Compartimos con ustedes y ponemos a libre disposición la nueva publicación de OCMAL, «Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014»

El informe reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

Esperamos que esta publicación, elaborada de manera colectiva por los socios de OCMAL, sea de utilidad para las diversas organizaciones y comunidades afectadas y que resisten al extractivismo minero en América Latina.

Adjuntamos informe en pdf.

Agradecemos todo tipo de difusión.

Un abrazo,
Equipo coordinación
OCMAL

El abogado Jesus Gómez Urquizo, quien ha denunciado por extorsión al dirigente del valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, entregó las grabaciones de las conversaciones en un dispositivo USB señalando que no cuenta con la grabación original en el celular.

Dijo también que ha borrado la copia que hizo de su teléfobno a la computadora y solo cuenta con el USB.

Por esta razón los abogados de Gutiérrez le habrían aconsejado no someterse a la prueba hasta que se entregue el audio original, puesto que de esta forma bno se puede hacer la comprobación fehaciente, dijeron.

De otro lado, también expusieron que a Gómez Urquizo el frente de Defensa de Vallle de Tambo le pagó 250 mil soles en partes por sus servicios como abogado en el año 2011, por lo que indican que lo mueve iun interés económico en la presente denuncia. y además tuvo una sentencia por la pérdida de documentación de una ONG.

 

Fuente: El Buho

“Este paquete de proyectos es la amenaza más grande desde la Constitución de 1920 contra la propiedad comunal, con la idea de que todas las tierra rurales deben estar en un mercado y el que quiere pagar más gana las tierras. Con eso desaparecen las comunidades indígenas y parte de nuestra identidad. Hay una población rural e indígena que está dispuesta a protestar, a cuestionar, y es muy crítica a estos intentos de quitarles las tierras para dársela a inversionistas. No va a haber paz social si se sigue bajo esta lógica, va  a haber conflicto”, afirmó Richard Smith, director del Instituto del Bien Común. Por su parte, Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria, alertó del peligro de la desaparición de las comunidades  con estos paquetazos, e informó sobre el paro nacional  de los pueblos que tendrá lugar el 22 y 23 de junio en rechazo por estas normas y por la criminalización de la protesta que sufren.

Durante los últimos dos años del gobierno de Humala, son tres los paquetazos que han sido aprobados por el Congreso de la República o mediante decretos supremos por el Poder Ejecutivo. Es claro que también juegan un papel central en estas políticas los Ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este momento el Congreso evalúa la aprobación de un nuevo paquete normativo (proyecto de ley 3941), y el actual presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que buscaría obtener facultades especiales para que la aprobación de los futuros paquetazos no requiera involucrar al Congreso.

César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental, cuestionó el progresivo debilitamiento que está sufriendo el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), y aseguró que este Ministerio “no está para garantizar la inversión, sino para garantizar que los ecosistemas sean viables”. Asimismo, citó el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes, como ejemplo del debilitamiento al que ha sido sometido el sector ambiental, al pretender recortar hectáreas de esta área para que pasen a formar parte de un proyecto de irrigación. Esto es posible desde el momento en que la Ley 30230 permite al Consejo de Ministros legislar sobre áreas naturales protegidas.

Estas normas deberían haber sido consultadas en tanto afectan directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas como el territorio, el aprovechamiento de sus recursos naturales y a la autodeterminación.

Debilitamiento de la propiedad comunal

“De implementarse la ley 30230, se podrían aplicar “procedimientos especiales” -los cuales no han sido definidos- para quitar las tierras de las comunidades, y entregarlas a las compañías mineras, petroleras y grandes inversionistas, como los interesados en el monocultivo de palma africana”, explicó Richard Smith, director del IBC. A pesar de que el borrador del reglamento de la ley 30230 excluye a las tierras de las comunidades campesinas y nativas, deja abierta la posibilidad de que las tierras no tituladas y eriazas sí estén sujetas a lo dispuesto por esta ley, al no especificarlo de manera clara. “Hemos recomendado cambiar la expresión que usan para que se exceptúe a todos los territorios de las comunidades”, precisa el director del IBC.

