El 25 de enero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, producto de una rotura en el tramo II del Oleoducto Nor Peruano operado por Petroperú S.A. Se derramaron casi 2,000 barriles que por las lluvias se esparcieron por todo el río Chiriaco, que es un importante afluente del río Marañón, afectando a ocho comunidades Awajun y casi 5000 personas.

Un nuevo derrame se produjo el 03 de febrero de 2016 en territorio de la comunidad Wampis de Muyuriaga en la cuenca del Morona, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto. El petróleo derramado a los cuerpos de agua es de casi 1,000 barriles. Este derrame ha afectado a diez comunidades y casi 3500 personas.

Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas exigimos que las entidades estatales competentes (OEFA y OSINERGMIN) emitan las medidas oportunas, tanto de remediación como de prevención y, de ser necesario, se inicie el proceso de fiscalización y sanción correspondiente. Aunque cabe indicar que cierta normativa emitida por el actual Congreso de la República, como la ley Nº 30230, ha reducido significativamente la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Los derrames ocurridos demuestran el descuido y la desidia del Estado peruano con respecto al mantenimiento de sus propias instalaciones estratégicas energéticas que atraviesan tramos importantes y altamente sensibles de la región amazónica y territorios de comunidades nativas, violando el derecho de los ciudadanos peruanos a conservar un ambiente sano y contar con garantías para su salud. Estos derrames se suman otros dos que en menos de dos años ocurrieron en el Oleoducto Nor Peruano que afectaron gravemente a las comunidades de Cuninico, San Francisco y San Pedro. En ese sentido, solicitamos la renovación del ducto ampliamente deteriorado, así como el establecimiento de una indemnización en favor de las comunidades nativas afectadas.

Demandamos que los Ministerios del Ambiente, Cultura y Salud asuman su deber de protección de la naturaleza y de la salud y vida de las comunidades nativas de la zona, y que Petroperú realice la pronta remediación de la zona afectada. Asimismo, exigimos la renuncia del presidente de Petroperú, Germán Velásquez, por sus lamentables declaraciones en las que ha afirmado que el derrame fue producto de la naturaleza y que ya tomaron las medidas respectivas. No obstante es notorio que han sido niños y ciudadanos de las comunidades afectadas quienes recogieron con sus propias manos el crudo derramado sin la debida protección. Por ello debe brindarse también la atención de salud que corresponde a una emergencia de éste tipo.

En vista que no son los primeros derrames de crudo del Oleoducto Nor Peruano, exigimos el cierre inmediato de esta instalación hasta que la misma se renueve o, al menos, reciba el mantenimiento necesario y se adopten todas las medidas de prevención posibles para evitar nuevos derrames. Por ello es que saludamos la reciente Resolución Directoral Nº 012-2016-OEFA/DS de fecha 15 de febrero de 2016, mediante la cual el OEFA ordena como medida preventiva que Perupetro otorgue, respecto a los tramos I y II del ramal Norte del Oleoducto Nor peruano, el mantenimiento efectivo, inmediato e integral de las partes del ducto que no han sufrido deterioro severo y el reemplazo del ducto de aquellas secciones que han sufrido deterioro severo. Lo que a esta resolución de OEFA le faltó es ordenar la inmediata paralización del bombeo de petróleo hasta que Petroperú realice el mantenimiento y el reemplazo del ducto (o al menos establecer un plazo máximo para que OEFA realice las acciones que se le ordenan).

Asimismo, reconocemos los esfuerzos y alertas de las comunidades nativas afectadas y sus organizaciones representativas de CORPI SL, ORPIAN-P y AIDESEP que denunciaron estos hechos y están en la zona atendiendo la grave situación, por lo que respaldamos sus demandas.

febrero, 2016

 

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, para manifestar lo siguiente:

Mostramos nuestra preocupación por la denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, en contra de Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, aliado de RED MUQUI, y que forma parte de las instituciones con las que coordinamos conjuntamente diversas acciones legales en defensa de los derechos de comunidades y poblaciones afectadas por las industrias extractivas, especialmente la actividad minera.

El supuesto delito de Ruiz, según el MINSA, habría sido el haber hecho público el certificado de necropsia de la señora Margarita Cahuana, en el que se evidencia una intoxicación por presencia de metales pesados (por arsénico y cadmio), en la zona de las unidades de producción minera Tintaya – Antapaccay de Espinar, Cusco, donde la empresa (Antes Xstrata)  Glencore ha tenido la titularidad del proyecto minero.

Lamentablemente la denuncia de Ruiz no es una novedad. Existen estudios (CENSOPAS) que desde el año 2010 establecen la presencia de metales pesados por encima de los esta?ndares establecidos  por la ley peruana (D.S. Nro. 002-2008 MINAM Esta?ndares de calidad Nacionales para el agua) en miembros de las Comunidades Campesinas locales. Además de ello un segundo informe del CENSOPAS realizado el 2012 confirma presencia de metales pesados en estas personas.

