Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora de Derechos Humanos, sostiene que la detención del dirigente antiminero Jesús Cornejo en Arequipa “es como apagar el incendio con gasolina”.

“El gran problema es que en una situación de conflicto con tensiones mutuas y desconfianza, no se debe llenar más leña al fuego.  La detención del dirigente antiminero Jesús Cornejo es como apagar el incendio con gasolina”, precisó en Radio Exitosa

“La gente está esperando que el diálogo sea efectivo. El Estado no puede ser wachimán de las empresas mineras”, agregó Silva.

Como se sabe, Cornejo fue detenido esta mañana en el sector de El Fiscal en la provincia arequipeña de Islay, por intentar bloquear  la vía que une Arequipa con Cocachacra.

Fuente: Radio Exitosa

El fiscal provincial de Islay, Álvaro Torres, ha solicitado al juzgado la detención preventiva del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, quien fue detenido ayer en El Fiscal, cuando supuestamente intentaba tomar la carretera panamericana con un grupo de personas.

La información se conoció esta mañana, luego de que Cornejo pasara la noche en la división de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, en la avenida Goyeneche. Su esposa, Glenda Molina de Cornejo, informó esta mañana que se encuentra bien de salud y confía en que será liberado.

Insistió que Cornejo se encontraba reunido con algunas personas sin bloquear ninguna vía y tampoco es cierto que estuviera circulando con las placas del vehículo cubiertas. “¿Por fin, estaba circulando o estaba bloqueando la carretera?”, se preguntó.

De otro lado, anoche se hizo presente en el local donde se encuentra detenido, en el complejo policial de Santa Rosa, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, quien señaló que las detenciones de este tipo en medio del conflicto son “como apagar el incendio con gasolina”.

Fuente: El Buho de Arequipa

El presidente de la Corte Superior de Justicia, Jhonny Cáceres, negó que los jueces dejen en libertad a todos los investigados para los que la Fiscalía pide prisión preventiva. Luego de sostener una reunión de emergencia con representantes del Ministerio Público y la Policía, explicó que de los 136 pedidos que se hicieron en el año, 102 fueron aceptados y 31 denegados.

Entre los casos rechazados están los referidos a los procesos que se siguen contra los manifestantes del Valle de Tambo. Sobre ello dijo que los jueces «no pueden meter a prisión a todos los que se les impute bloqueo de vías». «No puede ser que la Fiscalía pida prisión para todos los detenidos en una protesta y, los jueces tengan que aceptarlas. Se tiene que respetar la ley. En una solicitud de este tipo, se debe sustentar los hechos que cada persona cometió y probarlo, no solo decirlo», increpó.

Cáceres, pidió por ello al gobierno dejar de buscar culpables para los conflictos que no pudieron resolver.

Finalmente dijo que en la reunión con la Fiscalía y Policía, se acordó que estas ultimas dos instituciones, trabajen más coordinadamente, para evitar malos resultados, como el ocurrido en el caso de una banda que reglaba negocios y en que solo dos de los 5 integrantes fueron enviados a prisión.

 

Fuente: La República

La ingeniera Mary Chávez dio a conocer las conclusiones de las investigaciones recogidas en el libro “Agua, Minería y Cambio Climático” de la Red Muqui.

¿Cuáles son los riesgos de la actividad minera en Piura?
Piura no es como la sierra central en donde el agua proviene de los glaciares, y estamos preocupados porque se derriten en el contexto del cambio climático. Acá el agua proviene de los páramos y los bosques de neblina. Allí corre el riesgo con la actividad minera a tajo abierto. Si se afecta el ciclo hidrológico, si se quita el agua en una cuenca en la parte alta, vas a tener problemas en la parte baja. El cambio climático genera problemas de acceso y disponibilidad del agua. Si rompes ese ciclo hidrobiológico, no vas a tener el agua en los páramos y eso perjudicaría a la agricultura en el mediano y largo plazo. El problema será el acceso al agua en las partes bajas de donde se pretenda instalar la actividad minera.