Silvana Baldovino, de la SPDA, mencionó que estos paquetazos se orientan a las comunidades campesinas  y a las tierras eriazas, e hizo un paralelo con la causas que generaron el Baguazo, como la promulgación de una serie  de decretos (Decreto legislativo 1064, entre otros) que flexibilizaba la toma de decisiones en el interior de las comunidades para disponer (y poder vender) las tierras.

Hay que recordar que aún quedan por titular casi 4.000 comunidades. Además, El 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras, mientras el 75% de la Amazonía tiene concesiones petrolíferas.

Abandono del modelo primario-exportador

El economista Humberto Campodónico no augura éxito a los paquetes normativos que pretenden atraer la inversión y reactivar la economía a través de la flexibilización de los estándares ambientales y sociales. Remarcó la necesidad de pasar de un modelo económico primario-exportador hacia una economía que apueste por la diversificación productiva y la industrialización. El ex presidente de Petroperú señaló la alta dependencia que tiene la economía peruana de la exportación de las materias primas que alcanza hasta el 65% de las mismas. Superando ampliamente lo que señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera a un país dependiente cuando depende más del 25% de su economía de la exportación de los “commodities” (productos básicos).

Campodónico comentó que este modelo económico, de acuerdo a estudios internacionales, termina por perjudicar a la industria nacional, deviene en corrupción, favorece el rentismo o la “pereza fiscal” –desde todos los niveles de gobierno no existe preocupación por generar recursos propios pues reciben unos ingresos fijos por estas actividades extractivas-, inflación, concesión de las tierras del país, gerenando conflictos. “No hay instituciones sólidas para una gobernanza de los recursos naturales”, afirmó.

Aumento de la conflictividad

Según la Defensoría del Pueblo en el Perú, se registraron en el mes de abril 229 conflictos, de los cuales, 175 están activos y 154 (es decir, el 67,2%) se deben a cuestiones socioambientales, la mayoría  de los cuales son por la minería (112) e hidrocarburos (20). Laureano del Castillo, de CEPES, señala que muchos de los conflictos socioambientales se deben a la presencia de actividades extractivas en tierras comunales, y que las normas elaboradas desde el Poder Ejecutivo vulneran convenios internacionales como el 169 de la OIT. “Las comunidades campesinas y nativas tienen más del 60% del total de las tierras agropecuarias.  Vamos  a afectar su sustento, pero no solo eso. Alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en las ciudades provienen de  la agricultura familiar. Quitar tierras para poner proyectos minas, carreteras u otros proyectos de inversión solo alimentará la conflictividad en el país”, señaló.

El evento de desayuno y conversatorio con la prensa fue organizado por el Colectivo “Territorios Seguros para las Comunidades del Perú”, que está compuesto por organizaciones indígenas y de la sociedad civil.

 

Campaña “Territorios Seguros para las Comunidades del Perú

Habiéndose discutido en la sesión anterior el dictamen del proyecto de Ley 3941 sobre la promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social del país. El día de hoy viernes 15 de mayo el Pleno del Congreso decidió su aprobación en primera votación por 58 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones.

El tema fue dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, cuyo presidente Federico Pariona Galindo (FP) resaltó la urgencia de aprobar la iniciativa ya que estaba por vencer el plazo correspondiente para su sanción por el Parlamento.

En cuanto al proyecto en debate, su ámbito de aplicación serán las entidades públicas relacionadas al otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y similares, así como las entidades vinculadas a las actividades de certificación ambiental, recaudación tributaria, promoción de la inversión, aprobación de servidumbres, valuación de terrenos, protección de áreas de seguridad y obtención de terrenos para obras de infraestructura de gran envergadura.

El alcance de la iniciativa será aplicable a los proyectos de inversión pública, privada, pública privada o de capital mixto.

