RED MUQUI, plataformas y organizaciones de sociedad civil muestran preocupación por descentralización y ordenamiento territorial

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señora Ministra del Ambiente

Señora Presidenta del Congreso de la República

Señores Congresistas de la República

Asunto: Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.

 

De nuestra especial consideración:

Reciban el cordial saludo de las instituciones que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, colectivo de la sociedad civil que tiene como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión del territorio basado en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural del país.

Después de la asunción de mando presidencial y la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso de la República, el gobierno ha puesto énfasis entre otras cosas, en la necesidad de promover y desarrollar proyectos de inversión pública y privada para la reactivación económica. Si bien este propósito es importante debe conciliarse con otros objetivos de la sociedad peruana como son la protección de los derechos y del ambiente, la seguridad alimentaria, la descentralización y la planificación con visión de sostenibilidad. Para todo ello, el ordenamiento territorial es un instrumento clave.

Consideramos que las inversiones y el ordenamiento territorial no son contrarios y pueden armonizarse desde una perspectiva de desarrollo sostenible, como bien lo entiende la OCDE, organización de la cual Perú desea formar parte. Justamente, esta instancia, en el documento de evaluación de desempeño ambiental del Perú realizado por la CEPAL y que fuera publicada en mayo del 2016, señala que “las normas legales que se refieren al ordenamiento territorial son muchas, en diferentes ámbitos y con superposiciones lo que dificulta entender su alcance y fuerza jurídica”, por lo que recomienda que se defina una política nacional de ordenamiento territorial que tenga como resultado una ley que integre los temas dispersos y que establezca su fuerza legal en relación a otras políticas. Además sugiere que se concluyan los procesos y se cumplan con los instrumentos de ordenamientos existentes.

Por su parte, en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, compromiso asumido por el Perú, el objetivo 6 plantea garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible. Este objetivo tiene como meta poner en práctica la gestión sostenible de los recursos hídricos, estableciéndose como uno de sus indicadores el grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (OIRH).

Según la OMS “OIRH es el proceso de promover el desarrollo y la ordenación coordinada de aguas, tierras y recursos conexos para optimizar el bienestar económico y social resultante de una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”, en otras palabras, este ordenamiento integrado de recursos hídricos es una forma de ordenamiento territorial.

Son diversos los documentos of que señalan la necesidad de contar con planes de ordenamiento territorial que nos conduzca a una ocupación ordenada del territorio. Por las razones expuestas recomendamos:
– Contar con una política nacional de ordenamiento territorial que impulse la planificación y la gestión territorial como parte importante de la promoción del desarrollo.

– Establecer criterios normativos claros para la aplicación de esta herramienta, dada la confusión actual. Esto debería llevar a contar con una ley de ordenamiento territorial que fortalezca la institucionalidad, y por lo tanto, que establezca mecanismos de coordinación en diferentes niveles de gobierno, sectores y actores que participan en el ordenamiento y armonice las políticas e instrumentos de planificación.

– Acelerar los procesos de ordenamiento territorial, muchos de los cuales se iniciaron hace más de dos gestiones gubernamentales, generando con ello desaliento y la pérdida del interés de la población.

– Para facilitar estos procesos, pero también el desarrollo descentralizado e integral de las regiones, provincias y distritos, es necesario fortalecer el Consejo de Coordinación Intergubernamental. El gobierno anterior y las asociaciones de gobiernos descentralizados acordaron un nuevo Reglamento para el funcionamiento del mismo, un primer paso en esta dirección, debiera ser su implementación y activación. Esta instancia debería garantizar que los funcionarios encargados del proceso de Ordenamiento Territorial – OT sean permanentemente capacitados y tenga el acompañamiento necesario y que los procesos sean participativos, interculturales y concertados. Esta instancia en definitiva, puede jugar un rol importante en la promoción de la diversificación e integración productiva de cada territorio, priorizando la creación de demanda interna y la infraestructura articuladora.

– En la medida que el artículo 22 de la Ley 30230 señala que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso” es necesario que se le devuelva al Ordenamiento Territorial su función reguladora del uso del territorio a fin de que pueda cumplir con la finalidad de garantizar el desarrollo sostenible. Ello supone la derogatoria o modificatoria del artículo 22 de la Ley N° 30230.

Confiados en que nuestros aportes sean tomados en cuenta por los poderes Ejecutivo y Legislativo, nos despedimos.

Atentamente,

Asociación Arariwa
Asociación Servicios Educativos Rurales – SER
Amazónicos por la Amazonía – AMPA
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
CEPES
Cima Cordillera Azul
Cooperacción
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Fedepaz
Forum Solidaridad Perú – FSP
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto del Bien Común
Movimiento Ciudadano frente al cambio climático – MOCICC
Paz y Esperanza Ayacucho
RED MUQUI
Unión Geográfica Internacional – UGI

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CARTA ABIERTA A PPK – GRUPO PERÚ COP 20

CARTA ABIERTA

Señor Presidente de la República:

Saludamos que en su primer discurso presidencial haya sido ambicioso en relación a la mejora de las condiciones y servicios de Salud y Educación. Sin embargo, notamos ausencias que generan preocupación en algunos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, como los nuestros, sobre temas que giran en torno al Medio Ambiente y Cambio Climático. Entre estas ausencias, notamos principalmente las siguientes:

1.   Omisión en su discurso de nuestra reciente ratificación del Acuerdo de Paris, a través del cual el país asume los desafíos de un desarrollo bajo en carbono y del cambio de matriz energética, así como el reto de la adaptación frente al Cambio Climático. Invocamos a que su gobierno garantice el cumplimiento de la meta de reducir 30% de emisiones GEI al año 2030, así como el logro de las metas de adaptación en relación al Agua, Agricultura, Pesquería, Bosques y Salud consignadas en la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, instamos a que se asignen los recursos necesarios para su implementación, con miras a fomentar el trabajo digno y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más afectadas por la degradación de sus condiciones de vida y trabajo a consecuencia de la alteración del clima, como los pueblos originarios, agricultores familiares, campesinos, trabajadores y mujeres, con pleno respeto de sus derechos individuales y colectivos.

2.    Ausencia del tema de control y fiscalización en materia ambiental, en contraste con las múltiples alusiones a la necesidad de “destrabar los principales proyectos” de inversión. Recordemos que   en los últimos años se dieron medidas para acelerar la tramitación de la certificación ambiental y reducir las multas por infracciones, que han sido cuestionadas por organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil que advierten que este tipo de medidas debilitan la institucionalidad ambiental, amenazan el desarrollo sostenible y atentan contra los derechos de pueblos originarios y poblaciones vulnerables. Debemos considerar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –de la cual el Perú pretende ser parte-  ha advertido que las medidas para acelerar inversiones no deben poner en riesgo el objetivo de protección ambiental.

