Por una agricultura familiar que favorezca la soberanía y seguridad alimentaria en el Perú

“La iglesia agradece a todos aquellos que se ocupan de la defensa de la vida y del ambiente (…) está cercana a los campesinos que con amor generoso trabajan duramente la tierra para sacar, a veces en condiciones sumamente difíciles, el sustento para sus familias y aportar a todos, los frutos de la tierra” (DA. 472)

Las instituciones copartes de Misereor, reunidos en Otuzco, La Libertad, los días 07 y 08 de noviembre del 2016 en el encuentro “Soberanía alimentaria y agricultura familiar”, hemos reflexionado sobre la problemática e importancia de la agricultura familiar en el país, como base principal para la soberanía y seguridad alimentaria de nuestras poblaciones.

Y es que el 81% de los productores existentes en el Perú son pequeños agricultores que producen el 70% de los alimentos de la canasta familiar, y éstos son primordialmente agricultores familiares. Sólo el 7% del territorio nacional se dedica a ésta actividad fundamental para la vida, y para ello es necesario otorgar garantías para los territorios de las comunidades y familias campesinas y nativas, las que se ha perdido o debilitado con la normativa y políticas públicas impulsadas para favorecer el acceso a la tierra para la gran inversión nacional y extranjera, especialmente minera y extractiva en general.

Además, el cambio climático que afecta esencialmente a nuestras zonas rurales, hace prever que los recursos hídricos serán especialmente afectados respecto a su cantidad. Por ello es necesario incidir en la gestión integrada del agua, con especial atención a la protección de las cabeceras de cuenca y los ecosistemas frágiles generadores del recurso, y su manejo sostenible.

Asimismo, el otro problema es el de la calidad del agua que afecta fundamentalmente la salud de las personas y la seguridad alimentaria, ya que impacta en la producción y comercialización de alimentos, siendo los más perjudicados con ello, los pequeños agricultores y agricultores familiares, que no cuentan con apoyo real y efectivo del Estado a nivel local, regional y nacional.

La historia nos demuestra que el Perú es un país agrario, y es necesario aprovechar nuestros recursos naturales de manera más adecuada y sostenible, rechazando los transgénicos, impulsando la agricultura ecológica, favoreciendo el acceso a nuevos mercados evitando con ello los intermediarios y monopolios de hecho, revalorando los saberes ancestrales y complementándolos con la tecnología e innovación, entre otras acciones que favorezcan dicha actividad.

Para todo ello es necesario involucrar en dicha tarea al Estado, poblaciones, comunidades y sociedad civil, en una tarea conjunta y coordinada.

Finalmente, mostramos nuestra preocupación por la situación de conflictividad socio ambiental que se mantiene con el nuevo gobierno, especialmente respecto de la actividad minera y de hidrocarburos; y que recientemente ha generado dos nuevos fallecidos en la provincia cercana de Pataz-La Libertad, por las protestas en contra de la contaminación generada por la empresa minera Consorcio Minero Horizonte, y que se suma a lo acontecido en la zona del proyecto minero Las Bambas, donde podemos comprobar que el poder económico mediante convenios maneja las decisiones del Estado, lo que es un serio riesgo para las poblaciones afectadas y del entorno.

“Firmamos el presente con esperanza de un mundo mejor”

1. RED MUQUI – LIMA

2. AMAS – LA LIBERTAD

3. CEDEP – ANCASH

4. CENTRO LOYOLA – AYACUCHO

5. REDES – HUANCAYO

6. CEPROM – HUANCAYO

7. GRUFIDES – CAJAMARCA

8. DIOCESIS DE CHULUCANAS – PIURA

9. REDAD – PIURA

10. VIMA – JAEN

11. PASSDIH – HUANCAYO

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Policía Nacional sí presta servicios a empresas mineras, brindándoles protección y seguridad

Diversas organizaciones de derechos humanos denunciamos la existencia de convenios entre la Policía Nacional del Perú y varias empresas mineras, entre ellas la titular del proyecto minero Las Bambas en Cotabambas – Apurímac.

Estos convenios han sido dados a conocer por la organización Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco luego de una sentencia judicial, a través de un habeas data que demoró casi dos años, mediante la cual el Poder Judicial ordenó a la Región Policial del Cusco entregue a la organización en mención estos convenios. Sin embargo, aún esta información no se encuentra disponible para toda la ciudadanía, ya que a la fecha ninguno de estos convenios, estén vigentes o no, no están disponibles en la página web del Ministerio del Interior, ni han sido difundidos por los medios de comunicación. Por lo tanto, estos convenios aún son secretos.

Es inaceptable que en un país en el que los conflictos socio ambientales han traído como consecuencia cientos de personas muertas y heridas, ya sean de la población civil o de la PNP, se manifiesten propuestas para sólo revisar los marcos normativos que posibilitan o sustentan convenios privados y secretos entre la PNP y las empresas mineras.

De otro lado se sabe que en los conflictos generados por los proyecto mineros Rio Blanco en Piura, Tintaya Antapaccay en Espinar, Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, entre otros casos, se han dado detenciones arbitrarias, torturas, sembrado de evidencias, uso excesivo de la fuerza (con personas heridas y fallecidas), existencia de comisarias dentro del campamento minero, entre otras irregularidades. En buena parte de los casos mencionados ya existían convenios entre la PNP y las empresas mineras.