¿También por la contaminación?
También hay otros riesgos. En Piura sabemos que hay incidencia del fenómeno El Niño, y el cambio climático intensifica esas condiciones. Qué pasaría con un Niño como del año 1998 —no uno como el de ahora, leve o moderado— los riesgos serían muy fuertes, no solo por la disponibilidad del agua sino por la contaminación, porque cuando hay menor cantidad de agua, hay mayor concentración de contaminantes, y ese es otro riesgo, si se intensifica la concentración de los contaminantes, habría menor disponibilidad de agua limpia.

 ¿Pasa lo mismo con la minería informal?
La minera informal y el cambio climático generan problemas, porque cuando  haces cambios en el uso del suelo, ósea donde hay vegetación y la quitas, entonces provocas que en ese sistema no haya reserva de agua, porque el agua es como las venas en nuestras manos, que están por debajo, entonces lo que provocas es que no hayan reservas de agua y eso perjudica la disponibilidad. El cambio de uso del suelo en la minera informal hace eso, pero si la comparamos con lo que es la gran o mediana minería, es mucho menor porque cuando vemos el efecto directo a tajo abierto o la gran minería, hablamos de la emisión de gases del efecto invernadero, y producen un cambio climático local en una microcuenca o cuenca, aparte del cambio climático global que ya vivimos.

 ¿Cuáles son las propuestas ante estos problemas?
Hemos generado cinco lineamientos, el primero es la reducción de los efectos  invernaderos en la actividad minera metalúrgica, allí menciono el ejemplo del tajo abierto porque allí se emiten los gases del efecto invernadero. Pero para eso hay que tener conocimiento de cuánto se está emitiendo de gases donde hay minería en el Perú. El Estado debe hacer un inventario de los gases del efecto invernadero. Actualmente no se sabe la problemática de contaminación por gases que intensifican el cambio climático local. Esto es prevención y mitigación del cambio climático a nivel local.

 ¿Hay lineamientos que se apliquen a Piura?
Sí, uno de ellos es la generación y acceso a la información. En la subcuenca Quiroz no hay mucha información, pero allí se deben levantar líneas, para conocer cómo conjugan la minería con la actividad propia de la región como lo es la agricultura. No hay información de las zonas que pueden ser afectadas por la actividad minera, sobre la protección ambiental de las zonas del agua, donde están las reservas. Se necesitan acciones de mediano, corto y largo plazo, y la gestión integral de las cuencas, si no lo iniciamos hoy, podríamos lamentarlo en cinco o diez años.

¿Quiénes son los responsables?
Hay 159 cuencas en el Perú, pero por ejemplo Catamayo-Chira tiene subcuencas porque es grande, por eso la gestión integral debe ser de subcuencas, o unidades hidrográficas menores, y allí debe trabajarse identificando actores. El trabajo es de todos.

¿Hace falta mejorar el marco normativo?
No hay leyes sobre el cambio climático y menos aún que protejan las reservas de agua como los páramos o glaciares. Hay normativas que ven el tema de la contaminación, pero no el de acceso y disponibilidad del agua. Debe haber cambios  en la evaluación de los impactos ambientales, porque allí no consideran cómo levantar y monitorear la información  en el cambio climático.

Fuente: La República

El GRUPO PERÚ COP considera necesario la existencia de un marco normativo que posibilite y obligue a las entidades del Estado a la realización de acciones para enfrentar el cambio climático. La aprobación en marzo del dictamen de la Ley Marco de Cambio Climático  constituye un paso importante en ese proceso. No obstante, el GRUPO PERÚ COP solicita a los Congresistas de la República que incorporen en el dictamen  artículos que establezcan un marco institucional claro que fortalezca al Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema de Gestión Ambiental y establezca competencias a los demás sectores para realizar acciones en mitigación y adaptación. La ley de cambio climático debe mejorar la asignación de competencias y funciones en los diversos niveles de la administración pública y mejorar la articulación entre las entidades públicas a nivel nacional, regional y local,  asegurando la participación de la sociedad civil.