3.    No tuvo ninguna mención al compromiso de preservar las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Si bien es importante el desarrollo de inversiones (infraestructura, industrias extractivas, entre otros) en el Perú, estas deben contar con claros estándares ambientales y sociales.   En ese sentido, dado que la protección, respeto y adecuada gestión de las áreas naturales protegidas son un compromiso internacional y siendo las ANP una inversión del Estado para todos los peruanos porque brindan seguridad alimentaria, hídrica y otros servicios ambientales a poblaciones locales y pueblos indígenas, es importante que no se debiliten las normas e instrumentos actuales que resguardan y gestionan la protección de las ANP de uso directo como indirecto en el Perú.  Las ANP son un compromiso internacional y por ende el Estado debe resguardar su sostenibilidad no realizando actividades que las impacten negativamente. En este sentido, nos preocupa la solicitud de la   Sociedad Peruana de Hidrocarburos para modificar   disposiciones   legales   relativas   a   Áreas   Naturales   Protegidas   que   según   el mencionado gremio “limitan el desarrollo de actividades de exploración y explotación”. Instamos al gobierno a no ceder ante estas presiones.

Asimismo, instamos a su gobierno a derogar el DL 1220 “Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal” y normas conexas,- especialmente el DS 010-2016- MINAGRI-,el cual explicita que “se entiende como productos forestales maderables, objeto de tráfico  ilegal,  a  aquellos productos forestales en estado  natural o de  primera transformación…”, esto puede provocar que madera que figura como de “segunda transformación”, no pueda ser incautada, así tenga procedencia ilegal, poniendo en grave riesgo  nuestros  compromisos  internacionales  de  conservación  de  bosques  en  el  TLC  con Estados Unidos. Otro anuncio que   genera preocupación es la iniciativa de construcción de carreteras en la Amazonía, ya que estas vías han sido y son uno de los principales impulsores de la deforestación.

Por otro lado, consideramos que la minería informal e ilegal en la Amazonía es un motor de deforestación que es necesario fiscalizar, por lo que hacemos un llamado a que en el diálogo con los mineros ilegales e informales se priorice la protección de los ecosistemas amazónicos y no  se  ceda  en  la  prohibición  de  estas  actividades  en  zonas  prohibidas  como  las  Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, o en el uso de maquinaria prohibida como las dragas, o en cuerpos de agua.

4.   Genera confusión la falta de transparencia sobre el necesario fortalecimiento de la Autoridad Ambiental. Instamos a su gobierno a continuar con el proceso de consolidación del Sector Ambiente, garantizando su sostenibilidad financiera y operativa, pues se requiere una Autoridad Ambiental firme y legítima, que articule con las distintas carteras ministeriales, sub sectores, a nivel nacional y sub nacional.

5.   Finalmente, exigimos la dinamización e institucionalización de los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los sectores y principalmente en la gestión ambiental. En una democracia participativa, transparente y que rinde cuentas, la puesta en agenda de temas relevantes requiere de la discusión pública entre gobierno y sociedad civil, que facilite la incorporación de las propuestas ciudadanas en las políticas públicas, y no constituya un simple ejercicio de comunicar decisiones.

Lima, 15 de agosto del 2016

GRUPO PERÚ COP

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La Oroya: fallo del CIADI desestimó la demanda arbitral de Renco, pero no se pronunció sobre temas de fondo

Estado Peruano debe mantenerse alerta

En abril del 2011, Renco Group y Doe Run Perú inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado peruano, pretendiendo una indemnización de 800 millones de dólares, alegando que recibieron un trato injusto, que el Gobierno le había exigido responsabilidades adicionales en el programa de manejo ambiental y que había un intento de expropiación de la planta por parte del Estado peruano.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – CIADI, es una instancia de arbitraje internacional creada por el Banco Mundial para garantizar e incrementar los flujos de inversiones en el Estado receptor; motivo por el que, existe un sesgo de desconfianza, criticas y cuestionamientos a los mecanismos de funcionamiento y su alto grado de independencia del sistema judicial de los países. Su papel es atender las controversias que surgen entre los inversionistas y los Estados receptores de la inversión y aplicar mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión establecido en los Tratados de Libre Comercio – TLC.

La resolución del 15 de julio del 2016, dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a favor del Estado Peruano en su condición de árbitro para el caso de la demanda de arbitraje planteada por Renco Group y Doe Run Perú, nos permite expresar nuestra satisfacción y reconocimiento como un paso importante en el respeto a los reclamos de la población de La Oroya y la facultad que tienen los países receptores de inversiones para proteger los derechos de las poblaciones locales.

Sin embargo, ésta decisión unánime tomada por los miembros del tribunal arbitral del CIADI, fue prematura, debido a que se refiere al incumplimiento de Renco con el requisito formal del articulo 10.18 del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, por que Renco intentó mantener la posibilidad de demandar al Estado peruano en las cortes domesticas, cuando según la norma debía haber negado este derecho al inicio de este proceso.

Por eso, la decisión arbitral dice: “Renco no ha logrado establecer los requisitos para el consentimiento del Perú para arbitrar en virtud del Tratado”; “por tanto, los reclamos de Renco deben ser desestimados por falta de jurisdicción”, cortando por ahora este proceso que pudo haber durado mucho más.

Sin embargo, debemos tener en cuenta las amenazas de la transnacional Renco Group y Doe Run Perú, para volver a demandar al Estado Peruano, lo que debe mantenernos alerta, mediante acciones de mejoramiento de nuestras condiciones ambientales en La Oroya y Región Junín, así como el respeto de los derechos fundamentales a la salud y el trabajo.

Instamos a las autoridades actuales y a quienes asumirán el gobierno, a no caer en las decisiones fáciles de relajar los estándares ambientales, con el pretexto de poner en operación el  Complejo Metalúrgico de La Oroya; por el contrario, los instamos adoptar las medidas de cuidado y control ambiental necesarias, a realizar la remediación de los pasivos ambientales y la promoción de un desarrollo económico sostenible, más amigable con el ambiente, que respete la vida y salud de las personas.

Lima, 22 de julio de 2016

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Cotabambas pide ser escuchada

Ante una suspensión más de las reuniones de la mesa de diálogo de la Provincia de Cotabambas relacionada a las actividades de la Mina Las Bambas, nos dirigimos a la opinión pública para expresar lo siguiente:

1. En setiembre del 2015 estalló un conflicto social en la provincia de Cotabambas, luego de que el gobierno hiciera caso omiso al pedido de información de la población sobre la modificación al proyecto minero Las Bambas, que implicó que varios de sus componentes se trasladarán del Cusco a la provincia de Cotabambas, en Apurímac. El conflicto tuvo como saldo tres personas muertas y decenas de heridos.

2. A fines de setiembre el gobierno se comprometió a instalar una mesa de diálogo para atender los problemas reportados. La mesa fue creada en noviembre, con una norma que dejaba de lado los cuestionamientos ambientales. Recién se instaló el 29 de febrero de 2016, luego de varios meses de concluido el conflicto y tuvo su segunda reunión el 21 de abril. En junio de este año, y luego de reiterados pedidos, la norma de su creación se modificó para incorporar los temas que preocupaban a la población de Cotabambas.

