El último 20 de febrero se realizó un violento intento de desalojo por parte de la PNP a 200 comuneros de la comunidad de Pumamarca del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac, quienes se encontraban en posesión de predios que eran parte de su territorio ancestral. Estos terrenos fueron comprados por la empresa minera MMG-Las Bambas el 2011, pero los comuneros señalan que fueron hechas de manera irregular e injusta, sin un diálogo de buena fe y transparencia al momento de celebrar la compra-venta de dichos terrenos, y que ahora son reclamados para la ganadería y agricultura por parte de los comuneros.

Lo que ocurre con la comunidad de Pumamarca, no es el único caso. En la compra de tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa, los comuneros de Pumamarca relatan que ” la empresa exigió una negociación individual sin la presencia de otros actores”; situación que acrecienta la asimétrica de poder e información entre la empresa y los pobladores al no contar con herramientas que les permitan tener una negociación justa y en condiciones de igualdad.

En una nota de prensa emitida por la delegación que ha llegado a Lima el día de ayer miércoles 24 de febrero, señalan: “En el caso de Huancuire, esta vendió 1900 hectáreas por un valor de S/. 122,4 millones en febrero de 2013; en dólares, esto equivalió a 24.988 por hectárea, es decir US$ 2,49 por metro cuadrado. En el caso de Pamputa, la transacción de venta fue de 4343,44 hectáreas a US$ 2 millones en marzo de 2011, lo que equivalió a US$ 460 por hectárea o US$ 0,46 por metro cuadrado. Huacuire, entonces, recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa”.

Sobre la protesta y denuncias de la comunidad de Pumamarca, la empresa minera ha respondido que ellos realizaron la compra de los terrenos de manera regular y que esta compra fue sometida aún proceso judicial y el  “Juzgado Mixto de Cotabambas fallo a su favor, archivándose el proceso judicial, por el que exigían que se declare la nulidad de un contrato de compra venta realizado hace 10 años”. En su comunicado, la empresa señala que compraron 1000 hectáreas, cumpliendo con los requisitos previstos por ley para la adquisición de tierras de una comunidad campesina. Agregan que la venta fue aprobada por Asamblea General de la comunidad de Pumamarca.

No son recibidos en Lima

Frente a este riesgo de desalojo y agresión por parte de las fuerzas del orden, una delegación de la comunidad de Pumamarca arribó el día de ayer a Lima, dirigiéndose al Congreso de La República, pero no fueron recibidos por ningún congresista. Lo mismo sucedió con el Ejecutivo. Sobre este y otros casos donde las empresas mineras se aprovechan de su poder económico y de la necesidad de la población, existen una serie de denuncias. Las empresas argumentan que han cumplido con el procedimiento formal y legal; sin embargo, se cometen una serie de irregularidades que van en contra de las directrices de acuerdos internacionales como las del Convenio 169 de la OIT, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros, donde participan y suscriben algunos de estos acuerdos las empresas transnacionales.