Frente a ello expresamos lo siguiente:

1. Saludamos que, en su comunicado del 26 de octubre, el Ministerio del Interior reconozca el convenio que existe entre la PNP y la empresa titular del proyecto minero Las Bambas, que fue suscrito el 13 de agosto del 2015 y revalidado por la PNP el 22 de setiembre del 2016. Esta información, hasta hace poco reservada, confirma la vigencia de los convenios. De nada sirve que la empresa Las Bambas suscriba los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos a nivel internacional, pues la muerte del señor QUINTINO CERECEDA nos demuestra la transgresión que se está cometiendo de dichos principios, que en la práctica no brindan ninguna garantía de protección a los derechos.

2. La existencia de estos convenios demuestran que la PNP viene recibiendo hasta tres tipos de beneficios económicos por parte de las empresas mineras: 100 soles diarios para los efectivos policiales que realizan labores de seguridad; 110 soles diarios para efectivos de nivel superior (responsables de Convenios o quienes los suscriben) y el 0.11% de una UIT que se deposita en una cuenta corriente y que ingresa como recursos directamente recaudados. Esta situación, no sólo demuestra la dependencia económica de nuestra PNP también transgrede abiertamente su función constitucional, sometiéndola a intereses privados especialmente en territorios de permanente conflictividad generada por los proyectos mineros, donde la desconfianza hacia la PNP y al Estado se va ahondando, en un contexto de impunidad facilitada por los marcos normativos y la corrupción.

3. Lo antes mencionado resulta muy grave para el respeto y promoción de los derechos humanos en el Perú, ya se está produciendo un delicadísimo fenómeno de privatización de la fuerza pública al servicio de empresas privadas, fundamentalmente del sector minero extractivo y de hidrocarburos, al punto que algunos analistas independientes hablan de la mercerización de la fuerza pública en favor de la defensa de interés de grandes empresas transnacionales. Así mismo se usan los recursos humanos y materiales financiados por los recursos públicos para brindar actividades de seguridad privada utilizando leyes que vulneran la constitución peruana y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

4. Efectivamente, existe un marco legal que es permisivo con la prestación de servicios de seguridad de la PNP con el sector privado, previsto en el art. 55 del D.L. N° 1148 (Ley de la Policía Nacional del Perú) que tácitamente ha sido ratificado por los Decretos Legislativos 1213 y 1230 que si bien establecen la dedicación exclusiva del personal que ejerce función policial y le prohíben expresamente la prestación individual de servicios de seguridad privada en sus días de descanso; también establece la posibilidad de que los servicios de seguridad privada puedan ser brindadas por personas naturales o jurídica públicas o privadas. Esta permisividad “legal”, posibilita que la PNP, como en el caso del señor QUINTINO CERECEDA, se parcialice optando defender a los intereses del sector privado antes que a la población en su conjunto.

5. No es posible admitir que los servicios de protección y seguridad sirvan para el aprovechamiento de los recursos naturales estratégicos que posibilitan el desarrollo económico del país, como lo ha referido el viceministro de Gestión Institucional, Ricardo Valdés, pues con esa justificación nos preguntamos ¿Quién responde por la muerte del señor Cereceda y los demás fallecidos en conflictos socio ambientales?, ¿La empresa o la Policía Nacional del Perú?

6. No es posible que bajo convenios privados se prevea el uso de la fuerza para casos excepcionales, ¿Quién define el uso de la fuerza en esos casos?, ¿Cuáles son esos casos excepcionales? ¿Quién determina su excepcionalidad? ¿Fue excepcional la muerte de QUINTINO CEREDA para proteger intereses mayores a una vida?.

7. Es insuficiente la revisión del marco legal que permite la suscripción de convenios con las empresas extractivas. La actuación de la PNP -denunciada por el propio Ministro del Interior- en el último conflicto con el proyecto minero Las Bambas, ha puesto en evidencia que se requieren cambios profundos, así como la fiscalización de los recursos que desde años atrás la PNP percibe como producto de la suscripción de dichos convenios. Exigimos conocer cuánto percibe la PNP por este tipo de convenios y en qué se gasta este dinero. Además, es imprescindible un debate público y transparente. Emplazamos al Congreso de la República cumpla con su rol de fiscalización, modifique un marco legal inconstitucional que deslegitima y pone al servicio de intereses privados a nuestra PNP, y que se establezcan los niveles de responsabilidad de las empresas mineras en dicho accionar.

Cusco – Lima, 03 de noviembre del 2016.

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Declaración Conjunta Ortodoxo-Católico Romana sobre Ecología

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA ASAMBLEA EPISCOPAL ORTODOXA DE ESPAÑA Y PORTUGAL Y EL ARZOBISPADO CATÓLICO–ROMANO DE MADRID, POR LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

Nos encontramos reunidos sumarnos a una iniciativa global, para celebrar la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Hoy nos congregamos hermanos de distintas tradiciones cristianas junto a gentes de buena voluntad, para orar en acción de gracias, por las maravillas que Dios nos ha dejado en heredad, a través de su Creación. Una inmensa biodiversidad que expresa de forma velada la gran sabiduría del Creador y la necesidad que tenemos de estudiarla y gestionarla para que aumente su riqueza y sirva al Bien Común de las generaciones actuales y venideras, y para dar a Dios la gloria que le es debida.

Pero también nos reunimos para reconocer, junto a la mayoría de la comunidad científica internacional, que nuestro planeta está siendo sometido a un cambio climático sin precedentes causado por la intervención del ser humano, que está poniendo en serio peligro los ecosistemas y causando la destrucción del legado de Dios: su presencia y su sabiduría manifestada en la biodiversidad. Al mismo tiempo, se nos conmueven las entrañas ante el sufrimiento de tantos millones de hermanos nuestros que soportan exclusión, miseria, hambre y violencia de todo tipo, muchas veces por guerras para obtener y monopolizar recursos naturales o por desastres naturales, frutos del cambio climático. Nos duele como propio este sufrimiento, pues nos sabemos hermanados con todas las personas y criaturas, como miembros de una misma Creación, del designio de Dios para la humanidad.

