La reactivación de los conflictos sociales frente al anuncio de mayor expansión minera

Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

En las últimas semanas una noticia que ha generado mucha complacencia en los gremios mineros y en el Ejecutivo es la subida del precio del cobre y el oro, entre otros minerales en el mercado internacional. Según el último reporte del boletín “Actualidad minera del Perú” de Cooperacción, desde mayo, la libra de cobre, el principal mineral de exportación, ha estado superando los US $5.00 la libra. La onza de oro, a su vez, ha superado los US $2300. Son niveles que, incluso, superan los del anterior superciclo de precios (2003-2012). Esta “buena noticia” en términos económicos para el gobierno de Boluarte no necesariamente es positiva para las comunidades donde se asientan estos proyectos mineros, ya que va suponer sacar adelante proyectos mineros cuestionados y por tanto se van afectar derechos humanos, derechos ambientales y derechos colectivos.

En ese sentido, la población del Valle de Tambo en Arequipa ha anunciado reiniciar movilizaciones para las próximas semanas, con dicho fin han convocado a una reunión de reagrupamiento para este 5 de junio en el mismo valle, y con ello hacer frente al anuncio de la empresa minera Southern Copper Corporation de impulsar el proyecto Tía María.

Para los pobladores del Valle de Tambo, el proyecto minero es inviable social y económicamente, ya que ellos cuentan con actividades económicas alternativas como la agricultura. Aún así, el gobierno insiste con este proyecto, así como con Conga en Cajamarca y Río Blanco en Piura, en ambos casos las comunidades y organizaciones sociales en las últimas semanas han manifestado que no van a permitir el ingreso de más proyectos mineros.

De otro lado, en el denominado “corredor minero”, la semana pasada se ha reactivado un nuevo conflicto social vinculado a la minera Las Bambas en Cotabambas, Apurímac, en el que se ha reportado y denunciado el uso de la fuerza y la violencia ejercida por la PNP contra de comuneros de Pumamarca. Acción que ha dejado al menos ocho heridos y propiedades destruidas como casas incendiadas, entre otros daños materiales. La versión del gobierno sobre este abuso ha sido señalar que en la zona se encontraban asentados mineros informales e ilegales y que el actuar policial obedece a un operativo de interdicción en la zona. Algo cuestionado por las comunidades, pues afirman no dedicarse a estas actividades y que lo que buscan es un diálogo sincero con la minera Las Bambas sobre el uso de sus tierras comunales.

De esta forma estamos asistiendo a la reactivación de varios conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera en diferentes regiones del país, conflictos que están siendo provocados por el mismo gobierno y los gremios mineros, ya que son ellos quienes insisten en expandir aún más la minería, sin escuchar a la gente, haciendo uso de la fuerza y arremetiendo contra la precaria institucionalidad ambiental que tenemos en el país, con el argumento de pretender reducir la “tramitología” minera.