Los paquetazos de normas emitidos por el gobierno para promover la inversión privada vulneran la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y no consideran las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, los pueblos indígenas y sus organizaciones pueden recurrir a los mecanismos de justicia nacionales e internacionales para ejercer la defensa de sus derechos fundamentales.

Así lo señaló Catherine Sevilla, especialista del Instituto de Derecho y Sociedad (IDS) en el Conversatorio “Juventud, Tierra y Territorio” realizado el 23 de abril en el marco del Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas: Identidad y Liderazgo, desarrollado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP.

En este Conversatorio, organizado en coordinación con la Plataforma por la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pedro Castillo, responsable del Programa de Acceso a Recursos Naturales del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) denunció que todas las herramientas legales de los últimos años apuntan al aprovechamiento de los bienes naturales (tierra, agua y bosques) a favor de los grandes capitales y en desmedro de los derechos de las comunidades campesinas y nativas.

Para Víctor Torres, asesor técnico de la Confederación Campesina del Perú (CCP), la defensa de la tierra y el agua está íntimamente vinculada a la identidad de los pueblos indígenas. Por ello planteó la necesidad de trabajar en la defensa y el impulso organizativo de las comunidades campesinas y nativas.

Pedro Castillo informó que de las 6277 comunidades campesinas, 5110 están tituladas y 959 carecen de título de propiedad. En el caso de las comunidades nativas, de las 1469 están tituladas 1271 y 198 no lo están. Lo grave es que la mayoría de comunidades no tienen un título georreferenciado: solo el 38,5% en el Ande y apenas el 6,7% en la Amazonía.

Respecto a los paquetazos, el especialista de CEPES se refirió a la Ley 30025, que modifica la Ley General de Expropiaciones, vulnerando la Constitución. Ésta solo permite expropiaciones en casos de necesidad pública y seguridad nacional y la Ley 30025 agrega el causal de “proyectos de gran envergadura”, referidos principalmente a actividades extractivas y obras de infraestructura, cuando es sabido que la Constitución no puede ser modificada por una norma legal de menor jerarquía.

La Ley 30230, promulgada a fines del año pasado, vulnera los derechos territoriales a favor de los proyectos de inversión, al establecer procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de los predios (léase propiedad) donde se ejecutan tales proyectos. Y lo hace con aplicación retroactiva, contraviniendo el sistema jurídico.

Se refirió también al Decreto Supremo 001-2015 del Ministerio de Energía y Minas, según el cual el uso de las tierras comunales puede ser cedido a las empresas solo con la aprobación de la Junta Directiva, cuando la ley establece que se necesita la aprobación de por lo menos dos tercios de los comuneros. Esto vulnera el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, para quienes la Asamblea General es el máximo órgano de gobierno.

Finalmente, se refirió al Proyecto de Ley 3941-2014-PE, que flexibiliza los procedimientos de servidumbre, derechos de vía y expropiación. Aunque el proyecto de reglamento de esta norma dice que no se aplicará a tierras de las comunidades campesinas y nativas, ante la inexistencia de títulos georreferenciados, estas pueden ser consideradas propiedad del Estado, advirtió.

Por su parte, Víctor Torres alertó sobre el crecimiento desmesurado de las concesiones mineras, al punto que el 50% de los territorios de las comunidades andinas están concesionados a la minería. En la Amazonía este problema se repita con concesiones petrolíferas, indicó.

Catherine Sevilla subrayó que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, establecido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluye el derecho a un modelo propio de desarrollo. Y que el derecho al territorio, según estos instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comprende el derecho a los recursos naturales.