Como creyentes, reconocemos que este crimen contra la naturaleza y contra nuestros hermanos es un despropósito ante nuestra propia dignidad humana y un pecado contra Dios.

Manifestamos que en el origen de estos sufrimientos hay una concepción desviada de la tarea que tenemos en el mundo. Dios, que planeó un mundo de belleza y armonía, confió la custodia de su Creación a los seres humanos, a quienes configuró a su imagen y semejanza.

Pero los humanos nos hemos apartado de este designio original y nos hemos considerado dueños y señores en lugar de administradores y colaboradores de Dios en la realización cada vez más plena de su Creación.

Admitimos que necesitamos convertir nuestros corazones, cambiar nuestra manera de pensar, cultivar nuevas actitudes y comportarnos de manera acorde con nuestra dignidad.

Necesitamos aprender a vivir de manera respetuosa con todas las formas de vida, especialmente con nuestros hermanos sufrientes a causa de un sistema económico depredador y excluyente que pone en el centro el beneficio económico antes que la defensa de la vida.

Nos enfrentamos como humanidad a un reto enorme. Pero sabemos que nunca es demasiado tarde. El mundo creado por Dios posee poderes increíbles de curación. El ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente, pues como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado.

Hoy las comunidades Católico-Romana y Ortodoxa, invitamos a todos los cristianos y gentes de buena voluntad en Madrid, a unirse a esta iniciativa global, con la esperanza de que todos los años venideros podamos seguir encontrándonos en estas jornadas, para orar y colaborar juntos por el cuidado de la Creación.

Como cristianos, nos alegramos del inmenso tesoro que es nuestra fe, iluminada con la experiencia espiritual de millones de creyentes que han pasado por esta tierra antes que nosotros. Nos asombramos ante el misterio de un mundo que es una trama de relaciones porque ha sido creado según el modelo divino de Dios trinitario. Alabamos al Padre, fuente última de todo y fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. Nos reconocemos hermanos y discípulos de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios hecho hombre, en quien encontramos un modelo humano de comportamiento según la voluntad del Padre. Y nos abrimos a la acción del Espíritu Santo vivificador, que habita en las criaturas y en cada uno de nosotros y nos impulsa a vivir conforme a nuestra dignidad de hijos de Dios.

Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.

+ Carlos Osoro Sierra

Arzobispo de Madrid. Iglesia Católica Romana

+ Policarpo

Metropolita Ortodoxo de España y Portugal

+ Timotei 

Obispo Ortodoxo Rumano de España y Portugal

 

SE ADHIEREN A LA DECLARACIÓN:

 

+Nicolaos Matti Abd Alahad, Arzobispo y Vicario Patriarcal para España de la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía

Andrey Kordochkin, Párroco de Santa María Magdalena. Iglesia Ortodoxa Rusa – Patriarcado de Moscú

Eduard Ibáñez Pulido, Presidente de la Comisión General de Justicia y Paz de España

Julia García-Monge, Secretaria General. CONFER (Conferencia Española de Religiosos)

Tíscar Espigares, Responsable en Madrid de la Comunidad de Sant’ Egidio

Inmaculada González Villa, Pesidenta de la Asociación Ecuménica Internacional en España

José Luis Saborido Cursachj, S.J. Director del Centro Pignatelli de Zaragoza

Jesús Ferreiro Hergueta, Delegado Scouts de Madrid – Movimiento Scout Católico

José Miguel de Haro Sánchez, Presidente de la Asociación Acoger y Compartir

Francisco Brändle Matesanz, Carmelita Descalzo y representante del Carmelo Ecuménico e Interreligioso.

Mª Antonia Ercilla Lillo, Coordinadora GRUPO ECUDIR de la Institución Teresiana

Hna. Milagrosa Bazán Ocón, Superiora General de las “Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre”

Blanca Esther Iriarte, Superiora de la comunidad “Hijas de Jesús” de Gipuzkoa.

Vicente Bazán,ofm, Franciscano y Guardián y párroco en S. Francisco de Asís, Alcalá de Henares

Mª Rosario González Domínguez, Superiora General de la Congregación de Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús

Benjamín Echeverría Martínez, Provincial de los Capuchinos de España y presidente de la federación Interfranciscana de España

José Luis Munilla Martínez, Superior provincial de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús

Mª Arántzazu Sanz Erice, Priora General Entidad de la Congregación Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción.

María Pilar NAVARRO LANDIVAR. Provincial en España de las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África, (Hermanas Blancas)

Amelia Encarnación, Superiora General de la Congregación de Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús

Clara Pardo Gil, Presidenta de Manos Unidas Campaña contra el Hambre

Dolores García Pi y José Maria Quintas Ripoll, Responsables del Movimiento de los Focolares u Obra de María en Madrid

Javier Salazar Celis, Director General de la ONGD «SED Solidaridad, Educación, Desarrollo»

Pedro Belderrain Belderrain, Superior Provincial. Provincia de Santiago de la Congregación de los Misioneros Claretianos (Hijos del Inmaculado Corazón de María)

Mª Ángeles Aliño Pellicer, Superiora Provincial de la Congregación de las Religiosas de Jesús-María

Alexia Gordillo Manzano, Presidenta de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario – REDES

Lourdes Gorostola Arrieta, Superiora Provincial de las Mercedarias Misioneras de Berriz -España

 

El pasado 3 de septiembre, en la Casa de Campo de Madrid, unos 300 cristianos ortodoxos y católicos romanos, se reunieron en la cima de un monte, en la madrileña Casa de Campo, para celebrar esta oración en plena naturaleza, siendo el acto presidido por Monseñor Carlos Osoro Sierra, Arzobispo Católico Romano de Madrid, Monseñor Policarpo Metropolita Ortodoxo de España y Portugal, Monseñor Timotei, Obispo Ortodoxo Rumano de España y Portugal, y Monseñor Nicolaos Matti, Arzobispo de la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía en España.

