspectos se deberían considerar? Las ponencias de hoy muestran que el camino se encuentra en la resistencia a través de la organización y sobretodo en articular las luchas, para que los movimientos logren trascender fronteras.

Laura Rival, realizó una importante investigación sobre la Biosfera Yasuni y señala que el petróleo es como la sangre de la economía ecuatoriana. Además, nos recuerda que es importante considerar el potencial que tenemos gracias al multiculturalismo, asumirlo como una fuerza para vencer los grandes desafíos a través de soluciones creativas y abrir nuevos pensamientos sobre las formas políticas y cuestionar los intercambios económicos que hacen posible la vida sobre este planeta en el siglo XXI. Plantea también que es importante tener una perspectiva antropóloga de acercamiento interpretativo y entender cómo la sostenibilidad y los valores pueden cambiar el comportamiento en el ser, proponiendo que debemos ir más allá del orden y saber qué  debemos hacer para vivir bien como seres humanos. Del mismo modo, Wladimir Sierra, nos habla sobre la realidad de las luchas sociales en Ecuador, la estrategia del gobierno es fraccionarlas y crear nuevos pseudo-movimientos sociales que apoyan a las decisiones del gobierno y no las cuestionan.

Marco Antonio Godinez, nos habla la realidad que vive Guatemala y menciona que las luchas sociales se han enfrentado a tanto que han adquirido una actitud trasformadora desligada del miedo y es la utopía la que le da un norte a las acciones. De modo que plantea que es necesario involucrar a la comunidad como actor político complejo mediantes formas locales de organización para luego intercambiar experiencias regionales y locales.

Humberto Pacheco, nos cuenta sobre los conflictos sociales en Espinar y que la realidad en torno a estos conflictos se resume en un círculo vicioso, un ciclo que comienza con el estallido de determinado conflicto social, luego se apacigua cuando el Estado propone y crea espacios de diálogo para proponer soluciones, después al incumplirse los compromisos por parte del Estado, nuevamente aparece el descontento social y estalla con más fuerza el conflicto social.

Por otro lado, Walter Lumache y Edwin Armata, nos hablan sobre la resistencia de organización indígena frente a las políticas extractivas en Bolivia y del doble discurso del presidente Evo Morales, debido a la contradicción que existe entre sus mensajes públicos y sus políticas de gobierno. Ya que a nombre del desarrollo, se arrebatan espacios indígenas, se destruye la selva y se vulneran los derechos de las personas y la naturaleza. Estas políticas de gobierno, evidentemente defienden intereses particulares y por esta razón, los pueblos indígenas continúan movilizándose y siguen con sus propuestas para la construcción de un estado plurinacional con autonomía indígena para administrar el territorio.

Finalmente, Dario Rastrepo, menciona que actualmente existe un incremento de la corporización y la privatización del ordenamiento territorial y que el papel del estado, prioriza el mantener el sistema extractivista como motor de desarrollo y solo se limita a mantener un carácter paternalista  y asistencial.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) dijo que está viajando a supervisar los proyectos ejecutadas por las ONG en las regiones con un alto índice de conflictos sociales, entre ellas Arequipa, Madre de Dios, Cusco y Cajamarca.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) advirtió que quedarán fuera del registro de esta entidad las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX) que no hayan sometido a supervisión el uso que le dan a los recursos que reciben de la cooperación internacional, y aquellas que no hayan presentado la Declaración del Informe Anual de Actividades y un Plan Anual de Actividades para el año de inicio.

En un comunicado de prensa, APCI afirma que ha dispuesto el cumplimiento de tales medidas “en la firme tarea de fortalecer el trabajo de supervisión” de las actividades que cumplen las ONGD y las ENIEX.

El martes 19 último, fue publicada en las Normas Legales la Resolución Directoral Ejecutiva 085-2015/APCI-DE, que especifica los procedimientos en los registros de las entidades que reciben ayuda económica del extranjero.

En el mismo comunicado de prensa se indica que APCI ha conformado grupos de trabajo que están viajando a supervisar los proyectos ejecutadas por las ONGD en Arequipa, Madre de Dios, Cusco, Cajamarca y otras regiones con alto índice de conflictos sociales.