Asi mismo las autoridades ambientales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la fecha no han establecido responsabilidades respecto de los agentes que han generado la contaminación para evitar que esta continúe, o se remedie sus impactos.

Esta inacción del Estado en materia de atención de salud, y la responsabilidad que le compete, estaría buscando no ser asumida presionando desde diversas instancias para que se cambien en su momento los resultados de la citada necropsia de la señora Cahuana, y poner en cuestión el certificado que hiciera público el abogado Ruiz. El médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales, y ex miembro del equipo del Censopas, Fernando Osores también está incluida en la citada denuncia.

Frente a ello, antes de asumir denuncias como ésta, el Estado debería preocuparse por tomar medidas de salud inmediatas para el tratamiento de las personas afectadas.

El problema central de éste caso de persecución legal, surge por la denuncia realizada en contra del Estado, al no cumplir su rol de fiscalizador de las actividades económicas como la minería, a fin de que no sea lesiva para la salud, tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución; además de no cumplir con velar por la salud de la población, como también establece su artículo 65.

Por ello, exigimos que el MINSA y el MINAM declaren en Emergencia Sanitaria y Ambiental respectivamente a Espinar y active el presupuesto para ejecutar los planes de atención de salud integral de las personas afectadas por la contaminación en Espinar (Cusco), y que no solamente se realicen atenciones generales, si no especializadas a personas que tienen metales pesados en su cuerpo. Asi mismo pedimos que se efectúe la remediación respectiva de los pasivos e impactos ambientales generados por la actividad minera, para eliminar los focos de contaminación que producen los problemas sanitarios.

Finalmente, RED MUQUI muestra su solidaridad con Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores, y exigimos que no se criminalice injustamente a quienes denuncian la inacción del Estado, y que sólo buscan la atención en salud de los afectados cuya vida corre riesgo si no se les asiste con la emergencia que se requiere.

 

Lima, 21 de enero de 2016

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO:

NO MÁS MARIPOSAS DE ALAS CORTADAS – SOLIDARIDAD CON MIRTHA VÁSQUEZ DE PERÚ

El 25 de Noviembre se celebra el día internacional contra la violencia de género, elegido en honor a las hermanas Mirabal, tres activistas que desde muy jóvenes dedicaron su vida a luchar contra la opresión ejercida por el dictador Trujillo, en República Dominicana. Por esta causa, las hermanas Mirabal fueron perseguidas, arrestadas, torturadas, y finalmente asesinadas en 1960.

Estas tres activistas son también conocidas como las mariposas, nombre que utilizaron para sus actividades clandestinas en la búsqueda de libertad para su país. Ellas representan la lucha por la justicia y la dignidad de la mujer. Lucha que hoy se expresa en acciones de incontables mujeres defensoras de la naturaleza en nuestros países, donde los extractivismos tienen una larga historia de daños económicos, sociales y ambientales.

Frente a los desequilibrios que generan estos impactos, son muchas veces las mujeres quienes deben trabajar intensamente para recuperar el mínimo equilibrio que logre sostener la vida. Por ejemplo, cuando actividades como la explotación minera acaban con las fuentes de sustento de las poblaciones, o se contamina el agua, se producen desplazamientos, cuando se rompe el tejido comunitario, o los miembros de la familia -especialmente los niños y los más ancianos- sufren enfermedades por la contaminación minera, son mujeres quienes afrontan de manera directa estas consecuencias, porque todas éstas terminan trasladándose a los hogares. Pero el hogar, muchas veces, también es un espacio peligroso para la mujer porque en él se reproduce la sobrecarga de trabajo; el conflicto; la violencia física, síquica, sexual.

El sistema capitalista e industrial genera una doble dependencia expresada en la explotación del trabajo de las mujeres para sostener la reproducción de la vida, y en la explotación de la naturaleza. En estas dos dimensiones la ficción de un crecimiento ilimitado de la economía, se basa en el menosprecio y la invisibilización del trabajo de las mujeres y la destrucción de la naturaleza.

En este 25 de Noviembre rendimos homenaje a las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, que frente a los impactos sociales y ambientales de la explotación minera, toman acciones que a menudo las lleva a enfrentar graves consecuencias que suponen violación de sus derechos por amenazas, secuestros, ataques y en algunos casos asesinato.

Muchas mujeres están siendo víctimas de la violencia desatada por corporaciones mineras, o por mano ajena, de la cual se valen las empresas para operar en nuestros territorios y generar conflictos, división, descrédito, con el fin de anular los diversos roles que juegan las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

Un caso emblemático en América del Sur es el de Máxima Acuña de Chaupe, en Perú, defensora de su tierra frente a gigantescos intereses económicos. Su abogada, Mirtha Vásquez, directora de GRUFIDES e integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, la ha acompañado con profundo compromiso y consistencia profesional; pero este desempeño le convirtió en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio, desinformación, intimidaciones, seguimientos a ella y su familia. Tal es la gravedad de los hechos que la CIDH otorgó medidas cautelares para Mirtha Vásquez.

