Por: Jaime Borda /Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Durante las últimas semanas pareciera que hemos vuelto a una especie de cierta normalización de las cosas como era antes de la pandemia, ya que los temas de siempre en cuanto afectación de derechos humanos se refiere han vuelto a estar en el centro de la atención. Nos referimos a los últimos hechos registrados contra líderes defensores ambientales, incluido mujeres, en zonas de actividad minera. Nos referimos al caso del señor Ismael Acha de Ayabaca (Piura), quien fuera acuchillado por una comunera la semana pasada por ser critico a la actividad minera y particularmente al proyecto minero Río Blanco en Piura. El segundo hecho ocurrió en la zona conocida como Morococha antigua (Junín) donde se encuentra operando la minera Chinalco y su proyecto Toromocho. Desde hace varios meses, 40 familias de esta zona reciben hostigamientos permanentes de la minera con el apoyo de la PNP. La semana pasada varias mujeres fueron agredidas, golpeadas y detenidas por efectivos policiales por intentar solicitar una reunión con los representantes de la minera Chinalco para atender sus reclamos.

De un tiempo a esta parte no solo están en riesgo la vida de los líderes, dirigentes y defensores/as ambientales de la Amazonía, si no de las zonas andinas donde se encuentran asentadas las actividades mineras. Lamentablemente en lo que va del año ya han sido asesinados varios defensores ambientales, por ello que la preocupación y el riesgo en el que se encuentran estas personas es más que alarmante. Si bien desde el gobierno nacional y en concreto desde el MINJUSDH se han venido aprobando normas y protocolos para garantizar la protección de derechos de los defensores/as, en la práctica esto aún es insuficiente. Recientemente (01 de octubre) se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El gran desafío es que el protocolo y el registro realmente protejan la vida y los derechos de las y los defensores ambientales, que hoy más que nunca se encuentran en situación de riesgo, tal como se viene constatando en los casos mencionados.

Lamentablemente en los últimos 20 años, cuando se habla de desarrollo económico, no se menciona los impactos y los costos de este desarrollo en nuestro país, y particularmente de las actividades extractivas como la minería. A parte de ser uno de los países con mayor conflictividad social en materia socioambiental en Latinoamérica, Perú es donde menos garantías se han brindado a los defensores de derechos humanos y ambientales, solo por mencionar que los casos de las personas muertas en conflictos sociales no han sido investigados ni mucho menos sancionado a los responsables, en este caso a miembros de los efectivos policiales. Por ello, desde Red Muqui insistimos en afirmar que el marco normativo no solo privilegie la actividad extractiva, si no garantice y proteja realmente los derechos las personas impactadas por estas actividades.