Ante la creciente ola de protestas que se desarrolla en la provincia de Islay, departamento de Arequipa, contra el proyecto minero Tía María. Manifestamos  nuestro apoyo a los hermanos de Arequipa por la lucha que realizan para proteger sus recursos naturales y el respeto de sus derechos como ciudadanos peruanos de aceptar o rechazar las actividades económicas impuestas por el Estado que destruyen su modo de vida

Una vez más, se ha demostrado la intolerancia de representantes del Estado, el abuso de autoridad ejercida por la policía nacional frente a los agricultores en el Valle del Tambo en complicidad con la prensa que demuestran que el gobierno junto con la empresa Southern están atropellando los derechos de los campesinos solamente para acumular más ganancias

Realidad  parecida a la ocurrida en el 2008 y 2009 donde los pueblos amazónicos luchamos para defender nuestros territorios y proteger la vida de nuestros  hijos ante el desprecio de un Estado que nos catalogaba de “Perros del Hortelano”. Hoy en el Valle del tambo se ha calumniado  de “Terroristas antimineros” a agricultores que solo luchan por su sobrevivencia.

Los Amazónicos  sentimos y entendemos la violencia  que sufren nuestros hermanos de Arequipa pues vivimos una realidad similar o peor en la Amazonía, pues los llamados Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son cada vez superficiales e inútiles ante nuevas normas como el proyecto de ley 3941 y la ley 30230, que en vez de exigir que los controles  ambientales se cumplan, el Estado prefiere obviarlos o minimizarlos en cuanto que solo brinde mejores facilidades para los inversionistas.

La lucha de nuestros  hermanos del Tambo es para evitar que  les abran inmensos tajos abiertos; se contaminen las aguas subterráneas; circulen centenares de camiones y toneladas de polvo tóxico, y así salvar el empleo, la vida y la tranquilidad de un valle próspero produciendo cebollas, ajos, arroz, papas, pimiento, camarones.

 

Lee el pronunciamiento completo

 

Fuente: Aidesep

La semana pasada  formamos parte la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y CooperAcción de una misión que llegó a Cocachacra, epicentro del conflicto generado por el proyecto minero Tía María en Arequipa, invitados por el alcalde de Cocachacra Elar Valencia.

El viernes 16 de abril estuvimos en la zona, y lo primero que pudimos constatar era la necesidad de la población de ser escuchados. ¿Es tan difícil ello?. Estuvimos desde la mañana hasta el final de la tarde, escuchando cerca de 30 testimonios de adolescentes, mujeres y hombres heridos y afectados de diversas maneras por la represión policial.

Los procedimientos administrativos en minería, especialmente los de “participación ciudadana”, no entienden de ello, no entienden de escucha, recogen “aportes”, pero no definen ninguna decisión, porque ello no compete a la población, ni a los gobiernos locales o regionales que no son parte de dichos procesos. Están en manos de la empresa y del Estado y el gobierno de turno que decide.

El segundo EIA del proyecto minero Tía María se aprobó en una audiencia pública, donde llegaron personas de otros lugares a llenar el local, y donde la población que exigía participar fue repelida con bombas lacrimógenas y balas. ¿Tiene una población que está preocupada por sus tierras y actividad agrícola, que sufrir éste nivel de represión?. La población de la Cocachacra, Punta de Bombón, y Dean Valdivia, distritos de la provincia de Islay está fundamentalmente dedicada a la agricultura, y son los agricultores los que están preocupados por “su inversión” , por su trabajo, y claro por el futuro.

Un Primer Ministro que dice ser dialogante, no puede llegar al diálogo a Arequipa, el día en que a uno de los principales interlocutores, Jesús Cornejo, Presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, rio que irriga la zona, es detenido. No puede llegar a la zona y pedir que se detenga a todos los que están “en contra de Tía María” y que “no los suelten”. No puede presionar a la policía para que actúe ilegalmente deteniendo personas sin fundamento alguno.

No puede, presionar a la policía para “sembrar” a los  detenidos con armas contundentes, como hemos visto en un video difundido hoy, con el favor de prensa amarilla lamentablemente, y no puede permitir que se dispare con armas letales a quienes reclaman pacíficamente un justo derecho, el de participar en las decisiones que les afectan. ¡ESO ES ILEGAL!, y usted con sus declaraciones lo está fomentando, ya se lo ha dicho en declaraciones públicas el Presidente de la Corte Superior de Arequipa, y felizmente todos los detenidos, pese a su orden, han sido liberados.