Dicha celebración culminó con la lectura de la declaración conjunta que durante este mes ha sido presentada en varios ámbitos eclesiales y que presentamos en este día, con la esperanza de que durante el resto del año y en los tiempos venideros se mantenga este espíritu de colaboración y defensa de la Creación y del prójimo.

Fuente: Comisión Mixta Ortodoxa-Católico Romana para la JMOCC en Madrid

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Último ataque a Máxima Acuña demuestra que Ley N° 30230 y Paquetazos Normativos facilitan violaciones de derechos

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Lamentamos que nuevamente, el personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha haya perpetrado una acción de violencia contra Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, el 18 de setiembre último. En un comunicado público dicha empresa reconoce haber ingresado a las tierras de los Chaupe Acuña con el fin de remover “unos sembríos ubicados en un área de 200 metros cuadrados“.

2. En un video difundido por la propia empresa Yanacocha, se puede ver como un contingente de alrededor de veinte miembros de seguridad -provistos de escudos y armas disuasivas contundentes- cruzan el cerco perimétrico establecido por la propia empresa minera, que delimita sus tierras, respecto a la propiedad de los Chaupe Acuña.

3. En la grabación se aprecia la fuerza desmedida y desigual que ejerce la seguridad de la empresa minera contra los esfuerzos de Máxima Acuña y su esposo quienes, estando solos, tratan de defender lo que consideran suyo. Como consecuencia la pareja de campesinos termina con severas lesiones, las mismas que han llevado a que ambos sean evaluados y diagnosticados como policontusos. Sobre estos hechos la Defensoría del Pueblo ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público.

4. Exigimos al Ministerio Público que investigue a profundidad y con la debida celeridad y transparencia lo sucedido, y denuncie a quienes resultaran responsables.

5. Nos sumamos a la invocación de la Defensoría del Pueblo, y exigimos al Estado peruano que respete sus obligaciones internacionales, cumpliendo con la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de Máxima Acuña. El Estado debe brindar las garantías y seguridad necesaria a ella y su familia, para evitar que la empresa minera Yanacocha y la empresa que le brinda servicios de seguridad, sigan ejerciendo actos de violencia en su contra, afectando sus derechos a la integridad personal y a la salud.

6. Hacemos de público conocimiento que la acción prepotente ejercida por la empresa minera y la empresa que le brinda servicios de seguridad es favorecida por la Ley N° 30230, norma que forma parte de los paquetazos normativos aprobados entre el 2013-2015. Esta norma, mediante sus artículos 65, 66 y 67, modificaron el artículo 920 del Código Civil respecto a la defensa extrajudicial de la posesión, de la que hace mención la empresa minera Yanacocha en su comunicado para sustentar su acción violenta.

7. RED MUQUI y GRUFIDES, en su momento, denunciamos el peligro de ésta normativa al indicar que permite la “recuperación rápida e inmediata de la posesión”1, sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial, permitiendo el uso de la fuerza, o ejerciendo “la justicia por mano propia”. Así ha ocurrido en este caso. Teniendo Máxima Acuña documentos que acreditan la legalidad de su posesión y más aún, encontrándose judicializado el caso, minera Yanacocha ejerce el uso de la fuerza, sin tener ningún tipo de mandato judicial que la ampare.

8. Finalmente, el acto de violencia sufrido por Máxima Acuña y su esposo a través de la aplicación de la “defensa posesoria”, es sólo un ejemplo de las múltiples violaciones de derechos que las normas de los paquetazos normativos (aprobados y promulgados entre el 2013 y el 2015) pueden ocasionar. Por ello demandamos al Poder Legislativo la necesidad de derogar las Leyes N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otras normativas, que consideramos lesivas a los derechos fundamentales, y que solo están generando mayor conflictividad social con su aplicación.

Lima, 19 de setiembre de 2016

 

1. En “Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú –Análisis”, 2015. RED MUQUI y GRUFIDES.

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Exigimos un proceso de ordenamiento territorial descentralizado

La política general presentada por el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso refleja objetivos positivos para el país, como avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos, generar nuevos motores para el crecimiento sostenible, reducir sustantivamente la pobreza y mejorar la calidad y el acceso universal a los servicios públicos. No se puede estar en contra de estos planteamientos. Sin embargo, el Gobierno se define como uno de continuidad, como una nueva fase del proyecto iniciado hace más de un cuarto de siglo. Bajo esta premisa, su propuesta considera suficiente la modernización del Estado, la eficiencia en la prestación de los servicios y el incremento de las inversiones en los tres niveles de gobierno para hacer realidad el cambio que ofrece al país y, en particular, a las mayorías que viven distintas realidades de exclusión.

Creemos que son aspectos necesarios, pero insuficientes para un cambio de rumbo. Sobre todo, si constatamos la falta de una estrategia de desarrollo y de descentralización y el desencuentro entre los ofrecimientos y la realidad de estancamiento económico, déficit fiscal y ausencia de cambios estructurales en el modelo extractivista que se evidenció tanto en el discurso como en el marco macroeconómico multianual y el presupuesto que el Ejecutivo ha presentado al Congreso.

