Corrupción, Estado y gran minería: viejas y actuales prácticas que erosionan la democracia y a las sociedades locales

Soc. José Antonio Lapa Romero

En más de tres décadas el capitalismo extractivo en el Perú se viene desarrollando en una envoltura construida con base en el marketing y el discurso vacío de responsabilidad corporativa, invisibilizando, con la legitimación y la acción del Estado, una realidad de saqueo, acumulación intensiva y contaminación sin responsables; atravesada por privilegios tributarios, devolución de impuestos, puertas giratorias, corrupción, sobornos, lobby, clientelismo, cooptación, criminalización, estados de emergencia, privatización del uso de la fuerza y enormes impactos sobre los derechos, las personas y los medios de vida.  

Esta realidad, extendida en toda la geografía nacional, se muestra a nivel local donde existe una relación directa entre gobiernos locales y regionales con actividades extractivas y corrupción, es decir, los niveles de corrupción se intensifican y diversifican en los gobiernos locales que tienen mayores ingresos por canon, sobrecanon y regalías por la explotación minera, gasífera o petrolera. Esta relación se muestra claramente cuando observamos los índices de corrupción del 2023 que alcanzan las siguientes magnitudes en los siguientes distritos mineros o gasíferos en el Sur: 96 % Yarabamba, donde explota la minera Cerro Verde (Arequipa); 95 % Uchumayo, donde explota la minera Cerro Verde (Arequipa); 96 % Espinar, donde explota la minera Antapaccay (Cusco); 95 % en Challhuahuacho, donde explota la minera MMG Las Bambas (Apurímac); 95 % en Chumbivilcas-Santo Tomas, donde explota la minera Hudbay (Cusco) y 95 % Megantoni y Pichari donde explota gas el consorcio Camisea (Cusco)[1].

Estos índices de corrupción están asociados a los mayores montos de inversión que se vuelven “atractivos” a sujetos voraces de poder que buscan[2] la captura y el saqueo como autoridades en alianza con supuestos “funcionarios públicos”; intensificando las prácticas de corrupción y de apropiación ilícita de dinero público[3] (del 2008 al 2023 Yarabamba pasó de un PIM de 19,996,851 a 143,424,526 millones, y Challhuahuacho pasó del 2010 al 2023 de un PIM de 4,036,303 a 186,603,886), reproduciendo en el imaginario la concepción del Estado como botín y mostrando las prácticas aún constitutivas de manejo corrupto del poder: cobro de diezmo a personas o empresas proveedoras de bienes y servicios, cobro de pagos mensuales para el acceso y mantenerse en los empleos, concentrarse en obras de fierro y cemento que permita meterles “uña y diente a los recursos públicos”, y otros. Esta situación se expresa en que, en el Sur, Arequipa y Cusco sean las regiones con mayores casos de corrupción: 245 y 358 casos, respectivamente, según el Ministerio Público. Además, es muestra indudable de esta tendencia que casi la mayoría de exalcaldes de Challhuahuacho (Antolín Chipani y Odilón Huanaco), posinicio de la operación minera, se encuentran en la cárcel o prófugos por corrupción y organización criminal, como también sucede con las autoridades de Megantoni o Pichari.

En dichos escenarios extractivos también se intensifica y se abre un extenso campo para los sobornos, cooptación y clientelismo, ya no por parte del Estado local, sino por el gran capital -es conocido la admisión de pagos corruptos y sobornos por parte de Glencore, que explota en Espinar (Cusco), a funcionarios de diferentes países donde opera[4]-, que se transforma en el poder mandante que reproduce y extiende las prácticas corruptas y de soborno sobre autoridades, dirigentes, lideres y medios de comunicación a cambio de estabilidad sociopolítica, mediante la contratación de empresas cercanas de las autoridades de turno, la contratación de empresas comunales que proveen servicios de transporte de trabajadores, cisternas para el regado de vías, traslado de concentrado de cobre, uso de tierras comunales y otros.

Los escenarios extractivos bajo la captura del Estado local y del gran capital son escenarios de incremento geométrico y multiplicación de la corrupción y los sobornos que, en sus efectos, no solo aplanan la democracia local haciendo dominante la dictadura del dinero, sino extienden la desconfianza, la fragmentación y el dominio de los intereses privados sobre los públicos.

[1] Observatorio Nacional Anticorrupción. Índices de Corrupción. Disponible en: https://observatorioanticorrupcion.contraloria.gob.pe/indicesdecorrupcion/indice_de_corrupcion_inconducta_funcional.html

[2] Defensoría del Pueblo. Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional. Semestre II de 2023. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/02/Reporte-Mapas-de-la-corrupci%C3%B3n-n.%C2%B0-3-2023.pdf

[3] Esto pone en discusión una afirmación extendida que los menores niveles salariales se convierte en un incentivo para la corrupción, por lo que refuerza la afirmación contraria y una frase muy extendida entre quienes han capturado los gobiernos locales: es ahora o nunca, dado que es una la “oportunidad” que no volverá.

[4] Ojo Público. Multinacional Glencore admite esquema internacional de sobornos y manipulación de precios. Disponible en: https://ojo-publico.com/sala-del-poder/glencore-se-declara-culpable-esquema-internacional-sobornos