La agenda pendiente de las comunidades campesinas y pueblos indígenas

Por: Edwin Alejandro

Area Socioambiental

Un merecido homenaje a aquellos hombres y mujeres cuyo trabajo en el campo hace posible que se garantice el abastecimiento de alimentos en todo el territorio nacional y cómo esos más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios del país siguen demostrando su gran capacidad productiva para enfrentar la pandemia del Covid-19 y garantizar la alimentación de todos los peruanos y peruanas. De esta manera, los trabajadores del campo han demostrado que la actividad agropecuaria es uno de los motores fundamentales para garantizar el desarrollo económico sostenible del país.

Sin embargo, los pequeños productores de las comunidades y pueblos indígenas siguen siendo excluidos por las políticas públicas del Estado que se aferra al modelo de desarrollo extractivista poniendo en riesgo la presión para el acceso a las tierras, contaminación de los recursos naturales y la afectación a sus modos de vida de miles de campesinos que viven en el campo. Según el INEI 2017 existen un promedio de 9,385 comunidades de los cuales 6,682 son comunidades campesinas y 2,703 comunidades nativas; sin embargo, según el estudio del Instituto del Bien Común – IBC en el año 2016 se reportó que existe más de dos mil comunidades campesinas y nativas del país que no tienen título de propiedad.

Cuadro Nro. 01

Comunidades Campesinas y Nativas

Fuente: Instituto del Bien Común – IBC (2016)

En los últimos 30 años la actividad minera ha crecido de manera alarmante, llegando a ocupar el 15% del territorio con concesiones mineras y la mayoría (aproximadamente el 35%) de estos se encuentra en territorio de las comunidades campesinas y nativas. En el proceso de otorgamiento de las concesiones no se tiene en cuenta la consulta previa a las comunidades que debe ser un derecho fundamental, pues se trata de un mecanismo básico para preservar su integridad étnica, social, económica y cultural. Esta situación ha conllevado a graves conflictos socio-ambientales en el país, que ha vulnerado los derechos fundamentales de muchas comunidades, por lo tanto se debe consultar a las comunidades teniendo en cuenta que esta consulta debe estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado

En el día del campesino y de cara al bicentenario, las comunidades y pueblos indígenas continúan luchando para que el Estado los incluya en las políticas públicas y el nuevo gobierno debe recoger sus principales demandas que se ha expresado en las últimas elecciones con más del 80% de rechazo a la discriminación racial de la sociedad peruana y la imposición del modelo extractivista impuestas por los gobiernos de turno.

En esa línea, la principal demanda de las comunidades y pueblos indígenas es que se garantice el pleno derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos y la culminación del proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas. Lamentablemente, con las últimas normas que facilitan la reactivación económica en plena pandemia, lo único que hace el Estado es aumentar la creciente inseguridad de los territorios de las comunidades porque no se cuenta con una política pública adecuada para el reconocimiento y titulación y la falta de una rectoría que garantice la protección con recursos, con personal capacitado y presupuesto público para facilitar la titulación e inversión en el sector agrario.

Por otro lado, la agenda de las comunidades exige que se garantice la disponibilidad y calidad del agua para el desarrollo de la actividad agropecuaria y en especial para la agricultura familiar mediante una política de protección estricta de la cabecera de cuenca y la gestión de recursos hídricos. Si bien existe una norma para la protección de las cabeceras de cuencas, hasta la fecha la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no ha elaborado el marco metodológico para determinar las cabeceras de cuenca.

Es urgente que se implemente la política de ordenamiento territorial que permita definir el uso adecuado del territorio para garantizar el desarrollo de la agricultura familiar, conservación de ecosistemas y se rescate los conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas y pueblos indígenas que históricamente han producido sus alimentos en sistemas agroecológicos. Además, se requiere importantes recursos económicos y mayor presupuesto público para garantizar la producción de alimentos orgánicos y evitar pérdidas en sus cosechas por diversas situaciones críticas que vienen afrontando en esta emergencia del Covid-19. Además, seguramente se suscitarán otros fenómenos naturales, producto del cambio climático, que requerirán una atención inmediata del gobierno.