El gobierno del señor Humala no puede mantener un primer ministro violento e intolerante, como tampoco puede seguir confundiendo a la población. Por qué  ha salido al público la señora Viceministra de Cultura Patricia Balbuena, a decir que no se aplica la consulta previa en el caso Tía María. ¿Quién le ha preguntado?. Por si no lo saben, en Cocachacra se realizó una CONSULTA VECINAL el 27 de setiembre del año 2009, realizada por la MUNICIPALIDAD, pues en la zona no hay comunidades sino agricultores, y nadie nunca ha hablado de Consulta Previa, son algunos medios de comunicación y el gobierno quienes se prestan a generar ésta confusión.

Y frente todo esto empresas que se ufanan de ser responsables socialmente, que utilizan a sus operadores (los Santillana, Martín Belaúnde y otros), para acusar a supuestos “terroristas antimineros” sin argumentos, y que utilizan información tergiversada para ello, atizando el fuego, y desviando la atención de los verdaderos temas de fondo.

Es fundamental en éste momento saber escuchar. Pero no se puede escuchar con policías que no te dejan entrar ni salir de tus tierras, que te “siembran” para detenerte, con discursos de “terroristas antimineros”, y no brindando garantías de ser escuchados a las autoridades y dirigentes, porque “el EIA ya se aprobó”.

Hay que dar verdaderos signos de interés en el diálogo y las mesas de desarrollo no lo son, sólo se implementan donde hay proyectos mineros o de hidrocarburos y sirven para “negociar”, y éste no es el momento de buscar ello, sino de buscar un diálogo sincero, y para ello los actores que imponen violencia no ayudan, señor Cateriano. La población lo que hace es defender sus tierras en peligro por el proyecto Tía María, pero también por la Ley 30230, por el D.S. 001-2015-EM, por el proyecto de ley 3941 que se pretende aprobar en el Congreso, y lo hace pacíficamente llamando a otros a unirse a su lucha, y por ello no puede seguir cayendo más muertos, por el sólo hecho de defender lo que es suyo.

 

Javier Jahncke – Secretario Ejecutivo – Red Muqui

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:

1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la necropsia de ley.

2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva. Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros).

3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo.

4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales. Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico.

5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41 muertes.

6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al entendimiento necesario que permita  retomar la calma en todo el Valle de Tambo.

Lima 23 de abril del 2015

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Sobre la responsabilidad social de los medios y las estrategias de desinformación.

El caso del agricultor Antonio Coasaca, al que un grupo de policías le “sembró” una prueba durante el paro contra el proyecto Tía María (Arequipa), para involucrarlo en un grave delito que conlleva prisión efectiva, ha derivado en la asunción de responsabilidades por el medio que publicó la foto que expresaba gráficamente la burda maniobra, y en el pronunciamiento del periodista autor de la fotografía, Julio Angulo, y del medio para el que laboraba en ese momento.

En un primer efecto, un editor y una periodista del medio que publicó la ahora famosa fotografía a la que acompañaron con un titular represivo han dejado sus puestos. El periodista Angulo ha debido dejar la ciudad de Arequipa por temor a las amenazas de un grupo radical que se opone a Tía María, en tanto que el medio para el que trabajaba el reportero gráfico ha derivado el caso al Consejo de la Prensa. Los dos primeros han ofrecido disculpas.

Desde el lado de la policía, hay una investigación en marcha por este caso y han sido removidos varios jefes policiales. En el caso de la prensa, es evidente que las explicaciones formales son insuficientes, a pesar de la entereza de Angulo, que ha reconocido un error inicial de compartir la fotografía con una persona que no respetó el acuerdo de no usarla periodísticamente. En este caso, además, debe protegerse su vida, en cualquier circunstancia.

Lo que se debate es la publicación de un medio de un documento gráfico escondiendo su origen, o sin saber con certeza la fuente, y/o sin señalar que efectivamente se carece de información sobre esta; el uso de ese instrumento para inferir responsabilidades de los ciudadanos; y las conexiones de los periodistas con los intereses específicos de las partes de una controversia.

