AREQUIPA

Desde el primer trimestre del 2009, los pobladores locales hacen pública su denuncia contra el proyecto minero y señalan que afectaría la disponibilidad de agua, lo cual limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika en el valle del río Tambo. Esta situación motivó la oposición de los pobladores al proyecto minero que se organizaron en el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

En julio del 2009, por su parte la empresa, en el marco de los procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas, presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estudio debía ser presentado en audiencia pública a fines del mes de agosto a la población del distrito de Cocachacra. Sin embargo el día de la presentación (27 de agosto) debido a la oposición masiva de la población la audiencia fue suspendida. 

El 27 de septiembre se realizó la consulta vecinal donde el 97% de la población que participó de la consulta se manifestó en contra del proyecto minero. A pesar de la legitimidad de la consulta, las autoridades no sólo la desconocieron, sino que convocaron a una audiencia pública para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa y avalado por el gobierno. 

En abril del 2010, cientos de agricultores y pobladores de la zona tomaron la carretera Panamericana Sur durante 6 días, señalando que el EIA no respondía al cuidado ambiental del valle. El Frente de Defensa del Pueblo de Islay realizó cerca de 3 mil observaciones al EIA. El resultado fue que el gobierno declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del Río Tambo.

Desde fines de marzo del año 2011 se inició un paro indefinido y generalizado de la comunidad, que buscaba el rechazo definitivo del EIA del proyecto, lo que dejó tres víctimas fatales (Aurelio Huarcapoma de 50 años; Nestor Cerezo de 31 años ; y Andrés Taype de 22 años) y varias decenas de heridos-as. Este hecho sangriento movilizó la opinión pública de todo el país y la opinión internacional, y finalmente el ejecutivo se vio en la obligación de considerar inadmisible el estudio de impacto ambiental, el cual contaba con 138 observaciones y más de 3.000 observaciones por parte de la comunidad. 

A fines del año 2012, la empresa volvió a aparecer, señalando que volvería a presentar un nuevo EIA del proyecto Tía María, luego de que fuera rechazado su primer intento, lo que generó inmediatamente la movilización de la comunidad que rechaza el proyecto minero y que considera que sus actividades productivas agrícolas no son compatibles con la mega minería. Detenidos, uso desmedido de fuerza policial, criminalización, huelga de hambre, entre otras manifestaciones realizaron los comuneros y comuneras. 

A pesar de esto, el 4 de agosto del año 2014, el MINEM aprobó el EIA, donde se proyecta que el proyecto comience a operar el año 2016. Las comunidades de Islay siguen en alerta y resistencia, movilizándose constantemente, a pesar de lo inconstitucional de haber aprobado el EIA del proyecto.