Tras la reunión sostenida entre autoridades de Islay, la presidenta regional Yamila Osorio, y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, se concluyó que no existen las condiciones sociales para el inicio de operaciones de la minera Southern Perú y su proyecto Tía María, tal como lo había anunciado en días previos el Viceministro de Minas, Guillermo Shinno.

La posición mayoritaria de los alcaldes de la zona fue la desconfianza y los cuestionamientos técnicos al nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María, que no ha sido revisado por la Unops , así como el temor de que la actividad agrícola en el valle sea afectada.

Además de la autoridad regional, acudieron a la cita el consejero regional por Islay, Mauricio Chang, el alcalde provincial Richard Ale, y los alcaldes de los distritos involucrados en el proyecto.

Según declaró Osorio, el Gobierno Nacional reconoció la ausencia del Estado en la provincia y la necesidad de plantear un esquema de desarrollo en conjunto con sus autoridades, así como de exponer primero el proyecto y generar las condiciones sociales para su operación, si fuera el caso.

“Las cosas no pueden darse al caballazo en una democracia”, dijo Osorio preguntada por el futuro del proyecto Tía María, añadiendo que será parte de la agenda de desarrollo de la provincia de Islay y, previamente, deberá quedar demostrada su viabilidad técnica.

MESA DE DESARROLLO

La reunión finalizó con el acuerdo de establecer una Mesa de Desarrollo en la que se tratará en conjunto los proyectos y problemas de la provincia de Islay. Con este propósito llegarían a Arequipa la próxima semana, la ministra de Energía y Minas, el ministro de Agricultura y la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Integrarían también esta mesa representantes de los sectores del Ambiente, Salud y Educación, además de las autoridades locales.

Osorio señaló que allí se tratarán problemas como la falta de una represa en la provincia, de un plan maestro de agua potable, de la precaria infraestructura de riego, de las oportunidades económicas que su territorio ofrece, entre otros, además del problema de Tía María.

En relación a la posición de los alcaldes llamados antimineros, Osorio dijo que las autoridades locales, como representantes de toda la población, deben promover el diálogo, y procurar llegar a un consenso, sin exponer a la población. “Tampoco son admisibles los caprichos”, añadió y dijo confiar en que la presencia de las autoridades disipe los anuncios de paralizaciones en la zona.

“De lo que se trata es de articular espacios de diálogo y soluciones entre todos los niveles de gobierno para evitar conflictos sociales y generar oportunidades de desarrollo para la provincia de Islay”, finalizó en declaraciones hechas a su arribo de la capital, anoche.

 

Fuente: El Buho

Han trascurrido más de cuatro años desde que se inició la investigación Fiscal contra los miembros de la de la Policía Nacional del Perú (PNP), por la muerte y lesiones causadas a los pobladores de la provincia de Espinar, como se recuerda estos lamentables hechos se produjeron en el conflicto social de setiembre del año 2010, debido a que pobladores de la provincia de Espinar señalaban que el proyecto Majes Siguas II, que estaba a cargo de PROINVERSIÓN, no garantizaba el derecho al agua para la población de Espinar, por ello las principales organizaciones sociales que conformaban el Frente Único de Defensa de los intereses de Espinar – FUDIE convocaron a la realización de una huelga indefinida en contra del Gobierno Central y el Gobierno Regional de Arequipa para defender sus demandas en relación a la imposición de este proyecto.

Es en este contexto que el 15 de setiembre del 2010, cuando las organizaciones sociales y manifestantes se encontraban en una reunión pacifica en la plaza de armas de Espinar, que de manera inexplicable y abusiva un contingente policial comenzó a lanzar bombas lacrimógenas y a disparar con sus armas de fuego hacia la población que se encontraba reunida, los efectivos policiales perseguían a los ciudadanos quienes corrían escapando de las agresiones de los mismos, en medio de esta arremetida policial se encontraba Leoncio Fernandez Pacheco (48),  trabajador de la USAAC – Espinar, que fue impactado mortalmente por disparos de arma de fuego causándole la muerte. De igual forma aquel fatídico día fueron heridos gravemente por proyectil de arma de fuego; Kevin Gallocher Quispe Alcca, Arnold Thurpo Lupo, Arturo Anccoccallo Pacco, Miguel Angel Suma Paucara y Yovana Llacma Sambrano, causándoles daños irreparables hasta la fecha.

