El 25 de enero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, producto de una rotura en el tramo II del Oleoducto Nor Peruano operado por Petroperú S.A. Se derramaron casi 2,000 barriles que por las lluvias se esparcieron por todo el río Chiriaco, que es un importante afluente del río Marañón, afectando a ocho comunidades Awajun y casi 5000 personas.

Un nuevo derrame se produjo el 03 de febrero de 2016 en territorio de la comunidad Wampis de Muyuriaga en la cuenca del Morona, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto. El petróleo derramado a los cuerpos de agua es de casi 1,000 barriles. Este derrame ha afectado a diez comunidades y casi 3500 personas.

Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas exigimos que las entidades estatales competentes (OEFA y OSINERGMIN) emitan las medidas oportunas, tanto de remediación como de prevención y, de ser necesario, se inicie el proceso de fiscalización y sanción correspondiente. Aunque cabe indicar que cierta normativa emitida por el actual Congreso de la República, como la ley Nº 30230, ha reducido significativamente la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Los derrames ocurridos demuestran el descuido y la desidia del Estado peruano con respecto al mantenimiento de sus propias instalaciones estratégicas energéticas que atraviesan tramos importantes y altamente sensibles de la región amazónica y territorios de comunidades nativas, violando el derecho de los ciudadanos peruanos a conservar un ambiente sano y contar con garantías para su salud. Estos derrames se suman otros dos que en menos de dos años ocurrieron en el Oleoducto Nor Peruano que afectaron gravemente a las comunidades de Cuninico, San Francisco y San Pedro. En ese sentido, solicitamos la renovación del ducto ampliamente deteriorado, así como el establecimiento de una indemnización en favor de las comunidades nativas afectadas.

Demandamos que los Ministerios del Ambiente, Cultura y Salud asuman su deber de protección de la naturaleza y de la salud y vida de las comunidades nativas de la zona, y que Petroperú realice la pronta remediación de la zona afectada. Asimismo, exigimos la renuncia del presidente de Petroperú, Germán Velásquez, por sus lamentables declaraciones en las que ha afirmado que el derrame fue producto de la naturaleza y que ya tomaron las medidas respectivas. No obstante es notorio que han sido niños y ciudadanos de las comunidades afectadas quienes recogieron con sus propias manos el crudo derramado sin la debida protección. Por ello debe brindarse también la atención de salud que corresponde a una emergencia de éste tipo.

En vista que no son los primeros derrames de crudo del Oleoducto Nor Peruano, exigimos el cierre inmediato de esta instalación hasta que la misma se renueve o, al menos, reciba el mantenimiento necesario y se adopten todas las medidas de prevención posibles para evitar nuevos derrames. Por ello es que saludamos la reciente Resolución Directoral Nº 012-2016-OEFA/DS de fecha 15 de febrero de 2016, mediante la cual el OEFA ordena como medida preventiva que Perupetro otorgue, respecto a los tramos I y II del ramal Norte del Oleoducto Nor peruano, el mantenimiento efectivo, inmediato e integral de las partes del ducto que no han sufrido deterioro severo y el reemplazo del ducto de aquellas secciones que han sufrido deterioro severo. Lo que a esta resolución de OEFA le faltó es ordenar la inmediata paralización del bombeo de petróleo hasta que Petroperú realice el mantenimiento y el reemplazo del ducto (o al menos establecer un plazo máximo para que OEFA realice las acciones que se le ordenan).

Asimismo, reconocemos los esfuerzos y alertas de las comunidades nativas afectadas y sus organizaciones representativas de CORPI SL, ORPIAN-P y AIDESEP que denunciaron estos hechos y están en la zona atendiendo la grave situación, por lo que respaldamos sus demandas.

febrero, 2016

 

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

CON CARTA DE LA CIUDADANÍA

OXFAM en Perú lanzó una petición digital para que todos los peruanos y peruanas pidan a los candidatos/as que defiendan nuestro medio ambiente, a través del fortalecimiento de las instituciones medioambientales del Estado. De igual modo, este petitorio exige una mejor implementación y cumplimiento de la Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, quienes son los más afectados con la debilidad de la fiscalización ambiental que ejerce Estado, en favor de la inversión.

“Pedimos a los candidatos y candidatas a la presidencia y congreso de la república del Perú que se comprometan a fortalecer y mejorar la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas; y a fortalecer el Ministerio del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) y el Ministerio de Cultura, como bases fundamentales de la institucionalidad medioambiental”, es uno de los principales pedidos ciudadanos.