3. Si bien la mesa ha tenido algunas reuniones, se ha caracterizado por las frecuentes suspensiones, principalmente motivadas en las dificultades de los representantes del Poder Ejecutivo para asistir. Esto preocupa sobre manera pues el plazo de vigencia de la Mesa termina a mediados de agosto y es muy poco lo que se ha avanzado, dejando a la población grandes interrogantes.

4. Los días 13, 14 y 15 de julio estaban programadas reuniones de la Mesa. Sin embargo, a solicitud del MINEM se suspendieron con la promesa de realizar, por lo menos una de ellas, la siguiente semana, teniendo como fecha probable el 21 de julio. Hasta el momento no nos han convocado a ninguna reunión. Esta situación nos preocupa dado que quedaba pendiente la aprobación de la matriz de acuerdos de lo avanzado y el reglamento de funcionamiento de la mesa, instrumentos que ayudarían a que el nuevo gobierno pueda retomar el diálogo en agosto.

5. Con el transcurrir del tiempo se hace cada vez menos probable que la reunión pendiente se realice ya que estamos ad portas del cambio de gobierno. Consideramos que dejarnos en esta situación es una falta de respeto que genera descontento y profundiza la tensión social. Somos peruanos y creemos que deberíamos ser atendidos como cualquier otro ciudadano. La actitud que las autoridades nacionales vienen teniendo con nosotros desdice todo discurso favorable al diálogo y debilita la institucionalidad construida para resolver los conflictos sociales.

6. El pueblo de Cotabambas pide principalmente que se revisen los cambios efectuados en el proyecto para evitar cualquier daño posible, que se asfalte la carretera por donde se realiza el transporte minero, nuevos convenios de servidumbre de vías y que se atienda a los familiares de las víctimas del conflicto, en su mayoría niños que han quedado en el más completo desamparo. Sobre estos puntos son pocos los avances logrados en la mesa de diálogo, y a ello se añade una inaceptable situación de maltrato.

7. Solicitamos a las nuevas autoridades tener una actitud abierta y sincera para dialogar y construir acuerdos duraderos que nos permitan alcanzar una convivencia pacífica con la empresa MMG, titular del proyecto minero Las Bambas.

26, de julio de 2016

Suscriben:

FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FRENTES DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

COMITÉ DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL DEL RÍO MAYOTINCO – PUNANQUI, Y DEMÁS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

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RED MUQUI propone agenda priorizada al nuevo gobierno y al Congreso de la República

La RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones a nivel nacional que desde el año 2003 se dedica a la defensa y promoción de los derecho de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras,  plantea una agenda temática priorizada al gobierno del Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, a su Primer Ministro, Fernando Zavala; así como al Congreso de la República que presidirá el partido Fuerza Popular. Los temas de dicha agenda han sido resultado del acuerdo de su Asamblea Nacional realizada los días 07 y 08 de julio del 2016 en Lima, y a propuesta de su Consejo Directivo Nacional:

  1. Priorizar un Plan Nacional de atención especializada de emergencia para personas afectadas por metales pesados y la remediación de pasivos ambientales mineros a nivel nacional. Para ello es necesario recoger diagnósticos de víctimas en zonas con impactos ambientales para definir quiénes requieren atención, implementar laboratorios para dicha finalidad e iniciar la remediación de los pasivos ambientales mineros priorizados. Asimismo, se debe contar con políticas públicas y normativa que permita dichas acciones y el presupuesto necesario. Países con experiencia y tecnología pueden brindar apoyo.
  2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y social, a fin de prevenir mayores conflictos y atender los verdaderos problemas que están detrás de ellos. La adecuada fiscalización y evaluación ambiental, así como la resolución de conflictos sin violencia, a través de mecanismos de diálogo, participación y consulta previa, con normatividad adecuada y debida aplicación, permitiría que funcionen como mecanismos preventivos, efectivos y eficaces, siempre que se apliquen en todas las etapas de los proyectos que corresponda.
  3. El Ordenamiento Territorial (OT) es fundamental, ya que el propio MINAM indica que permite “(…)la formulación e implementación de procesos de planificación existentes a nivel regional y/o local, vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio». Sin embargo, no contamos con una Ley de Ordenamiento Territorial que estandarice los procesos y permita su adecuada ejecución, por lo cual esperamos se retome su discusión. Es lamentable que la Ley N° 30230 haya establecido que el OT es sólo referencial, siendo importante que los gobiernos regionales y locales cuenten con herramientas para obtener información de sus territorios, y que les permita orientar su toma de decisiones para una ocupación adecuada de los mismos, y así realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
  4. Protección delas cabeceras de cuenca hidrográficas, fuentes de agua y ecosistemas frágiles a nivel nacional, que son las zonas que almacenan y captan el agua, que están en serio riesgo por presiones de actividades económicas no sostenibles, retomando la discusión del proyecto de ley para la Conservación de las Cabeceras de Cuenca.
  5. Adecuada aplicación del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en minería e impulso a la Consulta Ciudadana como mecanismo de participación y preventivo de conflictos sociales. Sólo se cuenta con 4 procesos de consulta previa en minería culminados desde setiembre 2015. No se ha aplicado a casos conflictivos. En la práctica es un mero trámite. Es necesario haya una evaluación de los casos llevados hasta la fecha, para establecer los problemas que se presentan en su realización, y plantear modificaciones normativas y de políticas públicas al respecto. Sobre la Consulta Ciudadana, debiera ser integrada como mecanismos en la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano.
  6. Participación activa de la población en la prevención de conflictos, con la aprobación del proyecto de Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena, que plantea el reconocimiento de los Comités que realizan acciones de Vigilancia y Monitoreo ambiental participativo a nivel nacional, y que los resultados de sus muestreos sean vinculantes, y considerados por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).
  7. Proponemos la derogatoria de los paquetazos normativos(Ley N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otros), que afectan la institucionalidad y derechos fundamentales. Exigimos que no continúe la desregulación en materia ambiental y social, y que no se sigan rebajando los estándares, ello y la eliminación de garantías para las tierras de comunidades campesinas y nativas que propician los paquetazos, sólo logran impactos negativos en la vida y salud de las personas, afectación de sus derechos y con ello finalmente mayor conflictividad.
  8. La Diversificación Económica que se ha dado durante el gobierno de Ollanta Humala, ha estado vinculada directamente con los recursos que para ello brinden las industrias extractivas. Consideramos importante evaluar las actividades de las que depende nuestra economía y establecer el costo – beneficio que éstas brindan, en ingresos, empleos, impactos ambientales, salud y pasivos ambientales, entre otros aspectos, a fin de definir qué otras alternativas de desarrollo se podrían tener.
  9. Priorizar la atención al Cambio Climático. Nuestro país es uno de los más afectados a nivel internacional, y hasta el momento no contamos con una Ley Marco de Cambio Climático. Se requiere retomar la discusión del proyecto de ley en el Congreso, a fin de afrontar de manera integral, desde el Congreso y el Gobierno Central, los problemas que estamos sufriendo a nivel nacional, como el fenómeno de El Niño, las heladas en el Sur, entre otros.
  10. Protección de las Zonas Marino Costeras respecto de la contaminación e impactos de la minería, especialmente donde desembocan los mineroductos y/o se realiza el transporte y embarque de metales pesados para su comercialización, como puertos o almacenes.

