Denunciamos nuevo intento de debilitamiento de la OEFA desprotegiendo a los Pueblos Indígenas y el Ambiente

En vista de las constantes modificaciones a la legislación ambiental nacional para promover las inversiones, debilitando la normativa e institucionalidad ambiental, las organizaciones abajo firmantes, nos pronunciamos para denunciar un nuevo intento de debilitamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), frente a lo cual expresamos lo siguiente:

• Que se archive el Proyecto de Ley N° 3601/2013 que busca dar facilidades a las empresas infractoras para no pagar las multas que le impone el OEFA. Esta norma facilita a los infractores a presentar medidas cautelares judiciales que impidan el procedimiento de ejecución coactiva que lleva a cabo el OEFA como parte de un proceso sancionador. Es decir, se está facilitando nuevamente la judicialización de las resoluciones administrativas del OEFA, aspecto que superado con la Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Este proyecto de Ley ha sido presentado por los congresistas Luis Iberico Nuñez, Martha Chávez Cossío, Juan Carlos Eguren Neuenschwander, Luis Fernando Galarreta Velarde, Alberto Ismael Beingolea Delgado, Richard Frank Acuña Nuñez, Gladys Natalie Condori Jahuira, Maria Soledad Pérez Tello De Rodríguez. Esta propuesta se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República para su discusión y de ser el caso posterior aprobación.

Asimismo, llamamos la atención sobre las consecuencias de contar con un marco institucional débil, por ello reiteramos:

• Que se derogue el artículo 19° de la Ley N° 30230 (llamado “Paquetazo Ambiental”) que en pro de la promoción de las inversiones ha debilitado al OEFA, impidiendo que este organismo regulador del Estado pueda ejercer una eficiente fiscalización ambiental a las empresas, lo que se refleja en la afectación a la salud y el ambiente. Lo pernicioso de esta ley se evidencia en los últimos derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía peruana. En este caso, se esparcieron miles de barriles de petróleo sobre el agua (de consumo directo de la población), suelo, flora y fauna, que afectó la salud de más de 200 personas. Se evidencia también en casos de contaminación minera en ambiente y afectación de salud, como en Espinar (Cusco), La Oroya (Junín), Pasco y otros, que han sido declarados en emergencia en su momento. A causa de esta norma son los propios afectados quienes deberán demostrar si hubo daño real y muy grave en su salud para que la OEFA pueda multar a la empresa.

• Que se revise y modifique el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA (aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 016-2015-OEFA/CD, publicado el 28 de marzo del 2015), ya que permite que la Ley N° 30230 sea la regla y no la excepción. De esta manera, se instaura un nuevo enfoque que otorga facilidades a las empresas, a pesar de haber cometido en reiteradas ocasiones faltas ambientales, siendo las multas el último recurso para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y reduciéndolas a la mitad. La multa completa se impondría solamente en caso de comprobarse daño real a la vida y salud de las personas, por ausencia de instrumentos de gestión ambiental al momento de desarrollarse las actividades o por ejecutarse en zonas prohibidas, o por reincidencia de infracciones. Además, las empresas pueden acceder a la subsanación voluntaria para situaciones donde se ha producido daño potencial a la flora y fauna. La multa de ésta manera pierde su carácter disuasivo, de obligar a las empresas a cumplir con las normas ambientales.

• Que se derogue el artículo 12 de la Ley N° 30230, la cual impide que las multas administrativas financien la potestad sancionadora del OEFA, es decir la supervisión directa a las empresas y la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. La labor de supervisión que realiza este organismo regulador permite determinar si las empresas están cumpliendo o no con sus obligaciones ambientales.

• Que no se elimine el aporte por regulación en favor del OEFA, regulado por la Ley N° 27332, que actualmente se encuentra en controversia legal dado que el gremio del sector energía y minas se niega a pagar. El aporte por regulación es una de las principales fuentes de ingreso del OEFA, pues permite financiar su función supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, entre otras importantes funciones que realiza esta institución para hacer cumplir la legislación ambiental en el país.

• Que antes de la aprobación de toda política, norma, plan y programa se cuente con procesos de discusión sobre sus alcances e impactos con diversos actores en el ámbito nacional y regional. Para tal fin es necesario contar con mecanismos de transparencia, acceso a la información, consulta previa a los pueblos indígenas, y participación adecuada a la población y comunidades, en especial, aquella que será impactada por proyectos extractivos y de infraestructura.

Por lo expuesto como sociedad civil expresamos nuestra preocupación ante este proceso de debilitamiento del OEFA y expresamos que seguiremos denunciando estos hechos que vulneran el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado que impacta, sobre todo, en pueblos indígenas.

Asimismo, reiteramos nuestro pedido de contar con una legislación ambiental que realmente prevenga el daño a la salud y vida de las personas, al igual que acciones concretas para prevenir, mitigar y remediar la contaminación ambiental, siguiendo las normas constitucionales y los principios de la Ley General del Ambiente. Así como contar con mecanismos disuasivos que adviertan a las empresas sobre las consecuencias de cometer infracciones ambientales o de reincidir en ellas. El Perú necesita inversiones pero inversiones sostenibles, en los lugares donde se puedan realizar, que respeten los derechos humanos y el ambiente. En ese sentido, el Estado debe seguir fortaleciendo los instrumentos e instituciones ambientales.

Lima, 26 de mayo de 2016.

FIRMANTES:
Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
Asociación Civil Natura
Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo Tipishca (ACODECOSPAT)
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Central Asháninka del Río Ene (CARE)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)
Centro Labor
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico
CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco
Environmental Investigation Agency (EIA)
Foro Ciudades para la Vida
Foro Ecológico del Perú
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS PERÚ)
Instituto del Bien Común (IBC)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)
RED MUQUI Perú
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

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Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales

REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA

Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales

Los resultados de la primera vuelta electoral nos colocan ante un escenario complejo para el país. La posibilidad de caer nuevamente en el autoritarismo y la corrupción es un riesgo que los peruanos y peruanas comprometidos con la democracia y la justicia social, no debemos permitir.