Asimismo, la petición de la ciudadanía insta a la reflexión a los partidos políticos en contienda, sobre las muertes causadas por los estallidos de conflictos sociales que se suscitan por la lucha por el uso y control de nuestros recursos naturales. Es por ello, que la petición contempla la protección del derecho a consulta previa, libre e informada, así como anteponer las personas, antes que a la economía.

«Nos preocupan las constantes presiones de algunos intereses económicos por eliminar la consulta previa; y por los graves impactos que tienen ciertas leyes “pro-inversión”, debilitando las instituciones medioambientales. Mientras muchos gobiernos mejoran sus políticas ambientales, el Perú va en sentido contrario», indica parte de la carta.

En ese sentido, la iniciativa de OXFAM y de la ciudadanía firmante, también llama a la reflexión acerca de la presión que el gobierno recibe por parte de las empresas minerías, petroleras y agronegocios que por buscar mayores mercados para explotar, exigen reducir los controles socio-ambientales, afectando nuestros derechos para proteger nuestros territorios y formas de vida.

Ello se refleja en la promulgación de leyes “pro-inversión”, conocidas como “paquetazos ambientales”.

“El Perú no puede ir para atrás cuando muchos países avanzan en sus políticas para defender su medio ambiente. No queremos crecimiento económico a costa de nuestros ríos, biodiversidad, alimentos, e incluso nuestra salud. Fortalezcamos el cumplimiento de las normas e instituciones ambientales y de Consulta Previa para poder seguir creciendo en una sociedad equitativa, sostenible e inclusiva”, se exhorta a los candidatos y a los votantes.

OXFAM Perú y RED MUQUI te invita a firma ahora y compartir la iniciativa con tus contactos: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente.

 

Foto: OXFAM

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, RED MUQUI, DEMUS el Colectivo Alfombra Roja, el Colectivo Nadienospaga y el Bloque Hiphop, han convocado a un plantón de protesta en solidaridad con Máxima Acuña y su familia, quienes desde hace meses vienen sufriendo hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha.

La acción está programa para este martes 16 de febrero desde las 4 y 30 de la tarde. El objetivo como Sociedad Civil, es que desde el espacio ciudadano, se visibilice y denuncie la hostilidad que Yanacocha utiliza como medio para obtener los terrenos de los Chaupe Acuña para la actividad extractiva del proyecto minero Conga.

Para ello, la CNDDHH, ofrecerá una conferencia de prensa para hacer públicos estos hechos, informar los últimos pormenores del caso y también denunciar el hostigamiento a los defensores del medio ambiente en Cajamarca, además de invitar a la prensa a participar en el plantón.

Por la tarde, diferentes colectivos ciudadanos y ONG defensoras de derechos humanos, la mujer, y el ambiente, realizarán una vigilia a las afueras de las oficinas de Yanacocha en Lima. Como parte de las intervenciones, se realizará una Alfombra Roja humana y se tenderá una tela larga donde se le escribirán mensajes de solidaridad a la familia de Máxima, la misma que les será entregada por el Bloque Hiphop. Además la vigilia estará acompañada de música, pancartas y velas.

De forma paralela, este plantón se realizará en otras ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Cajamarca.

Para participar en esta intervención, ingrese a: on.fb.me/1Xisr8C

Desde hace 4 años, la familia Chaupe Acuña sufre una serie de atentados en su propiedad, sin embargo, la empresa Yanacocha ha intensificado los hostigamientos con invasiones, destrucción de cultivos, ataques a mascotas y hasta el acecho aéreo con una dron. Pese a esta situación, el Estado peruano permanece indiferente, pese a las denuncias que la defensa de Máxima Chaupe ha presentado ante la Fiscalía de Cajamarca.

Respaldo internacional

Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitaron una intervención URGENTE sobre este caso.

Algunas de las medidas que exhorta al Estado peruano es garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Acuña, de su familia; asimismo, recomiendan llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos acaecidos, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

“El Observatorio condena de forma contundente los ataques en contra de la Sra. Acuña y su familia y exhorta a las autoridades de Perú a investigar, a la mayor brevedad posible, los hechos denunciados, para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia, algo que hasta este momento no ha sucedido con relación a ninguno de los ataques”, indicaron en un comunicado.