Incluso si asumimos la discutible hipótesis del Gobierno y de un amplio sector de nuestra clase política, de que es posible hacer la anunciada revolución social solo con reformas institucionales, hay vacíos en ese terreno que hacen aún más difícil lograr los resultados planteados. Resaltamos dos que consideramos centrales: i) la ausencia del enfoque territorial como eje ordenador de un sistema de planeamiento nacional; ii) la falta de un proyecto integral para consolidar la descentralización.

La ausencia del enfoque territorial e intercultural limita el impacto de algunas orientaciones positivas planteadas por el Ejecutivo, como la generación de polos de desarrollo económico, la articulación de las ciudades, la integración de los espacios rurales o la conexión del país en el plano vial y de las telecomunicaciones. Ninguna de ellas es novedosa y la solución no requiere solo una mejor gestión. El problema central está en las visiones sectoriales y parceladas, así como en la apuesta unilateral por la inversión en infraestructura. La propuesta gubernamental persiste en este camino y deja de lado el enfoque territorial e intercultural integrado, sustentado en un efectivo sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial.

La falta de una propuesta integral sobre la reforma descentralista a pesar de que uno de los ejes declarados en la nueva política es acercar el Estado a la población, es grave. Los planteamientos al respecto se limitan a una voluntad genérica por fortalecer el proceso y al anuncio de reuniones bimensuales entre el Gabinete y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Los acuerdos entre ambas instancias ofrecen una mayor autonomía de los gobiernos regionales pero se limitan a promover la inversión pública que parece ser el único aspecto que se pretende abordar de una reforma compleja y de claro contenido político.

La política presentada carece de una agenda para afrontar temas críticos de la reforma, que van más allá de la autonomía política de las instancias subnacionales, como la integración regional y la promoción de las mancomunidades, la coordinación intersectorial e intergubernamental, la integración territorial, la descentralización fiscal, la articulación de las ciudades y los espacios rurales en un sistema, o la adecuada asignación de competencias para la gestión descentralizada. Tampoco se a tomado en cuenta el ofrecimiento de campaña de crear un ministerio encargado del proceso. Asistimos a la continuidad de la recentralización iniciada por Alan García y continuada por Ollanta Humala, esa tendencia se refleja en el presupuesto 2017, en el que el Gobierno nacional y el MEF manejarán el 75% de los recursos públicos.

En este contexto, las instituciones que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial consideramos que es imprescindible que el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad organizada promuevan el debate sobre aspectos y procesos que nos parecen de primera importancia. Destacamos los siguientes:

• El fortalecimiento de un sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial, con efectiva capacidad para planificar, orientar, monitorear y evaluar la acción concertada de los tres niveles de gobierno.

• Una política nacional de ordenamiento territorial que sustente una efectiva y eficiente gestión sostenible de nuestros territorios, lo que requiere de un marco normativo claro, que recoja la experiencia acumulada en los procesos en curso en las regiones, provincias y distritos del país, así como en algunas comunidades campesinas y nativas o localidades rurales.

• Apoyar y acelerar los procesos de ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno, reconociendo su carácter vinculante e integrando los diversos procesos de diagnóstico y planificación comunitaria en los planes de desarrollo y de gestión sostenible de las municipalidades y gobiernos regionales.

• La reorientación y relanzamiento del proceso de descentralización, que requiere una instancia de conducción concertada, una agenda y una hoja de ruta, así como de efectivos sistemas de articulación territorial de los niveles nacional, regional y local.

• Impulsar la integración territorial desde las regiones, promoviendo y generando incentivos para la consolidación de los procesos en curso, como son las mancomunidades del norte, sur, centro y amazónica.

Lima, 14 de setiembre del 2016

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Declaración del III Encuentro de la Red Iglesias y Minería

“Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados…”. (Papa Francisco al encuentro de comunidades afectadas por la minería, julio 2015)

Quienes conformamos la Red Iglesias y Minería, mujeres y hombres de países de América y Europa, teniendo como marco la Jornada Mundial de Oración por la Casa Común, nos hemos reunido en Bogotá 50 religiosos y laicos, para escuchar los gritos de la Madre Tierra, intercambiar experiencias de resistencia y alternativas al llamado “desarrollo” y para reflexionar sobre los desafíos que tenemos como cristianos frente a los múltiples problemas que sufren las comunidades afectadas por la minería. Iniciamos nuestro encuentro con visitas a los departamentos de Tolima (Ibagué y Cajamarca) y Cesar (Valledupar – Cerro Largo), donde operan las empresas y Anglo Gold Ashanti y Drummond; dos de las múltiples zonas afectadas en territorio Colombiano por la minería a cielo abierto. A través de la observación y los testimonios escuchados pudimos constatar que los efectos nocivos de la mega minería atentan contra los derechos de la naturaleza por lo tanto se constituyen en un delito contra la humanidad.

 Nos preocupa la creciente criminalización y los asesinatos de quienes ejercen la defensa de los territorios, como es el caso de nuestra hermana Berta Cáceres, por quien exigimos Justicia y a través de ella pedimos por un mundo más justo para las mujeres, actores protagónicos en defensa de la vida y primeras víctimas del extractivismo. Somos conscientes que defender la Creación, en un sistema depredador cuyo fin máximo es el lucro y el dinero, es una acción que implica riesgo y peligro de muerte, pero nos anima el evangelio de Jesús, la encíclica “Laudato Si” y el espíritu de lucha de muchas comunidades afectadas por la minería y otras actividades extractivas.