El próximo gobierno está obligado a incorporar e implementar las demandas y reivindicaciones que un importante sector de la población depositó en las fuerzas políticas que expresaban un cambio en el modelo económico y la forma de hacer política en el país.

Frente a este escenario, las organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas que suscribimos este emplazamiento, exigimos al candidato de Peruanos Por el Kambio y a la candidata de Fuerza Popular que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, eliminando las persistentes desigualdades que las agobian, en línea con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional.

1. Empleo digno y derechos laborales. 3 de cada 10 trabajadores/as peruanos/as tienen un empleo decente de acuerdo a los estándares de la OIT. 7 de cada 10 trabajan en la informalidad, en empleos precarios. Para promover la generación de empleos de calidad: ¿impulsarán la aprobación de la Ley General del Trabajo reconociendo y adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores? ¿Cuál será el futuro de los regímenes “especiales” que recortan derechos laborales y precarizan el empleo? ¿Se incrementará el salario mínimo para acercarlo al valor de la canasta básica familiar y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios?

2. Inversión en la Gente. Un 30% de peruanos/as no accede a servicios de salud por diferentes barreras. El Estado debe garantizar la provisión universal de servicios públicos de calidad como salud, educación, vivienda y sus servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad). Estos derechos no deben ser privilegios. El gasto público debe priorizar el fortalecimiento de estos servicios. ¿Cómo cumplirán con las metas del Acuerdo Nacional en educación y salud? ¿Cuál será el modelo de salud que implementarán en relación a sus determinantes sociales? ¿Cuál es su plan para mejorar la calidad de la educación inicial, primaria y secundaria, la educación superior y la formación profesional técnica? ¿Cómo asegurarán que las políticas de educación y salud se apliquen con enfoques de género, territorio e interculturalidad? ¿Cómo abordarán la reforma del sistema previsional, sancionando los abusos de las AFPs y fortaleciendo la Seguridad Social?

3. Implementar una profunda reforma tributaria. La recaudación en el Perú, además de ser regresiva (mayor peso de impuestos indirectos que afectan a los consumidores), está por debajo del promedio regional y muy por debajo del promedio de las economías más desarrolladas. Esta situación no permite financiar servicios públicos adecuados y de calidad. ¿Cómo ampliará la recaudación tributaria para que sea más progresiva (mayor peso de impuestos directos a la riqueza) y transparente? ¿Cómo enfrentará la evasión y elusión tributaria de las grandes empresas y las fortunas personales? ¿Aplicará la Norma XVI, (cláusula general antielusiva tributaria) suspendida el 2014 por presión empresarial?

4. Fortalecer la gobernanza ambiental y la agricultura familiar. Para facilitar el desarrollo de la gran inversión, el actual Gobierno promulgó los llamados “paquetazos ambientales” debilitando la fiscalización ambiental, vulnerando los derechos de comunidades campesinas y nativas, y amenazando la propiedad de sus territorios. ¿Derogarán o revisarán estas normativas? ¿Qué medidas impulsarán para elevar los estándares ambientales y sociales, y fortalecer a los organismos encargados de implementarlos? ¿Qué plantean para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria? ¿Aprobarán la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional? ¿Qué compromiso concreto asumirán para incrementar los recursos para la agricultura familiar y campesina? ¿Qué programas dirigirán a la agroecología como respuesta al cambio climático?

5. Implementar los derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado peruano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, la cual se ha agravado en los últimos años debido a políticas que han debilitado el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales. ¿Qué proponen para garantizar la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas? ¿Cómo garantizarán el cumplimiento del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada? ¿Qué proponen para garantizar los derechos territoriales y concluir con la titulación colectiva de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país?

6. Seguridad Ciudadana. La delincuencia y el crimen organizado se expanden por todo el país, golpeando a diario a miles de familias peruanas. Exigimos tolerancia cero al crimen organizado y políticas de prevención del delito particularmente orientadas hacia adolescentes y jóvenes. Para ello es indispensable una profunda depuración y reorganización de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Frente a las peligrosas e ineficientes propuestas de militarización de las ciudades, exigimos medidas que fortalezcan el rol de los gobiernos locales y regionales en este punto, así como la activa participación de la ciudadanía organizada. ¿Qué opinan los candidatos frente a estas propuestas?

7. Reforma del Estado y descentralización. Vivimos un proceso de recentralización en diferentes aspectos. ¿Cuál es su propuesta para relanzar la descentralización y regionalización iniciada en 2001? ¿Incrementarán el presupuesto de los gobiernos regionales y locales? ¿Se iniciará el proceso de Ordenamiento Territorial, con mecanismos de participación ciudadana para darle valor y determinar los usos de nuestro territorio, evitando generar nuevas vulnerabilidades? ¿Se descentralizarán los programas sociales y se restituirán los mecanismos de participación ciudadana?

8. Respetar y fortalecer la institucionalidad democrática. Vivimos una crisis generalizada del sistema político que requiere una reforma urgente que vaya a la raíz de los problemas ¿Cuáles serán los componentes centrales de la reforma política electoral que impulsará? ¿Qué medidas

plantea para revertir la creciente captura del Estado por parte de intereses privados? ¿Qué propone para luchar contra la corrupción e implementar la reforma del Poder Judicial? ¿Cómo se promoverá una democracia paritaria, inclusiva e intercultural, garantizando que la participación ciudadana sea a través de los partidos políticos o espacios de concertación?

9. Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Han transcurrido 13 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió su Informe Final, y hasta el momento las heridas que abrió la violencia política persisten. ¿Cuál es su posición respecto de las políticas de reparación establecidas para las víctimas y deudos de la violencia política? ¿Cuál será el futuro de las investigaciones y procesos dirigidos a esclarecer la verdad de lo sucedido y garantizar que esos hechos no se repitan?