Estos ataques están relacionados con la disputa que la Sra. Acuña tiene desde hace varios años con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó en última instancia que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como argumentaba la empresa. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

Foto: Diseño RED MUQUI

Amnistía internacional viene recogiendo firmas para firmar una carta de petición dirigida al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde; en la misiva cada ciudadano -con su nombre, D.N.I. y correo electrónico- podrá pedirle a dichas autoridades que se ocupen del caso de Máxima Chaupe e intervengan ante el hostigamiento, que ella y su familia sufren por parte de la minera Yanacocha, empresa que reclama como suyos los terrenos de esta familia campesina.

FIRMA AQUÍ

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia en el norte de Perú, han denunciado nuevos actos de intimidación y acoso perpetrados contra ellos, en esta ocasión por personal de seguridad de una empresa minera. Mantienen una disputa legal con la empresa minera por la propiedad de unas tierras en las que viven. Creen que los continuos actos de acoso e intimidación que sufren son un intento de obligarlos a marcharse.

Según organizaciones locales de derechos humanos, a las nueve y media de la mañana del 2 de febrero, personal de seguridad armado de la empresa minera Yanacocha entró en la tierra en la que Máxima Acuña y su familia ha vivido durante más de 20 años y destruyó el cultivo de papas que mantenían para su propio consumo. La familia denunció el incidente ante el Ministerio Público.

Dos días antes, el perro de la familia había sido hallado vivo pero con una herida de arma blanca en el cuello.

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, llevan años manteniendo una disputa con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como alegaba la empresa. La empresa minera impugnó la decisión, y el 9 de marzo de 2015 la Corte Suprema confirmó la primera sentencia de absolución. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Durante los últimos años, la familia Acuña ha denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía y de personal de seguridad privado de la empresa minera Yanacocha, que, según afirma la familia, intenta expulsarla de sus tierras. El 3 de febrero de 2015, el abogado de Máxima Acuña dijo a la prensa que al menos 200 policías habían entrado en las tierras de la familia y habían demolido una ampliación que Máxima estaba construyendo en su casa. Máxima Acuña y su familia describieron que estaban construyendo la ampliación para apoyar la estructura de su casa actual contra la lluvia.

El 20 de enero de 2015, Máxima Acuña y su familia denunciaron estar sufriendo acoso e intimidación por parte de la policía en su casa. Unos días después, el abogado de Máxima Acuña dijo a Amnistía Internacional que más de 15 policías y guardias de seguridad privada habían entrado en las tierras de la familia y habían empezado a tomar fotografías de la casa. Cuando la familia preguntó a los policías por qué estaban en su propiedad, ninguno respondió, y tampoco mostraron documentos legales que respaldaran sus acciones. El 30 de enero de 2014, Máxima Acuña recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo: “sal de tu propiedad, si no vas a morir”. Poco después de la llamada, dos policías se acercaron a ella y le dijeron que dejara de cultivar la tierra, porque no le pertenecía. Según afirman ella y su hija, cuando ambas regresaron a casa dos policías, uno de ellos armado, entraron en la casa y les dijeron que dejaran de cultivar y que abandonaran las tierras inmediatamente. Los policías se marcharon después de que Máxima Acuña hiciera varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, pero regresaron a su propiedad el 4 de febrero de 2014 para intimidarla de nuevo.

 

Carta de petición:

Sr. José Luis Pérez Guadalupe

Ministro del Interior

Sr. Pablo Sánchez Velarde

Fiscal de la Nación Señor Ministro,

Señor Fiscal, Señor Ministro.

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por el caso de Máxima Acuña y su familia. Según organizaciones locales de derechos humanos, el día 2 de febrero, personal de seguridad armado de la empresa minera Yanacocha entró en la tierra en la que Máxima Acuña y su familia ha vivido durante más de 20 años y destruyó el cultivo de patatas que mantenían para su propio consumo.

Le recuerdo que: – Se debe proteger a Máxima Acuña y a su familia frente a cualquier acto de intimidación, conforme a los deseos de la propia familia, y deben respetar sus derechos humanos en todo momento, incluido su derecho a la parcela en la que viven. – Me preocupa que Máxima Acuña y su familia han sido objeto de una campaña de intimidación y acoso por miembros de la policía y del personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha y que, hasta ahora, ninguno ha comparecido ante la justicia – Además le pido ordenar un investigación exhaustiva e imparcial de sus denuncias de destrucción de cultivos y a llevar a los responsables ante la justicia.