 Exhortamos a las autoridades locales elegidas por la voluntad popular a apoyar las iniciativas en defensa de la vida. Nos alegra constatar que el Concejo Municipal de Cajamarca y el Alcalde de Ibagué consideran un compromiso ético con la ciudadanía el acompañamiento de iniciativas en defensa de la población y de la naturaleza.

 Llamamos a nuestras Iglesias a asumir un compromiso activo en defensa de la Casa Común por ser este un elemento constitutivo del ser cristiano. Alertamos a las organizaciones de la sociedad civil y a nuestra jerarquía eclesial sobre los mecanismos de cooptación que llevan a cabo las empresas y algunos gobiernos. Nos esperanzamos en la actitud de muchos Obispos, sacerdotes, pastores y laicos que escuchan los clamores de las víctimas en sus territorios y celebramos su compromiso con la vida.

 Saludamos al pueblo colombiano en sus esfuerzos por alcanzar la paz y poner fin definitivamente al largo período de guerra interna que sufrieron. La paz es el camino para seguir construyendo una Colombia más justa, equitativa y en armonía con la madre naturaleza. Desde el espíritu ecuménico que nos anima, nuestra Red Iglesias y Minería, reafirma su compromiso de seguir apoyando a las pequeñas comunidades que son desplazadas y atropelladas en sus derechos más elementales. La experiencia nos demuestra que en ninguna parte del mundo la minería es una alternativa de desarrollo ni integral ni sostenible para nuestros pueblos.

Bogotá, 4 de septiembre, 2016

Red Iglesias y Minería

P. Dario Giuliano Bossi, Misioneros Combonianos, Rede Justiça nos Trilhos, Brasil
Claudia Andrea Huircan, Claretianos de la provincia San José del Sur, Argentina
Rodrigo de Castro Amédée Péret, Franciscans International, Brasil
Rosa del Valle Aráoz de Machado, Colectivo Sumai Kausay, Catamarca-Argentina
Dom André de Witte, Obispo de Ruy Barbosa, Comição de Pastoral da Terra – CNBB, Brasil
Birgit Weiler, Teóloga de Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú
Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó, Colombia
Apolinar Flores Tococari, Centro de Ecología y Pueblos Andinos, Bolivia
Víctor Manuel Hirch, Vivat International, Argentina
Viviana del Carmen Vaca, Equipo Nacional de Pastoral Indígena –ENDEPA, Argentina
Stefan Reinhold, CIDSE, Holanda
Moema Marques De Miranda, Servicio Inter Franciscano de Justicia Paz y Ecología, Brasil
P. Nelson José Barrientos Chodiman, Diócesis de Copiapó, Alto del Cármen, Chile
Igor Guilherme Pereira Bastos, Movimiento Católico Mundial por el Clima, Brasil
Sandra del Carmen Ferrero, EDIPA, Hermanas de la Misericordia, Argentina
Alessandro Gallazzi, Teólogo, Asesor de la Pastoral de la Tierra, Brasil
Susanne Friess, MISEREOR, Alemania
Patrícia Generoso Thomaz Guerra, Colectivo REAJA, Conceição do Mato Dentro, MG-Brasil
Maria Angely Robles Carvajal, Iglesia Presbiteriana, Chile
César Eduardo Correa Valenzuela, Sociedad Misionera San Columbano, Chile
P. Henry Ramírez Soler cmf, Misioneros Claretianos, Colombia
Carmen Alícia Amaya Rodriguez, Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, Colombia
P. Jesús Alberto Franco Giraldo, Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, Colombia
Milton Fernando López Ruiz, Fastenopher, Colombia
Martha Inés Romero Medina, Pax-Christi International, Colombia
César Augusto Padilla Ormeno, Observatorio Conflictos Mineros América Latina, Chile
Alírio Cáceres, AMERINDIA, Colombia
Mauricio López, Red Eclesial Panamazónica, Ecuador
P. Gregory Kennedy S.J. CLAR – CRC, Colombia
Milton Mariano Mejia Camargo, CLAI, Ecuador
Pedro Sánchez, SIGNIS ALC, Ecuador
Vidalina Morales de Gamez, Asociación de desarrollo económico social, El Salvador
Scott Wright, Interfaith Working Group on the Extractive Industries, USA
Carlos Alarcón Novoa, Organización de derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
César Augusto Espinoza Muñoz, Misioneros Claretianos, Honduras
Pedro Landa Palma, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – ERIC, Honduras
Lupo Canterac Troya, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia, Piura-Perú
Pablo Arturo Sanchez de Francesch, GRUFIDES, Perú
Javier Rodolfo Jahncke Benavente, Red MUQUI, Perú
Dorothea Esther Winkler, Fastenopher, Suiza
Continúan firmas…

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RED MUQUI rechaza proyecto de ley que afecta derecho a la consulta previa y podría generar mayor conflictividad social en el Perú

RED MUQUI y sus organizaciones miembro, nos dirigimos a la opinión pública a nivel nacional e internacional para expresar lo siguiente:

1. El pasado 6 de setiembre, la bancada del Partido Fuerza Popular ha presentado el proyecto de Ley 213-2016-CR, Ley que modifica el art. 2 de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.
La modificación propuesta de dicho artículo es: “En los casos que el pueblo indígena u originario haya autorizado expresamente la realización de cualquier tipo de actividad económica o productiva formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, no procede la consulta previa, ni tampoco cuando se cuenta con autorización previa conforme a Ley, se omite la consulta previa, haciéndose extensiva a todas sus etapas».