Pese a que existen los suficientes elementos de convicción que acreditan la responsabilidad de los imputados como autores mediatos de los delitos, el Ministerio Público de Espinar por segunda vez ha solicitado el archivamiento de la investigación a favor de los policiales involucrados (Generales y Comandantes) que fueron denunciados por los delitos de homicidio calificado por la muerte de Leoncio Fernández Pacheco y por las lesiones graves causadas hacia los otros ciudadanos, ante ello la defensa de las víctimas, que es asumida por Derechos Humanos Sin Fronteras ha impugnado dicha resolución.

En ese sentido se ha programado una audiencia de apelación para el día miércoles 11 de marzo a partir de las 9 y 30 de la mañana en la Sala Mixta de Sicuani en la provincia de Canchis – Cusco. Sobre este caso, al igual que otros que se derivan de los conflictos sociales suscitados en el Cusco, no existe ninguna investigación, mucho menos sentencias contra efectivos policiales involucrados en estos hechos. Por el contrario las investigaciones avanzan para criminalizar a los líderes y dirigentes que participan en este tipo de movilizaciones sociales.

Por: Derechos Humanos sin Fronteras.

La RED MUQUI Diversas organizaciones nacionales e internacionales, dirigieron una carta a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y a su Presidente Carlos Gálvez Pinillos, solicitandole abrir un proceso sancionador a la Minera Yanacocha al amparo de su Código de conducta.

Cabe mencionar, que la Empresa Minera Yanacocha ha demostrado actos abusivos, como el hostigamiento a Máxima Acuña de Chaupe y su familia; y la violación de estándares internacionales del Consejo Internacional de Minería y Metales, Corporación Financiera Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OIT y las normas ISO 26000, 31000, SA 8000 entre otras.

La carta fue publicada el domingo del 8 de marzo en el diario La República.

Descargue aquí la carta

“¡Todas somos Máxima!”, fue el grito que se escuchó desde la plaza Washington en el Cercado de Lima hasta la sede de la minera Yanacocha en el distrito de Miraflores. Cientos de mujeres marcharon en respaldo a la campesina cajamarquina que sostiene un proceso judicial con la compañía minera, lo que le ha traído serias dificultades. Un permanente hostigamiento para acceder al terrero en el que vive.

Así entonces se vivió en el Perú el Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas decidieron que la lucha de Máxima sería la de todas, en primer lugar, para luego precisar un pliego de pedidos por la igualdad salarial, laboral, la despenalización del aborto, la Unión Civil, entre otros campos.

 

Fuente: Diario 16

IGLESIAS Y MINERÍA es un grupo ecuménico de seglares, religiosos y religiosas, comprometidos con la defensa de las comunidades afectadas por la minería en los diversos países de América Latina. La RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú, forma parte de ésta iniciativa continental.

Desde 2013 el grupo ayuda a la articulación de las comunidades afectadas, junto a la jerarquía de las Iglesias que puedan y quieran apoyarles y con organizaciones de defensa de los derechos humanos.

RED MUQUI presenta en el Perú el video “Iglesias y Minería en América Latina”, que es la presentación pública del colectivo del mismo nombre que conformamos, que plantea las preocupaciones de los pueblos de toda la región y de sus Iglesias, sobre la situación que se vive en gran parte de los países de América Latina por el crecimiento desordenado y desproporcionado de la minería, en condiciones que afectan derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones que son afectadas.

Grandes minas a cielo abierto, deforestación y expulsión de famílias y comunidades enteras. Pueblos indígenas y comunidades tradicionales amenazados por intereses mineros sobre sus territorios. Contaminación del agua, la tierra y el aire.