Desde RED MUQUI esperamos que haya apertura en el nuevo Gobierno y en el Congreso de la República para acoger y discutir estos temas centrales de la agenda minera, ambiental y social que son prioritarios para el futuro del país.

Lima, julio de 2016

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Congreso debe archivar proyecto de ley que autoriza licencia de construcción y operación de centrales hidroeléctricas sin planificación, ni consulta previa

A pocos días del cierre del Legislativo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley N° 2747/2013-CR con la finalidad de “declarar de necesidad pública e interés nacional la priorización de la construcción de todas las centrales hidroeléctricas que se instalen en el país hasta el 2024 cuya capacidad instalada sea mayor a 20MW”, sin indicar las características y localización de los proyectos (esta medida promueve una vez más cualquier proyecto , literalmente cualquiera pues no hay lista de proyectos priorizados), ni la política, plan o programa que sustenta dicha propuesta. Si bien es importante contar con suficiente capacidad instalada para atender la demanda eléctrica del país, es necesario que los proyectos de generación, trasmisión y distribución eléctrica se promuevan en base a una planificación por parte del Estado peruano que considere información actualizada sobre el potencial hidroeléctrico y las proyecciones de la demanda eléctrica. Asimismo, esta planificación debe realizarse analizando los posibles impactos sociales y ambientales del conjunto de proyectos a promoverse y aplicando la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT.

Cabe señalar que las experiencias en la generación de normas declarativas se ha convertido en una vía para eludir la normativa y debilitar los estándares ambientales y sociales bajo el pretexto de reducir trámites, como ya ha ocurrido en años anteriores, pues con la declaración de necesidad pública e interés nacional, eluden la exigencia que se realicen estudios de factibilidad, es decir, realizar el proyecto sin saber si es viable, rentable o sostenible.

Si bien el proyecto de Ley solicitó opinión a MINEM, COES, OSINERGMIN, CONFIEP, Y SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA, se ha obviado y tampoco han solicitado la opinión de MINAM, MINCU, SERNANP, SENACE, CEPLAN, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sociedad Civil, Pueblos Indígenas y sus organizaciones, los cuales velan por la adecuada gestión de recursos naturales, siendo los pueblos indígenas los mayores afectados por este tipo de proyectos pues se superponen sobre sus territorios.

Finalmente, recalcar que es sumamente irresponsable que los Congresistas de la República de la Comisión de Energía y Minas promuevan el desarrollo de proyectos sin la información técnica y especializadas sobre los recursos hídricos en el país y sin las salvaguardas ambientales y sociales necesarias que permitan reducir posibles conflictos socio-ambientales, la afectación de los ecosistemas acuáticos y la degradación ambiental. Por ello, las organizaciones abajo firmantes exigimos al pleno del Congreso de la República a archivar el Proyecto de Ley 2747/2013-CR y solicitamos a las autoridades competentes planificar adecuadamente las actividades del sector eléctrico respetando la legislación nacional.

Lima, 17 de junio de 2016.

Firman:
1. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
2. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
3. Central Ashaninka del Río Ene (Care)
4. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
5. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD
6. Confederación Campesina del Perú (CCP)
7. Confederación Nacional Agraria (CNA)
8. CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
9. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
10. Earth Rights International
11. Fórum Solidaridad Perú
12. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
13. Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GT-CNDDHH)
14. Instituto de Defensa Legal (IDL)
15. Instituto IDLADS PERÚ
16. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
17. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
18. RED MUQUI Perú

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Ante declaraciones del virtual ministro de Economía sobre la ‘individualización’ de predios de los pueblos indígenas

Las instituciones y organizaciones indígenas, agrarias, de mujeres y de la sociedad civil que conformamos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú*, nos dirigimos a la ciudadanía para manifestar nuestra profunda preocupación por lo siguiente:

1. El día lunes 13 de junio, el diario Gestión (página 6) recoge las declaraciones que realizó el virtual ministro de Economía y Finanzas del gobierno electo de Peruanos por el Kambio, Alfredo Thorne, en Radio Capital el día viernes 10 del mismo mes, quien habría señalado que es necesario que “… las tierras donde se ubican las minas, que hoy son de propiedad comunal, sean individualizadas, de manera que cada dueño individual de esos predios los pueda vender a los mineros o a los agricultores” y que “Hay que empezar a hacer un mapa de propiedades, con lo que se puede y, simplemente, intercambiar los títulos comunales por títulos

2. Con estas expresiones, el señor Thorne evidencia su desconocimiento respecto al marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas; banalizando la importancia y el sentido de los derechos colectivos que tienen las comunidades del Perú sobre sus tierras y que la propia Constitución garantiza y expresa cuando señala su respeto a la propiedad comunal (art. 88°).

3. Las comunidades campesinas y nativas son la expresión concreta y jurídica de los pueblos indígenas u originarios del Perú y, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDDHH, “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras” (Caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay – párrafo

4. Actualmente existe una gran demanda insatisfecha por la seguridad jurídica de las tierras de comunales y, principalmente, por la titulación colectiva. Si se concretase la propuesta de Thorne, significaría un atropello y vulneración a los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Asimismo estas declaraciones solo pueden generar un clima de desconfianza, al manifestar una posición abiertamente a favor de la minería en perjuicio de los derechos de las comunidades del país.

Frente a estos hechos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y originarios del Perú y, en ese sentido, exige al gobierno electo del señor Pedro Pablo Kuczynski:

1. Honre su compromiso, firmado el 20 de mayo último con representantes de los Pueblos Indígenas durante su campaña electoral, donde señala en el segundo punto: “Concretar la titulación de los territorios de los pueblos originarios de manera colectiva”. Del mismo modo, respetar su plan de gobierno, donde menciona como uno de sus objetivos en el lineamiento estratégico 3, que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas.

2. Respete, garantice y proteja las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios del Perú, concluyendo con la titulación colectiva pendiente de 4023 comunidades campesinas y nativas.

3. Continúe con las iniciativas de titulación en proceso a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego y los gobiernos regionales, y se coordine de manea intersectorial y multinivel (gobierno nacional, regional y local) con proyectos que tengan componente de titulación cofinanciados con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos de otros países.

4. Fortalezca la institucionalidad para el saneamiento y la titulación rural, a su ente rector: el Ministerio de Agricultura y Riego.

Lima, 15 de junio de 2016

 

(*) A la que pertenece RED MUQUI

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Instamos a que candidatos aseguren continuidad en aplicación de compromisos internacionales sobre transparencia en el sector extractivo

La explotación de los recursos naturales no renovables forma parte crucial en muchas economías del mundo, siendo casi el motor central de sus PBI. Las actividades extractivas están relacionadas con conflictos sociales (en algunos casos criminalizando su protesta), y denuncias de corrupción, pero sobre todo al desconocimiento y desinformación por parte de la población sobre la renta, las utilidades y los usos del dinero que recibe el Estado proveniente de los impuestos y regalías.