En un comienzo recibió críticas de legisladores como Manuel Dammert Ego Aguirre y Yonhy Lescano Ancieta (AP-FA). Objetaron los alcances de algunas de las propuestas y Lescano planteó que el tema fuese devuelto a la Comisión de Pueblos Andinos para un mejor estudio. Se consideró, entre otras cosas, que la iniciativa afectaría a los intereses de los pobladores de comunidades nativas y campesinas, conforme se advertía, dijeron, en el articulado de la propuesta.

También se criticó que se planteara la creación de un proyecto especial en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas que, de un lado, asumiría funciones quitándoselas a otras instituciones, lo cual afectaría a la ejecución de proyectos y medidas en favor de las comunidades campesinas y nativas. Entre tanto intervinieron otros legisladores que examinaron los alcances del proyecto a la luz de la realidad y de la situación actual de las comunidades nativas y campesinas.

El presidente de la comisión informante, Federico Pariona, sostuvo que estaba claro que el proyecto no afectaba de ninguna manera a las comunidades campesinas y nativas. Por ello solicitó que el tema fuese votado cuanto antes. Acogió propuestas que plantearon los legisladores Gustavo Rondón Fudinaga (SN) y Agustín Molina Martínez (NGP) para perfeccionar la propuesta de ley.

El proyecto, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, fue aprobado en primera votación por 58 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones.

Previamente fue desestimada la cuestión previa del legislador Yonhy Lescano para que el tema fuese devuelto a la Comisión de Pueblos Andinos. Fue por 55 votos en contra, 16 a favor y ninguna abstención.

También se rechazó la cuestión previa propuesta por el congresista Manuel Dammert para que se votara aparte el artículo 38º, relativo a las acciones para la optimización de los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la inversión privada. Ello fue con 57 votos en contra, 17 a favor y ninguna abstención.

Al cumplirse casi 50 días de paralización en el Valle del Rio Tambo en la provincia de Islay, y dos días de paralización regional en gran parte de  Arequipa, la Red Muqui, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Lamentamos que hasta el día de ayer el conflicto social generado por la pretendida realización del proyecto minero Tía María, haya ocasionado el fallecimiento de 6 personas, 5 civiles y un policía, y cientos de heridos. Consideramos que la militarización no es la vía para hacer viable una actividad económica.  La falta de licencia social no puede ser ignorada dándole   prioridad al  uso de la fuerza.

2. Insistimos en que el único camino para la solución del conflicto es el diálogo. Para llegar a él, se requiere que disminuya el clima de tensión y  enfrentamiento. Por lo tanto, el Estado debe realizar todos los esfuerzos necesarios para restablecer la paz social, instaurando un clima de respeto mutuo, basado en la vigencia de los derechos humanos.

3. Instaurar el diálogo, pasa por generar condiciones previas que lo hagan posible. Esto  supone, que siendo el inicio del proyecto lo que ha desatado el clima de tensión, su ejecución se suspenda. Pero  también es necesario que la población retome los cauces de la protesta pacífica. Además, se requiere que  las partes hagan el esfuerzo por dejar posturas extremas y estén dispuestas a escuchar al otro. Asimismo, se necesita información completa y opinión de terceros considerados confiables por las partes.

4. Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por campañas públicas en contra miembros de la Red Muqui y  la CNDH.  Consideramos que la sociedad civil es un actor importante en toda democracia y que su papel en la generación información,  en la asesoría técnica y el acompañamiento a organizaciones sociales favorece diálogos más equilibrados. Por el contrario, la inexistencia de estos espacios, conduce a una mayor polarización y violencia.