El transporte de minerales afecta a centenares de comunidades que viven en las proximidades de los mineroductos o de las ferrovías construidas para la exportación de la inmensa mayoría de nuestros recursos.

Conflictos y manifestaciones populares, espionaje y criminalización de líderes comunitarios. Muertes y persecución de personas, familias y comunidades.

A pesar de todo esto, la minería en América Latina continúa creciendo. Los Estados nacionales facilitan estos intereses con la desregulación ambiental y social, flexibilización de normas y políticas públicas que eliminan garantías para los derechos a la propiedad y posesión de la tierra de las comunidades, criminalización y represión social contra comunidades y poblaciones que defienden sus derechos, y se comportan de esa manera como aliados de las empresas mineras, colocando a su servicio los sistemas de inteligencia y las fuerzas de seguridad, facilitando todo aquello que permita la expansión de los proyectos extractivos.

Numerosas comunidades y poblaciones afectadas son apoyadas, asesoradas y defendidas también por las Iglesias y redes, que se han posicionado con determinación en diversos contextos y han denunciado recientemente estas violaciones en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agentes de pastoral de las iglesias cristianas de América Latina se están articulando para buscar alternativas a las agresiones que supone la minería, tal como se está presentando en nuestra región.

“Iglesias y Minería” es un grito de denuncia y de esperanza, el grito de las comunidades, poblaciones y de la vida que no se dejará callar.

IGLESIAS Y MINERÍA
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RED MUQUI
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La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a través de su Representante Regional, Amerigo Incalcaterra, condenó la muerte del señor Ramón Colque y expresó sus condolencias y solidaridad a su familia, así como a las familias de los señores Victoriano Huayna, Henry Checlla y el Brigadier de la Policía Nacional de Perú, Alberto Vásquez, víctimas fatales, en el marco de las manifestaciones contra el proyecto minero “Tía Maria”.

Además de manifestar su solidaridad, Incalcaterra instó al Estado peruano a realizar una investigación pronta, independiente, y exhaustiva que permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de estas  muertes.

Asimismo, expresó su grave preocupación por la escalada de violencia suscitada y la demora en el hallazgo de una solución consensuada en donde prime el diálogo y la buena fe.

El Representante Regional recordó que el ejercicio pacífico de la protesta social es fundamental en el fortalecimiento de la democracia.  Las manifestaciones sirven de cauce para el ejercicio de muchos otros derechos, así como para el intercambio de puntos de vista diferentes y la tolerancia.

En este contexto, mencionó que, en el marco actual de protestas sociales, el Estado peruano debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas y cuidar que el uso de la fuerza cumpla siempre con los estándares internacionales de derechos humanos, previniendo y eliminando cualquier exceso en el uso de esta. Por lo que llamó a las autoridades nacionales a que, en el marco del estado de emergencia decretado, el uso de la fuerza sea estrictamente proporcional y limitado.

Incalcaterra, condenó el uso de la violencia por parte de algunos manifestantes, recordando que “la violencia no constituye un instrumento legítimo del ejercicio de los derechos de reunión y asociación. Por lo que hizo un llamado a las personas y a los grupos que se manifiestan a abstenerse de recurrir la violencia, y privilegiar en todo momento los espacios de diálogo. “Acudir a la violencia, no es el medio para reivindicar derechos”, afirmó.

 

ONU Derechos Humanos

El Representante del ACNUDH urgió al  Estado y a la sociedad peruana a reducir el actual clima de tensión, enfatizando en que “solo a través de un diálogo constructivo, libre de violencia y respetuoso de los derechos humanos se van a encontrar las respuestas a los desafíos que enfrenta el país”.