Asimismo, invoca la incorporación en el dictamen de temas que han sido excluidos. Uno de ellos es el ordenamiento territorial. A pesar de que existieron esfuerzos de la sociedad civil por lograr una política nacional vinculante de ordenamiento territorial, ésta no se concretó. Demandamos que la Ley de Cambio Climático incorpore este elemento, pues como señala el PNUD (2013) en su informe sobre desarrollo humano y cambio climático, “el ordenamiento territorial permitirá un uso más adecuado del suelo y sus capacidades en distintos ámbitos geográficos, y dará pautas para el diseño de respuestas a los efectos del cambio climáticos” . No puede existir adaptación sin ordenamiento territorial.

De otro lado, respecto a las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), saludamos el anuncio realizado por el Director General de Cambio Climático del MINAM  que las INDC serán sometidas a consulta pública en el mes de junio. Instamos a que este proceso sea transparente y participativo,  y  que cuente con metas ambiciosas que busquen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquellos rubros que más emiten en Perú como energía y bosques . Tal Como señala Plan CC, es necesario establecer las “condiciones habilitantes” para que las acciones a largo plazo logren cumplirse, las cuales implican en el rubro forestal mejorar las condiciones de gobernanza e institucionalidad así como los mecanismo financieros que puedan dar soporte a la conservación de bosques. Consideramos como una condición habilitante la titulación de 20 millones de hectáreas para pueblos indígenas de la Amazonía como lo exige AIDESEP. En cuanto al rubro energía, es primordial que se aumente la inversión en infraestructura, interconexiones y principalmente en cambio de tecnologías. Las INDC peruanas deben contemplar como prioridad acciones para la transferencia tecnológica.

Habiendo señalado estas condiciones, el GRUPO PERÚ COP 20 demanda que al año 2030 la matriz energética esté compuesta con por lo menos 25% de energías renovables no convencionales. Nuestro país tiene potencial para estas energías, solo depende de la voluntad política del gobierno para llevarlo a cabo. Asimismo, el rubro transporte al ser uno de los más contaminantes debe ser prioridad en las INDC, para lo cual planteamos el cambio gradual del transporte privado a un transporte público sostenible y promover el transporte no motorizado. En cuanto a bosques, exigimos compromisos reales  contra la deforestación, esto implica lucha contra actividades ilegales como tala, minería ilegal/informal y cultivos de coca; pero también para reducir práctias agrícolas en la Amazonía como palma aceitera. La meta planteada en el año 2010 ante la CMNUCC de cero por ciento de deforestación es viable. Las emisiones netas pueden reducirse con esfuerzo al proteger las áreas de bosques y recuperar los bosques degradados. El GRUPO PERÚ COP exige la conservación de 54 millones de hectáreas de bosques.

Saludamos el anuncio del MINAM de incluir la adaptación dentro de las INDC. Existen diferentes iniciativas desde la sociedad civil que pueden ser tomados en cuenta el diseño de las contribuciones en adaptación, tal como el Programa Nacional de Adaptación Climática  Comunitaria (PRONACC) propuesta por las organizaciones indígenas y campesinas del Pacto de Unidad. Asimismo, consideramos que las contribuciones en adaptación deben buscar proteger a la pequeña agricultura planteando metas cuantificables de reducción de las hectáreas de cultivo afectadas por desastres meteorológicos en los distritos más vulnerables, para lo cual deben realizarse planes de adaptación con participación de la sociedad civil, se debe garantizar el financiamiento y establecer plazos para el avance progresivo .

Las medidas contempladas en las INDC también deben ser evaluadas por sus cobeneficios, por sus efectos positivos, además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de responder a los efectos del cambio climático. El GRUPO PERÚ COP exhorta que las acciones con efectos colaterales dañinos no sean consideradas en las INDC, tal es el caso de las grandes hidroeléctricas que tienen más efectos negativos que positivos.

Finalmente, el Grupo Perú COP expresa su disposición de colaborar en el proceso de discusión de la Ley de Cambio Climático y en la elaboración de las INDC, llamamos a las instituciones del Estado, a las empresas, la prensa y demás organizaciones de la sociedad civil a involucrarse en estos procesos a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.

La Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad – una coalición de más de 190 movimientos y organizaciones sociales – organizó el 23 de junio de 2014 una Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Ginebra. Dicha audiencia inauguró la Semana de Movilización para Detener los Crímenes y la Impunidad Corporativa (23 al 27 de junio), organizada conjuntamente por movimientos sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la Alianza por un Tratado. Se organizaron diferentes actividades en la última semana de la Sesión 26 del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), cuando tomaba lugar la discusión y votación para decidir si se lanzaba un proceso para crear un tratado vinculante para las empresas transnacionales (ETNs) sobre sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. La Semana de Movilización implicó un momento de convergencia importante para los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que realizaron un esfuerzo colectivo para avanzar hacia un sistema más efectivo y consolidado que permita defender los derechos humanos y el medioambiente ante los crímenes y violaciones por parte de las transnacionales.

Durante la Audiencia del TPP, representantes de comunidades afectadas testificaron sobre los impactos desastrosos de las actividades de ETNs en distintos sectores. El Tribunal escuchó testimonios sobre la devastación medioambiental causada por empresas petroleras, tales como las décadas de contaminación por parte de Chevron  en la Amazonía ecuatoriana, y de Royal Dutch Shell en Nigeria. Otros casos expusieron cómo los Derechos Humanos son sistemáticamente violados cuando el control del agua pasa de la esfera pública o de los comunes a las manos de las ETNs, como por Coca-Cola Company en Colombia; de la empresa de aguas israelí Mekorot en Palestina; y de la española Hidralia en Guatemala. La industria minera también mostró no solo sus daños ambientales, sino también las violaciones de derechos humanos directas. Casos como el de la canadiense Pacific Rim Mining/Oceana Gold Corporation, en El Salvador, y la británica Lonmin en Sudáfrica señalaron cómo la militarización y la violencia perpetradas sobre las poblaciones afectadas son al menos tan problemáticas como los daños ambientales. En este sentido, el caso de la anglo-suiza Glencore Xstrata fue emblemático por la extensión global de una sola empresa, y mediante los testimonios de comunidades afectadas por Glencore en Perú, Colombia, Zambia, República Democrática del Congo y Filipinas se mostró un claro ejemplo de cómo las ETNs operan en todo el planeta con total impunidad. En todos los casos presentados, se evidenció de forma transversal el bloqueo sistemático del acceso a la justicia y obtención de remedio por parte de las víctimas de intimidaciones, persecución, asesinato y destrucción ambiental. Como resultado, el TPP reafirmó lo que ya había sido apreciado en sesiones anteriores, basado en las evidencias presentadas en Ginebra. Esto es, que las violaciones pasadas y presentes de los derechos humanos y de los pueblos cometidas por las ETNs demandan una acción radical y urgente. Al final de la semana de movilización, el 26 de junio, las reivindicaciones de los testimonios presentados en la Audiencia del TPP resonaron en la adopción de una resolución histórica por los gobiernos en el CDH (A/HRC/26/L.22/Rev.1). Esta estableció un grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato consiste en la elaboración del borrador de un instrumento legalmente vinculante que estipule las obligaciones en materia de Derechos Humanos de las ETNs. Los/as defensores/as de los derechos humanos, y las comunidades afectadas por las transnacionales, en colaboración con diferentes movimientos sociales y redes de campaña, tuvieron un papel clave en este importante paso para parar la impunidad. En el aniversario de la resolución, cuando los Estados se preparan para la primera reunión del grupo de trabajo (6-10 de julio 2015, en Ginebra), este Mapa Temático actualiza los casos presentados en la Audiencia del TPP de Ginebra y recuerda la continuidad de la impunidad que justificó aquel tribunal.

