La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, afirmó que el proyecto de cobre y plata Tía María «ha tenido un manejo muy cuestionable». No obstante, consideró que sería una decisión apresurada su cancelación.

Así se pronunció Osorio luego que el director de Relaciones Institucionales de Southern, Julio Morriberón, hiciera el polémico anuncio la mañana de este viernes.

«Sería una decisión bastante apresurada porque hace una semana, en compañía de tres ministros de Estado, fue instalada una mesa de desarrollo para la provincia de Islay que ha tenido precedentes positivos», comentó la autoridad en entrevista con RPP Noticias.

Dijo que esperará el pronunciamiento oficial del presidente del directorio de Southern, Oscar Gonzales Rocha, quien según la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortíz, rectificará la versión dada por el vocero de la empresa.

«Somos partidarios de promover la inversión privada responsable en las mejores condiciones. Yo creo que el proyecto ha tenido un manejo muy cuestionable, por eso los problemas que hoy existen en la provincia de Islay, y la mesa de desarrollo es una oportunidad clara para poder explicar los alcances del proyecto», manifestó.

Osorio reconoció que Tía María es un proyecto de «trascendencia», pues implica más de 1.400 millones de dólares de inversión que puede aumentar el incremento de recursos del canon y otras oportunidades.

 

Fuente: RPP

Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la empresa Southern Perú confirmó que el proyecto Tía María en Islay (Arequipa), no va más.

«Después de evaluar la total politización en el valle y la falta de decisión de las autoridades competentes, es por eso que estoy aquí. A partir de lo que he conversado con la empresa se decidió dejar el proyecto Tía María. No vamos a caer en las provocaciones de terroristas antimineros», dijo.

Morriberón explicó que los motivos de esta determinación fueron: la llegada del ‘terrorismo antiminero’ y la paralisis del Estado en su rol de promover las inversiones y dar las garantías necesarias.

Asimismo lamentó esta decisión porque el proyecto Tía María era considerada por los empresarios como la locomotora del desarrollo del sur, «porque a partir de eso se realizarían más proyectos», dijo .

El funcionario explicó que se intentó de todo para salvar al proyecto pero los grupos antiminero frustraron el diálogo, reveló que incluso se planteo hacer mesas de negociaciones donde iban a ofrecer un millón de soles para la comunidad.

Este proyecto de US$ 1.200 millones, se encontraba paralizado por más de dos años por falta de acuerdo con las comunidades locales, estaba diseñado para producir 120 mil toneladas anuales de cátodos de cobre.

 

Fuente: Radío Yaraví – Arequipa

En el cuarto día del paro indefinido contra Tía María en la provincia de Islay, Arequipa, miles de manifestantes se aprestaron a marchar con dirección El pueblo de El Fiscal se localiza en el distrito de Cocachacra .

El Diario Sin fronteras busco desinformar a la población mencionando que la CGTP ISLAY iba a realizar una contramarcha contra los antimineros, fue el mismo Sindicato de Construcción Civil de la Provincia quien desmintió al Diario y dijo que no harían ninguna marcha contra el paro indefinido de los pueblos del Valle de Tambo y por el contrario rechazan la represión policial contra los hermanos del valle de Tambo y exigiendo la solución inmediata por parte del Estado a este problema.

En la ciudad de Arequipa, el Ing. Otto Hito Urquizo, emitió un pronunciamiento en la Plaza de Armas y visitó los medios de comunicación de la ciudad explicando las razones técnicas del porque el Valle de Tambo puede verse afectado por el Proyecto Tía María.

Por su parte, el Frente Amplio de Defensa Social de los Intereses de Tacna expresó su solidaridad con la lucha del pueblo del Valle de Tambo, entregando un pronunciamiento en que expresa su “total respaldo al heroico pueblo del valle de Tambo que vienen exigiendo desde el año 2008 que la minera SOUTHERN se retire definitivamente de este valle.” En el documento demanda el retiro definitivo de la Southern Proyecto Tia Maria, el retiro de la ampliación de la minera MINSUR y de la Concentradora de Toquepala. Por todo, demanda una nueva Constitución Política del Perú.

