EL ORIGEN DE RED MUQUI

El nombre RED MUQUI lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”; personaje que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual habría que rendirle tributo (“pagos”) para que la actividad minera pudiera realizarse sin perjuicios. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera, ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” que se agudizó en los años 90, por el precio elevado de los minerales.

Luego de una discusión interna, que giró en torno a las opciones de dedicarse a realizar investigaciones sobre los conflictos socio ambientales, o atender y acompañar los diversos “casos emblemáticos” que solicitaban nuestro apoyo, se decidió ejercer ambas responsabilidades. En octubre del año 2003, y con el apoyo e iniciativa de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), se conforma RED MUQUI, que nuclea a una serie de instituciones de derechos humanos y ambientales que nos dedicamos de manera conjunta al asesoramiento y acompañamiento a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras en la defensa y promoción de sus derechos. A lo que nos dedicamos hasta la fecha luego de 20 largos y fructíferos años.

Para ello, asumimos como lema distintivo institucional la frase “Red de Propuesta y Acción”. Debido que el dar seguimiento a los casos en el propio lugar de los hechos a través de nuestras 29 instituciones miembros en 11 regiones del país; nos permite conocer la realidad que circunda a los conflictos socio ambientales en las zonas mineras; los actores y correlaciones de fuerzas, los grupos de poder económico y político involucrados, y sus intereses; los impactos ambientales, sociales, económicos y en la salud que genera la actividad minera; y nos permite, con ello, evaluar los vacíos normativos y de políticas. Para que con toda esa información podamos plantear, conjuntamente con nuestras instituciones socias y desde las propias organizaciones sociales, propuestas de revisión y nuevos marcos normativos y políticas públicas, respetuosas de los derechos de las personas y del ambiente en que vivimos.