Transparentar el flujo económico de las industrias extractivas es fundamental. Por tal motivo la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) cobra gran relevancia en el mundo y en nuestro país. El EITI se conforma por representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil con el objetivo de transparentar los pagos que realizan las empresas extractivas a los Estados y el ingreso que se recibe de estas, para prevenir hechos de corrupción y mejorar la gestión de los recursos económicos que se obtienen de esta actividad. En la actualidad 51 países la conforman de manera voluntaria.

Desde 2005, Perú es miembro de la iniciativa y ha venido cumpliendo con los criterios y exigencias del estándar, ha sido el primer país en América Latina en recibir la categoría de país cumplidor y en implementar dos experiencias descentralizadas que permiten a la ciudadanía vigilar el uso de los recursos del canon en sus localidades, tales son los casos de Piura y Moquegua.

Sin embargo, ninguno de los candidatos presidenciales ha tenido propuestas concretas en materia de transparencia en el sector extractivo y la prevención de conflictos sociales. El EITI al ser un mecanismo que fomenta mayor transparencia, puede servir para generar confianza con la población y ayudar a prevenir los conflictos sociales.

En febrero de este año, la Comisión Nacional EITI Perú presentó los resultados del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN) del EITI (elaborado por la Consultora E&Y) correspondiente al año fiscal 2014. En este estudio participaron 59 empresas. Para asegurar amplia cobertura uno de los criterios de participación es que el aporte de la empresa sea igual o mayor al 2% del valor de producción para el sector minero y de 1% para el hidrocarburifero.

Esta Comisión ha definido que los resultados de los Estudios deben reflejar los siguientes conceptos: (i) Impuesto a la Renta determinado por el Contribuyente (de las Declaraciones Juradas presentadas por los subsectores minería e hidrocarburos); (ii) Regalías (subsectores de minería y petróleo); (iii) Impuesto Especial a la Minería (solo para el subsector minería); (iv) Gravamen Especial a la Minería (solo para el subsector minería) y (v) Derecho de Vigencia (solo para el subsector minería).

En el V estudio se logró cubrir al 85% del valor de producción minero y el 95% del subsector hidrocarburos. Solo una compañía manifestó su intención de no adherirse al informe EITI, la Minera Chinalco Perú SA, la cual cuenta con una participación mayor al 2% del sector. La decisión de esta empresa de no participar afecta negativamente el objetivo del país de cumplir con el estándar EITI.

Por lo expuesto, instamos a que los candidatos den continuidad y fortalezcan esta iniciativa y que empresas como Chinalco transparenten sus pagos al Estado, evidenciando su voluntad de adherirse al estándar EITI, a fin de evitar poner en riesgo la permanencia de nuestro país en una iniciativa que podría contribuir a mejorar los procesos de participación y transparencia ambiental en nuestros recursos extractivos.

Tras 11 años de implementación del EITI, necesitamos que la materialización de los mecanismos de financiamiento del sector sea parte de una política pública de transparencia, al igual que la administración de la información proporcionada por empresas sea más rápida. La creación de una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información sería la oportunidad para hacerlo, de tal manera se podría impulsar el EITI y la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, en inglés) en el país.

El OGP promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción, ampliar la participación social y lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública. Nuestro país también forma parte de esta iniciativa desde el 2012, siendo necesario que también el próximo gobierno se manifieste sobre su continuidad.

Finalmente, el EITI y el OGP se vuelven fundamentales ante el actual contexto de flexibilización de estándares socio-ambientales en las inversiones, cabe señalar, que una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la Evaluación de Desempeño Ambiental Perú 2016 es la inclusión del tema ambiental en el EITI. Por ello, transparentar y hacer accesible mayor información AMBIENTAL respecto a las industrias extractivas como la información relacionada con los procesos de otorgación de derechos, evaluación y fiscalización ambiental, se convierte en salvaguardas para generar inversiones sostenibles.

Lima, 3 de junio de 2016.

VER PRONUNCIAMIENTO

Firman:

1. Alfa-Redi
2. Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular
3. Asociación Arariwa
4. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
5. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
6. Asociación Nacional de Centros
7. Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
9. Asociación Servicios Educativos Rurales
10. Cáritas del Perú
11. Central Asháninka del Río Ene (CARE)
12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
13. Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)
14. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
15. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú
16. Ciudadanos al Día
17. Confederación Nacional Agraria (CNA)
18. Consejo de la Prensa Peruana (CPP)
19. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
20. Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro)
21. CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
22. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
23. Environmental Investigation Agency (EIA)
24. EQUIDAD, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos
25. Foro Ecológico del Perú
26. Forum Solidaridad Perú (FSP)
27. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
28. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
29. Instituto de Desarrollo Socioeconómico (IDS) PROSPECTIVA AMAZÓNICA
30. Instituto del Bien Común (IBC)
31. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
32. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P)
33. Paz y Esperanza
34. RED MUQUI Perú
35. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
36. Salud Preventiva Andina
37. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)

/por

Carta a Keiko Fujimori y PPK sobre situación de los pueblos indígenas

Estimada,

Señora Keiko Fujimori Higuchi

Candidata presidencial por “Fuerza Popular”

Estimado,

Señor Pedro Pablo Kuczynski

Candidato presidencial por “Peruanos Por el Kambio”

De nuestra más alta consideración,

Estamos a puertas de una segunda vuelta que elegirá a quien ocupará la presidencia del Perú por el periodo 2016-2021. Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (en adelante GTPICNDDHH) vemos de suma importancia  detenernos en las propuestas mencionadas en las últimas semanas,  particularmente en  aquellas  que afectan a los pueblos indígenas: consulta previa, territorio, minería ilegal y medio ambiente.

Nos complace que en los últimos debates el tema de la consulta previa haya sido considerado, aunque lamentablemente solo parece ser una formalidad. La consulta previa debió aplicarse desde que el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigencia en el Perú, en febrero de 1995; sin embargo, años después, desde el 2012, con la actual administración de Ollanta Humala se ha venido aplicando contando con 22 procesos de consulta terminados a mayo de 2016. Este es un punto de partida, la cual no debe retroceder, por el contrario,  debe significar el compromiso de la siguiente gestión de implementar y profundizar este derecho en las diferentes actividades productivas, con mayor  énfasis en la minería (donde solo existen tres proyecto sometidos a consulta previa, y en los que no se registró etapa de diálogo en ninguno de ellos), así como atender procesos de consulta en las medidas legislativas (en el Congreso) que atañen a los derechos de los pueblos indígenas.