La Audiencia del TPP en Ginebra se situó en continuidad con tres sesiones anteriores organizadas por la Red Bi regional Enlazando Alternativas, que han juzgado hasta 46 casos de violación de derechos humanos en América Latina, cometidos por transnacionales europeas. Tal y como las audiencias que le precedieron, la audiencia de Ginebra puso en evidencia las acciones de las transnacionales, la complicidad de los gobiernos en las violaciones, así como la existencia de un régimen hegemónico global legal, económico y político  que constituye los elementos sistémicos de una Arquitectura de la Impunidad, tales como los Acuerdos de Libre Comercio e Inversiones. La Audiencia de Ginebra se vinculó también con otros procesos como las sesiones del TPP en México y Canadá, la preparación de un próximo TPP en el Sur de África, así como de uno vinculado con las maquiladoras en Asia. Estos procesos políticos, liderados por movimientos sociales, demuestran que la batalla por un marco jurídico alternativo se articula dentro de un proceso mucho más amplio y fundamental en la lucha por la abolición del régimen corporativo; en el establecimiento de la Soberanía de los Pueblos y la reivindicación de los Bienes Comunes, así como del rescate de lo público, capturado por los intereses corporativos.

Este Mapa Temático ha sido preparado por la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad, a través de la colaboración de algunos de sus miembros: el Transnational Institute (TNI), el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y, más importante, los movimientos de comunidades afectadas y organizaciones aliadas, directamente responsables por la presentación de cada uno de los casos emblemáticos referenciados en el Mapa.

 

Derechos Humanos sin Fronteras

La polarización social y política de la discusión en torno al Proyecto Tía María en Arequipa, como antes ocurrió en torno a Conga en Cajamarca, vienen expresando un serio cuestionamiento de las regiones al modelo de crecimiento que lleva adelante el gobierno y a la forma como se decide la implementación de los proyectos extractivos en el país, pero además impide una discusión seria tanto sobre el rol de estos últimos en el desarrollo local, regional y nacional, como de la necesidad de implementar un sistema nacional descentralizado de planificación territorial.

El ordenamiento territorial (OT) es una política, un proceso y una herramienta útil para planificar y alcanzar un desarrollo sostenible en los territorios, en las zonas rurales y urbanas, resolver de manera democrática e informada los conflictos sociales en torno a los usos del territorio y sus recursos, establecer compatibilidades posibles entre las actividades económico productivas, así como prevenir riesgos de desastres, conseguir un desarrollo más equilibrado de las ciudades, proteger el patrimonio natural y cultural, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y establecer medidas necesarias para el desarrollo territorial.

Sin embargo, esta polarización está siendo interesadamente aprovechada por quienes desde el gobierno y ciertos sectores empresariales y políticos ven el OT como un obstáculo para realizar actividades como la minería y el petróleo para luego, en nombre de la sensatez y la gradualidad, mantener el statu quo en el que impera el desorden sobre los usos y formas de ocupación del territorio, la imposibilidad de emprender iniciativas de desarrollo con una perspectiva integral de sus efectos, el atropello de derechos, y la imposibilidad de conseguir condiciones para un diálogo genuino y acuerdos entre los diversos actores. Desde la Plataforma creemos que toda actividad, incluidas las extractivas deben darse en el marco de la planificación del desarrollo y el OT como bases de una asignación racional y consensuada con poblaciones, comunidades y diversos actores sobre los usos en el territorio, constituyendo su ausencia una fuente permanente de conflictos.

Debemos agregar que el actual gobierno ha dado marchas y contramarchas en la tarea de ordenar el territorio. Tras haber anunciado al inicio de su mandato la urgencia de una ley de OT, el ejecutivo nunca concretó iniciativa alguna para su discusión en el Parlamento, donde diversos sectores, incluido el oficialismo han bloqueado otras iniciativas. Ante la supuesta ausencia de consensos al respecto, se instaló en el Acuerdo Nacional la discusión de una política de Estado, que finalmente fue aprobada entre actores políticos, sociales y gremiales, incluidos los empresarios, como la Política número 34, “Política de Ordenamiento y Gestión Territorial”. A más de un año de su aprobación no existe ninguna iniciativa para su implementación.