Han transcurrido tres años desde que se inició uno de los conflictos más violentos suscitados en Espinar – Cusco. Las demandas de las comunidades locales  y las organizaciones sociales provinciales estaba centrado en la atención a la contaminación ambiental que se percibía en el entorno minero,  la revisión y reformulación de un nuevo Convenio Marco con la empresa minera, la revisión de las políticas de relacionamiento de la empresa con las comunidades campesinas, entre otros.  Luego de varios días de paralización con enfrentamientos entre pobladores locales y efectivos policiales, el 28 de mayo terminó con el lamentable saldo de 3 personas fallecidas , una decena de heridos, 26 personas detenidas y posteriormente dirigentes y un alcalde encarcelado y la declaratoria de Estado de Emergencia en la provincia de Espinar. Frente a ello el gobierno instaló una Mesa de Diálogo para suspender y atender al conflicto.

Luego de la Mesa de Diálogo, que duró desde junio del 2012 a diciembre del 2013, se avanzó muy poco en su implementación. El 2014 fue un año casi muerto en términos de cumplimiento de compromisos  de parte del gobierno central, además de que fue un año marcado por el contexto electoral (elecciones regionales y municipales). En los últimos meses del 2015, la población espinarence ha reclamado la falta de cumplimiento de estos acuerdos en distintos foros, encuentros, y movilizaciones. A la vez, el Ministerio del Ambiente ha presentado a Espinar como un caso exitoso de diálogo y de resolución de las problemáticas que dieron origen al conflicto.

En ese sentido nos parece pertinente hacer un balance sobre lo avanzado y retrocedido en todo este tiempo, ya sea en materia ambiental, económico y en el aspecto socio-político en la provincia de Espinar.

El medio ambiente y la salud humana. Dentro de la Mesa de Diálogo de Espinar del 2012 se creó un sub grupo de trabajo para que se atienda la problemática medio ambiental de Espinar. En este grupo de trabajo hubieron algunos avances, ya que por primera vez varias instituciones del Estado realizaron un “Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar” donde participaron: DIGESA, OEFA, ANA, SENASA, INGEMMET y CENSOPAS. Los resultados se este informe señalan que sí existen niveles de contaminación y riesgos en la salud de las personas en el entorno del proyecto minero Tintaya – Antapaccay de la empresa Glencore-Xstrata. En ese sentido se identificaron metales pesados más allá de los límites establecidos por la ley, en el agua, el suelo y los sedimentos. Aunque ellos lo llamaron puntos críticos, se pueden entender bien como niveles de contaminación en un 52,7 %. Uno de los acuerdos además fue la aprobación de un Plan de Medidas Sanitarias y Ambientales de Corto, Mediano y largo Plazo, así mismo se creó un Comité de Gestión y Seguimiento del Plan de Acción Ambiental para hacer seguimiento a estos acuerdos.
Desde el 2012 hasta la fecha tanto ANA, OEFA como DIGESA han venido realizando sus respectivos monitoreos, cuyos resultados en algunos casos han sido cuestionados por el gobierno local de Espinar y la población afectada. Un tema neurálgico en todo este proceso es que hasta el momento no se ha establecido la causalidad de la contaminación en Espinar, a la fecha OEFA a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) debería generar estos resultados en los próximos meses para que determinen la causa de la contaminación.

En relación a la salud humana; es importante señalar que el gobierno solo reconoce el informe de CENSOPAS del 2013 y no del primer informe realizado por la misma institución en octubre del 2010 donde se revela que de las 33 muestras tomadas en la zona de influencia de la mina, en todas, las personas  presentan niveles de mercurio por encima de los estándares establecidos, para el consumo de agua según la legislación peruana.

Además en relación al informe de CENSOPAS del 2013 donde se analizó muestras de orina en 180 comuneros de las comunidades de Alto Huancané y Huisa, se detectó arsénico en la orina del 100% de los comuneros, así como cadmio, manganeso, mercurio, plomo y talio; luego se supo que otros 11 metales habían sido analizados en los 180 comuneros, sin su consentimiento, lo que resulta aún más grave es que recién en diciembre del 2014 fueron entregados los resultados de estos 11 metales pesados, dichos estudios demostraban la presencia de otros metales en sus cuerpos, superando ampliamente los límites permisibles. Es decir se habían realizado análisis en 17 metales pesados.

