Minera Yanacocha cerró esta mañana el camino que comunica : Las Pozadas – Chugurmayo – Sorochucho y la aisló completamente a Máxima Acuña y su familia, impidiéndoles la libertad de transitar libremente.

Máxima denunció muy preocupada esta situación que la aisla del resto de la sociedad.

¨Nos impiden viajar en movilidad cuando nos desplazamos de Cajamarca hacia Santa Rosa en los puestos de control, y hoy nos cierran el camino que utilizábamos para caminar con nuestros animales desde mi casa hasta Sorochuco¨, indicó Máxima Acuña.

Esta actitud de Minera Yanacocha es otro acoso que atenta contra el desplazamiento de las personas de transitar libremente por el territorio local, impidiendo que Máxima pueda sacar sus productos al mercado y adquirir algunos bienes para su manutención.

Máxima hizo un llamado a las autoridades, Defensoría del Pueblo, para evitar este abuso  de la empresa minera, cuyo acoso han sido sucesivos y más frecuentes en este último año.

El camino  Las Pozadas – Chugurmayo – Sorochucho es un camino ancestral que ha sido utilizado por varias generaciones.

Fotos que prueban el aislamiento de Máxima Acuña por Minera Yanacocha:

Minera Yanacocha ha delimitado su territorio con madera y cerco plástico

 

 

Fuente: GRUFIDES

La gobernadora de la región Arequipa, Yamila Osorio, informó que ha recibido la propuesta de técnicos de la Unión Europea para hacerce cargo de la financiación para la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María.

“Como Gobierno Regional, mantenemos vigente la propuesta de contratar a un organismo internacional para que haga la revisión del Estudio de Impacto Ambiental para que se aclaren las dudas que se tienen”, dijo.

Anunció que las conversaciones ya están adelantadas con representantes de la Unión Europea, quienes han mostrado su interés en apoyar al Gobierno Regional de Arequipa en este punto. El aporte sería en el financiamiento para la contratación de la entidad internacional.

Asimismo saludó que las protestas de 48 horas convocadas en todo el Sur en apoyo a las demandas de los pobladores del Valle de Tambo, se hayan realizado en forma pacífica.

 

Fuente: El Buho

Los Apus Carlos Sandi de la Federación de Comunidades Nativas del Corriente (Feconaco), David Chino de la Federación Indígena Quechuas del Pastaza (FEDIQUEQ) y Alfonso López de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Pipishca (ACODECOSPAT) presentaron una demanda exigiendo a varias instituciones públicas la pronta titulación de sus territorios.

La demanda, presentada ante el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, exige al Ministerio de Agricultura (MINAGRI), al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Gobierno Regional de Loreto (GOREL) la inmediata titulación de sus territorios, así como el respeto de sus derechos territoriales frente a varias décadas de vulneración de los mismos. También se exige que Pluspetrol Norte pague una compensación por el uso de sus tierras desde el año 2000 en el Lote 1AB (hoy Lote 192) y desde 1996 en el Lote 8.

Se estima que unos 50 mil habitantes de 113 comunidades que viven en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Marañón en la región Loreto serían beneficiados con la obtención de sus títulos de propiedad.

¿Por qué de la demanda?

El uso de tierras comunales y ancestrales de propiedad indígena ha beneficiado principalmente a las empresas petroleras. Mediante fraudulentos mecanismos legales, las empresas han logrado que el Estado peruano les entregue de manera gratuita dichos territorios para operar sin permiso en sus territorios, los cuales en su mayoría, carecen de títulos de propiedad.

La terrible situación socioambiental generada por décadas de explotación petrolera en las comunidades indígenas que viven en la zona de los lotes 1AB (hoy Lote 192) y 8 se ha basado en la inseguridad jurídica de las comunidades y la desprotección de sus territorios. Estas comunidades debieron ser indemnizadas previamente por Pluspetrol Norte S.A.

A esto se agrega que el último 10 de marzo mediante en un acta firmada por los presidentes de las tres federaciones con ministros de Estado se creó un fondo de tres millones y medio de soles para titular a las comunidades, por ello esta demanda busca complementar ese fondo con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las comunidades.

Pero esta situación se agrava con la reciente aprobación de la Ley 30327, denominado “4to paquetazo ambiental” porque blinda las servidumbres petroleras a favor de las empresas, impidiendo a la autoridad regional titular o reconocer la propiedad indígena conforme al derecho, además de criminalizar el derecho a la protesta.