Los órganos de supervisión de la OIT han indicado de manera reiterada que “la consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio 169 y la base de todas sus disposiciones”(1). Además contamos con varias sentencias a nivel internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y nacional (Tribunal Constitucional) en las cuales se pone de relevancia la obligatoriedad de ejecutar la consulta previa y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por lo señalado, confiamos en que el señor Pedro Pablo Kuczynski haya entendido el fin y objetivo de la consulta y ya no la considere como un “obstáculo”, como lo señaló en el año 2011(2),  sino como una obligación ética y jurídica que tiene el Perú para asegurar un diálogo horizontal con los pueblos indígenas. En el caso de la candidatura de Keiko Fujimori, uno de sus vicepresidentes, el señor Vladimiro Huaroc dijo durante el debate técnico del domingo 15 de mayo que de la ley de consulta y su reglamentación iban a necesitar reformar “algunos aspectos” pero tampoco se han referido a cuáles. Esperamos se haya aprendido de los problemas ocurridos durante la aprobación de la ley y el reglamento de consulta(3) y garanticen una real participación de todos los pueblos indígenas del país en cualquier reforma que quieran llevar a cabo.

Por otro lado, resultan preocupantes las declaraciones realizadas por la candidata Keiko Fujimori respecto al papel que jugará el señor Hernando de Soto en dicho proceso. Es conocido públicamente el rechazo que en varias oportunidades han expresado gran parte de estos pueblos a la figura e ideas que representa el señor De Soto(4) que ha descrito a los pueblos indígenas como “poblaciones que se automarginan”(5), manteniendo un enfoque que busca revertir de modernidad pragmática pero que se ajusta más al ya criticado y defenestrado enfoque del asimilacionismo (planteado en los años 50) que a los estándares internacionales actuales que buscan el respeto al derecho a la diferencia y a la libre determinación de estos pueblos.

En referencia al territorio, debemos señalar que del total de la superficie del Perú, el cual suma 128.5 millones de hectáreas, el 49.1 % (aproximadamente 63 millones de hectáreas) es propiedad o posesión de las comunidades campesinas y nativas, cuyos miembros representan a más del 35 % de la población nacional. Sin embargo la deuda histórica que tiene el Estado peruano no ha sido saldada, aproximadamente el 20.9 % del territorio nacional que se encuentra en posesión de las comunidades nativas y campesinas carece de un título de propiedad. A marzo de 2016, el Perú alberga a un total de 10,529 comunidades rurales, de las cuales falta titular 4,023(6). Debemos señalar que en el Perú los pueblos indígenas están organizados en comunidades campesinas, nativas y de ronderos.

El Estado no ha desarrollado una estrategia adecuada para titular a las comunidades e incluso la política de titulación ha pasado por múltiples instituciones en los últimos años (PETT, COFOPRI, Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura). Por otro lado, existe una oportunidad para mejorar la titulación porque se están canalizando recursos económicos a través de los fondos para el Cambio Climático, sin embargo no hay coordinación intergubernamental entre el gobierno central y regional, ni siquiera hay coordinación intersectorial entre el sector de agricultura, ambiente y cultura.

La posición de ambos candidatos era muy parecida en un inicio. Ambos desconocen la problemática de las comunidades campesinas y nativas, y no tienen propuestas claras respecto a la titulación y desarrollo de comunidades y sus tierras comunales. Ninguna de las dos agrupaciones a lo largo de la campaña ha tenido la iniciativa e interés para entablar un diálogo intercultural con representes de organizaciones de pueblos indígenas. Sin embargo, recientemente ante la reñida disputa de votos, ambos partidos han salido en busca de líderes y organizaciones indígenas que les dieran respaldo. El caso de Peruanos por el Kambio ha sido el más notorio, ya que ha dado más muestras de interés al estar presente en eventos donde se buscó promover el diálogo intercultural con líderes indígenas y sociedad civil; en el caso de Fuerza Popular, simplemente no asistió (lo cual ha sido una constante en los diferentes eventos realizados acerca de pueblos indígenas y medio ambiente).

En medio de ello, cabe destacar que en la última etapa de la campaña Peruanos por el Kambio convocó a algunos líderes y organizaciones indígenas para suscribir un acuerdo con 9 compromisos, dos de ellos a destacar son la creación de un Viceministerio de Pueblos Indígenas y el compromiso de titular las tierras comunales aun restantes. El comportamiento en la campaña electoral por parte de Fuerza Popular ha sido preocupante respecto al tema de políticas públicas para los pueblos indígenas y específicamente respecto a la titulación de tierras comunales, esto se ha agravado más aún con la incorporación del economista Hernando de Soto, para quien la titulación comunal no es importante más bien es un promotor de la titulación individual de las comunidades y bajo esa política la posible extinción de los pueblos indígenas.

Independiente del compromiso en proteger derechos colectivos de los pueblos indígenas como consulta previa y territorio, el partido que llegue a ser gobierno en el periodo 2016-2021 tiene la obligación de tratar con el delicado tema de la minería ilegal e informal. Esta problemática hasta el momento no tiene visos de solución. Y es que no hay una visión integral del problema que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural.

Son muchas las causas de la proliferación de minería ilegal e informal. De esta forma, encontramos la desatención del Estado al sector agropecuario, que es uno de los sectores que emplea a un importante porcentaje de la PEA especialmente en las zonas donde se realiza dicha actividad, y el mantenimiento de cerca de un 30% de la población aún en situación de pobreza y pobreza extrema, genera que sectores de la población busquen diversas actividades para su supervivencia, como en el caso de la minería informal e ilegal, la que reviste interés por los precios internacionales de los metales como el oro. Gran parte de las personas que se dedican a dicha actividad, en realidad no son poblaciones locales, sino que migran de sus zonas de origen hacia las zonas en que se realiza dicha actividad ilegal, generando conflictos locales.

Las débiles capacidades y escasos recursos de los Gobiernos Regionales y las DREM no les permiten tener una acción decidida frente a esta actividad, lo que constituye una  responsabilidad de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Lamentablemente hay una débil institucionalidad pública, especialmente ambiental, una mala gobernanza de los recursos naturales, y subsiste una corrupción institucionalizada en diferentes niveles de gobierno que permite que el statu quo se mantenga. Asimismo, no hay una Ley de Ordenamiento Territorial y políticas públicas que establezcan criterios que determinen si una zona está o no prohibida para la realización de actividades extractivas, en especial en zonas de ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos; la aprobación de una ley de Ordenamiento Territorial es realmente urgente.

Debido a esto es que se requiere tomar una serie de medidas urgentes para combatir este tipo de minería: culminar los procesos de Zonificación Económica Ecológica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT) a nivel nacional, implementar procesos de consulta previa a comunidades campesinas y nativas respecto de su desarrollo y la realización de actividades extractivas en su territorio, prohibir el otorgamiento de concesiones mineras fuera de las zonas permitidas en la ZEE y OT, y de las zonas de amortiguamiento de ANP, ecosistemas frágiles, zonas de producción de agua y de importancia agrícola, potenciar el desarrollo local sostenible para que sus economías no dependan del canon y regalías mineras, promover inversiones en desarrollo económico y productivo dirigidas a los pequeños productores y comunidades campesinas que cada vez más se ven empujadas a realizar actividades de minería informal, fortalecer la institucionalidad pública en la gestión ambiental, el rol de las CAR y CAM, mejorar los mecanismos de participación ciudadana, fortalecer el rol de la OEFA y las capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales, en especial de las DREM, como autoridad ambiental regional respecto de la pequeña minería y minería artesanal.