__________________________________

 

RED MUQUI

Dirección: Av. República de Chile 641, Jesús María
Telefono: 3326525 – 975464754
Correo: [email protected]

Para mañana viernes 27 de marzo del presente año, las organizaciones sociales representativas de la provincia de Espinar; FUCAE, FUJEK, AUPE y organización de mujeres, convocan a un paro preventivo de 24 horas. Frente a esta convocatoria Roger Huillca, presidente de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar – FUCAE, anuncio que la movilización es en respuesta a las “mecidas” del gobierno central contra las demandas del pueblo K’ana.

El presidente de la FUCAE señalo que desde el 2013, año en el que se instaló la Mesa de Dialogo en la provincia, no se dieron los resultados esperados por la población, al contrario se evidencio la decidía del gobierno central por apoyar a la empresa minera, esto debido a que los funcionarios representantes incumplieron con plazos y demás promesas hechas en esta Mesa de Dialogo.

Entre las demandas de esta medida de lucha, se destaca: la implementación de acciones preventivas de salud, el pedido de identificación de los focos de contaminación que afectan a la población y la realización de un nuevo Convenio Marco con la empresa minera Antapaccay.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

EXIGIMOS  JUSTICIA Y VERDAD EN EL ASESINATO DE ALBERTO ROQUE CCONISLLA, ALCALDE DEL DISTRITO DE MARA-APURIMAC

Frente a los lamentables hechos ocurridos el pasado miércoles 18 de marzo en horas de la madrugada  en la ruta Cusco- Mara donde fue asesinado el alcalde del Distrito de Mara Alberto Roque Cconislla, las organizaciones de la sociedad civil expresamos:

Primero: Alberto Roque Cconislla (35), de la Comunidad de Yuricancha, fue un líder y dirigente de base del distrito de Mara, que con empeño y perseverancia llego al sillón municipal.  Fue Presidente de la mancomunidad de la Cuenca del río Santo Tomás (AMSAT), es decir él construyo desde sus bases comunales el liderazgo y su posterior carrera política en el distrito de Mara. Estaba al inicio de una gestión que pretendía ser transparente y promotor de los intereses de la población campesina de la localidad.

Segundo: Consideramos que las circunstancias del asesinato no corresponden a un asalto común, si no parecen indicar un acto pre-meditado, que probablemente tendría relación con el recientemente asumido cargo de alcalde de Mara, y con los objetivos trazados por esta gestión. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y el pueblo de Mara.

Tercero: Exigimos al Ministerio Público que en el marco de sus funciones  desempeñe una investigación profunda velando por el derecho a la verdad y justicia que sus familiares y el pueblo de Mara demandan. Es preciso que se identifique y sancione a los responsables de este asesinato y no se generen condiciones de impunidad. En la provincia de Cotabambas, en los últimos tres años se han presentado, según lo afirman sus pobladores muertes no esclarecidas, razón por la que los niveles de desconfianza hacia el Sistema de Administración de Justicia esta presente  en la población. Es urgente que el Poder Judicial, Ministerio  Público, Policía Nacional y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establezcan coordinaciones y su presencia garantice un real acceso a la justicia a favor de toda la población.

Cuarto: Demandamos a las autoridades competentes, especialmente al Ministro de Justicia, a fin de que velen por  las necesidades inmediatas y de largo plazo a favor de  la familia del Alcalde Alberto Roque, particularmente de su esposa y  sus 03 hijos menores. Al ser víctimas directas, se debe garantizar que gocen  plenamente de los derechos como a la salud, educación, vivienda y otros.