La defensa de la parte indígena está a cargo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Instituto de Defensa Legal Ambiental y Desarrollo Social (IDLADS) con apoyo de Oxfam en Perú. Los representantes legales al sustentar la demanda, señalaron que el Estado peruano ha vulnerado los derechos territoriales de las comunidades del Pastaza, Corrientes y Marañón, sostenidos en la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

¿Qué se quiere lograr y a quiénes se demanda?

  • Que el Gobierno Regional de Loreto y su Dirección Sectorial Regional Agraria, efectúen la titulación inmediata del territorio ancestral de las comunidades de FECONACO, FEDIQUEP y ACODECOSPAT. Asimismo, que dejen sin efecto las Resoluciones Supremas N° 060 y 061-2006-EM del Ministerio de Energía y Minas, que constituyen servidumbres gratuitas de ocupación a favor de la empresa Pluspetrol Norte S.A. en los territorios de su propiedad ancestral y comunal.
  • Que el Gobierno Regional de Loreto y su Dirección Sectorial Regional Agraria, dejen sin efecto la Ley de la promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, Ley N° 30227, por ser un obstáculo a la titulación de territorios indígenas al impedir que la autoridad competente otorgue títulos de propiedad sobre terrenos destinados a Derechos de Vías sobre Servidumbres.
  • Que el Gobierno Regional de Loreto y su Dirección Sectorial Regional Agraria efectúen la inmediata titulación de las comunidades nativas demandantes específicamente en el ámbito de los Lotes 192, y 8, inaplicando el artículo 11º del Decreto Legislativos N° 22175, Ley General de las Comunidades Nativas, por no dar a las comunidades indígenas la propiedad de su territorio ancestral y solo entregárselas en cesión de uso, afectando su derecho al mismo y su autodeterminación indígena.
  • Que el Ministerio de Energía y Minas, deje sin efecto las Resoluciones Supremas N° 060 y 061-2006-EM, que constituyen servidumbres gratuitas de ocupación a favor de la empresa Pluspetrol Norte S.A. en territorios de propiedad ancestral de las comunidades nativas demandantes.
  • Que el Ministerio de Energía y Minas implemente un Programa de Compensación por uso de tierras indígenas, autorizadas en Resoluciones Supremas N° 060 y 061-2006-EM.
  • Que la empresa Pluspetrol Norte S.A., pague por las servidumbres petroleras a todas las comunidades nativas sobre las que se superpone el Lote 192 y 8, desde que empezó a operar en las referidas concesiones hasta la actualidad.

 

Acceda al documento completo aquí

Para mayor información comunicarse con:

Renato Pita Zilbert, 994 974 023 [email protected]
Elizabeth Quiroz, 999 465 859 [email protected]

Como se recuerda en el 2012 se inició nueve procesos penales en contra de varios dirigentes sociales de la Provincia de Espinar, a quienes se les acusó de diversos delitos contra el orden público y otros, debido al conflicto socio ambiental ocurrido en mayo del 2012, donde los pobladores espinarences acusaban a la empresa Minera Xstrata Tintaya, hoy Glencore Antapaccay, por contaminación ambiental en el entorno del proyecto minero, asi mismo se pedia a la empresa un nuevo Convenio Marco, entre otras demandas locales.

Después de más de dos años de investigación, el pasado mes de noviembre del 2014, en uno de los procesos (principal), el Juzgado de Investigaciòn Preparatoria de Ica archivo las investigaciones fiscales a favor del personal de senerazgo de la Municipalidad Provincial de Espinar; Ezequiel Qquehue Choqueccota, Juan Alberto Antonio Huaytapuma, Daniel Alfredo Condori Vilca y Roger Chullo Caballero, por los delitos de Tenencia Ilegal de Materiales Explosivos e Inflamables y Disturbios. Lo mismo ocurrió a favor de Romualdo Ttito Pinto, chofer de la camioneta de la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, a quien se le acuso del Delito de Tenencia Ilegal de Municiones.