También lea: Defensoría del Pueblo: Hay 149 conflictos sociales activos en el Perú

Rosa Herrera, jefa de la Agencia, aseguró que vienen “desarrollando un proceso de supervisión de los diferentes Organismos No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), a las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX), así como acciones de supervisión a donaciones de carácter asistencial y educacional gestionadas y distribuidas por las Ipredas, con el fin de cautelar el correcto uso de los recursos y donaciones que reciben»

 

Fuente: Gestión

El día de ayer 21 de mayo, se ha publicado la Ley 30327, que no es otra que la aprobación del proyecto de ley 3941, denominado “Ley de Promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”.

Al respecto hemos realizado en RED MUQUI un análisis inicial de la citada ley, el que adjuntamos a la presente para conocimiento público, pero queremos hacer hincapié en un punto que no ha sido evaluado por los legisladores al momento de dictar la norma y que ha sido materia de estudio por parte del Ing. Ricardo Muñoz Portugal en su publicación “Descentralización del desarrollo”.

El hecho es que según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la citada Ley, así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno (con el Gobierno Central), y señala como una de las competencias exclusivas del Gobierno Regional, de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, en el literal j), “el administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal”.

En esa misma lógica, el artículo 62 de la misma Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que son funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, que incluye los terrenos eriazos, las siguientes:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales.
b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
c) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.

Estos artículos de la LEY ORGÁNICA de Gobiernos Regionales, no han sido considerados al dictarse la Ley 30237, pues ya hay 6 Gobiernos Regionales, como son Arequipa, Tacna, Lambayeque, Tumbes, Amazonas y San Martín, a quienes ya se han transferido dichas competencias exclusivas durante el Gobierno del Presidente Alejandro Toledo. La transferencia de competencias no fue continuada durante los Gobiernos de García y el presente de Humala, quienes pese a que existía ésta normativa las continuaron administrando hasta la fecha, lo cuál no es legal.
En sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC)  respecto a la jerarquía normativa entre las leyes orgánicas (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) y las leyes ordinarias (Ley 30327), se señala que: “dado que las leyes orgánicas se distinguen por el cumplimiento de requisitos especiales formales y materiales para su aprobación, una ley ordinaria (que no haya sido aprobada bajo tales requisitos) no puede regular materia reservada a aquella, o modificar o derogar una ley aprobada como orgánica, pues ello significaría la inconstitucionalidad de dicha ley ordinaria por violación del artículo 106  de la Constitución”.

Además el Código Procesal Constitucional establece en el artículo 79, que para apreciar la “validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional, considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, forma parte de este “cuerpo constitucional” entonces, por tanto no puede ser modificada por una Ley Ordinaria. Es por ello que desde la RED MUQUI resaltamos, que al haberse publicado la Ley 30327, se desconocen las competencias exclusivas que los Gobiernos Regionales tienen para la disposición de tierras eriazas de propiedad del Estado que se encuentre en sus jurisdicciones, lo que es inconstitucional.

Lima, 22 de mayo de 2015

RED MUQUI

 

Alcances de la Ley 30327 (ProyLey 3941) by prensamuqui

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, remitió una carta al Presidente de la República, Ollanta Humala, exhortándole a atender oportunamente la agenda pendiente con los pueblos indígenas y así consolidar la implementación del derecho a la consulta previa, el cual representa un importante mecanismo de diálogo para atender, recoger y canalizar las expectativas e iniciativas de dichos pueblos.

Si bien se han logrado importantes acuerdos en 10 procesos de consulta previa desde la aprobación de la Ley N° 29785, hace 3 años -€”dijo el funcionario-€” se advierte una demora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado. «€œEn ninguno de los casos se ha emitido, hasta el momento, la correspondiente medida administrativa que permita cumplir con los compromisos asumidos», lamentó.

Asimismo, Vega manifestó su preocupación por el desconcierto y malestar de las comunidades a raíz del anuncio del proceso de licitación del lote 192, en Loreto, para el próximo 15 de julio. «€œEs necesario que el Estado garantice un adecuado proceso de consulta previa y asegure que los acuerdos que se alcancen con los pueblos indígenas sean incorporados y cumplidos en el desarrollo de la operación petrolera», puntualizó.