Lima, 13 de mayo de 2015

RED MUQUI
Teléfono: 332-6525 / 957567595
Correo: [email protected]
@RedMuqui

Miembros del Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar, así como diferentes organizaciones y comunidades afectadas por el proyecto minero de Glencore en Espinar como son: la asociación ADEPAMI, FREDERMICE, Comité de Usuarios de Qetara, Sector Pacpacco de la comunidad  de Alto Huancane y la Comunidad de Huisa presentaron el día de hoy en el  Juzgado Mixto de Espinar una Demanda de Acción de Cumplimiento para que el Gobierno Central establezca políticas públicas en favor de la salud y el medio ambiente para las personas afectadas por metales pesados en su organismo en el área de influencia del proyecto minero de Tintaya – Antapaccay en Espinar.

Como se sabe a raíz del conflicto de mayo del 2012 suscitado  entre la empresa minera Xstrata, hoy Glencore, y la población de Espinar se realizaron varios monitoreos e informes por diferentes entes sectoriales del Estado, uno de estos informes fue realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) que en el 2013 dio como resultado, que de 180 personas que participaron en las muestras, se detecto la presencia de metales pesados como: cadmio, arsénico, mercurio, plomo y talio. Además en este caso se detectaron una serie de irregularidades, ya que  inicialmente solo se informó a la población del análisis de 06 metales pesados, sin embargo a finales del 2014 el CENSOPAS entrego resultados de 11 metales pesados adicionales de los que los afectados no tenían conocimiento.

Por ello los afectados por metales pesados han venido exigiendo la atención a su salud desde hace varios años, ya que el informe de CENSOPAS y de las otras instancias del Estado solo evidenciaba que estas personas conviven con estos metales en su organismo, sabiendo que estos pueden afectar gravemente a su salud, sin presentar ni implementar en su momento desde el MINSA un plan de atención integral para la salud de estas personas.

Frente a esta inacción del Ministerio de Salud y de otros entes sectoriales del gobierno central los afectados se organizaron en un Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar y mediante esta organización vienen demandando al Ministerio del Ambiente, OEFA, al Ministerio de Salud y sus órganos descentralizados (CENSOPAS y DIRESA), al Ministerio de Agricultura y sus órganos descentralizados (SENASA y ANA) así como el Gobierno Regional del Cusco, solicitando expliquen la causa de la presencia de metales pesados e implementen políticas públicas integrales y participativas a favor de las personas afectadas a su salud. De otro lado se solicita al Ministerio del Ambiente (MINAM), para que declare en emergencia sanitaria y ambiental las zonas afectadas, y se ordene la inmediata realización de un examen epidemiológico y toxicológico a las personas afectadas.

Estas acciones constituyen un esfuerzo conjunto de varias organizaciones sociales y comunales que vienen impulsando la demanda, así como con el apoyo de instituciones como el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos sin Fronteras, APORVIDHA, Cooperaccion, Solsticio, IDLAS y el Medico Fernando Osores.

Finalmente todos estos hechos fueron públicamente presentados en una Conferencia de Prensa realizado en la sala de prensa del Gobierno Regional del Cusco el día de hoy martes 12 de mayo del 2015, a partir de las 9:30 de la mañana.

Palabras de los que participan en la conferencia de prensa:

Melchora Surco, afectada por metales pesados de la Comunidad de Alto Huancane en Espinar: “Nosotros venimos a denunciar para que haya justicia, queremos vivir igual que ustedes sanos, yo vivo afectada por esta empresa minera y a mi salud por más de 30 años, ¿Cuándo nos van atender?…”

Abogado Juan Carlos Ruiz del IDL: “En un Estado constitucional, cuando el Gobierno no cumple con proteger los derechos, corresponde a los jueces hacer control al Gobierno para que lo hagan…”

Cecilia Blume, consultora de empresarios, en un artículo comenta una grabación de audio, en donde un conjunto de voces masculinas – al estilo de una tropa -, guiados por una voz varonil, gritan en forma cadenciosa y sostenida lemas crueles y violentos.