Respecto a Oscar Mollohuanca Cruz (ex alcalde de Espinar), Herbert Huaman Llave (ex dirgente del FUDIE) y Sergio Huamani Hilario (FUDIE), se dispuso pasar a la etapa de juicio oral y determinar la responsabilidad o inocencia de los líderes sociales de Espinar.  La Fiscalìa Provincial de Ica, solicita en relación a este caso más 20 años de pena privativa de libertad y 100 mil soles de reparación civil, por los delitos; Atentado Contra la Seguridad Común, Entorpecimiento de los Servicios Públicos y Disturbios.

Por ello mediante Resolución N° 01, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica citó a audiencia de inicio de juicio oral a los tres dirigentes sociales, el que se desarrollará en la ciudad de Ica, a las 10.00 a.m. del día viernes 29 de mayo del año en curso. Como se sabe desde el año 2012 se encuentra pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) por pedido de cambio de compentencia para que el proceso judicial se desarrolle en Cusco y no en Ica.

Por el contrario las investigaciones sobre las muertes en el conflicto de mayo del 2012 en Espinar se encuentran archivadas.

 

Derechos Humanos Sin Fronteras

Desde tempranas horas, cientos de pobladores de diversos distritos de Cajamarca fueron llegando hasta el Arco del Triunfo, en el barrio Chontapaccha, para congregarse e iniciar la molilización que se desplazó por diversas arterias de Cajamarca, llegando incluso a la Plaza de Armas.

La marcha estuvo encabezada por Porfirio Medina, Presidente Regional de Cajamarca, acompañado de otros líderes.

Las protestas se iniciaron muy temprano cuando los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca tomaron su local institucional en protesta contra los abusos del gobierno.

Por otro lado, decenas de policías, desde tempranas horas de la mañana se ubicaron en diversas instituciones públicas y en la Plaza de Armas de Cajamarca, como prevención a algunos desmanes que se pudieran producir

Un burro en la Marcha

Lo más resaltante de esta movilización de apoyo fue un burro al que le colocaron un cartel con el nombre del presidente Ollanta Humala, al cual le colocaron un cartel que decía: “Abran paso, que va a pasar su presidente”.

Con carteles y banderas verdes, los pobladores coreaban diversas frases: ¡Ollanta Traidor! ¡Hay oro, hay cobre y el pueblo sigue pobre!, entre otras que expresaban el sentir contra el abuso y la militarización del gobierno y las empresas mineras contra Islay y otros pueblos del Perú, como Cajamarca, afectada por la minería.

Movilización en Celendín
Otra movilización similar se realizó en la provincia de Celendín, donde los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca – sede Celendín y pobladores de esa provincia marcharon por las calles

GRUFIDES

Una perla más. A sus pasivos medioambientales en España, México y en nuestro país, ahora se suma ahora una intervención financiera (por 15 días) a Southern Perú por resistirse a entregar más de 10.5 millones de acciones laborales a sus trabajadores jubilados, en cumplimiento de las leyes 22333 y 18880, vigentes entre 1970 y 1991.

Las referidas normas señalaban que las mineras «debían destinar el  6% de las utilidades netas anuales a un fondo de acciones laborales».

Según informa La República, la orden judicial para la intervención financiera la dictó la titular del 20 Juzgado Civil de Lima, Virginia Macedo Figueredo. La medida establece que los peritos Edgar Jaime Gallegos Lezama y Guillermo Alberto Lloyd ingresen a la empresa para recabar información sobre la ubicación  de las acciones laborales, ahora de inversión, que la firma debe entregar.

Luis Chunga Chávez, abogado de los extrabajadores-accionistas, manifestó que solicitaron la intervención judicial ante la lentitud de Southern Perú para entregar sus estados financieros de los años que fueron materia de proceso, tal como requirió la magistrada Macedo el 21 de enero del 2015.

El letrado, ahora con el aval judicial, espera que la empresa cumpla:

«Esperamos que la empresa minera cumpla con el mandato judicial sin realizar más trabas, y no siga demostrando una conducta prepotente y de irrespeto a lo ordenado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional».

El colegiado recordó que este caso que involucra a más de 900 extrabajadores de Southern se inició en 1996. Cuatro años después, la Corte Suprema les dio la razón. Aunque en el 2004, la misma instancia, extrañamente, anuló su propia decisión.