10. Para garantizar la plena vigencia de nuestros derechos. ¿Cuál es su posición para garantizar el derecho a la movilización y protesta social sin que sean criminalizados? ¿Apoyarán la despenalización del aborto en caso de violación? ¿Continuarán con la reparación y registro a las mujeres esterilizadas forzosamente por el Estado en la década del noventa?¿Habrá tolerancia cero para la violencia de género y feminicidio?

Exigimos a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio), que se pronuncien sobre estas demandas y expliciten sus propuestas. Las organizaciones y movimientos, ciudadanos y ciudadanas, nos ratificamos con la defensa de la Democracia, los Derechos Humanos y la lucha por la Igualdad.

 

mayo, 2016

 

Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, y Red Muqui.

 

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Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe exigimos a los Gobiernos firmar y avanzar con los compromisos del Acuerdo de París

Más de tres meses han pasado desde la Conferencia de las Partes (COP21), órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), donde 195 países adoptaron el Acuerdo de París. Este busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura global promedio por debajo de 2ºC respecto de la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para evitar su incremento por encima de 1.5ºC, con el fin de encarar los riesgos e impactos negativos del cambio climático.

Con el acuerdo alcanzado en París cada gobierno tiene la tarea y la responsabilidad ética de llevar a cabo sus planes de acción y trabajar para la necesaria e inminente descarbonización de las economías y la redefinición de las relaciones con la naturaleza bajo nuevos patrones de producción y consumo como la única ruta posible hacia la conservación y el respeto de la vida en el planeta. Además deben garantizar que los flujos de financiamiento sean consistentes con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, tal y como lo indica el Acuerdo de París.

Por tal motivo, las organizaciones de América Latina y el Caribe, urgen a los Gobiernos a:

  • Participar en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de París, convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, este 22 de abril y reforzar sus compromisos nacionales.
    Avanzar con los respectivos procesos de ratificación del Acuerdo de París en sus Congresos Legislativos y/o nacionales para su aplicación en las políticas públicas.
  • Impulsar la preparación de estrategias de desarrollo de largo plazo. Esta visión deberá enmarcar y direccionar las medidas de cada país, de tal manera que no solo promuevan una transición justa y segura para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la preparación proactiva de todos los sectores ante los impactos crecientes del cambio climático.
  • Implementar medidas urgentes de mitigación y adaptación durante los próximos cinco años (2016-2020) hasta que el nuevo acuerdo entre en vigencia. Estas medidas deben estar orientadas a: Acelerar la transición energética, tanto desde el punto de vista de políticas públicas como en materia de infraestructura, a fin de abandonar el uso de combustibles fósiles e impulsar el aprovechamiento de la energía renovable a diversas escalas, y particularmente para el uso local; mejorar el transporte urbano eficiente e incentivar la movilidad no motorizada; reducir la deforestación y la degradación; y preparar sectores productivos clave ante los impactos del cambio climático. La toma de medidas de corto plazo será fundamental para responder con la urgencia necesaria al desafío que enfrentamos, aprovechar oportunidades emergentes, orientar a las inversiones para que estén alineadas a la estabilidad climática y la resiliencia social y preparar el terreno para una implementación más efectiva de las contribuciones nacionales (INDCs) post-2020.
  • Asegurar la coherencia entre los compromisos establecidos en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) y los instrumentos de planificación nacional de tal manera que se garantice la transparencia, y rendición de cuentas en su preparación e implementación y aprovechar el período que se da desde la firma del acuerdo hasta el 2018 para identificar nuevas oportunidades para aumentar la ambición de dichos compromisos, y demostrar una voluntad real frente a los compromisos derivados del Acuerdo de París y la propia Convención.
  • Abandonar el uso de la energía nuclear, las técnicas de fractura hidráulica (fracking), construcción de hidroeléctricas de gran escala, la captura y secuestro artificial de carbono y otras prácticas tecnológicas cuyos beneficios son inciertos y de los cuales las externalidades ambientales y sociales son mayores a las soluciones que proporcionan.
  • Desarrollar políticas ambiciosas de protección y uso sostenible de los ecosistemas naturales, recursos hídricos y zonas marino costeras de la región, incorporando proactivamente un enfoque ecosistémico para todo proyecto de inversión pública o privada.
  • Crear estrategias nacionales de financiamiento climático que ayuden a la implementación de las acciones de manera coherente y armónica con las prioridades de los países y garantizar la creación de sistemas de medición, reporte y verificación del financiamiento que llega a los países y que se otorga vía presupuestos públicos para dar seguimiento y evaluación y garantizar la efectividad del mismo.
  • Fortalecer los espacios y mecanismos efectivos de coordinación nacional entre los distintos actores del Estado incluyendo a los gobiernos subnacionales; así como generar mecanismos eficaces de diálogo y participación de diversos actores de la sociedad civil (pueblos indígenas, juventud, ONG, privados, mujeres, academia y organizaciones religiosas), para permitir un trabajo inclusivo y resolutivo en torno a la gestión y revisión de los avances de las NDC y el Acuerdo de París a nivel nacional.
  • Poner fin a la criminalización y persecución de representantes y líderes en la defensa del ambiente y, específicamente, al gobierno de Honduras que avance con la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres, reconocida líder ambiental, así como juzgue a los responsables con el debido rigor.
  • Tomar medidas efectivas en favor de las comunidades ya afectadas por el cambio climático, que generalmente son las más empobrecidas de América Latina, entre ellas las poblaciones indígenas y campesinas.

Asimismo es importante que los organismos regionales colaboren en el proceso de cumplimiento del Acuerdo, por tal motivo:

  • Solicitamos al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), promover en los Congresos legislativos de cada país de América Latina y Caribe la ratificación del Acuerdo de París.
  • Invocamos a UNASUR y CELAC a hacer todo el esfuerzo a nivel regional para que los Gobiernos cumplan con avanzar los compromisos del Acuerdo y trabajar en el desarrollo de posturas conjuntas para la próxima Conferencia de las Partes (COP22).