Quinto: Exhortamos a las autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales garanticen la paz social, democracia y justicia en la región de Apurímac, especialmente en la provincia de Cotabambas, frente a un escenario donde la conflictividad y violencia se han profundizado dramáticamente  en los últimos años, sumado al gran  porcentaje de territorio concesionado a la actividad minera y el inicio de proyectos mineros de envergadura. El Estado Peruano debe cumplir su responsabilidad de garante de derechos, canalizando los conflictos institucionalmente y resolviendo las demandas de las poblaciones locales.
Sexto: Es necesario que en este escenario de violencia y conflictividad latente en la zona, se garantice mecanismos de participación ciudadana eficaces frente a las autoridades locales, funcionarios públicos, así como  a los actores privados presentes en la zona como son las empresas mineras, con el fin de generar relaciones de transparencia y diálogo. Ello requiere el respaldo y acompañamiento de los diferentes niveles del Estado. Sin ello es probable que el aumento de la conflictividad y violencia continúen.

El asesinato del alcalde de Mara, Alberto Roque Cconislla, no debe quedar impune y debe al menos motivar políticas adecuadas ante el escenario difícil que la región de Apurímac esta viviendo. El desarrollo de sus pueblos  debe garantizar el pleno acceso a la justicia de todos sus ciudadanos sin discriminación alguna, ello significa la posibilidad de los pueblos a decidir sobre sus territorios y recursos naturales como parte de su futuro, así como el  acceso a los beneficios que se genere.

Cusco- Apurímac,  26 de marzo del 2015.

Firman:

VIUDA E HIJOS DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE MARA.
SRA. VICTORIA HUILLCA MIO

RED MUQUI SUR (CADEP)
COORDINADOR; HAMILTON AUCCAPURE CASTRO

RED MUQUI NACIONAL
SECRETARIA EJECUTIVA;  JAVIER JAHNCKE

LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – PERÚ
ROCÍO SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE

CENTRO ANDINO DE EDUCACION Y PROMOCION JOSE MARIA ARGUEDAS
DIRECTORA; CARMEN ALVAREZ PONCE DE LEON

DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS – DHSF – CUSCO
DIRECTOR; JAIME CESAR BORDA PARI

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS  CULTURAS ANDINAS IDECA – PUNO
DIRECTOR; BORIS PAUL  RODRIGEZ FERRO

COOPERACCION
JOSE DE ECHAVE

CENTRO BARTOLOME DE LAS CASAS  CBC – CUSCO.
DIRECTOR; VALERIO PAUCARMAYTA

ASOCIACION TARPURISUNCHIS – APURIMAC.
JAVIER MALPARTIDA

CONGRESISTA  DE LA REPUBLICA – CUSCO.
VERONICA MENDOZA.

AMAS – ASOCIACIÓN MARIANISTA DE ACCIÓN SOCIAL
WALTER PEREDA

APRODEH – APURIMAC
ENVER QUINTEROS PERALTA

FRANCISCO SOBERON G
ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS

MAURO MAZZACANI
COORDINADOR PROYECTOS PERÚ
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

BROEDERLIJK  DENLE PERU
RAPHAEL HOETMER

ASOCIACION ARARIWA – CUSCO.
DIRECTORA; YUNILDA MALDONADO CASTILLO.

RED, AGUA, DESARROLLO Y DEMOCRACIA – REDAD PIURA.

ASOCIACIÓN CIVIL WARA – CUSCO.
PRESIDENTE EJECUTIVO;  WILLIAM CÁRDENAS FARFÁN

CEPRODER APURIMAC
DIRECTOR EJECUTIVO; JORGE CORCUERA LUJÁN

PLATAFORMA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – RENADES CUSCO

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS -CEDEP AYLLU  CUSCO
DIRECTOR EJECUTIVO; CELSO QUISPE SANABRIA

RED UNIENDO MANOS PERÚ
DIRECTOR EJECUTIVO; CONRADO OLIVERA

PROGRAMA DEMOCRACIA Y TRANSFORMACIÓN GLOBAL
MAR DAZA

Las compañías mineras se niegan a pagar el Aporte por regulación (ApR) con el que, como manda la Ley 27332, deben financiar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Entrevistamos la vocera de esa entidad, Delia Morales, quien explicó la posición del organismo fiscalizador.

Morales indicó que hasta el 2014, cuando entró en vigencia el ApR, se trabajaba con el esquema establecido por un “arancel minero”, con el que las propias empresas reembolsaban a terceros por labores de evaluación y fiscalización solo dentro de cada unidad minera.