En medio de esta falta de iniciativa, el gobierno aprobó recientemente la ley 30230 y otras para dinamizar las inversiones. Esta ley define que la Política de OT, se aprueba a través de un Decreto Supremo, aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por su presidente, y no ya a través del Ministerio del Ambiente. Pero además, declara que ni la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) ni el OT definen usos del territorio. Cabe preguntarse entonces sobre su utilidad, ya que no se definen más que como instrumentos orientadores, lo que significaría que no tienen ningún efecto político, ni regulatorio para ordenar y gestionar de manera efectiva el territorio, sumándose a otros instrumentos de planificación que duermen en las gavetas de las instituciones.

Queda además sin claridad alguna la manera en que esta norma afecta la rectoría y los procesos impulsados por el Ministerio del Ambiente y los gobiernos descentralizados como las ZEE, así como las implicancias que tiene para que estos último puedan cumplir sus funciones en materia de OT, obstaculizadas y postergadas ya varios años.

Estamos ad portas de una visita de una misión de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) para el lanzamiento oficial del estudio denominado Territorial Review – Perú, que tiene como objetivo principal brindar recomendaciones de políticas públicas para el desarrollo territorial del país. Es sumamente grave que el gobierno se quiera adherir a una organización que agrupa a los países desarrollados, cuando resultan pobres los avances en materia de OT y la ausencia de un debate alturado sobre el tema en nuestro país. Habiendo sido el gobierno de Humala incapaz de aprobar reformas mínimas y básicas para sentar las bases de una política de OT, consideramos necesario insistir en la realización de un debate amplio y descentralizado sobre este tema para ubicar a nuestra diversidad territorial en el centro de la política nacional de cara a las elecciones de 2016.

Marlene Luz Castillo Fernández, Master en Extensión Agrícola y Desarrollo Regional de los Andes, miembro de la Red Agua, Desarrollo y Democracia de Piura, recientemente ha sido consultora de instituciones como CEPES y CooperAcción, todas ellas instituciones miembro de la RED MUQUI.
Conformó el equipo técnico que apoyó a la Municipalidad de Dean Valdivia, de la provincia de Islay, en coordinación con CooperAcción y la RED MUQUI, en la preparación del documento «Valle de Tambo-Islay: Teritorio, agua y derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto», que contenía una rigurosa revisión del primer EIA que presentó la empresa minera Southern Peru para el proyecto minero Tía María.
Ésta vez Marlene Castillo se ha dedicado, de manera rigurosa a revisar el EIA aprobado por  en su documento: “Proyecto Minero Tía María – 2014: Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que sustentan la negación de la licencia social”, donde presenta argumentos críticos frente al proyecto Minero Tía María.
Su hipótesis central es que la ejecución del proyecto minero se configuraría un escenario de alto riesgo para la zona agraria vulnerable. Ella presenta tres escenarios de riesgo y cada uno lo describe ampliamente con datos actuales:

1.       El escenario de riesgo 1 que se configuraría con la contaminación del aire y la sedimentación de las partículas menores (menores a 2.5 micras) en el agro vulnerable.

2.       El escenario de riesgo 2 que se configuraría con la contaminación del acuífero aluvial – río Tambo vía el drenaje de agua ácida y la liberación de metales.

3.       El escenario de riesgo 3: incertidumbre alta sobre afectación del ecosistema marino salobre con la instalación y funcionamiento de la planta desalinizadora sin estudio de factibilidad

Finalmente ella presenta en su documento «Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que sustentan la negación de la licencia social -Proyecto Tía María 2014» la importancia del Valle de Tambo y las familias productoras.

La Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami) denunció ante el Ministerio Público a un grupo de funcionarios del Centro Nacional de Salud Ocupacional y de Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) por ocultar información referida a la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros que viven en las zonas aledañas al proyecto minero Tintaya – Antapacay.

La denuncia de Adepami está referida a los exámenes realizados a inicios del año 2013, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo instalada en a fin de atender las demandas de la población afectada por las operaciones mineras de la empresa Glencore – Xstrata.