Lo preocupante es que aun sabiendo de estos resultados el gobierno central a través del MINSA no hizo nada para atender a las personas afectadas con metales pesados en todo este tiempo, el 2015 se anunció la implementación de un Plan de Salud para Espinar , algunos especialistas han señalado que este plan tendría varias deficiencias y vacíos. Por lo pronto hace unas semanas los afectados por metales pesados y comunidades del entorno minero han iniciado un proceso judicial contra el Estado Peruano, presentando una demanda de cumplimiento contra varias instituciones del gobierno central para que se atienda de inmediato el estado de salud de estas personas  y se declare en emergencia ambiental a esta provincia.

Sobre el plan de inversiones para Espinar. Culminada la Mesa de Diálogo en diciembre del 2013, el gobierno central anunciaba públicamente una inversión de más de 1,000 millones de soles provenientes de diferentes carteras ministeriales, el gobierno regional del Cusco y el mismo gobierno local de Espinar. De esa lluvia  de millones poco se ha visto en Espinar, por el contrario el 2013 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo en más del 90 % el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Espinar, dejando sin presupuesto la culminación de algunos proyectos que había iniciado el gobierno local .

Luego de casi dos años de inacción, el gobierno central anunció otra vez vía Ministro de Salud para este año otra lluvia de inversiones, esta vez se dijo que el gobierno invertirá S/. 1,200 millones en Espinar entre el 2015 y el 2016 , y estas se realizarían a través de los sectores de Agricultura, Ambiente, Energía y Minas, Salud, Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda y Construcción. Así mismo el Ministerio de Salud anunció la construcción de un nuevo hospital en Espinar valorizado en S/.170 millones.

Esta especie de anuncio de una lluvia de millones  para Espinar repite la misma fórmula de hace dos años: anunciar grandes inversiones cuando buena parte de estos presupuestos tienen que ver con montos ya comprometidos como parte de los gastos anuales en los ministerios. En este sentido, no representa una inversión adicional sustancial para la provincia.

Contexto socio-político. Desde el conflicto de mayo del 2012 hasta la fechas las principales organizaciones sociales de Espinar (FUDIE; FUCAE, FUJEK, AUPE entre otras) han ingresado a una especie de transición social. Los nuevos dirigentes le han dado otro matiz a sus organizaciones, en base a las demandas y agendas que cada una de ellas tiene o plantea. Por un lado el FUDIE no tiene la fuerza ni el peso organizacional de hace años y su principal bandera reivindicativa es la negativa al proyecto Majes Siguas II; la FUCAE se encuentra en etapa de recomposición de sus bases, y su principal demanda es la atención al sector agropecuario, aparte de que en los últimos meses han vuelto a levantar la agenda minero – ambiental en Espinar; en el caso de la organización de jóvenes FUJEK,  se mantiene su capacidad organizativa y han apoyado decididamente la derogatoria de la ley pulpin, sin embargo todavía falta su consolidación organizacional.

Por todo ello en el periodo de implementación (2013-2014) de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y en pleno proceso electoral estas organizaciones tuvieron un rol bastante pasivo. Sin embargo para el 2015, teniendo ya electo al nuevo alcalde provincial, y haciéndose público el reclamo de las comunidades afectadas por la minería, las organizaciones sociales sobre todo la FUCAE, FUJEK y AUPE han vuelto a tomar la iniciativa, a través de las movilizaciones convocadas en marzo, y el último encuentro nacional convocado para el 19 y 20 de mayo en Espinar, esto por conmemorarse el día de la dignidad espinarence.

 

Por: Jaime Borda
Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco (DHSF)

El Congreso de la República aprobó hace algunos días la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, que ha sido publicada en El Peruano el pasado 21 de mayo.  Esta ley establece un conjunto de disposiciones con el fin de simplificar e integrar permisos y procedimientos, principalmente, en temas de  evaluación del impacto ambiental, servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal y expropiación de bienes inmuebles para obras de infraestructura de gran envergadura.