Fuente: Amnistía Perú

Foto: Captura página web Amnistía Perú

  • Ministerio de Economía y Energía (BMWI) de Alemania se informó sobre situación social del sector minero peruano

Funcionarios del Ministerio de Economía y Energía (BMWI) recibieron a los representantes de la sociedad civil alemana y peruana, el pasado 12 de enero en Berlín, para tratar las implicancias del Convenio de Cooperación en el ámbito de materias primas, industria y tecnología entre los gobiernos de Alemania y Perú, firmado en julio de 2014.

El gobierno alemán comentó que desde que se suscribió el convenio, no ha habido ninguna reunión oficial intergubernamental entre Perú y Alemania. Sin embargo, informó que un primer encuentro está programado para este 23 de febrero, días antes de la conferencia mundial sobre la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).

Es por ello que funcionarios de este país mostraron su interés en escuchar las propuestas y preocupaciones de la sociedad civil, y así poder tratar estos temas con el gobierno peruano.

En dicho encuentro, RED MUQUI –como parte de la sociedad civil peruana– planteó su preocupación en cuanto al abastecimiento de minerales para la industria alemana desde el Perú.

Asimismo, expuso los problemas existentes del sector minero en Perú en lo que se refiere a la conflictividad socioambiental, a causa de: la falta de mecanismos de prevención por parte del Estado; la desregulación ambiental y de la propiedad comunal a través de los paquetazos normativos; la poca participación ciudadana al inicio de grandes proyectos extractivos; la implementación deficiente de la Ley de consulta previa; la falta de transparencia en la información de las empresas mineras (aunque Perú es un país que impulsa el EITI), y las violaciones a los derechos humanos que se han venido suscitando tras el estallido de ciertos conflictos mineros.

De igual modo, las organizaciones de la sociedad civil alemana y peruana hicieron una serie de recomendaciones:

  • Efectiva prevención de conflictos, con especial atención al respeto de los derechos humanos y ambientales.
  • Elaboración e implementación de una ley de Ordenamiento Territorial.
  • Apoyo en la remediación y sanación de pasivos ambientales, al igual que atención de salud especializada para los afectados por contaminación por metales pesados.
  • Apoyo en el manejo adecuado de los recursos hídricos (calidad y cantidad).
  • Apoyo, a través de las agencias de cooperación alemanas, en el fortalecimiento de las instituciones que se ocupan del medio ambiente (MINAM, OEFA, SENACE).

Estos puntos fueron planteados de acuerdo a la naturaleza del Convenio de Cooperación Perú-Alemania, cuyo principal beneficio para el Perú, es recibir apoyo en tecnología para mejorar la actividad minera -a cambio de importaciones de cobre y zinc- sin que ello implique necesariamente una mejora directa para las comunidades y poblaciones que habitan en zonas de influencia minera.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil y el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, sugirieron una reunión entre los representantes de los gobiernos y de la sociedad civil de ambos países para que conozcan más detalles del Convenio Minero, y puedan debatir sobre la mejor forma de su implementación.

DATOS (Fuente CooperAcción):

  • Alemania es el principal importador del Cobre y Zinc proveniente del Perú
  • Entre los años 2001 y 2013, Perú fue el principal abastecedor de cobre en concentrados, de Alemania.
  • 48.3% de la importación de maquinarias provienen de Alemania.
  • Alemania es el sétimo país destino de las exportaciones de metales y minerales del Perú.

Lee también: Acusan falta de transparencia en convenio minero Perú-Alemania (SERVINDI)

 

Foto: ICNdiario

CON NUEVO ATENTADO

En lo que va de este año, trabajadores de la empresa minera Yanacocha han irrumpido dos veces en la propiedad de Máxima Acuña de Chaupe, para amedrentar a su segundo hijo, Daniel, quien vive solo en su propiedad de Tragadero Grande (comunidad campesina de Sorochuco de Celendín Cajamarca), predio que Yanacocha reclama como suya.

Esta vez, alrededor de 150 hombres ingresaron a la propiedad de la familia Chaupe Acuña y destruyeron los cultivos de papa que Daniel iba a cosechar en dos meses.