Recordamos a los líderes y representantes de América Latina y el Caribe, el llamado del Papa Francisco en su encíclica «Laudato Si» a detener el cambio climático y promover estilos de vida en armonía con la naturaleza (al cual se han unido alrededor de 900.000 firmas de la Petición Católica por el Clima que han sido entregadas en la COP21 en París).

Instamos a las organizaciones, redes y movimientos a sumar esfuerzos conjuntos, para la vigilancia y el seguimiento al Acuerdo de París para que los Gobiernos cumplan sus compromisos y aseguren un futuro saludable para nuestros pueblos, nuestros hijos e hijas y nuestro planeta.

Organizaciones y redes firmantes:

1. Acción Ecológica, Chile

2. Acción por la Tierra, Chile

3. Aclimatando, Argentina

4. Adapt-Chile, Chile

5. Alianza Mexicana contra el Fracking, México

6. Ambiente, Desarrollo y Capacitación (ADC), Honduras

7. Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

8. Asociación Amigos de los Parques Nacionales, Argentina

9. Asociación Civil Radio Marañón, Perú

10. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), México

11. Asociación Jóvenes en Red El Salvador

12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Perú

13. Centro Columbano de Estudios Misioneros, Perú

14. Centro de Análisis e Investigación, México

15. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM), Ecuador

16. Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Uruguay

17. Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), Colombia y México

18. Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, Guatemala

19. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México

20. Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), Uruguay

21. Climate Action Network Latinoamérica (CAN LA)

22. Club Botánico Ambiental, Colombia

23. CO2.cr, Costa Rica

24. Colegio San Bernardino, Colombia

25. Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (CIMA), Argentina

26. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA), México

27. Consejo Latinoamericano de Iglesias, Ecuador

28. Cristianos en Red, Uruguay

29. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú

30. Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú

31. Diálogo Energético, Minero y Extractivo Latinoamericano, Colombia

32. ECOBIO Uruguay

33. Ecoclubes Pergamino, Argentina

34. Encuentro Ciudadano Lagunero, México

35. Engajamundo, Brasil

36. Familia Espiritual «Carlos de Foucauld», Uruguay

37. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina

38. Foro del Buen Ayre (FOROBA), Argentina

39. Foro Social Panamazónico, Perú

40. Freshwater Action Network, México

41. Fuerzas Unidas por un Mejor Planeta (FUMPLA), Venezuela

42. Fundación Biósfera, Argentina

43. Fundación Corazones Unidos para Servir (FCUS), Colombia

44. Fundación Myrna Mack, Guatemala

45. Fundación Solar, Guatemala

46. Fundación Terram, Chile

47. Fundación TIDO (Trabajo, Investigación, Desarrollo y Organización), Argentina

48. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)

49. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), Bolivia

50. Grupo Luna Nueva, Uruguay

51. Grupo Siembra, Perú

52. Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS), Guatemala

53. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), República Dominicana

54. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Perú

55. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México

56. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) – Claretianos, Chile

57. Klimaforum Latinoamérica Network (KLN), Colombia

58. Llamado Global de Acción Ante la Pobreza, Región LAC, El Salvador

59. Mesa Nacional de Cambio Climático Guatemala

60. Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR), Nicaragua

61. Movimiento Católico Mundial por el Clima, Punto focal Ecuador

62. Movimiento Ciudadano «Para Que No Se Repita», Perú

63. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú

64. Movimiento climático de Jóvenes Colombianos (MCJC), Colombia

65. NOA Sustentable, Argentina

66. Nuestra Sra. de los Dolores y Transito de San José, Argentina

67. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Perú

68. Pastoral Social Diócesis alto Valle de Rio Negro, Argentina

69. Pax Christi International, Bélgica

70. Plataforma Colombiana frente al Cambio Climático, Colombia

71. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador

72. Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías- Universidad de Buenos Aires, (PIDESONE- UBA), Argentina

73. Reacción Climática, Bolivia

74. Red Colombiana para la Defensa de los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Paz, Colombia

75. Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), Perú

76. Red Muqui, Perú

77. Red Nacional Jóvenes de Ambiente, Colombia

78. Red Regional Agua Desarrollo y Democracia, Perú

79. Red Uniendo Manos, Perú

80. Red Universitaria Ambiental nodo Universidad Nacional Ingeniera, Perú

81. Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas, Uruguay

82. Sostenibilidad Forestal y Ambiental (SFA), Perú

83. Viração Educomunicação, Brasil

 

Para recibir adhesiones al comunicado aquí el link: http://goo.gl/forms/4jzvl6Acfj

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La sociedad civil peruana ante la VII conferencia global de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ElTI, por sus siglas en inglés) es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 49 países para hacer transparentes las industrias que se sustentan en la extracción de nuestros recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales.

Perú lleva 10 años dentro de esta iniciativa y en febrero del presente año será sede de la VII Conferencia Anual del EITI. Esta conferencia espera reunir a representantes de los gobiernos, las empresas y las redes de sociedad civil de todo el mundo involucrados en el EITI. El objetivo del evento es reafirmar el estándar EITI que exige que los países transparenten de manera desagregada todos los pagos de las empresas a los gobiernos y el uso que los gobiernos hacen de estos ingresos, debatir sobre las nuevas perspectivas del EITI y elegir a los nuevos representantes de los tres sectores al Consejo Global del EITI.

Hoy existe un nuevo contexto político y económico, de caída de la demanda de los precios y las inversiones, agudización de la falta de transparencia, efectos negativos producto de industrias extractivas sin adecuadas salvaguardas, vulneración de derechos y riesgos de mayor flexibilización socio-ambiental.

Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado puntos comunes, suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:

Las actividades extractivas se desarrollan sobre la base de la explotación de recursos naturales que son propiedad de la nación. Los gobernantes de turno tendrían que impedir la desaparición de tales recursos naturales y preservar su productividad, a fin de que puedan beneficiar no solo a las actuales generaciones de ciudadanos, sino también a las venideras.

Las actividades extractivas producen importantes ingresos para los Estados y por ello los gobiernos vienen incentivando de manera agresiva estas inversiones a través de políticas de flexibilización de estándares socio-ambientales. Sin embargo, este fomento indiscriminado ha producido impactos económicos negativos, daños ambientales, precarización laboral, criminalización de la protesta y fuertes conflictos sociales con subsecuentes muertes y heridos de gravedad que lamentamos, y que tememos se pueden agudizar.

Estos impactos negativos pueden ser mucho peores ahora que se ha terminado el ciclo de alta demanda y precios por nuestros recursos naturales, pues nuestros gobiernos –en su afán por seguir atrayendo inversiones extractivas- están rebajando impuestos, debilitando los estándares, las normas y las instituciones ambientales, y recortando los derechos territoriales y de consulta previa de las poblaciones indígenas.

Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho a exigir la máxima transparencia y acceso a la información posibles en las industrias extractivas. Además, que estas se desarrollen en las zonas donde corresponda realizarlas según un previo ordenamiento territorial, respetando el medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales.

La iniciativa EITI es una importante oportunidad para promover la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas y la construcción de la gobernanza, hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

El EITI solo puede existir sobre la base de una participación autónoma y representativa de la sociedad civil, sin limitación de ningún tipo a su independencia y su capacidad de proponer nuevas iniciativas para enriquecer el proceso internacional y nacional.

Desde esta perspectiva, reconocemos el rol histórico que ha jugado la coalición Publiquen Lo Que Pagan (Publish What You Pay, PWYP) en fomentar a nivel internacional la movilización y la organización de la sociedad civil para reclamar la máxima transparencia en el sector extractivo. Reconocemos también el rol que ha jugado y está jugando en la actualidad la coalición PWYP en la selección imparcial de representantes de la sociedad civil al nuevo Consejo Directivo internacional del EITI.

Resaltamos también y manifestamos nuestro acuerdo con el impulso que PWYP y sus redes regionales –como la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, RLIE– vienen dando a la ampliación de la agenda del EITI para incluir nuevos temas fiscales (como los precios de transferencia, la propiedad de las empresas intermediarias y los costos de producción), tanto como la información relativa a las dimensiones ambientales, laborales y sociales de las actividades extractivas.

La transparencia, el acceso a la información, una adecuada gestión ambiental, la participación ciudadana, el respeto al derecho de los pueblos indígenas, la rendición de cuentas y los compromisos internacionales en materia de las industrias extractivas son fundamentales para que el desarrollo de actividades extractivas se haga sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y la vigencia del derecho de consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas y locales en general.

Firmantes:

Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular

Amazónicos por la Amazonía (AMPA)

Asociación Arariwa

Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

Asociación Civil Universidad Coherente

Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Cáritas del Perú

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)

Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP) Ilo

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)

Centro de investigación y promoción del campesinado (CIPCA) Piura

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Cajamarca

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Norte

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Colegio Economistas Loreto

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

Confederación Nacional Agraria (CNA)

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)

Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP)

Consejo de la Prensa Peruana (CPP)

Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)

CONVEAGRO – Convención Nacional del Agro Peruano

CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo

Cooperativa Norandino

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

DESCOSUR

Environmental Investigation Agency (EIA)

EarthRights International (ERI)

Federación Enfermedades Peruanas (FEPER)

Foro Ecológico del Perú

FOROSALUD – Foro de la Sociedad Civil en Salud

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ)

Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Instituto del Bien Común (IBC)

IPSA – Instituto de Promoción Social Amazónica (La Voz de la Selva)

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)

Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)

Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO-Loreto

OXFAM en Perú

Paz y Esperanza

Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)

Red de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Cajamarca

RED MUQUI PERÚ

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

Salud Preventiva Andina

Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)

Suma Ciudadana

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Grupo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH demanda al Estado atender recientes derrames de petróleo y sus impactos

El 25 de enero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, producto de una rotura en el tramo II del Oleoducto Nor Peruano operado por Petroperú S.A. Se derramaron casi 2,000 barriles que por las lluvias se esparcieron por todo el río Chiriaco, que es un importante afluente del río Marañón, afectando a ocho comunidades Awajun y casi 5000 personas.

Un nuevo derrame se produjo el 03 de febrero de 2016 en territorio de la comunidad Wampis de Muyuriaga en la cuenca del Morona, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto. El petróleo derramado a los cuerpos de agua es de casi 1,000 barriles. Este derrame ha afectado a diez comunidades y casi 3500 personas.

Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas exigimos que las entidades estatales competentes (OEFA y OSINERGMIN) emitan las medidas oportunas, tanto de remediación como de prevención y, de ser necesario, se inicie el proceso de fiscalización y sanción correspondiente. Aunque cabe indicar que cierta normativa emitida por el actual Congreso de la República, como la ley Nº 30230, ha reducido significativamente la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Los derrames ocurridos demuestran el descuido y la desidia del Estado peruano con respecto al mantenimiento de sus propias instalaciones estratégicas energéticas que atraviesan tramos importantes y altamente sensibles de la región amazónica y territorios de comunidades nativas, violando el derecho de los ciudadanos peruanos a conservar un ambiente sano y contar con garantías para su salud. Estos derrames se suman otros dos que en menos de dos años ocurrieron en el Oleoducto Nor Peruano que afectaron gravemente a las comunidades de Cuninico, San Francisco y San Pedro. En ese sentido, solicitamos la renovación del ducto ampliamente deteriorado, así como el establecimiento de una indemnización en favor de las comunidades nativas afectadas.