Ella manifiesta que le  han informado que serían miembros de Sendero Luminoso presentes en las protestas de Cocachacra, Arequipa. Hace más de una semana, estuve en Cocachacra como parte de una misión para evaluar la situación de derechos humanos. Cientos de agricultores y pobladores de esta localidad vinieron a nuestro encuentro.

Lo que vimos fue un lugar con fuerte presencia policial y una población preocupada por su valle, un oasis verde en medio de un desierto. Los pobladores nos dijeron que se movilizaban para manifestar su desacuerdo con el proyecto minero Tía María, muy próximo al río y al valle. Decían que trataban de ir a otros pueblos para comunicarles lo que les estaba pasando y buscar su apoyo pero que la policía no les permitía salir con el pretexto de que no tenían permiso; que al insistir en continuar caminando, la policía les tiraba bombas lacrimógenas, perdigones y los  dispersaba.

Muchas personas habían resultado heridas y otras detenidas bajo estas circunstancias. Mientras los  visitantes caminábamos al lugar que se había improvisado para darnos la bienvenida y luego, a donde se tomarían los testimonios, los pobladores de Cocachacra se nos acercaban para decirnos que no son violentos, que lo único que llevan a las movilizaciones es un poco de agua, para calmar la sed que produce el calor intenso de la zona.

Cuando todos se agruparon comenzaron a corear, algunos pocos lemas como: «Agro sí, mina no», «siempre de pie, nunca de rodillas», «el valle no se vende, el valle se defiende». Los lemas los lanzaban voces distintas, masculinas y femeninas, de manera  espontánea.

Luego de este viaje, no me sorprendió del todo, aunque si me produjo una profunda indignación, el que días más tarde, un policía colocara un objeto punzo cortante en manos de un agricultor que  acababa de ser detenido, para luego dejar que lo fotografíen y sea publicado en la prensa. Varios testimonios que escuchamos en Cocachacra nos dijeron lo mismo: “la policía nos siembra armas para presentarnos como violentos”.

La decisión del gobierno de imponer el proyecto minero a la población de Cocachacra, lo lleva a situaciones de arbitrariedad y abuso muy grandes. El gobierno actual, parece haber olvidado que el Estado representa a todos los peruanos, y que la persona humana es su fin supremo. Esta pérdida de sentido, alimentada por normas que promueven la inversión a cualquier costo, criminalizan la protesta y permiten la impunidad de violaciones a derechos humanos cometidas por policías y militares en ellas y está generando la agudización de los conflictos sociales y una situación de ingobernabilidad, en donde perdemos todos los peruanos. En este contexto, urge que el gobierno actúe con mesura, construya  confianza y demuestre que respeta los derechos de la personas y que es justo en las decisiones que toma.

Ana Leyva
Cooperacción

Ante los sucesos que vienen ocurriendo en el sur del país, particularmente en la Provincia de Islay, con motivo del proyecto minero “Tía María”, llamamos a una  profunda reflexión, que  desemboque en una  pronta acción en defensa de la vida, la construcción de la paz y la justicia.

Tenemos conocimiento de la importancia de proyectos como el de Tía María porque implicarán altos niveles de inversión para la economía de la región y del país, con la consecuente creación de puestos de trabajo, importantes obras de infraestructura y el aporte a los recursos públicos, especialmente regionales y locales, con todo lo que ello implicaría en favor de la calidad de vida.

Sin embargo, nos preocupa las poblaciones que durante años viven de la agricultura, dinamizada en los últimos tiempos, que es necesario promover y proteger, puesto que favorece  la alimentación y una muy importante generación de puestos de trabajo, que mejora la economía de las familias, la región y del país en su conjunto. En el importante valle del río Tambo, para favorecer la agricultura, es necesario proteger el agua tanto superficial como del subsuelo. La calidad del aire y de la tierra es  también esencial para lograr los necesarios niveles de productividad. Nuestra mirada debe incluir el bien  común, el cuidado de la Creación, un desarrollo verdaderamente humano, sostenible y solidario.