Este nuevo hostigamiento, ocurrió apenas cuatro días después de que su perro guardián y mascota, fuese encontrado herido. El sábado 30 de enero, muy temprano en la mañana, Daniel se había alejado de su casa para alimentar a sus ovejas y ayudar a su vecino con sus actividades agrícolas. Al volver (4 de la tarde) su perro Cholito, tenía un profundo corte de 10 centímetros en el pescuezo.

Precisamente este martes 2 de febrero último, el hijo de Máxima Acuña pudo comprobar quienes se habían ensañado con su mascota; al promediar las 10 de la mañana, Daniel observó cómo es que alrededor de 150 hombres, entre policías y agentes de seguridad privada de la empresa Yanacocha, destruyeron su sembrío y sacaban sus papas 2 meses antes de la cosecha. Cuando Daniel Chaupe exigió explicaciones, solo recibió risas y amenazas: “Ya ves lo que hemos hecho con tu perro, ahora con tu sembrío, mañana te toca a ti”.

Al tratar de registrar este nuevo atropello con su teléfono celular, algunos de estos hombres persiguieron a Daniel, sin embargo, él logro escapar y denunciar este hecho a través de las redes sociales.

“Mi perrito llamado Cholito es pastor de mis ovejas y guardián de nosotros (…) este animalito me ha salvado de la muerte de muchas oportunidades cuando la empresa minera me perseguían a matarme y él nos alertaba y en las noches cuando querían entrar a mi casa él no les dejaban que se acerquen”, publicó en su cuenta personal de Facebook.

Este tipo de hostigamiento, ocurre justo cuando Daniel cumple 25 años. Aun así, amigos de la familia llevaron a su perro Cholito a un veterinario en Cajamarca para tratar la herida que estaba muy infectada.

Daniel comentó que desde hace unos meses, viene siendo espiado con drones y cámaras de vigilancia. De esta manera se aseguran de atentar contra su hogar cuando él no está en casa, indicó.

Por su parte, Mirtha Vásquez, abogada defensora de Máxima Acuña de Chaupe, explicó que la minera se ampara en la Ley N° 30230 para invadir constantemente el terreno de los Acuña Chaupe, predio que la empresa reclama como suyo.

«Con la Ley 30230 se modificó la figura del derecho de ‘defensa posesoria’, lo que antes significaba que una persona que posee un terreno tiene un derecho ganado aunque no sea propietaria, ahora lo puede hacer un propietario que no se encuentra en su terreno», explicó.

En ese sentido, la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) comentó que bajo esta figura legal –modificada- la empresa minera Yanacocha hace valer sus “derechos de propietario” para invadir las tierras de Máxima Chaupe. “Así han cambiado la ley para que encaje en este de casos. La minera entra porque considera que es su propiedad y según ellos están ejerciendo su defensa”, agregó.

De igual modo, Vásquez Chuquilin aseguró que se han presentado denuncias, pero la fiscalía del sector no resuelve ninguna, hasta el momento.

 

Fotos: CATAPA / Facebook de Daniel Chaupe / Dariem Charles

  • Señala informa anual sobre comunidades indígenas que la Sociedad Civil envía a la OIT
  • Partidos políticos fueron informados sobre agenda indígena pendiente

Otros temas son criminalización de la protesta, cambio climático, salud y educación intercultural y mujer indígena
La necesidad de saneamiento físico legal y titulación de las tierras, así como la efectiva aplicación de la ‪Consulta Previa en comunidades campesinas y nativas, siguen siendo pendientes y de cumplimiento por parte del Estado, así lo indica la última versión del Informe Alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Por octavo año consecutivo, las Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (al que pertenece RED MUQUI) han recopilado este reporte incluye eventos, procesos y desarrollos jurídicos que han tenido lugar entre julio de 2013 y junio de 2015.

El documento de 90 páginas forma parte del informe que se envía a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que revisa el grado de cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo. En esta ocasión también fue presentado y entregado a los representantes de partidos políticos quienes también hablaron de su propuestas de gobierno.

VER PROPUESTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS

En ese sentido, Jorge Bracamonte, director ejecutivo de la CNDDHH, remarcó el objetivo de tener un diálogo profundo sobre lo que cada agrupación hará, de llegar a gobernar.

La presentación del informe comenzó con la exposición de la agenda indígena nacional a cargo de Ketty Macedo, presidente del Pacto de Unidad (que agrupa a la mayoría de organizaciones indígenas del Perú).