Esta situación, aseguró, afectaba el principio de imparcialidad y era de limitado alcance, pues no medía el impacto total de la minería (en el medio ambiente y en la población).

El enfoque en el que opera el OEFA es integral y reemplaza al “arancel minero”, señaló. Así, lo que se recaudó el 2014 por ApR fue alrededor de S/. 89 millones, ya usados hasta los primeros meses de este año.

Actualmente, aunque la ley faculta que sea hasta el 1%, el OEFA cobra 0.15% de las ventas anuales de cada empresa, deducido el IGV y el Impuesto de Promoción Municipal. Y para este 2015, el Aporte por Regulación representa el 80% del presupuesto del órgano supervisor.

Este año, el ApR debe financiar, en el sector minero, 730 supervisiones, la implementación de 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos participativos y la participación en 32 espacios de diálogo.

No obstante, desde el otro lado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifiesta así su postura: «El OEFA, como organismo de fiscalización ambiental, debe financiarse con recursos del presupuesto nacional, arancel o reembolso según corresponda, lo cual ha funcionado desde hace muchos años sin mermar la calidad de la fiscalización».

Sin embargo, también en contra de la pretensión minera, el Poder Judicial ha emitido dos sentencias que ratifican la constitucionalidad y legalidad del ApR que percibe el OEFA; ha declarado infundada demandas de Acción Popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la Minera Colibrí S.A.C.

Delia Morales señaló que el problema actual, además de la negativa minera, reside en que INDECOPI, que reconoce la legalidad del ApR, emitió una disposición administrativa por la cual debe ser OSINERGMIN la que cobre el ApR y luego lo traslade al OEFA, lo que afecta las potestades de ese órgano.

OEFA espera que en los próximos días INDECOPI corrija su disposición, respete las sentencias del PJ y rechace la pretensión de 4 mineras para eliminar la ApR.

Vía: Canal TVPerú

Las organizaciones de la Sociedad Civil han presentado un pronunciamiento ante la audiencia de INDECOPI para adoptar una decisión final sobre la denuncia de 4 empresas mineras en contra del OEFA para no pagar el Aporte por Regulación (APR)

En el tercer día de paralización en la provincia de Islay, Arequipa frente al proyecto minero Tía María, lamentamos informar que se produjo el fallecimiento de Carlos Enrique Rondón Rodríguez, agricultor del Valle del Tambo, quien había sido declarado desaparecido ayer, luego de la represión policial en el acceso al poblado de El Fiscal, cuando la marcha pacífica se desplazaba para hacer un mitin en la zona.

El señor Rondón, fue encontrado muerto por la mañana de hoy en la localidad de Chucarapi, muy cerca de El Fiscal, con diversos golpes en el cuerpo, disparos de perdigones (armas usadas por la policía en la represión), con marcas de estrangulamiento en el cuello y un corte a la altura de la yugular. El cuerpo ha sido llevado a la morgue de Mollendo para la necropsia de ley.

De otro lado los 9 detenidos ayer fueron derivados a las dependencias de seguridad del Estado en Arequipa, donde en base a videos y declaraciones de los policías que intervinieron en el operativo de represión, buscaron mantenerlos detenidos por más de 24 horas. Finalmente ante la falta de pruebas suficientes, se les otorgó libertad, pero al parecer se les abrirá investigación y deberán asistir a declarar en su momento. Después de todas las noticias negativas, al menos una positiva para los pobladores de la provincia de Islay.

La población de Islay ha decidido emprender marcha hacia Mollendo. Solicitaron por la mañana los permisos en primera instancia a la policía los que no les fueron otorgados por no estar la autoridad competente. Finalmente, con apoyo del congresista Jorge Rimarachín quien llegó a la zona para acompañar a las organizaciones en sus acciones pacíficas, el permiso les fue otorgado y han iniciado su marcha pacífica hacia Mollendo.

Esperamos que no se repitan las acciones de represión de parte de la Policía Nacional, y que se brinde las garantías a la marcha pacífica de la población local en defensa de sus derechos.