Lamentamos profundamente los hechos de violencia que se vienen suscitando y en particular la muerte  de hermanos nuestros, como Victoriano Huayna y Henry Checlla. ¡No debe haber más víctimas¡. Lamentamos también los numerosos heridos tanto de la policía como de civiles que ya son muchos. ¡No más violencia¡. Llamamos a las fuerzas del orden y también a la población civil a reafirmar el respeto por los derechos humanos y por la paz. Es sumamente necesario retomar el diálogo alturado, con la buena voluntad de todas las partes implicadas, que deben participar en él para que se restablezca la Paz.

Como lo hemos manifestado en el Comunicado de los Obispos del Perú de enero del presente año:  “La paz es la buena noticia del Evangelio. La debemos construir entre todos, porque son «Bienaventurados los que trabajan por la paz» (Mt 5,9). En ese sentido, ratificamos nuestra voluntad de respaldar y apoyar las iniciativas para restablecer el diálogo y la construcción de Paz.

Que María, Nuestra Señora de la Paz, nos ayude a lograr el restablecimiento de la paz en el sur y en todo nuestro amado Perú.

Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón
Arzobispo de Ayacucho
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM 
Arzobispo de Trujillo
Primer VicePresidente de la CEP

Mons. Pedro Barreto Jimeno SJ
Arzobispo de Huancayo
Segundo VicePresidente de la CEP

Era el 30 de marzo de 2011. Aquel día se había dado a conocer, por canales extraoficiales, el resultado de la evaluación que hiciera la UNOPS (organismo técnico de evaluación de proyectos de las Naciones Unidas)  al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María, en el que se consignaron más de 300 recomendaciones y 138 observaciones.

El gobierno de Alan García Pérez y su Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, se habían empeñado, desde hacía meses, en defender el EIA, que “había pasado por todas las revisiones pertinentes” y cumplía todos los requisitos de la legislación peruana, según decía ardorosamente el propio ministro. Ante las protestas y claras omisiones del Estudio, en noviembre de 2010, accedió a su revisión por UNOPS; pero cuando el informe estaba a punto de culminarse, con graves observaciones, el gobierno rompió unilaterlamente el contrato argumentando problemas presupuestales e intentó evitar que se hiciera público. (ver investigación de IDL reporteros aquí El escándalo de la Unops, el ministro y Tía María)

Finalmente UNOPS hizo público el estudio el 30 de marzo, “colgándolo” en Internet a pesar de que el gobierno peruano no le había cancelado sus servicios. Esto ocurrió en pleno paro indefinido decretado por el Frente de Denfensa del Valle de Tambo, que había iniciado el 24 de marzo. El gobierno -idem que el actual- había enviado al Ejército a apaciguar la protesta, en plena efervescencia.

Ana María Solórzano, quien era la candidata número 1 del nacionalismo en Arequipa, participó activamente en esa protesta. Aquí la vemos en una marcha, junto al hoy alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, quien en días pasados le envió un mensaje a Ollanta Humala, irreproducible por su obcenidad, pero al parecer, muy sentido.

Pocos días antes, el entonces candidato presidencial, Ollanta Humala, había estado en Cocachacra, alentando la protesta y prometiendo defender sus pedidos y hacerlos respetar, frente a la imposición del gobierno central. “Hasta en esto se ve que el gobierno central favorece a los grandes grupos económicos, antes de escuchar al pueblo… la voz del pueblo es la voz de Dios y se hará respetar…el presidente de la República, tendrá que venir aquí personalmente y no mentir, y si miente, tendrá que ser vacado”.

Como no podía ser de otra manera, tras el ingreso del Ejército, pocos días despues, el lunes 3 de abril se produjo la primera muerte como consecuencia del enfrentamiento de la población con las fuerzas del orden. La Defensoría del Pueblo intervino intentando buscar una tregua, pero no lo consiguió: el jueves 7 de abril se produjeron dos muertes más, enlutando a humildes familias campesinas del lugar. Los tiros nunca alcanzaron a los revoltosos, radicales, antimineros y proterroristas que, según el gobierno, eran los que impulsaban la protesta.