Tanto la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, como los abajo firmantes, en este día de conmemoración internacional de la no violencia de género, invitamos a adherir a este respaldo a Mirtha Vásquez, expresando:

– Solidaridad en el papel que cumple como Defensora de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, rol por el cual sufre diferentes formas de violencia, incluida la violencia mediática.
– Y exigencia al gobierno peruano de medidas de protección EFECTIVAS hacia ella, que garantice su seguridad, integridad en el esforzado trabajo que Mirtha Vásquez realiza en la promoción y protección de derechos humanos y ambientales.

25 de Noviembre de 2015

RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
SOCIALES Y AMBIENTALES
Acción Ecológica – Ecuador
Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales, Colectivo Casa – Bolivia
Programa Democracia y Transformación Global, PDGT- Perú
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides – Perú
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA – Chile
Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES – El Salvador
Ceiba, Amigos de la Tierra – Guatemala
Mujeres del Valle de siria – Honduras
Centro Latino Americano de Ecología Social – Uruguay
Asociación Censat Agua Viva – Colombia
Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA – Mexico
Observatorio de Conflictos mineros de América Latina – OCMAL
Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe – RAMALC
Yayo Herrero Ecofeminista – España
Maristella Svampa Académica Feminista – Argentina
Raquel Gutiérrez Académica Feminista – México
Otras Voces por la Tierra – Uruguay
Uruguay Libre de Mega Minería – Uruguay
Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – Bolivia
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ Orgánico – Bolivia
Comisión de lucha por una calidad ambiental – Bolivia
Juventud Ecologista en Acción – Bolivia
Colectivo de Mujeres Imillas – Bolivia
Colectivo Feminista Ramonas – Bolivia
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC – México
Consejo Tiyat Tlali – México
Acción Colectiva – México
Bios Iguana, A.C.- Mexico
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, A.C. – Mexico
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Otros Mundos AC – Mexico
Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932- MUFRAS-32 – El Salvador
Saramanta Warmikuna Hijas del maiz – Ecuador
Instituto de estudios ecologistas del tercer mundo – Ecuador
Mujer y Medio Ambiente (MMA) – México
Estudio para la defensa de los derechos de la mujer DEMUS – Perú
Cooperaccion – Perú
Género y Economía – Perú
Red Muqui – Peru
Red Regional agua, desarrollo y democracia (REDAD) – Perú
Red Peruana de Masculinidades – Perú
Instituto Natura – Perú
Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía
Red Ge – Perú
Derechos Humanos Sin Frontera
Entrepueblos – Perú
BD – Perú
Red Uniendo Manos – Perú
CEAAL – Perú
Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras
Movimiento Sembrar – Perú
Movimiento Amplio de Mujeres – Perú
Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)
Verónika Mendoza – Congresista, Frente Amplio – Perú
Marco Arana – Fundador de Grufides, TyL – Perú
Marisa Glave – Ex regidora municipal de Lima, TyL – Perú
José de Echave – Ex Viceministro de Gestión Ambiental y Cooperaccion – Perú
Rocío Silva-Santisteban – Ex directora Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

COMUNICADO

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. RED MUQUI es un colectivo de 29 instituciones a nivel nacional de 11 regiones del Perú, que desde el año 2003, acompaña en la defensa y promoción de sus derechos a comunidades y poblaciones de zonas mineras.
  2. La acción de RED MUQUI no es ni confesional ni partidaria. Se ha basado en el acompañamiento de casos emblemáticos a nivel nacional, a fin de poder recoger de ellos la necesidad de políticas públicas en los temas de minería, ambiente y comunidades y los vacíos y problemas existentes en las normatividad ambiental, minera y de pueblos indígenas, para plantear propuestas y alternativas, las que inclusive se han presentado, discutido y/o coordinado con gobiernos locales, regionales y el propio gobierno central.
  3. Asimismo, el acompañamiento que realizamos desde RED MUQUI y nuestros miembros a Comunidades y Poblaciones de zonas mineras, ha permitido canalizar situaciones conflictivas, pues nuestro papel ha permitido que éstas puedan hacer llegar sus demandas y preocupaciones a las instancias de gobiernos locales, regionales y nacional, a fin de evitar situaciones que degeneren en mayor conflictividad social.
  4. RED MUQUI, rechaza la mal intencionada información que se ha hecho pública, utilizando interesadamente la ampliación de una investigación realizada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, en la que indican que habríamos “brindado apoyo a ésta protesta” (Proyecto Tía María) y que se habría aportado a una “recaudación” para las acciones violentas.
  5. RED MUQUI niega rotundamente éstas versiones tendenciosas y aclara que tampoco ha sido involucrada en la investigación fiscal. El papel de RED MUQUI y de sus miembros, no ha sido ni será el de entregar fondos a las organizaciones sociales o sus dirigentes, ni para su beneficio, ni para actos de violencia.
  6. RED MUQUI, cumpliendo su rol de acompañamiento y atendiendo la solicitud de poblaciones y comunidades que no reciben información o lo hacen de manera insuficiente de parte de las diversas instancias de gobierno, brinda asesoría e información técnica y legal, y facilita canales de diálogo para que ellas puedan dar a conocer sus propias demandas y decisiones.
  7. Como RED MUQUI exigimos que las investigaciones que se vienen realizando sean rigurosas, respetuosas de los derechos fundamentales de las personas, y con base en pruebas concretas y no en especulaciones.