Luego, la presentación de los temas sobre derechos pendientes y de mayor vulneración en el año 2015, estuvo a cargo de Javier Jahncke (Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI), Richard Smith (Director Ejecutivo del Instituto del Bien Común) y Richard O’Diana (Abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP).

Al referirse a consulta previa en minería, Javier Jahncke, señaló que hasta la fecha solo hay tres procesos culminados (Apurímac, Cusco y Ancash), los cuales se han dado en la etapa final de aprobación de los proyectos. En ese sentido el representante de la RED MUQUI recalcó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recién realiza la consulta, de manera informativa, y en la etapa de la resolución de inicio de actividades.

Por su parte, Richard Smith se refirió como es que los textos de las leyes (30230 Y 30327) han ido cambiando en desmedro de la territorialidad de las comunidades indígenas en el Perú. Smith explica cómo es que, a través de decretos supremos, el gobierno de Ollanta Humala ha venido invisibilizando a los pueblos indígenas, a lo que se suma la falta de una cifra oficial de número de comunidades y titulación de tierras.

A su turno, Richard O’Diana señaló que no basta con que el Gobierno diga que existen 21 procesos de consulta previa culminados, de un total de 30 iniciados, ya que estos han concluido sus procesos de diálogo, pero «no han culminado oficialmente, la consulta termina con la promulgación de una medida, una medida que es la que se consulta», precisó.

DESCARGAR INFORME

 

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Servindi

Fotos: RED MUQUI

  • Carta de solidaridad viene circulando entre ciudadanía con este pedido

Ciudadanos independientes y actores de la Sociedad Civil vienen promoviendo una carta de solidaridad con el abogado Juan Carlos Ruiz y el doctor Fernando Osores quienes han sido denunciados penalmente por el Ministerio de Salud (Minsa) luego de que ambos profesionales sacaran a la luz el caso de las comunidades campesinas contaminadas en Espinar.

En esta carta dirigida al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, los firmantes exhortan a que se deje sin efecto la denuncia contra Ruiz y Osores, y más bien se tomen medidas urgentes para atender y asegurar la salud de los ciudadanos de Espinar.

LEER CARTA

Si desea firmar a nombre propio o institucional, puede enviar un correo a:  [email protected] (Wilfredo Ardito).

Lo que alega el Estado

El Minsa, se ha centrado en el caso específico de Margarita Cahuana, comunera de Espinar que falleció el año pasado con cáncer de riñón y presentaba altos niveles de contaminación por metales pesados en la sangre. Y a quien pretender desconocer como parte del grupo de comunidades atendidas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas).

Es así que Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el médico especialista enfermedades infeccionas y tropicales, Fernando Osores, por haber utilizado –presuntamente- documentación falsa para denunciar el caso de la señora Ccahuana.

El Procurador Público Luis Valdez, indica que el Censopas –entidad que en el 2010 recogió muestras de sangre y orina en la comunidad de Huano Huano– nunca sacó análisis a Margarita Ccahuana, por tanto el documento publicado en el portal de Justicia Viva de IDL, por Ruiz y Osores, lo señala como falso. También alega que dicho documento no lleva la firma ni el sello de la Coordinadora del Laboratorio Químico Toxicológico.

En respuesta, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores alegaron que el certificado les fue entregado por el hijo de Margarita Ccahuana, y tiene el mismo formato de los que Censopas entregó a los comuneros tres años después del examen, sin firma ni sello, tal como lo comprobó Defensoría del Pueblo en diciembre del 2014, tras la denuncia del doctor Osores quien formó parte del equipo del Censopas en aquella época.

VIDEO DE OSORES

Pese a la insistencia del Minsa, en señalar que Margarita Ccahuana Córdova no fue parte del grupo del que se obtuvieron muestras de sangre alguna por exposición a metales pesados, los familiares de la comunera fallecida aseveran lo contrario y muestran el documento con los resultados positivos de la prueba que el Censopas realizó en el año 2010.

El Informe de ensayo N° 100/10 se titula «Estudio de línea de base a las comunidades aledañas al proyecto minero Quechua Huano Huano». Pertenece a Margarita Ccahuana y lleva el sello del INS. La fecha corresponde al 31 de enero del año 2011.

Tras expresar su apoyo a Ruiz y Osores, através de un pronunciamiento la RED MUQUI exhortó al Estado a preocuparse por tomar medidas de salud inmediatas para que las personas ya afectadas por cáncer, producto de metales pesados, tengan una muerte digna; que los enfermos puedan tener una mejor calidad de vida, y en especial atender el cáncer que padecen 5 niños en las comunidades de Espinar.