Solo después de estas muertes y ante la aplastante evidencia del estudio de Unops, el gobierno finalmente cedió y suspendió el proyecto.

Tras los problemas en la provincia arequipeña de Islay, que dejaron cuatro muertos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró ayer “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María, dirigido por la Southern Copper Corporation.

“Hemos anunciado la emisión de una resolución directoral que declara inadmisible el proyecto e igualmente dispone que la empresa debe abstenerse de ejecutar cualquieractividad minera en la zona”, declaró el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, tras una reunión con dirigentes de los manifestantes y autoridades arequipeñas.

Agregó que también se ha dispuesto que Southern inicie el retiro de equipos, maquinaria e insumos que ya había llevado al lugar del proyecto.

Sánchez recordó que una de las medidas que planteó el MEM para resolver la problemática sobre este caso fue que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sea la que evalúe la viabilidad del EIA, pero la empresa no levantó las observaciones de esta entidad, lo cual deriva en la nulidad del proyecto.

Cuando ingresó el gobierno de Ollanta Humala, hubo un significativo cambio. En su interpretación, el proyecto no estaba suspendido, sino solo tenía el EIA anulado. Acordó con la empresa que admitirían la presentación de un nuevo EIA y podía seguir con el proyecto. Así, Southern inició una nueva estrategia de aproximación a ciertos sectores de la población y mandó elaborar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que presentó en 2014, siendo aprobado 3 meses después.

Cuatro años después de aquella marcha, Ana María Solórzano volvió a participar activamente en un nuevo conflicto alrededor del proyecto Tía María, pero esta vez lo hizo desde el otro lado del mostrador. Vino junto a una delegación de congresistas, ministros y alcaldes a intentar “persuadir” a los opositores de que, ésta vez, el EIA es perfecto, que no es necesaria la revisión de Unops, que es necesario deponer la protesta y que los opositores son solo “radicales antimineros”.

Fuente: El Buho

Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales. Esta región minera alberga relatos de impunidad,  de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido. Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las «dádivas» de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Historias de impunidad.

La lucha de Isidro Llanos

El campesino Isidro Llanos fue asesinado el 2 de agosto de 2006 a los 58 años en Combayo. La población de esa comunidad, perteneciente al ditrito de la Encañada,  se movilizó contra las intenciones de la empresa  Yanacocha de ampliar el proyecto minero (Carachugo II). Sin embargo, desde los años noventa la minera se había instalado en el cerro Carachugo, donde se fundió la primera barra doré.

«Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino», relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. «No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso», comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. «No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo», relata su hermana Paula Llanos.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque «declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos». «El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado», sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. «Cuando se produce una situación de conflicto armado aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado», comenta Bregaglio.

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, «cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional». No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de «sobrepasado», considera que debe ser definido, para «no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder». No obstante, Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del «orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable», pues de lo contrario, «viviríamos en una anarquía».

Las muertes de Conga

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín: César Medina, José Faustino Sánchez, Paulino Leonterio y Joselito Sánchez. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al «traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego». En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia, se afirma que «es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín».

El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de «garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales», apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. El 4 de julio el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM.

La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Impunidad

“Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces.

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien», comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  chica de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma «no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona». «Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía», cuenta. Marisol Malqui, viuda de José Faustino, dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. «Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.». Marisol no tiene un trabajo estable, limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  «¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Santos Huamán, madre de Joselito Sánchez, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. «Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura».

«En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vida judicial», declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. “Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales», concluye Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

Existe un convenio de «prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP». Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina el abogado Juan Carlos Ruíz. «Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo», declara Rolando Luque.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas estructurales de la población permanecen; y el Estado mantiene esta legislación. El desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

Escribe Nylva Hiruelas
Fuente: Gran Angular

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