Cocachacra – Lima, 25 de marzo de 2015

RED MUQUI

Dirección: Av. República de Chile 641, Jesús María
Telefono: 3326525 – 975464754
Correo: [email protected]

INDECOPI DEFINIRÁ SUERTE DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS:
POSIBLE ELIMINACIÓN DE APORTE POR REGULACIÓN AFECTARÍA AL OEFA

El próximo 14 de abril, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) realizará la audiencia del informe oral para adoptar una decisión final sobre la denuncia de cuatro (4) empresas mineras[1] en contra del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para no pagar el Aporte por Regulación (APR) que financia la fiscalización ambiental a cargo del OEFA[2], y con ello afectar gravemente la institucionalidad ambiental.

Actualmente, la fiscalización ambiental del país depende en un 80% del llamado Aporte por Regulación. La no aplicación del mismo significaría la inoperancia de la OEFA para poder seguir fortaleciéndose y continuar implementando las actividades de supervisión, monitoreo y fiscalización que se realiza como garantía al derecho a un ambiente sano y equilibrado de todos los peruanos.

Por ello nos preocupa que según el OEFA, esté en juego la ejecución de diversas  actividades previstas para el presente año en el sector minería: 730 supervisiones, implementación de 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos participativos, entre otras acciones de fiscalización ambiental a los que el Estado se ha comprometido (caso Espinar y cuatro cuencas en la región Loreto).

Esto ocasionaría un mayor debilitamiento de la fiscalización ambiental y podría generar conflictos socio-ambientales en los proyectos, pues es algo reclamado por los pueblos: mayor seguimiento al cumplimiento las obligaciones socio-ambientales de las mineras por parte del Estado.

Frente a esta situación, es un gran riesgo que INDECOPI, desconociendo los fallos del Poder Judicial que validaron la constitucionalidad de este aporte por regulación y la Ley N° 30282, y negándose a internalizar los costos de una actividad riesgosa como la minera,  pueda paralizar la fiscalización ambiental sin considerar los grandes impactos socio-ambientales que esto puede generar, lo cual no debe ser permitido por el Estado.

En ese sentido, siendo que el debilitamiento de esta institución significaría el aumento de los conflictos socio-ambientales, las organizaciones abajo firmantes solicitamos lo siguiente:

1. Que se fortalezca la institucionalidad de la OEFA reconociéndose así el importante rol que cumple en favor de los pueblos del Perú, y no se sigan promoviendo procesos para debilitarla, como ya ocurrió con la Ley N° 30230, al limitar drásticamente su capacidad sancionadora por los próximos tres años.

2. Que se tome en cuenta los conflictos socio-ambientales que pueden generarse si se deja de apoyar la importante gestión de la OEFA, lo cual pondría en riesgo derechos fundamentales y constitucionales a la vida, salud y a un ambiente sano y adecuado.

3. Que INDECOPI suspenda el procedimiento administrativo que busca desconocer el APR del OEFA y reconozca las sentencias que el Poder Judicial ha emitido en los procesos de acción popular, que terminó reconociendo la legalidad y constitucionalidad del APR que percibe el OEFA, habiendo declarado infundada la demanda de acción popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Minera Colibrí S.A.C.

4. Que INDECOPI reconozca la Ley N° 30282 – Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de diciembre de 2014 que establece de forma expresa que el OEFA es acreedor tributario del APR.

Finalmente, las instituciones abajo firmamos manifestamos nuestro apoyo al fortalecimiento del  OEFA para el mejoramiento de sus procesos de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.