Los jubilados acudieron entonces al Tribunal Constitucional, que ordenó al Poder Judicial emitir una sentencia de acuerdo a ley, en el 2007. Así, tres años despues, la Corte Suprema ordenó entregar las acciones a los jubilados o a sus descendientes. A Southern Perú no le gustó esta sentencia y también acudió al Tribunal Constitucional, pero este no le dio la razón.

Pero la cuestionada empresa minera se zurra en todo, hasta en la justicia de nuestro país. Hasta ahora no se han entregado los documentos contables para determinar dónde están las acciones de los casi mil extrabajadores y calcular su valor actual, así como sus intereses.

 

Fuente: La Mula

Ayer, en  la sesión de la Comisión de de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República se debatió el Proyecto de Ley N° 3941 que promueve “las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social”, denominado el cuarto “paquetazo”.

Pese a que el Presidente de la comisión, no considero invitar a los representantes de los pueblos indígenas de sierra y selva, Antolín Huáscar representante del Pacto de Unidad y Presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y Henderson Rengifo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) estuvieron presentes durante la sesión de la comisión, exigiendo no aprobar el proyecto de Ley 3941, gracias a la invitación que le hizo la Congresista Veronika Mendoza para que planteen sus perspectivas ante la norma mencionada.

A pesar de no haber sido invitados oficialmente, Antolín Huáscar y Henderson Rengifo exigieron que se regrese el Proyecto al ejecutivo y que se aplique consulta previa antes de pasar por su aprobación. “Es fácil legislar sin conocer las tierras de los pueblos indígenas”, dijo Rengifo y demandó que debe haber un diálogo transparente que genere un Estado que les incluya y que les informe de que trata esta ley “Nuestros derechos como pueblos indígenas están en peligro, y vamos a resistir y protestar si no se considera un proceso previo de información.” reitero Rengifo ante los miembros de la comisión a pedido de las congresistas.

El congresista oficialista Johnny Cárdenas mencionó: “no podemos poner todo a consulta previa, pues ello no permite gobernar”, demostrando con ello su rechazo a consultar a los Pueblos Indígenas sobre el PL 3941, cuya aprobación afectaría la propiedad comunal. Muy por el contrario Verónika Mendoza replico “Todas las medidas que puedan afectar intereses de los Pueblos Indígenas deben ser materia de consulta, es una obligación del Estado hacerlo”

La congresista Marisol Pérez Tello tuvo frases en contra de la aprobación del Proyecto Ley, tales como: “no ha habido interés en los técnicos de entender donde están las tierras de las comunidades y respetarlas, al otorgar derechos”.

Verónika Mendoza afirmó que la mayor parte de los pueblos indígenas de la Sierra y Amazonía no están titulados ni siquiera ubicados y referenciados. “Los inversionistas no tienen dónde ir para conocer donde hay pueblos indígenas y a quienes podrían afectar sus actividades”. De otro lado lamentó que las “tierras eriazas” que supuestamente pertenecen al Estado, en muchos casos están en posesión o son propiedad de Comunidades Campesinas o Nativas por décadas. “Son cerca de más de 900 comunidades que no están tituladas y registradas sólo en la amazonia y otras tantas en la sierra” aseveró Mendoza.

Es una barbaridad decir que no hay Pueblos Indígenas en costa y sierra, luego de que se apruebe esta norma (Proyecto de Ley 3941) estos pueblos van a exigir titulación de sus tierras en la Corte Interamericana, pues tienen derechos reconocidos a nivel nacional e internacional y ¿Quién va a pagar la defensa del Estado por ello?… todos los peruanos, por ello se deben de exigir procesos de titulación” menciono la Congresista Marisol Perez Tello del PPC.

Respecto a la problemática ambiental referida también en el Proyecto de Ley 3941, la congresista Veronika Mendoza mencionó “La certificación ambiental que estaba en manos de los sectores y ahora pasó al SENACE, hasta ahora no funciona. No se clasifica estudios ni evaluaciones. Es un cascarón”, concluyendo que la normatividad ambiental se ha ido afectada por la modificación normativa realizada a lo largo del año.