Otro tema pendiente es que, transcurridos 20 años de vigencia del Convenio 169, aún no se ha realizado ningún proceso de consulta previa en el sector minero. «€œEsto sumado al hecho de que aún no se completa la publicación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, provoca que los pueblos indígenas andinos de habla quechua vean dificultado el ejercicio de su derecho a la consulta previa», señaló.

Finalmente, Vega afirmó que está en manos de las instancias del Poder Ejecutivo, aportar todos los recursos necesarios para cumplir con esta agenda pendiente en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas indígenas. «€œConfiamos en que se tomen las decisiones que permitan que las obligaciones asumidas con los pueblos indígenas sean atendidas lo más pronto posible», concluyó.

Lima, 21 de mayo de 2015.

 

Defensoria del Pueblo

 

Of 248-2015 a Presidencia República – Consulta Previa

Este 21 de mayo la población de Espinar se movilizó por las principales calles y avenidas de la ciudad, en defensa del medio ambiente y los recursos hídricos; luego de la movilización se concentraron en la Plaza de Armas donde se manifestaron los representantes del: Cañón Apurímac, FUDIE, FUCAE, AUPE, FREDERMICE, SUCME, FUJEK, CENTRAMUN, Fonavistas residentes espinarences en Cusco, Usuarios de Quetara, Seguridad Ciudadana, Representantes de la Cuenca Salado, Cuenca Cañipia, Jóvenes Líderes, Jóvenes estudiantes de la UNSA – Arequipa y ex dirigentes. Quienes manifestaron: “Que Ollanta Humala, Presidente de la Republica, Traicionó a los hermanos Espinarences, prometió agua y al contrario apoya a las empresas transnacionales”, además indicaron “Que el proyecto Majes Siguas II no va”, y se solidarizan con los hermanos arequipeños principalmente con la provincia de Islay,  también se solidarizan con los hermanos caídos en las luchas del 21 de mayo, que siempre serán recordado.

Así mismo el gobernador de la provincia se comprometió en enviar la plataforma de lucha del pueblo espinaren al presidente de la república y el gobierno regional de Cusco; para que tengan conocimiento de la problemática que se vive en la provincia de Espinar.

Durante el mitin el alcalde provincial Manuel Salinas manifestó: “Majes Siguas II no va”, recalcó al Gobernador que el pasado 27 de marzo también se envió al Presidente de la Republica una plataforma de lucha, que hasta el día de hoy no tiene respuesta. La plataforma pedía la puesta inmediata de salud y el agua para Espinar, finalmente recalco. “Esta marcha emprendida por las organizaciones es pacífica, acá no somos violentistas, acá no somos radicales; pero queremos respeto a la vida, el respeto a nuestra provincia de Espinar, basta ya de engaños de parte del Gobierno Central en complicidad con la empresa privada por lo tanto siempre vamos a estar unidos”.

Finalmente debemos destacar que participaron de la movilización un aproximado de 400 pobladores de Espinar.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

La Ley 30327 denominada “Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social”, que fuera presentada como proyecto de ley 3941 al Congreso el 05 de noviembre del 2014, y que finalmente fuera publicada este 21 de mayo del 2015. como Ley, consideramos mantiene, entre otros los siguientes cuestionamientos, pese a que se les hizo saber los riesgos a las instancias competentes en el Congreso de la República, los cuales desde el Equipo Técnico de la Red Muqui detallamos en el siguiente documento:

Descargue aquí el documento –> Link

Muqui «Red de Propuesta y Acción»
Página web: www.muqui.org
Facebook: www.fb.com/redmuqui
Twitter: @RedMuqui
Email: [email protected]
Av. República de Chile 641 – Jesús María
Teléfono: 332-6525

Alcances de la Ley 30327 (ProyLey 3941) by prensamuqui

En conferencia de prensa, los ronderos de las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas, rechazaron tener alguna responsabilidad en la desaparición y muerte de los 3 trabajadores de la empresa minera Río Blanco.