Esta discusión no se refiere, exclusivamente, al manejo de las fuentes y al derecho de la prensa de informar por escrito o por imágenes lo que ocurre al margen de las consecuencias que puedan tener las informaciones. Se refiere a la responsabilidad social de los medios en cualquier circunstancia, con mayor razón en situaciones límites o de tensión. Más allá de que una foto pudo llevar a un ciudadano injustamente a la cárcel, es importante que los medios aborden el problema de la desinformación, un tópico referido a la  independencia frente a las estrategias de los actores públicos.

Es preciso recordar que en la prensa nacional y arequipeña a raíz del conflicto alrededor de Tía María se desató una campaña homogénea en los contenidos y en la vocería a cargo de supuestos especialistas que luego se revelaron como operadores de uno de los bandos en pugna, y que un grupo denominado Colectivo por el Desarrollo de Islay ha terminado siendo poco menos que un organismo generado empresarialmente a cargo de campañas que un sector de la prensa recoge sin escrúpulos informativos. Como lo ha señalado este diario ayer, es injusto que los arequipeños vivan en medio de un conflicto social y de otro, el de la desinformación.

Finalmente, quizás sea conveniente recordar que la autorregulación opera como una condición crucial de la libertad de expresión y, al mismo tiempo, como un poderoso instrumento que garantiza la calidad de la información.

http://www.larepublica.pe/politica/editorial-29-04-2015

Se ha difundido a través de Youtube un video del momento en el que un poblador de nombre Antonio es detenido y llevado por varios policías durante la protesta en Islay contra el proyecto minero ‘Tía María’ el día 22 de abril en Valle de Tambo.

En el vídeo se puede observar como un Policía corre hacia el hombre y le «siembra» un objeto en la mano, el poblador resistiéndose tira el objeto, siendo el mismo policía quien lo recoje y lo vuelve a poner en las manos del poblador.

Todo parece indicar que un miembro de prensa estaba esperando ese momento ya que el fotografo aparece corriendo y enfocando directamente la mano del detenido el cual estaba siendo presionado por el policía. La foto posteriormente fue publicada en el diario. Lo que genera que en el video se denuncie una supuesta complicidad con el periodista gráfico.

También se puede observar que la polícia trata de asustar al poblador dentro de una camioneta policial increpándole por haber tenido, supuestamente, el objeto en la mano, a lo que él responde entre lágrimas que no le pertenecía.

Una persona falleció durante el Paro en rechazo al proyecto Tía María de la minera Southern Copper en la ciudad de Islay – Arequipa, informó el director de la red de salud local, Walter Vera.

La víctima se trata de Victoriano Huayna Mina de 61 años, quien presentó una lesión en el miembro inferior derecho por perdigones, en una zona cercana a la ingle, según informe de la autoridad de salud.

Huayna Mina, llegó herido al puesto de salud local y luego fue transferido al hospital Juan José López Pari de la ciudad de Mollendo, donde falleció.

«La policía ha disparado, la gente ha encontrado casquillos de bala. Lamentablemente se han hecho las llamadas a las autoridades de Lima, pero nadie nos contesta», mencionó Elard Valencia, alcalde del distrito de Cocachacra, epicentro del conflicto, en declaraciones a la televisora N.

Al final de la tarde de noche se habla de más de 12 heridos en el Valle el Tambo entre los cuales 6 se encuentran actualmente hospitalizados por perdigones, bombas lacrimógenas, y se menciona del uso del uso de armas de fuego (balas) producto de la represión policial. Habría más heridos entre, pero lamentablemente muchos de ellos no acuden a los centros de atención por temor a ser detenidos por la policía la cual se encuentra ubicada en dichos lugares con ese fin.

Tras confirmarse el fallecimiento de Huayna Mina en Islay un grupo de manifestantes llegaron a la Plaza de Armas de la ciudad Arequipa para realizar una vigilia de apoyo a los familiares del fallecido y en rechazo al proyecto Tía María.