 

1. Alternativa – Centro de investigación social y educación popular
2. Asociación Arariwa
3. Asociación Marianista de Acción Social (AMAS)
4. Asociación Nacional de Centros (ANC)
5. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
6. Asociación Proyecto Amigo
7. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
8. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
9. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
10. Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH)
11. Comité de Gestión del Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (CGBU)
12. Confederación Nacional Agraria (CNA)
13. Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)
14. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
15. CooperAcción
16. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
18. Desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
19. Environmental Investigation Agency (EIA)
20. Fórum Solidaridad Perú (FSP)
21. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
22. Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
23. Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)
24. Grupo Propuesta Ciudadana
25. Instituto de Defensa Legal (IDL)
26. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
27. Instituto del Bien Común (IBC)
28. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
29. OXFAM Perú
30. RED MUQUI – Red de propuesta y acción
31. Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD)
32. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)
33. Verónika Mendoza (Congresista de la República)

___________

[1] Cía. Minera Pampa de Cobre S.A., Cía. Minera Vichaycocha S.A.C., Sociedad Minera Corona S.A.C. y Cía. Minera Caudalosa S.A.

[2] Estas empresas aducen que el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM que fija el APR a favor del OEFA en 0,15% de la facturación anual (del 1% que la legislación fija como valor tope) sería según ellas ilegal, desconociendo la existencia de tres leyes previas que sustentan esta contribución.

El segundo día de Paro en la provincia de Islay en Arequipa, frente a la imposición del Proyecto minero Tía María, se inició muy temprano en la madrugada con una reunión de emergencia de los alcaldes distritales de Dean Valdivia, Jaime De la Cruz, de Punta de Bombón, José Ramos, y de  Cocachacra, Helar Valdivia, y del alcalde provincial de Islay, Richar Ale, quienes conjuntamente con Jesús Cornejo Reynoso, presidente de Junta de Usuarios de Valle del Tambo, acordaron un pronunciamiento conjunto , el que suscribieron en la Plaza San Francisco de Cocachacra, respaldando el acuerdo de la asamblea popular en el cual piden el retiro definitivo del proyecto minero Tía María de la empresa Southern, y el inicio de un diálogo con las autoridades nacionales.

Entre el público presente en la Plaza San Francisco, la población identifico a dos policías infiltrados a quienes hicieron subir al estrado y quienes reconociendo el papel que cumplían, pidieron disculpas a la población para ser llevados posteriormente a la comisaría de Cocachacra.

Luego de ello, la población decidió hacer entrega del pronunciamiento a la Fiscalía de Valle de Tambo, partiendo en marcha pacífica, la que fue interceptada por un ciento de policías en el puente Pampa Blanca, donde la iniciaron el disparo de bombas lacrimógenas y perdigones reportándose los primeros dos heridos por parte de la población y la detención de Iván Hurtado Frisancho, abogado de la Junta de usuarios del Valle de Tambo y asesor legal de la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia.

Luego de la violenta represión, la policía persiguió a la población hasta Cocachacra, deteniendo a 9 personas e hiriendo a 13 pobladores con perdigones por la espalda. Entre los heridos figuran:

1. Otto Paricahua Quispe. Transferido a Arequipa porque tiene perdigones en la pierna y el muslo izquierdo.
2. Ramiro Arenas Revilla (50)
3. Zulema Portilla Machaca (19)
4. Francisca Torocahua (53)
5. Shirley Puma Roque (22)
6. José Yucra Cruz (24)
7. Delia Cahui Quico (30)
8. Percy Juño Juño (40)
9. Emeterio Taype (54)
10. José Gonzalo Choquehuanca (24)
11. Juan de la Cruz Portilla (75)
12. Lucio Cadenas Ch. (29)

Se menciona de una decimo tercera persona pero se desconoce aún sus datos.

Asimismo se ha denunciado la desaparición de Jesús Cornejo Reynoso, Presidente de la Junta de Usuarios de Valle del Tambo.

Finalmente, en la Plaza de Armas de Arequipa, donde se realizó ayer una marcha en rechazo al proyecto minero Tía María, se inició una huelga de hambre por parte de agricultores del Valle del Tambo en defensa de sus tierras, quienes se han instalado en el frontis de la Catedral.

Se anuncia que la paralización continuará en los próximos días mientras no haya alternativas de diálogo desde el Gobierno Central.