Algo que no debería pasar desapercibido de la referida ley, y que motiva el presente artículo, es el procedimiento establecido para la servidumbre sobre los terrenos eriazos de propiedad estatal, pues se trata de un procedimiento que vulnera derechos ganados a los gobiernos regionales con el proceso de descentralización y que pretende obviar intentando recentralizar competencias que fueron otorgadas a dichos gobiernos desde el año 2003.

En el año 2002, el propio Congreso de la República aprobó la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización – LBD y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – LOGR, estableciendo entre las competencias exclusivas de los gobiernos regionales, la competencia de “Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal” (artículos 35° y 10° de ambas leyes respectivamente). Durante el gobierno del presidente Toledo la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN que por aquella época se encontraba adscrita al sector del MEF inició el proceso de transferencia de las funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado señaladas en el artículo 62° de la LOGR. Fue un proceso gradual porque los gobiernos regionales no las habían desempeñado anteriormente y entonces, requerían contar con equipos de profesionales adecuadamente capacitados para lograr un buen desempeño de las mismas. Además, para ello tendrían también la asistencia técnica de la SBN.

Los primeros gobiernos regionales que lograron acreditar las funciones en esta materia entre los años 2005 y 2006 fueron Lambayeque y Tacna. El MEF emitió la Resolución Ministerial N° 429-2006-EF/10 (2006-07-26), con la que dio por concluido el proceso de transferencia. A los pocos meses el MEF emitió la Resolución Ministerial N° 656-2006-EF/10 (2006-12-02), dando también por concluido el proceso de transferencia para los gobiernos regionales de Amazonas, Arequipa, San Martín y Tumbes. En los siguientes años el gobierno del presidente García no continuó con el proceso de transferencia de estas funciones para ningún otro gobierno regional, así como tampoco lo ha hecho el presidente Humala en lo que va de su periodo, permitiendo que la SBN continúe ejerciendo una competencia que desde el año 2003 ya no le correspondía ejercerla según lo establecido en la legislación de la descentralización del Estado. Sin embargo, los mencionados gobiernos regionales desde que recibieron formalmente las funciones han venido ejerciendo esta competencia exclusiva emitiendo, por ejemplo, actos resolutivos sobre los terrenos de propiedad del Estado que se encuentran bajo el ámbito de su jurisdicción.

La citada ley de promoción de las inversiones recientemente aprobada por el Congreso hace mención a los terrenos eriazos de propiedad estatal en varios de sus artículos para la realización de proyectos de inversión. Destacan los artículos que van del 18° al 27° respecto a la servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal. En ninguno de ellos se hace referencia a los gobiernos regionales como la autoridad legítimamente competente a quien, en todo caso, debería solicitarse la servidumbre. La norma cierra el círculo de este procedimiento “simplificado” como un arreglo solamente entre los sectores competentes y la SBN, y donde los gobiernos regionales quedan completamente al margen. No hay una sola referencia a la participación de los mismos.

Queremos pensar que  se trata de un apresuramiento y desconocimiento por parte de los congresistas del marco legal vigente sobre el proceso de descentralización; pero al haber sido promulgada, corresponde a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y a los seis gobiernos regionales que actualmente ejercen esta competencia exclusiva demandar la inconstitucionalidad de esta ley ante el Tribunal Constitucional, puesto que se contrapone explícitamente al mandato de dos leyes orgánicas de mayor jerarquía, la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que les confiere plenos derechos a los gobiernos regionales para actuar de manera exclusiva sobre la materia en cuestión.