Demandamos que los Ministerios del Ambiente, Cultura y Salud asuman su deber de protección de la naturaleza y de la salud y vida de las comunidades nativas de la zona, y que Petroperú realice la pronta remediación de la zona afectada. Asimismo, exigimos la renuncia del presidente de Petroperú, Germán Velásquez, por sus lamentables declaraciones en las que ha afirmado que el derrame fue producto de la naturaleza y que ya tomaron las medidas respectivas. No obstante es notorio que han sido niños y ciudadanos de las comunidades afectadas quienes recogieron con sus propias manos el crudo derramado sin la debida protección. Por ello debe brindarse también la atención de salud que corresponde a una emergencia de éste tipo.

En vista que no son los primeros derrames de crudo del Oleoducto Nor Peruano, exigimos el cierre inmediato de esta instalación hasta que la misma se renueve o, al menos, reciba el mantenimiento necesario y se adopten todas las medidas de prevención posibles para evitar nuevos derrames. Por ello es que saludamos la reciente Resolución Directoral Nº 012-2016-OEFA/DS de fecha 15 de febrero de 2016, mediante la cual el OEFA ordena como medida preventiva que Perupetro otorgue, respecto a los tramos I y II del ramal Norte del Oleoducto Nor peruano, el mantenimiento efectivo, inmediato e integral de las partes del ducto que no han sufrido deterioro severo y el reemplazo del ducto de aquellas secciones que han sufrido deterioro severo. Lo que a esta resolución de OEFA le faltó es ordenar la inmediata paralización del bombeo de petróleo hasta que Petroperú realice el mantenimiento y el reemplazo del ducto (o al menos establecer un plazo máximo para que OEFA realice las acciones que se le ordenan).

Asimismo, reconocemos los esfuerzos y alertas de las comunidades nativas afectadas y sus organizaciones representativas de CORPI SL, ORPIAN-P y AIDESEP que denunciaron estos hechos y están en la zona atendiendo la grave situación, por lo que respaldamos sus demandas.

febrero, 2016

 

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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PRONUNCIAMIENTO: Caso Espinar, exigir el derecho a la salud no puede ser un delito

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, para manifestar lo siguiente:

Mostramos nuestra preocupación por la denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, en contra de Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, aliado de RED MUQUI, y que forma parte de las instituciones con las que coordinamos conjuntamente diversas acciones legales en defensa de los derechos de comunidades y poblaciones afectadas por las industrias extractivas, especialmente la actividad minera.

El supuesto delito de Ruiz, según el MINSA, habría sido el haber hecho público el certificado de necropsia de la señora Margarita Cahuana, en el que se evidencia una intoxicación por presencia de metales pesados (por arsénico y cadmio), en la zona de las unidades de producción minera Tintaya – Antapaccay de Espinar, Cusco, donde la empresa (Antes Xstrata)  Glencore ha tenido la titularidad del proyecto minero.

Lamentablemente la denuncia de Ruiz no es una novedad. Existen estudios (CENSOPAS) que desde el año 2010 establecen la presencia de metales pesados por encima de los esta?ndares establecidos  por la ley peruana (D.S. Nro. 002-2008 MINAM Esta?ndares de calidad Nacionales para el agua) en miembros de las Comunidades Campesinas locales. Además de ello un segundo informe del CENSOPAS realizado el 2012 confirma presencia de metales pesados en estas personas.

Asi mismo las autoridades ambientales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la fecha no han establecido responsabilidades respecto de los agentes que han generado la contaminación para evitar que esta continúe, o se remedie sus impactos.

Esta inacción del Estado en materia de atención de salud, y la responsabilidad que le compete, estaría buscando no ser asumida presionando desde diversas instancias para que se cambien en su momento los resultados de la citada necropsia de la señora Cahuana, y poner en cuestión el certificado que hiciera público el abogado Ruiz. El médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales, y ex miembro del equipo del Censopas, Fernando Osores también está incluida en la citada denuncia.

Frente a ello, antes de asumir denuncias como ésta, el Estado debería preocuparse por tomar medidas de salud inmediatas para el tratamiento de las personas afectadas.

El problema central de éste caso de persecución legal, surge por la denuncia realizada en contra del Estado, al no cumplir su rol de fiscalizador de las actividades económicas como la minería, a fin de que no sea lesiva para la salud, tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución; además de no cumplir con velar por la salud de la población, como también establece su artículo 65.

Por ello, exigimos que el MINSA y el MINAM declaren en Emergencia Sanitaria y Ambiental respectivamente a Espinar y active el presupuesto para ejecutar los planes de atención de salud integral de las personas afectadas por la contaminación en Espinar (Cusco), y que no solamente se realicen atenciones generales, si no especializadas a personas que tienen metales pesados en su cuerpo. Asi mismo pedimos que se efectúe la remediación respectiva de los pasivos e impactos ambientales generados por la actividad minera, para eliminar los focos de contaminación que producen los problemas sanitarios.

Finalmente, RED MUQUI muestra su solidaridad con Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores, y exigimos que no se criminalice injustamente a quienes denuncian la inacción del Estado, y que sólo buscan la atención en salud de los afectados cuya vida corre riesgo si no se les asiste con la emergencia que se requiere.

 

Lima, 21 de enero de 2016

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PRONUNCIAMIENTO por el 25 de noviembre: En solidaridad con Mirtha Vásquez de GRUFIDES

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO:

NO MÁS MARIPOSAS DE ALAS CORTADAS – SOLIDARIDAD CON MIRTHA VÁSQUEZ DE PERÚ

El 25 de Noviembre se celebra el día internacional contra la violencia de género, elegido en honor a las hermanas Mirabal, tres activistas que desde muy jóvenes dedicaron su vida a luchar contra la opresión ejercida por el dictador Trujillo, en República Dominicana. Por esta causa, las hermanas Mirabal fueron perseguidas, arrestadas, torturadas, y finalmente asesinadas en 1960.