El Presidente de la Comisión, Federico Pariona, decidió cerrar el debate, pasando la  sesión para la próxima semana, en la cual nuevamente se verá como punto de agenda el Proyecto de Ley 3941, buscando ser aprobada

En días anteriores el gobierno central anuncio a través del ministro de Salud una inversión de más de 1200 millones de soles para Espinar en los próximos años (2015-2016) a través de los sectores de agricultura, energía y minas, transportes y comunicaciones, vivienda y saneamiento, ministerio de Salud, entre otros. En ese marco se hizo presente el Ministro de Salud Anibal Velasquez, el Viceministro de Salud Pública Percy Minaya, el Director de DIRESA Cusco Dr. José E. Bernable Villasante, el alcalde de Espinar Alfredo Salinas y el presidente regional del Cusco, Edwin Licona, en la provincia de Espinar. La reunión se realizó el pasado sábado 14 de marzo en el Hospital de Espinar, e inicio aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana, en esta reunión reservada no participaron los representantes de organizaciones sociales de la provincia de Espinar.

La señora Melchora Surco, afectada por el proyecto minero de Tintaya del sector Pacpacco de la comunidad campesina de Alto Huancane, logro ingresar a la reunión para denunciar públicamente la no atención del Ministerio de Salud  a los afectados por metales pesados en las comunidades de Alto Huancane y Huisa. Melchora Surco exhorto al Ministro de Salud que atiendan sus demandas, y cuestiono que tuvieran que esperar tanto tiempo para iniciar esta atención médica.

Como se sabe el CENSOPAS el año 2013 entregó los resultados de los análisis de orina realizado en 180 personas en las comunidades de Alto Huancane y Huisa para determinar presencia de metales en su organismo, los resultados señalaban que existían presencia de metales como arsénico, plomo, talio, cadmio, manganeso y mercurio en sus cuerpos.

En relación a este tema el Ministro de Salud señaló que dentro de las acciones previstas para esta provincia en el presente el año se encuentra la vigilancia y seguimiento de estos pacientes, y que se realizaran campañas itinerantes con especialista de Lima cada mes en las comunidades afectadas, sin embargo en ningún momento se presentó el plan de intervención del MINSA  específicamente para los afectados por metales pesados, un tema pendiente desde el 2013.

En relación a la construcción del nuevo Hospital de Espinar señaló que ya se inició la elaboración del perfil el cual deberá ser presentado dentro de 6 meses. «Luego de ello se debe aprobar el expediente técnico y el próximo año se debe iniciar la construcción la cual estaría culminada en el 2017 -2018.” Es decir, no se culminará en la actual gestión, cuando fue interpelado por su retorno a Espinar para ver los avances de estos anuncios no puedo precisar la fecha, señaló que un fecha probable seria el día de la colocación de la primera piedra en la construcción del Hospital.

En aspectos generales la visita del ministro fue para ratificar los anuncios realizados en los medios nacionales, los dirigentes de las organizaciones sociales de Espinar como la FUCAE y la FUJEK mostraron su preocupación de estos anuncios ya que al no tener, cronograma, presupuesto y responsables claros temen que termine siendo una promesa más, tal como ocurrió hace dos años en pleno proceso de dialogo.

DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS – CUSCO

El último sábado 14 de marzo, la población de Espinar amaneció con la noticia que confirmaba la visita del Ministro de Salud Aníbal Velásquez, acompañado de una importante comitiva conformada por el Viceministro de Salud Pública Percy Minaya, el Director de Dirección Regional de Salud Cusco, doctor José E. Bernable y el presidente regional del Cusco, Edwin Licona.

Durante las primeras horas de la mañana, las autoridades se dieron cita en una reunión a puertas cerradas en el Hospital de Espinar, para debatir sobre la situación de la población afectada por metales pesados y otras iniciativas a mediano y largo plazo respecto del sector salud. Luego, las autoridades se dirigieron en la Plaza de Armas de la ciudad de Yauri, capital de la provincia, donde la población y sus organizaciones se encontraban reunidas. Este momento fue denominado como el décimo primer Encuentro Descentralizado en Espinar, organizado por el gobierno regional.

¿A qué se debe la visita del ministro de Salud y su comitiva? Todo indica que la visita intenta ser una respuesta frente a la tensión y el malestar que se viene acumulando por las promesas incumplidas del proceso de diálogo y las graves denuncias sobre la presencia de metales pesados en la población, daños en la salud, ocultamiento de información, ausencia de atención a los afectados y la indiferencia de las entidades competentes para actuar frente a esta urgente situación sanitaria.

