CUSCO

En la provincia de Espinar (Cusco), donde Glencore opera en los complejos mineros de Tintaya (la mina está en proceso de su cierre), Antapaccay (que comenzó su producción en 2012) y Coroccohuayco (en exploración), allí se han registrado quejas y demandas de las comunidades locales con respecto a la contaminación, que pone en peligro su salud y la de sus animales. Hay dos aspectos centrales en las acciones del Estado peruano y la compañía minera: violaciones de los derechos humanos de las comunidades que viven alrededor de los complejos mineros y la contaminación ambiental generada en el área. El caso aborda ambos aspectos, señalando que el gobierno peruano ha tomado su posición en el conflicto a favor de la compañía minera, facilitando la presencia de fuerzas policiales para mantener a los manifestantes y no reconocer la contaminación existente.

En los últimos treinta y cinco años, Espinar ha vivido en constante conflicto a causa de la actividad minera en su territorio. El pasado 15 de julio de 2020, los habitantes de esta provincia del Cusco, ubicada a 4 mil metros de altura, iniciaron un paro indefinido solicitando la entrega de un bono de 1.000 soles para 44 mil personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno durante la pandemia. Los dirigentes han pedido que el dinero provenga del fondo económico acumulado como parte del convenio marco que la provincia tiene desde el 2003 con el proyecto minero ubicado en la zona.

El convenio marco que citan los dirigentes, organizados actualmente en el Comité de Lucha por la Provincia de Espinar, se firmó el 2003 cuando el proyecto minero pertenecía entonces a BHP Billiton.  Este convenio contempla entre varios otros compromisos, la creación de un fondo constituido por el aporte de la minera del 3 % de sus utilidades anuales, y que sirve para financiar obras y proyectos de desarrollo en los ocho distritos de la provincia cusqueña.

En 2011, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie), junto con la Municipalidad Provincial de Espinar presentó una demanda contra la compañía. Se basaron en dos informes independientes sobre el agua en el área y la salud de la población que confirmó, respectivamente, la contaminación del agua con metales pesados ​​y en cantidades nocivas para el cuerpo, así como la presencia de una concentración altamente peligrosa de arsénico, plomo, cromo y mercurio en la sangre y la orina de los habitantes alrededor de las actividades mineras. La compañía negó los resultados de ambos informes a medida que el conflicto se intensificó en 2012, cuando la represión policial a las comunidades protestantes dio como resultado tres muertos y decenas de heridos. La tierra propiedad de la compañía fue adaptada como un campamento para los detenidos, quienes denunciaron abusos y tortura. Los policías no fueron investigados, pero más de 40 líderes campesinos fueron demandados, cuyas investigaciones aún continúan hoy. Un año después, el gobierno peruano publicó un nuevo informe que confirmó la contaminación, pero que finalmente no lo vinculó con la presencia de la mina. Glencore continuó defendiendo que sus actividades no dañan el entorno del área. A finales de 2014, un médico del Instituto Nacional de Salud, reveló que no se había publicado una información clave al público: las muestras habían demostrado la presencia de once metales adicionales, entre los cuales se encontraba el uranio. La empresa admitió haber contratado a los servicios policiales para tareas de vigilancia y destaca que sus políticas voluntarias de responsabilidad social corporativa son ejemplares. En el caso, también se denunció que Glencore también ha firmado un acuerdo con la Policía Nacional Peruana (PNP) que incluía los préstamos de los servicios de seguridad e inteligencia a la compañía, así como la existencia de una estación de policía dentro del campamento minero.

A la fecha, el OEFA viene difundiendo el primer informe de causalidad que vincularía la contaminación producida por Antapaccay y la presencia de metales en suelos, aguas, aire e inclusive animales y cultivos.