Estas tres activistas son también conocidas como las mariposas, nombre que utilizaron para sus actividades clandestinas en la búsqueda de libertad para su país. Ellas representan la lucha por la justicia y la dignidad de la mujer. Lucha que hoy se expresa en acciones de incontables mujeres defensoras de la naturaleza en nuestros países, donde los extractivismos tienen una larga historia de daños económicos, sociales y ambientales.

Frente a los desequilibrios que generan estos impactos, son muchas veces las mujeres quienes deben trabajar intensamente para recuperar el mínimo equilibrio que logre sostener la vida. Por ejemplo, cuando actividades como la explotación minera acaban con las fuentes de sustento de las poblaciones, o se contamina el agua, se producen desplazamientos, cuando se rompe el tejido comunitario, o los miembros de la familia -especialmente los niños y los más ancianos- sufren enfermedades por la contaminación minera, son mujeres quienes afrontan de manera directa estas consecuencias, porque todas éstas terminan trasladándose a los hogares. Pero el hogar, muchas veces, también es un espacio peligroso para la mujer porque en él se reproduce la sobrecarga de trabajo; el conflicto; la violencia física, síquica, sexual.

El sistema capitalista e industrial genera una doble dependencia expresada en la explotación del trabajo de las mujeres para sostener la reproducción de la vida, y en la explotación de la naturaleza. En estas dos dimensiones la ficción de un crecimiento ilimitado de la economía, se basa en el menosprecio y la invisibilización del trabajo de las mujeres y la destrucción de la naturaleza.

En este 25 de Noviembre rendimos homenaje a las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, que frente a los impactos sociales y ambientales de la explotación minera, toman acciones que a menudo las lleva a enfrentar graves consecuencias que suponen violación de sus derechos por amenazas, secuestros, ataques y en algunos casos asesinato.

Muchas mujeres están siendo víctimas de la violencia desatada por corporaciones mineras, o por mano ajena, de la cual se valen las empresas para operar en nuestros territorios y generar conflictos, división, descrédito, con el fin de anular los diversos roles que juegan las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

Un caso emblemático en América del Sur es el de Máxima Acuña de Chaupe, en Perú, defensora de su tierra frente a gigantescos intereses económicos. Su abogada, Mirtha Vásquez, directora de GRUFIDES e integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, la ha acompañado con profundo compromiso y consistencia profesional; pero este desempeño le convirtió en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio, desinformación, intimidaciones, seguimientos a ella y su familia. Tal es la gravedad de los hechos que la CIDH otorgó medidas cautelares para Mirtha Vásquez.

Tanto la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, como los abajo firmantes, en este día de conmemoración internacional de la no violencia de género, invitamos a adherir a este respaldo a Mirtha Vásquez, expresando:

– Solidaridad en el papel que cumple como Defensora de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, rol por el cual sufre diferentes formas de violencia, incluida la violencia mediática.
– Y exigencia al gobierno peruano de medidas de protección EFECTIVAS hacia ella, que garantice su seguridad, integridad en el esforzado trabajo que Mirtha Vásquez realiza en la promoción y protección de derechos humanos y ambientales.

25 de Noviembre de 2015

RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
SOCIALES Y AMBIENTALES
Acción Ecológica – Ecuador
Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales, Colectivo Casa – Bolivia
Programa Democracia y Transformación Global, PDGT- Perú
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides – Perú
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA – Chile
Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES – El Salvador
Ceiba, Amigos de la Tierra – Guatemala
Mujeres del Valle de siria – Honduras
Centro Latino Americano de Ecología Social – Uruguay
Asociación Censat Agua Viva – Colombia
Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA – Mexico
Observatorio de Conflictos mineros de América Latina – OCMAL
Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe – RAMALC
Yayo Herrero Ecofeminista – España
Maristella Svampa Académica Feminista – Argentina
Raquel Gutiérrez Académica Feminista – México
Otras Voces por la Tierra – Uruguay
Uruguay Libre de Mega Minería – Uruguay
Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – Bolivia
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ Orgánico – Bolivia
Comisión de lucha por una calidad ambiental – Bolivia
Juventud Ecologista en Acción – Bolivia
Colectivo de Mujeres Imillas – Bolivia
Colectivo Feminista Ramonas – Bolivia
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC – México
Consejo Tiyat Tlali – México
Acción Colectiva – México
Bios Iguana, A.C.- Mexico
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, A.C. – Mexico
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Otros Mundos AC – Mexico
Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932- MUFRAS-32 – El Salvador
Saramanta Warmikuna Hijas del maiz – Ecuador
Instituto de estudios ecologistas del tercer mundo – Ecuador
Mujer y Medio Ambiente (MMA) – México
Estudio para la defensa de los derechos de la mujer DEMUS – Perú
Cooperaccion – Perú
Género y Economía – Perú
Red Muqui – Peru
Red Regional agua, desarrollo y democracia (REDAD) – Perú
Red Peruana de Masculinidades – Perú
Instituto Natura – Perú
Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía
Red Ge – Perú
Derechos Humanos Sin Frontera
Entrepueblos – Perú
BD – Perú
Red Uniendo Manos – Perú
CEAAL – Perú
Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras
Movimiento Sembrar – Perú
Movimiento Amplio de Mujeres – Perú
Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)
Verónika Mendoza – Congresista, Frente Amplio – Perú
Marco Arana – Fundador de Grufides, TyL – Perú
Marisa Glave – Ex regidora municipal de Lima, TyL – Perú
José de Echave – Ex Viceministro de Gestión Ambiental y Cooperaccion – Perú
Rocío Silva-Santisteban – Ex directora Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

