El 2020 no fue un año para los defensores ambientales según Global Witnnes

Por: Rodrigo Lauracio /Abg. Del Area de Incidencia Politico Legal – Red Muqui

El pasado 13 de setiembre Global Witness emitió su informe “ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA- Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente”. En este reciente informe se brinda información importante sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, en especial de aquellos que defienden derechos territoriales y ambientales en contexto de actividades extractivas, y los riesgos y agresiones que enfrentan y que provienen de agentes estatales y de empresas privadas.

Global Witness ha identificado que en el año 2020 se registró el asesinato de 227 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo. Este número de asesinatos como se menciona en el informe, “[…] convierte al último año, una vez más, en el más peligroso dentro de nuestros registros, para las personas que defienden sus hogares, tierra y medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y clima”. Aun cuando la tendencia debería ser al decrecimiento de los casos de asesinatos, y pese a que gran parte del año 2020 se vivió el confinamiento a casusa de la Covid-19, los casos de asesinatos de defensores se han incrementado. En el informe también se hace énfasis en que, debido a los diversos problemas que enfrenan los defensores como las restricciones de la libertad información, prensa, o incluso las medidas restrictivitas y de confinamiento dictadas a causa de la pandemia puede dar lugar a un sub registro de defensores asesinados; y es que en el contexto del año 2020 no todos los ataques a defensores han sido reportados y probablemente no han sido registrados por los órganos estatales.

Del total de las muertes registradas, 3 de cada 4 se produjeron en las Américas; dentro del cual américa latina tiene el mayor número de defensores fallecidos: Colombia 65, Brasil 20, Perú 6, Argentina 1. “[…] De los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, 7 están en América Latina. Casi tres cuartas partes de los ataques registrados en Brasil y Perú sucedieron en la región amazónica”. Estos datos preocupantes evidencian que, en gran parte los ataques (un tercio) se produjeron en contextos de explotación de recursos como la explotación forestal, minería, petróleo, agroindustria a gran escala, represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. Ello también evidencia que no solo estarían relacionados a agentes estatales, sino que incluso las empresas a cargo de la explotación tienen injerencias directas o indirectas en los ataques.

Gran parte de estos casos de asesinatos de defensores y defensoras, están vinculados directamente a los pueblos indígenas debido a que en sus territorios se desarrollan estas actividades de explotación, poniendo en grave riesgo su territorio, medio ambiente y derechos colectivos. Según el informe, “en el 2020 se mantuvo una vez más el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas. A pesar de que apenas representan el 5% de la población mundial, más de un tercio de los ataques fatales estuvieron dirigidos a integrantes de los pueblos indígenas”. Evidenciándose así que actualmente los pueblos indígenas no solo tienen que seguir enfrentando las barreras estructurales y sociales, sino que ahora también enfrentan riesgos directos que amenazan su vida e integridad, en cada una de las luchas por la defensa de sus territorios y derechos colectivos.

Global Witness resalta también que, de acuerdo a los datos registrados desde 2012 acerca de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente, muestran que la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también tienen un impacto cada vez más violento sobre las personas; y que el número de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con más de 200 personas defensoras asesinadas en 2019 y 2020, son más del doble de los números que registramos en 2013, existiendo claramente una tendencia de incremento de ataques empeorando la situación de los defensores. Esto también lleva a sostener que existen “[…] razones estructurales de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente reflejan lo que sabemos sobre la crisis climática en sí: i) sus impactos son desiguales, ii) las empresas son responsables, y iii) los gobiernos fallan en la prevención y hasta son parte de las causas”.

Esta tendencia de incremento de riesgos para defensores no es ajena para Perú, ya que nuestro pais sigue siendo uno de mayor inseguridad para la defensa de derechos humanos en el mundo. En el 2020 se registró el asesinato de 06 defensores territoriales y ambientales: Arbildo Meléndez Grandes, Gonzalo Pío Flores, Jorge Muñoz Saavedra, Lorenzo Caminti, Roberto Carlos Pacheco y Santiago Vega Chota; quienes perdieron la vida denunciando afectación de sus territorios, la deforestación, depredación de especies silvestres y ecosistemas y la contaminación como consecuencia del desarrollo de actividades extractivas. Lamentablemente hasta la actualidad los agresores aún no han sido sancionados y las víctimas no han recibido una reparación integral.

A estos casos se suman los otros que se han registrado en años anteriores, evidenciándose nuevamente que en contextos de conflictividad socio ambiental existe un recurrente uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública, un uso indiscriminado de instituciones jurídicas como los Estados de Emergencia u otros instrumentos legales, orientados a reprimir la labor de los defensores. No olvidemos que en diciembre del año pasado han muerto dos personas en las protestas por mayores derechos laborales en el sector agroexportador en Ica y la Libertad, producto de la intervención violenta de la PNP.

Finalmente es importante recoger las recomendaciones más importantes que hace Global Witness a partir de las tendencias y casos identificados, las cuales no solo están dirigidas a los Estados, sino también a los atores privados como las empresas, quienes si tienen una injerencia directa en el escenario de inseguridad y de riesgo que se genera para los defensores territoriales y ambientales, pues “[m]uchas amenazas y ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente ocurren luego de que las comunidades expresan su preocupación sobre el impacto en sus derechos y tierras del accionar de las empresas y correspondientes proyectos”.

• Las empresas y los gobiernos deben rendir cuentas por la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente que a menudo se encuentran en la primera línea de la crisis climática.
• Proteger a las personas defensoras de la tierra y del medioambiente en el contexto comercial, mediante una normativa eficaz. Cualquier legislación utilizada para criminalizar a las personas defensoras debe ser declarada nula y sin efecto.
• Exigir a las empresas e instituciones financieras radicadas en el país que realicen la debida diligencia de forma obligatoria.
• Las empresas deben publicar e implementar procedimientos sólidos de diligencia debida que busquen prevenir, identificar, mitigar y dar cuenta de los daños ambientales y de derechos humanos en sus operaciones globales, incluidas las cadenas de suministro y relaciones comerciales.
• Prever y facilitar procesos de reparación efectivos cuando se produzcan daños e impactos adversos en materia ambiental y de derechos humanos.