Días antes de la visita, en Lima se había anunciado la ejecución de los proyectos de inversión comprometidos en la mesa de dialogo de 2013 y que a la fecha no se han implementado.

MÁS COMPROMISOS

Durante la reunión en el hospital, una lideresa de la provincia, la señora Melchora Surco, comunera del sector de Pacpacco (Alto Huancané) uno de los  más afectados, logró acceder a la sesión para interpelar directamente al Ministro: “yo sólo quiero vivir sana como usted” señaló la lideresa, explicando su situación frente al ministro que se ha comprometido personalmente a dar atención a su caso y al del sector de Pacpacco.

Más tarde, ya en la Plaza de Armas, el ministro anunció el inicio de la elaboración de un expediente técnico para la construcción de un moderno hospital en la ciudad de Espinar. Según señaló, la primera piedra sería colocada en el año 2016, incluyéndose en el proyecto de inversión el pago al personal necesario para su funcionamiento.

Los anuncios continuaron ante una población que se mostraba desconfiada, aunque con expectativa. Finalmente, el ministro hizo referencia explícita a la atención de los casos de exposición de metales pesados en la población de diferentes comunidades de la provincia:

“Hemos venido con especialistas médicos que han estado 3 días para poder atender a las personas que viven en zonas donde se les detectó en algún momento metales pesados, ahora se les está dando la atención médica, hemos traído laboratorio, medicamentos y estamos evaluando con ellos las medidas para mejorar su salud (…)

Vamos a volver 9, 10 y 11 de abril… Otra vez vuelven especialistas para hacer atención y seguimiento para las personas que viven en las áreas afectadas de Espinar (…) esto para poder manejar el tema de los metales pesados en Espinar, en un trabajo que estamos coordinando con el Gore Cusco”.

UN CAMINO DIFICIL

Diferentes organizaciones de comuneros afectados y otras organizaciones representativas de la provincia no lograron reunirse con el equipo ministerial para debatir sus casos.

La gran pregunta que queda sin respuesta es sí se harán efectivas las nuevas promesas del Ejecutivo, considerando que no se ha informado sobre fechas, plazos, responsabilidades y procedimientos específicos para la atención de los afectados. Incluso, más allá de señalar el 2016 como una fecha tentativa, no se ha alcanzado ningún cronograma para la construcción del esperado Hospital para la provincia.

La reacción de la población se comienza a sentir. La denuncia sobre la presencia de metales pesados en un número importante de comuneros se va expandiendo en toda la provincia. Se exige un plan integral de salud, que abarque la toma de muestras en un rango más amplio de la población; el diagnóstico de los resultados; el tratamiento necesario y sobre todo, la determinación de responsables. La asociación de los impactos en la salud de la población de Espinar con la actividad minera es inevitable entre los comuneros.

Mientras tanto, la situación de incertidumbre y desconfianza continúa, alimentando la tensión. Por ejemplo, muchos de los pacientes atendidos por la campaña de salud anunciada por el ministro, son personas provenientes de las comunidades campesinas, quechua hablantes y de edad avanzada, que en muchos casos  no cuentan con una cobertura de salud que les permita el acceso a los medicamentos recetados por los médicos visitantes.

Los comuneros afectados, empiezan a recurrir ante distintas instituciones de la provincia buscando respuestas y soluciones. Si bien la atención médica de los últimos días constituye un alivio para muchos, aún no se sabe a ciencia cierta cuál será el plan de acción para la provincia.

Durante la tarde del día sábado 14 de marzo y la mañana del domingo 15, integrantes de CooperAccion recibieron más de 15 casos de comuneros que,  alertados por los anuncios del ministro, se acercaron a nuestras oficinas. Las denuncias son graves. Muchos de ellos recibieron únicamente una hoja de resultados que, en lenguaje técnico, señalaba la presencia de diversos metales en sus organismos. Nunca se les brindó información adecuada, ni se les comunicó la interpretación de los resultados. Sin información sobre los valores que se muestran, la lógica reacción es de un creciente temor en la población, que reclama por atención e indemnización de los daños ocasionados.

Estas hojas de resultados, que fueron entregadas a decenas de comuneros  a mediados del 2014, es una clara evidencia de la manera como se ha informado a los afectados. Peor aún, en algunos casos, estos resultados ni siquiera llegaron a sus titulares, ya que fueron entregados en una asamblea general de comunidad. Los omisos a dichas reuniones, nunca los recibieron.