La población frente a la Basílica Catedral, llegaron con carteles y velas, donde se informa que seis mujeres, entre ellas, una joven, fueron agredidas por la Policía Nacional.

“Si la orden del Ministerio del Interior es no usar balas, ¿por qué el General Blanco no está cumpliéndolas? ¡Ni un muerto más! No se puede disparar a la población civil desarmada solo porque protestan”. Declaro Roció Silva Santisteban, Presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En la ciudad de Lima, jóvenes de diversas partes de la ciudad realizaron un plantón en la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno y en las puertas de la compañía minera Southern Perú, quienes también sufrieron de la represión policial.

Según información de una radio local de Valle de Tambo, se menciona que el poblador Juan José López Mamani se debate entre la vida y la muerte en sala de emergencia del hospital Honorio Delgado. Sus familiares informan que se encuentra en coma y hasta el momento no reacciona “una bala le habría ingresado por un costado del abdomen con perforación del hígado”.

En mayo de 2012 en la Provincia de Espinar tras el conflicto socio ambiental, se suscitaron graves hechos de violencia y criminalización de líderes y dirigentes. Hecho que género indignación de la población, debido a la prepotencia con la que actuaron la empresa minera Xstrata Tintaya y la Policía Nacional de parte del Estado.

El caso de Espinar continua vigente con los juicios seguidos a Oscar Mollohuanca, ex alcalde de la provincia de Espinar, Herbert Huamán presidente de la FUDIE – Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar y Sergio Huamani, integrante de la FUDIE y la FUCAE – Federación Única de Campesinos de Espinar. Los procesos judiciales evidencian la persecución a líderes sociales por parte del Estado y la criminalización de la protesta en especial en casos relacionados con la defensa del medio ambiente; Por otro lado se evidencio la relación de la policía con la empresa minera Xstrata Tintaya.

Respecto a esto último, se sabe que El ministerio público habría suscrito una serie de convenios entre la Policía Nacional del Perú  y el proyecto minero Xstrata Tintaya, información que ha sido reiteradamente solicitada por la defensa colegiada de los dirigentes actualmente enjuiciados, información que la Región Policial Sur Oriente hasta el momento se ha negado entregar.

En ese sentido, Derechos Humanos Sin Fronteras, institución que trabaja en torno al tema de la criminalización de la protesta y el cuidado y defensa del medio ambiente, entre otros temas, en amparo del Derecho a la Información Pública, ha presentado una Demanda de Habeas Data reiterando el pedido de los convenio suscritos o lo que hubieren entre las empresas Mineras y la Policía Nacional del Perú, entre los años 2010 – 2013 en la región Cusco al jefe de la Región Policial – Sur Oriente.

La audiencia de dicho pedido tendrá lugar el día miércoles 22 de abril en el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq al promediar las 12:30 pm, en la que se presentaran las motivaciones de la Demanda de Amparo y en la que además se deberá hacer presente los representantes legales de ambas partes implicadas, en este caso, Derechos Humanos sin Fronteras y La Región Policial Sur Oriente.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

Atravesando un paisaje lunar a través de las pampas de La Joya, en un camino de herradura, una se encuentra con una puerta: es la entrada al Proyecto Minero Tía María. Para pasar es necesario pedir permiso al vigilante de la empresa. No, no es agresivo como los de Yanacocha, simplemente apunta en un papel y deja pasar a los transeúntes. Más adelante 20 policías caminan bajo el tórrido sol con una especie de cascos con tapaorejas de tela. Sudados y sedientos. Nos miran alejarnos.

A los dos lados de esa pista afirmada vemos que hay piedritas puestas como si fueran pequeñas apachetas: no son dos, ni decenas, son miles de piedritas durante varios kilómetros. ¿Quién se ha tomado tremendo esfuerzo? Nos dicen que la empresa Southern se gana el “cariño” de la gente contratando a pobladores para poner, literalmente, piedras al costado de la vía. Un trabajo inútil, improductivo, pero de salario seductor. Sobre la siguiente curva vemos el cerro de cobre: ese será el tajo al que muchos temen y otros desean. Un par de vueltas más y la aridez se corta de porrazo: un valle hermoso, verde, impregnado de arroz y árboles frutales, salta a la vista. Desde hace cien años, agricultores y campesinos, le han ganado la batalla a pulso contra la tierra seca: granadas y membrillos que penden de los árboles imponen su presencia y su victoria.