Frente a ello, nos preocupa la postura que ha mostrado la candidata Fujimori en este tema. No solo ha señalado que derogará los decretos legislativos 1100 y 1105 que impulsó la administración de Humala para la formalización minera, sino que ha firmado compromisos con mineros informales e ilegales (viernes 29 de abril de 2016) señalando que busca la “verdadera formalización de la pequeña minería”. En la presentación pública de dicho compromiso señaló que los mineros que no lograron formalizarse serían “perseguidos” e “investigados”(7), victimizando a personas que, como cualquier otra persona que es sospechosa de cometer un delito, debe ser investigada, y si es encontrada culpable, sancionada por el sistema de justicia.

Finalmente, no puede descuidarse el tema de la gestión ambiental, prácticamente obviado por ambos candidatos en sus últimas apariciones públicas y los debates presidenciales. Un primer punto por tratar es el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la gestión ambiental. Así, debería fortalecerse el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) e implementar una estrategia con recursos presupuestales y técnicos para mejorar los procesos de evaluación de impacto ambiental.  Ello supondría fortalecer la intervención en ese proceso del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y el Ministerio de Cultura (MINCU). Asimismo, debe fortalecerse al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), lo que supone la defensa del el aporte por regulación establecido a su favor en la Ley N° 27332, sobre el cual existe una controversia legal con el gremio del sector energía y minas.

Pero además debe revisarse la legislación, dada en este último quinquenio, que sucesivamente bajo el falso argumento de reactivación de la economía ha venido disminuyendo estándares, como los denominados “paquetazos ambientales” los cuales han generado el debilitamiento de la institucionalidad, con los Decretos Supremos 054 y 060-2013-PCM, la Ley N° 30230, la Ley N° 30327 y los nuevos Estándares Nacionales de Calidad de Agua aprobados mediante D.S. N° 015-2015-MINAM, evaluándose el impacto que han tenido sobre la salud de las personas y el ambiente,. Es justamente esta ley Nº 30230 la que genera mayor debilitamiento al sistema de evaluación y fiscalización ambiental.

Por ello, debe derogarse el artículo 19° de la Ley N° 30230 que ha debilitado al OEFA y las normas reglamentarias que facilitan su implementación, impidiendo que este organismo regulador del Estado pueda ejercer una eficiente fiscalización ambiental a las empresas, lo que se refleja en la afectación a la salud y el ambiente; asimismo, debe derogarse el artículo 12 de la Ley N° 30230, el cual impide que las multas administrativas financien la potestad sancionadora del OEFA, es decir la supervisión directa a las empresas y la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes.

En ese sentido, es preocupante el proyecto de Ley N°3601/2013 (presentado en coautoría por Fuerza Popular) que pretende facilitar a los infractores a presentar medidas cautelares judiciales que impidan el procedimiento de ejecución y cobranza coactiva que lleva a cabo el OEFA como parte de un proceso sancionador. Es decir, se está facilitando nuevamente la judicialización de las resoluciones administrativas del OEFA. De igual forma nos preocupa la paralización del Proyecto de Ley de Reconocimiento y Articulación de la Vigilancia Indígena (PL 3937/2014), el cual no encuentra pronunciamiento por parte de la Comisión de Pueblos (presidida por Fuerza Popular).

Es preocupante  el silencio o la poca claridad de los  partidos políticos  sobre los temas anteriormente mencionados. Por ello es que desde el GTPICNDDHH demandamos que el partido político ganador de la contienda electoral tome en cuenta la agenda planteada y construya soluciones participativas, en beneficio de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

Quedamos atentos a su respuesta.

 

Organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

• Asociación Paz y Esperanza

• Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

• Asociación Proyecto Amigo de Huamachuco

• Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

• Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL

• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD

• Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH

• Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

• CooperAcción

• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

• Earth Rights International – ERI

• Fórum Solidaridad Perú – FSP

• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

• Proyecto Amigo

• Instituto de Defensa Legal – IDL

• Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible Perú – IDLADS Perú

• Instituto del Bien Común – IBC

• Red Agua, Desarrollo y Democracia – REDAD Piura

• Red Muqui

• Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

• Servicios en Comunicación Intercultural – SERVINDI

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1. CEACR: Observaciones Generales del Convenio núm.169 de la OIT. 2011.

2. “Esta Ley de Consulta Previa es en realidad un obstáculo a la minería mucho más grande que la sobretasa a las ganancias mineras”. PPK: La Ley de Consulta Previa es un “obstáculo” a la minería:  http://larepublica.pe/30-10-2011/ppk-la-ley-de-consulta-previa-es-un-obstaculo-la-mineria

3. Pronunciamiento del Pacto de Unidad contra el reglamento de la Ley de Consulta Previa: http://www.servindi.org/actualidad/60457

4. Más allá de Hernando de Soto: La lucha de AIDESEP por la Territorialidad Integral: http://www.aidesep.org.pe/mas-alla-de-hernando-de-soto-la-lucha-de-aidesep-por-la-territorialidad-integral/

Comunidades indígenas rechazan visión de De Soto sobre sus territorios: http://www.aidesep.org.pe/mas-alla-de-hernando-de-soto-la-lucha-de-aidesep-por-la-territorialidad-integral/

5. TEDxPuraVida – Hernando de Soto – La Amazonía no es Avatar:  https://www.youtube.com/watch?v=6-08575w72U

6. Ver más en: http://www.ibcperu.org/uncategorized/el-49-del-territorio-peruano-esta-en-manos-de-las-comunidades-rurales/

7. http://larepublica.pe/politica/763857-keiko-fujimori-firma-compromiso-con-mineros-informales-para-captar-votos-video

/por

RED MUQUI a los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski

Señora Fujimori y Señor Kuczynski, candidatos a la Presidencia de la República del Perú:

Desde la RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional que desde hace 13 años acompaña y asesora a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, nos dirigimos a ustedes, luego de presenciar los debates presidenciales y técnicos de las últimas semanas, para manifestarles lo siguiente:

  • Nos llama la atención y nos preocupa el poco reconocimiento que sus propuestas hacen de la problemática ambiental y social generada por la MINERÍA en nuestro país. Si no reconocemos su existencia no haremos el esfuerzo necesario para solucionarla.
  • A partir de esa problemática Red Muqui ha formulado una agenda y propuestas en diversos documentos que les hicimos llegar, que deberían ser consideradas en la elaboración de las políticas públicas del nuevo gobierno. Desde esta perspectiva, el  Ordenamiento Territorial (OT) es un instrumento fundamental  para garantizar formas de desarrollo sostenibles, que tengan en cuenta las potencialidades y debilidades de nuestro territorio. Hasta el momento, no se han pronunciado sobre este tema ni  sobre la necesidad de derogatoria de la Ley 30230 en los aspectos referidos al OT, ya que lo debilitan como instrumento de planificación y gestión.
  • Consideramos que si no se deroga dicha ley, y no se dicta una Ley de Ordenamiento Territorial que  organice las competencias y vincule los instrumentos de planificación y gestión del territorio, los conflictos por uso seguirán reproduciéndose y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) seguirá siendo uno de los principales ministerios ordenadores del territorio,  a través del otorgamiento de  concesiones mineras.
  • El Perú tiene oficialmente 8616 pasivos ambientales mineros (PAMs) a nivel nacional, es decir, desechos de las operaciones mineras. El 50% de ellos de alto riesgo. Estos pasivos ambientales deben ser adecuadamente remediados para que no generen aguas ácidas de minas, que contaminan suelos y cursos de agua.
  • Existen serios problemas de salud ambiental a nivel nacional que afectan a poblaciones y comunidades en zonas mineras, en especial a los niños, sin que exista una política púbica nacional que brinde atención médica especializada por contaminación por metales pesados a las víctimas. Los casos que requieren de una urgente atención son: Espinar (Cusco), Pasco, Condoraque (Puno), Hualgayoc (Cajamarca), San Mateo (que se encuentra a sólo dos horas de Lima), entre otros. No se solucionada nada con postas que atiendan sólo los síntomas de las personas, ni se avanza ignorando los focos contaminantes que son los PAMs y operaciones mineras que tienen vertimientos que no respetan los LMP ni los ECA.
  • El respeto a los territorios de las comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas en nuestro país, está en riesgo por las normas de los paquetazos pro-inversión: la Ley 30230, el D.S N° 001-2015-EM, la Ley 30327, entre otras. Con ellas se han eliminado y/o debilitado garantías de la propiedad comunal.  Pese a ello se propone ahora la priorización de la titulación individual, lo que podría quebrar la unidad de nuestras comunidades y desaparecerlas. Al respecto planteamos que se debe establecer primero la ubicación georeferenciada de las comunidades, y cumplir con las obligaciones que exige el Convenio 169 de la OIT sobre  garantías para sus tierras, debiendo derogarse los puntos de las citadas normas que afectan derechos colectivos.
  • Nuestra gestión ambiental a nivel nacional también se ha visto seriamente afectada por las normas de los paquetazos normativos ya citadas. Se han limitado las facultades sancionadoras y el presupuesto de la OEFA como entidad fiscalizadora. Se ha modificado la forma de aprobación de los  LMPs y ECAs a y de  las zonas reservadas, dando lugar a que primen criterios económicos sobre los ambientales y de salud de la personas.
  • La Consulta Previa para las Comunidades Campesinas y Nativas en minería se ha realizado en solo tres proyectos, los tres referidos a actividades de exploración. En esos procesos la consulta no les ha permitido influir en las condiciones para la operación. Además, de ello existen por lo menos 16 casos  en donde, según Defensoría del Pueblo,  se debió realizar consulta previa y no se hizo. A ello se añade que hasta la fecha no se incluye  en la base de datos de pueblos indígenas del Viceministerio de Interculturalidad a un importante número de  comunidades campesinas.  Finalmente, algunos técnicos de la candidata Fujimori han planteado que es necesario revisar las normas de consulta previa, pero no han dicho en qué y para qué, esto nos genera preocupación, sobre todo considerando que Fuerza Popular tiene 73 parlamentarios a su favor de un total de 130 en el Congreso.
  • Sobre los conflictos sociales, se habla de sistemas nacionales de gestión de conflictos. Si bien ello es necesario, no existe una crítica a las Mesas de Desarrollo, que principalmente funcionan como  mesas de “negociación”, que evaden  los problemas de fondo detrás de los conflictos ofreciendo  recursos para lograr  que las poblaciones brinden licencia social  a los proyectos de inversión.  Esta misma idea está en la propuesta de “adelanto social”, que no es otra cosa que brindar beneficios económicos de parte del gobierno central a las poblaciones y comunidades, sin dialogar sobre los problemas que les pueden estar causando algún nivel de disconformidad. No podemos limitar la mirada de los conflictos a un tema de recursos.
  • Otra situación que se da como consecuencia de la conflictividad social, es la criminalización de la protesta. Los últimos gobiernos, incluido el actual y lamentablemente ambos candidatos a la presidencia y sus asesores, mantienen la perspectiva de la conspiración detrás de los conflictos.
  • Las poblaciones no se movilizan y protestan, dejando sus quehaceres cotidianos, porque alguien los manipula, sino porque realmente sienten en riesgo recursos importantes para su existencia.  La candidata Fujimori ha dicho que no le temblará la mano para declarar estados de emergencia e incluso la intervención de las fuerzas armadas. Esta situación, que ya se ha presentado en varios conflictos sociales y sólo ha permitido contener o controlar el estallido del conflicto. Es importante que se entienda, que generalmente quienes protestan  no son  delincuentes que hay que perseguir, sino se trata de personas que buscan que se respeten sus derechos y al no encontrar otra vía, les queda la protesta pacífica, por lo que no se les debe tratar  como delincuentes. En ese sentido solicitamos a los candidatos revisar sus estrategias para hacer frente a los conflictos sociales y revisar las normas vigentes que criminalizan la protesta; así como las que permiten la impunidad de las fuerzas del orden en sus incursiones, y la intervención de las fuerzas armadas en labores que no les competen, y que podrían ocasionar afectación de derechos.
  • Respecto de la minería informal e ilegal, consideramos que no hay una visión integral del problema que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural, por ello el proceso de formalización ha fracasado.
  • La desatención del Estado al sector agropecuario, el mantenimiento de cerca de un 30% de la población aún en situación de pobreza y pobreza extrema, las débiles capacidades y escasos recursos de los Gobiernos Regionales y sus DREM y el poco apoyo de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, la débil institucionalidad pública, principalmente ambiental, y una corrupción institucionalizada, son temas que debe abordar una política que realmente pretenda resolver la problemática de la minería ilegal e informal.
  • En ese sentido, nos preocupan los acuerdos que la señora Fujimori ha celebrado con algunos gremios de la minería informal. No se debería olvidar la necesidad de  erradicar la minería en los ecosistemas frágiles, y continuar con la interdicción de la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, donde el uso de mercurio y/o cianuro, impacta el ambiente contaminando el suelo, agua, animales y plantas, y a  los seres humanos. En estos casos es importante que desde el Gobierno Central, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, se plantee actividades alternativas que diversifiquen la economía local y desalienten actividades no sostenibles. Al respecto el señor Kuczynski ha planteado una política en ese sentido que  esperamos  se concrete de ser gobierno.
  • Finalmente es necesario diversificar nuestra economía, para que no sea sólo dependiente de actividades extractivas como la minería. Para ello es necesario que en base al OT y los Planes de Desarrollo Concertado, de manera coordinada con los Gobiernos Regionales y Locales y las Comunidades, se impulsen desde el Gobierno Central alternativas de desarrollo sostenible, basadas en las potencialidades locales, la disponibilidad de mano de obra, los saberes ancestrales y las perspectivas de desarrollo de las poblaciones y comunidades

RED MUQUI nació con el propósito de defender y promover los derechos de las personas que viven en zonas mineras. Con ese compromiso, estaremos vigilantes para que las actividades mineras que se realicen, lo hagan respetando el ambiente y los derechos de las personas.

Atentamente,

RED MUQUI

/por