El ex presidente de la comunidad campesina de Yanta, Magdiel Carrión, señaló que los comuneros han dado las facilidades para que la Fiscalía y la Policía Nacional lleguen al lugar para ubicar a los trabajadores que están desaparecidos.

Sin embargo, el dirigente ronderil lamentó que hayan sido dejados de lado, pese a que los ronderos participaron en la búsqueda y hallazgo de Manuel Herrera, único trabajador sobreviviente de la empresa minera Río Blanco.

Sobre los cuerpos de los tres trabajadores de la minera que se hallan muertos, Magdiel Carrión hizo un llamado a sus familiares para que exijan a la empresa minera su pronta entrega.

Sin embargo, al dirigente le parece extraño que la Río Blanco haya anunciado que ya ubicó  los cuerpos de los trabajadores sin que hasta el momento no presenten las evidencias de que ya los encontraron.

Magdiel Carrión aseguró que si la policía de Ayabaca hubiera permitido la ayuda de los comuneros, se hubieran encontrado los cuerpos de los trabajadores de la empresa minera.

Precisó que los efectivos de la Policía Nacional los hicieron a un lado porque había especialistas en alta montaña para este rescate que hasta hoy no muestra resultados.

Por ello, Magdiel Carrión ofreció, a través de Cutivalú, ayudar a los familiares de los trabajadores desaparecidos en la búsqueda y rescate de sus cuerpos.

“Les pedimos que se comuniquen con nosotros para darles una alternativa de solución, sin ningún interés de por medio”, sostuvo el ex presidente de la comunidad de Yanta, Magdiel Carrión, quien no descartó la posibilidad de ayudar a rescatar los cuerpos.

“Es posible (rescatar los cuerpos) si nos dejan actuar, en conjunto con ellos y con un fiscal, podemos llegar, así sea 3 o 4 días, podemos llegar”, aseguró el dirigente ronderil.

RESPONSABILIZA A RÍO BLANCO

El ex presidente de la comunidad de Yanta, Magdiel Carrión sostuvo que la única responsable en este caso es la empresa minera Río Blanco por enviar a sus trabajadores a territorios comunales sin tener licencia social, como lo exige la ley.

El dirigente manifestó que fue muy irresponsable la empresa minera Río Blanco al enviar a esos trabajadores a tierras comunales, sabiendo la existencia de un conflicto social en la zona, además del mal tiempo por esta temporada del año.

Al recordar las declaraciones que Manuel Herrera brindó a la policía cuando fue encontrado, el rondero señaló que el joven muchacho reconoció que se encontraba en la zona porque la empresa minera les había enviado para realizar estudios topográficos que les permita ejecutar nuevos accesos en la comunidad.

Magdiel Carrión dejó en claro que los comuneros de Yanta y Segunda y Cajas están unidos y que nunca darán permiso para que la empresa minera Río Blanco realice trabajos en su zona.

DENUNCIARÁN A MINERA

En ese sentido, el Frente de Desarrollo Sostenible de Ayabaca y Huancabamba denunciará a la empresa minera Río Blanco por ingresar a territorios comunales sin tener licencia social, aseguró Magdiel Carrión, a través de Cutivalú.

El dirigente señaló que el Ministerio de Energía y Minas debería informar por qué la empresa Río Blanco se encontraba en ese lugar.

Asimismo, Magdiel Carrión también cuestionó la presencia de militares en la zona de la comunidad de Yanta. Dijo que hasta el momento no se les informa sobre su presencia en áreas comunales.

Frente a este panorama, el dirigente aseguró que los comuneros entregarán cartas y pronunciamientos al gobierno central para dar a conocer esta situación.

Cabe indicar que junto al ex presidente de la comunidad campesina de Yanta, Magdiel Carrión, estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de las rondas campesinas de Ayabaca, Rubén Jimenez Carrión; el presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Samuel Labán; el presidente de la  Central Única Provincial de las rondas campesinas de Huancabamba, Juan Renteria Rivera; y el presidente del Comité de Vigilancia y Fiscalización de la Comunidad de Segunda y Cajas, Servando Aponte Guerrero.

 

Fuente: Radio Cutivalu