2. RED MUQUI y sus organizaciones miembro rechazamos éste Proyecto de Ley, que desconoce un derecho colectivo como el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, reconocido por normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, por el propio gobierno de Fujimori, y por normas nacionales como la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas vigente desde el año 2011.

3. Hasta la fecha en el sector minero sólo se han realizado 4 consultas previas, que sólo han sido realizadas a proyectos de menor envergadura y donde no hubo información adecuada, tiempo suficiente para discutir en espacios de decisión comunal, ni asesoramiento suficiente para lograr una consulta debidamente informada y un diálogo que no sea asimétrico. En algunos casos éstas consultas terminaron siendo en la práctica “convenios” entre empresa minera, Estado y comunidades, y en otros, como denunció la Defensoría del Pueblo, nunca se aplicó la consulta previa cuando debió hacerse a algunos proyectos mineros, desconociéndose la calidad de pueblos indígenas de poblaciones o exigiendo que renuncien a ella, y desconociendo los informes al respecto del Viceministerio de Interculturalidad.

4. Ésta medida denota un claro interés por desconocer a las Comunidades Campesinas y Nativas en nuestro país, consideradas por el mismo Estado Peruano como Pueblos Indígenas en sus informes ante la OIT, y busca su desaparición. Y es que dichas Comunidades ocupan el 49.1% del área nacional del país, de las cuáles solo el 28.2% tienen título de propiedad. Además, cerca del 50% de los territorios de las Comunidades Campesinas ya están concesionadas para actividades mineras, por lo que se entiende que el trasfondo de ésta medida es facilitar el acceso a dichos territorios de proyectos especialmente de industrias extractivas como la minera.

5. Consideramos que ésta propuesta legislativa denota un claro contubernio entre el partido Fujimorista y los grupos de poder económico, y con el mismo partido del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Kambio (PPK), pues con su aprobación, dicho proyecto busca la no aplicación de la consulta previa en el sector minero especialmente, a partir, entre otros, de la propuesta del gobierno del «adelanto social», que no busca otra cosa que solucionar los problemas “con la plata por delante”, sin tener una diálogo previo que considere las demandas de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, las problemáticas de fondo de los pueblos indígenas, propiciando con ello un clima de conflictividad social, sin considerar que la consulta previa es más bien, un mecanismo de prevención de conflictos.

RED MUQUI considera que las inversiones nacionales y extranjeras son importantes para el país, pero ello conlleva a establecer con claridad donde si pueden o no deben realizarse, y en caso de emprenderse alguna actividad extractiva, se deben establecer estándares adecuados de respeto a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y a nuestro ambiente.

Los paquetes normativos dictados durante los años 2013 y 2015 y éste proyecto de Ley, lo que buscan es desregular los ya reducidos derechos a la tierra de nuestras comunidades campesinas y nativas, que son fundamentales para su existencia, y evitar que éstas participen en las decisiones que las afectan a través de la consulta previa, lo que es su derecho.

Por ello demandamos el archivamiento del citado proyecto de ley en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, de Ambiente y Ecología, donde debiera pasar en el Congreso, pues de lo contrario sólo se generaría mayor conflictividad social, y exigimos que se aplique el derecho a la consulta previa con las consideraciones necesarias que respeten los derechos de los pueblos indígenas y no sólo sea un requisito que cumplir, como consideramos ha sido hasta la fecha en el sector minero.

Lima, 08 de setiembre de 2016

RED MUQUI

/por

Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala

Lima, 15 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señores Congresistas de la República

Presente. –

Asunto: Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala.

De nuestra mayor consideración,

Mediante la presente, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil abajo firmantes les hacemos llegar nuestras recomendaciones para la mejora del proceso de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, dado las iniciativas manifestadas por el nuevo gobierno de darle prioridad a la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura a gran escala, y de facilitar la inversión en actividades económicas incluyendo las extractivas.

A ello se suma los esfuerzos que se vienen realizando para que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE1. Además, el trabajo realizado ha tenido como resultado por el momento, que se hayan emitido una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de nuestro país.

Por otro lado, es de considerar que el desarrollo de inversiones ya ha generado impactos ambientales y sociales y que su incremento podría traer consigo riesgos mayores y en consecuencia mayor conflictividad, si no se adoptan las medidas del caso. Es por ello necesario contar con inversiones sostenibles que cumplan claros estándares ambientales y sociales, y con una institucionalidad ambiental que tenga las herramientas normativas y el presupuesto necesario para ejercer una adecuada evaluación de estudios y la debida fiscalización.

Por esta razón, presentamos las siguientes condiciones mínimas2 para contribuir a un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la protección de la salud y el ambiente, ayudando a generar confianza de la población en las autoridades que promueven las inversiones:

1. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA

2. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA.

3. Fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

4. Mejorar la institucionalidad para la transparencia y el acceso a la información

pública que contribuya a los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a gran escala.

5. Aplicar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en las diferentes etapas de los proyectos, cuando estas inversiones puedan afectar sus derechos colectivos y el régimen comunal de sus tierras.

6. Reconocer e institucionalizar la Vigilancia y el Monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA

7. Planificar estratégicamente la inversión enmarcándola en procesos de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE aplicables a las propuestas de políticas, planes y programas de inversión

8. Fortalecer y articular los sistemas de información ambiental (nacionales, regionales y locales) existentes para contar con datos actualizados y fidedignos sobre la calidad del ambiente.