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COMUNICADO RED MUQUI

COMUNICADO

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. RED MUQUI es un colectivo de 29 instituciones a nivel nacional de 11 regiones del Perú, que desde el año 2003, acompaña en la defensa y promoción de sus derechos a comunidades y poblaciones de zonas mineras.
  2. La acción de RED MUQUI no es ni confesional ni partidaria. Se ha basado en el acompañamiento de casos emblemáticos a nivel nacional, a fin de poder recoger de ellos la necesidad de políticas públicas en los temas de minería, ambiente y comunidades y los vacíos y problemas existentes en las normatividad ambiental, minera y de pueblos indígenas, para plantear propuestas y alternativas, las que inclusive se han presentado, discutido y/o coordinado con gobiernos locales, regionales y el propio gobierno central.
  3. Asimismo, el acompañamiento que realizamos desde RED MUQUI y nuestros miembros a Comunidades y Poblaciones de zonas mineras, ha permitido canalizar situaciones conflictivas, pues nuestro papel ha permitido que éstas puedan hacer llegar sus demandas y preocupaciones a las instancias de gobiernos locales, regionales y nacional, a fin de evitar situaciones que degeneren en mayor conflictividad social.
  4. RED MUQUI, rechaza la mal intencionada información que se ha hecho pública, utilizando interesadamente la ampliación de una investigación realizada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, en la que indican que habríamos “brindado apoyo a ésta protesta” (Proyecto Tía María) y que se habría aportado a una “recaudación” para las acciones violentas.
  5. RED MUQUI niega rotundamente éstas versiones tendenciosas y aclara que tampoco ha sido involucrada en la investigación fiscal. El papel de RED MUQUI y de sus miembros, no ha sido ni será el de entregar fondos a las organizaciones sociales o sus dirigentes, ni para su beneficio, ni para actos de violencia.
  6. RED MUQUI, cumpliendo su rol de acompañamiento y atendiendo la solicitud de poblaciones y comunidades que no reciben información o lo hacen de manera insuficiente de parte de las diversas instancias de gobierno, brinda asesoría e información técnica y legal, y facilita canales de diálogo para que ellas puedan dar a conocer sus propias demandas y decisiones.
  7. Como RED MUQUI exigimos que las investigaciones que se vienen realizando sean rigurosas, respetuosas de los derechos fundamentales de las personas, y con base en pruebas concretas y no en especulaciones.

Exigimos a los medios de comunicación que sean rigurosos en sus investigaciones, y que informen con veracidad, a fin de evitar manchar honras y no afectar la trayectoria de personas e instituciones.

Lima, 20 de octubre de 2015

RED MUQUI

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Pronunciamiento: ante los ataques contra Rocío Silva Santisteban

PRONUNCIAMIENTO

Los abajo firmantes, ante los repetidos ataques contra Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), manifestamos lo siguiente:

1) Que desde su fundación hace 30 años la CNDDHH ha venido siguiendo la situación de violaciones a los derechos humanos que se producen en el país y en particular los que se producen durante los conflictos sociales.

2) En estos últimos meses la institución ha elaborado diversos informes sobre los hechos de violaciones de derechos humanos sucedidos en Saweto (la muerte de cuatro defensores medioambientales ashaninkas); la situación de violencia en Pichanaki y el reciente conflicto en el Valle del Tambo por la oposición de un sector importante de la población al proyecto minero denominado Tía María.

3) Acciones de este tipo  la CNDDHH las ha venido realizando durante años, de lo que dan cuenta los 21 informes anuales que vienen publicando del año 1991 a la fecha. Por eso mismo, el seguimiento y defensa de situaciones de vulneración de derechos humanos durante conflictos, especialmente medioambientales, tiene una larga trayectoria y no responde a una coyuntura política en particular, menos aún a una situación de afinidad personal. Esta afirmación es  realmente deleznable.

Consideramos que la CNDDHH y especialmente su Secretaria Ejecutiva deben seguir realizando su labor de acción de búsqueda de protección de los derechos de todos los peruanas y peruanas, salvaguardando el don más preciado que es la vida humana y buscando el acceso a la justicia y el respeto de los derechos, especialmente, de las poblaciones más vulnerables.

Por otra parte, nos parece completamente falaz y poco saludable para la vida democrática del país, la búsqueda de excusas para descalificar a quienes denuncian la arbitrariedad o cuestionan determinadas políticas estatales, en lugar de abocarse a debatir las cuestiones de fondo.
Finalmente reiteramos nuestra solicitud al Estado a respetar a la población de la provincia de Islay y su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como a establecer los canales democráticos para un entendimiento con ellos que permita  retomar la calma en el Valle de Tambo, especialmente, en los distritos de Cocachacra, Punta Bombón y Dean Valdivia.

Lima, 30  de abril del 2015

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Asociación Entrepueblos
Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos – AIETI
CATAPA
11.11.11 – Bélgica
Consejería en Proyectos PCS
OXFAM – PERÚ
Broederlijk Denle

REDES E INSTITUCIONES NACIONALES

Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
RED MUQUI – Red de Propuesta y Acción – Perú
Grupo Propuesta Ciudadana
Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM – PERÚ
Red Uniendo Manos – Perú
Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – Piura
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES
Earth Rigths Internacional – ERI Perú
Acción Solidaria para el Desarrollo – COOPERACCIÓN
Programa Democracia y Transformación Global – PDTG
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristan”
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
Derecho, Ambiente y Recursos  Naturales  – DAR
Forum Solidaridad Perú
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS
Instituto del Bien Común – IBC
Instituto de Defensa Legal – IDL
Proyecto Amigo – La Libertad
Centro de Cultura Popular Labor – Pasco
Marcha Mundial de las Mujeres
Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza – Paz y Esperanza
Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ
Comisión de Justicia Social de Chimbote – CJS
Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Derechos Humanos sin Fronteras  – DHSF
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDAH
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP
Movimiento  Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
Movimiento Manuela Ramos
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP
Asociación Marianista de Acción Social (AMAS)
CPM Micaela Bastidas de Trujillo
Católicas por el derecho a Decidir – Perú
Asociación Humanidad Libre
Instituto Natura – Chimbote
Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén
Centro de Educación y Promoción “José María Arguedas” – CADEP Cusco
Siguen firmas…

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