 

Esperamos que en esta ocasión se cumplan los anuncios del ministro de Salud, se respete a las comunidades y se defina un plan detallado de acción en esta localidad. Es inaceptable que se siga postergando la solución a este grave problema que afecta a la población de Espinar.

 

17 de marzo de 2015

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

COOPERACCION

PRONUNCIAMIENTO
HOY SE PODRÍA APROBAR PROYECTO DE LEY 3941, QUE AFECTARÍA LAS GARANTÍAS DE LA PROPIEDAD COMUNAL Y LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

El pasado 05 de noviembre del 2014, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un nuevo Proyecto de Ley, el 3941: “Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social”, denominado el cuarto “paquetazo”.

Dicho proyecto de Ley ya tiene un pre dictamen en la Comisión de Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y de Ambiente y Ecología del Congreso, que se reúne hoy, y la Ministra de Energía y Minas (MINEM) Rosa María Ortíz, ha adelantado que el MINEM ha hecho su trabajo de incidencia en el Congreso, al indicar que “ya hay consenso para aprobar dicha ley”.

Desde la Red Muqui mostramos nuestra gran preocupación por ello, pues el último pre dictamen del proyecto de Ley N° 3941 de la citada Comisión, mantiene e integra una serie de normas que podrían afectar aún más la ya mellada posesión y propiedad comunal, además de evitar una adecuada prevención de los impactos ambientales, en especial de las actividades extractivas.

El pasado 18 de febrero del 2015, se estableció mediante D.S N° 006-2015-MINAM, la aprobación del Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, que estará a cargo de uno de los temas centrales del 3941, la “Certificación Ambiental Global” (CAG).

Si bien es el MINEM la primera instancia que inicia dicho proceso desde el 1° de abril, no se define fecha para su culminación. En ese período “en tanto se implemente el “procedimiento de Certificación Ambiental Global”, según la primera disposición complementaria transitoria, serán “las autoridades competentes del sector competente los  responsables del proceso. Ello genera que se mantenga la doble instancia de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se tomen.

La “Certificación Ambiental Global”, no sólo requiere basarse en la “simplificación administrativa” y la “reducción de trámites”, sino que debe contarse con un Estado funcional y eficiente, que cuente con procesos unificados y debidamente coordinados entre las instancias competentes, para lo que aún las instancias estatales no están preparadas.

Con respecto a la imposición de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas (Comunidades Campesinas y Nativas) entendiendo que el Estado no ha cumplido su obligación de reconocimiento y titulación de sus tierras desde el año 2010.

Otra gran problema vinculado con el anterior es el de las tierras eriazas. Se entiende que son tierras de propiedad del Estado, pero que muchos casos están en posesión o son propiedad de Comunidades Campesinas o Nativas por décadas, y al no han sido debidamente referenciadas para poder recibir sus títulos de propiedad, ahora se encuentran en riesgo por éstas decisiones que requieren mecanismos de saneamiento físico legal previos para la titulación colectiva, para evitar afectación de derechos colectivos y constitucionales de las comunidades, que incluso tienen protección internacional.

Respecto del uso de las líneas de base de otros proyectos de inversión que se realicen en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”, reiteramos nuestra preocupación, en tanto éstas deben ser adecuadas para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizadas. Se entiende que las líneas de base están relacionadas con las particularidades de cada proyecto, y no deben “evitar realizarse” por “simplificación administrativa” o para evitar gastos al inversionista, cuando su razón de ser es realizar una adecuada fiscalización del proyecto, y de sus impactos ambientales y sociales.

Lamentamos finalmente que se mantenga el plazo de sólo 150 días hábiles  para todo el procedimiento que otorga las CAG. Los plazos establecidos son bastante cortos para una adecuada revisión de estudios de manera meticulosa y responsable, para además mantener la presión de sanciones administrativas y hasta penales para funcionarios que no los cumplen, sin contemplar las limitaciones de personal (insuficiente y sin capacidades), presupuesto y tiempo para necesarias visitas de campo, que tienen las instancias estatales competentes.

Desde RED MUQUI estaremos atentos a la decisión final del Congreso de la República, y seguiremos visualizando la problemática que los diversos paquetes normativos y sus implicancias en los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas.

 

RED MUQUI

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