_________________________________________________

PRONUNCIAMIENTO POR LA UNIDAD Y EL DIÁLOGO EN ISLAY

Los que suscriben el presente, representantes de la voluntad popular, representantes de los agricultores legal y legítimamente elegidos y la sociedad civil, se dirigen a las autoridades del Gobierno Central, gubernatura regional y pueblo en general para expresar lo siguiente:

1. Nos hemos reunido de urgencia para mostrar nuestra unidad y dar nuestro pleno respaldo a la justa medida pacifica convocada por asamblea popular en el pedido del retiro definitivo del proyecto Tía María de la empresa Southern de nuestro Valle de Tambo.

2. Somos partidarios del desarrollo y del dialogo, pero estaremos vigilantes de la solución al paro indefinido que se lleva a cabo desde el día 23 de marzo del 2015 en la provincia de Islay, del cual pensamos que la solución está en manos del Gobierno Central.

3. Invocamos a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Energías y Minas, a las autoridades del Gobierno Central a dar una solución inmediata a la problemática generada por la empresa Southern ratificando la voluntad del pueblo de entablar un diálogo en el Valle de Tambo.

4. Exhortamos al aparato represivo desplegada en la provincia, de ser tolerante, vigilante y de cumplir su papel de garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana, no provocando ni ofendiendo a la población de nuestra provincia.

Por la defensa del medio ambiente, por la defensa de la agricultura, agua y calidad de vida de nuestra población, juntos en el cumplimiento del mandato de nuestro pueblo

Valle del Tambo, 24 de marzo de 2015

Richar Ale, alcalde de Islay
Helar Valencia, alcalde Cocachacra
Jaime Delacruz, alcalde de Dean Valdivia
José Ramos, alcalde de Punta de Bombón
Jesús Cornejo Reynoso, presidente de Junta de Usuarios de Valle del Tambo

 

Mayor información

RED MUQUI
[email protected]

Durante el segundo día de Paro contra el Proyecto Tía María, en horas de la mañana el alcalde de Islay Richar Ale, alcalde Cocachacra Helar Valencia, alcalde de Dean Valdivia Jaime Delacruz, alcalde de Punta de Bombón José Ramos y Jesús Cornejo Reynoso, presidente de Junta de Usuarios de Valle del Tambo reunidos en la Plaza San Francisco de Cocachacra firmaron un pronunciamiento público respaldando el acuerdo de la asamblea popular en el cual piden el retiro definitivo del proyecto Tía María de la empresa Southern.

PRONUNCIAMIENTO POR LA UNIDAD Y EL DIÁLOGO EN ISLAY

Los que suscriben el presente, representantes de la voluntad popular, representantes de los agricultores legal y legítimamente elegidos y la sociedad civil, se dirigen a las autoridades del Gobierno Central, gubernatura regional y pueblo en general para expresar lo siguiente:

Nos hemos reunido de urgencia para mostrar nuestra unidad y dar nuestro pleno respaldo a la justa medida pacifica convocada por asamblea popular en el pedido del retiro definitivo del proyecto Tía María de la empresa Southern de nuestro Valle de Tambo.

1. Somos partidarios del desarrollo y del dialogo, pero estaremos vigilantes de la solución al paro indefinido que se lleva a cabo desde el día 23 de marzo del 2015 en la provincia de Islay, del cual pensamos que la solución está en manos del Gobierno Central.

2. Invocamos a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Energías y Minas, a las autoridades del Gobierno Central a dar una solución inmediata a la problemática generada por la empresa Southern ratificando la voluntad del pueblo de entablar un diálogo en el Valle de Tambo.

3. Exhortamos al aparato represivo desplegada en la provincia, de ser tolerante, vigilante y de cumplir su papel de garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana, no provocando ni ofendiendo a la población de nuestra provincia.

Por la defensa del medio ambiente, por la defensa de la agricultura, agua y calidad de vida de nuestra población, juntos en el cumplimiento del mandato de nuestro pueblo.

Valle del Tambo, 24 de marzo de 2015.

Richar Ale, alcalde de Islay
Helar Valencia, alcalde Cocachacra
Jaime Delacruz, alcalde de Dean Valdivia
José Ramos, alcalde de Punta de Bombón
Jesús Cornejo Reynoso, presidente de Junta de Usuarios de Valle del Tambo