Exigimos a los medios de comunicación que sean rigurosos en sus investigaciones, y que informen con veracidad, a fin de evitar manchar honras y no afectar la trayectoria de personas e instituciones.

Lima, 20 de octubre de 2015

RED MUQUI

PRONUNCIAMIENTO

Los abajo firmantes, ante los repetidos ataques contra Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), manifestamos lo siguiente:

1) Que desde su fundación hace 30 años la CNDDHH ha venido siguiendo la situación de violaciones a los derechos humanos que se producen en el país y en particular los que se producen durante los conflictos sociales.

2) En estos últimos meses la institución ha elaborado diversos informes sobre los hechos de violaciones de derechos humanos sucedidos en Saweto (la muerte de cuatro defensores medioambientales ashaninkas); la situación de violencia en Pichanaki y el reciente conflicto en el Valle del Tambo por la oposición de un sector importante de la población al proyecto minero denominado Tía María.

3) Acciones de este tipo  la CNDDHH las ha venido realizando durante años, de lo que dan cuenta los 21 informes anuales que vienen publicando del año 1991 a la fecha. Por eso mismo, el seguimiento y defensa de situaciones de vulneración de derechos humanos durante conflictos, especialmente medioambientales, tiene una larga trayectoria y no responde a una coyuntura política en particular, menos aún a una situación de afinidad personal. Esta afirmación es  realmente deleznable.

Consideramos que la CNDDHH y especialmente su Secretaria Ejecutiva deben seguir realizando su labor de acción de búsqueda de protección de los derechos de todos los peruanas y peruanas, salvaguardando el don más preciado que es la vida humana y buscando el acceso a la justicia y el respeto de los derechos, especialmente, de las poblaciones más vulnerables.

Por otra parte, nos parece completamente falaz y poco saludable para la vida democrática del país, la búsqueda de excusas para descalificar a quienes denuncian la arbitrariedad o cuestionan determinadas políticas estatales, en lugar de abocarse a debatir las cuestiones de fondo.
Finalmente reiteramos nuestra solicitud al Estado a respetar a la población de la provincia de Islay y su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como a establecer los canales democráticos para un entendimiento con ellos que permita  retomar la calma en el Valle de Tambo, especialmente, en los distritos de Cocachacra, Punta Bombón y Dean Valdivia.

Lima, 30  de abril del 2015

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Asociación Entrepueblos
Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos – AIETI
CATAPA
11.11.11 – Bélgica
Consejería en Proyectos PCS
OXFAM – PERÚ
Broederlijk Denle

REDES E INSTITUCIONES NACIONALES

Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
RED MUQUI – Red de Propuesta y Acción – Perú
Grupo Propuesta Ciudadana
Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM – PERÚ
Red Uniendo Manos – Perú
Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – Piura
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES
Earth Rigths Internacional – ERI Perú
Acción Solidaria para el Desarrollo – COOPERACCIÓN
Programa Democracia y Transformación Global – PDTG
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristan”
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
Derecho, Ambiente y Recursos  Naturales  – DAR
Forum Solidaridad Perú
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS
Instituto del Bien Común – IBC
Instituto de Defensa Legal – IDL
Proyecto Amigo – La Libertad
Centro de Cultura Popular Labor – Pasco
Marcha Mundial de las Mujeres
Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza – Paz y Esperanza
Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ
Comisión de Justicia Social de Chimbote – CJS
Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Derechos Humanos sin Fronteras  – DHSF
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDAH
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP
Movimiento  Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
Movimiento Manuela Ramos
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP
Asociación Marianista de Acción Social (AMAS)
CPM Micaela Bastidas de Trujillo
Católicas por el derecho a Decidir – Perú
Asociación Humanidad Libre
Instituto Natura – Chimbote
Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén
Centro de Educación y Promoción “José María Arguedas” – CADEP Cusco
Siguen firmas…