 

Ricardo Muñoz Portugal

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ASEGURA OFICINA DE DIÁLOGO

  • En oficialización de la mesa con Cotabambas no se incluyó a provincia de Grau
  • Días hábiles para instalación de mesa con Cotabambas finalizó el viernes 27
  • Aun no se fija la fecha de reunión con dirigentes y autoridades

El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Ávila Herrera, anunció que en los próximos días, el Ejecutivo creará una mesa de trabajo aparte, con la provincia de Grau que también tiene distritos y caseríos en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas en Apurímac.

“Muy pronto vamos a expedir una norma para crear la mesa de desarrollo de Grau. En los próximos días se debe estar publicando la norma. Por supuesto que la provincia de Grau va a estar en parte de todo el desarrollo en la mesa de trabajo”, indicó a RED MUQUI.

Algo incómodo, Ávila no respondió porqué la PCM no informó a los alcaldes y dirigentes sobre la suspensión de la reunión de diálogo del lunes 16 y tampoco, porqué se emitió la oficialización delGrupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” recién el 15 de noviembre (R.M. Nº 263-2015-PCM).

“Lo que le puedo decir es en que todas las comunidades que están en la zona de influencia del proyecto de Las Bambas, nosotros vamos a garantizar su desarrollo sostenible. Ese es un compromiso”, respondió escuetamente a RED MUQUI.

No hay fecha de reunión con Cotabambas

La Presidenta del Comité de lucha Virginia Pinares de las provincias de Cotabambas y Grau, comentó a RED MUQUI que aun están a la espera de que el Ejecutivo les garantice en un documento que se tocarán sus puntos de reclamo. Mientras tanto, los distritos de Haquira, Cotabambas, Tambobamba y Coyllurqui, ya tienen a sus representantes designados para dialogar con el Gobierno central.

“Insisten en que acreditemos a nuestros representantes, pero no nos dicen el día de la reunión, y tampoco nos dan garantías de tratar nuestras demandas, pese a que le hemos pedido un documento de compromiso. Lamentablemente la gente desconfía de ellos. Debieron trabajar desde el principio con nosotros, los dirigentes”, dijo Pinares.

La dirigente del comité de lucha de ambas provincias indicó que algunos de los dirigentes no desean dialogar hasta que la PCM no garantice poner en agenda el memorial del 16 de noviembre, que les fue remitido desde Tambogrande.

El presidente del Frente de defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reiteró que están a la espera de la respuesta del memorial en el que se espera participar de una “Mesa de diálogo” y no de una “Mesa de trabajo”.

“Esperamos que cambien la denominación de esta mesa, queremos que sea “de diálogo”, porque lo que queremos es la modificación del EIA, y ese tema no incluiría una mesa de trabajo. Hasta ahora no hay respuesta de nada, ni siquiera de una posible fecha de reunión”, manifestó.

Abarca adelantó que de no haber respuesta la semana que viene, se llevarán a cabo asambleas distritales y dejar en manos del pueblo la decisión a seguir.

Que dice el memorial

Como se recuerda, el lunes 16 pasado, el Ejecutivo suspendió la primera reunión de diálogo en Las Bambas, lo cual fue tomado como un desplante por los alcaldes y dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau.

Es por ello que en conjunto emitieron un pronunciamiento en el que exigieron modificar las condiciones para llevar a cabo este proceso; una de ellas fue la inclusión de los representantes de Grau, los cuales no han sido tomados en cuenta en el Grupo de Trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”.

“(…) No están incluidos nuestros hermanos de la provincia de Grau, lo cual es rechazado (…) exigimos que sean incluidos los representantes de la municipalidad distrital de Progreso y su sociedad civil organizada”, exhorta el pronunciamiento.

De igual modo los frentes de lucha de ambas provincias, solicitan que sus autoridades y líderes sociales puedan elegir hasta 10 representantes ante esta mesa de trabajo.

Otro reclamo importante a la norma, es que la oficialización de un “Grupo de Trabajo” se refiere a la “promoción del desarrollo”, sin miras a tratar los problemas que originaron el conflicto, como las cinco modificaciones sustanciales al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Pues varias de las modificaciones atañen a componentes principales del proyecto y fueron tramitadas a través de procedimientos extraordinarios, sin informar a la población.