Asimismo, estas condiciones mínimas requieren el impulso a los procesos de planificación del ordenamiento territorial, a cargo de los gobiernos locales y regionales, eliminando las trabas que le impiden asumir su carácter vinculante en la toma de decisiones sobre la ocupación y uso del territorio nacional, y siendo este un paso previo (incluyendo sus instrumentos técnicos como la Zonificación Ecológica Económica-ZEE, entre otros) para la evaluación de los impactos sociales y ambientales de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en el país.

Por lo expuesto, instamos a las nuevas autoridades a fortalecer la institucionalidad para la gestión ambiental, mejorando el marco legal. Para lograrlo es importante que se considere los más altos estándares ambientales y sociales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Perú relacionados al ambiente y derechos de pueblos indígenas. Esperamos que, con ello nuestro país consolide su desarrollo en el siglo 21.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra voluntad de seguir aportando en la mejora de las políticas públicas nacionales desde nuestra experiencia y trayectoria institucional.

Atentamente,

1. Asociación ARARIWA

2. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

3. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca -ACODECOSPAT

4. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

5. Asociación Pro Derechos Humanos

6. Asociación Nacional de Centros-ANC

7. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAAP

8. CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

9. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad

10. Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES

11. Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU

12. CooperAcción

13. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

14. Environmental International Agency- EIA

15. Foro Ecológico del Perú

16. Forum Solidaridad Perú

17. Instituto del Bien Común-IBC

18. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS

19. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú- ONAMIAP

20. Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU

21. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú – ORPIAN-P

22. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO

23. Paz y Esperanza

24. RED MUQUI Perú

25. Red Peruana por una Globalización con Equidad-RedGE

26. SERVINDI-Servicios de Comunicación Intercultural

27. Suma Ciudadana

28. Urku Estudios Amazónicos

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1 OCDE-CEPAL (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. Aspectos Destacados y recomendaciones.

2 Las mismas que se desarrollan en el anexo de esta comunicación.

/por

Se exige adecuada atención de la Dirección Regional de Salud de Cusco a personas afectadas por metales pesados en Espinar

“No es suficiente una atención generalizada, requerimos una atención especializada”

Sobre la reciente campaña de atención a la salud que ha venido  realizando la DIRESA – Cusco en Espinar denominado: “Campaña de atención de las 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane…”  los afectados y afectadas por metales pesados, la Asociación ADEPAMI, la comunidad campesina de Huisa de Espinar, las instituciones no gubernamentales como son Derechos Humanos Sin Fronteras, el Instituto de Defensa Legal (IDL), CooperAccion y la Red Muqui nos pronunciamos ante la intención del gobierno nacional y regional de disfrazar una atención a la salud generalizada por una especializada a las personas afectadas por metales pesados de la Provincia de Espinar. Por lo que señalamos:

Primero.- Que desde el año 2010 se tiene conocimiento de la grave situación en la que se encuentran las personas afectadas por metales pesados en la provincia de Espinar y a pesar de haber trascurrido más de cinco años el Estado no ha realizado ninguna medida adecuada que permita salvaguardar la vida e integridad de los afectados, por el contrario han sido objeto de constantes postergaciones y maltrato para ser atendidos como corresponde.

Segundo.- Que luego del conflicto de mayo del 2012, donde se instaló una mesa de diálogo y posteriormente el grupo de trabajo de medio ambiente, cuyos acuerdos se hacen seguimiento a través del Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario, no se ha logrado atender el pedido constante que realizan los afectados, es decir una atención especializada. La respuesta tardía que ahora pretende dar el gobierno es la de implementar campañas de atención de salud con especialidades que no están vinculadas a la atención de pacientes con exposición a metales pesados.

Tercero.- El ultimo hecho que generó la indignación de los afectados es lo sucedido el pasado 18 y 19 de agosto en Espinar, ya que la campaña denominada: “Campaña de atención de las 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane…”  no fue debidamente informada y/o comunicada a los afectados, además de no contar con un programa permanente de atención especializada para afectados por metales pesados. Todo esto viene evidenciando improvisación y poca seriedad por parte de la DIRESA en su trabajo.

Cuarto.- La atención que requieren los pobladores expuestos a metales pesados y principalmente las 180 personas, es la presencia de médicos con competencias en medicina ambiental y toxicología,  por ende en el manejo de exposición no ocupacional crónica a metales pesados, además deben estar acompañados de un programa de atención especializada permanente, sobre la base de un diagnóstico integral e idóneo y no con una sola acción, como se pretende realizar ahora, que en la práctica sólo busca cumplir con exigencias de instancias nacionales e internacionales, pero no con una preocupación sistemática por las personas afectadas en el respeto a sus derechos.

Quinto.- La desconfianza de las organizaciones sociales y de los mismos afectados en el cumplimiento de los compromisos asumidos por distintas instituciones del Estado ahora se ha resquebrajado, si bien se ha ampliado una nueva atención para el 19, 20 y 21 de octubre,  las personas ya no confían en las acciones de la DIRESA, por lo que solicitan que una institución y/o asesores acreditados por los mismos afectados de forma independiente y autónoma realice el seguimiento y veeduría correspondiente a esta acción.

Sexto.-  Así mismo exigimos al Poder Judicial emita sentencia en el proceso de cumplimiento presentado en mayo del 2015 por los afectados con metales pesados de Espinar, a fin de que el Juez ordene a las autoridades competentes declare en Estado de Emergencia Sanitaria Ambiental la Provincia de Espinar, conforme se ha solicitado en nuestra demanda.

Por todo ello los afectados y afectadas por  metales pesados, las organizaciones sociales y las instituciones que acompañamos este caso solicitamos a las autoridades competentes tomar las acciones que les corresponde en ejercicio de sus funciones.

 

Espinar, 25 de agosto del 2016

/por