“Exigimos que se active el presupuesto para ejecutar los planes de atención de salud de las personas afectadas por la contaminación en Espinar (Cusco), y que se efectúe la remediación respectiva de los pasivos e impactos ambientales generados por la actividad minera, para eliminar los focos de contaminación que producen los problemas sanitarios”, indicó RED MUQUI.

VIDEO DE LA SITUACIÓN EN PACPACCO

CASO MARGARITA CCAHUANA

  • Margarita Ccahuana Córdova fue comunera de Alto Huancané (sector Pacpacco, Espinar, Cusco)
  • Según los propios exámenes que le fueron practicados por el Censopas, Margarita tenía 95.0 microgramos de plomo por decilitro de sangre y 129.97 microgramos de arsénico por gramo de creatinina en orina. En ambos casos, el mínimo permisible es 20.
  • El Instituto Nacional de Salud (INS), del que forma parte Censopas, no entregó a Margarita ni a los demás comuneros de Alto Huancané los resultados de las pruebas.
  • Tres años después  el médico Fernando Osores –entonces miembro del equipo del Censopas- denunció el caso ante la Defensoría del Pueblo, y ahí recién ahí los comuneros conocieron sus resultados.
  • El 8 de mayo del año pasado, Margarita Ccahuana falleció de cáncer a los riñones en el hospital Goyeneche de Arequipa.
  • En el certificado de defunción de Margarita se agregó: intoxicación crónica por arsénico y cadmio.

DATOS:

  • Desde 2010 comunidades de Espinar tienen presencia de metales pesados por encima de LMP
  • Hay dos planes de atención uno por MINSA y otra. Presupuesto de atención de hay.
  • OEFA ha solicitado a Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) la base de la contaminación, pero ello demora dos años.
  • Comunidad de Huinipampa es la más afectada y tiene 6 dirigentes con 6 meses de prisión preventiva. También van a procesar a Comunidad de Huiza.
  • En la demanda de Cumplimiento de IDL sobre Espinar, está pendiente declarar la Emergencia Sanitaria por presencia de metales pesados. Actualmente esta se reduce solo a infecciones.

Foto: Diario La República

ACUERDO EN CHUMBIVILCAS

  • Ese día recién se acordarán  puntos de la agenda de trabajo entre pobladores, la minera HudBay y el MEM
  • Pobladores exigen información sobre modificaciones que se realizó al EIA del proyecto Constancia

Las organizaciones sociales y autoridades de Velille (Chumbivilcas, Cusco) acordaron que el 17 de febrero se llevará a cabo la próxima reunión de diálogo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y los funcionarios de la empresa minera HudBay que opera en la zona a través del proyecto Constancia

En esta sesión se aprobará el reglamento interno de la Mesa de Diálogo, la agenda de trabajo y la acreditación de los representantes de las partes. En el encuentro con los funcionarios del MEM y HudBay, los dirigentes comunales y las autoridades locales, dejaron en claro que esperan que esta no sea una mesa de diálogo más y que finalmente se logren acuerdos que tomen en cuenta las demandas de la población y sean adecuadamente implementados.

En la reunión del 27 de enero, también estuvieron los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) además del MEM y HudBay; el encuentro se inició en presencia de la Fiscalía de Prevención de Delitos de Chumbivilcas, en el sector de Maranniyuq, y luego se trasladó al colegio Juan de Dios Valencia en Velille. Tras un intenso intercambio entre los representantes de cada sector, se tomó el acuerdo de iniciar el proceso de diálogo.

Las organizaciones sociales del distrito de Velille iniciaron un paro de 72 horas el lunes 25 de enero, el cual fue contundente al movilizar más de 6 mil pobladores incluyendo a representantes de Livitaca. Aunque la Dirección Regional de la Policía envió un gran contingente de efectivos, y sin no hubo ningún enfrentamiento de por medio, así como tampoco denunciados o detenidos.

Recién en el tercer día de movilización hacia el campamento minero del proyecto Constancia, se pudo instalar un nuevo proceso de diálogo, con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la empresa minera, así como de los gobiernos locales y dirigentes sociales.

De esta manera se levantó el paro de 72 horas que había sido acordado por asamblea popular el 10 de enero último.

Los reclamos

– Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

– Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

– Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, así como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

– Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras / Tomate Colectivo