Asimismo, los alcaldes distritales y dirigentes de Grau y Cotabambas consideran que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas que ellos solicitaron, anteriormente, para la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno, la Empresa Minera MMG Las Bambas, la Sociedad Civil Organizada y las Autoridades Locales. Ahora reiteran este pedido: Liberación de los dos detenidos, indemnización para los deudos de los caídos en el paro, archivamiento de las denuncias y cese a la persecución de los dirigentes, y atención e indemnización a los heridos.

“Manifestamos contundentemente que los 11 puntos contenidos en el MEMORIAL presentado el 29 de octubre del presente año, sean debidamente respetados conjuntamente con la Carta circular que defiende la situación de cautiverio de las 23 familias al interior de la mina en Fuerabamba”, expresa el pronunciamiento suscrito el 16 de noviembre.

Otra respuesta a la suspensión del diálogo, fue el rechazo a la militarización de la zona que el Gobierno central, nuevamente decretó de sorpresa el sábado 14 de noviembre, un día antes de oficializar el Grupo de Trabajo para Cotabambas.

El texto aborda la construcción de la representación de los Pueblos Awajún y Wampis, en los diversos momentos de su relación con el Estado Peruano, culminando en la caracterización del estado actual de la disputa de esa representación entre la reciente organización “Nación Awajún y Wampis del Perú-NAWP”, iniciativa creada en el marco de eventos oficiales del Plan Binacional, y el grupo de organizaciones  liderados por el Consejo Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis –CPPAW y la organización ODECOFROC que persisten en liderar la movilización por la defensa del territorio ancestral coordinando actividades con otras organizaciones y con la re-constituida “Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú-ORPIAN-P”.

La principal motivación de la autora – Marlene Castillo Fernández – y de CooperAcción, es que la publicación que presentan contribuya a un discernimiento mejor informado y formado sobre la naturaleza y alcance de la disputa por lograr reconocimiento de representación de los Pueblos Awajún y Wampis ante el Estado, las empresas extractivas y la opinión pública regional y nacional, antes y después del suceso conocido como “Baguazo” (05 de Junio 2009).

El Capítulo 1 presenta la situación de representación de estos dos pueblos indígenas amazónicos cuando había un proceso de consulta previa sobre la categorización de la Zona Reservada Santiago Comaina que fue extendida hasta la margen derecha del río Morona y de acuerdos con el Estado. El Capítulo 2 examina los cambios que se producen en la época de conflicto abierto con el Estado hasta el suceso del Baguazo. Posteriormente, en el Capítulo 3 se analiza la situación de la disputa de representación profundizando “lo representable”, “los representantes” y “los representados” post Baguazo. Para finalmente, en el Capítulo 4 presentar una visión panorámica de la actual disputa a modo de mapeo organizacional en el territorio ancestral.

 

Esta publicación está especialmente dirigida a comunicar sus alcances a quienes desde su institución, organización y labor están preocupados por el reconocimiento efectivo de los derechos políticos de los Pueblos Indígenas en el Perú, lo que pasa por conocer y buscar comprender sus disputas – internas y externas – en la configuración y rumbos de los conflictos latentes y abiertos con las políticas estatales que denominamos colonizadoras y los proyectos principalmente minero-energéticos promovidos por dichas políticas.

No menos importante, es que también pretende llamar la atención sobre la demanda estratégica de diálogo intercultural con el Estado que viene planteando el grupo de organizaciones indígenas movilizadas, a razón de que no son escuchados ni convocados por las autoridades nacionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a pesar de la vigencia constitucional de sus derechos colectivos amparados por el Convenio 169 de la OIT. Precisamente la marginalidad de esta representación indígena en la interlocución con el Estado, es parte de la configuración del conflicto y del tránsito de lo que la Defensoría del Pueblo caracteriza como conflicto latente a  lo que  llama conflicto activo.

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Foto: Peru21