Hoy el distrito de Cocachacra está concesionado al 108%, ¡¿cómo es posible?! Hay concesiones sobre concesiones producto del relajamiento del ordenamiento territorial durante el gobierno aprista. Hoy, para las empresas mineras es un derecho legítimo otorgado por el Estado peruano. En su carrera loca por conseguir inversiones como sea, el gobierno de AGP concesionó todo el valle del Tambo. Por eso, no se trata de cuestionar por cuestionar el proyecto sino por la posibilidad de la entrada de otras empresas.

Incluso, el tajo de Tía María no sería tan problemático si no incluyera el tajo La Tapada, cuyo perímetro de influencia llega casi a orillas del río. Se ha solucionado con el levantamiento de observaciones el problema del agua superficial con las posibilidades de desalinización del agua de mar (pequeño dolor de cabeza para los veraneantes de Mejía que también se oponen al proyecto), pero ¿y la contaminación de la napa freática en cada uno de los dos tajos? ¿por qué el Estado no acepta el pedido de los alcaldes y los miembros de las juntas de usuarios para que UNOPS revise si sus observaciones fueron levantadas o no con el segundo EIA?

El día jueves 16 de abril una misión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui y Cooperacción llegamos a Cocachacra invitados por su alcalde, Elard Valencia, con la finalidad de recoger información sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto. En el año 2011, durante su primera escalada, murieron tres personas por impactos de arma de fuego de la PNP y hoy hay decenas de heridos de perdigones o gases lacrimógenos. Sí, la gran diferencia entre usar balas y perdigones implica la vida de los seres humanos, felizmente eso lo sabe el actual ministro del Interior Pérez Guadalupe. Sin embargo las lágrimas que corrían por los rostros de esos agricultores trejos cuando nos narraban sus historias están vinculadas con el dolor moral: la indignación. “¡¿Por qué, doctorita, creen que somos ignorantes y nos dejamos arrastrar por cuatro dirigentes?, ¿por qué nos llaman terroristas antimineros?! Somos gente honrada que vive de la agricultura, y lo único que queremos es vivir en paz!”.

Mientras tanto el gerente de la Southern Copper que acusa a la población inocente de ser terroristas, Óscar González Rocha, es procesado por contaminación del aire y arrojar arsénico al mar de Ilo. ¿Quién es el delincuente?

 

Fuente: La República

La CNDDHH y las instituciones que conforman el Grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas expresamos nuestra preocupación sobre la delegación que ha aprobado el Poder Legislativo de  otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia administrativa, económica y financiera, específicamente, sobre nuevos procedimientos para desarrollar centrales de generación eléctrica, además de proponer la modificación de la Ley General de Minería. Estas modificaciones y proyectos podrían afectar derechos colectivos de las comunidades y los pueblos indígenas en general.

El gobierno del Presidente Ollanta Humala inició en el año 2013 una estrategia política-legal para reactivar la economía en base a privilegiar la inversión privada y pública, especialmente en infraestructura e industrias extractivas, como  factor fundamental del crecimiento económico por eso ha sancionado paquetes de normas y leyes “flexibilizadoras” que forman parte de esta estrategia.

En este escenario, el Congreso de la República viene cumpliendo el rol de facilitador, aprobando en forma expeditiva y sin un adecuado debate público, las normas propuestas por el Poder Ejecutivo. En este caso incluso a través de decretos supremos se modifican normas con rango de ley de forma inconstitucional. El resultado de estas medidas, además de la trasgresión a la Constitución, es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la reducción de los estándares de respeto a los derechos humanos, sociales, ambientales y, en particular, derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas. El mensaje gubernamental es que la inversión es prioritaria y debe promoverse a cualquier costo, aunque se vulneren derechos.