En dicho espacio de diálogo se acordó realizar los estudios necesarios para determinar la presencia de metales pesados en el organismo de los pobladores. Las muestras fueron examinadas por el Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, institución que hizo una medición para determinar la presencia de hasta 17 metales pesados, sin embargo, a la población solo se le informó de los resultados sobre la base de seis obviándose los datos acerca de los otros 11 parámetros medidos.

“Nuestra Asociación considera que los presuntos hechos delictivos lindan con la comisión de los presuntos delitos contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General, Falsedad Ideológica, Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos y Falsedad Genérica; así mismo por el presunto delito contra la administración Pública, en su modalidad de Malversación y por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Exposición a peligro o abandono de personas en peligro, sub tipo exposición a peligro de persona dependiente”, señala Adepami.

La denuncia alcanza a Juan Cossio Brazzan, Director Ejecutivo de Medicina y Psicología del Trabajo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Carlos Huamaní Pacsi, Director Ejecutivo de Identificación, Prevención y Control del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Estela Encarnación Ospina Salinas. Directora General del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud.

También a Cesar Cabezas Sánchez, Jefe del Instituto Nacional de Salud,  investigador principal encargado de la ejecución del Estudio de Exposición a Metales Pesados, realizados en Espinar en  Enero del año 2013.

Adepami ha solicitado a la Fiscalía que se recoja las declaraciones de los denunciados y de aquellas personas cuyos testimonios ayuden a esclarecer los hechos denunciados. Asimismo que se recabe toda la documentación que permitiría establecer responsabilidades de quienes resulten implicados, entre ellos la Resolución Directoral que aprueba la investigación por el Instituto Nacional de Salud, conforme se tiene del numeral 5.2.15 de las Disposiciones Generales, de la Directiva N°003-INS/OGITT-V.01; los Informes de avances y el Informe Final presentados por Carlos Sánchez, a la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica.

Además que se solicite al Centers for Disease Control and Prevention que dé a conocer la fecha en que remitió los resultados practicados de los 17 metales en las muestras de orina recolectada, al Instituto Nacional de Salud del Perú; y si conocían que CENSOPAS había solicitado el consentimiento a los participantes para que se les practique exámenes solamente de 6 metales pesados.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informa que ha llevado a cabo acciones de fiscalización continuas a la unidad minera Arasi operada por Aruntani S.A., en el departamento de Puno. Así, entre los años 2010 y 2014, el OEFA ha realizado ocho (8) acciones de supervisión directa, dos (2) monitoreos de calidad de agua y sedimentos en el ámbito de influencia de la unidad minera y ha impuesto seis (6) sanciones firmes.

En efecto, en los últimos cinco años, el OEFA realizó cinco (5) supervisiones regulares y tres (3) especiales a la unidad minera; y en atención a los hallazgos detectados, impuso tres (3) sanciones, en el primer caso resolvió una multa por un monto de 46.53 UIT y en los dos últimos casos dictó medidas correctivas, en aplicación de la Ley Nº 30230. Asimismo, en virtud a tres (3) supervisiones realizadas en el 2009 por Osinergmin, el OEFA impuso tres (3) sanciones que suman 390 UIT.

En relación a los monitoreos ambientales realizados en el ámbito de influencia de la unidad minera, en el mes de febrero del 2013 se realizó un monitoreo de calidad de agua en el río Chacapalca y sus afluentes, y en el mes de julio del mismo año se realizó un monitoreo de calidad de agua y sedimentos en los ríos Chacapalca y Ocuviri. En seguimiento a dichas acciones, se ha programado un monitoreo de calidad de agua, aire y sedimento para el tercer trimestre del año 2015.

Adicionalmente, el 18 de enero del 2015 el OEFA participó, a solicitud de laFiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una diligencia fiscal para identificar la mortandad de peces (truchas) en el río Jatun Ayllu, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, atendiendo el requerimiento de los ciudadanos de Ocuviri.

En dicha diligencia, el OEFA tomó muestras de calidad de agua de los ríos Jatun Ayllu, Chacamayo y Chacapalca, programándose una nueva diligencia fiscal para el martes 9 de junio del 2015, donde participarán autoridades locales y la población de Ocuviri.