Una consecuencia de las normas que se vienen aprobando e implementando es la agudización de la conflictividad socioambiental que se expresa en 211 conflictos, de los cuales 142 (67%) son socio-ambientales; 107 protestas sociales, con manifestaciones muy críticas en Arequipa, Cajamarca, Loreto, Puno, Junín, Apurímac, Arequipa, entre otras zonas, mostrando  a falta de estrategia del Gobierno o de voluntad política para abordar los conflictos y darles una solución democrática. ¿Acaso no es posible promover el crecimiento y el desarrollo respetando los derechos de todas y todos y no únicamente los del inversionista?

¿A qué niveles de conflictividad podemos llegar si el gobierno continúa aprobando normas como el D.S. 054-2013-PCM sobre el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que la Corte Superior de Lima ha declarado inconstitucional por atentar contra el patrimonio arqueológico y los recursos naturales?

¿A qué nivel de conflictividad podemos llegar con normas como el D.S. 060-2013-PCM que establecía que las entidades públicas tienen un plazo no mayor a 30 días hábiles para otorgar sus opiniones y observaciones sobre un Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas? Asimismo el polémico D.S. 001-2015-MEM, redactado de manera más que dudosa, promueve que las decisiones fundamentales de enajenación de tierras de las comunidades sean aprobadas solo por la junta directiva y no por la asamblea comunal.

A estas normas del Ejecutivo, se suman las dos leyes promulgadas por el Congreso que disminuyen los estándares ambientales y afectan los derechos colectivos de las comunidades. Nos referimos a la Ley 30230 de julio de 2014 y a la Ley 30327 de mayo de 2015. La Ley 30230 debilita de manera considerable el funcionamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y su capacidad de sancionar, burocratiza y politiza decisiones técnicas como el establecimiento de Zonas Reservadas o la Política de Ordenamiento Territorial se dé por decreto supremo con el voto de todo el Consejo de Ministros, y establece procedimientos especiales de saneamiento físico legal para áreas de influencia de proyectos de inversión.

De otro lado, la Ley 30327, faculta a que, en tanto se implemente el SENACE, los sectores promotores de la inversión sean jueces y parte ya no solo en la promoción de actividades económicas sino también en su certificación ambiental y en el otorgamiento de los permisos asociados incluso los que no son de su sector. Esta ley permite que sobre los terrenos destinados a derechos de vía o servidumbre no puede otorgarse ningún título de propiedad ni emitir autorizaciones de ocupación, con lo cual se traba la titulación de comunidades y la formalización de la propiedad rural. Al afectar derechos colectivos de pueblos indígenas,  tanto la Ley 30230 como la 30327 son normas debieron ser sometidas a CONSULTA PREVIA, hecho que no sucedió.

La sociedad civil, entre quienes se encuentran los pueblos originarios y las diferentes comunidades del Perú, defendemos la legalidad por caminos democráticos y no violentos. A fin de frenar y responder a la estrategia político-legal e inconstitucional en curso, hemos presentado:

Una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, por debilitar los estándares de protección y la institucionalidad ambiental, no respetar los derechos de los pueblos indígenas y poner en serio peligro su derecho al territorio.
Una demanda de acción popular contra el DS 001-2015-EM,  por no respetar el derecho a la consulta previa, interferir en la autonomía de las comunidades campesinas y vulnerar el principio constitucional de jerarquía de normas.

La demanda de inconstitucionalidad se encuentra respaldada por más de 7 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas. Ambas cuentan con el apoyo solidario de miles de personas, redes y organizaciones sociales nacionales e internacionales. Invocamos a las autoridades, a la representación nacional y a la ciudadanía en general a reflexionar y vigilar hacia dónde nos conduce este camino sin control, de expedir y aprobar leyes inconsultas y parcializadas a favor de intereses privados que vulneran el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios.

Lima, 19 de junio de 2015

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos